En la tarde del viernes quedó habilitada en el Galpón de las Artes la muestra colectiva de mujeres de Río Negro denominada ‘El Valle es Mujer’, que podrá ser visitada todos los domingos de octubre de 18 a 20 horas.
La apertura contó con la presencia del Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, la secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la Directora de Cultura Silvia Alvarado.
‘El Valle es mujer’ tiene como eje central reflexionar sobre el rol de la mujer como artista, no sólo en las artes visuales sino también en los actos cotidianos que emancipan el cuerpo y la sensibilidad.
En el hilo conductor de todas las obras que integran la muestra se evidencian las miradas, las cosmovisiones, los relatos, las luchas de cada una y de todas las mujeres, con multiplicidad de recursos, diferentes técnicas y metodologías de creación, nos encontramos con la esencia de nuestro ser, indagamos el misterio, la pasión, la memoria, habitamos los mismos sueños y la misma tierra, nos apropiamos de diversas influencias, sin embargo todas tenemos en común haber elegido vivir y crear en el valle de Río Negro.
Las artistas que son parte de la muestra son: Carola González Rostoll, Noe de Sosa, Alicia Iturbe, Leticia Rubina, Silvia Sánchez, Viviana Portnoy, Silvia Delinger, Sandy Inostroza, Natalia Nedbala y Pelusa Miño. De la apertura participaron también como artistas invitadas Lena Díaz Pérez y Melina Herrera.
La segunda jornada de festejos en el anfiteatro Cono Randazzo reunió a jóvenes y adolescentes que disfrutaron de la noche que los tuvo como protagonistas con EpiCrew y el cierre con FMK. El cantante y compositor de trap deleitó a sus seguidores con sus temas. Expresó su emoción por volver a los escenarios después de…
La decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas encendió una alarma en el sistema financiero brasileño. Los principales bancos del país comenzaron a analizar posibles escenarios de riesgo y buscaron asesoramiento en México, donde una ofensiva similar terminó golpeando a varias entidades financieras.
La preocupación excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública. En el sector financiero temen que la nueva estrategia de Washington derive en mayores exigencias regulatorias, auditorías más rigurosas y un aumento de los riesgos legales para cualquier institución que opere en dólares o tenga exposición al sistema financiero estadounidense.
Por eso, varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico. El objetivo es evitar errores y prepararse para un escenario que podría volverse mucho más exigente.
El antecedente mexicano es el principal motivo de preocupación. A mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la mira a tres entidades financieras: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusó de haber facilitado o permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Lo llamativo es que las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades mexicanas no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran las acusaciones formuladas por Washington. Sin embargo, el daño sobre las entidades ya estaba hecho.
Varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico, como CIBanco, Intercam y Vector.
Ante el riesgo de una corrida y para evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero, el gobierno mexicano intervino las tres instituciones. La prioridad fue proteger a los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema bancario. Aun así, las consecuencias fueron severas, las 3 instituciones dejaron de operar y transfirieron sus activos a otras entidades.
El episodio se convirtió en una señal de alerta para toda la industria financiera de la región. En México todavía existe preocupación por la posibilidad de que nuevas entidades sean alcanzadas por medidas similares. Incluso circulan versiones sobre una eventual atención especial de las autoridades estadounidenses sobre el Banco del Bienestar, la entidad estatal mexicana.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su equipo económico.
Ese es precisamente el escenario que los bancos brasileños intentan evitar. La designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas modifica la naturaleza de los riesgos que enfrentan las entidades financieras. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas tradicionales de prevención del lavado de dinero.
La nueva categoría amplía las responsabilidades de bancos, fintechs y compañías que operan en el sistema financiero internacional. Los controles sobre clientes, beneficiarios finales, movimientos de fondos y estructuras societarias pasan a ser mucho más estrictos, especialmente cuando existen operaciones en dólares.
La principal amenaza radica en las sanciones de carácter extraterritorial. Una entidad puede enfrentar restricciones para operar con bancos estadounidenses o incluso perder acceso a determinados servicios financieros si las autoridades consideran que existió algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con organizaciones alcanzadas por las sanciones.
Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
Por eso el impacto potencial no se limita al sector bancario. Empresas de logística, transporte, comercio exterior, minería y agronegocios también podrían verse obligadas a reforzar sus mecanismos de control para evitar quedar involucradas en investigaciones o revisiones regulatorias.
Para los inversores, la señal es clara. Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
La experiencia mexicana mostró que una investigación o una acusación pueden tener consecuencias significativas incluso antes de que exista una condena o una prueba definitiva. Por eso en Brasil el sector financiero decidió actuar con anticipación. La preocupación ya no es solamente el crimen organizado: ahora también es el costo de quedar bajo la lupa de Washington.
