Qué elementos de higiene se importarán sin burocracia

Un giro en la búsqueda del joven Emanuel Centeno se dio en las últimas horas, tras los doce allanamientos realizados en viviendas de su familia y las declaraciones del ministro de Seguridad del Chubut. El joven de 28 años desapareció hace un mes en la ciudad de Gaiman y se lo ha buscado especialmente en la zona del río Chubut, sin resultados positivos.

El titular de Seguridad chubutense, Héctor Iturrioz, aseguró que “estamos investigando un homicidio”, lo que conmocionó la localidad que aun mantenía esperanzas de encontrar con vida al joven que debe recibir medicación por epilepsia.

El funcionario provincial aseguró que “hay elementos que nos llevan a cambiar la orientación de la investigación, pero esos datos están en manos del fiscal”.

Allanamientos y un joven apuñalado

Tras la desaparición de Centeno el pasado 20 de abril de la casa donde vivía con su abuela en la ciudad de Gaiman, se llevaron a cabo búsquedas por tierra y agua en proximidades del río Chubut en toda la zona del Valle chubutense.

El viernes pasado, el avance de la causa impactó por los doce allanamientos simultáneos que se realizaron en la casa donde vivía, en las de allegados y en la vivienda del hermano del joven desaparecido. Allí, se indicó, se encontraron prendas con manchas de sangre y una gorra que solía usar Centeno.

A las pocas horas, otro hecho impactó a la comunidad: un joven encapuchado atacó a puñaladas a otro que se encontraba en esa vivienda.

El cambio en la investigación

Según adelantó el ministro de Seguridad y Justicia el giro en la investigación está relacionado con los elementos secuestrados en esos allanamientos y otros incorporados a la causa.

La complejidad de la investigación, además de los elementos probatorios y los testimonios obtenidos, permitirían a la fiscalía avanzar en el encuadre de homicidio y la orientación hacia dos o tres jóvenes del entorno de Centeno, según se pudo saber de fuentes judiciales.

Emanuel Centeno es un joven de 28 años que debe recibir medición por su epilepsia y cuenta con gran aprecio en la ciudad de Gaiman, que se encuentra conmocionada primero por la desaparición y ahora por los elementos que indicarían que fue asesinado.

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Todo comenzó con un pedido inesperado en una escuela de Mar del Plata. Una adolescente, con apenas la fuerza que da el miedo sostenido, se acercó a la dirección de la Escuela Secundaria N°60 y dijo lo que no podía callar más: su mamá estaba encerrada en su casa, dominada por un hombre que no solo la tenía cautiva, sino que además golpeaba a ella y a sus hermanos.

La joven, angustiada, describió que el hombre las maltrataba a todas y que su madre apenas podía salir del encierro para llevarlos al colegio. Esa rutina diaria fue su única ventana al mundo exterior, y su hija usó ese mínimo margen de libertad para pedir auxilio.

Alertadas por la gravedad de la denuncia, las autoridades escolares se contactaron con la madre, quien, al llegar, confirmó con la voz quebrada cada palabra que su hija había pronunciado. Dijo que vivía bajo vigilancia permanente, que el agresor controlaba cada movimiento, y que solo podía salir para cumplir con la rutina escolar de sus hijos. Esa mañana, por fin, había decidido no volver a callar.

Sin perder tiempo, la mujer y la directora de la escuela fueron juntas a la comisaría. En su casa del barrio Parque Hermoso, quedaba una niña de tan solo cinco años, aún en manos del agresor. La policía organizó rápidamente un operativo y se dirigió al lugar para evitar que la situación escalara.

Minutos más tarde, y tras una intervención certera, las fuerzas de seguridad lograron rescatar a la pequeña y al resto de los menores. También pusieron a salvo a la madre, trasladando a toda la familia al Hogar Galé, donde ahora están protegidos. La Justicia dictó de inmediato una orden de restricción para impedir que el hombre se acerque nuevamente.

Pero el horror no terminaba ahí, en el allanamiento realizado en la vivienda, se encontraron varias armas de fuego. Aunque no presentaban irregularidades legales, su presencia en ese contexto violento marcó un nuevo nivel de alarma. La investigación avanza para esclarecer si el acusado usó las armas como forma de amenaza o control.

