En la tarde del viernes quedó habilitada en el Galpón de las Artes la muestra colectiva de mujeres de Río Negro denominada ‘El Valle es Mujer’, que podrá ser visitada todos los domingos de octubre de 18 a 20 horas.
La apertura contó con la presencia del Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, la secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y la Directora de Cultura Silvia Alvarado.
‘El Valle es mujer’ tiene como eje central reflexionar sobre el rol de la mujer como artista, no sólo en las artes visuales sino también en los actos cotidianos que emancipan el cuerpo y la sensibilidad.
En el hilo conductor de todas las obras que integran la muestra se evidencian las miradas, las cosmovisiones, los relatos, las luchas de cada una y de todas las mujeres, con multiplicidad de recursos, diferentes técnicas y metodologías de creación, nos encontramos con la esencia de nuestro ser, indagamos el misterio, la pasión, la memoria, habitamos los mismos sueños y la misma tierra, nos apropiamos de diversas influencias, sin embargo todas tenemos en común haber elegido vivir y crear en el valle de Río Negro.
Las artistas que son parte de la muestra son: Carola González Rostoll, Noe de Sosa, Alicia Iturbe, Leticia Rubina, Silvia Sánchez, Viviana Portnoy, Silvia Delinger, Sandy Inostroza, Natalia Nedbala y Pelusa Miño. De la apertura participaron también como artistas invitadas Lena Díaz Pérez y Melina Herrera.
Hace 11 años —cuando X era Twitter y no una red social tan hostil, expulsiva y aleccionadora como ahora— escribí desde las tripas: «No vamos a levantar la voz?. NOS ESTÁN MATANDO». Estaba envuelta en enojo, pena y furia. La violencia extrema hacia las mujeres, y en ese momento puntual contra las adolescentes, tuvo uno de sus picos máximos cuando Chiara Páez fue asesinada por su novio, Manuel Mansilla, en Rufino, Santa Fe. Chiara tenía 14 años y estaba embarazada de tres meses. Mansilla la mató a golpes y la enterró en la casa de sus abuelos.
Este tuit está escrito. Sucedió. Pero fue azaroso que me haya interpelado a mi de esa forma. Cualquiera podría haber sido la autora de ese posteo: vos, aquella, la otra, la de más allá, la del otro lado. Fue una circunstancia. En menos de un mes, entre ese tuit del 11 de mayo y el miércoles 3 de junio de 2015, organizamos la primera marcha de Ni Una Menos. Ahora, once años después, nos enteramos del femicidio de otra adolescente de 14 años. Entre aquel Ni Una Menos inaugural y hoy contamos 3424 mujeres asesinadas, según La Casa del Encuentro. De esos asesinatos, 3073 fueron femicidios y femicidios vinculados (cuando un hombre mata a una o varias personas con el propósito de causarle sufrimiento, castigar o destruir psíquicamente a una mujer). En estos once años, una mujer fue asesinada cada 30 horas.
Agostina Vega, cordobesa, estuvo desaparecida una semana. Su mamá hizo la denuncia policial horas después de la desaparición. Como suele suceder en estos casos, la fiscalía primero se centró en el círculo más cercano y en la hipótesis de que Agostina podría estar con un noviecito. Recién tres días después se activó la Alerta Sofía. Al cuerpo de Agostina lo encontró la Policía este domingo en un descampado cerca del barrio Ampliación Ferreyra.
Claudio Barrelier, el hasta ahora único acusado por el femicidio, está detenido. El hombre de 33 años había sido denunciado el año pasado por privación ilegítima de la libertad por una mujer que salió corriendo de su casa desnuda y pidiendo ayuda. En mayo de 2025 estuvo detenido solamente 20 días. El fiscal Iván Rodriguez lo dejó libre, fianza de por medio.
Cuando el impacto mediático trasciende los límites de la provincia, la voracidad por el “vivo y directo”, el vértigo, le gana a la información veraz. La audiencia muestra interés por el “caso”, se abren puñados de teorías, análisis, especialistas y opinólogos que desfilan sin parar.
Lo sabemos: casi todas esas teorías se centran en la víctima. Que para su corta edad esto o aquello, que sí hacía videos para TikTok, que las fotos que se tomaba. Hasta se escuchó con tono fuerte y certero a un cronista mencionar detalles de la intimidad de Agostina.
También vale mencionar aquí a esos cronistas de exteriores que, valiéndose de lo que ven, escuchan, preguntan e investigan, valoran la información en off de record y comprenden, como pocos, la prudencia de lo que se informa y cómo.