El ataque a balazos contra efectivos de fuerzas federales afectados a la seguridad en un barrio de alta conflictividad en Rosario aparece como un hecho oscuro. El ataque fue en un pasillo de Villa Banana donde funciona un bunker de drogas. Desde allí abrieron fuego contra dos empleados de la Policía Federal. Uno de ellos murió en el acto. El segundo se encuentra internado en muy grave estado.
El efectivo que murió es el agente Rodolfo Arnaldo Manfredi, tenía 30 años, pertenecía a la Policía Federal y estaba afectado al Plan Bandera, que realiza tareas preventivas y operativas de manera fija en ocho zonas priorizadas por la violencia. El otro policía que recibió disparos es el cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe, de 34 años, oriundo de Santiago del Estero. Según fuentes médicas reportaron a LPO, uno de los balazos le perforó diafragma e intestino grueso, lo que motivó que lo operaran. Este viernes al anochecer evaluaban su traslado al Hospital Churruca en Buenos Aires.
Ocurrió en la zona de un bunker que se atribuye al grupo de Leonardo Dalmacio Saravia, conocido como Leo Rey Saravia, un aliado del Ariel «Viejo» Cantero, antiguo líder de la banda de Los Monos, quien en 2023 fue condenado por portación de armas a cuatro años de prisión. Pero que antes estuvo imputado por asociación ilícita y delitos violentos.
El gobierno nacional dispuso que Martín Ferlauto, número dos del Ministerio de Seguridad, viajara a Rosario. «Hemos perdido a un agente que puso su vida para defender a la patria. Es un héroe. Vamos a despedirlo como tal. Murió cumpliendo con el deber y merece nuestra memoria», dijo el funcionario. Al final de la tarde el caso pasó a manos de fiscales de la Procuración del Narcotráfico (Procunar) de la Justicia Federal.
En primer plano, ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y secretario de Seguridad de la Nación Martín Ferlauto, en Rosario tras el ataque a balazos a policías federales en un bunker de drogas
Hubo inicialmente dos civiles detenidos en la zona del incidente. Uno de ellos quedó preso y será imputado en audiencia este lunes por el fiscal federal Matías Scilabra.
A esta hora lo más controvertido de este incidente aún en investigación inicial es qué hacían los policías en el interior de Villa Banana, en un pasillo situado en cercanías de Gutenberg y Gálvez, en la zona oeste rosarina. Es una zona de gran conflictividad. Según los primeros relatos ofrecidos por testigos, los policías que llegaron al lugar en compañía del chofer de la patrulla, el agente Ricardo Barrios Zabala, se bajaron a las 23 de este jueves en una zona peligrosa sin vestimenta que los identificara de manera clara como personal policial, ni tampoco con el chaleco antibalas reglamentario.
Un alto funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación consultado por este medio dijo que se trata de establecer esa circunstancia que es llamativa. «En principio no se encontraban realizando tareas de inteligencia que es lo que podría explicar que no llevaran el uniforme reglamentario». Si realizaban labores propias del trabajo preventivo deberían haber llevado uniforme y, según distintos testigos iniciales, solo llevaban pantalones y camperas de uso civil.
Luego esto fue relativizado por el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien señaló a LPO que los policías efectivamente no llevaban chalecos, pero que calzaban camperones de uso regular de la Policía Federal.
Los policías estaban afectados a la Dirección de Investigaciones Federales (DFI) de la Policía Federal. Las primeras impresiones producen incertidumbre a los investigadores por el aparente desapego a los protocolos policiales de los efectivos atacados. Estos habrían bajado de un móvil de la fuerza identificable sin ir vestidos de manera clara como policías y, según testimonios que se consideran, caminado hacia un puesto de venta de drogas. Desde allí se habrían empezado a acumular personas, según declararon, y habrían provenido los disparos.
«Eran unas 15 personas en total, estaban en motos, y fue una cortina de balas contra los policías. Hubo intercambio de disparos», indicó a LPO un participante de la preliminar pesquisa judicial. «No se advierte a priori nada irregular en el accionar de los policías pero sí luce extraño que hayan actuado en esa área difícil a esa hora», agregó.
Las referencias oficiales indican que los policías fueron atacados a balazos cuando se disponían a identificar a un grupo de personas que estaban en el lugar. La Policía Federal indica que identificar personas en zonas conflictivas es una práctica regular de esta fuerza. No lo es de otras como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que también participan en el Plan Bandera.
Una versión que recogió LPO y que proviene de la misma repartición a al que pertenecen los policías atacados indica que desde la superioridad los mandaron a intentar una compra de droga como forma de asegurar evidencia del lugar ilícito. No se entiende entonces que hayan llegado en un patrullero -móvil 13205- hasta el borde mismo del corredor donde está el búnker de drogas y donde se produjo la balacera.
