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Presentación: La basura del fracking en Vaca Muerta

El informe se presentará el 9 de junio, desde las 17:00hs, en una audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén. 

“La basura del fracking en Vaca Muerta” evidencia la historia de contaminación e irregularidades de uno de los basureros petroleros más importantes de Argentina: Comarsa. La Izquierda Diario, el Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista analizaron 1182 páginas de actas de inspección de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén, el organismo de control de la actividad. Esa información fue obtenida por el diputado provincial Andres Blanco (PTS-FIT) en respuesta a dos pedidos de informes de enero de 2021.

El trabajo demuestra que Comarsa se apropió ilegalmente de tierras fiscales para acopiar en “piletas clandestinas” grandes cantidades de residuos peligrosos provenientes de la explotación mediante fracking. Además, la documentación oficial corrobora que la empresa mintió en reiteradas oportunidades sobre el volumen de los residuos acopiados y que también en la planta de Añelo Comarsa cometió graves irregularidades.

“Comarsa instaló piletas clandestinas para el acopio de residuos peligrosos, acumuló grandes cantidades de materiales contaminados en suelo sin impermeabilizar e ingresó un volumen de residuos mucho mayor que la capacidad de tratamiento declarada”, sostuvo Esteban Martine, redactor del informe por La Izquierda Diario. 

Por su parte, Cecilia Bianco, de Taller Ecologista destacó: “En varias ocasiones las inspecciones corroboraron las emisiones de humo negro y la ausencia de monitoreo en los hornos incineradores, lo que dejó expuesto, una vez más, la pésima gestión de los residuos peligrosos, poniendo en riesgo la salud de la población por afectar la calidad de aire con sustancias químicas tóxicas”.

“La propia información de Ambiente demuestra lo que distintas organizaciones y vecinas y vecinos de la ciudad venimos denunciando hace más de 7 años: El fracking genera tantos residuos que son imposibles de tratar. También quedó comprobado el desprecio que tiene Comarsa por la vida en general y que los distintos gobiernos han respaldado”, señaló Fernando Cabrera, redactor del informe por el Observatorio Petrolero Sur.

En tanto, el diputado provincial Andrés Blanco (PTS/FITU), quien aportó las actas analizadas, sostuvo: “Queda demostrada la absoluta complicidad de los sucesivos gobiernos provinciales con el accionar contaminante de Comarsa a quien le renovaron una y otra vez los permisos como Operadora de Residuos Especiales. La Municipalidad le cedió tierras a $35 el metro cuadrado, previamente ocupadas y contaminadas. El gobierno nacional continúa subsidiando a las petroleras que operan en Vaca Muerta, que son las generadoras de los residuos. Por eso decimos que el Estado es responsable junto a las empresas del desastre ambiental de los basureros petroleros”.

El informe se presentará el 9 de junio, desde las 17, en audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén.

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  • La Cámpora quiere concentrar en la Defensoría la negociación entre los endeudados y las Fintech

     

    El peronismo en la provincia de Buenos Aires busca unificar a través de la Defensoría del Pueblo el vínculo entre los endeudados y los acreedores para lograr una negociación colectivas de esas deudas.

    El diputado camporista Facundo Tignanelli y el Defensor Guido Lorenzino quieren que sea el Estado quien represente a los bonaerenses que en los últimos años contrajeron deudas para enfrentar la crisis.

    La idea es poner en una situación de igualdad al poder con el que cuentan las empresas que quieren cobrar las deudas, con el poder del Estado, en este caso la Defensoría, para negociar en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.

    Con fuertes críticas a Galperin, Kicillof comparó el endeudamiento familiar con la crisis subprime

    «Queremos unificar la negociación de los deudores bonaerenses ante los bancos, billeteras virtuales y prestamistas que tienen enormes bufetes de abogados y la posibilidad de perseguir de manera extrajudicial a las familias», dijo Tignanelli.

    De este modo se crea en la Defensoría el programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerense donde las personas deberán registrarse y cargar los datos de su deuda y sus acreedores. Luego, la Defensoría tomará el caso e intervendrá frente al acreedor para negociar o renegociar los términos de la deuda.

    Facundo Tignanelli y Guido Lorenzino.

    La estrategia es evitar que el deudor enfrente en solitario a los bancos y Fintech, y al mismo tiempo, poner en pie de igualdad la relación entre la persona endeudada y los acreedores.

    Mientras tanto, Tignanelli avanza con un proyecto de ley para crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores con el objetivo de prevenir, encauzar y resolver las situaciones de endeudamiento extremo que impiden a las personas afrontar el pago de sus deudas sus deudas.

    Ese régimen busca facilitar la reestructuración de esas deudas mediante negociaciones que establezcan nuevas condiciones de cumplimiento razonables y sostenibles.

    No estamos hablando de quienes tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante.

    En lo que va de la gestión de Javier Milei miles de familias bonaerenses tuvieron que endeudarse por encima de sus posibilidades para pagar tarifas y sostener su nivel de vida básico.

    Sobre el motivo del endeudamiento, el dirigente de La Matanza dijo que «tiene que ver con pagar las tarifas de servicios, agua, luz, gas o alimentos. No estamos hablando de que tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante».

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    Desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que el 60% de la población adulta del país está endeudada (se trata de 21 millones de personas). En tanto, una de cada cinco personas que tomaron deuda se encuentra en situación de mora.

    El gobierno de Axel Kicillof inició en enero una investigación de oficio sobre Mercado Libre y Mercado Pago. El objetivo fue analizar los términos y condiciones de la fintech que cada usuario debe aceptar al crear una cuenta. Se trata de un paso obligatorio pero que ninguna persona lee por la extensión y los tecnicismos jurídicos.

    Allí se encontró que ni Mercado Libre ni Mercado Pago informan sobre el costo de los servicios, una situación que viola la defensa de los consumidores. Además, si la fintech cambia los términos y condiciones, estos se dan por aceptados automáticamente.

     

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