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El martes 13 de mayo salió publicada en el Boletín Oficial la Disposición nº 3158/25 de ANMAT, inhibiendo las actividades productivas de las firmas farmacéuticas HLB Pharma Group S.A. y de Laboratorios Ramallo S.A. A su vez, la disposición prohíbe también el uso, distribución y comercialización en todo el territorio argentino, de todos los productos de dichas firmas, hasta que se hallen las condiciones técnicas y sanitarias adecuadas para levantar la medida. La inhibición es un paso previo a la clausura. También se inició una denuncia penal contra los empresarios y responsables. Lamentablemente, la medida llegó tarde, ya que la falta de cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y control por parte de dichos laboratorios, se cobró nueve vidas. Por Claudia Jati, para Política Obrera.

La gota que rebalsó el vaso fue la contaminación bacteriana con Klebsiella pneumoniae productora de metalobetalactamasa (bacteria altamente resistente a los antibióticos) y Ralstonia picketti, en un lote de fentanilo inyectable. Al aplicar el medicamento contaminado con esas bacterias, dos pacientes internados en Rosario y 18 pacientes internados en el Hospital Italiano de La Plata sufrieron neumonía severa, nueve de ellos terminaron con sepsis que los llevaron a la muerte. Pero, detrás de esta tragedia, no hay una simple contaminación accidental. Hay todo un historial de años de violación de normas, irregularidades, ilegalidades, antecedentes de estafas, contactos políticos y negocios turbios, que atravesaron todas las gestiones que pasaron en los diferentes gobiernos.

Los dos socios, Ariel García Furfaro y Jorge Salinas, son dueños de ambas firmas (Laboratorio Ramallo sería la planta tercerizadora que fabrica productos para la marca HLB Pharma). Antes de adquirir esas empresas, ya tenían su prontuario.

Jorge Salinas era dueño del laboratorio Rigecin, que producía sueros principalmente para el ámbito hospitalario. Al adquirir en el 2005 el laboratorio Apolo terminó abarcando el negocio del 60% de las soluciones salinas del mercado nacional. Era conocido por pasearse cada día en diferentes autos de alta gama (Porsche, Audis A2, A5, A6, hasta en una Hammer), mientras que, de los 120 empleados que había en Apolo, por lo menos 70 estaban en negro. En el 2012 la planta estuvo paralizada casi ocho meses por un conflicto laboral, por sueldos y aguinaldos atrasados: los empleados no cobraron durante varios meses y les ofrecían abonar lo adeudado en 24 cuotas. Salinas estuvo también involucrado en el comercio ilegal desde Paraguay, donde compró un laboratorio que producía para sus empresas y, para bajar costos, la mercadería ingresaba ilegalmente (es decir, sin ningún tipo de autorización ni control sanitario). En el 2011 fue procesado por la famosa “Mafia de los medicamentos” donde, junto con otros cuatro empresarios más, estafaron al PAMI en 21 millones de pesos de esa época. El laboratorio Apolo también compartió la sociedad con Ariel García Furfaro. Entre 2004 y diciembre 2016 laboratorio Apolo tuvo seis fajas de clausura de las cuales al menos cinco, fueron violadas. A pesar de eso consiguieron en abril 2016 autorización para producir e importar efedrina. Una dudosa habilitación para un laboratorio que arrastraba serias fallas en sus prácticas de producción y seguridad.

Pocos meses después, en junio 2016, sospechosamente fuera del horario de producción, durante la madrugada explota una caldera de este laboratorio rosarino, hiriendo de gravedad a cinco personas y destruyendo totalmente dos viviendas vecinas. Nunca se terminó de investigar el caso porque la querella se retiró a cambio de una millonaria indemnización y se dejó caer la causa. Es luego de la destrucción explosiva del lab Apolo, que el dúo “Salinas /García Furfaro” adquiere HLB Pharma en San Isidro y laboratorio Ramallo en la ciudad del mismo nombre.

El prontuario de García Furfaro es un prontuario textual: estuvo preso entre 2002 y noviembre 2005 por lesiones graves y en la cárcel además de recibirse de abogado fundó una especie de “sindicato de presos”.

