Procesan al policía federal Cristian Rivaldi por gasear a una nena de 10 años en una marcha de jubilados/as

Procesan al policía federal Cristian Rivaldi por gasear a una nena de 10 años en una marcha de jubilados/as

 

El juez federal Sebastián Ramos procesó por los delitos de «abuso de autoridad» y «lesiones leves» al policía federal Cristian Miguel Rivaldi, por tirarle gas pimienta en la cara a una nena de 10 años y su madre en la marcha de jubilados/as del 11 de septiembre del 2024. El juez consideró que Rivaldi se apartó del protocolo para manifestaciones y «arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad». En aquel momento, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Javier Milei, y periodistas alineados al gobierno nacional, intentaron instalar la fake news de que el gas había sido arrojado por una activista de derechos humanos. De hecho, con el respaldo del Gobierno, Rivaldi siguió participando de los salvajes operativos represivos contra las marchas de jubilados/as, que ya dejaron decenas de personas heridas, como los casos de Beatriz Bianco, jubilada de 83 años empujada por un policía; el abogado del CeProDH Matías Aufieri, que perdió la visión de un ojo a causa de un disparo policial; o el reportero gráfico Pablo Grillo, herido de gravedad en la cabeza por una granada de gas lanzada por el gendarme Héctor Jesús Guerrero. Por ANRed.


En las últimas horas de este jueves 29 de mayo, el juez Sebastián Ramos decidió disponer el procesamiento, sin prisión preventiva, del policía federal Cristian Miguel Rivaldi, por los delitos de «abuso de autoridad en concurso real» y «lesiones leves», por arrojarle gas pimienta en la cara a Fabrizia (niña de 10 años) y a su madre Carla Pegoraro en la marcha de jubilados/as del 11 de septiembre del 2024.

En el fallo, que se da en el marco de una causa que investiga el accionar de las fuerzas de seguridad durante esa jornada, el juez consideró que el agente se apartó del protocolo para manifestaciones: «actuó contrariando la normativa vigente, sin justificación ni necesidad de intervenir de ese modo. Arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad. Apuntó directamente a sus rostros sin motivo que justificara esa acción«, aseguró en el escrito judicial.

«El agente se encontraba de pie, en una posición de dominio, y aún así eligió apuntar directamente al rostro de las mujeres. Las imágenes son contundentes y respaldan plenamente lo relatado por la denunciante. Por el contrario, los argumentos del imputado resultan poco creíbles. Es evidente en los registros fílmicos que apuntó de manera directa e intencional», concluye el fallo, en respuesta al extenso descargo de 60 páginas que presentó en su defensa el agente Rivaldi, en el que sostuvo que ningún superior le llamó la atención por su proceder, que nunca vio a una niña en la escena y que «si la hubiera visto, la habría retirado del lugar».

Respaldado como Chocobar, tras gasear a una nena y su madre, Rivaldi siguió reprimiendo en las marchas de jubilados/as

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el policía bonaerense Luis Chocobar fue recibido en Casa Rosada, respaldado como un héroe por la entonces también ministra de Seguridad Patricia Bullrich y convertido en un emblema de la política de seguridad de la llamada «Doctrina Bullrich», quien había sido condenado por matar por la espalda a Juan Pablo Kukoc, un joven asaltante de 18 años que en 2017 huía luego de haber apuñalado a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca. 

En el caso del policía Cristian Rivaldi, esta vez no hubo fotos como forma de respaldo gubernamental, pero sí Bullrich y periodistas alineados al gobierno de Mauricio Macri intentaron instalar una operación de prensa, tras los hechos represivos en la marcha de jubilados/as del 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso, luego de que se viralizara en los medios de comunicación y en las redes sociales la imagen de Fabricia Pegoraro, la nena de 10 años, y su madre Carla, gaseadas por el policía Rivaldi cuando estaban indefensas en piso.

Rápidamente, Bullrich y los medios afines intentaron instalar la fake news de que quien había arrojado el gas era una activista de derechos humanos vestida con mameluco naranja. Luego, tras la contundencia de las imágenes del accionar represivo de Rivaldi, tuvieron que retroceder. En ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia y Amnistía Internacional remarcó que «los niños/as no pueden ser blanco de gases u otros impactos de armas».

