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Los aliados empujaron este jueves al gobierno a retirar del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que modificaba la ley de manejo del fuego y la media sanción de la iniciativa de Federico Sturzenegger terminó desflecada. Pese que Patricia Bullrich logró retener el voto de los 10 radicales, los tres del PRO, los dos misioneros y la chubutense Edith Terenzi para la votación en general, ese fragmento del dictamen se desplomó por la falta de respaldo de casi todo el arco de los bloques dialoguistas, como ocurrió con el capítulo de extranjerización de la tierra.

Frente a la estampida de senadores contra el pomposo proyecto, el oficialismo tuvo que conformarse con la aprobación de los capítulos referidos a la agilización de los desalojos y el recorte de las facultades del Estado en las expropiaciones, menos de un tercio del contenido que ambicionaba el gobierno cuando lo mandó al Congreso en marzo.

El derrumbe fue tan estruendoso que el fueguino Agustín Coto anunció que La Libertad Avanza aceptaba quitar los artículos referidos al manejo del fuego y José Mayans le retrucó que retirasen la ley completa.

Bullrich se fue enterando a lo largo de la tarde cómo se le escapaban los respaldos, con el mismo efecto cascada que le hizo perder la ley de tierras. El discurso torpe de Joaquín Benegas Lynch también contribuyó a quemar los puentes con los senadores aliados, a los que el libertario entrerriano tildó de «ignorantes» y «tibios» por sucumbir ante «el show mediático» que supuestamente se montó contra la venta de terrenos a extranjeros.

La Rosada culpa a Bullrich por el fracaso de la ley de tierras y dicen que mintió con el número de votos

Esa intervención de Benegas Lynch, que ensayó al principio de la sesión para rechazar la impugnación que presentó Juliana di Tullio para impedir que vote por conflicto de intereses ante la revelación de LPO, detonó la mayoría de los 44 que armó Bullrich durante las sesiones extraordinarias del verano pasado. Si el vínculo había quedado resentido esta semana por la mala praxis de la jefa de bancada oficialista, los dichos del senador que se dedica a valuar y vender campos en su actividad privada terminaron de estallarlos.

En efecto, los libertarios se iban enterando a medida que avanzaba la sesión cómo se le escapaban votos que pasaban del sentido positivo al negativo, para ubicarse en el rechazo junto al peronismo, en el segmento que barría con las sanciones o limitaciones a los propietarios de hectáreas que se incendiasen para luego enajenarse. Así fueron cayendo los anuncios del radical Maximiliano Abad, Flavia Royón, Beatriz Ávila y Edith Terenzi.

Royón, en el Salón Eva Perón.

Abad explicó en su exposición que esa parte del proyecto era «regresivo» y que «la doctrina constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia establecen el principio de no regresión ambiental». En tanto, Royón había avisado que, más allá de los cabildeos que se produjeron durante meses en el despacho de Víctor Zimmermann en el Senado para retocar la ley, «todavía contiene errores conceptuales y técnicos que deben revisarse» y por eso votaría en contra.

La chubutense Terenzi y la tucumana Ávila, fundamentales para voltear el capítulo de tierras, también se opusieron y fastidiaron los planes del gobierno.

Los libertarios se iban enterando a medida que avanzaba la sesión cómo se le escapaban votos que pasaban del sentido positivo al negativo, para ubicarse en el rechazo junto al peronismo, en el segmento de Manejo del Fuego.

Finalmente, el proyecto quedó compuesto por lo que fuera el Capítulo I, referido a la Expropiación y Regularización Dominial, el Capítulo II, dedicado a los Procesos de Desalojo y el Capítulo V, sobre el Registro de la Propiedad Inmueble.

El primero fue aprobado por 37 votos a favor y 33 en contra y el segundo cosechó 36 voluntades por la afirmativa y 33 por la negativa. Terenzi se abstuvo después de explicar que no compartía la orientación del articulado pero también advirtió que lo que se estaba legislando aplicaba solo a la Capital Federal porque el resto de las jurisdicciones tenían su propio régimen de desalojos.