PROVINCIA ACOMPAÑA A LOS MAYORES CON EL PLAN: RIONEGRO +60

 

La Justicia Federal de Rosario dispuso la intervención empresaria de Vorterix Rosario que fue adquirida en 2018 por un grupo que tuvo como su dueño en las sombras a un hombre implicado en el tráfico internacional de cocaína mediante avionetas en vuelos clandestinos hacia distintos lugares del país.

La determinación fue requerida por la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) y admitida por 90 días este martes por el juez federal Carlos Vera Barros. Es un legajo impulsado por el fiscal federal Juan Argibay Molina que avanzó tras la detención de Brian Bilbao en noviembre del año pasado. Se trata de un rosarino que lideró una organización de narcotraficantes y fue apresado tras dos años prófugo en la localidad bonaerense de Pavón tras el aterrizaje de una aeronave con 956 kilogramos de cocaína. Ese mismo día una avioneta cayó a tierra en Arequito, Santa Fe, donde se hallaron otros 60 kilos de cocaína acondicionados de la misma forma que los que transportaba Bilbao.

El fiscal Argibay Molina pidió ahora la intervención de Vorterix Rosario -VTX Rosario-para que los movimientos accionarios queden bajo el control de un síndico ya que se tiene acreditado que la compra del teatro ligado a la conocida radioemisora de Buenos Aires -que no tiene ningún vínculo con esta investigación- fue concretado con dinero del narcotráfico con fines de lavado.

Vorterix Rosario era una emisora con sistema de redes que controlaba un teatro donde se organizaban shows de rock de primer nivel. Y que incluía también la administración de un teatro que llevaba el mismo nombre en Mar del Plata.

Bilbao está preso desde el 11 de noviembre de 2025. Para ese momento la provincia de Santa Fe ofrecía por datos para ubicarlo una recompensa de 50 millones de pesos. Es un hombre al que no se le reconocen antecedentes de violencia. Precisamente invocó eso y su estado de salud para que le concedieran la libertad durante el proceso judicial. Tiene insuficiencia coronaria y tres stents colocados. «No soy una persona agresiva ni conflictiva», declaró cuando lo imputaron.

Las acciones de Vorterix fueron compradas por Brian Bilbao y administradas por él al menos desde fines de octubre de 2018 y hasta 2023 inicialmente por medio de Anabela Acuña. También compartieron la administración Ludmila Aragón con la compra de seis mil acciones correspondientes al 30 por ciento del capital de Vorterix Rosario por el valor de una camioneta Toyota BW por 32 mil dólares. También Germán Urán estuvo en la administración desde junio de 2019 hasta que cedió seis mil acciones propias a Brian Bilbao

Por su parte el productor de espectáculos Germán Uran, de la empresa Kaos Productora, también habría administrado la sociedad desde junio de 2019 con participación accionaria que transfirió en febrero de 2023, cuando se deshizo de seis mil acciones que retornaron a Brian Bilbao por la misma camioneta Toyota inscribió a nombre de Kaos Productora. Urán no la puso a su nombre sino de la productora, dice la fiscalía, en un indicio de intento de lavado.

La pesquisa inicial de Gendarmería Nacional estableció que Brian W. Bilbao adquirió VTX Rosario a través de testaferros. Luego la fiscalía concluyó que Urán era socio gerente de los teatros Vorterix Rosario y Vorterix Mar del Plata.

De las conversaciones telefónicas de Urán los investigadores de Procelac detectaron que hacía referencia constantemente a que Brian Bilbao era su socio y que no figuraba en la sociedad porque «no le daba para blanquear». Sin embargo era Bilbao, reconoce el productor, quien había puesto el capital para adquirir VTX Rosario.

Ahora la sociedad quedará bajo el control de un síndico. La fiscalía había sugerido una intervención con un veedor o uno o varios coadministradores para controlar el patrimonio de personas que en algunos casos tienen elevadas a juicio causas por narcotráfico y, ahora, por lavado de activos.

Los 956 kilos de cocaína secuestrados tras la detención del prófugo Brian Bilbao.

Brian Bilbao fue detenido tras tener dos años de pedido de captura activo. Lo habían implicado en una asociación ilícita transnacional activa desde al menos octubre de 2024, que ingresaba al país grandes cargamentos de droga mediante avionetas privadas sin plan de vuelo ni registros válidos, que concluían en pistas clandestinas ubicadas en campos del sur santafesino y el norte bonaerense, para su posterior transporte o exportación hacia otros países, en particular mediante el uso de puertos fluviales de la región.

