El informe se presentará el 9 de junio, desde las 17:00hs, en una audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén.
“La basura del fracking en Vaca Muerta” evidencia la historia de contaminación e irregularidades de uno de los basureros petroleros más importantes de Argentina: Comarsa. La Izquierda Diario, el Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista analizaron 1182 páginas de actas de inspección de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén, el organismo de control de la actividad. Esa información fue obtenida por el diputado provincial Andres Blanco (PTS-FIT) en respuesta a dos pedidos de informes de enero de 2021.
El trabajo demuestra que Comarsa se apropió ilegalmente de tierras fiscales para acopiar en “piletas clandestinas” grandes cantidades de residuos peligrosos provenientes de la explotación mediante fracking. Además, la documentación oficial corrobora que la empresa mintió en reiteradas oportunidades sobre el volumen de los residuos acopiados y que también en la planta de Añelo Comarsa cometió graves irregularidades.
“Comarsa instaló piletas clandestinas para el acopio de residuos peligrosos, acumuló grandes cantidades de materiales contaminados en suelo sin impermeabilizar e ingresó un volumen de residuos mucho mayor que la capacidad de tratamiento declarada”, sostuvo Esteban Martine, redactor del informe por La Izquierda Diario.
Por su parte, Cecilia Bianco, de Taller Ecologista destacó: “En varias ocasiones las inspecciones corroboraron las emisiones de humo negro y la ausencia de monitoreo en los hornos incineradores, lo que dejó expuesto, una vez más, la pésima gestión de los residuos peligrosos, poniendo en riesgo la salud de la población por afectar la calidad de aire con sustancias químicas tóxicas”.
“La propia información de Ambiente demuestra lo que distintas organizaciones y vecinas y vecinos de la ciudad venimos denunciando hace más de 7 años: El fracking genera tantos residuos que son imposibles de tratar. También quedó comprobado el desprecio que tiene Comarsa por la vida en general y que los distintos gobiernos han respaldado”, señaló Fernando Cabrera, redactor del informe por el Observatorio Petrolero Sur.
En tanto, el diputado provincial Andrés Blanco (PTS/FITU), quien aportó las actas analizadas, sostuvo: “Queda demostrada la absoluta complicidad de los sucesivos gobiernos provinciales con el accionar contaminante de Comarsa a quien le renovaron una y otra vez los permisos como Operadora de Residuos Especiales. La Municipalidad le cedió tierras a $35 el metro cuadrado, previamente ocupadas y contaminadas. El gobierno nacional continúa subsidiando a las petroleras que operan en Vaca Muerta, que son las generadoras de los residuos. Por eso decimos que el Estado es responsable junto a las empresas del desastre ambiental de los basureros petroleros”.
El informe se presentará el 9 de junio, desde las 17, en audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén.
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Las reservas volvieron al centro de la discusión económica. Un informe de la consultora Synthesis, que dirige el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, sostuvo que las reservas netas alcanzaron los USD 9.936 millones, el nivel más alto desde 2021.
El dato sorprendió porque convive con otras estimaciones privadas que todavía muestran reservas netas negativas y con una metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI) que arroja resultados muy diferentes.
La aparente contradicción tiene una explicación sencilla: no existe una única forma de medir las reservas. Según qué activos y qué pasivos se descuenten, el resultado cambia de manera sustancial. No es una discusión menor. De esa cuenta depende buena parte del diagnóstico sobre la fortaleza financiera del Banco Central.
La primera cifra es la más conocida. Son las reservas brutas, que hoy rondan los USD 49.000 millones. Es el número que publica diariamente el Banco Central. Allí conviven dólares propios con activos que no están disponibles para intervenir en el mercado, como los encajes de los bancos en moneda extranjera, el swap con China, los Derechos Especiales de Giro (DEG), el oro -del que sigue sin conocerse su destino-, fondos de organismos internacionales y los préstamos REPO.
Por eso ningún economista toma las reservas brutas como una medida de la capacidad de fuego de la autoridad monetaria. El debate comienza cuando se intenta responder una pregunta más concreta: ¿cuántos dólares propios tiene realmente el Banco Central?
El debate comienza cuando se intenta responder una pregunta más concreta: ¿cuántos dólares propios tiene realmente el Banco Central?
