Tal lo anticipado, la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el programa de recolección de aparatos electrónicos y eléctricos en desuso que permite la reutilización de elementos y evita la contaminación a cielo abierto.
Los interesados pueden acercar residuos como CPU, monitores, pantallas, teclados, mousses, impresoras, cables, conectores, teléfonos celulares, tablets, notebooks, netbooks, aparatos de teléfonos fijos o fax, inalámbricos, máquinas de escribir electrónicas, pequeños electrodomésticos, consola de videos juegos, entre otros.
La licitación de la Hidrovía se tensionó al máximo con una presentación de la empresa belga Jan de Nul ante el gobierno nacional para que se descalifique la oferta de su única competidora, la también belga Deme.
Jan de Nul, actual operadora de la vía navegable troncal, hizo una extensa presentación ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dirige Iñaki Arreseygor, en la que realiza una serie de observaciones sobre la información económico-financiera y la documentación técnica legal presentada por Deme.
En el documento, al que accedió LPO, Jan de Nul menciona entre las supuestas irregularidades de Deme la presentación de una garantía inválida -ya que no garantizaría los dólares ante la posibilidad de restricciones cambiarias- y datos falsos en los volúmenes declarados.
Jan de Nul también afirma que Deme no cumple con los requisitos económicos mínimos exigidos en la licitación, la presentación de un balance que no puede ser auditado, irregularidades en la traducción y firmas de la oferta, y también que no presentó dragas con la potencia mínima exigida.
además de la pelea por un mega negocio de 10 mil millones de dólares, la disputa entre las empresas belgas tiene un trasfondo político y está cruzada por la interna del gobierno de Javier Milei.
Jan de Nul tiene buena relación con Santiago Caputo, que en un principio estuvo a cargo del armado de la primera licitación, que terminó suspendida en medio de una violenta guerra de lobbys. Los belgas también están vinculados los hermanos Neuss, uno de los grupos ganadores del ciclo libertario, y amigos íntimos del asesor presidencial.
Santiago Caputo
Pero la novedad de las últimas semanas es que Deme encontró refugio político en la interna libertaria: LPO reveló que ejecutivos de esa compañía belga se reunieron con Martín Menem en la Cámara de Diputados.
«Con el acercamiento de Deme a los Menem, ya no se trata solo de quién presenta la mejor oferta técnica y económica para administrar uno de los nodos logísticos más importantes del país. La pulseada empresaria ahora suma un capítulo político evidente», dijo a este medio una fuente al tanto de la disputa.
Así las cosas, la disputa entre Santiago Caputo y los Menem -lo que es igual a decir con Karina Milei- por espacios de poder dentro del gobierno ahora también se juega en un negocio millonario. La palabra final la tendrá Luis Caputo, que está a cargo de la licitación.
En la localidad de Cervantes está ubicada La Antigua Bodega Patagónica, histórica ex Bodega Glanz, que es un emprendimiento de la familia Banacloy quienes se propusieron reactivar la Bodega cerrada por mas de 20 años y donde vinifican las uvas provenientes de una chacra que la familia posee en la zona. El proyecto está coordinado…
Mientras el gobierno de Javier Milei repite hasta el cansancio su discurso contra “la casta” y aplica un ajuste feroz sobre jubilados, trabajadores y beneficiarios de políticas sociales, una polémica designación dentro de la ANSES vuelve a poner en evidencia el doble estándar del oficialismo. El protagonista es Guillermo Arancibia, funcionario del organismo previsional que quedó en el centro de un escándalo por el uso de fondos públicos para gastos personales tan insólitos como yogures, barritas de cereal y otros consumos menores.
Por Roque Pérez para NLI
Un caso que estalló dentro del propio organismo
La historia de Guillermo Arancibia comenzó a circular con fuerza en los pasillos de la Administración Nacional de la Seguridad Social cuando trabajadores del organismo denunciaron un uso irregular de la caja chica destinada a gastos institucionales. Según trascendió en distintas publicaciones periodísticas, entre ellas informes difundidos por Perfil y Minuto Uno, el funcionario habría justificado con fondos públicos la compra de alimentos y productos de consumo cotidiano, desde bebidas hasta yogures y barritas de cereal.
El detalle, que podría parecer anecdótico si se lo observa aisladamente, terminó adquiriendo dimensiones políticas mucho más profundas. No solo por el carácter de los gastos, sino porque los mismos habrían sido respaldados mediante comprobantes y documentos oficiales firmados dentro del propio organismo, bajo el argumento de que se trataba de consumos vinculados a reuniones o actividades institucionales.
