El informe se presentará el 9 de junio, desde las 17:00hs, en una audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén.
“La basura del fracking en Vaca Muerta” evidencia la historia de contaminación e irregularidades de uno de los basureros petroleros más importantes de Argentina: Comarsa. La Izquierda Diario, el Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista analizaron 1182 páginas de actas de inspección de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén, el organismo de control de la actividad. Esa información fue obtenida por el diputado provincial Andres Blanco (PTS-FIT) en respuesta a dos pedidos de informes de enero de 2021.
El trabajo demuestra que Comarsa se apropió ilegalmente de tierras fiscales para acopiar en “piletas clandestinas” grandes cantidades de residuos peligrosos provenientes de la explotación mediante fracking. Además, la documentación oficial corrobora que la empresa mintió en reiteradas oportunidades sobre el volumen de los residuos acopiados y que también en la planta de Añelo Comarsa cometió graves irregularidades.
“Comarsa instaló piletas clandestinas para el acopio de residuos peligrosos, acumuló grandes cantidades de materiales contaminados en suelo sin impermeabilizar e ingresó un volumen de residuos mucho mayor que la capacidad de tratamiento declarada”, sostuvo Esteban Martine, redactor del informe por La Izquierda Diario.
Por su parte, Cecilia Bianco, de Taller Ecologista destacó: “En varias ocasiones las inspecciones corroboraron las emisiones de humo negro y la ausencia de monitoreo en los hornos incineradores, lo que dejó expuesto, una vez más, la pésima gestión de los residuos peligrosos, poniendo en riesgo la salud de la población por afectar la calidad de aire con sustancias químicas tóxicas”.
“La propia información de Ambiente demuestra lo que distintas organizaciones y vecinas y vecinos de la ciudad venimos denunciando hace más de 7 años: El fracking genera tantos residuos que son imposibles de tratar. También quedó comprobado el desprecio que tiene Comarsa por la vida en general y que los distintos gobiernos han respaldado”, señaló Fernando Cabrera, redactor del informe por el Observatorio Petrolero Sur.
En tanto, el diputado provincial Andrés Blanco (PTS/FITU), quien aportó las actas analizadas, sostuvo: “Queda demostrada la absoluta complicidad de los sucesivos gobiernos provinciales con el accionar contaminante de Comarsa a quien le renovaron una y otra vez los permisos como Operadora de Residuos Especiales. La Municipalidad le cedió tierras a $35 el metro cuadrado, previamente ocupadas y contaminadas. El gobierno nacional continúa subsidiando a las petroleras que operan en Vaca Muerta, que son las generadoras de los residuos. Por eso decimos que el Estado es responsable junto a las empresas del desastre ambiental de los basureros petroleros”.
El informe se presentará el 9 de junio, desde las 17, en audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén.
Era 15 de agosto de 2023. Silvio Casadío, geólogo prestigioso en su campo, profesor e investigador universitario en Río Negro, recibía el video por Whatsapp y los algoritmos de las redes se lo mostraban a cada rato. Javier Milei, aún candidato a presidente, explicaba su proyecto para achicar y ajustar el Estado desde la pantalla de La Nación+ junto a Jony Viale. El periodista le preguntaba al candidato que haría, ministerio por ministerio:
—Ciencia, Tecnología e Innovación…
Milei tacha con un fibrón. Viale dice “uff”. Sigue Milei:
—Eso que quede en manos del sector privado.
—¿Ciencia y tecnología?
—Obvio.
—¿Y el Conicet?
Milei abre sus brazos e insiste:
—Que quede en manos del sector privado. Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, como hace la gente de bien.
Mirando hacia atrás para reconstruir los motivos que lo llevaron a dejar la Universidad Nacional de Río Negro para instalarse en una universidad en Chile, Silvio Casadío recuerda ese video como el primer “mazazo”.
En diciembre, Milei asumía la presidencia y Casadío recibía un correo del otro lado de la cordillera: la oferta hablaba de investigación, docencia, conducción de equipos. Buena paga. El geólogo conversó con su pareja y prefirieron esperar “a ver qué pasaba”.
Casadío se licenció en Geología en la Universidad Nacional de La Pampa, hizo un doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Córdoba y luego estudios postdoctorales en la Universidad de Kent en Ohio, Estados Unidos. Entró como investigador al Conicet en 2004 y en 2018 llegó a investigador principal. Como docente se inició en La Pampa hasta que en 2010, junto con otros geólogos se radicó en Río Negro, donde a lo largo de 14 años armaron carreras de grado, de posgrado y un equipo robusto de investigación que llegó a tener 70 miembros. Hoy Casadío vive en Chile y de ese equipo algunos investigadores partieron entre 2024 y 2026 a Brasil, España, Italia, Canadá y Bélgica.