Ariel García Furfaro se hizo conocido en 2012 cuando puso una verdulería en Flores, llamada Colina, relacionada con la agrupación política Kolina (Corriente para la Liberación Nacional) donde militaba y cuya dirigente era Alicia Kirchner.

Cuando el dúo se hizo cargo de HLB Pharma y de Ramallo, en 2017, siguieron las irregularidades. Desde Ramallo se elaboraban varios productos para HLB que no contaban con autorización ni con los controles de calidad adecuados y eran introducidos al circuito hospitalario. Existen varias actas de la ANMAT que registran las irregularidades y el laboratorio seguía sin presentar la documentación e incumpliendo normas sin que nada le pase, con las autoridades al tanto de todo. En el 2023 la ANMAT tuvo que solicitar documentación de más de 20 productos de ese laboratorio que estaban siendo elaborados de manera irregular y la empresa incumplía lo solicitado sin ningún problema. Incluso se detectaron productos inyectables producidos en envases no autorizados y prohibidos para ese tipo de medicación y el laboratorio violó la inmovilización de esos lotes. Los productos inyectables deben fabricarse en áreas especiales, aisladas del resto, para evitar contaminación, sin salidas al exterior, con ventilación de aire con filtros especiales (HEPA) y presión positiva, superficies lisas sin ranuras para evitar crecimiento bacteriano etc, y se detectó producción de medicamentos estériles fuera del área habilitada para ello, que ponía en riesgo severo de contaminación. A pesar de estos antecedentes, por su conexión política y con el poder de turno, estuvimos al borde de que le adjudicaran la producción y comercialización nacional de la vacuna de origen ruso, Sputnik V contra Covid-19. García Furfaro integró la comitiva que viajó a Rusia cuando el gobierno de Alberto Fernández negoció con Putin el acceso a dicha vacuna. A último momento, denuncias por medio, por el historial de ese laboratorio, finalmente el gobierno decidió arreglar directamente entre ambos Estados eliminando al laboratorio intermediario en la transacción. Sin embargo, consiguieron un negocio millonario con el Estado, fabricando barbijos triple capa y cofias durante la pandemia.

Durante diferentes gestiones de gobierno, laboratorio Ramallo siguió incumpliendo las buenas prácticas de manufactura, teniendo que retirar lotes de medicamentos que no cumplían con los parámetros de calidad, en 2018, 2019, 2020 y 2022. Muchas de las irregularidades fueron clasificadas como críticas y graves. Sin embargo, no tenían freno. Antes de la tragedia del fentanilo, durante el mismo 2025, la ANMAT tuvo que prohibir varios productos con fallas de trazabilidad, de controles, documentaciones, etc. Uno de los casos más graves fue el Mix-Up (es un error en el envasado o etiquetado donde se le pone un rótulo que no corresponde con lo que hay adentro) entre diclofenac inyectable y morfina inyectable de la marca HLB Pharma. Se habían mezclado las etiquetas de unos con las de otros. Era cuestión de tiempo para que todo terminara en tragedia. Una larga sumatoria de irregularidades, de fortunas realizadas mediante fraudes, de explotación laboral, de contactos políticos que hicieron la vista gorda. Por eso, las nueve muertes por fentanilo contaminado no son un accidente.

Cuando lo que importa es la ganancia del empresario a cualquier precio, el medicamento se transforma en una mercancía y no en un bien social. El aseguramiento de la calidad del mismo se ve como un gasto y no como una necesidad. La vida de los pacientes deja de tenerse en cuenta. Al explotador no le importa. Estamos ante la crónica de una muerte anunciada. El capitalismo mata. Textual.

Fuente: https://politicaobrera.com/14102-laboratorio-hlb-pharma-nueve-muertes-evitables

El gremio de trabajadores viales marchó en defensa de los puestos de trabajo y contra el decreto que busca desmantelar Vialidad Nacional. Denuncian el vaciamiento del organismo, la pérdida de derechos laborales y advierten sobre el impacto en la conectividad de caminos del país. Advierten sobre posibles cortes en pasos fronterizos. Por Infogremiales.

