Realizó 39 estafas inmobiliarias en la cordillera y fue condenado a 4 años y medio de cárcel

Realizó 39 estafas inmobiliarias en la cordillera y fue condenado a 4 años y medio de cárcel

 

Ramiro Fernández fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por haber cometido 39 estafas inmobiliarias en Villa La Angostura. El fallo fue emitido este viernes por un tribunal colegiado que también dispuso su inhabilitación especial para administrar bienes ajenos o realizar operaciones inmobiliarias durante el doble de ese período.

Se detalló que el juicio se desarrolló en el Centro de Convenciones de la localidad cordillerana, con la presencia de numerosas víctimas. El juez Federico Sommer, presidente del tribunal, explicó que “la Justicia tiene que dar sentencias justas, no guiadas por emociones o sensaciones”.

El tribunal —también integrado por Alina Macedo Font y Maximiliano Bagnat— valoró como agravantes la cantidad de víctimas, la vulnerabilidad de los damnificados y el aprovechamiento de su rol profesional. No obstante, se tuvieron en cuenta como atenuantes la falta de antecedentes, el reconocimiento de los hechos y su situación laboral actual. Fernández seguirá en libertad hasta la notificación de la sentencia escrita, con restricciones como no salir del país y presentarse periódicamente ante la Policía.

En marzo pasado, el imputado admitió haber cometido 36 estafas y 3 casos de desbaratamiento de derechos acordados, en el marco de un acuerdo con la fiscalía y las querellas. El juicio de cesura tuvo lugar esta semana, con la declaración de casi treinta víctimas. Muchas de ellas eran vecinos o conocidos del estafador, quienes confiaron en sus promesas y perdieron todos sus ahorros en operaciones inmobiliarias inexistentes.

Durante los alegatos, el fiscal Adrián De Lillo pidió una pena de 7 años y 6 meses, mientras que los querellantes solicitaron hasta 12 años de prisión y multas proporcionales al monto defraudado. La defensa reclamó una pena condicional. El tribunal desestimó tanto los agravantes vinculados con la duración de las maniobras como los supuestos artilugios sofisticados del acusado.

Uno de los puntos más controversiales fue el cálculo del monto total defraudado. De Lillo afirmó que la suma alcanzaba los 961.500 dólares, aunque aclaró que “hubo más víctimas que no pudieron ser incorporadas por falta de pruebas suficientes”. El tribunal, en cambio, reconoció como comprobados unos 627 mil dólares, restando los fondos recuperados.

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