A partir del 7 de diciembre, la Dirección de Obras Públicas, a través de su Director, Gabriel Benatti, puso en marcha un plan de recambio de luminarias en distintos sectores de la ciudad. Siguiendo los lineamientos del Intendente Orazi, esta semana fue el turno de la Calle Cipolletti y el Km de Nardini. Es así que con esta renovación de equipos se mejora el servicio en estos sectores lo que conlleva una mayor seguridad.
Vale recordar que, en el seguimiento de este programa, en sólo un mes se cambiaron 700 lámparas, tanto de sodio como tecnología led. Y esto se seguirá haciendo en todos los barrios de Villa Regina.
Nuestros bomberos llevan casi 58 años de colaboración ininterrumpida y desconsiderada para con la comunidad reginense. Hoy 2 de junio conmemoran su día a nivel nacional. Hoy los festejamos a ellos. A los bomberos. A él. Al bombero vecinx, amigx, estudiante, padre/madre, hijx, trabajadxr. Al que corre, pedalea, acelera. Para llegar a tiempo. Para quizás…
Pasaron años para que el pedido de quienes utilizan el skatepark se oiga.Chicos y chicas (riders) de la ciudad como también quienes nos visitan de ciudades vecinas llevan años practicando en el skatepark de la ciudad ubicado en la Av 9 de Julio. Desde la Dirección de Cultura, se pidió la colaboración y el asesoramiento para…
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos hacer un uso correcto de los Puntos Limpios distribuidos en distintos sectores de la ciudad. Al respecto, se recuerda que en estos contenedores se depositan, por separado: papel y cartón; plásticos; metal y vidrio. Cada uno de ellos…
Las dos principales entidades empresarias que representan a la industria y al comercio santafesino salieron a cuestionar abiertamente el rumbo económico nacional y advirtieron que el actual modelo «va a dejar un montón de gente afuera».
En una conferencia conjunta, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), Javier Martín, y el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, describieron un escenario de recesión profunda, caída del consumo y presión importadora que, según sostienen, ya se traduce en cierres de empresas y pérdida de empleo.
«Tenemos 2.200 empresas menos en Santa Fe y 15.000 puestos de trabajo perdidos en estos dos años», afirmó Martín. El industrial detalló que «más del 70% de las ramas industriales están con niveles que van entre el 45 al 53-54% de capacidad instalada. Eso significa que prácticamente la mitad de las máquinas están sin producir».
El titular de FISFE apuntó directo contra la decisión oficial de no impulsar una política industrial: «Explícitamente el gobierno ha dicho que no va a tener política industrial y realmente nos preocupa porque vamos a contramano del mundo», y agregó que «una apertura a esta velocidad y de esta manera tan irrestricta lo único que va a generar es más plantas cerradas y más desempleo».
Explícitamente el gobierno ha dicho que no va a tener política industrial y realmente nos preocupa porque vamos a contramano del mundo
Martín también cuestionó el discurso agresivo de Milei en la inauguración del período ordinario: «Se perdió la oportunidad de tener un discurso más institucional, más civilizado, con menos insultos y más propuestas», lanzó.
A su vez, el dirigente industrial cuestionó el argumento libertario sobre los supuestos beneficios de la apertura: «el presidente dice que la apertura genera ahorro, pero el consumidor se va a quedar sin empleo porque las fábricas van a cerrar y ahí dejará de ser consumidor. Es un falso dilema», dijo.
El presidente dice que la apertura genera ahorro, pero el consumidor se va a quedar sin empleo porque las fábricas van a cerrar y ahí dejará de ser consumidor. Es un falso dilema
De hecho, industriales que se entusiasmaron con el ciclo aperturista y se stockearon con mercadería china ahora tienen grandes dificultades para venderla debido a la recesión que golpea el bolsillo de las familias, contó con preocupación una fuente que maneja información sensible de la producción de electrodomésticos.
En el comercio, el cuadro no es mejor. «En lo nacional, las estadísticas nos dan negativo hace mucho tiempo. Enero fue un -4,5%. Incluso con movimiento turístico, el gasto es menor», explicó Ricardo Diab presidente de CAME y de la Asociación Empresaria de Rosario. El dirigente graficó el deterioro social: «Hay gente que va al supermercado a comprar alimentos en cuotas».