La metodología más exigente es la del FMI. El organismo descuenta, entre otros conceptos, los encajes de los bancos, el swap con China, los préstamos REPO, depósitos de organismos y otras obligaciones en moneda extranjera. Además, incorpora como pasivo las compras netas realizadas al propio Fondo desde el inicio del programa.
Si se reconstruye la serie utilizando la metodología del FMI, la foto luce muy distinta. La última estimación disponible elaborada por CIFRA ubicaba las reservas netas en un negativo de USD 16.865 millones a fines de febrero. Desde entonces, el propio Fondo reconoció una acumulación de alrededor de USD 6.300 millones durante el segundo trimestre. Bajo ese supuesto, el stock habría mejorado hasta los USD 10.500 millones negativos.
Es decir, aun otorgándole el beneficio completo de esa acumulación, la medición del FMI seguiría mostrando reservas netas negativas y una brecha de alrededor de USD 20.000 millones respecto de los USD 9.936 millones que calcula la consultora de Alejandro Vanoli. La diferencia no surge de los dólares disponibles, sino del tratamiento contable de pasivos como el REPO y de otros criterios metodológicos que el Fondo mantiene más restrictivos.
Existe luego una metodología intermedia, utilizada habitualmente por bancos y consultoras, que descuenta buena parte de esos pasivos, aunque con criterios menos estrictos que el FMI. Bajo esa medición, las reservas netas ascendían a USD 2.934 millones en diciembre, USD 1.107 millones en enero y USD 2.161 millones en febrero. Para junio, algunas estimaciones privadas ubicaban ese stock en un negativo cercano a los USD 2.100 millones.
El informe de Vanoli utiliza un criterio diferente. Según su serie, las reservas netas pasaron de menos de USD 747 millones en diciembre a menos de USD 2.562 millones en enero, menos USD 2.426 millones en febrero, y menos USD 2.167 millones en marzo, para luego ingresar en terreno positivo: USD 1.320 millones en abril, USD 2.551 millones en mayo, USD 3.341 millones en junio y finalmente USD 9.936 millones al 15 de julio.
El salto de casi USD 6.600 millones registrado entre junio y mediados de julio no responde principalmente a compras de divisas, es producto de la refinanciación del préstamo REPO por USD 6.000 millones.
Hasta ese momento, ese pasivo debía cancelarse dentro de los próximos doce meses y era descontado del cálculo de reservas netas. Con la renegociación realizada por el Gobierno, el vencimiento se estiró hasta septiembre de 2028. Esa deuda deja de computarse como un pasivo de corto plazo y, por lo tanto, las reservas netas aumentan casi automáticamente.
La diferencia parece técnica, pero modifica por completo el resultado. El Banco Central no recibió USD 6.000 millones nuevos. Lo que cambió fue el calendario de vencimientos de una deuda existente. Es decir, mejoró el perfil financiero del pasivo, pero no ingresó una cantidad equivalente de dólares frescos.
Mientras algunas consultoras descuentan únicamente los pasivos con vencimiento dentro del próximo año, el FMI utiliza una definición contractual más amplia para determinar qué obligaciones deben seguir restándose del stock de reservas. Por eso el organismo continúa mostrando cifras considerablemente inferiores.
Ese punto explica buena parte de la distancia entre las distintas mediciones. Mientras algunas consultoras descuentan únicamente los pasivos con vencimiento dentro del próximo año, el FMI utiliza una definición contractual más amplia para determinar qué obligaciones deben seguir restándose del stock de reservas. Por eso el organismo continúa mostrando cifras considerablemente inferiores.
La comparación ilustra la magnitud del debate. Para un mismo momento del tiempo pueden coexistir reservas brutas cercanas a los USD 49.000 millones, reservas líquidas en torno a los USD 17.000 millones, reservas netas próximas a los USD 10.000 millones bajo la metodología utilizada por Vanoli y cifras todavía negativas cuando se aplica el criterio del FMI.
Ninguna de esas cuentas es incorrecta. Lo que cambia es la definición utilizada. Sin embargo, esa aclaración metodológica resulta decisiva. De lo contrario, se corre el riesgo de comparar números que responden a conceptos distintos y concluir que unos economistas están equivocados cuando, en realidad, están midiendo cosas diferentes.