Sin embargo, puertas adentro de la ANSES la interpretación fue otra. Para muchos trabajadores, el episodio se transformó rápidamente en un símbolo de los privilegios que sobreviven dentro del Estado incluso en momentos en que el gobierno habla permanentemente de austeridad.
La bronca de los trabajadores y los afiches que lo expusieron
La indignación interna no tardó en traducirse en un gesto visible. En distintos sectores del edificio central del organismo aparecieron afiches y mensajes que apuntaban directamente contra Arancibia. En esos carteles, que circularon entre empleados y terminaron trascendiendo públicamente, se lo acusaba de cobrar un salario elevado mientras utilizaba fondos institucionales para financiar consumos personales.
La frase que más se repitió en esos carteles condensaba la bronca de quienes trabajan en el organismo: “ganás cinco palos y te comprás yogur con la caja chica”.
Más allá del tono irónico, el episodio dejó expuesta una tensión profunda dentro de la ANSES. Mientras miles de trabajadores del sector público enfrentan congelamientos salariales, recortes presupuestarios y presión por reducción de gastos, algunos funcionarios parecen manejarse con criterios muy distintos a los que el propio gobierno proclama en su discurso público.
El contexto del ajuste y el significado político del escándalo
El caso adquiere una dimensión todavía más polémica si se observa el contexto general en el que ocurre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de administrar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y diversas políticas sociales que constituyen el principal ingreso de millones de argentinos.
En ese marco, el gobierno de Javier Milei viene impulsando una política económica marcada por fuertes recortes del gasto público, licuación de ingresos previsionales y un discurso permanente sobre la necesidad de eliminar privilegios dentro del Estado.
Sin embargo, episodios como el de Arancibia generan un contraste difícil de explicar. Mientras el relato oficial insiste en que el país necesita sacrificios para ordenar las cuentas públicas, aparecen situaciones que muestran cómo ciertos sectores del aparato estatal continúan operando con niveles de discrecionalidad que poco tienen que ver con la austeridad prometida.
El problema, en definitiva, no es el precio de un yogur ni el costo de una barrita de cereal. El problema es quién paga esos consumos y bajo qué lógica se administran los recursos públicos en un organismo que maneja fondos destinados a jubilados y sectores vulnerables.
De la polémica al ascenso
Lejos de implicar un freno en su carrera dentro del organismo, la polémica no impidió que Arancibia siguiera consolidando su posición dentro de la estructura de la ANSES. Según distintas versiones periodísticas, el funcionario fue impulsado a un rol de mayor relevancia dentro del organismo previsional, lo que terminó alimentando aún más las críticas internas.
Para muchos trabajadores, la señal política fue clara: las denuncias no generaron sanciones ni explicaciones públicas, y el episodio quedó reducido a un escándalo mediático sin consecuencias concretas dentro de la estructura estatal.
Ese desenlace es precisamente lo que transformó el caso en un símbolo del doble discurso que rodea al gobierno libertario.
La “casta” que nunca desaparece
Desde su campaña electoral, Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de terminar con los privilegios de la política tradicional. La palabra “casta” se convirtió en el eje central de su narrativa y en una etiqueta destinada a señalar a quienes, según el discurso libertario, se beneficiaban del Estado mientras el resto de la sociedad pagaba la cuenta.
Sin embargo, episodios como el de Arancibia parecen mostrar que el problema no desapareció, sino que cambió de protagonistas. El relato anticasta convive hoy con prácticas que recuerdan demasiado a aquellas que el propio oficialismo decía combatir.
En ese sentido, el caso del “yogur de la ANSES” terminó convirtiéndose en algo más que una anécdota administrativa. Para muchos dentro y fuera del organismo, funciona como una metáfora incómoda de la política argentina contemporánea: un Estado que exige sacrificios a millones de personas mientras algunos funcionarios continúan moviéndose con privilegios financiados con dinero público.
Y allí aparece la pregunta inevitable que atraviesa todo el episodio: si el ajuste es para todos, ¿por qué hay funcionarios a los que seguimos pagándoles hasta el yogur que se toman?
Axel Kicillof enfrenta un momento crítico con las finanzas de la provincia. El gobernador es víctima de la doble tenaza del modelo económico de Javier Milei. Por un lado un feroz ajuste de recursos por parte del Ministerio de Economía que hizo recaer sobre la provincia de Buenos Aires el ajuste mayor. Pero al mismo tiempo la pérdida de poder adquisitivo en los bonaerenses que se traduce en un impacto directo sobre los sectores más vulnerables.
