Recomendaciones ante el desarrollo del Rally en Regina

Recomendaciones ante el desarrollo del Rally en Regina

Recomendaciones ante el desarrollo del Rally en Regina

La Municipalidad de Villa Regina, a través de la Dirección de Tránsito y Protección Civil, solicita a los vecinos tener en cuenta las siguientes recomendaciones por la realización del Rally Ciudad de Villa Regina.

En principio, el día viernes mantener liberado el estacionamiento de la Avenida 9 de Julio margen norte desde calle Irigoyen hasta España ya que será utilizada durante la presentación oficial de los vehículos participantes en la rampa de largada que se ubicará en Plaza de los Próceres.

Por otro lado, estará prohibido el ascenso y descenso al circuito de la carrera desde una hora antes del inicio del prime y hasta que finalice la competencia. Esta medida se aplicará durante el sábado desde las 11,46 horas y el domingo a partir de las 10,36 horas.

Esto se debe a cuestiones de seguridad para evitar accidentes con los competidores. En el caso de que no se cumpla con esta regla, la organización procederá a interrumpir la competencia.

Además se recomienda a los espectadores no ubicarse en zonas peligrosas y de curvas que impliquen un riesgo ante el paso de los autos, tomar los recaudos con los menores de edad y no llevar mascotas.

Se agradece la colaboración y predisposición para garantizar el normal desarrollo de la competencia.

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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    FELIZ DÍA: El salario docente en su peor momento de los últimos 20 años

     

    La evolución del salario docente argentino en 20 años: fuerte crecimiento hasta 2015, caída durante Cambiemos, recuperación parcial y nuevo derrumbe durante Milei.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Durante dos décadas, el salario docente argentino atravesó un recorrido que permite leer, casi como un espejo, los distintos modelos económicos que gobernaron el país. Creció con fuerza durante el ciclo de recuperación iniciado después de la crisis de 2001, alcanzó su máximo poder adquisitivo en 2015 y comenzó luego una larga etapa de retroceso que tuvo distintos ritmos y características hasta desembocar en un nuevo derrumbe durante el gobierno de Javier Milei. El resultado actual ayuda a explicar por qué cada vez menos jóvenes consideran la docencia una profesión capaz de ofrecerles una vida económicamente estable.

    El dato que disparó nuevamente la discusión es contundente: según el relevamiento, la cantidad de jóvenes que se inscriben en carreras docentes cayó 23% desde 2017, mientras que el 55% abandona durante el primer año. La pérdida de atractivo de la profesión no puede explicarse solamente por las condiciones dentro del aula. Hay detrás una cuestión material elemental: cuánto se paga por enseñar, cómo evolucionó ese ingreso frente a los precios y qué lugar ocupa el docente dentro de la estructura social argentina.

    De 2005 a 2015: la década en que el salario docente recuperó terreno

    Para analizar la evolución sin caer en la trampa de comparar pesos de distintos años, hay que mirar el salario real, es decir, el poder de compra del sueldo una vez descontada la inflación. Una investigación de CIPPEC reconstruyó una serie para el salario de bolsillo de un maestro de grado de jornada simple con diez años de antigüedad, tomando 2005 como base 100. El resultado muestra con enorme claridad el cambio de época.

    En 2005 el índice era 100. En 2006 pasó a 110,5; en 2007 llegó a 115,4; en 2008 a 122,2 y en 2009 a 124,2. Después de algunas oscilaciones, volvió a avanzar hasta alcanzar 131,8 en 2011, permaneció en niveles elevados durante los años siguientes y finalmente llegó a 135,8 en 2015, el máximo de toda la serie. Dicho de manera sencilla: el salario docente de 2015 tenía un poder adquisitivo aproximadamente 36% superior al de 2005.

    Gentileza C5N

    El fenómeno tampoco fue exclusivamente docente. Formó parte de una recuperación más amplia de los ingresos laborales posteriores a la crisis de 2001-2002, acompañada por una expansión del gasto educativo, la Ley de Financiamiento Educativo y una política nacional que buscó recomponer salarios y ampliar la inversión pública. CIPPEC había estimado que, entre 2003 y 2017, el salario docente había ganado en promedio 72% de poder adquisitivo, aunque esa medición incluía toda la recuperación que comenzó después del derrumbe de la convertibilidad.

    Hay otro dato que ayuda a poner en perspectiva aquel proceso. Un estudio de CIPPEC sobre financiamiento educativo señaló que entre 2002 y 2008 el salario docente real creció 84%, la mayor recuperación registrada desde los años noventa. Entre 2008 y 2015 el comportamiento fue bastante más irregular, pero entre puntas todavía hubo crecimiento.

    Por eso, cuando se habla de los salarios docentes de las últimas dos décadas, es necesario distinguir dos períodos muy diferentes. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se produjo la gran recuperación salarial que llevó al ingreso docente hasta su máximo real de 2015. No significa que todos los años hayan sido de aumento ni que todas las provincias hayan evolucionado de igual manera, pero sí que el ciclo completo terminó con un salario sustancialmente superior al de 2005.

    El quiebre de 2016: cuando comenzó la pérdida sostenida

    El cambio aparece inmediatamente después del máximo de 2015. En 2016 el índice cayó de 135,8 a 130,3; en 2017 tuvo una pequeña recuperación hasta 132,1, pero en 2018 se desplomó a 123,4 y en 2019 terminó en 114,5.

    La comparación resulta especialmente significativa porque permite identificar el período de mayor deterioro durante la gestión de Mauricio Macri. Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018, CIPPEC calculó una pérdida del 14% del poder adquisitivo, que llevó al salario docente a niveles reales similares a los de 2006.

