Privatizaciones 2025: rutas y represas, los primeros activos que dejarán de ser estatales

Privatizaciones 2025: rutas y represas, los primeros activos que dejarán de ser estatales

 

El Gobierno de Javier Milei acelera su plan de privatizaciones luego del resultado electoral de octubre, con el objetivo de que el sector privado asuma el control de servicios estratégicos en transporte y energía. El primer paso se concreta este mes con la concesión de la ruta del Mercosur, proceso que ya recibió siete ofertas y que tendrá preadjudicación antes de dos semanas, según estiman en Economía.

El ministro Luis Caputo aseguró que el modelo implicará mayor inversión y eficiencia: “El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, resaltó al difundirse el interés de las empresas oferentes.

A la par, el 7 de noviembre se conocerán las propuestas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas clave, con una expectativa de recaudación estatal de entre US$500 millones y US$700 millones. Entre los actuales operadores que presentarían ofertas figuran AES Argentina (Alicurá), Enel (El Chocón y Arroyito), Central Puerto (Piedra del Águila) y Orazul (Cerros Colorados).

El Gobierno planea además, para lo que resta de 2025, la segunda etapa de licitación de rutas nacionales hoy bajo la órbita de Corredores Viales, abarcando más de 4.400 kilómetros, incluidos accesos a los puertos del Paraná. Una tercera fase, con la ruta 9 como uno de los ejes, quedaría para comienzos de 2026.

Las empresas que se preparan para una posible venta

El Ejecutivo trabaja en el envío al nuevo Congreso de un listado con empresas que podrían privatizarse total o parcialmente, como parte de la “segunda ola” de reformas.

Entre las firmas con procesos ya en marcha o en preparación se destacan:

  • Enarsa, cuyo programa de venta avanzará “por unidades”, comenzando con las represas del Comahue.
  • Transener, donde se prevé la venta antes de febrero de las acciones estatales.
  • Aysa, en etapa de valuación para definir las condiciones de una futura privatización mayoritaria vía Bolsa.
  • Belgrano Cargas, con llamado a licitación previsto entre fines de noviembre y principios de diciembre.
  • Hidrovía, cuya adjudicación se proyecta para fin de año.
  • Nucleoeléctrica, con avance hacia una privatización parcial en 2026.

En despachos oficiales también ya se analizan empresas que quedaron fuera de la Ley Bases aprobada en 2024, como Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, que podrían incorporarse más adelante al plan.

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  • Purga en el Estado Neuquino: echaron a dos empleados por acoso y hostigamiento laboral

     

    La política de depuración interna que impulsa el gobierno provincial sumó dos nuevas bajas dentro del Estado provincial. En las últimas horas, se confirmaron las cesantías de dos agentes públicos acusados de conductas gravemente inapropiadas: un portero escolar señalado por acoso a una estudiante menor de edad y un chofer de ambulancia que hostigó a su superior hasta forzar su renuncia.

    El primero de los casos involucra a Feliciano Ramírez, auxiliar de servicio del Centro Provincial de Enseñanza Media N° 57 de San Martín de los Andes. El Consejo Provincial de Educación (CPE) resolvió su expulsión definitiva tras comprobar que el hombre incurrió en una conducta de acoso hacia una alumna.

    El episodio se remonta a octubre de 2023, cuando fue apartado preventivamente del cargo luego de que la joven denunciara que el trabajador la invitó a subir a su camioneta, le entregó dinero y la tomó del brazo para intentar besarla.

    De acuerdo con la investigación administrativa, el hecho fue corroborado por testimonios y antecedentes previos de comportamiento inapropiado. Los auditores concluyeron que su accionar resultó “incompatible con los preceptos normativos” y recomendaron la sanción de cesantía, medida que fue ratificada por el Ejecutivo provincial.

    El segundo caso ocurrió en el Hospital de Tricao Malal y tuvo como protagonista a Luis Abelardo Olate, chofer de ambulancia, acusado de maltrato y hostigamiento hacia una compañera de trabajo. Las pruebas recolectadas determinaron que, durante varios meses entre 2022 y 2023, mantuvo una conducta agresiva, despectiva y carente de respeto hacia la autoridad de la agente afectada.

    La situación derivó en un clima laboral insostenible que llevó a la mujer a presentar denuncias tanto en el hospital como en la comisaría y, finalmente, a renunció a su cargo. Tras la investigación interna, se dispuso también su cesantía por “conducta impropia y atentatoria al buen funcionamiento institucional”.

