A través del decreto municipal 047/20, la Municipalidad de Villa Regina habilita a partir del lunes 11 de mayo al ejercicio de las profesiones liberales, obra privada, las actividades económicas vinculadas a comercios minoristas o mayoristas de venta de productos no esenciales, trabajadoras y trabajadores afectados al régimen de personal de casas particulares o servicio doméstico, centros de belleza y estética, peluquerías y barberías, trabajadores jardineros y parquistas.
Previa consulta al Comité de Crisis, el intendente Marcelo Orazi evaluó favorablemente la incorporación de estas actividades en los siguientes términos y condiciones:
-EJERCICIO DE LAS PROFESIONES LIBERALES: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES de 9 a 18 horas, sin atención al público. No podrán prestar servicios el resto de los días de la semana ni feriados.
-OBRA PRIVADA: LUNES A VIERNES de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13 horas (hasta 5 obreros). No podrán prestar servicios el resto de los días de la semana ni feriados.
-COMERCIOS MINORISTAS O MAYORISTAS DE VENTA DE PRODUCTOS NO ESENCIALES: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES de 14 a 18 horas. No podrán prestar servicios el resto de los días de la semana ni feriados.
-INMOBILIARIAS: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES de 9 a 14 horas. No podrán prestar servicios el resto de los días de la semana ni feriados.
-PERSONAL DE CASAS PARTICULARES O SERVICIO DOMESTICO: LUNES A VIERNES, en un máximo de 4 horas diarias y siempre hasta las 18 horas. No podrán prestar servicios el resto de los días de la semana ni feriados.
-CENTROS DE BELLEZA Y ESTÉTICA, PELUQUERÍAS Y BARBERÍAS: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES de 14 a 18 horas. No podrán prestar servicios el resto de los días de la semana ni feriados.
-TRABAJADORES JARDINEROS Y PARQUISTAS: LUNES A VIERNES en un máximo de 4 horas diarias y siempre hasta las 18 horas. No podrán prestar servicios el resto de los días de la semana ni feriados. Las personas afectadas a estas actividades y servicios exceptuados deberán dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios específicos establecidos por el municipio y al cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales y provinciales.
La Represa El Chocón, ubicada en la provincia de Neuquén, es una de las construcciones hidroeléctricas más importantes de Argentina. Desde su inauguración en 1973, ha sido una fuente clave de energía para el país. Sin embargo, su contrato de concesión está próximo a vencer y esto ha generado preocupación acerca de lo que sucederá…
Un nuevo derrame de crudo en el área de Medanito a pocos kilómetros de Catriel, reaviva el debate sobre la seguridad ambiental y la falta de control sobre las empresas petroleras. El jueves pasado se produjo un derrame de petróleo en crudo en el área Medanito, pocos kilómetros al sur de Catriel. El grave incidente…
Mientras todos seguimos «entretenidos» con las propiedades de Adorni, el gobierno se sigue llevando puesto al Estado y continúa su avance sobre bienes estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno dio un nuevo paso en su política de achicamiento estatal con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que habilita el avance en la venta de activos estratégicos vinculados a ENARSA, la empresa energética estatal. La medida, que pasa casi desapercibida en la agenda mediática, constituye en los hechos un nuevo capítulo en el proceso de privatización de áreas clave del sistema energético argentino.
Lejos de tratarse de un movimiento aislado, la decisión se inscribe en una lógica más amplia: la retirada progresiva del Estado de sectores estratégicos, bajo el argumento de eficiencia y reducción del gasto. En este caso, el foco está puesto en la participación accionaria vinculada a la transmisión eléctrica, un área sensible que impacta directamente en la distribución y el costo de la energía.
Energía en venta, soberanía en retroceso
La resolución del Ministerio de Economía habilita la venta de acciones que ENARSA posee en el entramado energético, avanzando así sobre uno de los últimos bastiones de presencia estatal en el sector. No es un dato menor: la energía no es un mercado cualquiera, sino un insumo básico que condiciona el desarrollo productivo, el precio de los alimentos y la vida cotidiana de millones de argentinos.
La decisión de desprenderse de estos activos se produce en un contexto de fuerte presión sobre tarifas y con un esquema económico que ya trasladó costos al bolsillo de los usuarios. En ese marco, la privatización no aparece como una política neutral, sino como una transferencia de poder económico hacia actores privados, en detrimento del control público.
