La justicia mendocina confirmó una sentencia que ordena a EcoGreen International LLC, a su titular Marcelo Bocardo y a Jugos Australes S.A. pagar más de USD 16 millones a la empresa Iberte por incumplir un contrato de provisión de mosto concentrado.

La Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mendoza ratificó que las firmas no entregaron el producto acordado pese a haber recibido el pago, configurando un “incumplimiento contractual esencial”. Los tres demandados deberán responder solidariamente.

El fallo también dispuso embargos sobre bienes y cuentas de Jugos Australes y mantiene vigente la prohibición de salida del país para Bocardo, quien además enfrenta una causa penal por desbaratamiento de empresa y tentativa de estafa procesal.

El abogado de Iberte, Carlos Aguinaga, destacó que el fallo “marca un límite a la impunidad comercial” y podría sentar precedente en otras causas del sector, especialmente en el conflicto judicial que involucra a Fecovita, por incumplimientos similares.

En tanto, desde Iberte adelantaron que los fondos recuperados a través de este y otros juicios serán destinados a proyectos de bien público mediante una fundación, en el marco de un compromiso asumido por la empresa para reinvertir los montos derivados de litigios comerciales en iniciativas sociales y comunitarias.

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Se trata del excomisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado por el secuestro, tortura y desaparición seguida de muerte de Andrés Núñez, ocurrida en septiembre de 1990. A 35 años de los hechos, se aguarda el nuevo juicio contra sus encubridores. «Yo seguiré luchando por Andrés y todas las causas», sostuvo su compañera Mirna Gómez. Por Valeria Jasper (La Izquierda Diario).

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A 35 años de la desaparición de Andrés Núñez, la Cámara Penal de la ciudad denegó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado el ex comisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado en 2017 a reclusión perpetua por ser responsable de los delitos de “privación ilegal de la libertad calificada en concurso real con torturas seguidas de muerte”.

A Andrés Núñez lo secuestró, mató e hizo desaparecer una patota de la ex Brigada de Investigaciones (actual DDI) la madrugada del 27 al 28 de septiembre de 1990.

«Estoy muy contenta con lo que decidieron los jueces. Son 35 años de lucha, a pesar de que siguen encubriendo cosas en la causa», manifestó Mirna Gómez, compañera de Núñez, una gran referente en la lucha por los derechos humanos en la región. Y agregó: «Yo seguiré luchando no solo por Andrés, seguiré acompañando todas las luchas, mientras mi salud me lo permita. Agradezco el acompañamiento de todos estos años».

Desde octubre de 2018 la familia de Núñez espera que se ponga fecha al juicio contra otro grupo de policías, acusados de encubrimiento y otros delitos dentro del “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se trata de los exoficiales Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Había otros dos en la lista, los excomisarios Oscar Silva y Pedro Costilla, pero ambos murieron impunes.

La familia siempre denunció el encubrimiento del Estado a los criminales, entre ellos PAblo Martín GErez Duhalde, sobrino de Eduardo Duhalde que lleva tres décadas prófugo. Esperan que alguna vez el Estado se digne a encontrarlo y entregarlo para su juzgamiento. Es quien comandó el operativo en el que se llevaron a Núñez y proveyó el campo de General Belgrano (a unos 100 kilómetros de La Plata) donde se enterraron los restos incinerados de la víctima.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Caso-Andres-Nunez-niegan-la-prision-domiciliaria-a-uno-de-los-policias-condenados

 

 

Ciudad de Bolívar hizo historia: derrotó por penales a Atlético Rafaela en la final del Torneo Federal A y logró el ascenso a la Primera Nacional. En el estadio de San Nicolás, el encuentro terminó 0-0 en los 90 minutos, y el Celeste se impuso 5-4 en la tanda de penales ante la Crema, en una definición vibrante y cargada de tensión.

El partido fue parejo y muy disputado, con pocas situaciones claras y un alto nivel de intensidad. Sobre el cierre, el técnico Diego Funes sorprendió al realizar un cambio de arquero para la tanda de penales, una estrategia cada vez más común en el fútbol moderno. La apuesta le salió perfecta.

En una definición dramática, con ocho ejecuciones por lado, Bolívar aprovechó su oportunidad luego del penal fallado por Facundo Affranchino, exjugador de River, y se quedó con el título del Federal A. Rafaela tuvo dos chances de ascender durante la serie, pero no logró concretarlas.

La falta de eficacia en los momentos clave condenó a la Crema, mientras que el festejo fue total para el conjunto bonaerense, fundado por Marcelo Tinelli, quien felicitó al club en sus redes sociales tras el histórico logro. De esta manera, Ciudad de Bolívar debutará en la segunda categoría del fútbol argentino en la temporada 2025.

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Así se definirá el segundo ascenso a la Primera Nacional 2025

El segundo boleto a la Primera Nacional saldrá de la Reválida, instancia que disputan 24 clubes eliminados en fases anteriores, junto a Argentino de Monte Maíz y Sportivo Belgrano, que se suman en la cuarta etapa. A ellos se les unirá también Atlético Rafaela, que ingresará directamente en la quinta fase.

