PROVINCIA ACOMPAÑA A LOS MAYORES CON EL PLAN: RIONEGRO +60

A partir de hoy está disponible en toda la provincia, una propuesta destinada a adultos mayores de 60 años, quienes conforman el grupo con mayor vulnerabilidad ante la pandemia del COVID-19.

El plan Río Negro +60 busca ayudar y acompañar a los mayores, hasta tanto se extienda el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se proporcionará un 0800 exclusivo, programas de radio y televisión, asistencia psicológica y entretenimiento, entre otras cosas.

“El objetivo de esta herramienta es que se constituya en una solución simple y eficaz para tratar los distintos inconvenientes que provoca en las personas mayores el aislamiento dispuesto en contexto de la pandemia de COVID-19”, sostuvo la gobernadora, Arabela Carreras, quien encabezó el lanzamiento del plan con una conferencia de prensa virtual, en el Salón Gris de la Casa de Gobierno.

El plan tiene cinco ejes desde los cuales se trabajará para mejorar la situación de este grupo. En primer lugar, funcionará el 0800-333-0167 de 8 a 20, de lunes a lunes. “A través de esta línea todos los adultos mayores de la provincia podrán tomar contacto en forma exclusiva con los operadores, cada inquietud será canalizada en función del tipo de demanda para brindar una respuesta eficaz”, indicó la Mandataria.

El 0800 atenderá cuestiones relativas a medidas de prevención frente al Coronavirus; actividades para hacer desde el hogar; cuidado de la salud; modos de atención en bancos, obras sociales y otras dependencias y farmacias de turno en cada localidad; entre otros temas.

Del mismo modo, y ante una emergencia, se realizará la derivación inmediata, ya sea al hospital más cercano o al 911.

Por otro lado, estará disponible el programa de atención psicológica. “Es una situación difícil de afrontar, por ello nos hemos asociado con el Colegio de Psicólogos para brindar asistencia y así poder sobrellevar este tiempo de encierro”, explicó Arabela.

Por el mismo 0800 podrá solicitarse este servicio, mediante el cual se darán los turnos para acceder a una consulta de 40 minutos. El Gobierno Provincial respalda este programa abonando la consulta a los psicólogos. Los profesionales que deseen participar pueden hacerlo a través del Colegio de Psicólogos.

En tercer lugar podrán acceder a un espacio de encuentro específico para adultos mayores en el Facebook “Río Negro más 60”. Esta página está destinada específicamente a socializar, habrá consignas de entretenimiento y distintas tareas. “Por supuesto también es un espacio para canalizar inquietudes y están los equipos preparados para poder atenderlas”, aseguró la Gobernadora.

En los medios públicos provinciales, Canal 10 y LU19, podrán disfrutar de programaciones pensadas específicamente para ellos.

En Canal 10, el programa “Activate en Casa” irá de las 8.30 a las 9.30. En este espacio los lunes, miércoles y viernes se transmitirá gimnasia funcional, en tanto los martes y jueves será una clase de yoga. Ambas clases son llevadas adelante por profesores especialistas en adultos mayores.

De 9.30 a 10, iniciará “Río Negro te acompaña”, momento en el que se brindará información y asesoramiento sobre distintas temáticas, habrá un equipo de profesionales de la salud que orientarán en cuestiones sanitarias para reforzar como hay que cuidarse en este contexto.

De 14 a 14.30 “Río Negro te entretiene” transmitirá distintas actividades con el objetivo de generar un espacio para la distención.

Por otro lado, LU19 incluirá en su programación un magazine de 15 a 18, con mucha información para los adultos mayores.

Por último, el plan invita a los centros de adultos mayores de la provincia a contactarse mediante el 0800 para resolver las distintas problemáticas que afloran en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por el COVID-19. “Hoy los más de 60 centros que hay en Río Negro están cerrados, y queremos mantener vivo su espíritu colaborativo. Por ello los invitamos a que se comuniquen con nosotros para conversar sobre los distintos temas”, destacó la Gobernadora.

Difunde esta nota

Te puede interesar

  • La Justicia declaró inconstitucional la decisión de Caputo de dejar de informar los precios de los combustibles

     

     Una de las herramientas de Luis Caputo para contener la suba de precios acaba de recibir un revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la resolución que eliminó la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles. 