Hay gente que va al supermercado a comprar alimentos en cuotas
El dirigente mercantil subrayó la dependencia entre industria y comercio. «Necesitamos que haya fábricas funcionando para que los obreros tengan un salario y vengan a nuestro negocio a consumir. Si la industria cierra por una apertura sin condiciones de igualdad, nosotros nos quedamos sin clientes», explicó con sentido común.
En ese punto también coincidió con Martín que advirtió que sectores como el metalmecánico, la fundición, el calzado y los textiles «están soportando una oleada importadora muy fuerte». Y alertó sobre el efecto multiplicador de los cierres: «por cada trabajador industrial hay tres indirectos».
«Argentina no puede producir todo, pero tampoco puede importar todo. Si no tenemos actividades de valor agregado, vamos a tener sueldos paupérrimos», afirmó el presidente de FISFE. Y cerró con una definición política: «Este es un modelo de desarrollo que va a dejar un montón de gente afuera».
La exposición pública de los representantes de la industria y el comercio no es un dato menor ya que son históricamente moderados en sus planteos públicos que ahora coinciden en un cuestionamiento al rumbo económico y encienden las luces rojas sobre la desindustrialización en Santa Fe si no hay un giro en la política económica.
Una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial habilita controles federales en rutas y accesos para revisar vehículos que transporten hinchas rumbo a partidos de fútbol. La medida, firmada por Alejandra Monteoliva, la actual ministra de Seguridad —sucesora de Patricia Bullrich— amplía el poder de las fuerzas federales fuera de los estadios y permite retener objetos que ni siquiera constituyen delito. El gobierno la presenta como una política preventiva contra la violencia en el fútbol; especialistas advierten que abre zonas grises sobre derechos y discrecionalidad policial.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El nuevo control a hinchas empieza en la ruta
La Resolución 233/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada hoy en el Boletín Oficial, crea el Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos, un esquema que habilita a fuerzas federales a realizar controles preventivos a hinchas de fútbol durante los traslados hacia los estadios.
Hasta ahora la mayoría de los operativos de seguridad se concentraban en las inmediaciones de los estadios o en los accesos urbanos. La nueva norma extiende el operativo a rutas nacionales, autopistas y corredores interurbanos, donde se podrán detener colectivos, autos o motos cuando exista la presunción de que transportan hinchas.
La resolución establece que el objetivo es anticipar situaciones de violencia antes de que lleguen al estadio, en coordinación con fuerzas provinciales y autoridades deportivas.
Retenes, requisas y secuestro de objetos
El programa autoriza a las fuerzas federales a:
detener vehículos que transporten parcialidades
inspeccionar personas y equipaje
impedir el ingreso de objetos considerados potencialmente peligrosos
Uno de los aspectos más discutidos es que los objetos retenidos no necesariamente deben ser ilegales. La resolución permite secuestrar elementos que, según el criterio del agente, podrían utilizarse en hechos de violencia dentro del evento deportivo. Esto incluye herramientas, mástiles u otros objetos contundentes que normalmente no constituyen delito.
En caso de detectar armas, drogas o personas en estado de intoxicación, el procedimiento debe pasar a la justicia.
Controles migratorios y presencia de extranjeros
La resolución también contempla situaciones vinculadas a hinchas extranjeros. Si durante los operativos se detecta a personas de otra nacionalidad con situación migratoria irregular, las fuerzas federales deberán dar intervención a la Dirección Nacional de Migraciones para que evalúe las medidas correspondientes.
El punto genera debate porque introduce controles migratorios dentro de operativos de seguridad deportiva, algo que hasta ahora no era habitual en los dispositivos ligados al fútbol y que profundiza una creciente persecución xenofóbica. En la práctica, abre la puerta a que controles a hinchas incluyan también verificaciones sobre documentación migratoria.
La continuidad del modelo Bullrich
La resolución no surge en el vacío: forma parte de una continuidad del modelo de seguridad impulsado por Patricia Bullrich, que durante su gestión había instalado una lógica de fuerte intervención preventiva.
Entre esas políticas se destacaron:
Tribuna Segura, sistema de control de antecedentes para ingresar a estadios
ampliación del derecho de admisión
protocolos que reforzaban el poder operativo de las fuerzas federales
La nueva resolución profundiza ese enfoque, pero con una diferencia clave: lleva el control policial fuera del estadio y lo traslada a la circulación en rutas y transportes.
La zona gris de los derechos
Juristas consultados señalan que el problema principal no es el objetivo de la norma —prevenir violencia— sino la amplitud del criterio policial que habilita.