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La Cámara Penal de Rosario confirmó por unanimidad de tres jueces la condena al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, en un caso de corrupción que toca de lleno a un sector activo de la política santafesina. En primera instancia otros tres jueces, también de modo coincidente, ya había encontrado culpable a Serjal de recibir sobornos de un capitalista de juego ilegal para no investigarlo y le impusieron nueve años de prisión. A un empleado de la fiscalía, Nelson Ugolini, lo habían condenado a cinco años, pena que quedó refrendada.
Este caso tiene como principal novedad que implica a un poderoso actor de la política contemporánea de Santa Fe que no fue juzgado pero que está ya imputado de ser jefe de la misma organización en la que Serjal desde este miércoles con su condena confirmada. Se trata del senador Armando Traferri, uno de los hombres fuertes del peronismo santafesino desde hace dos décadas, quien no fue a juicio en este caso porque resistió durante cuatro años amparándose en sus fueros.
En el fallo que condena a Serjal también queda complicado Traferri porque de los tres camaristas hay dos que reconocen el delito de asociación ilícita. Son los jueces Ismael Manfrín y Carolina Hernández. El que entiende que no hay asociación ilícita es Javier Beltramone, presidente del tribunal, que quedó en minoría.
Este caso fue, a lo largo de los seis años que duró el trámite, un muestrario por demolición de cómo una construcción de poder en que está la política institucional, importantes medios de comunicación locales y estudios profesionales hicieron todo lo posible por tumbar un caso que seis jueces consideraron sólido, aunque uno le haya dejado a Traferri de una forma muy minoritaria la idea de que no hay asociación ilícita.
Ese derrotero incluyó haber corrido con acusaciones que nunca prosperaron judicialmente a los dos fiscales que iniciaron la investigación. Dos fiscales colegas de estos los acusaron de haberse valido de una informante de modo ilegal para amañar evidencia. La prueba colectada por esos dos investigadores iniciales, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, fue convalidada ya como legítima y contundente de un delito de corrupción que incluye a políticos, a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a abogados en ejercicio de la profesión que están aún en una etapa inicial de imputación. A pesar de una enérgica estrategia para desacreditarlos y, como pedía Traferri en una expectativa lograda, correrlos del caso.
En abril pasado, cuando arrancaron las audiencias de revisión de la condena, se habló de Traferri en cada jornada de audiencia, como pasó durante el juicio de primera instancia que fue en 2025 y duró dos meses. Esto porque se señaló que el histórico senador provincial es según el equipo de fiscales también organizador del mismo delito atribuido a Serjal, como jefe de la «pata política» de la organización criminal, que comprendía funcionarios legislativos y políticos, para garantizarle cobertura al capitalista de juego Leonardo Peiti, a cambio de dinero para campañas políticas y para hacer lobby en favor del empresario. Peiti aspiraba a obtener licencias de juego online en la Legislatura. Esto mismo quedó plasmado en la sentencia que en noviembre pasado por unanimidad condenó al ex fiscal regional.
La condena a Serjal dictada hace nueve meses había sido interpretada como una condena al senador ya que los jueces, en forma coincidente, habían considerado inequívoca la pertenencia del senador a la asociación ilícita que le mereció al conductor de los fiscales una pena por ese delito, por cohecho y prevaricato.
«Vamos a ver cuántos políticos santafesinos salen a hablar de este fallo mañana. La forma en cómo la política se cuida a sí misma se va a ver ahí», dijo un funcionario judicial que habló este miércoles con LPO con la resolución recién difundida.
A lo largo de este caso existió una descarga contínua de acciones para demoler esta imputación ahora convertida en condena ratificada. Se armaron acusaciones contra los fiscales que salían en medios periodísticos de Rosario y Santa Fe antes que tener trámite iniciado en sede penal. La defensa de Serjal organizó como primera y visible estrategia no atacar la prueba por endeble, algo que los jueces no vieron, sino la conducta privada de los fiscales. Una cosa llamativa es que los principales testigos de la defensa fueron fiscales que armaron conjeturas de delito de los acusadores que resultaron pulverizadas por los jueces. Los que acusaron en especial a Edery, sin encontrar validación, fueron los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, actualmente camarista penal.