Pero el movimiento es mayor. La casuística y los datos de lo que está ocurriendo a esta altura de 2026 son demoledores: una decana de Humanidades de una universidad del conurbano dice que en la última semana se fueron dos, una profesora de historia a una universidad de España y otro —con doctorado en marcha— a trabajar a un call center. En la Facultad de Exactas de la UBA, su decano Guillermo Durán, dijo que “438 docentes e investigadores renunciaron entre diciembre de 2023 y abril de 2026”. Un filósofo joven y divulgador de una universidad pública tradicional fue tentado por una universidad privada con campus en zona norte del conurbano: salario triplicado a cambio de dedicación exclusiva. Un físico destacado, especializado en ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada, también fue captado por una universidad privada: en el acuerdo logró que le permitieran seguir dando clases en la universidad pública pero no dirigiendo una carrera. La Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) dijo que cerca de mil profesores ya abandonaron sus cargos en la UTN. ¿A dónde van los que renuncian? A universidades privadas de Argentina y del extranjero. Del Río Colorado para abajo, a Vaca Muerta. En muchos casos a engrosar las filas del cuentapropismo de actividades varias: emprendimientos en soledad, con sus parejas o algún amigo, trabajos de consultorías, choferes en aplicaciones. En algunas provincias, los docentes universitarios pasan a dar clases en escuelas secundarias, porque hay gobiernos locales que pagan mejores salarios que Nación.
—Lo económico fue determinante para irme —dice Casadío—, pero no fue lo único. Yo pasé otras crisis de presupuesto en ciencia y universidad, en el 82, en el 89, en el 2001… fueron tremendas ¿eh? Las viví todas. Pero a nadie se le ocurría decir que un investigador científico era un parásito o era un inservible.
Juan Ignacio Doberti, doctor en Ciencias Económicas de la UBA, profesor universitario, se ha especializado en presupuestos y modelos de financiamiento de educación superior, haciendo estudios comparados en la región, tanto en educación pública como privada. Sus análisis ratifican lo que dice el geólogo emigrado: “En 1976 al asumir el último gobierno dictatorial, en 1982 debido a la guerra de las Malvinas, en 1989 con el fenómeno hiperinflacionario al finalizar el gobierno de Alfonsín y en 2002 con la crisis del final del régimen de convertibilidad: en todos estos casos la merma de recursos fue transitoria y el presupuesto en pocos años recuperó los niveles previos”. Y además, en todos los casos los gobiernos plantearon abiertamente que eran recortes requeridos por las circunstancias, pero nunca deseados o, peor aún, festejados.
Doberti atiende el teléfono un sábado, luego de dar clases de 9.30 a 14.30 en la Universidad Nacional de Hurlingham. Explica que la degradación es en todos los frentes: las universidades no pueden retener a sus docentes, por supuesto no atraen a docentes a sumarse, el Estado Nacional paralizó todo tipo de obra de infraestructura, no hay presupuesto para viajes de estudio, los gastos de funcionamiento no se actualizaron acorde a los aumentos tarifarios.
En otro de sus trabajos, Doberti define a la política universitaria de Milei como “un esquema Ponzi”: un gobierno que prometió bajar impuestos, no endeudarse, no emitir y al mismo tiempo no provocar ningún perjuicio en los servicios prestados por el Estado, como la educación pública, la salud pública, el mantenimiento de las rutas o el pago de las jubilaciones. “Es un ardid que dura un tiempo hasta que se diluye el encantamiento del beneficio por la baja de impuestos y los servicios públicos tienen una baja en su calidad”, escribió Doberti.
—Y además ocurre algo inédito —dice ahora el economista al teléfono— históricamente, por cómo se compone el sistema tributario y de recaudación de Argentina, el Estado Nacional financió a provincias y municipios. En las universidades está ocurriendo que las provincias, como Buenos Aires o Río Negro, financian obras de infraestructura en universidades (obras que el gobierno nacional decidió abandonar), incluso hay municipios haciendo aportes para terminar obras.
La idea de “tirarles” las universidades a las provincias, como ya ocurrió con la educación primaria y secundaria, estuvo —o sigue estando— en la cabeza de funcionarios nacionales a cargo de la educación. Se lo comentaron en alguna reunión a los rectores, a modo de amenaza: sepan que todo puede ser peor.
Por ahora, no prosperó.
En otras reuniones, los funcionarios a cargo de educación y política universitaria sugirieron la posibilidad de que la paritaria docente y nodocente se defina entre las universidades y los gremios, sin presencia de la secretaría de Educación. “Otro delirio que por ahora no avanzó”, explicó un rector hace unos días.