Pero la carroña mediática está a tiro cuando se trata de una mujer, adolescente, de apenas 14 años como Agostina. Lo mismo sucedió en 2017, por poner sólo un ejemplo, con la joven bonaerense Melina Romero. Melina, la “ fanática de los boliches que abandonó la secundaria”, titulaba el diario de mayor alcance del país, y ampliaba: “Hija de padres separados, dejó de estudiar hace dos años y desde entonces nunca trabajó. Según sus amigos, suele pasarse la mayoría del tiempo en la calle con chicas de su edad o yendo a bailar, tanto al turno matiné como a la noche, con amigos más grandes. En su casa nadie controló jamás sus horarios y más de una vez se peleó con su mamá y desapareció unos días”.
Dos años antes del femicidio de Melina, cuando escribí aquel tuit, las réplicas e intercambios fueron inmediatos. Colegas, compañeras, amigas y desconocidas sugerían ideas, adónde ir, qué hacer, a quiénes y cómo convocar para lograr, primero, el impacto mediático. Allí también se nos abrieron espacios amigables de colegas periodistas, compañeros de profesión y amigos del oficio. Después, hubo que profundizar en los contenidos, reclamos, exigencias, deudas y pendientes. Todo lo organizamos en menos de un mes.
Que vayamos al Puente de la Mujer en Puerto Madero, que estemos vestidas de violeta o de negro, que el horario tenía que ser después de las 17, pero no tan tarde por el frio de junio. Finalmente, lo decidimos: iba a ser en el kilómetro cero del país, frente al Congreso de la Nación.
Desde el 11 de mayo a ese 3 de junio vivimos días frenéticos, intensos. Comenzó a tejerse una red potente, primero de periodistas y comunicadoras, que ya habían participado en un encuentro literario en el Museo de la Lengua, también bajo el lema “Ni Una Menos”, parte de un poema de Susana Chávez, activista mexicana asesinada en Ciudad Juárez.
Todas, una veintena, de diferentes medios, de diversas militancias, formaciones académicas, algunas presentadoras de noticias, escritoras, ensayistas, licenciadas en letras, abogadas, cronistas de exteriores, comenzamos a intercambiar ideas para bajarlas, literalmente, a la calle.
¿Qué íbamos hacer? ¿Qué teníamos para decir? ¿Cuáles eran nuestros reclamos? ¿Qué respuestas tenía el poder político de turno? ¿Qué era aquello que comenzaba a replicarse como #NiunaMenos, basta de femicidios? La respuesta se manifestó la tarde del 3 de junio de 2015 en cada rincón del país.
En todas las provincias, en cada ciudad, en pueblos que jamás habían salido a las calles, como Corral de Bustos, recuerdo; la implosión fue desde el Congreso hasta cada punto del país. O al revés. Lo siento por los porteños.
No pretendo traer una foto sepia de aquella fecha, pero sí recordar que fue un mojón en la historia de los movimientos de mujeres aquí, en la región y en el planeta. Se miraba a la Argentina, este país del fin del mundo. “Vengo del país del #NiUnaMenos” dije una vez ante colegas de otros países de la región. La Argentina era validada, también, por esta nueva ola feminista. Las Tesis llevaron su performance. “Un violador en tu camino”, desde Chile a cada rincón donde los ataques sexuales fueron tema de discusión. El #MeToo, que en 2017 sacudió al mundo cuando dos periodistas revelaron que Harvey Weinstein era, aparte de un exitoso productor de Hollywood, un depredador sexual.
Tuvimos en Argentina aquel Paro Internacional de Mujeres, y después arrasó el #MiraCómoNosPonemos” cuando supimos que Thelma Fardìn, en su adolescencia, había sido abusada sexualmente por el popular actor Juan Darthes.
Y vinieron más marchas, otros paros, imposible recorrerlos todos en un sólo texto.
Pero en los últimos años, la búsqueda de la equidad quiere instalarse como el principal enemigo a vencer. Resulta que para propios y ajenos ese enemigo somos las feministas. Que dónde estamos, por qué reaccionamos, por qué los silencios.
Aquello de «no me siento representada por el feminismo del país» se cuela por la ventana, sin siquiera poder debatir cómo son los feminismos, cuál es el camino de los movimientos de mujeres en la Argentina. ¿Desde qué lugares se lanzan estas pretenciosas afirmaciones casi idénticas y de tan poca profundidad? Desde el poder político, claro. El mismo poder que hoy niega los femicidios y la violencia machista. Que se preocupa por las supuestas falsas denuncias y no dice nada cuando una piba como Agostina, como Chiara, como Melina, aparece asesinada. No hablo sólo del Gobierno. Hablo también de la Justicia. Para muestra, basta la conferencia de prensa que dio ayer el fiscal Raúl Garzón. ¿Nos piden explicaciones a las únicas que nos movilizamos y accionamos contra los femicidios, las violaciones y los abusos? ¿Nos tildan de exageradas? ¿Nos piden que nos calmemos?
Voy a defender mi derecho a estar viva, pero también a enojarme. Y, para eso, tampoco pido permiso ni perdón. El enojo también es una lucha política. Nos vemos, otra vez, el 3 de junio en las calles.
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
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