Presentación: La basura del fracking en Vaca Muerta

La Asociación Trabajadores del Estado encendió todas las alarmas al denunciar la desaparición de $3.863 millones que tenían destino específico para el pago de salarios en la Planta Industrial de Agua Pesada. Apuntan a la conducción de la Comisión Nacional de Energía Atómica y anuncian cortes de ruta.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) quedó en el centro de un grave escándalo político y financiero tras la denuncia pública de ATE por el presunto desvío de $3.863.026.100 que estaban destinados al pago de salarios y al funcionamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén.

La acusación fue realizada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo que en diciembre de 2025 ingresó una ampliación presupuestaria con destino específico a la Empresa Argentina de Servicios de Ingeniería (ENSI), responsable de la administración de la planta, pero el dinero nunca llegó a su destino y se desconoce qué se hizo con esos fondos.

Según detalló el sindicato, los recursos estaban destinados a garantizar el pago de los salarios de diciembre, además de cubrir costos operativos y de mantenimiento de una instalación estratégica para el sistema energético nacional. Sin embargo, los trabajadores pasaron las fiestas sin cobrar y continúan sin percibir sus ingresos, mientras la conducción del organismo guarda silencio.

Fondos con destino específico que “se esfumaron”

Aguiar fue categórico al afirmar que no se trata de un error administrativo sino de una irregularidad gravísima. Remarcó que los fondos tenían una asignación clara y que no podían ser malversados bajo ningún concepto, lo que abre la puerta a la hipótesis de un posible accionar delictivo.

Desde ATE señalaron que la responsabilidad política recae sobre el actual presidente de la CNEA, Martín Porro, a quien acusan de no dar explicaciones sobre el paradero del dinero. Para el sindicato, la situación no solo afecta a los trabajadores y sus familias, sino que pone en riesgo la provisión de insumos y la capacidad de garantizar energía, en un contexto nacional atravesado por recortes y ajuste sobre el Estado.

Salarios impagos, energía en riesgo y un Estado ausente

La Planta Industrial de Agua Pesada no es una dependencia menor: cumple un rol estratégico dentro del esquema energético argentino. La paralización de su funcionamiento por falta de salarios e insumos impacta directamente en la soberanía energética, un aspecto que el gobierno de Milei parece dispuesto a sacrificar en nombre del ajuste.

ATE advirtió que la desaparición de los fondos destinados a salarios no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una política de vaciamiento del Estado, donde se desfinancian áreas sensibles mientras se naturaliza que los trabajadores queden como variable de ajuste.

Cortes en la Ruta 22 y un conflicto que recién empieza

Frente a la falta de respuestas, ATE anunció medidas de fuerza inmediatas. En las próximas horas se llevarán adelante cortes en el puente Arroyito, sobre la Ruta Nacional 22, una vía clave para la región. Las protestas comenzaron el lunes 12 de enero y, en principio, se extenderán hasta el viernes 16, en el horario de 7.30 a 10 de la mañana.

Desde la Junta Interna de la PIAP explicaron que el plan de lucha continuará y que la próxima semana se evaluará profundizar las acciones en función de si la CNEA brinda o no explicaciones concretas y garantiza el pago total de los salarios adeudados.

Mientras tanto, la pregunta sigue sin respuesta: qué hicieron con los casi $4.000 millones que estaban destinados a los trabajadores. Para ATE, el dinero estaba, tenía destino y se esfumó. Y si no aparecen explicaciones, lo que hoy es una denuncia sindical podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción del área energética en los últimos años.