Desde el retorno de la democracia en 1983, el sistema universitario argentino ha expandido y aumentando proporcionalmente su matrícula estudiantil más que su población: en 1983 había unos 350 mil estudiantes universitarios y hoy ese número se multiplicó por siete, superando los 2,7 millones de estudiantes (según el anuario publicado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias). Mientras que la población total de Argentina no llegó a duplicarse en el mismo período (de 29 millones en el 83 a 47 millones en la actualidad). El 80% de los estudiantes de grado cursan en universidades públicas (en posgrado es el 68%). También creció la cantidad de universidades. Si tomamos la última década, en 2015 había 130 entre públicas y privadas; para 2024 el número llegaba a 143.
Graciela Giménez, a cargo de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Nacional de Río Negro, aporta un dato clave: “Mientras que la matrícula de estudiantes aumentó un 38,5% entre 2015-2024, la planta docente creció un 23%. La masificación del sistema aumentó a una velocidad superior a la creación de nuevos puestos de trabajo docente”. Y ese aumento, de por sí inferior al que se necesitaría, se dio sobre todo en cargos de dedicación simple. “Las dedicaciones exclusivas, fundamentales para la investigación, aumentaron apenas un 3,5%”. El dato positivo es que mejoró la calidad de la formación de los docentes: el porcentaje de profesores con título de posgrado pasó del 15% al 21%.
La pérdida salarial de los trabajadores universitarios (docentes y nodocentes) es del 34% en términos reales desde noviembre de 2023. Mientras que el total presupuesto universitario cayó un 28,9% entre 2023 y 2025 (alrededor del 90% del presupuesto de cada universidad se destina al pago de salarios). Dicho de otro modo: el incremento acumulado de los salarios para profesores y trabajadores nodocentes universitarios entre diciembre de 2023 y principios de 2026 fue del 144,2%. En el mismo período, la inflación acumulada medida por el INDEC alcanzó aproximadamente el 280,5%. Ese es el motor principal de la marcha convocada a Plaza de Mayo (y plazas de todo el país) para el martes 12 a las 17 horas: que el gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y ratificada en dos instancias por la Justicia. De aplicarse la ley, el gobierno debería actualizar salarios y becas estudiantiles para compensar la pérdida.
Para el geólogo Casadío, tanto como lo salarial pesaron otros aspectos en su decisión de emigrar. En 2024, un colega suyo, geólogo, profesor e investigador, estaba haciendo un trabajo de campo cerca de San Antonio Oeste. Cuando volvió a la camioneta, que tenía ploteado el logo del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología del Conicet-Universidad Nacional de Río Negro, la encontró llena de basura. Alguien había desparramado desechos en la caja y en el interior del vehículo. Semanas después, otro geólogo que viajaba en transporte público y tenía puesta una campera con el mismo logo fue insultado por un hombre. Por la misma época, fueron noticia las agresiones a un grupo de geólogos que hacía trabajo de campo en Potrerillos, Mendoza.
El discurso contra las universidades no es nuevo ni exclusivo de la Argentina. Ocurrió con Bolsonaro presidente en Brasil (sobre todo contra las ciencias sociales y humanas), pasa en Estados Unidos con Trump y ahora también con Kast en Chile. Y está dentro de una narrativa (de un programa político) más amplia. La narrativa antiestatal suele ser más belicosa contra las universidades y no es casual: la universidad es en su esencia intelectual, inconformista y cuestionadora del orden vigente.
—A fines de 2024, la Universidad Andrés Bello insiste con una propuesta. Y ahí decidí irme.
El 18 de febrero de 2025, Silvio Casadío envió un correo a algunas personas de la UNRN para contarles que había aceptado la propuesta de radicarse en Chile.
En 2025, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional ( órgano institucional que agrupa a más de 70 universidades nacionales y provinciales) hicieron un relevamiento que arrojó un dato contundente: más de 10.000 profesores universitarios habían renunciado o reducido al mínimo su dedicación docente. En muchos casos, docentes como el geólogo Casadío: con dedicación exclusiva y un rango alto de investigador. Es decir, un profesor que dirige tesis de grado y posgrado, que forma becarios (jóvenes investigadores), que conduce equipos, que contagia, que estimula, que publica investigaciones, que es referente en su campo, que es reconocido internacionalmente, que pasó más de 40 años formándose (casi todos en Argentina) y formando a otros. Hasta que un día cruza la cordillera. También se fueron otros que tienen dedicaciones semiexclusivas y otros que tienen “dedicaciones simples” (pueden enseñar 4 horas semanales en una universidad, 4 horas en otra).