El relato del ajuste y la realidad del vaciamiento
Mientras Milei insiste con su discurso contra “la casta” y el gasto político, las medidas concretas revelan otra dinámica: no se trata solo de reducir el Estado, sino de redefinir quién se queda con lo que el Estado deja. La venta de activos energéticos no elimina el negocio: lo cambia de manos.
Este tipo de decisiones reaviva un debate histórico en la Argentina. Las privatizaciones de los años noventa dejaron un saldo conocido: pérdida de control estratégico, deterioro de servicios en algunos casos y una dependencia creciente de empresas con lógica de rentabilidad antes que de servicio público. El antecedente está sobre la mesa, pero el Gobierno avanza en la misma dirección.
Un modelo que prioriza el mercado por sobre el interés público
El avance sobre ENARSA confirma el rumbo de la política económica: menos Estado en áreas clave y mayor protagonismo del sector privado, incluso en ámbitos donde la intervención estatal resulta fundamental para garantizar equidad y planificación a largo plazo.
La discusión de fondo no es técnica sino política. ¿Debe el Estado retirarse de la energía? ¿Quién regula cuando el mercado concentra poder? ¿Qué pasa con las tarifas cuando el objetivo central es la rentabilidad? Son preguntas que la resolución no responde, pero que quedan abiertas mientras se ejecuta el proceso.
En paralelo, el ajuste fiscal continúa impactando sobre salarios, jubilaciones y políticas sociales. En ese contexto, la venta de activos públicos aparece como una pieza más de un esquema que combina recorte, transferencia de recursos y reconfiguración del rol estatal.
Lo que está en juego no es solo una empresa, sino una concepción de país. Y en ese tablero, la decisión de avanzar sobre ENARSA marca con claridad el sentido del proyecto en marcha.
Este miércoles 15 de diciembre se realizó el sorteo de la segunda bicicleta mountain bike entre los contribuyentes que abonaron la boleta por tasas retributivas del mes de noviembre y también aquellos que había efectuado el pago anual. El ganador fue Claudio Andrés Rocha, contribuyente número 11238. El señor Rocha deberá acercarse a la Municipalidad…
El fragmento que publicamos pertenece al artículo: “La nueva cruzada. Derecha radical versus democracia, derechos, ONU y cooperación internacional”.
Introducción
El autoritarismo, el conservadurismo y la crisis de la democracia representativa están hoy en el centro de un debate crucial sobre la naturaleza del Estado y el futuro de la política, las sociedades y las instituciones nacionales e internacionales.
La aparición, el fortalecimiento gradual y, por último, la aceptación y la normalización de los partidos y movimientos políticos de extrema derecha en las sociedades democráticas se han convertido en elementos fundamentales para cualquier debate sobre gobernanza y sistemas políticos. Se trata de un fenómeno global que abarca las Américas (las presidencias de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en la Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, José Antonio Kast en Chile y Jair Bolsonaro en Brasil, entre otras) y Europa (con el avance de los partidos de extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo en 2024, el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni en Italia, el firme control de Viktor Orban sobre el poder en Hungría (1), la fuerza creciente de los partidos de extrema derecha RN en Francia, AfD en Alemania, Vox en España y Reform UK en el Reino Unido, etcétera), pero también Medio Oriente (con la ampliación de la coalición de Benjamin Netanyahu para crear el gobierno más extremista de derecha en la historia de Israel) y Asia (con la reelección de Recep Erdoğan en Turquía y la consolidación del dominio del partido BJP, de Narendra Modi, en India).
Las fronteras entre la derecha tradicional, que aceptaba las reglas de la democracia liberal, y la nueva y agresiva extrema derecha se hicieron cada vez más tenues. Los discursos racistas, xenófobos, supremacistas y homófobos se han vuelto cada vez más comunes, mientras que las agendas autoritarias son ahora abiertamente perseguidas por actores políticos que ya ocupan posiciones de poder o que pronto pueden conquistarlas (Mudde, 2019). Como en todo el mundo, la mayoría de los partidos progresistas y de izquierda abrazaron hace tiempo la democracia y la agenda económica liberal, mientras que la extrema derecha se transformó gradualmente en el principal espacio social de rebelión política y desafío al statu quo (Stefanoni, 2021). Al explorar los sentimientos de miedo, ansiedad e inseguridad que impregnan cada vez más nuestras sociedades –alimentados por incertidumbres económicas, cambios étnicos y demográficos, crisis climática, violencia, inestabilidad social, cambios en las reglas sociales y la imprevisibilidad del futuro–, las fuerzas de extrema derecha ocupan espacios cada vez mayores en la arena política global. Como los actores políticos tradicionales parecen incapaces de ofrecer una perspectiva creíble del futuro basada en la expansión de los derechos y la inclusión (Danowiski y Castro, 2019), la extrema derecha desafía de forma agresiva los mecanismos establecidos de límites y contrapesos, la participación política y las instituciones representativas. Aspectos críticos de la democracia liberal son atacados hoy, tales como la libertad de prensa y la independencia de los sistemas judiciales. Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, las políticas de protección o de ampliación de los derechos humanos son activamente buscadas.