    El fallo dejó sin efecto la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual Caputo derogó el sistema creado en 2016 que obligaba a las estaciones de servicio a informar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Ese esquema alimentaba una base pública, permitía comparar valores entre estaciones y habilitaba denuncias cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.

    Para el magistrado, la eliminación de ese mecanismo implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.

    Caputo pisa los pagos del Plan Gas y usa la plata de las empresas para financiar la suba de subsidios a la energía

    Ramos Padilla también rechazó uno de los principales argumentos del Gobierno y de las empresas expendedoras. Señaló que, si los precios pasan a modificarse con mayor frecuencia mediante sistemas de «micropricing», la necesidad de contar con un mecanismo público, uniforme y actualizado resulta todavía mayor. En otras palabras, cuanto más dinámico es el mercado, más importante es que exista una ventana única que permita saber cuánto cuesta cargar combustible en cada estación.

    Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.

    La decisión judicial aparece en un contexto donde el precio de los combustibles ocupó un lugar central en la estrategia antiinflacionaria de Caputo. Durante buena parte de 2025 el Ministerio de Economía postergó o aplicó sólo parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. La consecuencia fue un atraso tributario que evitó trasladar todo el aumento previsto por la ley al surtidor y ayudó a contener el impacto sobre el IPC.

    El juez federal Alejo Ramos Padilla.

    Ese esquema convivió con otra herramienta. Cuando el petróleo se disparó por la escalada en Medio Oriente, YPF anunció aumentos cercanos al 23%, pero aclaró que absorbería parte del incremento internacional para evitar un traslado pleno al mercado interno. La petrolera actuó como un dique que amortiguó parte de la presión externa y volvió a consolidar el papel del combustible como una de las variables utilizadas para estabilizar los precios.

    El problema apareció cuando el Brent inició el recorrido inverso. Con el barril bastante por debajo de aquellos máximos, las rebajas no llegaron al surtidor con la misma velocidad con la que habían sido absorbidas las subas. En un mercado donde además desapareció la obligación de informar cada modificación de precios en un sistema oficial, el seguimiento de esos movimientos quedó exclusivamente en manos de las empresas.

    La demanda fue presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que sostuvo que la derogación debilitaba el control estatal y reducía la transparencia del mercado. El Gobierno respondió que la información seguía disponible mediante aplicaciones privadas y sitios web de las compañías, además de defender la medida como parte de la política general de desregulación impulsada por la administración de Milei.

    El juez descartó esos argumentos. Recordó que la propia resolución de 2016 había considerado insuficiente el viejo sistema de información mensual y cuestionó que el Estado eliminara la herramienta sin explicar por qué aquello que antes juzgaba inadecuado ahora alcanzaría para proteger a los consumidores. También remarcó que la Constitución obliga a garantizar información pública, comparable y fácilmente accesible, no simplemente la existencia de datos dispersos.

     

    Difunde esta nota
  • |

    “Puertas Abiertas”, ESRN N° 145

    La escuela secundaria  ESRN N° 145 invita a los vecinos de B° Islas Malvinas, este 20 de octubre en el SUM de la escuela a la charla “Puertas Abiertas”, que se desarrollará a las 18 hs. Sobre el Proyecto “Te Damos Una mano de Color “. Este proyecto se sustentará sobre aprender a conocer, aprender…

    Difunde esta nota
  • |

    Los puertos, paralizados por un conflicto que pone en jaque al comercio exterior tras la desregulación de Milei

     

    La decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026 mantiene bloqueado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país. El Gobierno defiende la desregulación como una apertura a la competencia, mientras el sector denuncia un intento de desmantelar una actividad estratégica y anticipa una batalla judicial.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La política de desregulación impulsada por el gobierno de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con impacto directo sobre uno de los sectores más sensibles de la economía argentina. Desde el fin de semana, los prácticos de buques mantienen una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones de ultramar en los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario, corazón de las exportaciones nacionales.

    La protesta surgió inmediatamente después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó de manera integral el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas. Para el Ejecutivo, la normativa elimina privilegios corporativos, reduce costos logísticos y favorece la competencia. Para los profesionales del sector, en cambio, representa una desregulación que compromete la seguridad de la navegación y destruye un esquema construido sobre criterios técnicos antes que comerciales.

    Una actividad clave para que funcione el comercio exterior

    El práctico es el profesional que asesora al capitán de un buque durante las maniobras de ingreso, navegación y salida de puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte del sistema fluvial argentino debido a la complejidad de la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en otros corredores estratégicos.

