Presentación: La basura del fracking en Vaca Muerta

El actual Ministro de Relaciones Exteriores es candidato puesto.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para Noticias La Insuperable

Ante la ya casi próxima eyección de Manuel Adorni, deseada por propios y extraños, el nombre d ePablo Quirno se reproduce cada vez con mayor intensidad a la hora de señalar remplazantes. ¿Pero quién es en realidad esta figura prototipo de la casta que venía a combatir Javier Milei?

Pablo Quirno Magrane, tal su nombre completo, fue un arquetipo del integrante del «mejor equipo de los últimos 50 años» de Mauricio Macri. Con una larga trayectoria en el sector privado, que incluye una década y media como Director en el J. P. Morgan, arribó con el macrismo al Estado con la firme idea de realizar los negocios necesarios para afianzar y profundizar la transferencia de ingresos.

Es nieto de Avelino Quirno Lavalle, uno de los fundadores del Partido Conservador Popular, quien supo “prestarle” su domicilio legal a Hugo Byttebier, el SS belga que se instaló en la Argentina y era amigo del organizador del Holocausto, Adolf Eichmann.

Hijo de éste y padre del Director del Banco Central fue Avelino Quirno Ugarte, fallecido en 2003 y a quien el Diario La Nación nos describe diciendo: “Era un hombre de una línea de conducta, creíble, generador de afectos sinceros. Tanto se movía con soltura en ambientes como el Círculo de Armas o el Mar del Plata Golf Club como con los encargados de los edificios de la zona donde vivía”.

Con Mauricio Macri en la presidencia, Pablo Quirno Magrane fue designado el 29 de febrero de 2016 como “Coordinador General de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas” por el entonces ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay. En enero de 2017 pasa a ser la mano derecha del Toto «Champions League» Caputo, convirtiéndose en su Jefe de Gabinete en el ministerio de Finanzas.

Nobleza obliga, Pablo Quirno fue un jugador fundamental en llevar a la Argentina a niveles históricos de endeudamiento con el FMI, secundando a Luis Caputo en las negociaciones con el organismo internacional.

También fue el que llevó adelante el engendro de los PPP (Participación Público – Privada), que solamente beneficiaban al sector financiero. Luego, en julio de 2018, ingresa al Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Menos de tres meses después, el 25 de septiembre de 2019, la vicepresidenta en ejercicio del ejecutivo, Gabriela Michetti, junto a Nicolás Dujovene, a través del Decreto 849/2018, le acepta la renuncia. Previo a eso dejó armado un negocio para su hijo a través de Brubank.

Más acá en el tiempo, y orgulloso de sus ancestros entreguistas, el año pasado intentó lucirse en la red social X al presumir que un antepasado suyo había participado en el histórico Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, aquella reunión clave en la que se discutió el futuro del Virreinato del Río de la Plata ante la caída de la Junta de Sevilla. Pero, como suele ocurrir con quienes confunden linaje con honor, el canciller omitió un pequeño detalle: su ancestro votó por mantener al virrey español.

De los corrales de Flores al servilismo virreinal

Quirno compartió con entusiasmo la nómina de asistentes al Cabildo, donde figura su ancestro Norberto Quirno, registrado como “vecino” y “comerciante”. Según explicó, aquel Quirno había llegado a Buenos Aires en 1794, convirtiéndose en “pionero de la industria lechera nacional”, con un tambo en la zona de San José de Flores. Originario de Navarra, Norberto Quirno de Chandia contrajo matrimonio en Buenos Aires en 1799 con Manuela Josefa Gonzalez de Noriega Gomez Cuelli esparciendo su apellido por la «aristocracia» porteña.

El problema es que en el mismo documento que el propio canciller publicó —la lista de votaciones del Cabildo— se detalla con claridad que Norberto Quirno apoyó la continuidad de Baltasar Hidalgo de Cisneros, el virrey del Río de la Plata. Es decir, el antepasado que hoy el funcionario libertario enarbola como símbolo de “participación cívica” fue, en rigor, un defensor del dominio colonial.

