En la tarde del viernes quedó habilitada en el Galpón de las Artes la muestra colectiva de mujeres de Río Negro denominada ‘El Valle es Mujer’, que podrá ser visitada todos los domingos de octubre de 18 a 20 horas.
La apertura contó con la presencia del Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, la secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la Directora de Cultura Silvia Alvarado.
‘El Valle es mujer’ tiene como eje central reflexionar sobre el rol de la mujer como artista, no sólo en las artes visuales sino también en los actos cotidianos que emancipan el cuerpo y la sensibilidad.
En el hilo conductor de todas las obras que integran la muestra se evidencian las miradas, las cosmovisiones, los relatos, las luchas de cada una y de todas las mujeres, con multiplicidad de recursos, diferentes técnicas y metodologías de creación, nos encontramos con la esencia de nuestro ser, indagamos el misterio, la pasión, la memoria, habitamos los mismos sueños y la misma tierra, nos apropiamos de diversas influencias, sin embargo todas tenemos en común haber elegido vivir y crear en el valle de Río Negro.
Las artistas que son parte de la muestra son: Carola González Rostoll, Noe de Sosa, Alicia Iturbe, Leticia Rubina, Silvia Sánchez, Viviana Portnoy, Silvia Delinger, Sandy Inostroza, Natalia Nedbala y Pelusa Miño. De la apertura participaron también como artistas invitadas Lena Díaz Pérez y Melina Herrera.
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Como viene siendo una costumbre en la provincia, volvió a ganar Juntos Somos Rio Negro que tendrá su 4to mandato consecutivo, tercero del ahora senador Alberto Weretilneck. Un triunfo cantado si entendemos que el oficialismo llegaba a las elecciones con varios frentes de conflictos (caso docencia, salud y seguridad) pero sin oposición firme, y en…
La Cámara Penal de Rosario confirmó por unanimidad de tres jueces la condena al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, en un caso de corrupción que toca de lleno a un sector activo de la política santafesina. En primera instancia otros tres jueces, también de modo coincidente, ya había encontrado culpable a Serjal de recibir sobornos de un capitalista de juego ilegal para no investigarlo y le impusieron nueve años de prisión. A un empleado de la fiscalía, Nelson Ugolini, lo habían condenado a cinco años, pena que quedó refrendada.
Este caso tiene como principal novedad que implica a un poderoso actor de la política contemporánea de Santa Fe que no fue juzgado pero que está ya imputado de ser jefe de la misma organización en la que Serjal desde este miércoles con su condena confirmada. Se trata del senador Armando Traferri, uno de los hombres fuertes del peronismo santafesino desde hace dos décadas, quien no fue a juicio en este caso porque resistió durante cuatro años amparándose en sus fueros.
En el fallo que condena a Serjal también queda complicado Traferri porque de los tres camaristas hay dos que reconocen el delito de asociación ilícita. Son los jueces Ismael Manfrín y Carolina Hernández. El que entiende que no hay asociación ilícita es Javier Beltramone, presidente del tribunal, que quedó en minoría.
Este caso fue, a lo largo de los seis años que duró el trámite, un muestrario por demolición de cómo una construcción de poder en que está la política institucional, importantes medios de comunicación locales y estudios profesionales hicieron todo lo posible por tumbar un caso que seis jueces consideraron sólido, aunque uno le haya dejado a Traferri de una forma muy minoritaria la idea de que no hay asociación ilícita.
Ese derrotero incluyó haber corrido con acusaciones que nunca prosperaron judicialmente a los dos fiscales que iniciaron la investigación. Dos fiscales colegas de estos los acusaron de haberse valido de una informante de modo ilegal para amañar evidencia. La prueba colectada por esos dos investigadores iniciales, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, fue convalidada ya como legítima y contundente de un delito de corrupción que incluye a políticos, a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a abogados en ejercicio de la profesión que están aún en una etapa inicial de imputación. A pesar de una enérgica estrategia para desacreditarlos y, como pedía Traferri en una expectativa lograda, correrlos del caso.