Las consecuencias de esas políticas tienen un correlato directo en Casa de Gobierno. «No vengas a pedirnos ayuda porque acá no hay más nada», fue la respuesta de un funcionario del gobierno a un intendente.
Los intendentes escalan las demandas de los puntos más críticos del conurbano hacia el gobierno de Kicillof, pero la ayuda parece haber llegado al límite. Quizás por eso, el gobernador reunirá la semana próxima a intendentes oficialistas y opositores. Según trascendió, el objetivo es repasar el estado de situación de las finanzas.
La situación parece haber cruzado un umbral crítico. De acuerdo al último relevamiento del Indec, la tasa de desocupación en el Gran La Plata (incluye a la capital provincial y a los distritos de Berisso y Ensenada) alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre del año pasado. El registro no solo supera la media nacional, sino que también implica un salto frente al trimestre previo donde el desempleo había sido del 8,1%.
En diciembre, Kicillof consiguió una autorización de la Legislatura para avanzar con un esquema de financiamiento por más de USD3.600 millones. Sin embargo, el gobierno nacional es quien tiene que dar luz verde para que la provincia emita deuda.
La situación parece haber cruzado un umbral crítico. De acuerdo al último relevamiento del Indec, la tasa de desocupación en el Gran La Plata (incluye a la capital provincial y a los distritos de Berisso y Ensenada) alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre del año pasado.
Luis Caputo autorizó una parte de ese endeudamiento destinada a pagar compromisos en dólares contraídos durante el gobierno de María Eugenia Vidal. En los primeros días de marzo, el gobernador hizo un desembolso de poco más de USD420 millones. De los cuales 191,5 millones fueron capital y 233 millones intereses. Esos pagos fueron la quinta cuota de amortización de bonos en moneda extranjera.
Luis Caputo.
El gobierno libertario sabe que dejar a una provincia como Buenos Aires sin chances de refinanciar su deuda supone un problema de consecuencias impredecibles para el propio gobierno libertario. Con repercusiones -quizás- en el resto de la provincias.
Mientras tanto, en La Plata apuestan a poder tomar deuda para invertir en Infraestructura. Es que sin ayuda del gobierno nacional, las obras en la provincia marchan a un ritmo demasiado lento para las aspiraciones presidenciales de Kicillof.
En Nación son reacios a autorizar esos endeudamientos toda vez que no se trata de pagar vencimientos de deuda, sino de contraer nuevos compromisos para invertir en desarrollo.
«No se le autorizó ni se le va a autorizar nueva deuda a Kicillof. Solo se va a autorizar sobre el rollover de su deuda», dijo a LPO una fuente de la Rosada.
En los últimos días la posibilidad de endeudamiento sumó un nuevo escollo cuando el riesgo país llegó a 623 puntos básicos, rozando así un nuevo récord anual.
El riesgo país determina el precio a pagar al momento de contraer deuda. Ese índice se conforma a partir de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, más los puntos que suponen el riesgo país de Argentina. Hoy la tasa de interés de la Reserva Federal está entre 3,75 y 4,0%.
Una tasa de interés de cuatro puntos, más un riesgo país para el caso de Argentina de 600 puntos supone una tasa de endeudamiento del 10% en dólares para el país.
Por estos días, Caputo cajonea los pedidos del gobierno de Kicillof. El jueves el ministro dijo que el gobierno libertario descarta salir a buscar deuda. En un simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas dijo que el gobierno tiene los recursos para pagar vencimientos de capital hasta julio de 2027 y que los recursos para eso serán la venta de activos, es decir empresas públicas.
EL MAYOR DAÑO DE LAS POLÍTICAS DE MILEI SIGUE CAYENDO SOBRE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESLa desocupación informada por @INDECArgentina para el cuarto trimestre de 2025, que aumentó y marca 7,5% como promedio nacional, registra preocupantes picos muy por encima de la media en… pic.twitter.com/zHlLJb33Lt
Esas palabras de Caputo parecen cerrar la puerta a un permiso para que el gobierno de Kicillof pueda salir a emitir deuda. Si Caputo busca salidas «alternativas» difícilmente firme los pedidos para contraer deuda que enviaron desde La Plata. En tanto, se sabe que para Kicillof, desprenderse de activos del Estado bonaerense de ninguna manera supone una opción.
Cómo sea, hubo en los últimos meses una ventana para tomar deuda por debajo de los 10 puntos de interés que algunas provincias aprovecharon. A fines de febrero, Entre Ríos salió a buscar unos 500 millones a siete años con una tasa cercana al 9,5% anual. Terminó consiguiendo 300 millones y pagó 9,875% de interés.