El esfuerzo para destruir las instituciones que representan el debate colectivo, las negociaciones y los procesos de toma de decisiones comienza a nivel nacional, pero tiene claras y peligrosas implicaciones que trascienden las fronteras, a medida que se desarrolla en la arena global. Las organizaciones y las instituciones internacionales se ven directamente afectadas en este proceso. Cuando los actores de extrema derecha asumen responsabilidades gubernamentales, tienden a socavar el sistema multilateral.
El ascenso de la extrema derecha fue objeto de extensa investigación académica en la última década, así como foco de contraposición activa por parte de movimientos políticos, think tank y organizaciones de la sociedad civil (Estrada Campos, 2023; Löwy, 2019). Este intenso escrutinio dejó claro que los actores de extrema derecha en todo el mundo siguen patrones típicos de comportamiento y discurso público.
Además, fortalecen constantemente su red y la coordinación política global, hasta el punto de que podemos referirnos a un movimiento transnacional de extrema derecha (Forti, 2024; Abrahamsen et al., 2024) o una auténtica “internacional reaccionaria” (Goldstein, 2024). Como sugiere Musharbash (2021), los actores políticos de extrema derecha “se imaginan a sí mismos como participantes en una lucha global contra un enemigo global”.
Los actores de extrema derecha en todo el mundo siguen patrones típicos de comportamiento y discurso público.
A pesar de las importantes especificidades nacionales o regionales, este es sin duda un fenómeno global con fuertes vínculos transnacionales que, por ese motivo, debe ser estudiado y tratado como tal.
Los vínculos transnacionales de la extrema derecha se formaron a través de referencias intelectuales comunes y una red creciente de espacios internacionales: como el Foro de Madrid (creado en 2020 por el partido español de extrema derecha Vox y muy activo en América Latina con el objetivo de promover la “iberoesfera”), Atlas Network (que reúne a más de 500 think tank e institutos que promueven agresivamente políticas públicas neoliberales y antiambientales en un centenar de países), y los capítulos nacionales de la Conservative Political Action Conference (CPAC), creada originalmente en los Estados Unidos, que ya presentó conferencias en Brasil, México, Argentina, Paraguay, Hungría, Polonia, Israel, Corea del Sur, Japón y Australia. A través de los años, las reuniones de la CPAC fueron oportunidades para que líderes y operadores de extrema derecha se conocieran y establecieran conexiones personales (entre otros, Orbán, Meloni, Trump, Bolsonaro, Milei y Kast ya asistieron a reuniones de la CPAC).
Un análisis preliminar de las interacciones transnacionales de los actores de este espectro político indica que ya tuvieron un impacto significativo en la agenda y en los procedimientos del sistema multilateral, influyendo así en la política internacional. La visión de mundo de la extrema derecha entra en conflicto directo con uno de los principales pilares del sistema de gobernanza luego de la Segunda Guerra Mundial: la cooperación entre los Estados miembros en el sistema de las Naciones Unidas y en otras organizaciones regionales e internacionales, que producen normas comunes, bienes públicos globales y foros de negociación de conflictos. El principio subyacente de esta colaboración es que se necesita una pérdida relativa, mutuamente acordada y negociada, de la soberanía nacional para hacer frente a los desafíos globales (como la crisis climática) y para lograr bienes públicos internacionales y objetivos compartidos (como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU).
En sentido contrario, en los últimos años, la acción diplomática de los gobiernos nacionales liderados por actores de extrema derecha se concentró en crear obstáculos a cuestiones y agendas específicas (como la igualdad de género o la eliminación gradual de los combustibles fósiles) y en el intento de rediseñar sectores enteros del sistema multilateral considerados contrarios a determinados valores morales o a una visión estrecha de los intereses nacionales. Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas son uno de los principales objetivos de estos actores.
Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas son uno de los principales objetivos de estos actores.
Con este texto, buscamos contribuir a la creciente literatura sobre el impacto de la extrema derecha en las relaciones internacionales y en la política global (Estrada Campos, 2023), analizando de manera específica cómo esta tendencia transnacional tiene efectos concretos en el sistema multilateral. Para esto, dividimos el capítulo en dos partes. En la primera, discutimos un tipo ideal de actores de extrema derecha como una lente analítica que nos permite investigar este fenómeno global. En la segunda parte, analizamos cómo los elementos de estos tipos ideales weberianos interactúan con el sistema multilateral. Nuestro enfoque son las tensiones entre el discurso y las prácticas de la extrema derecha y los elementos centrales de la arquitectura multilateral, como las normas internacionales, la flexibilización del concepto de soberanía, los valores de inclusión y derechos.
Todos los tonos de la derecha
(…)
Tras analizar material empírico e histórico, así como la bibliografía sobre el tema, sugerimos que algunas estructuras cognitivas son comunes en la actual tendencia global de la extrema derecha. En términos weberianos, estas estructuras pueden componer un tipo ideal, lo suficientemente abstracto como para dar cabida a las numerosas diferencias entre los actores políticos de extrema derecha en diferentes regiones del mundo. De este modo, podemos comprender mejor la lógica de experiencias históricas específicas. Además del desprecio o la actitud negativa hacia las instituciones democráticas liberales, tal y como subraya Mudde, proponemos destacar otras cinco características comunes que son especialmente relevantes para analizar las implicaciones del fortalecimiento global de la extrema derecha para la gobernanza internacional y el futuro del orden mundial multilateral (2). Son las siguientes:
1. El rechazo de la asociación entre derechos (políticos, sociales, económicos, ambientales, de género, sexuales, reproductivos, religiosos, etcétera) y la igualdad, la inclusión y el progreso.
2. La exaltación del nativismo y el patriotismo como resultado de la búsqueda de una comunidad homogénea idealizada y la exigencia de lealtad al Estado como representante legítimo de la comunidad homogénea.
3. La lógica amigo-enemigo.
4. Tradicionalismo, con la exaltación de un pasado idílico y mítico, cuando prevalecían las jerarquías sociales y los valores morales claros.
5. La aceptación de la violencia como instrumento legítimo de interacción social y política.
Existe un consenso en que parte de la explicación del auge global de la extrema derecha reside en la crisis cada vez más profunda de la democracia liberal. Por lo tanto, no es de extrañar que una característica común a todos los actores autoritarios sea la crítica o el rechazo de esta forma de organización de la vida política. Sanahuja y López Burian (2020) sugirieron que los cambios estructurales en el funcionamiento del capitalismo globalizado hegemónico explican esta tendencia. Especialmente después de la crisis financiera mundial de 2008, la progresiva precarización del trabajo, el empeoramiento de las condiciones de vida (y de las expectativas) tanto de la nueva clase trabajadora informal de las plataformas digitales como de la clase media tradicional y la degradación de los servicios públicos provocada por las políticas económicas y de austeridad neoliberales minaron la cohesión social en Europa y América. El resentimiento generalizado hacia las elites políticas, culturales y económicas establecidas y su aislamiento de la vida de la gente común alimentan la crisis de legitimidad de las democracias liberales, de la que se aprovechan los actores políticos de extrema derecha (Levitsky y Ziblatt, 2018).
Cuando logran llegar al gobierno, los partidos de extrema derecha degradan activamente la democracia y las instituciones de sus países. A medida que se rechazan los valores pluralistas de la democracia liberal, se atacan las instituciones que permiten que estos florezcan. La libertad de expresión y los derechos de las minorías están bajo constante ataque. El equilibrio de poderes se ve atacado, se favorece el poder ejecutivo en detrimento del judicial y del legislativo, lo que genera una fuerte concentración de poder. El conformismo social, el convencionalismo y la sumisión a las autoridades establecidas son los pilares del autoritarismo (Mudde, 2010). Por lo tanto, es posible detectar una clara tendencia autoritaria.
A medida que se rechazan los valores pluralistas de la democracia liberal, se atacan las instituciones que permiten que estos florezcan.