Ahora viene el juicio de Traferri con el antecedente de que a Serjal se lo condenó por asociación ilícita. El camarista Beltramone que no vio asociación ilícita no va a poder participar de ese juicio. Era un magistrado que rechazó una recusación por tener una relación con uno de los miembros de la asociación ilícita investigada, algo que luego fue ratificado por un tribunal.
Los análisis sobre este caso se desplegaron de inmediato por una tribuna de funcionarios judiciales que vieron en este trámite un caso testigo de la política santafesina y sus relaciones con el mundo empresarial y de la Justicia. Un importante funcionario de Rosario que no participó de este caso le dijo a este medio que este fallo es un gran problema para Traferri.
«Quemaron el voto de Beltramone ahora, en vez de reservarlo para cuando sea juzgado Traferri. Se veía este voto disidente como algo previsible y en los pasillos estaba anticipado. Ahora el senador no va a tener ningún voto asegurado. Quizá en el juicio que viene contra Traferri se podía construir una mayoría contra la asociación ilícita. Difícil que pase. De seis jueces en este caso por asociación ilícita condenaron cinco. Acá hubo todo el tiempo estrategia para tumbar el caso. Otra vez se equivocaron», analizó.
En la condena a Serjal los jueces de primera instancia lo nombran a Traferri 104 veces en un texto que tiene casi el doble de páginas. Lo hicieron porque no se puede explicar ni entender para ellos el funcionamiento de la organización criminal, dicen, sin aludir al rol predominante del senador. En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política. Y que también le pagaba a Serjal para no ser investigado.
Armando «Pipi» Traferri
La acusación sostuvo la existencia de una asociación ilícita destinada a usufructuar el dinero de una red de juego clandestino y apuestas electrónicas sin autorización, activa al menos entre el 24 de abril de 2017 y el 24 de julio de 2020, con centro de operaciones en Rosario y ramificaciones en Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela.
Los camaristas Manfrín y Hernández adhirieron a Beltramone en las imputaciones de cohecho y peculado, pero para ellos hubo asociación ilícita. Rechazaron la exigencia de prueba directa del pacto. Como la asociación ilícita se configura en un ámbito privado, íntimo o secreto, dijeron que es «contraintuitivo» reclamar pruebas directas y explícitas, como si se tratara de un contrato formal. Para Manfrín y Hernández, son los elementos indiciarios y periféricos, valorados en conjunto según la sana crítica, los que permiten inferir el acuerdo de voluntades.
Sin embargo, el voto de Beltramone que desconoce la asociación ilícito lo hace en virtud de violación supuesta de garantías para los juzgados y puede ameritar que la disputa del caso prosiga. Este juez se refirió al rol del arrepentido aplicado antes de su regulación procesal expresa en Santa Fe para avanzar en este caso y la depuración de valoraciones sobre terceros ausentes. Estos son los ejes sobre los que probablemente se discuta si el caso sigue escalando.
No obstante estos señalamientos hay planteos que implican cuestiones para que se revisen ocurridas en la fiscalía. Un capítulo relevante del voto de Beltramone son discordancias e interrogantes que a su criterio exigen control. Una es que no se dio una definición procesal sobre una maniobra extorsiva sufrida en 2019 por el capitalista Leo Peiti, con un legajo sin imputados. También la contradicción entre la imputación inicial de Peiti como integrante del plan extorsivo contra el financista Pablo Fortuny y su posterior «desaparición procesal» sin resolución fundada.
«Hay cuestiones donde parece faltarles información a los sentenciantes y si es así serían errores groseros. A Peiti le archivaron la causa de Fortuny. La «discordancia» que mencionan es porque hubo un acuerdo institucional del MPA para que algunos actores se investigaran en otra jurisdicción. Y eso se hizo», comentaron a LPO desde el MPA sobre esas observaciones.
El Intendente Marcelo Orazi encabezó esta mañana una reunión de gabinete en la que participaron sus cinco secretarios: Guillermo Carricavur de Gobierno, Ariel Oliveros de Coordinación, Luisa Ibarra de Desarrollo Social, Francisco Lucero de Obras y Servicios y Mirta Sánchez de Economía y Finanzas. En el encuentro se analizaron las distintas gestiones desarrolladas durante la…
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