Sin embargo, unos días después, a pesar de las repercusiones por su indiscriminado y salvaje accionar, Cristián Rivaldi siguió participando de los operativos represivos. Hasta ahora, que fue procesado por el juez Sebastián Ramos.

Mientras, en este contexto de naturalización de la violencia institucional por parte del gobierno nacional, que se evidencia en las repetidas represiones salvajes de las diversas fuerzas de seguridad a las tradicionales marchas de jubilados/as de cada miércoles frente al Congreso, la cantidad de personas heridas van en aumento.

Algunos de los casos más recordados son los de Beatriz Bianco, jubilada de 83 años empujada por un policía; el abogado del CeProDH Matías Aufieri, que perdió la visión de un ojo a causa de un disparo policial; o el reportero gráfico Pablo Grillo, herido de gravedad en la cabeza por una granada de gas lanzada por el gendarme Héctor Jesús Guerrero.

 

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  • Discas en Lucha: «lo que exigimos es vidas dignas»

     

    Integrantes de la Asamblea Discas en Lucha levantan el puño y muestran su bandera en la puerta de la Universidad de las Madres

    Foto: Nico Ramos

    En el marco de la masiva movilización que concentró a numerosos sectores frente al Congreso para sumarse al reclamo de Jubiladas y jubilados, junto a Agrupaciones feministas, antipatriarcales y antirracistas, trabajadores de la salud pública y de otros gremios, desde la Asamblea Discas en Lucha se sumaron a la marcha el pasado miércoles. «Nos plantamos fuerte en que discapacidad no es un insulto» dijo Laura Alcaide en respuesta a los reiterados agravios que vienen de parte del gobierno además de las medidas de ajuste y vaciamiento de instituciones. Por ANRed. 


    El pasado miércoles durante la cobertura nos acercamos a la Universidad de las Madres. Allí estaba la Asamblea discas en lucha llevando su «ranchada» que le permita tener protección en caso de represión o situaciones complejas. Al rato salieron y pudimos conversar un rato con Laura Alcaide, una de las referentes de la asamblea antes de que se sumen a la columna de Jubilados para acompañarles en una ronda.

    «Lo interesante de hoy es que estamos muchos sectores en lucha porque los sectores solos no podemos hacer nada, y uniéndonos logramos visibilidad y fuerza en lo que estamos pidiendo. En Discapacidad lo que estamos exigiendo es que se trate el proyecto de Emergencia en Discapacidad, pero con un proyecto de ley no hacemos nada. Lo que exigimos es una vida digna y salir de la crisis en la que estamos», comenta Laura.

     

    Una persona en silla de ruedas sopla la "bubusela". Lleva un cartón con la consigna "Emergencia en discapacidad" y "Mejores sueldos para los abuelos".

    Foto: Nico Ramos

    Algunas de las denuncias que ya expresaron la semana pasada son la desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad y su confinamiento a la órbita del Ministerio de Salud, su vaciamiento, la falta de políticas públicas y el corrimiento de perspectiva hacia modelos ya trascendidos que reemplazan Derechos por asistencialismo; la quita de Pensiones No Contributivas, los obstáculos burocráticos para tramitarla y la trampa de “auditorías”: en la que les citan con muy poco margen de anticipación impidiendo que realicen las gestiones necesarias en el arrasado sistema público de salud, las direcciones falsas e inexactas a las que les dirigen y las eternas filas inhumanas a la intemperie; el deterioro planificado de Incluir Salud que se expresa en la falta de cobertura prestacional y de medicamentos; el incumplimiento del cupo laboral del 4%; la precarización laboral de les trabajadores de “talleres protegidos” que llevan varios meses sin cobrar y por el que perciben un salario de apenas 28.000 pesos al mes; la falta de adaptaciones en los puestos laborales públicos y privados de les trabajadores con discapacidad, entre otras demandas.

    «Este gobierno logró juntarnos a todos los sectores: prestadores, instituciones, familias… pero sobre todo personas con discapacidad», agrega.

    «Nos plantamos fuerte en que discapacidad no es un insulto. Nos vienen pisoteando y nos vienen insultando desde todos los ángulos. Ya habían usado la imagen de una persona con síndrome de Down para insultar a un gobernador y todo el tiempo están usando nuestra imagen como un insulto. Nuestras identidades no son un insulto y exigimos participación política de personas con discapacidad para tener garantías en nuestro sector», concluyó.