El fiscal federal de la Procuración de Narcotráfico (Procunar) Matías Scilabra recordó al imputar a Bilbao que la investigación se inició el 30 de octubre de 2024, tras el hallazgo de 475 kilos de cocaína en una avioneta en Pueblo Andino, a 50 kilómetros de Rosario, que era pilotada por el ciudadano boliviano Oscar Armando Caba Hurtado, que ya tenía una condena a 7 años y 2 meses de prisión.

Según la pesquisa, Bilbao y otra persona fueron detectados en dos camionetas en las inmediaciones y huyeron advertir que el piloto era perseguido por la Fuerza Aérea Argentina.

Brian Bilbao era socio de su hermano Waldo Bilbao quien fue atrapado en Rosario en una persecución de película cuando huía por el ducto de cañerías del edificio donde habitaba en el céntrico barrio Martin.

 

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El gobierno de Jorge Macri sumó a nueve bancos al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad, una iniciativa que nació de un proyecto presentado por el legislador opositor Leandro Santoro y terminó convertida en ley después de una negociación con el Ejecutivo porteño. 

La medida busca atender uno de los problemas que más creció en los últimos meses: las familias que acumularon deudas de tarjetas y préstamos y ya no pueden sostener las cuotas. 

Banco Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano adhirieron al programa. La incorporación de las entidades amplía considerablemente el alcance de una herramienta que hasta ahora dependía de conseguir que los bancos aceptaran las condiciones fijadas por la Ciudad. 

El esquema permite refinanciar deudas en mora originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales. El plazo será de hasta 24 meses y la tasa fija no podrá superar el 35% nominal anual. El trámite se realizará directamente ante el banco o entidad financiera adherida. 

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El programa surgió de la Ley 6.959, sancionada por la Legislatura porteña el 18 de junio. El proyecto original fue presentado por Santoro junto con los legisladores Alejandro Grillo y Claudia Neira. 

Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día. 

La norma tiene como objetivo facilitar la refinanciación de las deudas de consumo, evitar la exclusión del sistema crediticio y reducir la carga financiera sobre los hogares porteños. 

La ley alcanza a las deudas registradas hasta el 1° de junio pasado. Para ingresar, el deudor deberá encontrarse en situación 2 o 3 del Banco Central, es decir, acumular entre 60 y 180 días de atraso. 

Además, los ingresos del grupo familiar deberán ser inferiores a diez salarios mínimos y el pago mensual de las deudas deberá representar más del 30% de los ingresos del hogar. 

También se exige acreditar domicilio real en la Ciudad durante al menos los últimos dos años. No podrán ingresar quienes tengan más de un inmueble, vehículos de menos de cinco años de antigüedad -salvo que acrediten su utilización para trabajar-, embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro. 

Tampoco quienes posean activos financieros superiores a la deuda que pretenden refinanciar o hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos impagos. 

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Para conseguir que los bancos entren al programa, la Ciudad puso además una ficha propia sobre la mesa. Las entidades adheridas tendrán una reducción del 50% de Ingresos Brutos sobre los intereses que perciban por estas refinanciaciones. 

Es el incentivo fiscal que permitió convertir el acuerdo político en una herramienta con participación del sistema financiero. 

«Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día», afirmó Jorge Macri. 

La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Milei. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un tema entre privados y descartó una asistencia directa del Estado. 

El jefe de Gobierno destacó además que la iniciativa fue trabajada «en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable». 

La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Javier Milei en dos terrenos sensibles. El primero es la intervención estatal frente al salto de la morosidad. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un «tema entre privados» y descartó una asistencia directa del Estado. «Tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí», dijo el ministro. 

Pero hay una segunda diferencia, esta vez estrictamente política. Macri tomó un proyecto impulsado por Santoro, principal referente opositor en la Ciudad, lo negoció con la Legislatura y lo convirtió en una política del Ejecutivo. 

La operación tiene, por supuesto, una lectura política. Santoro consiguió instalar desde la oposición una iniciativa que terminó convertida en política pública y Jorge Macri se quedó con la ejecución y la incorporación de los bancos. En el medio quedaron las familias endeudadas, que son finalmente las que explican el acuerdo. La mora hizo algo que la política nacional viene encontrando bastante más difícil: sentar al oficialismo y a la oposición alrededor de la misma mesa.