En abril pasado, cuando arrancaron las audiencias de revisión de la condena, se habló de Traferri en cada jornada de audiencia, como pasó durante el juicio de primera instancia que fue en 2025 y duró dos meses. Esto porque se señaló que el histórico senador provincial es según el equipo de fiscales también organizador del mismo delito atribuido a Serjal, como jefe de la «pata política» de la organización criminal, que comprendía funcionarios legislativos y políticos, para garantizarle cobertura al capitalista de juego Leonardo Peiti, a cambio de dinero para campañas políticas y para hacer lobby en favor del empresario. Peiti aspiraba a obtener licencias de juego online en la Legislatura. Esto mismo quedó plasmado en la sentencia que en noviembre pasado por unanimidad condenó al ex fiscal regional.
La condena a Serjal dictada hace nueve meses había sido interpretada como una condena al senador ya que los jueces, en forma coincidente, habían considerado inequívoca la pertenencia del senador a la asociación ilícita que le mereció al conductor de los fiscales una pena por ese delito, por cohecho y prevaricato.
«Vamos a ver cuántos políticos santafesinos salen a hablar de este fallo mañana. La forma en cómo la política se cuida a sí misma se va a ver ahí», dijo un funcionario judicial que habló este miércoles con LPO con la resolución recién difundida.
A lo largo de este caso existió una descarga contínua de acciones para demoler esta imputación ahora convertida en condena ratificada. Se armaron acusaciones contra los fiscales que salían en medios periodísticos de Rosario y Santa Fe antes que tener trámite iniciado en sede penal. La defensa de Serjal organizó como primera y visible estrategia no atacar la prueba por endeble, algo que los jueces no vieron, sino la conducta privada de los fiscales. Una cosa llamativa es que los principales testigos de la defensa fueron fiscales que armaron conjeturas de delito de los acusadores que resultaron pulverizadas por los jueces. Los que acusaron en especial a Edery, sin encontrar validación, fueron los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, actualmente camarista penal.
Ahora viene el juicio de Traferri con el antecedente de que a Serjal se lo condenó por asociación ilícita. El camarista Beltramone que no vio asociación ilícita no va a poder participar de ese juicio. Era un magistrado que rechazó una recusación por tener una relación con uno de los miembros de la asociación ilícita investigada, algo que luego fue ratificado por un tribunal.
Los análisis sobre este caso se desplegaron de inmediato por una tribuna de funcionarios judiciales que vieron en este trámite un caso testigo de la política santafesina y sus relaciones con el mundo empresarial y de la Justicia. Un importante funcionario de Rosario que no participó de este caso le dijo a este medio que este fallo es un gran problema para Traferri.
«Quemaron el voto de Beltramone ahora, en vez de reservarlo para cuando sea juzgado Traferri. Se veía este voto disidente como algo previsible y en los pasillos estaba anticipado. Ahora el senador no va a tener ningún voto asegurado. Quizá en el juicio que viene contra Traferri se podía construir una mayoría contra la asociación ilícita. Difícil que pase. De seis jueces en este caso por asociación ilícita condenaron cinco. Acá hubo todo el tiempo estrategia para tumbar el caso. Otra vez se equivocaron», analizó.
En la condena a Serjal los jueces de primera instancia lo nombran a Traferri 104 veces en un texto que tiene casi el doble de páginas. Lo hicieron porque no se puede explicar ni entender para ellos el funcionamiento de la organización criminal, dicen, sin aludir al rol predominante del senador. En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política. Y que también le pagaba a Serjal para no ser investigado.
Armando «Pipi» Traferri
La acusación sostuvo la existencia de una asociación ilícita destinada a usufructuar el dinero de una red de juego clandestino y apuestas electrónicas sin autorización, activa al menos entre el 24 de abril de 2017 y el 24 de julio de 2020, con centro de operaciones en Rosario y ramificaciones en Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela.