     

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  • Finalizó el drama en el Lanín: rescataron a los dos montañistas

     

    El operativo de emergencia desplegado por el Parque Nacional Lanín culminó este viernes con éxito luego de que se lograra rescatar a los dos montañistas que habían quedado extraviados en la cara sur del volcán, una zona no habilitada y de muy difícil acceso.

    Según informaron desde el organismo, ambos fueron visualizados por guías de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), quienes realizaron el primer contacto. Posteriormente, un helicóptero efectuó la extracción y los trasladó hasta una zona segura, donde personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) brindó la primera asistencia y estabilización.

    Los dos montañistas fueron derivados luego en ambulancia al Hospital de Junín de los Andes para una evaluación médica más completa. Desde el Parque Nacional Lanín confirmaron que, tras el operativo, se habilitaron nuevamente los ascensos al volcán y la circulación por la Ruta Provincial 61.

    El rescate se llevó a cabo en condiciones meteorológicas extremas, con fuertes vientos y presencia de nieve, lo que complicó las tareas durante la noche del jueves. En el procedimiento participaron más de 20 rescatistas entre personal del Parque Nacional Lanín, guardaparques de Tromen y Puerto Canoa, integrantes del ICE Lanín, el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, el SIEN, guías de la AAGM, baqueanos y voluntarios particulares.

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  • Salarios de las empleadas domésticas en Neuquén y Río Negro: “no cubrimos lo básico”

     

    La secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén e integrante de la Comisión Nacional de empleadas domésticas, Sonia Kopprio calificó el incremento salarial del 1,4% para las trabajadoras de casas particulares como “insuficiente” y alertó sobre la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan miles de empleadas en la región.

    El aumento, que se aplicará en los sueldos de noviembre a cobrar en diciembre, afecta a las trabajadoras de Neuquén y Río Negro, donde la paritaria llegó con retraso y sin retroactividad. Kopprio explicó que la reunión debía concretarse en la primera semana de octubre, pero la convocatoria se demoró, lo que dejó al mes sin actualización salarial.

    Además, detalló que el básico apenas pasa de los 379 mil pesos, se suma un bono de solo 14 mil pesos, y persisten problemas graves como la falta de elementos de protección, la ausencia de controles de las ART y la necesidad de muchas empleadas de trabajar por horas en varios hogares para llegar a fin de mes.

    La dirigente gremial en diálogo con medios locales, explicó que “un 1,4% no es nada. Todavía tuvimos que intimar para que nos convocaran, porque si no, ni eso. La reunión tenía que haber sido la primera semana de octubre, y así perdimos el mes. Octubre quedó sin incremento salarial, y no es retroactivo”.

    Pérdida del poder adquisitivo y paritarias estancadas

    Kopprio detalló que, con el aumento anterior, en septiembre, una trabajadora de jornada completa “quedaba en un básico de 375.000 pesos”. Con la suba actual, el monto apenas asciende a “379.000 y algo”. A eso se suma un bono de 14.000 pesos que es “nada”, remarcó al referente del sindicato.

    La dirigente expresó su preocupación por el estancamiento de las paritarias y las convocatorias tardías que impactan sobre los salarios, más allá de las proyecciones de la inflación en el país, que, según el gobierno nacional, irán a la baja a partir de 2026. “En un mes deberían poder fijarse acuerdos más abarcativos. Pero no: si un mes no se reúnen, no hay aumento”, señaló.

    La dirigente sindical advirtió que los salarios actuales del sector no alcanzan para cubrir el costo de la canasta familiar, lo que profundiza la ya delicada situación económica de las trabajadoras de casas particulares. “Ni siquiera cubrimos lo básico”, remarcó, al señalar que el poder adquisitivo se deteriora mes a mes.

    Kopprio comparó la realidad del gremio con la de otros sectores que, aunque acordaron incrementos cercanos al 10%, parten de salarios muy superiores. “Nos comparan con camioneros, petroleros, bancarios… pero ellos tienen básicos de dos millones para arriba, otros códigos, otros bonos. Nosotras seguimos peleando por un bono de 14.000 pesos”, cuestionó.

    Falta de seguridad laboral

    Uno de los puntos más críticos, sostuvo, es la falta de seguridad laboral. La referente explicó que en la mesa nacional plantearon que “ni siquiera se entregan elementos de protección: guantes, botas, delantales”.