La extrema derecha contra los derechos
La era posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente desde finales de la década de 1940 hasta principios de la de 2000, fue llamada a menudo “la edad de oro de los derechos humanos” o, según la definición del académico estadounidense Louis Henkin (2019), “la era de los derechos”. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). En las seis décadas siguientes, la ONU aprobó nueve tratados fundamentales que abarcan una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que constituyen los fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos. En 1993, la Asamblea General de la ONU estableció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y definió su mandato para promover y proteger los derechos humanos a nivel mundial.
Aunque las violaciones de estos derechos hayan persistido y, a menudo, las grandes potencias hayan sido políticamente selectivas (y abiertamente cínicas) a la hora de elegir qué abusos denunciar o, por el contrario, ignorar, desde hace tiempo hay un reconocimiento creciente de la importancia de proteger y promover los derechos humanos como fundamentales para la dignidad humana, la igualdad y la paz. El establecimiento de instituciones y mecanismos internacionales (como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) y órganos regionales (como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos) contribuyó al avance de las normas y los estándares de derechos humanos. Además, la lucha contra el colonialismo y los movimientos por los derechos civiles promovieron de manera significativa los principios de los derechos humanos, la igualdad racial y el derecho a la autodeterminación. La búsqueda de derechos se ha expandido en los ámbitos nacional e internacional e incluye los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTQIA+, de las comunidades indígenas, de los sectores racialmente oprimidos de la sociedad, de las víctimas de la opresión del Estado, así como los derechos sexuales y reproductivos y los derechos ambientales.
En el siglo XXI, sin embargo, los ataques contra las instituciones de derechos humanos y de inclusión se han multiplicado, ya que un número creciente de actores (tanto del Sur Global como de los países desarrollados) ha comenzado a cuestionar el concepto de universalidad de los derechos humanos y está utilizando su poder político para erosionar lo que Hannah Arendt (1951) definió como “el derecho a tener derechos”. Los gobiernos de extrema derecha forjaron alianzas de facto con otros actores autoritarios y religiosos que comparten una visión del mundo basada en la aspiración de volver a una supuesta edad de oro de jerarquías sociales, raciales y geográficas claramente definidas y de dominio patriarcal indiscutible. El orden, la tradición, la familia, la religión, la patria y la lealtad son los pilares del discurso público de estos grupos. Como observa Teitelbaum (2020), estos actores también coinciden en criticar la difusión del secularismo, la democracia y la globalización. Así, tienden a centrarse en la defensa de los derechos de propiedad y religión en oposición a los derechos basados en la igualdad y la dignidad humana (Leigh, Zulver y Escoffier, 2023, pp. 1-28).
Los gobiernos de extrema derecha forjaron alianzas de facto con otros actores autoritarios y religiosos que comparten una visión del mundo basada en la aspiración de volver a una supuesta edad de oro de jerarquías sociales, raciales y geográficas claramente definidas y de dominio patriarcal indiscutible.
En oposición al “derecho a tener derechos” y al impulso hacia los derechos sociales y civiles que, en términos generales, caracterizan los procesos de democratización y apertura de las sociedades, la extrema derecha se centra casi exclusivamente en las libertades individuales –una concepción restrictiva basada en la idea de libertad económica sin interferencia del Estado– y en la defensa de los “valores” conservadores dentro del núcleo fundamental de la sociedad, es decir, la familia tradicional. Desde esta perspectiva, los resultados de la competencia económica ilimitada y no regulada –la desigualdad, el deterioro de las condiciones de vida de las clases populares y medias, la creciente influencia política de los multimillonarios– se consideran naturales y funcionales para el orden social. Por el contrario, las políticas sociales, la planificación económica y la justicia administradas por el Estado contrastan con la libertad. La elección de la píldora roja (libertad) en la película Matrix (1999) se ha convertido en un icono del mundo cultural online de la extrema derecha. La libertad se busca contra la “catedral”, es decir, las elites intelectuales liberales, que tienen una visión cosmopolita y “globalista” del mundo, opuesta a los valores tradicionales.