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, realizaron ayer una masiva marcha hacia el edificio de Empleo Público en repudio al inminente decreto del Gobierno Nacional que pretende desmantelar Vialidad Nacional. “Quedamos todos en la calle, Vialidad se convierte en alguna otra cosa que nadie sabe qué es ni para qué va a servir”, sentenció Aleñá.

En este marco, advirtió que esta medida del Gobierno dejará a más de 4.000 familias sin trabajo y sin convenio colectivo. “Pretenden que estemos en un convenio que explota a los trabajadores del Estado, como es el convenio general que es una vergüenza los sueldos que tienen”, afirmó.

Así, la dirigente sindical sostuvo que, si bien seguirán atendiendo las emergencias, van a continuar con las medidas de fuerza hasta que resuelvan el problema. “Vamos a hacer todo lo que sea necesario, ya sea los cortes, en los pasos fronterizos, donde tengamos que estar para defender a Vialidad”. Y agregó: “No sólo es la defensa de las fuentes de trabajo, sino que estamos defendiendo al pueblo argentino que va a quedar totalmente desconectado. Se van a salvar las provincias que tengan plata, las que no tengan no van a poder salir de la esquina”.

Por otra parte, Aleñá hizo mención a los inmuebles que tiene la Dirección Nacional de Vialidad y arremetió contra las autoridades: “¿Quién se va a quedar con todo eso? Con los campamentos, con todas las casas que tenemos, en zonas turísticas. ¿Qué van a hacer con esa plata?”.

Para terminar, desde el gremio aseguraron que “continuarán con la lucha y peleando por todo lo que corresponde”. “No vamos a dejar a ningún compañero en la calle. Somos Vialidad Nacional, el contacto con todo el pueblo y vamos a seguir asistiendo hasta el último día que nos toque, a pesar de la pelea y de la lucha que tengamos”, concluyó Aleñá.

Nota publicada en

Masiva marcha de trabajadores viales contra el cierre del organismo: “El gobierno quiere dejar a más de 4000 familias en la calle»

Imagen de la Escuela Primaria N° 22 de doble jornada y Secundaria N° 27 de San Fernando, cerrada por el paro de la FEB, acompañado por muchos/as docentes.

El martes 20 de mayo hubo un alto acatamiento en el paro docente convocado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) e impulsado por la lista Multicolor del Suteba provincial. La mayoría del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea los principales sindicatos de la provincia, aceptó nuevamente una paritaria a la baja sobre un salario al que ya no se le puede ajustar más nada. Entre 2023 y la actualidad, el salario real docente perdió alrededor de un 40%. Los desmedidos aumentos en alimentos, alquileres, transporte e impuestos no coinciden con los números que manejan los medios masivos de comunicación sobre la «inexistente» inflación que el Gobierno nacional «logró» controlar casi en su totalidad. Un relato que, para las y los docentes, se cae a mitad de mes, ya que a los pocos días de haber cobrado la plata desaparece de los bolsillos. Tenemos al peor gobierno nacional de la historia y a la mayoría de los sindicatos agachando la cabeza. La docencia, en cambio, dió muestras de sobra de que tiene el poder en sus manos y que no se rinde. Con o sin sus dirigentes, la lucha ya comenzó. Opina: Lucas Ezequiel Menconi (maestro de grado de niños y de ciclo de jóvenes y adultos en San Fernando y Tigre), para ANRed.

El Gobierno nacional ajusta a toda la clase trabajadora y reprime salvajemente a quiénes reclaman por sus derechos. Mención aparte a la lucha de los jubilados, dónde todos los miércoles sufren atropellos que los grandes medios ya dejaron de cubrir.

La docencia de Buenos Aires se pronunció este martes contra el ajuste del gobierno nacional, contra la escasa equiparación de sueldo del gobierno provincial y, principalmente, y paradójicamente, contra todos los dirigentes sindicales que dejan pasar el ajuste, que no escuchan a sus afiliados y que le dan gobernabilidad a un espacio político represor manejado por el FMI.