Analistas de temas criminales que trabajan en investigaciones penales tienen otra idea. Estos afirman que existe una tolerancia de sectores de fuerzas de seguridad santafesinas que admiten la compraventa de drogas en determinadas zonas calientes a cambio de garantizar el no ejercicio de la violencia. En ese sentido la presencia de policías que pudieron haber ido a pedir o hacer algo por fuera del acuerdo, aún sin objetar que sea algo legal, supuso algún punto de ruptura. O bien porque no era claro que estuvieran uniformados. O porque tenían una fisonomía que llamó la atención. Según les atribuyen a propios camaradas de la Policía Federal que dicen que al menos uno de los policías atacados -tez clara ojos claros- tenían rasgos físicos que habrían sido llamativos.
Gómez Villafañe, el policía herido tenía el vaso, diafragma e intestino grueso perforados. Está intubado, con gran pérdida de sangre y se le practicó una colostomía. «Fue un hecho gravísimo. Se ha perdido la vida de un efectivo de la Policía Federal Argentina que, además, formaba parte de un trabajo conjunto entre Nación y provincia. Acompañamos a su familia y a todas las fuerzas federales en este momento tan doloroso», dijo el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
Si bien la expresión “calentamiento global” es hoy un significante en disputa —con billones de dólares en juego—, hay por lo menos dos alternativas en el horizonte. Si el capitalismo no logra organizarse para frenar la elevación de temperatura del planeta por emisión de gases de efecto invernadero, según las ciencias del clima, el planeta avanza derecho por un sendero: el de la catástrofe climática. Pero si la compleja estructura de gobernanza global y los intereses corporativos logran organizar la cruzada de la transición energética, las voces del establishment energético y financiero auguran que el premio será doble: no solo se podrá salvar al planeta neutralizando el cambio climático, sino que además el capitalismo logrará recuperarse de su agonía post-crisis de 2008 para ingresar en un nuevo ciclo de prosperidad global.
¿Qué cosa es la transición energética para suponer que pueda producir este milagro? Es el proceso de reemplazo de toda la infraestructura energética y de transporte del planeta basada en hidrocarburos por una nueva basada en energías renovables y limpias. Entre las energías limpias está la energía nuclear. Y dentro de la energía nuclear hay una tecnología incipiente que promete ser una clave para la transición energética: los llamados “pequeños reactores modulares” (SMR, por sus siglas en inglés), esto es, reactores nucleares de baja potencia para producir electricidad.
Aún no existe el mercado para esta tecnología, está en conformación. Argentina, que tiene una tradición nuclear robusta, persistiendo en un camino sinuoso de varias décadas, logra estar hoy entre los cuatro o cinco países que lideran con el desarrollo de un prototipo propio: el reactor CAREM-25. Mientras que el paradigma de transición dominante supone que nuestro país debe proveer recursos naturales y comprar la tecnología “llave en mano” y con crédito (esto es, con deuda), el CAREM muestra cómo la transición puede ser una oportunidad para la acumulación de capacidades tecnológicas e industriales con crecientes grados de autonomía. Y, al final del camino, exportación de alto valor agregado.
A comienzos de 2024, la Nuclear Energy Agency realizó una evaluación de los pequeños reactores modulares en desarrollo. Se enfocaron en seis dimensiones: financiamiento, licenciamiento, emplazamiento, elementos combustibles, cadenas de suministros y compromisos para futuros desarrollos. De 56 proyectos, el CAREM figura entre los cuatro primeros.
Sin embargo, el Gobierno de La Libertad Avanza designó en mayo a las nuevas autoridades en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que decidieron someter al proyecto CAREM-25 (Central Argentina de Elementos Modulares) a un proceso de revisión integral. El 6 de junio de 2024, a través de la Resolución 262, el nuevo presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, formalizó el “Comité de revisión de pares”. En esa lista de miembros figuraba el doctor en Ingeniería mecánica José Converti, quien, un mes más tarde, escribió en el diario Los Andes un artículo donde argumenta que el proyecto CAREM es un fracaso. Tratándose de un proyecto con futuro comercial, estas declaraciones son un acto de boicot explícito. Desde entonces, solo silencio acerca de estas declaraciones de uno de los proyectos tecnológicos emblemáticos para la Argentina. Por eso es necesario poner una gran lupa sobre los antecedentes del proyecto CAREM y su presente.