La resolución permite controles cuando exista “presunción de condición de parcialidad”, una fórmula muy abierta que podría incluir situaciones como:
llevar camiseta de un club
viajar en grupo
estar en un colectivo identificado con hinchas
Ese criterio podría tensionar principios constitucionales como:
la libertad de circulación
la presunción de inocencia
la prohibición de discriminación
También genera debate el punto que permite retener objetos legales por mera sospecha de uso indebido.
Seguridad preventiva o expansión del poder policial
Desde el gobierno sostienen que la medida apunta a reducir la violencia en el fútbol y desarticular movimientos de barras antes de los partidos. Pero críticos de la resolución advierten que se trata de una expansión significativa del poder policial preventivo, que otorga a las fuerzas federales facultades amplias para controlar ciudadanos que no han cometido ningún delito.
El verdadero impacto de la medida, coinciden especialistas, dependerá menos de la letra de la resolución que de cómo se aplique en la práctica. Si se utiliza para desarticular barras violentas, podría ser una herramienta útil. Si se aplica de forma indiscriminada, advierten, puede convertirse en un mecanismo de control masivo.
Seis policías de un grupo táctico de la provincia de Santa Fe fueron condenados a penas de prisión efectiva por una secuencia demencial de delitos que los delatan en tres facetas: mejicanear partidas de cocaína a distribuidores para después venderlas, realizar allanamientos ilegales que hacían pasar como actos regulares para descubrir la droga, y también torturar con picana eléctrica a un par de dealers para que estos cantaran quiénes eran sus proveedores.
La secuencia se asemeja a una película hardcore donde efectivos de la policía rosarina se burlan de los fiscales, asaltan una casa donde saben que hay droga y se la llevan después de someter a una pesadilla a los que estaban en la vivienda. Lo que pasó en esa casa fue contado hasta por un nene de ocho años que estaba durante el allanamiento ilegal, que declaró en cámara Gesell desde una ciudad del norte del país donde se encontraba, porque después de sufrir esta brutalidad las personas involucradas como víctimas fueron sacadas de Rosario.
Los condenados pertenecen a un escuadrón especializado de la policía de Santa Fe, el Grupo Alfa de la Policía de Acción Táctica de la Regional Rosario. Abrumados por las pruebas estos aceptaron su responsabilidad en distintos hechos en juicios abreviados donde reconocieron ser culpables de torturas, allanamiento ilegal, falsificación de actas y venta de drogas. Queda con destino a juicio oral y público pendiente el jefe de todos ellos. Los fiscales federales actuantes consideraron que por la gravedad institucional del caso el máximo responsable del grupo, que es un oficial con solo ocho años de antigüedad en la fuerza, debe comparecer en una audiencia abierta.
Algunos detalles de lo ya probado entran en el terreno del delirio. El máximo jefe habla y se ríe de cómo el grupo acechó con el paso de electricidad a dos pequeños distribuidores para que delataran a los que les suministraban la droga. Disfrutan contando cómo les arrancaron la información con un sadismo naturalizado. Comentan entre risas lo que le hicieron a una persona a la que llevaron a un baldío. «Jajaja. Cómo lloraba el de la vía» dice uno de los policías. «No tiene desperdicio», le responde su colega. Finalmente el primero dice que necesita «dar otra sesión de masajes eléctricos».
Los hechos que motivan las condenas son tres. El primero ocurrió el 13 de agosto de 2024 cuando seis suboficiales del grupo ALFA fueron en dos móviles -los 10.065 y 10.533-a una casa de calle Forest 5624. Llegaron sin orden judicial ni motivo que lo justifique. Allí redujeron a Diego Andrés Inturias y José Luis Linares y los retuvieron a éstos junto con Perla Requejo y dos nenes de 8 años y un año. Fue durante 50 minutos sin dar aviso a ninguna autoridad judicial para apropiarse, según Inturias de más de una decena de panes de cocaína que había en el lugar, que eran entre 12 y 15 kilos de sustancia. También se llevaron armas de fuego y cuchillos de colección, cincuenta mil dólares e indumentaria que los ocupantes de la vivienda tenían para la venta.
El segundo hecho es que los mismos que participaron de ese allanamiento trucho y violento se ocuparon de vender al menos cuatro de esos ladrillos de cocaína días después en la ciudad de Santa Fe según consta en sus propios teléfonos. Por este hecho tres familiares del jefe del grupo policial -su esposa y dos cuñados- también fueron condenados.
