En el marco del aniversario de Villa Regina, mañana sábado de 16 a 20 horas se llevará a cabo la reapertura del Museo Felipe Bonoli.
Será un momento especial ya que la casa del fundador de la ciudad reabre luego de los trabajos de restauración y mantenimiento que se llevaron a cabo durante la pandemia.
La museóloga Magali Catriquir manifestó que “se invita a participar a la comunidad, a las familias, a los niños y niñas que van a poder dibujar y pintar. También habrá un inflable para que los chicos puedan disfrutar del predio con la nueva entrada habilitada por calle Florencio Sánchez, que es la original de la casa”.
“Será el momento oportuno para el reencuentro con nuestra historia y nuestros orígenes”, agregó la museóloga.
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La diputada desenmascaró una vez más a las mentiras del oficialismo.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno salió a festejar en redes sociales que Atucha II volvió a operar al 100% de su potencia, intentando presentarlo como un logro propio y como una muestra del supuesto “Plan Nuclear Argentino” que pregona La Libertad Avanza. Sin embargo, la diputada y economista de Unión por la Patria Julia Strada desarmó punto por punto el relato oficial y expuso lo que calificó directamente como humo libertario.
La celebración oficial llegó de la mano de Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina y hombre de extrema confianza de Milei, quien publicó una imagen de un tablero de control que marcaba 100,2% de potencia. Ante las críticas y las burlas, el funcionario salió a explicar que el 100% es un valor nominal y que el reactor puede operar dentro de un margen técnico de tolerancia sin violar ninguna ley de la física.
Un “logro” que no es del gobierno actual
Strada fue tajante: Atucha II no llegó al 100% por decisiones del actual gobierno. Según explicó, se trata de un proceso operativo normal del sector nuclear que estaba previsto desde hace años. La central había estado detenida por un desperfecto técnico grave, cuya reparación se resolvió en 2023, con una inversión significativa y el desarrollo de un sistema robótico específico para intervenir dentro del reactor en una zona inaccesible para personas.
Una vez solucionado el problema, el protocolo indica un arranque con potencia gradual creciente. En ese marco, ya estaba previsto que Atucha II alcanzara el 100% de potencia en 2025, independientemente de quién gobernara. No hubo milagro libertario ni giro de timón: hubo continuidad técnica y trabajo previo.
Chanta y mentiroso. El Plan Nuclear no existe. Entonces el amigo de Milei y director de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, anuncia inversiones que no son de él.
Para la diputada, el llamado “Plan Nuclear Argentino” que promociona Reidel no existe como política real, sino como consigna propagandística. El funcionario anuncia inversiones que no son de su gestión, se apropia de resultados construidos durante años y los usa para legitimar un discurso que, en los hechos, va en sentido contrario.
Porque mientras se sacan fotos con tableros y slogans sobre el “futuro nuclear”, el Gobierno avanzó formalmente en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera Atucha I, Atucha II y Embalse.
Privatizar lo que funciona
Tal como ya había advertido NLI, el objetivo de Milei siempre fue avanzar sobre las empresas estratégicas del Estado, incluso aquellas que funcionan bien y son ejemplo a nivel internacional. Nucleoeléctrica es una de ellas.
El Decreto 695/2025, firmado por Milei y Luis Caputo, habilita la venta del 44% de las acciones de la empresa mediante licitación nacional e internacional. El Estado conservaría el 51% y un 5% quedaría para los trabajadores, bajo el Programa de Propiedad Participada.
El argumento es el mismo de los años noventa: supuesta ineficiencia estatal y necesidad de capital privado. Pero los datos desmienten el relato. En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de generación, con más de 10,4 millones de MWh netos y un factor de carga del 73,3%, un indicador de excelencia a nivel internacional.
Soberanía energética en riesgo
Strada subrayó un punto clave que el Gobierno evita mencionar: Nucleoeléctrica demostró que puede reparar y volver a poner en funcionamiento una central nuclear compleja con recursos propios. Eso es soberanía tecnológica, capacidad estatal y planificación a largo plazo. Exactamente lo que Milei quiere desarmar.
La energía nuclear no es un negocio cualquiera. Involucra seguridad nacional, desarrollo científico, control de información sensible y una política energética que no puede quedar librada a la lógica del mercado ni a intereses privados, muchos de ellos extranjeros.
El libreto noventista, otra vez
La historia no es nueva. En los años ’90, bajo el menemismo, la generación nucleoeléctrica fue declarada sujeta a privatización. La resistencia política y social frenó ese avance. Con los gobiernos kirchneristas, el sector fue reimpulsado, se retomaron obras paralizadas y la energía nuclear volvió a ser una política de Estado.