La energía nuclear en la transición energética
El cambio climático, la transición energética y el desarrollo de energías renovables y limpias son temas sensibles a escala global. A contramano de las políticas del Gobierno, su Ley de Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la Argentina puede construir una ventana de oportunidad con el CAREM, en construcción desde 2014 en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. Pero la CNEA es parte de un Estado que Javier Milei afirma estar destruyendo desde adentro. Pese a las afirmaciones de Lavalle, las inversiones que requiere el CAREM están siendo recortadas.
Para dimensionar el sentido de la transición energética, el Financial Times explicó, a mediados de 2023, que “la magnitud de la infraestructura física que debe renovarse, demolerse o reemplazarse está más allá de la comprensión”. Y alertaba que debían ser los gobiernos, “y no BlackRock”, quienes lideren este nuevo Plan Marshall global que debe neutralizar el cambio climático.
Luego del cataclismo financiero de 2008, el calentamiento global y la transición energética se convirtieron en la oportunidad de rejuvenecimiento para un capitalismo financiarizado y exhausto. La urgencia que plantea una potencial catástrofe climática fue asimilada y resignificada como urgencia financiera. Así, la transición energética hoy no solo aparece como el único camino para neutralizar el calentamiento global sino que, además, se la presenta como una oportunidad para grandes negocios.
El accidente nuclear de Fukushima, en marzo de 2011, desplazó a la energía nuclear del incipiente despegue de la “revolución industrial verde” y del “Global Green New Deal”, promovido, por lo menos en la retórica, por los organismos de gobernanza global. Ahora bien, el lobby nuclear es potente y disciplinado. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la industria del sector lograron impulsar un proceso de rehabilitación de la energía nuclear y así volverla a subir al escenario de la transición energética. Colaboraron con este proceso las limitaciones que enfrenta el desarrollo de las tecnologías renovables disponibles para la transición. Las dos principales, la solar y la eólica, presentan problemas: tienen vida operacional relativamente limitada y son intermitentes (es decir, dependen del sol y del viento). Lo que falta para superar esta limitación son tecnologías de almacenamiento, que aún están en desarrollo. Finalmente, los marcos regulatorios, consolidados a lo largo del siglo veinte a medida de los hidrocarburos, obstaculizan su avance[1]. La energía nuclear, vigente desde los años setenta, en cambio, es energía de base: no depende de factores climáticos ni de la hora del día. Además, es una energía limpia: junto con la eólica, es la que menos gases de efecto invernadero emite. El aporte nuclear se vuelve necesario para cumplir las metas de descarbonización comprometidas en el Acuerdo de París en 2015.
Desde hace más de dos décadas funcionan en el mundo alrededor de 420 centrales nucleares que producen el 10% de la electricidad del planeta. Y hay alrededor de 50 en construcción, la gran mayoría en el este asiático. Las industrias estatales de Rusia, China y, detrás, Corea del Sur —con mayoría estatal en la principal empresa nuclear— lideran la provisión de las grandes centrales de potencia a escala global.
En la actual versión financiera y extractiva de la transición energética, se supone que Argentina proveerá recursos naturales a bajo costo para las cadenas de suministros de las grandes corporaciones a cambio de crédito para ser consumidores de tecnologías renovables y limpias extranjeras y “llave en mano”.
En especial para los países en desarrollo, las grandes centrales nucleares de potencia —entre 1200-1600 MW (megavatios de electricidad)— presentan hoy algunos problemas, como la enorme inversión de capital inicial y el costo que surge de las exigencias para los sistemas de seguridad post-Fukushima. Como respuesta aparecieron, en el horizonte cercano, los SMR, que pueden producir entre 20 y 300 MW para electricidad y calor. La ventaja crucial de estos reactores, especialmente para los países en desarrollo, es que los costos de la inversión inicial son mucho más bajos. Por un lado, porque su diseño permite instalar un primer módulo que produzca electricidad mientras se avanza, al mismo tiempo, con un segundo módulo, y así con los siguientes. Por otro lado, porque sus componentes se pueden producir en serie, bajando los costos de fabricación. El foco de esta familia de reactores puesto en bajas potencias también hace posible mejoras importantes en la seguridad, en la flexibilidad operativa y en la gestión del combustible gastado.
Martínez de Hoz vs. Castro Madero
Sin excluir a la CNEA de las políticas de terrorismo de Estado, durante la última dictadura cívico-militar genocida se impulsó el sector nuclear con inversiones masivas inéditas. Si bien la política económica de Martínez de Hoz no tuvo problemas en arrasar por completo sectores de la ciencia, la tecnología y la industria, el alumno de Milton Friedman no pudo meter la cuchara en la política nuclear, blindada por un grupo remanente de militares industrialistas.