    Además, indicó que un par de guantes cuesta alrededor de 6.000 pesos, monto que ni siquiera puede cubrirse con el aumento vigente. “Las trabajadoras los necesitan para cuidar su salud y su piel. A veces limpiamos cosas para las que deberíamos tener protección y no tenemos nada”, denunció.

    También apuntó contra la falta de controles de las ART, al afirmar que no existe supervisión sobre si las empleadas están realmente protegidas. “Pregunté qué cubren. ¿Quién controla que una trabajadora esté protegida? Nadie controla nada”, sostuvo.

    La precariedad estructural del sector obliga a muchas empleadas a trabajar por horas en dos o tres casas para llegar a fin de mes. “Con un solo empleo no llegan a nada”, señaló Kopprio. Aunque el valor oficial de la hora quedó en 3.090 pesos, advirtió que “nadie trabaja por ese monto”.

    “Gracias al sindicato en Río Negro y Neuquén, menos de ese piso nadie debería pagar”, subrayó, y destacó la labor local para sostener condiciones mínimas en un contexto inflacionario que devora los ingresos.

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  • Cumbre mundial: se reúnen Donald Trump y Xi Jinping

     

    China y Estados Unidos acordaron que el presidente Xi Jinping se reunirá con su homólogo Donald Trump en Busan, en la República de Corea, este jueves 30 de octubre, para intercambiar puntos de vista sobre las relaciones bilaterales y asuntos de interés mutuo, anunció este miércoles un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino

    El portavoz Guo Jiakun señaló en una rueda de prensa regular que la diplomacia entre jefes de Estado desempeña un papel de orientación estratégica irremplazable en las relaciones entre China y Estados Unidos.

    En esta reunión en la República de Corea, los dos jefes de Estado mantendrán una comunicación en profundidad sobre asuntos estratégicos y de largo plazo que conciernen a las relaciones sino-estadounidenses, así como sobre importantes temas de interés común, afirmó Guo.

    “Estamos dispuestos a realizar esfuerzos conjuntos con la parte estadounidense para lograr resultados positivos en esta reunión, los cuales brindarán nueva orientación e impulso para el desarrollo estable de las relaciones bilaterales”, añadió el portavoz, según la agencia de noticias Xinhua

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  • Patricia Bullrich apoya la reforma del Código Penal que endurece las penas

     

    La senadora electa y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich expresó su apoyo al Código Penal presentado por el presidente Javier Milei, que será impulsado durante la segunda etapa de su gestión. La funcionaria destacó que la iniciativa busca endurecer las penas y garantizar que “los delincuentes paguen las consecuencias de sus actos”.

    Según Bullrich, con estas reformas el Gobierno consolida su principio de “orden y justicia”, reflejado en su lema: “El que las hace, las paga”.

    Bullrich explicó que la actualización del Código Penal pretende modernizar las leyes y enfrentar de manera más efectiva los delitos violentos, los robos y las situaciones de impunidad. En comparación con la normativa actual, aseguró que el nuevo texto es un «código fuerte», ya que actualmente «el 87% de los delitos son excarcelables”. La senadora subrayó que el objetivo central es poner fin a la sensación de que el crimen no tiene consecuencias reales.

    Reforma con ley antimafia y castigos perpetuos

    Durante una entrevista con La Nación, Bullrich detalló que la reforma unifica distintas leyes y parches previos, incorporando además instrumentos como la ley antimafia. Indicó que se busca “terminar con la impunidad de quienes cometen delitos y no pagan por ellos”. Entre los cambios más relevantes, mencionó la inclusión de la imprescriptibilidad para delitos graves como homicidios, abusos sexuales y secuestros, lo que permitirá juzgarlos sin importar el tiempo transcurrido.

    Finalmente, Bullrich resaltó que el nuevo Código Penal elevará significativamente las penas para los crímenes contra la vida. El homicidio simple, por ejemplo, tendrá un mínimo de treinta años de prisión, con castigos aún más severos para los agravados. Con esta reforma, afirmó, el Gobierno pretende poner fin a la idea de que “robar o delinquir no tiene consecuencias”, reafirmando el compromiso con un sistema judicial más estricto y efectivo.

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  • El Estado y una práctica recurrente: espiar a las organizaciones sociales

     

    Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.


    Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

    Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

    Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

    Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

    La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

    Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

     

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