Reapertura del Museo Felipe Bonoli

La reforma laboral que empujó el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo frente judicial adverso. Esta vez, desde Córdoba, donde dos fallos cuestionaron aspectos centrales del nuevo esquema y dejaron al descubierto las tensiones entre el objetivo oficial de favorecer a las empresas y la protección constitucional del salario y las indemnizaciones.

La Sala 7 de la Cámara del Trabajo provincial, con voto del juez José Luis Rugani, rechazó de plano la posibilidad de que las empresas paguen indemnizaciones por despido en cuotas. El caso «Ceballos c/ Iris Energía» se convirtió así en un leading case que pone en jaque uno de los pilares de la reforma.

La empresa había intentado acogerse al régimen que permite a las pymes cancelar indemnizaciones en hasta 12 pagos. Pero el tribunal fue tajante: no se trata de una simple modalidad de pago, sino de una alteración del crédito laboral. En un contexto inflacionario como el argentino, el diferimiento implica una licuación del monto y, por lo tanto, una vulneración concreta del derecho de propiedad del trabajador.

El fallo va más allá del caso puntual y entra de lleno en el debate constitucional. La Cámara sostuvo que el esquema de cuotas viola el artículo 14 bis -que garantiza la protección contra el despido arbitrario- y el artículo 17 de la Constitución Nacional, que resguarda el derecho de propiedad. Además, remarcó que las indemnizaciones tienen carácter alimentario, ya que están destinadas a cubrir necesidades básicas como vivienda, salud y alimentación.

«la ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias», y que el fraccionamiento genera una distinción arbitraria», subraya el fallo. 

Pero no fue el único revés. En paralelo, otro fallo de la Justicia laboral cordobesa avanzó sobre un aspecto técnico pero clave de la reforma: el mecanismo de actualización de los créditos laborales.

El juez Ricardo Giletta, desde la Sala Primera de la Cámara del Trabajo, declaró inconstitucional el artículo que establecía una tasa del Banco Central -más baja- para actualizar los créditos en juicios en trámite. La causa «Urbano c/ A. Giacomelli S.A.» sirvió como vehículo para cuestionar el nuevo régimen.

Aunque el despido fue considerado justificado, el magistrado sí reconoció otros créditos salariales y, al momento de definir su actualización, desarmó el esquema de la reforma. Para Giletta, la aplicación de una tasa inferior genera una desigualdad injustificada entre trabajadores: quienes iniciaron juicio antes de la reforma cobran menos que quienes lo hagan después.

El juez entendió que esa diferencia viola el principio de igualdad ante la ley y refuerza una lógica regresiva: castiga a quienes llevan más tiempo litigando. Además, advirtió que el sistema basado en tasas de interés -y no en actualización por inflación- también licúa el crédito, afectando su naturaleza alimentaria.

Recordó que la actualización de los créditos laborales no es un beneficio sino una condición necesaria para preservar su valor real. Por eso, ordenó aplicar el criterio anterior, basado en el CER, ligado a la evolución de los precios.

El doble golpe desde Córdoba deja a la reforma laboral en una situación incómoda. No sólo cuestiona su constitucionalidad en aspectos sensibles, sino que también anticipa una catarata de litigios en todo el país. 

Es extrema la crisis de los tambos frente a un aumento de los costos de producción cada vez más desacoplado del monto que perciben por litro de leche, algo que amenaza con profundizar la escalada de cierres de tambos, que ya superan los mil desde que asumió Javier Milei.

De acuerdo a datos revelados este jueves por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el tambo promedio facturó un 9,1% menos en el primer bimestre del año, debido a una baja en el precio de 18,9% pero con una mejora de producción del 12,1%.

En el sector vienen denunciando la brecha cada vez más grande entre el precio que percibe el productor y lo que percibe el resto de la cadena.

Esa distorción la grafican haciendo la comparación interanual tomando los datos de febrero de 2026. Ahí, el precio de la leche al tambo subió apenas 7,5% ($481 por litro), mientras que el Índice Lácteo Mayorista subió 16,4% y productos al consumidor como el yogur firme escalaron 26%.

Frente a esee cuadro quee golpea directo en los márgenes de rentabilidad, en la cuenca lechera del oeste bonaerense, advirtieron que «cada vez más productores están en rojo».

«La rentabilidad de los tambos no ha parado de caer, en un contexto macro complejo y poco contemplativo con la micro, hasta un momento como éste, en que la necesidad de leche, de a poco vuelve a insinuarse», señalaron en la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de Buenos Aires (Caprolecoba) .

Esa entidad detalló que las empresas más grandes tienen ociosas una parte significativa de sus instalaciones a raíz de un mercado interno débil, mientras se preparan para atender las exportaciones. Las pyme, en tanto, se mueven con cautela.

 La rentabilidad de los tambos no ha parado de caer, en un contexto macro complejo y poco contemplativo con la micro, hasta un momento como éste, en que la necesidad de leche, de a poco vuelve a insinuarse 

En ese contexto, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, advirtió que en los últimos dos años se registró el cierre de más de mil tambos, lo que representa cerca del 10% de los establecimientos existentes.

«El cierre de tambos no es casualidad: es la consecuencia directa de un modelo que desprotege a quienes producen», dijo.

Esta situación también se encuadra en una crisis que repercute a industrias históricas del sector como Verónica o ARSA, firma que hacía los postres Shimmy de Sancor y que quebró, dejando 400 trabajadores en la calle. 

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