Según esta lógica, los actores políticos de extrema derecha tienden a considerar las instituciones democráticas liberales, los movimientos feministas y LGBTQIA+ y las burocracias nacionales e internacionales como amenazas a las libertades individuales y obstáculos para la implementación de políticas “fuertes” contra las personas ajenas que amenazan los valores tradicionales (Norris e Inglehart, 2019). El análisis de Wendy Brown (2019) abre la puerta a la comprensión del desprecio por las instituciones, las leyes y las normas que se describen como limitadoras de la libertad individual. Se involucró en el debate sobre el tema y conectó las discusiones sobre visiones autoritarias del mundo, neoliberalismo y tradicionalismo. Brown investiga la interacción entre las formulaciones neoliberales de libertad y resentimiento; argumenta que la asociación del nacionalismo con una versión del liberalismo centrada en la defensa de la soberanía y el antiestatismo nos permite hacer referencia a la “libertad autoritaria”.
La visión neoliberal del mundo, basada en los escritos de Friedrich Hayek (2001) y ampliamente implementada en todo el mundo desde los gobiernos de Reagan y Thatcher, a principios de la década de 1980, demolió el tejido colectivo de las sociedades y basa el nuevo orden social en los mercados y la moralidad. El neoliberalismo defiende la distopía de un orden no igualitario en el que los individuos y las familias serían pacificados políticamente por los mercados y la moral, y sometidos a un Estado autónomo, autoritario, pero despolitizado (Brown, 2019, p. 17). Así, los valores tradicionales se presentan como un complemento esencial de los mercados libres, y se enfatiza la capacidad de la tradición para producir armonía social, conformidad e integración. La inclusión, los derechos civiles, el constitucionalismo, la justicia social y la distribución de recursos a través de políticas estatales son atacadas por grupos sociales que se aferraron a un concepto de libertad basado en la expansión de la racionalidad del mercado a todas las esferas de la vida y que está despojado de las valencias políticas que lo vinculan a la soberanía popular (Brown, 2019, p. 13).
El neoliberalismo defiende la distopía de un orden no igualitario en el que los individuos y las familias serían pacificados políticamente por los mercados y la moral, y sometidos a un Estado autónomo, autoritario, pero despolitizado.
La difusión global de las teorías económicas de Hayek, Ludwig Von Mises, Milton Friedman y la llamada Escuela Austriaca de Economía se ha propagado durante décadas a través de una densa y sofisticada red de institutos de investigación y think tank, cuyos orígenes se remontan a la creación de la Mont Pelerin Society en 1947 (Mirowski y Plehwe, 2015) y de la que Atlas Network representa hoy la cara más visible e influyente.
La búsqueda de una comunidad homogénea idealizada
La defensa y reivindicación de la tradición es una de las normas cruciales invocadas por los actores políticos de extrema derecha. Los principios del sufragio universal, la libertad de participación política y la separación de poderes llegan a ser cuestionados y considerados valores extraños, impuestos desde afuera. Esta es también una tendencia de otras perspectivas conservadoras, pero en este caso observamos la reivindicación de una agencia y una postura voluntarista peculiares (Abrahamsen et al., 2024, p. 24). Esta idea es destacada en las políticas adoptadas por Rusia durante el gobierno de Vladimir Putin, pero también está presente en muchos otros países. Un concepto es el nativismo, que, según Mudde (2019, p. 33), es una combinación de nacionalismo y xenofobia. Las tradiciones nacionales se sitúan en el centro del discurso público, alimentan la búsqueda de un grupo original, que suele basarse en núcleos étnicos, raciales o religiosos. El humanismo, la lógica del cuidado y la empatía por los seres humanos en general se tratan como una amenaza para la comunidad nacional homogénea idealizada. La búsqueda de una comunidad uniforme tiene efectos profundos sobre la disposición a negociar, crear y mantener instituciones que permitan un proceso constante de conciliación de diferencias y normas de coexistencia o, en otras palabras, que abran un espacio social para la resolución pacífica de conflictos o para la transformación política: las bases conceptuales del sistema multilateral.