Córdoba tomó a fines de enero, 800 millones, a una tasa de 8,95%. En tanto, Santa Fe colocó, en diciembre, deuda por 800 millones a una tasa de 8,10%. Hoy, con el riesgo país en 633 las provincias no podrían tomar deuda a menos del 10,5%.
El Intendente Marcelo Orazi recorrió junto al Ministro de Salud de Río Negro Fabian Zgaib el vacunatorio que funciona en la Universidad Nacional de Río Negro. En el encuentro dialogaron sobre la campaña de vacunación contra el COVID-19 que se lleva adelante en Río Negro y especialmente en la ciudad y resaltaron la necesidad de…
El crédito se convirtió la grieta del modelo financiero. Lo que hasta hace poco fue la promesa de una economía que volvía a prestarse a sí misma para reactivar la economía, hoy es lo diametralmente opuesto: una cadena de pagos estirada al límite. La morosidad ya no es un dato técnico. Es una señal de estrés generalizado. Y el sistema, de punta a punta, acusa el golpe.
El cuadro es delicado. En algunos segmentos, directamente crítico. Las alertas ya no circulan solo en Buenos Aires: también aparecen en informes internacionales, en bancos de inversión y en calificadoras. Hay consenso en algo incómodo: lo peor todavía no llegó. La dinámica de ingresos de las familias y la presión sobre las empresas anticipan que la mora seguirá escalando en los próximos meses.
Desde la calificadora de riesgo Moody’s, faro de referencia para las inversiones extranjeras, fueron tajantes: los niveles de incumplimiento seguirán en aumento en el corto plazo. En un informe que circuló entre sus clientes observa que el deterioro ya es visible: suben los préstamos en problemas y también los cargos por incobrabilidad, lo que erosiona la rentabilidad de los bancos en un escenario cada vez más competitivo.
«El deterioro de la cartera continuará presionando la rentabilidad del sistema financiero, principalmente a través de mayores cargos por incobrabilidad», advierte esta consultora.
Para Moody’s, el cambio de modelo económico del gobierno libertario, explica parte del problema. Desde 2024, el negocio dejó de apoyarse en los rendimientos de los títulos públicos y se volcó al crédito al sector privado. Ese «crowding in» mejoró el volumen de préstamos, pero también expuso a los bancos a un riesgo más directo. Menos renta financiera, más riesgo crediticio. Un equilibrio más frágil.
La advertencia más filosa apunta a una idea que circula en el equipo económico. La posibilidad de usar depósitos en dólares para prestar a sectores que no generan divisas encendió luces rojas. Para la calificadora, esa flexibilización aumentaría el riesgo de descalce de monedas y dejaría al sistema más vulnerable frente a un salto cambiario.
«Fue exactamente lo sucedido en el 2001 que generó la pesificación asimétrica y las normas macroprudenciales para evitar riesgos sistémicos que pone al sistema financiero al borde del colapso», comentó el economista Christian Buteler.
Los datos duros terminan de cerrar el cuadro. Según un relevamiento difundido por el economista Hernán Letcher, hay cinco bancos que concentran más de 6 billones de pesos en créditos en situación irregular. El Banco Galicia lidera con 2,15 billones de pesos, equivalentes al 21,38% de su cartera. Le sigue el Banco Santander Argentina con 1,12 billones, el 4,44% el Banco Nación con 1,03 billones, un 6,46%, el BBVA Argentina con 884 mil millones, equivalentes al 15,14% y el Banco Provincia con 828 mil millones, un 12,61%.
Pero donde el cuadro se vuelve más áspero es fuera del sistema bancario tradicional. En el universo de las billeteras virtuales y las financieras ligadas al consumo, lo que en la jerga se conoce como captive finance, la mora alcanzó niveles que hasta hace poco parecían imposibles. Es el crédito más caro, más flexible y, ahora, el más golpeado.
Los números del Banco Central a diciembre de 2025 son elocuentes. Cartasur encabeza con una mora del 52,4%. Le siguen Cetrogar con 48,4% y Valle Fértil con 45%. Más atrás aparecen Megatone con 43,8% y Frávega con 39,6%. Ualá se ubica en ese mismo pelotón con 38,4%. Luego vienen Credicuotas con 34,8%, Naldo con 24,9% y Cencosud con 20,5%. Naranja marca 16,3% y MercadoLibre queda más abajo, en torno al 13,6%.
La foto es potente. Durante años, esos negocios vendieron electrodomésticos, ropa o servicios. Hoy, en muchos casos, también venden financiamiento. Y el financiamiento, cuando se corta la cadena de ingresos, se transforma en un problema sistémico.
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