    Sin ese servicio resulta prácticamente imposible que numerosos buques puedan operar con normalidad. Por esa razón, la decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios comenzó a paralizar progresivamente la operatoria portuaria, con riesgo de afectar exportaciones de granos, aceites, harinas, combustibles y otras cargas de enorme importancia para el ingreso de divisas.

    El conflicto adquiere además una dimensión macroeconómica. Argentina depende en gran medida del complejo agroexportador para generar dólares, por lo que cualquier interrupción prolongada en la logística portuaria puede traducirse en demoras comerciales, mayores costos y dificultades para cumplir contratos internacionales.

    Qué cambia el decreto de Milei

    El Decreto 690/2026 elimina buena parte del esquema regulatorio vigente desde comienzos de los años noventa.

    Entre sus principales modificaciones aparecen la apertura del registro de prácticos sin cupos, la libre contratación de profesionales independientes, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia acreditada naveguen sin contratar prácticos argentinos, la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la liberalización del transporte utilizado para el embarque y desembarque de los profesionales.

    El Gobierno sostiene que el régimen anterior generaba barreras artificiales de ingreso, favorecía posiciones dominantes y encarecía innecesariamente los costos logísticos del comercio exterior.

    Sin embargo, desde el sector cuestionan que la actividad sea tratada como un mercado cualquiera. Argumentan que el practicaje constituye un servicio altamente especializado, vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la prevención de accidentes en una de las principales rutas comerciales del país.

    Una pulseada que excede el conflicto gremial

    Aunque el Gobierno presenta la medida como una disputa con sectores corporativos, el conflicto tiene un alcance mucho mayor.

    La desregulación del practicaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración libertaria para modificar numerosos mercados considerados «cerrados» o «sobre regulados». La lógica oficial consiste en eliminar restricciones, abrir la competencia y reducir la intervención estatal.

    Los críticos de esa estrategia sostienen que el mismo criterio se está aplicando sobre actividades cuya regulación no responde únicamente a razones económicas sino también a cuestiones de seguridad pública, infraestructura estratégica y soberanía sobre vías navegables.

    En ese contexto, la discusión deja de ser exclusivamente laboral para transformarse en un debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en la administración de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.

    El Gobierno prepara reemplazos y el conflicto podría escalar

    Previendo una prolongación del conflicto, el decreto incorporó mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.

    Entre ellos figura la posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan intervenir de manera excepcional para prestar servicios de practicaje, además de habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona en situaciones de emergencia.

    No obstante, distintas informaciones periodísticas indican que los intentos oficiales para encontrar reemplazos inmediatos encontraron resistencia y que los propios capitanes consultados señalaron que no cuentan con las habilitaciones específicas para asumir esa función.

    Mientras tanto, los prácticos adelantaron que además del lock-out impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto, por considerar que vulnera aspectos centrales de la actividad y modifica de manera unilateral un sistema construido durante décadas.

    La pulseada recién comienza. Pero mientras el Gobierno apuesta a sostener una de las desregulaciones más profundas del sector marítimo, cada jornada con los puertos parcialmente paralizados incrementa la incertidumbre sobre el comercio exterior argentino y vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre las reformas económicas y el funcionamiento efectivo de actividades estratégicas para el país.

     

    Difunde esta nota
  • Se nacionaliza la crisis en Granja Tres Arroyos y ya alcanza a cinco plantas

     

    La crisis en Granja Tres Arroyos (GTA) se expande sobre diversas plantas y unidades productivas de la principal avícola del país.

    Como contó LPO, la semana pasada los trabajadores de la planta de Pilar fueron notificados de la parálisis productiva durante todo agosto, suspensión que implica que percibirán el 65% del salario. Eso, en un contexto de atrasos salariales y del aguinaldo.

    Lo mismo que en las plantas de la ex Cresta Roja en Ezeiza y Esteban Echeverría que posee Wade, firma controlada por el grupo GTA.

    Ahora, GTA decidió estirar por otras dos semanas el freno productivo que se arrastra desde mediados de julio en Avex, avícola que integra el grupo GTA y que tiene su planta en Río Cuarto, Córdoba.

