La Municipalidad de Villa Regina, a través de la Dirección de Tránsito y Protección Civil, solicita a los vecinos tener en cuenta las siguientes recomendaciones por la realización del Rally Ciudad de Villa Regina.
En principio, el día viernes mantener liberado el estacionamiento de la Avenida 9 de Julio margen norte desde calle Irigoyen hasta España ya que será utilizada durante la presentación oficial de los vehículos participantes en la rampa de largada que se ubicará en Plaza de los Próceres.
Por otro lado, estará prohibido el ascenso y descenso al circuito de la carrera desde una hora antes del inicio del prime y hasta que finalice la competencia. Esta medida se aplicará durante el sábado desde las 11,46 horas y el domingo a partir de las 10,36 horas.
Esto se debe a cuestiones de seguridad para evitar accidentes con los competidores. En el caso de que no se cumpla con esta regla, la organización procederá a interrumpir la competencia.
Además se recomienda a los espectadores no ubicarse en zonas peligrosas y de curvas que impliquen un riesgo ante el paso de los autos, tomar los recaudos con los menores de edad y no llevar mascotas.
Se agradece la colaboración y predisposición para garantizar el normal desarrollo de la competencia.
Los vecinos de Allen no toman agua de red, los que pueden pagarla compran envasada. El agua viene sucia, aceitosa, con olor, hace mal. En las escuelas se compra agua envasada porque algunos chicos se descomponen al tomarla de la canilla. Las autoridades dicen que es potable y que se puede tomar».
Durísimo fracaso de la ofensiva de Javier Milei contra el diario La Nación, que incluyó un dato inquietante al interior de la interna libertaria y los movimientos del establishment por encontrar un candidato alternativa al Presidente para el 2027.
El juez federal Marcelo Aguinsky, muy cercano a Patricia Bullrich, archivó en un trámite relámpago la denuncia penal contra Saguier por la presunta evasión agravada de unos 3.000 millones de pesos contra la firma Buenos Aires Arena SA, razón social que administra el Movistar Arena, que pertenece al grupo La Nación.
El organismo recaudador argumentó que la firma manipuló su declaración jurada de ganancias del 2023, presentando una actualización -sin respaldo- de quebrantos de años anteriores por inflación y evadió así más de 2.360 millones, que junto a multas y una parte que está en discusión en el Tribunal Fiscal, generaría una deuda de unos 3.000 millones.
Pero lo más grave es que junto con este reclamo económico, el gobierno denuncio penalmente al presidente del grupo, Julio Saguier y otras autoridades por evasión agravada, un delito que preve penas que no son excarcelables. La decisión se parece mucho a un intento del gobierno de presionar al diario, que mantiene una cobertura crítica de la administración libertaria.
Un experto en impuestos que conoce el caso, desestimó los argumentos del gobierno en diálogo con LPO: «Está mal planteada la denuncia de ARCA, el tema de los ajustes por inflación está en debate y el monto de la evasión no da para denuncia penal», afirmó.
Milei está obsesionado con La Nación y como reveló LPO, los intentos de acercamiento entre el directos del diario Fernán Saguier y el presidente, terminaron de muy mala manera.
El juez federal Marcelo Aguinsky, muy cercano a Patricia Bullrich, archivó en un trámite relámpago la denuncia penal contra Saguier por presunta evasión de 2.300 millones de pesos del Movistar Arena, que pertenece al grupo La Nación.
Milei ve la mano de Mauricio Macri detrás de cada uno de los titulares que lo sacan de quicio y ordenó a sus funcionarios equiparar a los Saguier con Cristóbal López, que tiene una causa en la Justicia por apropiación indebida de tributos por miles de millones.
Fue en el marco de esa pelea la agencia recaudadora ARCA (ex AFIP) presentó la denuncia contra La Nación y sus directivos. La agencia fiscal está conducida por Andrés Vázquez, que enfrenta sus propias denuncias por no declarar inmuebles en Miami, como publicó el diario, provocando el enojo de Santiago Caputo, jefe político del funcionario.
