En la tarde del viernes quedó habilitada en el Galpón de las Artes la muestra colectiva de mujeres de Río Negro denominada ‘El Valle es Mujer’, que podrá ser visitada todos los domingos de octubre de 18 a 20 horas.
La apertura contó con la presencia del Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, la secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la Directora de Cultura Silvia Alvarado.
‘El Valle es mujer’ tiene como eje central reflexionar sobre el rol de la mujer como artista, no sólo en las artes visuales sino también en los actos cotidianos que emancipan el cuerpo y la sensibilidad.
En el hilo conductor de todas las obras que integran la muestra se evidencian las miradas, las cosmovisiones, los relatos, las luchas de cada una y de todas las mujeres, con multiplicidad de recursos, diferentes técnicas y metodologías de creación, nos encontramos con la esencia de nuestro ser, indagamos el misterio, la pasión, la memoria, habitamos los mismos sueños y la misma tierra, nos apropiamos de diversas influencias, sin embargo todas tenemos en común haber elegido vivir y crear en el valle de Río Negro.
Las artistas que son parte de la muestra son: Carola González Rostoll, Noe de Sosa, Alicia Iturbe, Leticia Rubina, Silvia Sánchez, Viviana Portnoy, Silvia Delinger, Sandy Inostroza, Natalia Nedbala y Pelusa Miño. De la apertura participaron también como artistas invitadas Lena Díaz Pérez y Melina Herrera.
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El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo anticipó a LPO que vetará un polémico proyecto para censurar portales de manera exprés, pese a que la iniciativa fue presentada por un integrante del propio bloque peronista.
Un proyecto del diputado Gerónimo Vargas Aignasse levantó un revuelo en Tucumán porque ordenaba el retiro urgente, en menos de seis horas, de contenidos publicados en diarios digitales y redes sociales que un juez considere en forma exprés como «calumnias o injurias», sin dar derecho al medio a defenderse. Un caso de censura previa flagrante que barre con una buena cantidad de derechos protegidos por la Constitución Nacional.
El texto crea una «Medida Cautelar Digital» especial para actuar contra publicaciones que supuestamente constituyan calumnias o injurias, «en forma manifiesta, inequívoca y acreditada». La medida no apunta sólo a las redes sociales, sino que también alcanza a los diarios digitales, portales web y cualquier medio de comunicación en Internet.
El problema es que la supuesta injuria o calumnia no se debate en un juicio, como corresponde, si no que queda a criterio de un juez que en apenas seis horas puede ordenar su eliminación.
Si la Legislatura aprueba el proyecto el gobernador en uso de sus facultades lo vetará.
«Si la Legislatura aprueba el proyecto el gobernador en uso de sus facultades lo vetará», anunció el gobernador a LPO.
Ante el revuelo que causó en Tucumán que Clarín publicara el tema, fuentes de la Legislatura tucumana dijeron a LPO que pese a que el proyecto obtuvo dictamen, no sería llevado al recinto.
Una vez que estalló el escándalo a nivel nacional, en el bloque peronista intentaron morigerar el contenido de la iniciativa afirmando aseguran que el proyecto excluía a las publicaciones sobre funcionarios públicos y se limitaba a salvaguardar a los «ciudadanos comunes» de escraches en redes y portales.
El objetivo, dijeron, era evitar los ataques a jóvenes que son difamados en redes. Una excusa poco creible.
Mientras crecen las denuncias, los pedidos de renuncia y las iniciativas parlamentarias contra Manuel Adorni, una pregunta empieza a recorrer los pasillos del Congreso: ¿conviene impulsar su destitución o es el propio Gobierno el que necesita que alguien le resuelva un problema que no sabe cómo enfrentar? La paradoja es que una victoria opositora podría terminar siendo un salvavidas para Milei.
Por Roque Pérez para NLI
El oficialismo quedó atrapado en una contradicción de difícil salida. Durante meses construyó un discurso basado en la superioridad moral y en la supuesta diferencia ética respecto de la «casta». Sin embargo, las revelaciones sobre el patrimonio, las declaraciones contradictorias y la admisión de fondos no declarados por parte de Manuel Adorni convirtieron a quien debía ser uno de los principales defensores del Gobierno en su mayor dolor de cabeza.
Milei decidió sostenerlo públicamente, incluso cuando el costo político comenzó a crecer dentro y fuera del Congreso. La estrategia parece clara: mostrar fortaleza, denunciar una persecución política y evitar que una renuncia sea leída como una admisión de culpa. Pero esa misma decisión lo deja atado a un funcionario cuya permanencia desgasta todos los días un poco más el discurso anticorrupción libertario.
Una destitución impulsada por la oposición permitiría al Presidente presentarse como víctima de una ofensiva política
Una salida que el Gobierno no puede ejecutar
En política muchas veces el problema no es saber qué hacer sino quién paga el costo.
Si Milei le pide la renuncia a Adorni, reconocerá implícitamente que la oposición tenía razón al denunciar irregularidades y que el relato de la transparencia absoluta era mucho más frágil de lo que prometía. Además, quedaría expuesto frente a su propia base electoral, después de haber defendido al funcionario en reiteradas oportunidades.
Pero existe otro escenario mucho más conveniente para la Casa Rosada: que sea el Congreso el que resuelva el problema.
Una destitución impulsada por la oposición permitiría al Presidente presentarse como víctima de una ofensiva política, denunciar un supuesto intento de desestabilización y, al mismo tiempo, desprenderse de un funcionario cuya continuidad complica cada negociación legislativa y cada aparición pública.
Paradójicamente, aquello que hoy aparece como una derrota institucional podría convertirse en una oportunidad para relanzar la gestión con un nuevo jefe de Gabinete y sin asumir el costo directo de haber desplazado a uno de sus hombres de confianza.
El riesgo de una victoria táctica
No sería la primera vez que una oposición consigue un triunfo parlamentario que termina fortaleciendo al oficialismo.
Si la salida de Adorni se produce por presión del Congreso, Milei podría reconstruir el relato afirmando que respetó las instituciones mientras denuncia que los sectores tradicionales impidieron que su funcionario continuara en funciones. La discusión dejaría de concentrarse en las inconsistencias patrimoniales y pasaría a girar alrededor de una presunta persecución política.
El foco se desplazaría del escándalo hacia el conflicto institucional, un terreno donde el oficialismo ha demostrado capacidad para movilizar a su electorado.
Por eso algunos sectores opositores empiezan a preguntarse si una destitución inmediata es la mejor estrategia o si resulta más conveniente mantener abierto el caso, impulsar investigaciones, exigir explicaciones y dejar que el desgaste siga acumulándose sobre el Gobierno.
El dilema de la oposición
La discusión ya no pasa solamente por la responsabilidad política de Adorni sino por las consecuencias de cada movimiento.
Destituirlo significaría obtener una victoria simbólica importante contra un funcionario cuestionado, pero también podría liberar a Milei de una carga que hoy consume buena parte de su capital político.
Mantenerlo en el cargo, en cambio, obliga al Presidente a seguir justificando contradicciones, responder nuevas denuncias y sostener un discurso anticorrupción cada vez más difícil de defender.
En ese contexto, la oposición enfrenta una decisión compleja: castigar a un funcionario o dejar que el propio Gobierno continúe pagando el costo de sostenerlo. Porque a veces, en política, el golpe más efectivo no es derribar una pieza sino obligar al adversario a seguir cargándola.
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