Durante los años de terror institucionalizado, la CNEA fue conducida por el vicealmirante Carlos Castro Madero, un marino egresado del Instituto Balseiro. Con una preocupación parcial y selectiva que no pudo evitar que el personal de CNEA padeciera persecuciones, desapariciones, cesantías y legajos paralelos, Castro Madero le imprimió un impulso vertiginoso a los proyectos nucleares más ambiciosos. Entre 1976 y 1983 se materializó la autonomía en el ciclo de combustible nuclear, pero también, según la caracterización de la socióloga Ana Castellani, se transformó al sector en uno de los “ámbitos privilegiados de acumulación de la patria contratista”.
La devaluación de salarios, la dolarización de las tarifas de energía y la ausencia de regulaciones transforman a la Argentina en un país con mano de obra calificada y barata, apta para convertirse en un país ensamblador y apetecible para los negocios financieros.
Durante la guerra de Malvinas, luego del hundimiento del ARA General Belgrano, Castro Madero denunció ante el OIEA el uso de submarinos nucleares británicos. La respuesta del organismo fue que la propulsión naval nuclear —tecnología que presenta numerosas ventajas operativas como la velocidad y la autonomía de navegación (de varios meses) respecto a los submarinos convencionales— no estaba prohibida por los tratados de no proliferación de armas nucleares. La Argentina contestó que se reservaría, entonces, el derecho a trabajar en propulsión nuclear con aplicaciones navales. Es decir, el derecho a desarrollar submarinos nucleares.
Por esos días, medios de comunicación británicos y estadounidenses difundieron que el gobierno de facto argentino ocultaba proyectos de armas nucleares. Se trató de una poco novedosa operación de propaganda para distorsionar los objetivos de la política nuclear argentina, una campaña que se había iniciado a fines de los sesenta y se intensificaba entonces. La guerra de Malvinas fue una oportunidad materializada en titulares de los principales diarios: “Falkland, la ‘bomba latina’ y la proliferación nuclear” (Wall Street Journal), “Buenos Aires podría tener la bomba pronto” (Washington Post), “La derrota de Falklands podría acelerar la bomba A argentina” (The Christian Science Monitor).
En simultáneo, la BBC de Londres difundía un documental que denunciaba un plan de los militares argentinos para desarrollar armas nucleares en complicidad con Alemania Federal. Los contratos de Atucha I y II con el grupo Siemens habrían tenido su origen, según el documental, en los “científicos atómicos nazis” refugiados en la Argentina al final de la Segunda Guerra Mundial. Un capítulo más en el imaginario demonizador del peronismo, según la tenaz versión de la paranoia colonial anglosajona.
A pesar de las operaciones, nunca se impulsaron, desde Argentina, proyectos de artefactos explosivos nucleares. Sí se propuso el desarrollo de un submarino nuclear, tecnología que, como afirmaba el OIEA, estaba encuadrada en los usos pacíficos de la energía nuclear. De esta trayectoria emerge el proyecto CAREM.
La larga marcha del CAREM
En 1969, Argentina inició negociaciones con el astillero alemán Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, en Kiel, para la construcción de dos submarinos Tipo 209-1200[2]. En 1973, la Armada firma un convenio con la CNEA para avanzar en un estudio sobre propulsión naval nuclear. Durante la fugaz tercera presidencia de Perón, se inició el ensamble de los dos primeros submarinos en el astillero Tandanor, mientras, a la vez, a través de otra evaluación avalada por una serie de decretos del Poder Ejecutivo[3], se contrató al astillero alemán Thyssen Nordseewerke GmbH para completar el ensamblado de otros seis submarinos de la serie TR-1700. De esta segunda serie, solo se completaron, en el astillero Domecq García, los dos submarinos construidos en Alemania: el ARA San Juan y el ARA Santa Cruz[4].
A fines de 1982 Castro Madero encargó al área de reactores de la CNEA la nuclearización de ambos submarinos. Al frente de esa tarea estuvo el físico Juan José Gilgerbino, que incluyó en la iniciativa a la empresa INVAP, Sociedad del Estado de Río Negro, que se había creado en octubre de 1976 y estaba a punto de lograr el desarrollo, en secreto, de la tecnología de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa, en Pilcaniyeu, cerca de Bariloche. Argentina anunció el 18 de noviembre de 1983 que era el octavo país en dominar esta tecnología. A través de la firma de un estudio preliminar, expuesto en 1983 ante un grupo de almirantes, se formalizaron los vínculos de CNEA e INVAP con la Armada para avanzar en la propulsión nuclear de los submarinos argentinos.