La idealización de una comunidad homogénea basada en valores tradicionales y “nacionales” expresa un profundo desprecio por la pluralidad y se traduce en resistencia a los derechos de las minorías. Las amenazas imaginarias contra esta sociedad idealizada le dan sentido a la existencia de la extrema derecha y son el gran combustible político de estos movimientos. En muchos casos, la inmigración se vincula con el temor a la delincuencia, el terrorismo o la dilución de la identidad nacional. Es habitual encontrarse con la manipulación de las preocupaciones del público en materia de seguridad y la defensa de políticas de inmigración más estrictas, controles fronterizos y, en ocasiones, la expulsión de determinados grupos. Este discurso basado en el miedo resulta muy atractivo para las personas que se sienten vulnerables ante los cambios demográficos o que perciben a los inmigrantes como una amenaza económica o para la seguridad (Helbling y Meierrieks, 2022; Edo y Giesing, 2020). El miedo, justificado o no, al aumento de la delincuencia en una determinada zona o país lleva a solicitar una intervención fuerte del Estado para aumentar la percepción de seguridad, que casi siempre tiene un componente nativista, ya que los “extranjeros” son vistos como la fuente fundamental de inseguridad para los “nativos”. La seguridad se refiere a individuos y colectivos, principalmente a la nación o la raza, y tiene un componente cultural, económico y físico. Por lo tanto, casi todas las cuestiones políticas se perciben a través del prisma de una amenaza al orden natural que crea inseguridad, y esta debe tratarse con mano dura. El discurso sobre la seguridad y la lucha contra la inmigración fue fundamental, por ejemplo, para el éxito electoral de José Antonio Kast y de otros candidatos de extrema derecha en las elecciones presidenciales de Chile en 2025. Invocar el “método Bukele” para hacer frente a la delincuencia, en detrimento del estado de derecho y de los principios del debido proceso, se convirtió en el lema de todos los actores políticos de extrema derecha en las Américas.
El lema adoptado por los líderes autoritarios de todo el mundo –mi país por encima de todo, ignorando las normas y las leyes– expresa una visión de la soberanía en la que los conceptos de nación y patria se priorizan en términos absolutos. Esto se deriva del valor atribuido a la nación homogénea, de la comprensión del entorno internacional en términos competitivos y vacíos desde el punto de vista moral, y del desprecio por las visiones cosmopolitas. Una visión del mundo basada en la concepción anacrónica “vestfaliana” de la soberanía absoluta de los Estados-nación se opone directamente al acuerdo sobre cesiones parciales y negociadas de la soberanía nacional, que son la base del sistema multilateral construido después de 1945.
Invocar el “método Bukele” para hacer frente a la delincuencia, en detrimento del estado de derecho y de los principios del debido proceso, se convirtió en el lema de todos los actores políticos de extrema derecha en las Américas.
Esta diferencia ontológica en relación con las relaciones internacionales quedó patente en la sesión inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el 24 de septiembre de 2019. El primero en intervenir, el secretario general de la ONU, António Guterres, pronunció un discurso preocupado por los retos globales contemporáneos y la necesidad de “hacer todo lo posible para evitar la gran fractura y mantener un sistema universal: una economía universal con respeto universal por el derecho internacional; un mundo multipolar con instituciones multilaterales fuertes”. Inmediatamente después de él, como manda el protocolo de la ONU, hablaron Bolsonaro y, a continuación, Trump. En el discurso de Guterres, las palabras más recurrentes fueron “personas”, “derechos”, “mundo” y “humanidad”. Bolsonaro repitió “Brasil” 41 veces. Los términos más utilizados por Trump fueron “naciones”, “países”, “América” y “americanos”; se refirió 18 veces a los Estados Unidos. Ambos presidentes mencionaron a Dios cinco veces. Con el lenguaje de la Guerra Fría, evocaron el “espectro del socialismo” (Trump) y la “crueldad del socialismo” (Bolsonaro) como grandes amenazas para el orden mundial (Summa, 2020, p. 23). Trump presentó un manifiesto apasionado por el nacionalismo: “El futuro no pertenece a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas. El futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos”. También despreció abiertamente el papel de las Naciones Unidas en la definición de normas comunes: “No hay ninguna circunstancia en la que Estados Unidos permita que entidades internacionales pisoteen los derechos de nuestros ciudadanos” (Trump, 2019).
Ya en su segundo mandato, en otro discurso ante la Asamblea General, el 23 de septiembre de 2025, Trump no solo descartó a la ONU por irrelevante, sino que también cuestionó los propios principios de la Organización: mantenimiento de la paz, organización de respuestas a los desafíos globales, promoción de la cooperación internacional y financiación del desarrollo. Volvió a evocar una política centrada exclusivamente en los intereses nacionales y dejó claro su desprecio por la Organización: “La mayoría de las veces […] lo único que parecen hacer [en la ONU] es escribir una carta con palabras muy duras y luego no darle ningún seguimiento”. (…).