El Cabildo del 22: cuando se jugaba la independencia

El Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 fue la antesala del nacimiento de la Patria. Convocado por el propio Cabildo para resolver el vacío de poder tras la disolución de la Junta Central de Sevilla, reunió a unos 250 “vecinos notables”. Allí se planteó una pregunta crucial: si el pueblo tenía derecho a reasumir la soberanía.

La mayoría votó por destituir al virrey Cisneros, dando inicio al proceso que culminaría tres días después con la Primera Junta. Pero una minoría —entre ellos Norberto Quirno— optó por la obediencia al poder colonial. En otras palabras, mientras algunos vecinos empujaban la historia hacia la libertad, otros se aferraban a los privilegios del orden virreinal.

Porque para casta casta, que mejor que casta virreinal.

Mientras el Gobierno construye un discurso de supuesta superioridad moral contra quienes reciben asistencia estatal, protestan o cuestionan sus políticas, cada vez aparecen más funcionarios que utilizan el mismo régimen que el oficialismo promocionó para regularizar activos y patrimonios. Tras conocerse la adhesión de Manuel Adorni y su esposa, ahora trascendió que Federico Sturzenegger también recurrió a la denominada «Inocencia Fiscal».

Por Roque Pérez para NLI

El relato libertario volvió a chocar contra la realidad. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se sumó al Régimen Simplificado de Ganancias conocido oficialmente como «Inocencia Fiscal», un esquema impulsado por el propio Gobierno para facilitar la exteriorización y regularización patrimonial bajo nuevas condiciones. La información apareció pocas horas después de que se conociera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa también habían presentado la adhesión.

La noticia profundiza una contradicción política que ya resulta difícil de ocultar. El mismo oficialismo que construyó buena parte de su identidad acusando a otros sectores de vivir de privilegios, esconder dinero o aprovechar beneficios estatales, ahora exhibe una larga lista de funcionarios utilizando un mecanismo creado por el propio Gobierno para blanquear situaciones fiscales y obtener seguridad jurídica.

De Adorni a Sturzenegger, una cadena de adhesiones

La revelación sobre Sturzenegger llega apenas horas después de la polémica generada por la adhesión de Adorni y de su esposa, un episodio que abrió fuertes cuestionamientos sobre la utilización del régimen por parte de los más altos funcionarios nacionales.

La situación adquiere una dimensión política todavía mayor porque fue este mismo Gobierno el que impulsó la denominada Ley de Inocencia Fiscal como una herramienta para incentivar el ingreso al sistema de activos no declarados y reducir las consecuencias penales de determinadas infracciones tributarias. Entre sus principales modificaciones se elevaron considerablemente los montos para configurar delitos de evasión y se simplificaron procedimientos administrativos.

Mientras tanto, desde el discurso oficial se continúa apelando a conceptos como «la casta», «la superioridad moral» y la necesidad de terminar con los privilegios de la política, aunque cada nueva revelación parece mostrar que las herramientas creadas por el Ejecutivo también son utilizadas por quienes integran el propio gabinete.

La doble vara como política

No es la primera vez que un gobierno liberal queda asociado a un régimen de sinceramiento fiscal utilizado por sus propios funcionarios. Durante la administración de Mauricio Macri, el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, también había sido señalado por acogerse al blanqueo de capitales impulsado por ese gobierno antes de asumir su cargo, una situación que generó fuertes cuestionamientos públicos.

Ahora, la historia parece repetirse con otro protagonista de peso dentro del gabinete de Milei. Sturzenegger, uno de los principales ideólogos del programa de desregulación y reducción del Estado, aparece entre quienes eligieron adherir al régimen que el oficialismo presenta como un «cambio de paradigma» en materia tributaria.

La contradicción resulta evidente: mientras se exige transparencia absoluta para amplios sectores de la sociedad y se condena con dureza cualquier irregularidad ajena, los máximos funcionarios recurren a un mecanismo especialmente diseñado para regularizar su propia situación fiscal bajo reglas mucho más favorables.

La moral libertaria parece funcionar con dos velocidades: una inflexible para el ciudadano común y otra considerablemente más flexible cuando los beneficiarios son quienes integran el propio Gobierno.