Raúl Alfonsín heredó un plan nuclear sobredimensionado para la capacidad presupuestaria y financiera de un país con una enorme deuda externa. Por esos días, el liderazgo del proyecto pasó de CNEA a INVAP. En febrero de 1985, el físico Mario Mariscotti, entonces director del Departamento de Investigación y Desarrollo de CNEA, explicaba que si bien INVAP soportaba una situación económica crítica, el grupo de Pilcaniyeu estaba realizando estudios para la producción de un pequeño reactor. El proyecto de submarino nuclear había sido reformulado al de un reactor de baja potencia para ser empleado en poblaciones de no más de 30 mil habitantes y había sido presentado en marzo de 1984 en Lima, Perú, durante una conferencia del OIEA sobre reactores pequeños y medianos. La crisis presupuestaria del sector, sin embargo, mantenía paralizado al proyecto.
La transición energética debería ser concebida como sendero de desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas con autonomía incremental. Excelente radiación solar en la zona cordillerana, los mejores vientos del planeta en la Patagonia, la tercera reserva mundial de litio, el yacimiento de Vaca Muerta y potencial marítimo.
A fines de abril de 1985, CNEA e INVAP gestionaron una patente: “Reactor Nuclear Modular para Plantas de Generación Eléctrica”. Una mención temprana al CAREM-15 (así llamado por la producción de 15 MW) aparecía en el documento[5]. Cuando Roque Carranza asumió como ministro de Defensa, a mediados de 1985, el proyecto de pequeño reactor volvió a recibir apoyo. Pero su fallecimiento en febrero de 1986 lo dejó huérfano por varios años más. Hacia fines de abril, el accidente de Chernobyl arrojó una sombra sobre la energía nuclear, aunque no llegó a detener los trabajos de diseño del proyecto. El problema principal era, desde hacía varios años, presupuestario. Se especulaba con que, de haber financiamiento, el primer ejemplar del CAREM-15 estaría funcionando a comienzos de los años noventa.
El liderazgo del proyecto volvió a CNEA. En 1989 se intentó una sociedad con Turquía, el primer país en demostrar interés por el proyecto CAREM. Se llegó a constituir una empresa binacional con un consorcio privado turco que, luego de muchas idas y vueltas en los años siguientes, no prosperó. En el mismo año se habló de la conformación de una empresa entre CNEA y la provincia de San Luis, interesada en el CAREM, que no llegó a concretarse.
En el folklore oral del sector nuclear hay algunas diferencias de interpretación sobre todos estos avances y tropiezos. INVAP recriminaba a la CNEA que se atribuyera la propiedad del proyecto y que obstaculizara la búsqueda de socios privados, imprescindibles para acceder a las inversiones necesarias. En todo caso, las relaciones históricas, conflictivas, densas y enormemente prolíficas entre CNEA e INVAP —el primer desprendimiento empresarial de CNEA—, son la manifestación del dinamismo del sector nuclear y de la ausencia crónica, con excepción del período 2006-2015, de una política nuclear estable con metas de mediano y largo plazo.
En 1992, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) publicó un libro titulado Argentina y el submarino de propulsión nuclear. Allí Castro Madero sostenía que un pequeño reactor de propulsión nuclear podía ser una base para el desarrollo, porque eran demandados por un “mundo que no puede asimilar fácilmente las grandes unidades de generación nucleoeléctrica”. Creía que avanzar en un prototipo para submarinos le abriría a la Argentina la posibilidad de ser los primeros en ofrecer un SMR y así iniciar el diseño de un reactor de entre 10 y 25 MW. Una visión pionera a nivel global.
En la misma publicación, el diplomático Julio Carasales sostenía que si bien resultaba claro que la decisión de producir submarinos nucleares introduciría un factor desestabilizador en la región que obligaría a Chile y a Brasil a dar un paso similar, y que los efectos de la controversia alrededor de las Islas Malvinas lógicamente impulsarían al Reino Unido a desarrollar una campaña para prevenirlo, no había, en concreto, ninguna prohibición legal[6].
Lo ideal no debería ser “vender” viento, radiación, mareas o carbonato de litio, sino agregar valor, es decir, desarrollar la tecnología y el conocimiento para que la industria nacional aporte equipos, maquinarias, aerogeneradores, turbinas para energía undimotriz, componentes de paneles fotovoltaicos, etc.
Durante los noventa, dos miembros de INVAP acompañaron a Menem en una gira por el este asiático: hicieron presentaciones y se dictaron seminarios en Vietnam, Malasia y Tailandia. También se presentó el proyecto de pequeño reactor en Indonesia y Egipto. Se describía al CAREM como un reactor modular con características interesantes para países que, sin experiencia nuclear previa, desearan ingresar en el campo de la generación nuclear de energía eléctrica[7].