Los camaristas Manfrín y Hernández adhirieron a Beltramone en las imputaciones de cohecho y peculado, pero para ellos hubo asociación ilícita. Rechazaron la exigencia de prueba directa del pacto. Como la asociación ilícita se configura en un ámbito privado, íntimo o secreto, dijeron que es «contraintuitivo» reclamar pruebas directas y explícitas, como si se tratara de un contrato formal. Para Manfrín y Hernández, son los elementos indiciarios y periféricos, valorados en conjunto según la sana crítica, los que permiten inferir el acuerdo de voluntades.
Sin embargo, el voto de Beltramone que desconoce la asociación ilícito lo hace en virtud de violación supuesta de garantías para los juzgados y puede ameritar que la disputa del caso prosiga. Este juez se refirió al rol del arrepentido aplicado antes de su regulación procesal expresa en Santa Fe para avanzar en este caso y la depuración de valoraciones sobre terceros ausentes. Estos son los ejes sobre los que probablemente se discuta si el caso sigue escalando.
No obstante estos señalamientos hay planteos que implican cuestiones para que se revisen ocurridas en la fiscalía. Un capítulo relevante del voto de Beltramone son discordancias e interrogantes que a su criterio exigen control. Una es que no se dio una definición procesal sobre una maniobra extorsiva sufrida en 2019 por el capitalista Leo Peiti, con un legajo sin imputados. También la contradicción entre la imputación inicial de Peiti como integrante del plan extorsivo contra el financista Pablo Fortuny y su posterior «desaparición procesal» sin resolución fundada.
«Hay cuestiones donde parece faltarles información a los sentenciantes y si es así serían errores groseros. A Peiti le archivaron la causa de Fortuny. La «discordancia» que mencionan es porque hubo un acuerdo institucional del MPA para que algunos actores se investigaran en otra jurisdicción. Y eso se hizo», comentaron a LPO desde el MPA sobre esas observaciones.
Cuando el vocero presidencial calificó a la Argentina como un «país bananero», desató una fuerte polémica. Sin embargo, la mayor contradicción no estaría en la frase en sí, sino en que el propio gobierno de Javier Milei impulsa políticas que, para sus críticos, acercan al país a la definición histórica de una «república bananera»: exportación primaria, extranjerización de los recursos estratégicos, dependencia de intereses foráneos y pérdida de soberanía.
Por Roque Pérez para NLI
¿Qué significa realmente «república bananera»?
La expresión «república bananera» fue acuñada en 1904 por el escritor estadounidense O. Henry para describir a países centroamericanos cuya economía dependía casi exclusivamente de la exportación de bananas y cuyo funcionamiento político estaba condicionado por grandes corporaciones extranjeras, especialmente la United Fruit Company.
Con el tiempo, el concepto dejó de referirse únicamente al monocultivo para transformarse en una categoría política. Hoy suele describir a Estados caracterizados por instituciones débiles, corrupción, dependencia económica, primarización de la economía y una fuerte influencia de potencias extranjeras sobre sus decisiones soberanas.
Precisamente por ese significado histórico fue que la frase del vocero presidencial generó rechazo. Porque si existe un debate abierto en la Argentina actual es si las políticas del Gobierno están fortaleciendo o debilitando la capacidad del Estado para decidir sobre sus propios recursos estratégicos.
Un modelo basado en materias primas y apertura irrestricta
Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei sostiene que la Argentina debe especializarse en aquellas actividades donde posee ventajas comparativas: agro, minería, petróleo y gas, relegando cualquier estrategia activa de industrialización.
A esa orientación económica se suma el impulso para modificar la legislación sobre tierras rurales. El proyecto promovido por el oficialismo elimina el límite nacional del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y delega esa regulación en las provincias, además de flexibilizar otras restricciones vigentes. Diversos sectores políticos, académicos y ambientales advierten que esos cambios facilitarían una mayor extranjerización de recursos estratégicos y zonas con importantes reservas de agua y minerales.
