En la tarde del viernes quedó habilitada en el Galpón de las Artes la muestra colectiva de mujeres de Río Negro denominada ‘El Valle es Mujer’, que podrá ser visitada todos los domingos de octubre de 18 a 20 horas.
La apertura contó con la presencia del Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, la secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la Directora de Cultura Silvia Alvarado.
‘El Valle es mujer’ tiene como eje central reflexionar sobre el rol de la mujer como artista, no sólo en las artes visuales sino también en los actos cotidianos que emancipan el cuerpo y la sensibilidad.
En el hilo conductor de todas las obras que integran la muestra se evidencian las miradas, las cosmovisiones, los relatos, las luchas de cada una y de todas las mujeres, con multiplicidad de recursos, diferentes técnicas y metodologías de creación, nos encontramos con la esencia de nuestro ser, indagamos el misterio, la pasión, la memoria, habitamos los mismos sueños y la misma tierra, nos apropiamos de diversas influencias, sin embargo todas tenemos en común haber elegido vivir y crear en el valle de Río Negro.
Las artistas que son parte de la muestra son: Carola González Rostoll, Noe de Sosa, Alicia Iturbe, Leticia Rubina, Silvia Sánchez, Viviana Portnoy, Silvia Delinger, Sandy Inostroza, Natalia Nedbala y Pelusa Miño. De la apertura participaron también como artistas invitadas Lena Díaz Pérez y Melina Herrera.
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El diputado nacional Guillermo Michel presentará la semana que viene un proyecto tendiente a crear una plataforma de pagos pública y universal que replique el modelo del sistema Pix de Brasil con el fin de que los comercios tengan una opción que no les cobre comisiones.
La iniciativa, que recibió un fuerte respaldo de legisladores del PT de Lula Da Siva, pone en debate el actual sistema de pagos digitales en Argentina, donde diversas billeteras virtuales cobran fuertes comisiones en operaciones con tarjetas de crédito.
Mercado Pago, la plataforma de pago del empresario predilecto de Javier Milei, Marcos Galperin, le descuenta a los comerciantes entre un 4 y un 8% por cada operación con tarjeta de crédito, una de las tasas más altas del universo de plataformas.
En el caso de Nave, el ecosistema de cobros del Banco Galicia, las comisiones por operación varían en el caso de tarjeta de crédito de 4,9% a 5,79% + IVA.
En el peronismo advierten que, mientras el gobierno libertario hace un ataque constante a las tasas que le cobra los municipios a los comercios, se mantiene en silencio frente a las ganancias que obtienen billeteras como Mercado Pago por esas comisiones.
Pix es una plataforma creada por el Banco Central de Brasil que se convirtió en uno de los medios de pago más utilizados en el vecino país. Ya en la primera mitad de 2025, concentró más de la mitad de las transacciones y en mayo de 2026 se alcanzaron más de 7.000 millones de operaciones bajo esa modalidad.
Se trata de una plataforma estatal integrada donde interactúan todos los bancos y proveedores de servicios financieros.
La iniciativa del diputado entrerriano del Frente Renovador tiene como objetivo central reducir los costos que enfrentan comerciantes y prestadores de servicios al recibir pagos mediante diferentes plataformas.
«Lo que tenemos que hacer para tener Pix es ordenar los distintos mecanismos para abaratar los costos», dijo Michel ante la consulta de LPO.
Al conocerse esa iniciativa, el diputado brasileño del PT Alencar Santana salió a manifestar el apoyo del gobierno de Lula: «Eso será algo muy bueno para Argentina, para Brasil y para la soberanía económica de nuestros países en América Latina», dijo.
Y agregó: «A la mascota de Trump, Javier Milei, no le va a gustar, ¡pero eso es problema suyo».
Santana puso a disposición de Michel los equipos en el Ministerio de Hacienda y también en el Banco Central de Brasil. El dIputado nacional por Entre Ríos ya había mantenido contactos con funcionarios de Lula por ese tema.
Casi cuatro millones de personas quedaron fuera del subsidio para comprar garrafas tras el reemplazo del Programa Hogar por el nuevo esquema de subsidios focalizados del Gobierno.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno de Javier Milei decidió reemplazar el Programa Hogar por un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados y, en el proceso, dejó a casi cuatro millones de personas sin poder acceder al beneficio para comprar garrafas, según el reclamo formulado por la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO). El problema no es solamente administrativo: detrás del reempadronamiento obligatorio y de la exigencia de completar nuevamente los datos aparece una transformación profunda de la política energética, en la que un derecho que alcanzaba a millones de hogares pasó a depender de un registro digital, de la evaluación individual de cada familia y de mecanismos de pago que no todos los usuarios están en condiciones de utilizar.
La situación adquiere una dimensión particularmente grave porque la garrafa no es un consumo suntuario ni una alternativa elegida por comodidad, sino la única fuente de energía disponible para millones de hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural. De acuerdo con datos difundidos por DEUCO, existen alrededor de 4,8 millones de hogares sin acceso al gas por redes, mientras que el antiguo Programa Hogar tenía aproximadamente 3,9 millones de inscriptos que recibían una asistencia para afrontar la compra de garrafas. La sustitución del programa por un sistema de inscripción y evaluación focalizada convirtió, así, un universo de beneficiarios previamente identificado en una población que debe volver a demostrar que merece recibir una ayuda estatal.