(Nota de Anfibia): Este texto se escribió antes de la derrota de Viktor Orbán en Hungría, frente a Péter Magyar.
Preferimos no utilizar la definición de orden mundial liberal, ya que muchos de los principales Estados miembros de las Naciones Unidas, incluso miembros permanentes del Consejo de Seguridad, nunca fueron democracias liberales.
Uno de los referentes de Sebastián Pareja en el sur bonaerense, el presidente del Concejo Deliberante de Coronel Rosales (Punta Alta), Pablo «Papu» Gómez, fue denunciado en las últimas horas por «violencia política, agresión institucional y maltrato».
La presentación realizada en el mismo deliberativo la hizo el gremio Suteba, que acusó a Gómez de intentar bloquear la presentación de una nota en la delegación local de Anses que comanda su pareja, Jeanette Rivas.
Se trata de un petitorio que reclama el pago de la deuda de alrededor de 2 billones que mantiene la Nación con el Instituto de Previsión Social (IPS) provincial. Ese documento fue entregado en todas las oficinas locales de Anses de la provincia en el marco de una jornada de reclamo del Frente de Unidad Docente Bonaerense.
Sin embargo, en Punta Alta esa presentación desató un escándalo a partir de la actitud de Gómez. «El funcionario se dirigió hacia mi persona y hacia el resto de los presentes con un trato prepotente, utilizando un vocabulario violento y grosero, impropio de su investidura», detalla en su nota al Concejo la titular del Suteba de Coronel Rosales, Claudia Introssi.
Según pudo reconstruir LPO, al llegar Gómez a la puerta de la oficina de Anses, pidió ver la nota y adelantó que, si no lo autorizaba, no se recibiría. Cuando la secretaria general le preguntó quién era para tener ese poder de decisión, la respuesta de García fue insultante.
Ahí, Introssi expuso que Gómez se hizo presente en la oficina de Anses e «intervino de manera injustificada, pretendiendo arrogarse atribuciones y facultades que no corresponden a su cargo ni a su esfera de competencia administrativa».
Según pudo reconstruir LPO, al llegar Gómez a la puerta de la oficina de Anses, pidió ver la nota y adelantó que, si no lo autorizaba, no se recibiría. Cuando la secretaria general le preguntó quién era para tener ese poder de decisión, la respuesta de García fue insultante.
La referente de Pareja en la Sexta sección, Franca Grippo abraza para la foto a su armador en Punta Alta, el concejal Pablo Gómez, acusado de agresiones por parte de docentes.
Fuentes al tanto de la dinámica política rosaleña señalaron a LPO que «Papu» ubicó a su pareja en Anses apenas asumió el gobierno libertario, en una maniobra que en la interna local algunos definen como «nepotismo explícito».
A nivel seccional, Gómez responde directamente en la Sexta a la bahiense Franca Grippo, la armadora de Sebastián Pareja que, como reveló LPO a comienzos de 2026, usaba el padrón de Andis para la campaña.
«La gravedad de su conducta constituye un atropello al libre ejercicio de la labor sindical y un agravio a la dignidad de las y los trabajadores de la educación presentes, sentando un precedente que no puede ser omitido por este cuerpo deliberativo», sostiene el Suteba en su denuncia, donde señalaron que las disculpas que improvisó Gómez cuando el tema escaló «resultan insuficientes».
Por eso, el gremio docente reclamó a los ediles que evalúen «la conducta del funcionario en la comisión correspondiente o en sesión, de acuerdo con lo previsto por el reglamento interno y las normativas de ética pública vigentes».
Pero en Punta Alta hay quienes dudan que el tratamiento de la presentación del Suteba avance, en un contexto donde el oficialismo local que responde al intendente axelista Rodrigo Aristimuño necesita de los siete votos de La Libertad Avanza para tener aprobada su rendición de cuentas.
Gómez ubicó a su pareja en Anses apenas asumió el gobierno libertario, en una maniobra que en la interna local algunos definen como «nepotismo explícito».
Por eso, en los pasillos de Concejo se habla de «un tufo de concordancia» para que el planteo del Suteba sea derivado para su evaluación precisamente a la presidencia del Concejo, que encarna el mismo Gómez.
«Como organización no vamos a naturalizar el maltrato, defendemos también el derecho a que en nuestra Comunidad el Respeto Institucional no sea una excepción, sino parte de ella», advirtieron en Suteba.
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