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En medio del escándalo por créditos hipotecarios otorgados a dirigentes libertarios, salió a la luz un dato que vuelve a poner en discusión el uso del Banco Nación: Carolina Píparo canceló una deuda cercana a los 50 mil dólares apenas iniciado el gobierno de Milei.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La revelación no es menor ni aislada. Según datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central, la dirigente Carolina Píparo registraba compromisos financieros por alrededor de 60 mil dólares que se redujeron prácticamente a cero en diciembre de 2023, justo cuando asumió Javier Milei.

Aunque cancelar deudas no constituye un delito en sí mismo, el timing del movimiento financiero encendió alertas en un contexto ya atravesado por denuncias sobre supuestos beneficios para funcionarios del oficialismo.

Un dato que se suma al escándalo del Banco Nación

El caso de Píparo no aparece en el vacío. Forma parte de una polémica mayor vinculada a los denominados créditos hipotecarios “VIP” otorgados a dirigentes de La Libertad Avanza, que generaron cuestionamientos sobre posibles privilegios en el acceso al financiamiento estatal.

La información surge de registros públicos procesados por herramientas que permiten visualizar la evolución de las deudas de funcionarios. Allí fue donde comenzaron a detectarse movimientos llamativos en cuentas de dirigentes oficialistas, entre ellos el abrupto saneamiento financiero de Píparo.

Lo que profundiza el conflicto es que, lejos de mantenerse al margen, Píparo fue designada como directora del Banco Nación, es decir, pasó a ocupar un rol clave dentro de la misma institución que hoy está bajo sospecha.

De deudora a garante de “transparencia”

El contraste resulta difícil de ignorar. La dirigente, con formación en trabajo social y trayectoria política, quedó al frente de una entidad financiera de peso sin experiencia técnica específica en el sector bancario, lo que ya había generado críticas previas.

Ahora, el foco se traslada a su situación patrimonial: cancelar una deuda significativa justo en el inicio de una gestión que hoy es investigada por posibles beneficios financieros a funcionarios abre interrogantes inevitables.

Porque el punto no es únicamente si la operación fue legal —que lo es—, sino si existieron condiciones privilegiadas, acceso diferencial al crédito o información anticipada que expliquen la rapidez del saneamiento.

El modelo libertario bajo la lupa

Este episodio vuelve a alimentar una discusión más amplia sobre el funcionamiento del gobierno de Milei: un esquema que prometía terminar con los privilegios de la “casta” pero que acumula cuestionamientos por prácticas que parecen reproducirlos.

La combinación de funcionarios beneficiados, movimientos financieros sospechosos y designaciones en organismos clave configura un escenario que, lejos de disipar dudas, las profundiza.

En definitiva, el caso Píparo no es un hecho aislado sino una pieza más en un rompecabezas que empieza a mostrar patrones. Y en política, cuando los patrones se repiten, dejan de ser casualidad.