Para los defensores del proyecto se trata de atraer inversiones. Para sus detractores, representa un paso más hacia un modelo donde los activos estratégicos nacionales quedan crecientemente bajo control de capitales extranjeros.
La discusión remite, justamente, al origen del concepto de «república bananera»: países cuya riqueza natural termina administrada por grandes intereses privados externos mientras el Estado reduce su capacidad de regulación.
La otra característica: corrupción e instituciones debilitadas
Otra de las características históricas asociadas al concepto de «país bananero» es la debilidad institucional acompañada por sospechas permanentes de corrupción.
Paradójicamente, el Gobierno que utilizó esa expresión enfrenta desde hace meses distintos cuestionamientos públicos. Entre ellos aparecen las denuncias derivadas del caso $LIBRA, las investigaciones periodísticas sobre supuestos pedidos de retornos conocidos mediáticamente como el «3%», las polémicas vinculadas con funcionarios del Ejecutivo, los gastos de Adorni, los vínculos de Espert y diversas causas que aún continúan en distintas instancias judiciales.
Más allá del resultado que finalmente tengan esas investigaciones, la contradicción política resulta evidente: mientras se descalifica al país utilizando un concepto asociado históricamente a corrupción y captura del Estado, el propio oficialismo convive con denuncias que alimentan ese mismo debate público.
Soberanía exterior: Washington, Tel Aviv y el alineamiento absoluto
La definición clásica de «república bananera» también incluía otro elemento central: la subordinación política frente a potencias extranjeras.
En ese aspecto, la política exterior de Javier Milei ha marcado un giro sin precedentes. El Presidente ha manifestado reiteradamente que sus principales aliados son Estados Unidos e Israel, alineando la política internacional argentina con las posiciones de Donald Trump y del gobierno israelí prácticamente sin matices.
Ese alineamiento se expresó en votaciones internacionales, acuerdos diplomáticos, cambios en la política exterior e incluso en decisiones simbólicas que modificaron décadas de tradición diplomática argentina.
Los críticos sostienen que ese esquema reduce los márgenes de autonomía estratégica del país y condiciona decisiones soberanas en función de intereses geopolíticos externos.
La reacción oficial también contrasta con la actitud que el propio Gobierno mostró frente a la reivindicación de la causa Malvinas durante el Mundial. Mientras la Selección Argentina posó orgullosamente junto a una bandera en defensa de la soberanía nacional antes del encuentro frente a Inglaterra, desde el oficialismo surgieron voces que cuestionaron ese gesto y buscaron desalentar la presencia de símbolos vinculados a las islas en los estadios, en línea con las restricciones impulsadas por la FIFA. La contradicción resulta difícil de disimular: se intenta exhibir firmeza frente a un buque británico después de haber quedado expuesto por una actitud que muchos interpretaron como complaciente con las exigencias internacionales y distante del histórico reclamo argentino sobre Malvinas.
La paradoja de llamar «bananero» al país
El término utilizado por el vocero presidencial nació hace más de un siglo para describir economías dependientes, con Estados débiles y gobiernos condicionados por grandes intereses extranjeros.
Por eso la polémica excede una frase desafortunada.
Porque mientras desde la Casa Rosada se utiliza «país bananero» como un insulto dirigido hacia la Argentina, la orientación económica del Gobierno apuesta a profundizar la especialización en materias primas, flexibilizar los límites para la compra de tierras por capitales extranjeros, reducir la intervención estatal sobre sectores estratégicos y sostener un alineamiento internacional casi automático con Washington y Tel Aviv.
En definitiva, la mayor contradicción no parece estar en la utilización del término, sino en que muchas de las políticas impulsadas por la propia administración libertaria son presentadas por sus críticos como rasgos que históricamente definieron precisamente aquello que el vocero pretendió utilizar como descalificación: una auténtica «república bananera».
La semana pasada estuvo en Villa Regina la trabajadora social María Isabel Peña, integrante de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Junto a la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra y a la Directora de Acción Social…
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