Hoy, Milei retoma ese libreto noventista, maquillado con discursos “tecnológicos” y posteos en redes. Se celebra lo que no hicieron, se oculta lo que quieren vender y se intenta convencer a la sociedad de que el problema es el Estado, incluso cuando los resultados muestran lo contrario.
Mucho tablero, poco proyecto
El caso Atucha II expone con claridad la contradicción central del gobierno libertario: se cuelga medallas ajenas mientras prepara la entrega de un sector estratégico. Julia Strada lo resumió sin vueltas: no hay plan, hay humo. Y detrás del humo, avanza la privatización.
Atucha II volvió al 100%, sí. Pero no gracias a Milei ni a Reidel. Volvió por décadas de inversión pública, conocimiento acumulado y trabajadores altamente calificados. Justamente esos mismos pilares que hoy el Gobierno pone en riesgo.
Raúl Jalil consiguió la ayuda de Javier Milei para disimular el escándalo de la corrupción de Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a través del decreto que establece el final de la participación de la Nación en el directorio del ente interestadual que fundó Juan Perón en 1946. El gobernador catamarqueño despertó este lunes con el anuncio publicado en Boletín Oficial, en retribución a la colaboración del senador Guillermo Andrada para sancionar el presupuesto 2026 y aprobar el artículo del ajuste en educación, defensa, ciencia y tecnología.
Sin embargo, el decreto tuvo un impacto negativo en la comunidad académica de la universidad tucumana, que desde la ley que creó el YMAD en 1959 debía recibir el 40 por ciento de las regalías para construir la ciudad universitaria en el cerro San Javier, al tiempo que el 60 por ciento restante quedaba para Catamarca. El incumplimiento de ese objetivo terminó con la sentencia a tres años y seis meses de prisión para el exrector Juan Cerisola, quien conducía la UNT en el período que la Justicia federal determinó que se desviaron 243 millones de pesos. Una fortuna en aquellos años.
Además de Cerisola, también fueron condenados la exdirectora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, y su par de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino, pero en los hechos habrían estado involucrados otros dirigentes del radicalismo tucumano.
En efecto, la investigación judicial se centró en el desvío de fondos por las utilidades de la minera entre 2006 y 2009, período del primer mandato de Cerisola al frente de la casa de estudios. El plazo incluye el sospechoso decreto del 2 de enero de 2008, cuando el por entonces rector renunció a seguir recibiendo el total de las regalías que le correspondían a la UNT bajo el delirante pretexto de que la ciudad universitaria estaba terminada. Basta acercarse a los inmensos esqueletos de hormigón abandonados en la cima del cerro tucumano que están exactamente como los dejó Perón, para comprobar la mentira.
Durante ese lapso, fueron directores de YMAD en representación de la UNT el exrector y candidato a gobernador por la UCR Mario Marigliano, fallecido en mayo de 2016, y Rodolfo Martín Campero, cofundador de la Franja Morada y tío del diputado mileísta Mariano Campero.
La UNT hizo un acuerdo con la empresa Minera Bajo la Alumbrera, que está en la provincia de Catamarca. Ese acuerdo tenía como sentido armar un fondo fiduciario y con ese fondo fiduciario la UNT iba a armar una nueva ciudad universitaria. ¿Saben lo que hay de la ciudad universitaria? Nada. Se lo comieron todo, están todos procesados. Están a punto de ir a un juicio oral. Se comieron la ciudad universitaria el rector y toda la plana mayor.
La revelación que inculpó al dirigente de Franja Morada apareció en La Gaceta de Tucumán el 12 de diciembre de 2023, en una nota firmada por el abogado Benito Carlos Garzón, que fue asesor del propio Campero y Héctor Carlos Ostengo, mientras fueron directores de YMAD. En ese artículo, el letrado recordó que Ostengo se enteró por amigos que se había producido un cambio en el paquete accionario de Minera Alumbrera SA en la Bolsa de Nueva York, justo después que la empresa firmara un contrato de Fideicomiso con la UNT y el Banco Santander Río.
Mariano Campero, en Diputados.
Garzón redactó la impugnación de la UTE que habían forjado la minera, la UNT y la YMAD para explotar uno de los yacimientos pero Campero se llevó la nota bajo el compromiso de entablar por sí mismo el diálogo con la firma. «No recuerdo el tiempo que llevó dicha ‘negociación’, a consecuencia de lo cual se llevaría a una sesión especial para tratar la desvinculación de la empresa en cuestión, pero Minera Alumbrera se comprometía a liquidar regalías a partir del año 2006 y no como estaba previsto para 2012 o 2014, según fuese el ‘rendimiento’ de la explotación», escribió el asesor.