    Los datos oficiales utilizados por el propio Estado argentino para analizar retrospectivamente ese período son todavía más contundentes: entre 2017 y 2019, el salario docente perdió aproximadamente 20% de poder adquisitivo en el nivel secundario y 26% en el nivel primario.

    No se trató únicamente de un problema de aumentos nominales insuficientes. La combinación de inflación, cambios en la política económica y reducción del gasto público produjo una erosión que convirtió las negociaciones salariales en una carrera permanente detrás de los precios. Un informe del Centro de Economía Política Argentina, al analizar la situación bonaerense, calculó que en 2018 el poder adquisitivo promedio del salario docente había quedado casi 12% por debajo del promedio de 2015, mientras que diciembre de 2018 mostraba una pérdida superior al 20% respecto de aquel año.

    Así, el modelo económico de Cambiemos marca el primer gran quiebre de la curva ascendente iniciada después de 2003.

    Pandemia, recuperación parcial y nuevo retroceso

    La llegada de Alberto Fernández no significó una recuperación inmediata. La pandemia produjo un shock particular sobre el sistema educativo y sobre las cuentas públicas. En la serie de salario real, el índice pasó de 114,5 en 2019 a 111,7 en 2020 y luego descendió hasta 109,6 en 2021.

    A partir de allí apareció una recuperación parcial: el índice subió a 111,4 en 2022, aunque volvió a bajar ligeramente a 110,8 en 2023. Es decir, el período 2020-2023 no logró recuperar el poder adquisitivo que los docentes habían perdido durante la segunda mitad de la década anterior.

    La fotografía completa es importante porque evita una simplificación política frecuente: el salario docente no recuperó durante el gobierno de Alberto Fernández el máximo alcanzado en 2015. Hubo recuperación en determinados años y provincias, particularmente durante 2022, pero el nivel nacional continuó muy por debajo de aquel pico.

    Y entonces llegó 2024.

    Milei y el derrumbe: de 110,8 a 92,6

    El dato más fuerte de toda la serie aparece justamente en el primer año completo de Javier Milei. El índice de salario docente real pasó de 110,8 en 2023 a apenas 92,6 en 2024, tomando 2005 como base 100. Es decir, en un solo año el poder adquisitivo quedó 7,4% por debajo del nivel de 2005 y aproximadamente 32% por debajo del máximo alcanzado en 2015.

    La magnitud del retroceso también aparece en los datos oficiales relevados durante 2024. En junio, el salario de bolsillo promedio de un maestro con diez años de antigüedad había caído 4,8% en términos reales respecto de diciembre de 2023 y 25% respecto de junio del año anterior. La dispersión provincial fue enorme: algunas jurisdicciones consiguieron aumentos reales, mientras otras sufrieron pérdidas superiores al 20%.

    Uno de los elementos centrales fue la decisión del Gobierno de no prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mecanismo mediante el cual la Nación transfería recursos a las provincias destinados a mejorar los salarios docentes. El fondo, creado en 1998, dejó de tener vigencia en enero de 2024 y el Gobierno de Milei decidió no renovarlo.

    La consecuencia no fue idéntica en todas las provincias porque algunas administraciones locales absorbieron total o parcialmente esos recursos. Pero el impacto sobre el sistema federal fue evidente: la Nación redujo su participación en el financiamiento salarial justamente cuando la inflación provocaba una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

    En marzo de 2025, además, el Gobierno nacional fijó en $500.000 el salario mínimo docente para el cargo testigo de maestro de grado, jornada simple y sin antigüedad, mediante la Resolución 381/2025. Al mismo tiempo, un informe de CIPPEC consignó que en marzo de ese año el salario bruto de un maestro de grado con diez años de antigüedad era de $910.943, mientras que la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes alcanzaba $1.100.266.

    Los datos provinciales disponibles hasta junio de 2025 muestran alguna recuperación respecto de 2024 en 13 de las 24 jurisdicciones, pero el panorama de fondo continúa siendo preocupante: 21 provincias todavía tenían salarios docentes reales inferiores a los de 2023, y todas las provincias, salvo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro, estaban por debajo de sus niveles de 2014.

    Veinte años después, el salario volvió al punto de partida

    La curva completa cuenta una historia que excede una discusión coyuntural sobre paritarias. En 2005 el salario real docente tenía un índice de 100; en 2015 había alcanzado 135,8; en 2019 había retrocedido a 114,5; en 2023 todavía estaba en 110,8; y en 2024 cayó a 92,6.

    La conclusión es difícil de esquivar: el mayor crecimiento real de los salarios docentes de estas dos décadas se produjo durante el ciclo económico iniciado después de la crisis de 2001 y extendido hasta 2015; la pérdida comenzó durante el modelo de Cambiemos, tuvo un deterioro adicional durante la pandemia y registró su caída más abrupta durante el programa de ajuste de Javier Milei.

    Y aquí aparece la conexión directa con la pregunta que plantea C5N: ¿por qué cada vez menos jóvenes quieren ser docentes? La respuesta no puede reducirse a una supuesta pérdida de vocación. Una profesión universitaria o terciaria que exige años de formación, responsabilidad sobre cientos de alumnos, trabajo fuera del horario escolar y una enorme carga emocional pierde atractivo cuando su remuneración real termina siendo inferior a la que tenía veinte años atrás.

    El problema, entonces, no es solamente que “nadie quiera ser maestro”. El problema es que la Argentina está dejando de ofrecer a sus maestros las condiciones materiales que alguna vez hicieron posible que la docencia fuera una vía relativamente segura de integración a las clases medias. El dato salarial explica buena parte de la crisis de las carreras docentes: cuando enseñar deja de garantizar un ingreso digno, el deterioro no queda encerrado en el recibo de sueldo del trabajador. Termina llegando al aula, a la formación de nuevos maestros y, finalmente, a la calidad y al futuro del sistema educativo público.

     

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