En la tarde del viernes quedó habilitada en el Galpón de las Artes la muestra colectiva de mujeres de Río Negro denominada ‘El Valle es Mujer’, que podrá ser visitada todos los domingos de octubre de 18 a 20 horas.
La apertura contó con la presencia del Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, la secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la Directora de Cultura Silvia Alvarado.
‘El Valle es mujer’ tiene como eje central reflexionar sobre el rol de la mujer como artista, no sólo en las artes visuales sino también en los actos cotidianos que emancipan el cuerpo y la sensibilidad.
En el hilo conductor de todas las obras que integran la muestra se evidencian las miradas, las cosmovisiones, los relatos, las luchas de cada una y de todas las mujeres, con multiplicidad de recursos, diferentes técnicas y metodologías de creación, nos encontramos con la esencia de nuestro ser, indagamos el misterio, la pasión, la memoria, habitamos los mismos sueños y la misma tierra, nos apropiamos de diversas influencias, sin embargo todas tenemos en común haber elegido vivir y crear en el valle de Río Negro.
Las artistas que son parte de la muestra son: Carola González Rostoll, Noe de Sosa, Alicia Iturbe, Leticia Rubina, Silvia Sánchez, Viviana Portnoy, Silvia Delinger, Sandy Inostroza, Natalia Nedbala y Pelusa Miño. De la apertura participaron también como artistas invitadas Lena Díaz Pérez y Melina Herrera.
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Luis Caputo insiste en que el «riesgo kuka» vale cero y que las chances de un regreso del peronismo son prácticamente inexistentes. Sin embargo, en Wall Street ya empezaron a ponerle precio a otro escenario. Los seguros contra default de la deuda argentina muestran una diferencia cada vez más marcada entre las coberturas que vencen antes y después de las elecciones presidenciales de 2027, una señal de que el mercado empieza a cubrirse frente a un eventual cambio político o, incluso, frente a las dudas sobre la propia sustentabilidad del programa económico actual.
Los credit default swaps (CDS), los seguros que se utilizan para cubrirse ante un incumplimiento de deuda, se transformaron en uno de los principales termómetros de la incertidumbre financiera argentina. Aunque la referencia más utilizada es el CDS a cinco años, en el mercado comenzaron a mirar con especial atención la diferencia entre los contratos a uno y dos años, porque permiten medir específicamente el riesgo asociado al período electoral.
Actualmente, el spread entre ambas coberturas supera los 270 puntos básicos. Mientras el seguro a un año opera en torno a los 238 puntos básicos, el CDS a dos años salta a 509 puntos. En términos simples, los inversores pagan más del doble para cubrirse frente a un evento de default posterior a las elecciones presidenciales.
La diferencia es particularmente llamativa porque en otros países ese tipo de spreads suele ubicarse entre 20 y 60 puntos básicos. En Argentina, en cambio, la curva financiera empieza a mostrar un quiebre cada vez más pronunciado justamente a partir del horizonte electoral de 2027.
En el mercado reconocen que esa lógica ya empezó a reflejarse también en los bonos soberanos. Los títulos más largos, cuyos vencimientos quedan por fuera del actual mandato presidencial, vienen ofreciendo tasas sensiblemente más altas que aquellos que vencen antes de las elecciones. Esa diferencia de rendimientos funciona como una «prima política» que el mercado exige para asumir el riesgo de largo plazo.
El consultor financiero Javier Peralta viene advirtiendo que bonos como los AL30 y GD30 muestran una mayor volatilidad justamente porque quedan expuestos al escenario posterior a 2027. «El mercado está empezando a ponerle precio al riesgo político de largo plazo», explica. Según detalla, el diferencial de tasas entre bonos que vencen antes y después de las elecciones ronda actualmente el 3 por ciento, una cifra que en términos financieros equivale a unos 300 puntos básicos y que, en la práctica, convalida la misma señal que muestran hoy los CDS.
Peralta sostiene que ahí aparece el negocio para los inversores más agresivos: asumir hoy un mayor nivel de incertidumbre a cambio de capturar rendimientos más elevados si el escenario termina estabilizándose y la deuda efectivamente se paga. Pero detrás de esa apuesta también aparece una señal incómoda para el Gobierno: el mercado ya no da por garantizada la continuidad sin sobresaltos del actual esquema económico.
Sin embargo, algunos economistas sostienen que la lectura de los CDS no necesariamente implica que los inversores estén apostando únicamente a una derrota electoral del oficialismo. Desde el Centro Cultural de la Cooperación advierten que el problema también puede ser la propia sustentabilidad financiera del modelo económico de Javier Milei, incluso en un escenario donde el Presidente logre sostener el poder más allá de 2027.
«El mercado parece asumir que el esquema puede llegar relativamente estable hasta las elecciones, pero no necesariamente que sea sostenible en el largo plazo», señalan desde el CCC. Según esa mirada, la curva de los seguros contra default no sólo refleja dudas políticas, sino también crecientes interrogantes sobre la capacidad futura de acumular reservas y sostener los pagos de deuda.