Del Programa Hogar al laberinto del reempadronamiento
El cambio fue formalizado dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado después de la eliminación del Programa Hogar. La normativa establece que los usuarios de garrafas deben inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y ser admitidos para recibir el reintegro correspondiente. El mecanismo contempla una bonificación de $9.593 por garrafa de 10 kilos, con un máximo de dos unidades mensuales durante el período invernal y una durante los meses restantes.
Sobre el papel, el Gobierno presenta el nuevo sistema como una herramienta de mayor eficiencia y focalización. En la práctica, el cambio supone que miles de familias que ya estaban identificadas dentro del Programa Hogar deben atravesar nuevamente un proceso administrativo para acceder a una ayuda que, además, ya no funciona como el esquema anterior. El propio presidente de DEUCO, Pedro Bussetti, reclamó que el trámite pueda realizarse presencialmente, justamente porque la digitalización obligatoria puede transformarse en una barrera adicional para quienes tienen dificultades de conectividad, acceso tecnológico o manejo de plataformas digitales.
La propia reglamentación muestra hasta qué punto se sofisticó el mecanismo burocrático. Para determinar quién recibe el beneficio, la Secretaría de Energía cruza información con ANSES sobre los ingresos de los integrantes del hogar, mientras que la inscripción y actualización de datos se realiza mediante el ReSEF. Una vez admitido, el usuario debe efectuar la compra utilizando mecanismos de pago vinculados a billeteras digitales interoperables, entre ellas BNA+ y MODO, para recibir posteriormente el reintegro.
El problema aparece cuando se observa la distancia entre la lógica administrativa del sistema y la realidad cotidiana de las familias que necesitan una garrafa para cocinar o calefaccionarse. Una política social puede ser perfectamente focalizada en sus objetivos y, al mismo tiempo, fracasar en su implementación si convierte el acceso en una carrera de obstáculos. La vulnerabilidad económica no siempre viene acompañada de conectividad permanente, dispositivos adecuados, cuentas bancarias, billeteras virtuales o capacidad para completar trámites digitales, y precisamente por eso los sistemas de protección social históricamente combinaron mecanismos automáticos con canales presenciales.
Una ayuda que además perdió poder de compra
Hay otro aspecto que no debería quedar oculto detrás de la discusión administrativa: el monto del subsidio también merece ser observado frente al precio real de la garrafa. El Gobierno fijó el reintegro en $9.593 para cada unidad de 10 kilos y estableció que ese valor podrá actualizarse tomando como referencia determinados costos vinculados al butano.
Sin embargo, estimaciones difundidas por organizaciones vinculadas al sector ubican actualmente el precio de una garrafa de 10 kilos en torno de los $30.000 en algunos puntos del Gran Buenos Aires, lo que significa que el reintegro puede representar apenas una fracción del costo que debe afrontar una familia. Incluso antes de la actual discusión, el esquema había sido cuestionado porque el nuevo subsidio no acompañaba necesariamente la evolución del precio final que pagan los consumidores.
La comparación histórica permite dimensionar todavía mejor el cambio. El Programa Hogar había sido diseñado para subsidiar de manera directa la compra de garrafas en hogares de menores ingresos que no contaban con gas de red. El nuevo esquema abandona esa estructura y la reemplaza por una modalidad en la que el Estado primero identifica, registra, evalúa y finalmente reintegra, siempre que el usuario cumpla con todas las condiciones establecidas. El discurso de la eficiencia puede esconder, en este caso, algo mucho más concreto: una reducción del universo efectivo de personas que logran llegar hasta el beneficio.
Cuando el ajuste llega a la cocina
La discusión sobre las garrafas permite observar una de las dimensiones menos visibles del programa económico de Milei: el ajuste no solamente aparece en grandes partidas presupuestarias, organismos estatales o programas nacionales, sino también en decisiones que determinan cuánto le cuesta a una familia cocinar, calefaccionarse o sostener las condiciones mínimas de una vivienda.
Para quienes tienen gas natural por red, la discusión sobre una garrafa puede parecer lejana. Para millones de argentinos que viven sin infraestructura de gas, en cambio, se trata de un gasto cotidiano e inevitable. Por eso la eliminación del Programa Hogar y la posterior creación de un sistema de subsidios focalizados no puede analizarse solamente como una modificación técnica de los mecanismos de asistencia: implica redefinir qué responsabilidad asume el Estado frente a quienes quedaron fuera de la infraestructura energética básica.
El dato de los casi cuatro millones de personas que hoy no consiguen acceder al subsidio expone precisamente esa contradicción. El Gobierno puede afirmar que el beneficio continúa existiendo, y formalmente es cierto: existe un reintegro de $9.593 por garrafa para quienes logren ingresar al nuevo esquema. Pero una política pública no se mide únicamente por su existencia normativa, sino también por su capacidad efectiva para llegar a quienes la necesitan. Cuando millones de personas que antes estaban dentro de un programa deben atravesar un nuevo proceso de inscripción y una parte importante queda afuera, el problema deja de ser burocrático y pasa a ser político.
Porque detrás de cada formulario incompleto, cada usuario que no consigue registrarse y cada familia que debe pagar una garrafa a precio completo hay una escena mucho más sencilla y brutal: una persona intentando encender la cocina de su casa. Allí es donde las palabras “eficiencia”, “focalización” y “reordenamiento” encuentran su verdadera medida. Si el resultado del ajuste es que millones de hogares vulnerables tienen más dificultades para acceder a una fuente básica de energía, entonces el debate ya no es sobre la modernización de un subsidio, sino sobre qué modelo de Estado está dispuesto a garantizar las condiciones materiales de una vida digna.
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