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  • Incómoda votación: Alberto Fernández entró a la escuela custodiado y salió a las apuradas

     

    El ex presidente, Alberto Fernández, apareció de manera pública para emitir su voto en las elecciones legislativas 2025 y, tras salir a las apuradas, expresó que se acercó para defender «la democracia».

    Desde la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero, Fernández se acercó en su auto blanco y con una comitiva de seguridad para votar en el mismo lugar donde lo hace desde hace varias elecciones.

    Aunque no quiso dar extensas declaraciones, solo expresó que con su voto está «defendiendo la democracia». Minutos después se retiró y el vehículo escapó a gran velocidad de la UCA.

    La escena dejó en claro el clima de incomodidad que rodeó la votación del exmandatario, cercado por dos investigaciones en la Justicia: la de violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yañez; y la causa Seguros, que investiga contrataciones irregulares durante su gobierno.

    Tras un largo tiempo en silencio en medio de las causas en su contra, Fernández levantó en las últimas semanas su perfil en las redes sociales, donde lanzó varias críticas al gobierno de Javier Milei.

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  • Cristina Kirchner apuntó contra Kicillof tras la derrota electoral: “El desdoblamiento fue un error”

     

    La expresidenta publicó una carta en sus redes sociales, en la que aseguró que “el desdoblamiento fue un error político”. Recordó que en abril había manifestado su desacuerdo y afirmó que “dividir esfuerzos en dos elecciones separadas por 49 días” debilitó al peronismo en el principal distrito electoral del país.

    Según Cristina, mientras el oficialismo bonaerense perdía casi 14 puntos, “todos los gobernadores peronistas que unificaron sus elecciones ganaron”, en referencia a provincias administradas por el PJ.

    En su análisis político, señaló que el resultado se dio por “un reagrupamiento del voto antiperonista”. Mencionó que ese fenómeno se potenció por el miedo a una crisis institucional, y aseguró que influyó incluso la advertencia del expresidente estadounidense Donald Trump sobre una eventual pérdida de apoyo financiero a la Argentina.

    Lograron una sobre-estimulación emocional en una parte del electorado”, afirmó.

    También destacó el bajo nivel de participación, que consideró un signo de “insatisfacción democrática”.

    Aceptó el resultado, pero advirtió

    Cristina sostuvo que “la elección pasó y el gobierno la ganó”, aunque alertó sobre un escenario económico frágil debido al endeudamiento y al rol central del dólar. Dejó una pregunta cargada de ironía:
    “¿Qué puede salir mal?”

    Kirchner aseguró que habrá “una fuerte ofensiva para romper el peronismo”, a la que vinculó con su propia proscripción para ejercer cargos públicos. Señaló que “van a poner en juego todo lo que haga falta” para desarticular al espacio político.

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  • Un fallo federal obliga a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 40

     

    Vialidad Nacional deberá reparar de manera urgente la Ruta 40 en la provincia de Río Negro, tras un fallo en ese sentido del juez Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva. El magistrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por la provincia de Río Negro y otros organismos. La resolución también obliga a ejecutar la señalización en los lugares donde sí se realizaron trabajos de bacheo.

    La causa fue iniciada ante la falta de respuestas oficiales y la creciente peligrosidad del tramo, una situación denunciada reiteradamente por la Provincia, informó el gobierno del gobernador Alberto Weretilneck en un comunicado oficial.

    «Se trata de una vía fundamental para la conectividad andina y el desarrollo económico y turístico, cuyo estado de deterioro pone en riesgo la seguridad, la integridad física y la vida de quienes la transitan diariamente», dice el texto difundido.

    La sentencia

    La sentencia establece que Vialidad Nacional debe ejecutar de inmediato, con cargo al presupuesto 2024, un conjunto de trabajos esenciales para garantizar la seguridad vial.

    Entre las obligaciones más urgentes figuran la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; la corrección de los descalces de banquinas; la reposición de la señalización horizontal en los sectores intervenidos; y la colocación de señalización vertical diurna y nocturna en curvas, badenes, zonas con riesgo de derrumbe y demás puntos críticos.

    Todas estas intervenciones deben realizarse sin reprogramaciones ni demoras administrativas.

    En cuanto a los plazos, el fallo fija un esquema preciso de cumplimiento. Dentro de los primeros 90 días, Vialidad Nacional deberá presentar un relevamiento completo de todos los puntos críticos del tramo, acompañado por un cronograma detallado de ejecución de cada reparación ordenada. En el mismo plazo, tendrá que elevar un informe técnico que confirme o descarte el riesgo de arrastre de material rocoso. Si el riesgo existe, deberá proponer las medidas correctivas y especificar los tiempos de aplicación.