En distintos momentos, con discursos frente al parlamento, en reuniones públicas o privadas, en algunas intervenciones en medios de comunicación o algún tuit, el presidente de la Nación o sus funcionarios responsables de las políticas de educación universitaria y ciencia han señalado que para este gobierno son centrales áreas de investigación y desarrollo como la inteligencia artificial, los recursos minerales, la biotecnología, la industria nuclear y aeroespacial. En todos esos sectores hay renuncias. Todos los días. El gobierno no dispuso, en el formato que fuere, ningún mecanismo de retención de esos talentos que hasta hace un año, meses o semanas hacían ciencia y docencia en universidades e institutos de investigación.
El éxodo, la migración o la fuga de investigadores y docentes destacados golpea en la calidad de lo que hoy ofrecen las universidades a la sociedad (las posibilidades de desarrollo) y a las familias (la promesa de una educación gratuita y de calidad). Los profesionales que se forman en el sistema universitario público son parte del engranaje que mueve a las comunidades que (según indican todos los estudios y encuestas) todavía creen en las universidades como espacios educativos de calidad y progreso individual y colectivo. Profesionales que están en cada rincón del entramado social:
El médico que te atendió en la guardia, formado en la universidad pública.
La docente de literatura de tercer año de tu hija: universidad pública.
El veterinario que atiende a tus perros.
La arquitecta que proyecta una reforma para tu casa.
El agrónomo que mide la humedad del suelo para definir si te conviene arrancar con la cosecha hoy o pasado mañana.
El físico que hace las fórmulas y los cálculos para los desarrollos con IA.
El técnico que repara ese artefacto que se te rompió.
La ingeniera en alimentos que mejora la yerba mate que tomás cada mañana.
La biotecnología que diseña las vacunas que pueden salvarte la vida.
Los científicos sociales que diseñan políticas públicas y mediciones para conocer la sociedad en la que vivimos.
El ingeniero que construye un satélite capaz de viajar a miles de kilómetros de distancia de la Tierra para enviar datos que luego alimentan las aplicaciones que abrís en el celular.
E incluso aquellos que pasaron por las universidades, se formaron pero no llegaron a graduarse, también son parte del capital acumulado del país, ponen esos conocimientos en diálogo con otros saberes no universitarios y quieren que sus hijos estudien.
Una mañana de un martes de mayo, con llovizna y viento del sur, dos personas caminan por el campus de la Universidad de San Martín. Son dos hombres. Uno aparenta 40 años y el otro, que parece el hijo, 17 o 18 años. Llevan cascos de motos en la mano. Giran sus cabezas a un lado y a otro, como si buscaran algo. Efectivamente, buscan información sobre la inscripción a Ingeniería Electrónica. Encuentran la oficina correcta. El padre le hace un gesto con la cabeza al hijo, como diciendo “andá vos y preguntá”. El hijo pregunta. Faltan algunos meses para la inscripción. El padre se llama Gastón. Vive en San Martín. Trabaja por su cuenta como técnico en reparación de aires acondicionados. De lunes a viernes en barrios de San Martín. Los sábados cruza la General Paz y trabaja en departamentos de Devoto, Belgrano, Nuñez. Esos sábados, el hijo, Ramiro, le hace la segunda.
—Mal no le pago, no se puede quejar —dice el padre.
El hijo levanta las cejas.
—Es lo que yo hubiera querido estudiar. Y él se da mucha maña, en un año ya se puede largar solo.
Ese es el plan (de Gastón): que en 2027 Ramiro arranque a estudiar y a reparar equipos de aire acondicionado por su cuenta.
Se vienen meses de decisiones para Ramiro. Quizás se inscriba en ingeniería electrónica en octubre. O en otra carrera. O empiece a trabajar y arranque los estudios más adelante. En cualquier caso, lo que Gastón y Ramiro pareciera que saben es que la universidad pública estará ahí, con la promesa de educación pública, gratuita y de calidad.
Agradecimiento: A Graciela Giménez, por la información, la bibliografía y los contactos.
El próximo sábado se realizará la presentación del libro ‘Godofredo Viajero’ de la escritora reginense Julieta Langa, quien actualmente reside en Alemania. La cita es en la Oficina de Informes Turísticos de 15,30 a 16,30 horas para la prensa, docentes de nivel inicial, primario, del Instituto de Formación Docente, estudiantes o lectores aficionados. Se realizará…
El artículo detalla cómo la organización Red Atlas, influenciada por el ideario de Ayn Rand y financiada por magnates como los Koch y Adelson, ha fomentado el ultraliberalismo en Latinoamérica. A travès de think tanks y apoyo de EE. UU., propaga valores neoliberales y desregulación, influyendo en políticas y gobiernos, como el de Mauricio Macri en Argentina. La Red, criticada por promover un capitalismo sin democracia, ha sido clave en el giro político de la región, rechazando regulaciones estatales y promoviendo un mercado sin restricciones.