    Granja Tres Arroyos anunció que que paralizará plantas en agosto

    Ahí, son 350 los trabajadores afectados, que en los últimos días denunciaron deudas salariales. Al momento, solo les pagaron el 40% de su sueldo de mayo, por lo que les adeudan el 60% restante de ese mes, todo junio, el aguinaldo y julio.

    La escalada conflictiva se había iniciado en mayo, cuando GTA cerró por tiempo indeterminado lu planta La China en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La empresa enfrenta un proceso de reestructuración de deuda por más de USD 350 millones.

    En el sector detallaron que, durante los últimos años, GTA encaró una ambiciosa estrategia de crecimiento, incorporando nuevas plantas y ampliando fuerte su capacidad productiva con la adquisición de WADE (ex Cresta Roja) y AVEX.

    En Brandsen,  la empresa tuvo que vender alrededor de 550 vacas para pagar los salarios, lo que implicó en una drástica reducción del tambo, que quedó con cerca de 150 vacas preñadas y con terneros de corta edad.

    Pero con esa expansión -sostienen- aparecieron dificultades de liquidez, tensiones financieras y la necesidad de iniciar un proceso de reorganización que golpea a distintas plantas del grupo.

    Además de sus plantas avícolas, GTA posee el tambo «Doña Carolina» en Brandsen, que también registra problemas.

    Trabajadores de ese establecimiento revelaron a InfoBrandsen revelaron que la actividad se encuentra reducida a partir de una situación económica delicada, que implicó que la empresa tenga que vender alrededor de 550 vacas para pagar los salarios, lo que implicó en una drástica reducción del tambo, que quedó con cerca de 150 vacas preñadas y con terneros de corta edad.

     

    Difunde esta nota
  • Imputan a Garro en la causa de loteos ilegales en La Plata

     

    Ex intendente de La Plata, Julio Garro, fue imputado y notificado formalmente en la causa que lleva el fiscal Juan Menucci en el marco de una investigación que lo señala por presuntas irregularidades vinculadas a loteos ilegales para barrios privados.

    La denuncia es por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Asimismo, la acusación contempla una eventual afectación ambiental de incidencia colectiva.

    El ex intendente -que ejerció entre 2015 y 2023, durante la gestión de Juntos por el Cambio- concurrió personalmente a la citación, donde se le informaron detalladamente los cargos que pesan en su contra y los derechos constitucionales que lo asisten.

    Imputaron y allanaron al ex intendente Garro por el desarrollo de 400 loteos de barrios ilegales

    La causa penal se originó a partir de una denuncia impulsada por el actual intendente de La Plata, Julio Alak, a través de la secretaria de Justicia de la comuna, Marina Mongiardino.

    La presentación judicial requirió investigar la omisión deliberada de los controles necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legales en la comercialización de barrios cerrados.

    También fueron notificados de las imputaciones los ex funcionarios Oscar Negrelli -ex secretario de Coordinación-, María José Botta -ex titular de Planeamiento- y Marcela Rogg -ex directora general de Planeamiento-, y se espera que en los próximos días sigan otros, como el ex secretario de Obras Públicas Luis Barbier.

    Según la acusación, se facilitaron desarrollos habitacionales sin la autorización de la provincia de Buenos Aires, desoyendo las objeciones de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y avanzando sobre el cordón frutihortícola de la región.

    Crisis en el cierre de LLA en La Plata porque Garro le quiere prestar su partido a los Passaglia

    La investigación busca determinar si las resoluciones adoptadas durante la gestión local entre los años 2015 y 2023 desobedecieron una orden del gobierno bonaerense que prohibía autorizar urbanizaciones sin la correspondiente convalidación legal y técnica.

    Quien investigaba la denuncia era el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, pero fue recusado ante la jueza Marcela Garmendia por «demoras e inacción» en la instrucción, por lo que durante la feria judicial el Ministerio Público Fiscal designó a Menucci.

    De acuerdo con los datos aportados por la actual administración municipal en su denuncia, los loteos bajo sospecha serían unos 450, de los cuales 250 no podrían regularizarse.

     

    Difunde esta nota
  • |

    PROPUESTAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA PLAZA DE LOS PRÓCERES

    En la plaza de los próceres se llevará a cabo a partir de las 18hs del miércoles 6 de abril un evento repleto de actividades deportivas al aire libre por el dia mundial de la actividad física. El día 6 de abril, se celebra el Día Mundial de la Actividad Física y la Dirección de…

    Difunde esta nota

Deja una respuesta