Mientras, la conducción del Suteba sigue durmiendo la siesta y permite el ajuste hacia sus trabajadores. Opera hoy más cercano a una unidad básica que a un sindicato, que tiene como slogan el ser «combativo», pero que lejos está de un pasado donde se realizaban paros por tiempo indeterminado, incluso cuando gobernaban referentes de su propio espacio político.

La Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), que también era un sindicato de lucha, eligió la pasividad y seguir quedando bien con el gobernador Axel Kicillof, pero quedando muy mal con sus afiliados. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que siempre fue tildada de conservadora entre los tres grandes sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), se convirtió en vanguardista y pese a la conciliación obligatoria, ratificó el paro que fue acompañado por la gran mayoría de los docentes de la provincia. Muchas escuelas de todos los niveles directamente no abrieron y, cabe aclarar, que en su mayoría no son afiliados de FEB, pero sí son trabajadores que pagan el ajuste, por eso el acompañamiento.

¿Qué rol cumple la CTERA ante tantos atropellos del gobierno nacional? Lamentablemente la participación en el conflicto es escasa, casi nula. En 2023, con el conflicto de Jujuy, les costó muchísimo despertarse de la siesta y fue por la presión de las bases que hizo efecto, tardío, pero hizo efecto al fin. Lo mismo está pasando ahora, mientras el secretario Roberto Baradel siga en campaña con el gobernador e ignore el reclamo real de la docencia (que no coincide con el de los obsecuentes secretarios distritales) por más aprietes, amenazas de descuento y comunicados sin firma, la docencia se va a levantar y se va a poner de pie. Va a luchar por sus derechos como siempre lo hizo, esté el gobierno que esté.

No importa que en una asamblea los que realmente luchamos seamos una ínfima minoría. Pueden ganar la votación de una asamblea, es fácil seguir al rebaño, pero no pueden tapar el sol con la mano, y si los docentes quieren realizar una huelga para visibilizar lo pésimo de esta situación, la van a volver a realizar aunque le moleste al sindicato e, incluso, va a ser aún más mayoritaria. Los dirigentes se van a tener que poner del lado de los trabajadores, aunque no quieran, eso ya está más que claro.

Ningún derecho se consigue sin lucha. Tenemos al peor gobierno nacional de la historia y a la mayoría de los sindicatos agachando la cabeza. La docencia, en cambio, dió muestras de sobra de que tiene el poder en sus manos y que no se rinde. Con o sin sus dirigentes, la lucha ya comenzó. Que no se detenga y que en el próximo paro seamos muchísimos más.

El juez federal subrogante, Ezequiel Andreani, dictó este miércoles prisión preventiva por 90 días a Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), tras una audiencia virtual de formalización de cargos. Además, estableció un plazo de 180 días para continuar con la investigación en su contra.

Jones Huala, de 38 años, fue detenido el domingo por la noche en El Bolsón mientras descendía de un colectivo proveniente de Bariloche, en un operativo a cargo de la Policía Federal. En ese momento, no existía una orden formal de detención, aunque luego la fiscal Ángela Pagano Mata solicitó que se librara, y el juez Andreani la aceptó. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anticipó públicamente la detención, lo que generó cuestionamientos por parte de la defensa que denunció irregularidades en el procedimiento.

El líder mapuche fue imputado por los fiscales federales Ángela Pagano Mata y Fernando Arrigo por apología del crimen, asociación ilícita agravada e intimidación pública. La causa se basa principalmente en declaraciones realizadas por Jones Huala durante la presentación de su libro Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria, en febrero pasado, donde defendió actos de sabotaje y atentados incendiarios como formas de lucha contra el «sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes».

Estas manifestaciones motivaron denuncias del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Gobierno de Chubut, que lo acusaron de promover la violencia y el temor. En ese marco, el juez Andreani admitió la investigación por una posible violación del artículo 213 bis del Código Penal, que establece penas de tres a ocho años para quienes integran organizaciones que intentan imponer ideas mediante la fuerza o la intimidación.

Asimismo, la fiscalía busca ampliar los cargos con los artículos 210 y 210 bis del Código Penal, que contemplan penas más severas —entre cinco y veinte años— para quienes forman parte de asociaciones destinadas a cometer delitos que pongan en riesgo el orden constitucional.

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