En caso de empate en una serie, avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general. Todos los cruces se jugarán a doble partido, salvo la segunda final, que definirá el ascenso por penales si persiste la igualdad.

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Vialidad Nacional deberá reparar de manera urgente la Ruta 40 en la provincia de Río Negro, tras un fallo en ese sentido del juez Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva. El magistrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por la provincia de Río Negro y otros organismos. La resolución también obliga a ejecutar la señalización en los lugares donde sí se realizaron trabajos de bacheo.

La causa fue iniciada ante la falta de respuestas oficiales y la creciente peligrosidad del tramo, una situación denunciada reiteradamente por la Provincia, informó el gobierno del gobernador Alberto Weretilneck en un comunicado oficial.

«Se trata de una vía fundamental para la conectividad andina y el desarrollo económico y turístico, cuyo estado de deterioro pone en riesgo la seguridad, la integridad física y la vida de quienes la transitan diariamente», dice el texto difundido.

La sentencia

La sentencia establece que Vialidad Nacional debe ejecutar de inmediato, con cargo al presupuesto 2024, un conjunto de trabajos esenciales para garantizar la seguridad vial.

Entre las obligaciones más urgentes figuran la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; la corrección de los descalces de banquinas; la reposición de la señalización horizontal en los sectores intervenidos; y la colocación de señalización vertical diurna y nocturna en curvas, badenes, zonas con riesgo de derrumbe y demás puntos críticos.

Todas estas intervenciones deben realizarse sin reprogramaciones ni demoras administrativas.

En cuanto a los plazos, el fallo fija un esquema preciso de cumplimiento. Dentro de los primeros 90 días, Vialidad Nacional deberá presentar un relevamiento completo de todos los puntos críticos del tramo, acompañado por un cronograma detallado de ejecución de cada reparación ordenada. En el mismo plazo, tendrá que elevar un informe técnico que confirme o descarte el riesgo de arrastre de material rocoso. Si el riesgo existe, deberá proponer las medidas correctivas y especificar los tiempos de aplicación.

Asimismo, en ese período deberá informar si es necesario instalar puestos de control de carga y, en caso afirmativo, qué medidas implementará y en qué plazos.

En tanto, a los 120 días, la sentencia exige la presentación de un plan integral de mantenimiento para aplicar una vez finalizadas las reparaciones urgentes, con acciones preventivas y de conservación futura que permitan sostener en el tiempo la seguridad del tramo.yed0Xg

La sentencia firme reafirma el rol de la Provincia en la defensa de la vida, la seguridad vial y la integridad física de quienes transitan una de las rutas más importantes para la conectividad andina y el desarrollo turístico y económico del sudoeste rionegrino.

La Justicia reconoció la inacción del organismo nacional durante años y validó el derecho y el deber de Río Negro de accionar ante incumplimientos del Estado Nacional.

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Un buque de guerra lanzamisiles de Estados Unidos, el USS Gravely, arribó este domingo a Trinidad y Tobago para realizar ejercicios militares con el ejército local. La llegada del destructor se produce en medio de un aumento de la presión militar ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar redes de narcotráfico vinculadas al Cartel de los Soles.

El arribo del buque fue visible el domingo frente a la capital trinitense, Puerto España, y permanecerá atracado allí hasta el jueves. La operación había sido anunciada días antes por el gobierno de Trinidad y Tobago, que confirmó la participación de una unidad de marines estadounidenses.

Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció el despliegue como una “provocación militar coordinada con la CIA” y aseguró que busca generar un conflicto en el Caribe. En paralelo, Washington mantiene desde agosto una ofensiva naval y aérea en la región, con más de cuarenta muertos en ataques a presuntas embarcaciones de narcotraficantes.

Caracas denunció una “provocación militar” en el Caribe

El gobierno venezolano, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, calificó como una “provocación militar” la llegada del buque lanzamisiles estadounidense USS Gravely a Trinidad y Tobago.

En un comunicado oficial, Caracas acusó al gobierno trinitense de actuar “en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe” y anunció la captura de “un grupo de mercenarios” presuntamente vinculados con la agencia de inteligencia norteamericana.

Según la declaración, las maniobras militares impulsadas por Washington “no son ejercicios defensivos, sino una operación colonial de agresión que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadounidense”.

El destructor permanecerá atracado en Puerto España hasta el jueves. Venezuela y Trinidad están separadas por apenas 11 kilómetros en su punto más cercano, lo que permite la visibilidad de las costas vecinas desde ambos países.

Escalada militar en la región

Desde agosto, Estados Unidos mantiene desplegados buques de guerra en el Caribe y realiza ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes. Además, el gobierno de Donald Trump anunció el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, decisión que el presidente Nicolás Maduro calificó como un intento de “inventar una nueva guerra”.