La senadora Patricia Bullrich.
El expediente aterrizó en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky, quien tras analizar la denuncia de ARCA, rechazó la presentación y advirtió que había sido la propia empresa la que avisó a la agencia recaudadora que había realizado una actualización en sus gastos «por desvalorización monetaria/inflación de los quebrantos impositivos contra ganancias gravadas», en el pasado.
En un trámite express el juez decidió archivar la denuncia y subió la tensión de la interna libertaria. Aguinsky es muy cercano a Patricia Bullrich y formó parte de sus equipos de trabajo cuando la hoy senadora se había lanzado a la presidencia.
La decisión de Aguinsky coincide con un deslizamiento en la cima del poder, revelado por LPO, del que están advertidos en la Casa Rosada: Bullrich es vista por buena parte del establishment, empezando por Paolo Rocca, como una opción interesante para reemplazar a Javier Milei en las presidencial del 2027, si el libertario llega en tan malas condiciones que pone en peligro la continuidad del actual modelo.
En siete días dos avionetas que salieron de Bolivia reventando de cocaína aterrizaron en pistas improvisadas en la zona central de Santa Fe. A la primera, que traía 400 kilos, la estaban esperando en la ciudad de Vera gracias a información de la DEA norteamericana. La segunda supuso una intervención menos planificada: los fiscales que seguían a dos miembros locales del grupo narco supieron de golpe que una Cessna iba a posar en un campo a 90 kilómetros de Rosario.
La detección del aterrizaje inminente hizo que se ordenara a un grupo de Gendarmes en la zona apostarse en el lugar del destino. Allí ya estaba la avioneta posada con 321 kilos de cocaína. Los que la habían esperado, sorprendidos, treparon a dos vehículos. Con uno de ellos le pasaron por encima a un uniformado que intentaba frenarlos, que está internado en terapia intensiva en Rosario, con fractura de cráneo y pronóstico reservado.
Este viernes al menos cuatro personas conectadas con este último vuelo serán imputadas en la Justicia Federal por contrabando de cocaína. Dos son los hermanos Juan Cruz y Santiago Emanuel Borras, considerados por la Procuración de Narcotráfico (Procunar) los encargados de la logística de la operación: la definición del lugar de llegada y el traslado de la carga de cocaína. Los otros dos detenidos son el piloto y el copiloto de la avioneta, ambos bolivianos.
En el origen de este caso también hay un seguimiento y una avioneta. El 11 de noviembre del año pasado en un campo en Arequito, también Santa Fe, se encontró abandonada una Cessna 210 con una avería aparente por un aterrizaje obligado. Adentro del habitáculo se encontró un teléfono celular. La extracción de su contenido disparó una pesquisa que se centró en algunos contactos de agenda. Entre ellos los hermanos Borras, uno de los cuales tiene domicilio en las afueras de Rosario, en la ciudad de Roldán, y tuvo una condena por drogas en 2014, por la que debía estar en prisión domiciliaria. Ninguno de los dos hermanos tiene antecedentes por actos violentos.
Siguiendo ese teléfono este martes un equipo liderado por el fiscal federal Matías Scilabra de Procunar Rosario recibió la información de un súbito aterrizaje y las coordenadas de la zona. Allí los que recibían a la avioneta fueron sorprendidos en mitad del campo, cerca del límite con Córdoba, y en la huida los hermanos Borras atropellaron a uno de los gendarmes, que está internado grave en el sanatorio Laprida de Rosario. Fueron detenidos cerca de Melincué, en el sur santafesino, y este viernes serán imputados de contrabando de estupefacientes y, se analizaba, el que manejaba de tentativa de homicidio. Los dos pilotos bolivianos también intentaron huir pero fueron apresados. Al costado de la avioneta quedó la carga que no alcanzaron a movilizar.
