A partir de hoy está disponible en toda la provincia, una propuesta destinada a adultos mayores de 60 años, quienes conforman el grupo con mayor vulnerabilidad ante la pandemia del COVID-19.
El plan Río Negro +60 busca ayudar y acompañar a los mayores, hasta tanto se extienda el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se proporcionará un 0800 exclusivo, programas de radio y televisión, asistencia psicológica y entretenimiento, entre otras cosas.
“El objetivo de esta herramienta es que se constituya en una solución simple y eficaz para tratar los distintos inconvenientes que provoca en las personas mayores el aislamiento dispuesto en contexto de la pandemia de COVID-19”, sostuvo la gobernadora, Arabela Carreras, quien encabezó el lanzamiento del plan con una conferencia de prensa virtual, en el Salón Gris de la Casa de Gobierno.
El plan tiene cinco ejes desde los cuales se trabajará para mejorar la situación de este grupo. En primer lugar, funcionará el 0800-333-0167 de 8 a 20, de lunes a lunes. “A través de esta línea todos los adultos mayores de la provincia podrán tomar contacto en forma exclusiva con los operadores, cada inquietud será canalizada en función del tipo de demanda para brindar una respuesta eficaz”, indicó la Mandataria.
El 0800 atenderá cuestiones relativas a medidas de prevención frente al Coronavirus; actividades para hacer desde el hogar; cuidado de la salud; modos de atención en bancos, obras sociales y otras dependencias y farmacias de turno en cada localidad; entre otros temas.
Del mismo modo, y ante una emergencia, se realizará la derivación inmediata, ya sea al hospital más cercano o al 911.
Por otro lado, estará disponible el programa de atención psicológica. “Es una situación difícil de afrontar, por ello nos hemos asociado con el Colegio de Psicólogos para brindar asistencia y así poder sobrellevar este tiempo de encierro”, explicó Arabela.
Por el mismo 0800 podrá solicitarse este servicio, mediante el cual se darán los turnos para acceder a una consulta de 40 minutos. El Gobierno Provincial respalda este programa abonando la consulta a los psicólogos. Los profesionales que deseen participar pueden hacerlo a través del Colegio de Psicólogos.
En tercer lugar podrán acceder a un espacio de encuentro específico para adultos mayores en el Facebook “Río Negro más 60”. Esta página está destinada específicamente a socializar, habrá consignas de entretenimiento y distintas tareas. “Por supuesto también es un espacio para canalizar inquietudes y están los equipos preparados para poder atenderlas”, aseguró la Gobernadora.
En los medios públicos provinciales, Canal 10 y LU19, podrán disfrutar de programaciones pensadas específicamente para ellos.
En Canal 10, el programa “Activate en Casa” irá de las 8.30 a las 9.30. En este espacio los lunes, miércoles y viernes se transmitirá gimnasia funcional, en tanto los martes y jueves será una clase de yoga. Ambas clases son llevadas adelante por profesores especialistas en adultos mayores.
De 9.30 a 10, iniciará “Río Negro te acompaña”, momento en el que se brindará información y asesoramiento sobre distintas temáticas, habrá un equipo de profesionales de la salud que orientarán en cuestiones sanitarias para reforzar como hay que cuidarse en este contexto.
De 14 a 14.30 “Río Negro te entretiene” transmitirá distintas actividades con el objetivo de generar un espacio para la distención.
Por otro lado, LU19 incluirá en su programación un magazine de 15 a 18, con mucha información para los adultos mayores.
Por último, el plan invita a los centros de adultos mayores de la provincia a contactarse mediante el 0800 para resolver las distintas problemáticas que afloran en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por el COVID-19. “Hoy los más de 60 centros que hay en Río Negro están cerrados, y queremos mantener vivo su espíritu colaborativo. Por ello los invitamos a que se comuniquen con nosotros para conversar sobre los distintos temas”, destacó la Gobernadora.
Tras la reunión con Sergio Massa y Máximo Kirchner en la que se llegó a un acuerdo para que haya una PASO presidencial en el peronismo, Axel Kicillof encaró esta semana un importante raid político que arrancó en Chaco y terminó con una reunión con Susan Segal en Buenos Aires y con una visita a Montevideo que incluyó una foto con el presidente uruguayo Yamandú Orsi.
El gobernador bonaerense se reunió el jueves con la presidenta del Council of the Americas, Susan Segal, en el Hotel Alvear. Fue un encuentro que duró una hora donde Kicillof trazó un diagnóstico de la situación del país. También participaron varios empresarios.
Este viernes, Kicillof viajó a Montevideo para participar del Tercer Congreso Panamericano, un ámbito que reúne a políticos progresistas de varios países. El presidente Yamandú Orsi lo recibió en la Torre Ejecutiva, la sede del poder político uruguayo.
Ambos líderes conversaron sobre cuestiones regionales y de los cambios geopolíticos que enfrenta hoy el mundo. Además, analizaron las oportunidades estratégicas para el Río de la Plata y para Latinoamérica.
Kicillof mencionó el reciente episodio que protagonizó Javier Milei en Brasil cuando asistió a una actividad de campaña de Flavio Bolsonaro, candidato de derecha que compite en las elecciones contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.