Washington sostiene que Maduro encabeza redes de narcotráfico vinculadas al denominado Cartel de los Soles, acusación que el mandatario venezolano rechaza tajantemente. Caracas afirma que estas acciones responden a una estrategia para justificar un cambio de régimen y apoderarse de las reservas petroleras del país.

Tensiones diplomáticas con Trinidad y Tobago

La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, es considerada una aliada política de Trump y ha adoptado un discurso crítico hacia la inmigración venezolana y el aumento de la criminalidad. El gobierno de Maduro acusa a su administración de alinearse con los intereses de Washington.

Muertes y cuestionamientos legales

La campaña militar estadounidense ha dejado hasta ahora 43 muertos en diez bombardeos a embarcaciones sospechosas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, según datos del propio gobierno de Estados Unidos.

Familias trinitenses denunciaron además la muerte de dos ciudadanos de ese país en esos ataques, aunque las autoridades locales no lo confirmaron ni lo desmintieron.

Expertos en derecho internacional advirtieron sobre la posible ilegalidad de estas operaciones, al realizarse contra sospechosos que no fueron interceptados ni sometidos a procesos judiciales.

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El gobernador Rolando Figueroa anunció que Neuquén comenzará a percibir el 100% de las regalías hidroeléctricas y destinará parte de esos recursos al crecimiento de Villa El Chocón, en una decisión histórica que busca saldar una deuda con la localidad que alberga una de las principales represas del Comahue.

El anuncio se realizó este viernes durante el acto por el 50° aniversario institucional de Villa El Chocón, encabezado por Figueroa y el intendente Pablo Di Fonzo. El mandatario provincial destacó que las nuevas concesiones de las represas del Comahue permitirán, por primera vez, cobrar las regalías en especie, es decir, percibir directamente el valor de la energía generada y administrar esos recursos sin intermediación.

CELEBRAMOS LOS 50 AÑOS DE VILLA EL CHOCÓN

Junto a su intendente participamos de un nuevo aniversario de la localidad, con inauguraciones y anuncios de obras muy esperadas por toda la comunidad.

Querido pueblo de El Chocón, les deseo que estos cincuenta años los celebren en paz… pic.twitter.com/6jaNuyzAJC

— Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 7, 2025

“Durante años se llevaron la energía de nuestra tierra y no nos dejaron nada. Ahora vamos a cobrar lo que corresponde y utilizar parte del canon del agua para hacer las obras que necesita Villa El Chocón, porque se lo merece históricamente”, afirmó Figueroa.

El gobernador subrayó que la medida —acordada con su par rionegrino, Alberto Weretilneck— busca corregir desigualdades históricas y transformar los beneficios energéticos de la región en desarrollo concreto para las comunidades locales.

Obras prioritarias con fondos energéticos

Figueroa reiteró que El Chocón será uno de los primeros destinos de estos nuevos ingresos: “vamos a destinar un porcentaje del canon del agua a las obras que necesita El Chocón. Creció al lado del lago, pero los recursos se iban por el agua hacia otros lugares.”

Durante el acto, el gobernador puso en valor la gestión del intendente Di Fonzo y su enfoque en priorizar servicios esenciales como agua, cloacas, infraestructura, salud y educación, antes de profundizar el perfil turístico de la localidad.

En esa línea, destacó la reciente inauguración del Centro de Salud del barrio Llequén, una obra central para mejorar la atención primaria, y anunció la construcción de un Espacio Comunitario y Deportivo en el mismo barrio. La obra demandará más de $5300 millones y tendrá una capacidad para 400 personas, con un plazo de ejecución de 300 días.

El mandatario adelantó además que, una vez concluidas las obras de agua y saneamiento en curso, se avanzará con el plan de pavimentación, un paso clave para el desarrollo turístico: “el futuro de El Chocón es turístico, y el Estado provincial tiene que acompañar ese camino”.

Identidad neuquina y desarrollo propio

Figueroa cerró con un mensaje de unidad y autonomía provincial: “no necesitamos a nadie para crecer. Lo estamos haciendo los neuquinos, con el esfuerzo de nuestra gente. Tenemos que seguir unidos, reconociendo lo que cada pueblo aporta y construyendo juntos el futuro que nos merecemos.”

Por su parte, el intendente Di Fonzo convocó a la comunidad a involucrarse en el proceso de crecimiento y aseguró que “es momento de empezar a construir entre todos El Chocón que soñamos; el desarrollo se logra con trabajo y compromiso de cada vecino.”

Principales obras en marcha y recientes inversiones

Centro de Salud Llequén (finalizado): inversión de $1.400 millones, 560 m², financiado por Upefe.

Repavimentación de calle Mario Sureda: aporte no reintegrable de $502 millones.

Fortalecimiento institucional: $17,7 millones para una prensa enfardadora hidráulica y $5,7 millones para refacción de la oficina municipal de informes turísticos.

Optimización del sistema de agua (en ejecución): recambio de equipos de bombeo, acueducto de 900 m y puesta en marcha del primer módulo de la planta potabilizadora, que elevará la capacidad en 35 m³/h.

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