En la investigación sobre este grupo hay varias cosas en definición y una certera. Esta última es que esta línea de droga boliviana no tiene que ver con Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo detenido hace dos meses en Santa Cruz de la Sierra y extraditado a Estados Unidos, que tiene fuertes conexiones con Paraguay y presuntamente socio del diputado Lalo Gomes de ese país, asesinado en su casa en 2024. Se está definiendo si uno de los hermanos Borrás tiene conexiones con Alejandro Zamudio, un hombre detenido en 2024 sospechado de estar en la trama de la organización del homicidio de Andrés Pillín Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central asesinato a tiros en noviembre de ese año. También llamó la atención que uno de los hermanos trabaja en una terminal portuaria del Gran Rosario, en tanto aparece ligado a la logística del narcotráfico, dado que la movilidad de los cargamentos hacia ultramar se define en ocasiones probadas a través de la hidrovía del río Paraná.
«Los Borrás como la inmensa mayoría de los logísticos no son los dueños de la droga. Lo que hacen es lo que caracteriza a muchos operadores de esta zona. Que tienen, ya no hablando de estos hermanos, como función la unión del comprador con el vendedor: bajan la mercadería, la ponen en un puerto y la sacan a despachos de Europa u otros destinos continentales», le dijo a LPO uno de los que trabajó en esta investigación.
Un punto notorio que tienen estas dos detecciones de avionetas con cocaína boliviana y que aparece como una novedad es el hecho de que los traslados aéreos ya no necesitan la etapa de una escala previa para la que en general se utilizaba suelo paraguayo, en especial el área del Chaco. La autonomía del Cessna 210 como los ahora localizados en estas pistas santafesinas, que son caminos rurales, es de unos dos mil kilómetros que se reduce por el peso de la carga. No obstante fuentes de Gendarmería Nacional contaron a este medio que los transportadores, para evitarse la escala, están reabasteciendo en vuelo las avionetas. No mediante el método de los aviones militares sino de modo más casero: Utilizan bidones de importante porte con una manguera conectada al tanque y por eso es necesario un segundo ocupante que se suma al piloto: para que realice esta tarea.
El pasado 5 de mayo, con datos de la agencia norteamericana DEA, la Procunar había esperado con agentes federales la llegada de una avioneta a un campo llamado Don Julio en adyacencias de la ciudad de Vera, 440 kilómetros al noroeste de Rosario, que se posó allí con 442 kilos de cocaína. La avioneta era una Cessna 210. Seguían esta operación desde septiembre del año pasado.
El dueño de ese cargamento, por las interceptaciones de teléfonos, era el boliviano José Pedro Rojas Velazco, conocido como «Pepa», quien era un miembro comprobado de la red de Marset. El tráfico se organizó con Pepa en vida, quien no se enteró de la detención de sus pilotos en Santa Fe: lo mataron a tiros hace veinte días, el pasado 26 de abril, mientras disputaba una carrera de rally. Pero Pepa tenía entre sus interlocutores a un abonado argentino que fue crucial para detectar los pasos de la banda narco sobre la preparación del arribo del vuelo.
Hace diez días los detenidos en Vera por este cargamento fueron llevados a audiencia de imputación en la Justicia Federal de Rosario, donde el juez de garantías Eduardo Rodrigues da Cruz les impuso 180 días de prisión preventiva.
Rojas Velasco mantenía contacto con Brian Bilbao, un narcotraficante de Rosario que en noviembre pasado fue detenido en Pavón, en el sur santafesino, en un operativo en el que le secuestraron 956 kilos de cocaína en su vehículo, también procedente de Bolivia.
La extradición de Marset además tiene impacto en la reconfiguración del mapa narco en la parte sur de Sudamérica. El uruguayo Marset no era un simple capo: controlaba importantes segmentos del tráfico por la hidrovía y operaba como el gerente de una multinacional con sede en Bolivia. Su deportación a Estados Unidos en marzo de 2026 rompió la unidad de mando y fragmentó su estructura.
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