A partir del 7 de diciembre, la Dirección de Obras Públicas, a través de su Director, Gabriel Benatti, puso en marcha un plan de recambio de luminarias en distintos sectores de la ciudad. Siguiendo los lineamientos del Intendente Orazi, esta semana fue el turno de la Calle Cipolletti y el Km de Nardini. Es así que con esta renovación de equipos se mejora el servicio en estos sectores lo que conlleva una mayor seguridad.
Vale recordar que, en el seguimiento de este programa, en sólo un mes se cambiaron 700 lámparas, tanto de sodio como tecnología led. Y esto se seguirá haciendo en todos los barrios de Villa Regina.
Y mirá si no será rally, que allá en los ’60 las carreras de cafeteras en el famoso chiripá eran un espectáculo de jerarquía nacional. “Eran Ford-T hechos, eran catangos hechos, abiertos. Corría el viejo Ledda, Leonardo Nardini, Riffo. A fondo fondo andaban a 140”, recuerda el Flaco Felicevich mientras cepilla con nafta una tapa…
Desde #latapa queremos poner en discusión y revalorizar la importancia de un Concejo Deliberante competente, eficaz, pro-activo y profesional. Es por eso que les consultamos a los candidatos, teniendo en cuenta funcionalidad, cantidad de ediles, proyección, pluralidad, etc: ¿Cómo sería su Concejo Deliberante ideal? Difunde esta nota
La enseñanza? Si las redes están minadas con la misma nota, si muchos medios y plataformas replicaron el mismo contenido, mejor que desconfíes! Algunos puntos a tener en cuenta sobre la información que bajó el Gobierno provincial para publicar en las plataformas de funcionarios y medios oficialistas. Sus plataformas oficiales? Curiosamente (¿?) NO publicaron ese…
Tras la firma de un convenio por el traspaso del fuero nacional laboral a la órbita porteña, una maniobra de Villarruel podría dilatar la transferencia.
La intención del gobierno era que la modificación se resolviera en las bancas, pero el secretario parlamentario del Senado, que responde a Villarruel, decidió que siguiera el camino ordinario de cualquier ley propuesta por el Ejecutivo: tratamiento en comisiones y luego votación en el recinto. Las sesiones ordinarias comienzan en marzo y pueden pasar varias semanas antes de completar el ciclo.
El traspaso del fuero nacional es resistido por los propios jueces que perciben como un menoscabo a su investidura ser considerados jueces provinciales y también por los abogados laboralistas. Lo cierto es que, si la transferencia se efectiviza, pasarán a rendir cuentas ante el consejo de la magistratura porteño.
Hay quienes señalan a Villarruel como la responsable de la maniobra dilatoria, pero Agustín Giustinian también tiene buen vínculo con Patricia Bullrich y sospechan que la senadora, de excelente relación con los jueces laborales, estuvo detrás del ardid.
Por la mañana del martes el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, anunció que había firmado un convenio con Nación para traspasar el fuero laboral. Horas más tarde comenzaron los rumores de que el traspaso podía trabarse en el Senado.
El trámite habitual para los traspasos de competencias de Nación a La Ciudad es la firma de un convenio que luego debe ser ratificado por la Legislatura y por el Senado.
Hay sospechas de que Bullrich fue una de las artífices de la maniobra que demora el traspaso.
Por el momento los jueces nacionales trabaron la transferencia con una cautelar, pero la medida podría caerse. Hasta ahora la última instancia de apelaciones de la justicia Nacional es la Corte.
Si el fuero laboral pasa a la Ciudad, esos expedientes tendrán una instancia anterior, el Tribunal Superior de Justicia. Desde el fallo Levinas, donde el panelista Gabriel Levinas fue juzgado por el robo de obras del artista León Ferrari, el TSJ se convirtió en el tribunal de alzada de la Justicia Nacional.
La Corte tiene especial interés en que el fuero pase a la Ciudad: eso implicaría dejar de lidiar con miles de expedientes que ingresan al máximo tribunal año tras año.
Si el convenio es ratificado por el Senado y la Legislatura, el consejo de la magistratura porteño tendrá una oportunidad única: designará 17 de los 30 camaristas del fuero y al menos 30 de los 80 juzgados que están subrogados. Juan Manuel Olmos y Daniel Angelici serán quienes lideren ese proceso.