En un manuscrito inédito sobre la historia de INVAP, el tecnólogo Tomás Buch cuenta que mientras se trataba de exportar la concepción del CAREM, la CNEA había logrado destinar fondos a través de contratos para avanzar en distintos aspectos del reactor. Las primeras pruebas del CAREM se iniciaron a fines de 1993 en una instalación ubicada en Pilcaniyeu, designada como Laboratorio de Ensayos Termohidráulicos (LET). Para ese entonces, también se había completado la ingeniería básica y el análisis preliminar de seguridad. “Este documento fue el primero en su especie hecho en el país, con la profundidad y el detalle necesarios para una central de potencia”, escribe Buch.
El premio mayor que buscaba el sector nuclear argentino desde la compra a Alemania de la central Atucha I, a fines de los años sesenta, era el desarrollo de la central de potencia argentina. Siguiendo este plan, Atucha I incorporó más del 30% de industria nacional; la central de Embalse, alrededor del 45%; y Atucha II, que debía finalizar a comienzos de los noventa, cerca del 70%. A comienzos del nuevo milenio, Argentina debía producir sus propias centrales de potencia. Sin embargo, la crisis de deuda y el alineamiento incondicional del menemismo con Estados Unidos paralizaron Atucha II, finalmente inaugurada a fines de 2014 por Cristina Fernández de Kirchner.
En síntesis, durante los años noventa al sector nuclear se le escapó de las manos el principal objetivo de cuarenta años de desarrollo incremental. Es en este punto que el CAREM aparece como la alternativa viable. Por eso el énfasis de Buch en un informe que demuestra que, a pesar de los palos en la rueda, se podía avanzar en una central de potencia nacional.
En septiembre de 1997 se sancionó la Ley de financiamiento para el proyecto CAREM, que autorizaba a la CNEA a realizar operaciones de crédito público con plazo no inferior a siete años por un monto de 132 millones de pesos. El objetivo del proyecto era alcanzar el desarrollo y la construcción del prototipo de un reactor innovador de baja potencia para producir energía eléctrica. Entre 1997 y 1999, en instalaciones de Pilcaniyeu, se hicieron ensayos con los elementos combustibles del pequeño reactor, fabricados en el Centro Atómico Constituyentes de la CNEA, en la provincia de Buenos Aires.
Finalmente, cuenta Buch, mientras INVAP reclamaba a la CNEA mayor libertad para buscar otras fuentes de financiamiento y lograba despertar el interés de la empresa Pescarmona, que sugería un modelo de mayor potencia, el resultado favorable del estudio de factibilidad realizado por la CNEA se dio a conocer recién a fines de 2000, cuando la situación económica del país era muy negativa.
A fines de los años noventa, a pesar de un gobierno adverso al sector, CNEA e INVAP insistieron en difundir que el CAREM abría “un nuevo mercado para la generación nucleoeléctrica: el de las centrales nucleares de pequeña potencia” (CARI, 1999: 46). La crisis terminal de 2001 congeló el avance del proyecto.
Relanzamiento y obras
En agosto de 2006, cuando Néstor Kirchner relanzó el desarrollo nuclear devastado durante los años noventa, el prototipo del reactor CAREM figuraba entre las metas prioritarias. En noviembre de 2009 se sancionó la Ley 26.566, que declaraba al CAREM de interés nacional y delegaba en la CNEA el diseño, ejecución y puesta en marcha del prototipo. En febrero de 2014 comenzó la obra civil (el primer hormigonado) en el Complejo Tecnológico Atucha, en Lima, y se estimó la finalización del prototipo para 2028. Se espera que esta primera versión pueda generar 32 MW, mientras que el módulo comercial tendría una potencia de entre 100 y 120 MW. Además, se proyectó que alrededor del 70% de sus insumos, componentes y servicios vinculados fueran provistos por empresas argentinas certificadas bajo estándares internacionales.
El gobierno de Macri perdió —o eligió perder— el foco del proyecto y durante el gobierno de Alberto Fernández, si bien no se definió una política nuclear, se retomaron las inversiones para los principales proyectos nucleares, incluido el CAREM-25. A comienzos de 2024, la NEA (Nuclear Energy Agency), agencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizó una evaluación de los pequeños reactores modulares en desarrollo a lo largo y ancho del planeta. El análisis se enfocó en seis dimensiones: financiamiento, licenciamiento, emplazamiento, elementos combustibles, cadenas de suministros y compromisos para futuros desarrollos. De 56 proyectos, el CAREM figura entre los cuatro primeros[8].