    Asimismo, en ese período deberá informar si es necesario instalar puestos de control de carga y, en caso afirmativo, qué medidas implementará y en qué plazos.

    En tanto, a los 120 días, la sentencia exige la presentación de un plan integral de mantenimiento para aplicar una vez finalizadas las reparaciones urgentes, con acciones preventivas y de conservación futura que permitan sostener en el tiempo la seguridad del tramo.yed0Xg

    La sentencia firme reafirma el rol de la Provincia en la defensa de la vida, la seguridad vial y la integridad física de quienes transitan una de las rutas más importantes para la conectividad andina y el desarrollo turístico y económico del sudoeste rionegrino.

    La Justicia reconoció la inacción del organismo nacional durante años y validó el derecho y el deber de Río Negro de accionar ante incumplimientos del Estado Nacional.

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  • El Gobierno reformó por decreto la Ley de Migraciones

     

    Imagen ilustrativa

    El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 


    La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

    Salud y educación

    Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

    En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

    Cambios en residencia y ciudadanía

    La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

    El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

    Ingreso, permanencia y expulsiones

    También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

    Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

    El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

    Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

    En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

    Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

     

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  • Figueroa impulsa el mayor plan vial provincial

     

    Neuquén ejecuta 19 obras viales y avanza con el plan de pavimentación más grande de su historia.

    La provincia del Neuquén avanza con el plan de pavimentación más ambicioso de su historia, con 19 obras viales actualmente en ejecución y otras cuatro ya finalizadas. El gobernador Rolando Figueroa destacó que, al finalizar su gestión, se habrán sumado 600 kilómetros de asfalto, más del doble de lo realizado en los últimos 16 años. El objetivo principal es mejorar la conectividad interna, fortalecer el turismo y optimizar la logística productiva vinculada a Vaca Muerta.

    En menos de dos años, las obras en marcha abarcan rutas estratégicas de norte a sur, desde la cordillera hasta las zonas petroleras. Entre las más relevantes se destacan los avances en la Ruta Provincial 23, que conectará tres pasos fronterizos, y el bypass de Añelo para desviar el tránsito pesado. También sobresalen los trabajos en la RP 65 hacia Villa Traful y la repavimentación de tramos claves de las rutas 5, 23 y 46.

    El gobierno proyecta 600 km de nuevos asfaltos para el final del mandato.
    El gobierno proyecta 600 km de nuevos asfaltos para el final del mandato.

    Las obras buscan potenciar corredores turísticos como Siete Lagos, el Parque Nacional Lanín y destinos del Pehuén como Aluminé, Villa Pehuenia, Moquehue y Caviahue-Copahue. Varias pavimentaciones, como las de la RP 62 y 61, están orientadas a mejorar el acceso a lagos y áreas naturales de alto valor ambiental. Otras iniciativas, como la pavimentación de la RP 21, RP 26 y RP 63, apuntan a mejorar la seguridad vial y facilitar el desarrollo urbano en distintas localidades.

    El plan incluye además proyectos clave para la producción y el transporte regional, como la pavimentación de la RP 7 en Cortaderas, que reducirá en 100 km el trayecto asfaltado entre Chos Malal y Neuquén capital. La repavimentación de la RP 6 incorporará por primera vez asfalto AM2, diseñado para soportar el tránsito pesado de la actividad hidrocarburífera. En paralelo, continúa la remediación del Cerro de la Virgen, obra esencial para restablecer la conectividad en el Alto Neuquén.

    Tramos turísticos como Siete Lagos, Lago Lolog, Huechulafquen y circuitos del Pehuén reciben mejoras estructurales.
    Tramos turísticos como Siete Lagos, Lago Lolog, Huechulafquen y circuitos del Pehuén reciben mejoras estructurales.

    Para financiar este paquete de infraestructura, la provincia recurrió a una combinación de fondos propios, aportes de empresas y créditos internacionales. La Legislatura aprobó recientemente un préstamo de 150 millones de dólares del Banco Mundial para completar rutas estratégicas como la 65 y la 54, además de avanzar en estudios para futuros proyectos fronterizos como el Paso Pichachén. Neuquén es hoy la única provincia del país que mantiene simultáneamente financiamientos activos con CAF, BID y Banco Mundial.

    Finalmente, el gobierno ratificó acuerdos con operadoras petroleras para completar la circunvalación de Ruta 8 y mejorar la conectividad en la zona de Añelo, punto neurálgico de Vaca Muerta. Este proceso incluyó renegociaciones de contratos y articulación con municipios para priorizar los tramos más urgentes. En conjunto, las obras representan un salto histórico para la infraestructura vial neuquina, con impacto directo en el turismo, la producción y la calidad de vida.

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