De hecho, el 24 de noviembre de 2005 el Consejo Superior de la universidad aprobó el cobro de 1 millón de dólares a la minera pero ese dinero no sería destinado a la construcción de la ciudad universitaria estipulada en la ley del 59′, durante la presidencia de Arturo Frondizi, sino que Mariglione y Campero habrían resuelto que ese monto fuera utilizado para «refacciones» en el Museo de la UNT.
Lo curioso es que ambos directores de la YMAD tramitaron a partir de 2006 pedidos de información sobre el detalle de las obras al sucesor de Mariglione, el condenado Cerisola, quien continuó la misma traza política bajo el apuntalamiento de José Hugo Saab, secretario general de la universidad y exconcejal por la UCR. «El gordo Saab fuma bajo el agua y es el que te hace ganar o perder una elección en la UNT», dijo una fuente al tanto de las internas radicales en Tucumán.
Soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero para que le aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias; no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal.
El escándalo de la corrupción incomodó tanto a los libertarios como al gobernador Osvaldo Jaldo. Cuando el diputado Campero terminó de suturar el salto suyo y sus colegas radicales para blindar el veto de Milei a las universidades en 2024, Patricia Bullrich cargó con todo contra las autoridades de la UNT: «la Universidad Nacional de Tucumán hizo un acuerdo con la empresa Minera Bajo la Alumbrera, que está en la provincia de Catamarca. Ese acuerdo tenía como sentido armar un fondo fiduciario y con ese fondo fiduciario la UNT iba a armar una nueva Ciudad Universitaria. ¿Saben lo que hay de la Ciudad Universitaria? Nada. Se lo comieron todo, están todos procesados. Están a punto de ir a un juicio oral. Se comieron la Ciudad Universitaria el rector y toda la plana mayor», dijo la por entonces ministra de Seguridad.
Jaldo también opinó por aquellos días: «soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero para que le aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias; no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal».
LPO consultó a Saab sobre los términos del acuerdo entre el gobierno de Jalil, Milei y la UNT, que beneficiarían a la universidad porque ahora aceptarían que siga percibiendo el mismo porcentaje para construir «el equivalente a 135 mil metros cuadrados», después de haberse fumado sumas exorbitantes. El funcionario respondió que «se llegó a una arreglo con Catamarca y con la Nación para que la ciudad universitaria no sea la del artículo 18 de la ley del 59′, porque sería imposible cumplirla», y agregó que se acordó «una nueva ciudad universitaria que nada tiene que ver con el juicio con el exrector».
Esa postura es rechazada hasta por uno de los diputados radicales que se incorporó al bloque de La Libertad Avanza y comparte bancada con el peluca Mariano Campero. «Se recontramil malversaron todo y siguen cobrando el 40 por ciento de las regalías», se quejó. La bronca es porque la ley establecía que, una vez que la UNT concluyera las obras de la ciudad universitaria, la casa de estudios tucumana pasaría a percibir solo el 20 por ciento y el 20 por ciento restante se distribuiría para todas las universidades del país.
Se llegó a una arreglo con Catamarca y con la Nación para que la ciudad universitaria no sea la del artículo 18 de la ley del 59′, porque sería imposible cumplirla.
No obstante, el argumento de Cerisola en su alegato ante el tribunal que lo sentenció fue, sorprendentemente, que la ciudad universitaria se hizo. «Me di cuenta que San Miguel de Tucumán es una ciudad universitaria», exclamó sin que la fiscalía, los testigos y el público supieran si experimentaba una epifanía o se burlaba.
La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT), por su parte, emitió un comunicado el día de la sentencia de los tres directivos de la universidad criticando que el fallo judicial «deja intacta la estructura de desvío de fondos, negociados y de contaminación ambiental». Además, cuestionó la absolución del contador Luis Sacca, un hombre clave en la trama. «Sacca fue fundamental en el andamiaje de los sobreprecios con las empresas constructoras», comentó un legislador peronista a LPO.
Ya en 2014, el geólogo Florencio Aceñolaza afirmó en un informe propio que las utilidades mineras sirvieron para «inversiones que se realizaron en bienes inmuebles en el centro de Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires, también se adquirieron vehículos y hubo gastos varios en diversas facultades que nada tenían que ver con la supuesta terminación de obras de la ciudad universitaria». En ese texto, se afirma incluso que Cerisola habría adquirido dos departamentos sobre la calle Paraná, en el centro porteño, cerca del Ministerio de Educación, muy lejos de la ciudad universitaria que imaginó Perón.
El proyecto peronista, que estuvo inscripto en el Primer Plan Quinquenal, contemplaba la construcción de una ciudadela en el cerro San Javier, donde solo queda el esqueleto de una mole de cinco pisos, y un funicular que conectaba la cima con la base. La cantidad de hectáreas que se adquirieron durante el mandato de Perón para aquella obra duplicaba el tamaño de la Isla de Manhattan en Estados Unidos.
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