El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación. Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.
El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.
Ante la presión de los empresarios, el gobierno busca volver atrás la maniobra de Giustinian y no pierden la esperanza de que el convenio se apruebe mañana. El acuerdo se firmó después de un largo debate del que participaron además de los ministerio de justicia nacional y porteño, ONGs y organismos internacionales como la OISS. Cerca de Milei saben que es difícil que un escenario tan favorable como el actual se repita en el Senado y por eso buscan ratificar el convenio lo antes posible.
La Justicia de Rosario le puso un freno al gobierno santafesino respecto de las condiciones de detención de presos de alto perfil, lo que es uno de los puntales de la política de seguridad adoptadas y pregonadas por Maximiliano Pullaro.
La resolución de la Cámara Penal revocó una medida fundamental de movimientos de reclusos porque indica que su implementación es inconsulta hacia el Poder Judicial, de quien dependen los detenidos, y que supone regímenes de aislamiento contrarios a la Constitución Nacional y a tratados internacionales que regulan la legislación argentina.
La determinación la adoptó el camarista penal Javier Beltramone en una causa por homicidio calificado seguida contra nueve presos implicados en el asesinato de otro recluso en noviembre pasado. Lo que hace el fallo es marcar un límite hacia las restricciones carcelarias que prevé el modificado artículo 220 bis del Código Procesal Penal, que el gobierno de Pullaro adopta como herramienta de la política penitenciaria.
Es un aspecto sensible para el gobierno de Pullaro que endureció las condiciones de detención y aislamiento de los detenidos llamados de alto perfil, que son los considerados de mayor riesgo, por sus implicancias en la violencia que azotó Rosario, y que a criterio de la gestión bajó en gran medida en los dos últimos años por el mayor control de las prisiones.
Pero según diversos actores del sistema penal y también internacionales eso se hizo no sin controversia. A tal punto que el Comité de Tortura de la ONU en su último informe expresa advertencias y preocupación por el manejo de cárceles en Santa Fe. Lo que va de la mano con una tendencia marcada a dejar de lado, según lo que funcionarios de órganos de Justicia dicen a LPO, desde los mismos jueces las medidas que suponen dar beneficios en la ejecución penal, que en muchos casos impiden salidas legales hasta el cumplimiento total de la pena.
El fallo
El caso resuelto por el camarista Beltramone se refiere a una medida resuelta por el juez Fernando Sosa que en noviembre pasado formalizó la prisión preventiva contra nueve presos, acusados por distintos roles en el homicidio hace un año del interno Agustín de la Encina Capeletti, de 26 años, en la cárcel de Piñero, situada a 15 kilómetros de Rosario.
De la Encina Capeletti había sido apresado como dealer de cocaína de la banda de Yanina Alvarado, hermana del líder criminal Esteban Alvarado. El 13 de enero de 2025 un grupo de reclusos lo mataron a puñaladas y golpes un grupo de reclusos entre los que están Jorge González, Marcelo Andrés Chávez, Franco Darío Aguiar, Nahuel Yamir Clavero, Sebastián Gabriel Grondona, Adrián Candia Roldán, Darío Rodrigo Varela, Kevin Leandro Sosa y Jonatan Adrián Gauto. También fueron involucrados dos agentes penitenciarios por haber facilitado el crimen.
Pullaro en la cárcel de «El Infierno»
Después de la resolución del juez Sosa las defensas apelaron cuestionando en especial el régimen de incomunicación adoptado para los reclusos. Lo que hizo Beltramone al analizar el trámite como camarista no objeta la prisión preventiva dictada por el magistrado inicial pero ordena que los distintos imputados permanezcan alojados en pabellones distintos, sin contacto entre ellos durante 30 días o hasta el momento de que el caso siga judicialmente con la acusación formal.
Y fue terminante en dos puntos. Primero en prohibir que la medida se ejecute en celdas de aislamiento, celdas de castigo o regímenes de confinamiento solitario. Igual de categórico fue al decirle al Poder Ejecutivo que la situación de los presos depende de lo que dispongan los jueces y no discrecionalmente autoridades administrativas que manejan las cárceles.
