A partir del 7 de diciembre, la Dirección de Obras Públicas, a través de su Director, Gabriel Benatti, puso en marcha un plan de recambio de luminarias en distintos sectores de la ciudad. Siguiendo los lineamientos del Intendente Orazi, esta semana fue el turno de la Calle Cipolletti y el Km de Nardini. Es así que con esta renovación de equipos se mejora el servicio en estos sectores lo que conlleva una mayor seguridad.
Vale recordar que, en el seguimiento de este programa, en sólo un mes se cambiaron 700 lámparas, tanto de sodio como tecnología led. Y esto se seguirá haciendo en todos los barrios de Villa Regina.
Mientras el discurso oficial insiste en denunciar supuestos «privilegios de la casta», la administración de Javier Milei confirmó que Manuel Adorni seguirá contando con custodia oficial y recursos del Estado pese a haber dejado su cargo, una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el doble discurso libertario y el uso de fondos públicos para proteger a un exfuncionario investigado por la Justicia.
Por Roque Pérez para NLI
La confirmación llegó por boca del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en su conferencia de prensa admitió que Adorni continuará con custodia oficial por «motivos de seguridad», aun cuando ya no forma parte del Gobierno nacional. La explicación oficial no hizo más que profundizar las críticas, ya que implica que efectivos policiales, móviles, combustible, viáticos y recursos estatales continúen afectados a la protección de un particular que ya no ejerce funciones públicas.
De combatir la «casta» a conservar sus privilegios
Durante la campaña electoral y a lo largo de su gestión, el oficialismo construyó buena parte de su discurso sobre la necesidad de terminar con los privilegios de la dirigencia política. Sin embargo, el caso de Adorni aparece como una excepción difícil de justificar, especialmente porque la custodia se mantiene cuando el propio Gobierno impulsa fuertes recortes sobre jubilaciones, universidades, hospitales públicos y programas sociales.
La continuidad del operativo de seguridad fue defendida bajo el argumento de la existencia de amenazas vinculadas con la causa judicial que involucra al exfuncionario. Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que esa protección excepcional siga siendo financiada por todos los contribuyentes sin que exista información pública sobre la evaluación de riesgo, su duración o el costo que representa para el Estado.
Una decisión que también genera preguntas judiciales
El mantenimiento de la custodia no es el único punto que genera controversia. Diversas presentaciones judiciales también cuestionan la continuidad del uso de vehículos oficiales y otros recursos públicos una vez finalizadas las funciones de Adorni, al entender que podría no existir un respaldo administrativo suficiente para sostener esos beneficios.
En paralelo, el exvocero continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, expediente en el que la Justicia analiza movimientos patrimoniales, declaraciones juradas y otras actuaciones vinculadas con su paso por el Gobierno. Mientras tanto, desde la Casa Rosada dejaron en claro que no impulsarán ninguna investigación administrativa interna, limitándose a señalar que será la Justicia la que determine eventuales responsabilidades.
Los recursos del Estado vuelven al centro del debate
Más allá de la discusión jurídica, la decisión reabre un debate político de fondo: ¿hasta dónde puede extenderse el uso de recursos públicos para proteger a un exfuncionario? En un contexto donde el Gobierno justifica cada ajuste en nombre del equilibrio fiscal, la continuidad de custodias, vehículos y personal estatal para quienes ya no ocupan cargos públicos resulta, cuanto menos, contradictoria con el relato oficial de austeridad.
La paradoja es difícil de ignorar. Mientras miles de argentinos enfrentan recortes en prestaciones, medicamentos, obra pública y programas sociales bajo el argumento de que «no hay plata», el Estado sigue destinando efectivos policiales y recursos presupuestarios para custodiar a quien hasta hace pocos días era uno de los principales voceros del ajuste.
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En la previa a una audiencia entre las partes en el Ministerio de Trabajo y en vísperas del fallo judicial sobre el conflicto, en Fate recrudecieron las tensiones a partir de lo que el gremio del neumático Sutna denunció como «provocaciones» por parte de la empresa.
«La patronal no quiere llegar a que esto se resuelva de la manera correcta. Quieren colocar a los trabajadores en situaciones violentas intencionalmente, cuando estamos pacíficamente reclamando algo claro para nuestros compañeros: que se termine este lockout», acusaron en el sindicato.
En concreto, el Sutna advirtió que este viernes por la mañana se generaron movimientos extraños en el predio de la empresa en San Fernando, donde existe una permanencia de trabajadores desde que se anunció el cierre, en febrero pasado.
«Metieron camiones, supuestamente para retirar mercadería y situaciones que no podemos saber pero que montaron una provocación. Hemos hablado con el gremio de Camioneros y los camiones se han retirado. Luego, tuvimos un episodio más vergonzoso, mediante la utilización de un escribano arriba de una camioneta con un nuevo equipo de seguridad», señalaron.
En Sutna denuncian «un lock-out patronal en contra de las familias de los trabajadores» y reclaman una resolución pacífica del conflicto que, advierten, ven amenazada con actitudes como las de este viernes.
Esto se da en vísperas del fallo que surja de la Sala de Apelaciones. En Sutna tienen expectativas que la sentencia sea favorable para los trabajadores a partir del criterio que utilizó en la cautelar, dejando sin utilidad los despidos.
En tanto, este martes está prevista una audiencia administrativa en la cartera laboral bonaerense. «Lo que está provocando la patronal es tratar de generar un hecho en planta provocado intencionalmente por el hostigamiento de la empresa», avisaron en Sutna.
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