«No fue bueno para Argentina que el presidente de nuestro país fuera a Brasil y tuviera las apreciaciones y las palabras que tuvo con el presidente ese país. Eso ocasionó que hoy estemos en una situación de mucha fragilidad, hubo una degradación en el vínculo que para mí es grave, lo digo en calidad de gobernador de la provincia», dijo Kicillof.
Lo digo en rioplatense: Javier Milei metió la pata hasta el fondo.
Milei participó en el lanzamiento de la candidatura de Bolsonaro en São Paulo. Allí criticó que la Justicia brasileña no le permitiera visitar al ex presidente. Además, calificó a Lula de «ladrón» y de «diseminar el socialismo» en América Latina.
«Lo digo en rioplatense: Milei metió la pata hasta el fondo», dijo Kicillof, aunque aclaró -quizás para evitar nuevas tensiones- que ese tema no lo pudo hablar con Orsi.
Axel Kicillof en el Tercer Congreso Panamericano.
Kicillof y el jefe de Estado de Uruguay firmaron además dos convenios. Uno entre la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para llevar productos a la provincia de Buenos Aires.
El otro es sobre investigación científica. En este caso, entre la Comisión de Investigación Científica (CIC) de la provincia de Buenos Aires y la Universidad de la República de Uruguay.
El Tercer Congreso Panamericano se desarrolla en Montevideo con asistentes como los expresidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Ernesto Samper. El coordinador general del Congreso Panamericano, David Adler, dijo en la apertura que este espacio de debate apunta a una «visión alternativa» centrada en la cooperación, igualdad soberana, entendimiento mutuo y fraternidad.
Durante tres días se abordarán temas como la paz, la seguridad, la inteligencia artificial y la soberanía digital, en busca de «soluciones concretas y reales a los desafíos que hoy amenazan el bienestar de nuestros pueblos en todo el hemisferio», sostuvo Adler.
La vicepresidenta uruguaya y presidenta de la Asamblea General del Parlamento, Carolina Cosse, llamó en su discurso a no desanimarse ante las derrotas electorales en la región y destacó que en Perú y Colombia los candidatos de izquierda perdieron por un estrecho margen.
Victoria Villarruel profundiza su juego propio y en su entorno ya hablan abiertamente de una posible candidatura presidencial. La vicepresidenta busca correr a Milei por derecha y uno de los ejes que eligió para hacerlo es el campo: pidió eliminar las retenciones, una promesa incumplida del presidente.
Lo hizo al visitar este sábado una muestra rural en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. «El futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones», afirmó.
Campo, Malvinas y defensa del personal de las fuerzas armadas y de seguridad que enfrentan los peores sueldos de las últimas décadas, son ejes centrales de su estrategia de construir una candidatura de derecha nacionalista, que el peronismo ve con excepctativa porque le puede sacar a Milei los puntos que le impidan ganar en primera vuelta.
Cerca de Villarruel creen que tiene niveles de conocimiento y una capacidad electoral muy superior a la de otros dirigentes que buscan instalarse para 2027 ante la debilidad de Milei, como Daniel Hadad o el banquero Jorge Brito.
En ese camino empezó a tender puentes hacia sectores que están fuera del universo libertario. Villarruel recibe en el Senado a dirigentes del peronismo y del radicalismo y explora una construcción transversal para ampliar su base política.
El dato más llamativo es Mauricio Macri. Villarruel mantenía un diálogo fluido con el expresidente, pero este se interrumpió después del reciente acercamiento del fundador del PRO a Milei. La lectura en el entorno de la vicepresidenta es que Macri terminó demasiado cerca del Gobierno para servir como interlocutor de una alternativa.
Villarruel mantenía un diálogo fluido con Macri, pero este se interrumpió después del reciente acercamiento del fundador del PRO a Milei.
El Senado funciona así como su principal plataforma política. Desde allí puede conversar con gobernadores, senadores y dirigentes opositores sin depender de la estructura libertaria. Es un terreno especialmente cómodo para una vicepresidenta que quedó afuera de las decisiones centrales del Ejecutivo pero conserva una de las posiciones institucionales más importantes del país.
La ofensiva sobre las retenciones encaja en esa estrategia. Villarruel reclamó eliminar los derechos de exportación al campo, una bandera con fuerte recepción entre los productores y que además le permite disputar un sector que Milei considera propio.
Todavía falta un año y no existe un lanzamiento formal. Pero alrededor de la vicepresidenta ya dejaron de tratar la hipótesis como una fantasía. La ruptura con Milei, el corte del diálogo con Macri, las conversaciones con peronistas y radicales y ahora la ofensiva sobre las retenciones dibujan una misma hoja de ruta.
El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?
Por Ignacia Fratelint para NLI
La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.
La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.
La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad
Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.
Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.
El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.
La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.
Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.
Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.
El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?
Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.
La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?
La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.
Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.
Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.
La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.
Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.
El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros
Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?
La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.
Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.
Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.
En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.
Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.
El espejismo de medir el éxito solamente en dólares
El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.
La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.
El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.
Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.
La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.
Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.
Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.
La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI
El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.
Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.
Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.
El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.
La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.
Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.
La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.
El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.
Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.
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