Desde el Servicio Penitenciario de Santa Fe habían indicado que disponer a los presos en aislamiento se explicaba en un pedido de la fiscalía, y en que resultaba materialmente imposible cumplir con otra variante por la falta de infraestructura adecuada para presos de alto perfil y porque era imposible garantizar de otra manera la investigación penal.
Beltamone replicó que la ejecución de la medida de prisión preventiva había desnaturalizado lo solicitado, que se había sostenido de forma ilegal y gravosa para los derechos de los detenidos. Y marca además que el Servicio Penitenciario no está habilitado para reinterpretar o modificar el contenido de órdenes judiciales.
Por eso obliga al cese inmediato de la vigencia de las medidas de encierro en aislamiento. Y le hace saber al Servicio Penitenciario que las medidas restrictivas de la libertad dependen exclusivamente del Poder Judicial.
Un contexto complejo
Toda esta significativa controversia se monta en una tensión muy compleja que afecta a lo institucional pero también a la seguridad pública. Desde 2013 en adelante, cuando Rosario duplicó sus tasas de violencia altamente lesiva, hubo un papel notorio en los hechos de sangre que provenían de directivas en las cárceles. Fue muy notorio en audiencias judiciales: organizaciones criminales robustas o marginales ordenaban homicidios, extorsiones y balaceras desde las prisiones.
Al asumir en 2023 Pullaro impuso un régimen de fortísimas restricciones en las cárceles que afectaron a la ubicación de presos, los regímenes de visitas, los ingresos de mercaderías. Junto a otras medidas variadas y modificaciones normativas el primer año la violencia más grave declinó de una manera asombrosa con un 65 por ciento de homicidios menos. En 2025 la tasa de homicidios repuntó un 25 por ciento interanual pero los números, igualmente, se equiparan actualmente a las épocas previas al estallido violento.
Pero las violaciones a los derechos humanos en prisiones santafesinas fueron motivo de anclaje internacional. Las observaciones periódicas del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas indican preocupación por «los casos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, que incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o «al seco» con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, así como la falta de información sobre las investigaciones realizadas al respecto».
El gobierno de Pullaro tienen en su política penitenciaria uno de los activos más fuertes en sus apelaciones políticas y lo usa de modo permanente, incluso en la cartelería pública dentro y fuera de las temporadas proselitistas. Hace diez días el gobernador resaltó que en sus cuatro años de gobierno se harán más de las 3.500 celdas que se hicieron en Santa Fe en los últimos cien años. A la nueva cárcel para 1.150 reclusos de alto perfil a alojarse en celdas individuales la misma gestión la denominó «El infierno». En el mismo predio habrá dos prisiones más para totalizar 1.950 detenidos en cada una.
Todo esto vino acompañado de un ajuste de políticas muy fuertes hacia la población carcelaria de la que el fallo de Beltramone resulta expresivo. Ese rigor también se manifiesta en el sistema penal, que de modo muy manifiesto en los últimos dos años se caracteriza, por lo que se advierte en audiencias de ejecución, que no se otorgan salidas de ningún tipo.
La ley nacional 24660 de ejecución de penas tiene como criterio la progresividad que implica que la persona condenadas va cumpliendo fases cuando tiene conducta aceptable y adquiere por ello espacios de mayor autonomía y responsabilidad. Y parte de la pena final, con obligaciones y controles, se cumple en libertad.
«Hoy la inmensa mayoría de las personas presas salen con condena cumplida. Los fiscales piden el régimen más duro. Y los jueces habilitan todo inclusive en presos que no son de alto perfil. Los informes de los organismos carcelarios además suelen tener argumentos que desaconsejan la excepción de prisión efectiva a veces de manera pueril», indica un importante funcionario de la Defensa Pública, lo que también corrobora a LPO un magistrado penal ya jubilado. «Esto de Beltramone es una excepción que expresa un muy fuerte contraste. Hoy los jueces en generla van poco más allá de dictar medidas de detención y exclusiones de hogar. Sobre la ejecución de penas niegan todas las salidas o pasan de largo», sostuvo.
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina destaca y agradece el gesto del ‘Maestro Celeste’ quien en el transcurso de esta semana se acercó al Centro de Desarrollo Infantil de barrio Matadero para explicarles a las ‘seños’ el trabajo que realiza para crear juguetes con tapitas de plástico. “El ‘Maestro Celeste’…
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