El tercer incidente, el más negro de una secuencia impactante, fue el de los tormentos con picana y golpes contra Daniel Yufra y Jonatan Leiva. A quienes los policías le pasaron electricidad en el cuerpo para obtener datos del proveedor del ladrillo de cocaína que tenían. Yufra y Leiva fueron detenidos en la vía pública el 13 de agosto de 2024, en la calle Jean Jaures 5526 de Rosario. Tras conseguir de esa manera los datos que buscaban una hora después irrumpieron sin conocimiento judicial en la casa donde encontrarían la mayor partida de cocaína, y hacia donde según el seguimiento por GPS los móviles se trasladaron sin detenerse después de apretar a los dealers.
El único que después de estas condenas queda con un juicio oral pendiente es el aludido jefe del grupo, el oficial Guillermo Toledo. Que en una pormenorizada crónica de gangsters le cuenta a su colega Juan Angel Balais cómo obtuvieron la información para encontrar los 15 ladrillos de cocaína.
Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos.
«Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos. Con todo lo que le hicimos, no dijo ni una palabra. Le rompimos la cabeza a pistolazos, lo cagamos a palos con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. No sabés todo lo que le hicimos. Lo dejamos tirado en el medio de la nada, medio en pelotas. No dijo una palabra. Alto soldado era», dice Toledo.
Este audio está en un intercambio del 17 de septiembre de 2024. Unos meses antes, en abril del año pasado, Toledo le explica a un subalterno cómo obtener información en forma ilícita. «Los fierros que metimos la guardia pasada en el oeste, paramos a uno que tenía droga, a ver el teléfono… y es esa foto con los fierros. Y así es, ya le vas a encontrar la vuelta. Depende la dotación que te toque. Tenés que ir viendo cómo laburan los que están con vos», explica Toledo. Al imputar el caso el año pasado la fiscal María Virginia Sosa dijo de Toledo y la metodología de los operativos contada por él mismo: «Un verdadero pedagogo de la ilegalidad».
La reconstrucción de estos hechos surge a partir de que un equipo fiscal conducido por Javier Arzubi Calvo encontrara a los dos dealers torturados por los hombres de la PAT, a partir de testigos que dijeron que el día de los hechos vieron llorando a dos hombres adentro de una camioneta. Allí se estableció que habían sido torturados con picana eléctrica, hasta escupir lo que pedían, con el fin de llegar hasta el proveedor. Torturaban para obtener datos para llegar «al pescado gordo»
Que tenían una picana eléctrica quedó probado por las propias conversaciones de los policías. En un momento en que producían operativos efectivos del mismo grupo mencionaron la dirección de un lugar donde «volvieron a activar». Un integrante pregunta dónde es la acción y otro le responde: «Donde Balais hizo el secuestro de la picana». Ese lugar era un bunker y de allí lo robaron. ¿Dónde se encontró la picana? «En la mochila de suboficial Balais cuando fue allanado», dijeron los fiscales en la audiencia judicial del año pasado.
Un dato relevante es la juventud de los efectivos condenados. Son viejas prácticas de la policía, remarcaron los fiscales, encarnadas por uniformados nuevos. El que más trayectoria tenía en la fuerza santafesina al momento de los hechos llevaba ocho años de servicio. Ninguno era al momento de los hechos mayor de 36 años.
Ellos nos agarraron en la vía pública, en Jean Jaures, esa calle era una cortadita. Eran un montón… eran como cuatro patrulleros, tres seguro. Ahí nomás nos empezaron a picanear.
El testimonio en la causa de uno de los dealers torturados por la policía está volcado en las actas de acusación. «Ellos nos agarraron en la vía pública, en Jean Jaures, esa calle era una cortadita. Eran un montón… eran como cuatro patrulleros, tres seguro. Ahí nomás nos empezaron a picanear. A sacar la remera ¿viste? y a mostrarle acá la parte de la cola, a picanearnos. El primero fue un toquecito y ya de afuera, continuo nos dejaban y nosotros decíamos ¿por qué nos están haciendo eso? Si nosotros no estamos ni resistiendo a la autoridad ni faltando el respeto. Nos hacían agachar la cabeza, nosotros agachamos la cabeza y se reían. Se reían y a mi compañero después lo agarraron aparte. Y le dijeron a dónde había sacado. Nos pedían que les dijéramos dónde estaba el pescado gordo».
Los relatos de los que tenían la droga son impactantes y transparentes. La admisión de que tenían droga en su casa no les merecerá condena a raíz de la completa ilegalidad de los operativos policiales que son nulos para un trámite judicial. Quizá por eso hablaron con tanta elocuencia.