El mercado parece asumir que el esquema puede llegar relativamente estable hasta las elecciones, pero no necesariamente que sea sostenible en el largo plazo
En ese marco, sostienen que el mercado empieza a mostrar dudas sobre la consistencia financiera del programa económico en el mediano plazo. «Persisten interrogantes sobre cómo el Gobierno sostendrá en los próximos años los pagos de deuda, la necesidad de dólares y el creciente peso de los compromisos financieros». Según esa mirada, la suba de los seguros contra default refleja justamente esa incertidumbre estructural que empieza a filtrarse en los precios de mercado.
A eso se suma otro dato que empieza a generar ruido entre operadores y analistas: incluso en plena liquidación del agro, momento donde históricamente ingresan más divisas, las reservas muestran un comportamiento prácticamente estancado. Parte de los dólares que compra el Banco Central vuelven rápidamente a salir por otros canales, ya sea vía pagos financieros o formación de activos externos.
En definitiva, detrás del discurso oficial sobre la «confianza de los mercados», empieza a aparecer una señal bastante menos cómoda para el Gobierno. Los inversores todavía acompañan el esquema económico de Milei, pero cada vez pagan más caro cubrirse para el período posterior a las elecciones. El mensaje de fondo es claro: el mercado puede creer que el modelo llega a 2027, pero ya no muestra la misma certeza sobre lo que ocurre después. Y en Wall Street, cuando empiezan a subir los seguros contra default, es porque alguien ya empezó a desconfiar del relato de estabilidad eterna que intenta vender Caputo.
Mientras millones de argentinos quedaron afuera del crédito, atrapados entre salarios pulverizados, alquileres impagables y tasas imposibles, el Banco Nación otorgó al menos 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) desde el inicio de la gestión de Milei. La cifra surge de información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública y vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre el poder político libertario y los recursos de la banca estatal.
Por Roque Pérez para NLI
La revelación expone una dimensión mucho más amplia que los casos individuales que habían comenzado a trascender durante los últimos meses. Hasta ahora, el debate público se concentraba en algunos nombres puntuales de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que habían accedido a préstamos multimillonarios. Sin embargo, los datos difundidos muestran que no se trató de episodios aislados sino de una política que alcanzó a más de un millar de personas incluidas dentro de las categorías de control especial definidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios. De ese total, 1.120 fueron para personas consideradas políticamente expuestas. Dicho de otro modo, aproximadamente uno de cada 23 préstamos terminó en manos de integrantes de la estructura política o de personas alcanzadas por ese régimen especial de control financiero.
Una modificación que despertó sospechas
La controversia adquirió una dimensión aún mayor cuando trascendió que durante la gestión libertaria se modificó la normativa de la línea hipotecaria «+ Hogares». Según la documentación citada en la investigación periodística, en septiembre de 2024 se incorporó explícitamente a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» dentro de los potenciales beneficiarios de la operatoria.
Ese cambio se produjo en medio de un contexto donde Milei sostenía un discurso centrado en el ajuste, la reducción del gasto público y la supuesta eliminación de privilegios de la denominada «casta». Sin embargo, la aparición sistemática de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo entre los beneficiarios de créditos de enorme magnitud comenzó a generar un fuerte ruido político.
La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.
Los nombres que complican al relato libertario
Los casos que se conocieron durante los últimos meses resultan difíciles de conciliar con la narrativa oficial contra los privilegios estatales. Entre ellos aparecen funcionarios de primera línea vinculados directamente al equipo económico.
Según la información difundida, el director del Banco Central Pedro Juan Inchauspe obtuvo un crédito por alrededor de $510 millones. También figura Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con un préstamo de $373 millones, mientras que el secretario de Finanzas Federico Furiase recibió otro por $367 millones. A ellos se sumó Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano, quien accedió a un crédito por $420 millones.
La lista alimentó una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿cómo hicieron funcionarios con salarios públicos para acceder a operaciones de semejante magnitud mientras gran parte de la población enfrenta enormes dificultades para calificar siquiera para un crédito hipotecario tradicional?
El oficialismo intentó relativizar la polémica argumentando que los préstamos cuestionados representaban una porción mínima del total otorgado por el Banco Nación. Sin embargo, la nueva información conocida modifica sustancialmente la escala del fenómeno. Ya no se trata de unos pocos nombres que aparecieron en redes sociales o bases de datos públicas: se trata de más de mil beneficiarios incluidos dentro de una categoría financiera especialmente monitoreada por el propio sistema bancario.
El choque entre discurso y realidad
La contradicción política aparece con claridad. Mientras Milei exige sacrificios permanentes a trabajadores, jubilados y sectores medios, la principal entidad financiera pública del país terminó financiando a una cantidad significativa de integrantes de la estructura política bajo condiciones que hoy resultan inaccesibles para buena parte de la sociedad.
La investigación judicial deberá determinar si existieron delitos o irregularidades administrativas. Pero aun si cada operación hubiese cumplido formalmente con todos los requisitos, el problema político permanece intacto: el relato de la lucha contra los privilegios empieza a mostrar grietas cuando quienes acceden a créditos millonarios aparecen vinculados a los mismos sectores que administran el Estado.
Y es justamente ahí donde el caso deja de ser una discusión bancaria para convertirse en una discusión de poder. Porque mientras el Gobierno repite que «no hay plata», los números revelan que sí hubo recursos disponibles para cientos de personas que forman parte del universo político que Milei prometió combatir cuando llegó a la Casa Rosada.
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