Epílogo anarcocapitalista
Argentina tiene un poco de industria y otro poco de capacidades tecnológicas. En conjunto, algo insuficiente para iniciar un proceso sostenible de desarrollo social y económico. En el paradigma dominante de la transición energética corporativa y financiera, el país puede aceptar el lugar que se le asigna en el orden neoliberal y enfocarse en la exportación de recursos naturales y en la compra de tecnología importada, con endeudamiento y fuga. En esta dirección se orientan la Ley Bases y, especialmente, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Esta versión financiera y extractiva de la transición energética supone que Argentina proveerá recursos naturales a bajo costo para las cadenas de suministros de las grandes corporaciones con base en las economías centrales a cambio de crédito y deuda para ser consumidores de tecnologías renovables y limpias extranjeras “llave en mano”. La devaluación de salarios, la dolarización de las tarifas de energía y la ausencia de regulaciones transforman a la Argentina en un país con mano de obra calificada y barata, apta para convertirse en un país ensamblador y apetecible para los negocios financieros. Así ocurrió durante el gobierno de Macri; así vuelve a ocurrir hoy en esta versión recargada.
El CAREM-25 no es un fracaso, es un Aconcagua de las capacidades tecnológicas nacionales. Lo único que falta es decisión política.
La transición energética, por el contrario, debe ser concebida como sendero de desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas con autonomía incremental. Excelente radiación solar en la zona cordillerana para la producción de energía fotovoltaica, los mejores vientos del planeta en la Patagonia para la energía eólica, la tercera reserva mundial de litio, el yacimiento de Vaca Muerta para la producción de gas —que además de abastecer industria y hogares puede usarse para producción de hidrógeno azul— y potencial marítimo para el desarrollo de energía undimotriz.
Pero la idea no debería ser “vender” viento, radiación, mareas o carbonato de litio, sino agregar valor, es decir, desarrollar la tecnología y el conocimiento para que la industria nacional aporte equipos, maquinarias, aerogeneradores, turbinas para energía undimotriz, componentes de paneles fotovoltaicos, etc. La transición energética debe ser concebida como un sendero de desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas autónomas incrementales.
En este esquema, los procesos de aprendizaje y acumulación de capacidades organizacionales y tecnológicas con crecientes grados de autonomía que se codifican en la trayectoria del CAREM-25 y su proyección al CAREM comercial, junto con el papel del Estado y las empresas —públicas, privadas y mixtas— representan un caso testigo del sendero virtuoso de transición energética por el que puede optar la Argentina.
Esta película no la vamos a ver durante el gobierno libertario, que no solo está devastando las capacidades científicas y tecnológicas a escala nacional, sino que ya está ralentizando la construcción del CAREM-25 y, además, permite que referentes nombrados por el actual presidente de CNEA comprometan el futuro del CAREM comercial con afirmaciones irresponsables que pueden calificarse de boicot. En una gestión seria esta persona sería expulsada.El CAREM-25 no es un fracaso, es un Aconcagua de las capacidades tecnológicas nacionales. Lo único que falta es decisión política.
REFERENCIAS
Buenos Aires Herald. 1985. “Nuke research awaiting funds”, 15 de febrero, p. 7.
Carasales, J. 1992. “Argentina y el submarino de propulsión nuclear: posibilidades y políticas en el mundo actual”, pp. 13-44. En: Argentina y el submarino de propulsión nuclear – Posibilidades y dificultades. Buenos Aires: Servicio de Hidrografía Naval.
CARI. 1999. La Argentina exportadora de tecnología nuclear. Buenos Aires: Consejo Argentino de Relaciones Internacionales.
Christophers. B. 2024. The Price is Wrong. Why Capitalism Won’t Save the Planet. Londres: Verso.
CNEA. 1970. Memoria Anual 1970. Buenos Aires: CNEA.
Hymans, J. 2006. The Psychology of Nuclear Proliferation. Cambridge: Cambridge University Press.
La Nación. 1969. “Piezas para submarinos argentinos”, 28 de marzo, p. 3.
NEA. 2024. The NEA Small Modular Reactor. Boulogne-Billancourt: OCDE-Nuclear Energy Agency, No. 7671.
Tiempo Argentino. 1985. “Crisis presupuestaria en los planes nucleares”, 6 de febrero, p. 9.
NOTAS
[1] Para aproximarse a la complejidad de este último tema, puede verse: Christophers (2024).
[2] La Nación (1969).
[3] Decreto 768 de 1973, decreto 956 de 1974 y decreto 336 de 1978.
[4] CNEA (1970: 23-24); Hymans (2006: 156-158).
[5] El documento también mencionaba la participación de la empresa COMETARSA (Construcciones Metálicas Argentinas), del grupo TECHINT, para integrar un consorcio que finalmente no prosperó. Además de la producción de electricidad, se hablaba de utilizar el calor remanente para la desalinización de agua.
[6] Carasales (1992: 17, 38). El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, abierto a la firma en 1968, no decía nada sobre submarinos nucleares.
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