En el marco de las acciones para contribuir a un tránsito ordenado, seguro e inclusivo, la Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina instaló nuevos decrementadores en los semáforos ubicados en las intersecciones de ruta nacional 22 y calles San Martín y España. A ellos se sumaron dos semáforos peatonales…
El Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo esquema de descuentos automáticos sobre salarios estatales mediante el Decreto 352/2026 publicado hoy, una medida presentada como una “modernización administrativa” pero que, en los hechos, profundiza un fenómeno cada vez más visible en la Argentina de Milei: la financierización extrema del ingreso de los trabajadores públicos.
El mecanismo habilita a bancos, mutuales, cooperativas y otras entidades autorizadas a cobrar créditos, cuotas y consumos directamente desde el recibo de sueldo de empleados estatales nacionales. Es decir: el dinero puede ser retenido antes incluso de que el trabajador vea depositado su salario. En un país donde la caída del poder adquisitivo empuja a millones a endeudarse para sobrevivir, el Estado pasa a convertirse en garante directo del negocio financiero.
La medida aparece en un contexto económico particularmente delicado. Con salarios públicos deteriorados por la inflación, recortes presupuestarios y pérdida sostenida del consumo, el endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional para transformarse en una condición estructural de supervivencia. Tarjetas, préstamos personales, refinanciaciones y créditos de corto plazo son hoy parte del paisaje cotidiano de amplios sectores asalariados.
En ese escenario, el decreto funciona como una señal política clara: en lugar de discutir recomposición salarial o recuperación del ingreso, el Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Un Estado al servicio del cobro automático
El decreto reglamenta un sistema de “códigos de descuento” aplicable a trabajadores de la Administración Pública Nacional. La lógica parece técnica, pero sus consecuencias son profundamente políticas. Cuanto más automatizado y garantizado es el cobro de préstamos y cuotas, menor es el riesgo para financieras y entidades crediticias.
Y cuando el riesgo baja, el negocio crece.
El sistema de descuento por haberes es especialmente codiciado por bancos y mutuales porque reduce casi a cero la posibilidad de incobrabilidad. No importa si el trabajador llega ajustado a fin de mes: la cuota se descuenta antes. El acreedor cobra primero; el asalariado administra lo que queda.
La paradoja es brutal. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de “libertad económica” y retiro estatal, el aparato público se transforma en una estructura de aseguramiento para el circuito financiero privado.
En otras palabras: el Estado se corre de áreas sociales, pero permanece firme cuando se trata de garantizar el flujo de pagos hacia bancos y entidades de crédito.
Salarios débiles, deuda fuerte
La financierización del salario no es nueva en Argentina, pero sí adquiere una intensidad particular en esta etapa. La combinación entre caída de ingresos, apertura económica, tarifazos y recesión genera un terreno ideal para la expansión del crédito de supervivencia.
Ya no se toma deuda para crecer o invertir. Se toma deuda para comer, pagar servicios o llegar al día 20.
En ese marco, el decreto oficializa una lógica preocupante: asumir que el endeudamiento permanente del trabajador estatal es un dato normal del funcionamiento económico. La discusión deja de ser cómo mejorar salarios y pasa a ser cómo hacer más eficiente el cobro de las cuotas.
El problema no es solamente económico. También es político y social. Un trabajador altamente endeudado tiene menos margen de conflicto, menos capacidad de organización y mayor dependencia del ingreso mensual. El salario deja de ser una herramienta de autonomía para convertirse en un flujo parcialmente comprometido de antemano.
El trasfondo silencioso del modelo Milei
La medida encaja además con una dinámica más amplia del modelo económico actual: licuación salarial, retracción del consumo y expansión de mecanismos financieros de corto plazo.
En medio de una economía paralizada, muchas entidades encuentran en el descuento automático sobre haberes uno de los pocos negocios relativamente seguros. Y el Gobierno parece decidido a fortalecer ese esquema.
Detrás del lenguaje administrativo del decreto aparece una definición de fondo: frente a una sociedad crecientemente endeudada, el Estado ya no interviene para limitar la dependencia financiera sino para facilitarla.
Porque cuando el salario no alcanza, la deuda deja de ser una excepción. Y cuando el Estado garantiza el cobro de esa deuda, la precariedad económica se institucionaliza.
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