Uno de los tenedores de la cocaína, Diego Inturias, reveló lo que pasó cuando la brigada le tiró la puerta abajo en su casa de la calle Forest. «A los diez minutos que entraron pedí hablar con el jefe. Y ahí me sientan en la mesa con un policía gordito y me dice que él es el jefe». «Tenes huevo negrito eh, para hablar conmigo»…
Lo que sigue contado por el distribuidor es una película de mercenarios. «Ahí me sacaron del piso, me sentaron en la mesa de la cocina, el gordito se sentó en frente mío, cara descubierta, mía y de él, ahí yo le dije que ya perdí, dejá de lado mi familia, te entrego todo. Me dijo «¿pero qué tenes?» Hay de todo le dije, hay droga, dólares y pesos. Ahí ya habían encontrado las armas que estaban en el placard empotrado. Me dijo «tenes un montón de armas, ya estás re complicado con esto, me llevo una parte de las armas, lo otro lo dejo en la mesa, te dejo medio kilo de droga en la mesa así te dan poco tiempo, como mucho un año preso y vos le sacas toda culpa y todo cargo a tu familia». Le pregunté si estaba seguro si podía salir así, y me dijo que estaba seguro y que él sabía que como mucho en un año me daban la libertad. Me dijo «confía en mí que yo sé de esto». Ahí el gordito me dijo por qué habían llegado, «me dijo un amigo tuyo al que lo agarramos con un kilo te vendió. Tenía una camioneta gris. Lo agarramos con un kilo, cantó como un pajarito tu amigo»».
El equipo de investigación fue liderado por los fiscales federales Javier Arzubi Calvo y María Virginia Sosa. En el juicio abreviado aceptaron condena el policía Jesús Angel Balais a 7 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta por vejaciones y apremios ilegales, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, sustracción de elementos, falsificación de instrumento público y comercio de estupefacientes agravado.
También Fernando Nicolás Ferreira a seis años y medio por violación de domicilio y comercio de estupefacientes. Iván Severino Schneider a 4 años y seis meses por iguales delitos. Gerardo Sebastián Pérez a igual pena por mismos delitos. Sergio Nicolás Robledo a tres años y seis meses por la violación de domicilio y comercio de estupefacientes y Miguel Alberto Aguilar a dos años de prisión por incumplimiento de deberes de funcionario público. Todas las penas son de cumplimiento efectivo. Asimismo fueron sentenciadas a tres años de prisión tres familiares de Guillermo Toledo que participaron de la comercialización de la droga llevada de Rosario a Santa Fe.
Guillermo Toledo negocia el cierre de su caso con un acuerdo parcial de reconocimiento de culpa aunque habrá con él, jefe del operativo, lo que se llama un juicio de cesura donde la pena se discutirá en una audiencia oral y pública.
Los detalles que dieron los fiscales en las audiencias preliminares fueron increíbles. «La preocupación de Toledo no era que se descubriera su accionar ilegal. Queda muy claro en su teléfono que lo que más temía era que le robaran la droga que él había robado», dijo uno de los acusadores.
Las revelaciones surgidas de lo que contaron los involucrados en esta historia son abrumadores. Resalta lo que terminó de contar Inturias cuando llegaron a su casa a sacarle la droga y lo interrogaron por la plata que tuviera en la casa.
«Fui a buscar los dólares en una vitrina donde había fotos y demás, los dólares estaban entre unos libros de esa vitrina, los había guardado ese mismo día. Los escondí apenas tocaron el timbre los policías. Eran más de cincuenta mil dólares. Fui ahí mismo a buscarlos para entregárselos y no estaban. Ahí el gordito ya me empezó a decir que le mentía, que no había nada ahí. En ese momento se acerca el policía que tenía cara de viejo, lo codea al gordito y le dice que se calle en voz baja, que ya tenía la plata él, que ya la había agarrado. Ahí el gordito me dice a mí que me quede en el molde».
Sobre la cocaína que tenía en la vivienda, dijo Inturias sobre los policías. «Me llevaron a buscar la droga, todos estaban buscando, pero no habían encontrado droga todavía. Habían buscado hasta en las ventanas, fui a la pieza y les mostré dónde estaba la droga debajo de la cama. Estaban todos los policías ahí. Cuando vieron la droga, el gordito dice «Ya estamos chicos, ya estamos. Coronamos».
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