Presentación: La basura del fracking en Vaca Muerta

En medio de la crisis financiera y los reclamos que se multiplican por deficiencias en los servicios prestados por la comuna, la gestión de Lucas Ghi en Morón avanzó sin licitar con una contratación multimillonaria que desató fuerte polémica en el distrito.

Con la firma de Ghi y de su mano derecha, la jefa de Gabinete Estefanía «Toffi» Franco, el municipio apeló al mecanismo de compra directa para habilitar un desembolso por 51 millones en concepto de pauta en una página web.

La contratación es a Ninja Contenidos S.R.L., empresa controlante del sitio Sol Bonaerense y que pertenece mayoritariamente (65%) a Agustín Manganiello, un contador muy cercano a Matías Lammens, a quien acompañó tanto en San Lorenzo como en el Ministerio de Turismo nacional.

En Ninja también aparece como socio Felipe Albistur, uno de los hijos de Enrique «Pepe» Albistur, histórico publicista del peronismo, esposo de Victoria Tolosa Paz y dueño del departamento donde reside Alberto Fernández en Puerto Madero.

Esos vínculos no pasan desapercibidos en la interna peronista del oeste del Conurbano, donde acusan que, desde Sol Bonaerense, se dirigen operaciones tendientes a desprestigiar a dirigentes del kirchnerismo como Martín Sabbatella, en Morón, y el intendente de Hurlingham, Damián Selci, que tiene como principal opositor interno al ex intendente, el albertista Juan Zabaleta.

En Morón destacan la buena relación que mantuvo Ghi con Alberto Fernández y la que sostiene con varias figuras del albertismo residual.

Lammens junto a Ghi en tiempos de gobierno albertista.

Aunque advierten que la generación de contenido y el volumen de entradas a ese sitio web es ínfimo, cerca del sabbatellismo señalaron que las sistemáticas notas que surgen de ahí apuntando con denuncias falsas contra el líder de Nuevo Encuentro, son replicadas por cuentas fake en redes y alimentadas publicitariamente para su difusión.

Como contó LPO, Ghi pasó de desmarcarse de Nuevo Encuentro a una ruptura total que incluyó la división del bloque de concejales y una purga de todo funcionario municipal alineado a Martín Sabbatella, que, frente a este escenario, precipitó el lanzamiento de su carrera a la intendencia.

Ghi rompió con Sabbatella en el Concejo de Morón y recrudece la pelea a 2027

Más allá de las cuestiones relativas a la interna del peronismo, en Morón esa compra directa desató un escándalo al encuadrarse en el contexto de crisis económica que atraviesa la comuna, con denuncias por recorte de insumos en los centros de salud locales, vaciamiento del laboratorio municipal y salarios bajos de los empleados.

Incluso, para el pago del último aguinaldo, la comuna tuvo que aplicar un plan de emergencia por el que debió postergar para enero el cobro de los haberes y aguinaldo de la planta política para cubrir el pago a los municipales.

Es en ese cuadro crítico en términos financieros y operativos que los críticos a la gestión de Ghi alertan una escalada «compulsiva» de compras directas vía trámites excepción por parte del municipio.

Entre ellas, apareció en el último boletín oficial el caso de Ninja, empresa comandada por la mano derecha de Lammens, ex funcionario albertista que, resaltan en Morón, conserva una buena relación con Ghi. 

La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay expresó su «gran preocupación» ante el proyecto de decreto que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje, una actividad clave para la navegación en puertos y vías fluviales del Río de la Plata.

LPO adelantó en exclusivo que la iniciativa busca reducir costos en el comercio exterior, aunque abre interrogantes y genera máxima preocupación en la Armada sobre su impacto en la seguridad y en el esquema laboral del sector dado que permite la libre navegación de buques de empresas extranjeras. 

El enojo con el decreto comenzó  por la afectación directa a los marinos y la nula consulta al ministerio de Defensa y, como reveló en exclusivo, a los empresarios del sector que consideran que el ministerio de Milei «intenta regular un sector que no conoce».

Ahora, a través de una carta enviada el 24 de abril al presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Daniel Montiel, a la que accedió LPO, la entidad advirtió que la iniciativa -actualmente en etapas finales de aprobación- podría tener consecuencias negativas tanto en la seguridad de la navegación como en el comercio exterior uruguayo. 

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Según el documento, los cambios propuestos afectarían no solo a los accesos a puertos argentinos, sino también a los puertos del litoral uruguayo, dado que ambos países comparten las aguas del Río de la Plata. 

En ese sentido, la corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.  

La corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.

«Los cambios sugeridos atentan directamente contra la letra y el espíritu de estos artículos», sostiene la carta, al señalar que las medidas habrían sido impulsadas sin consulta previa a Uruguay y generarían una «disparidad notoria» entre las normativas de ambos países.

Además, la organización advirtió sobre los riesgos de flexibilizar el régimen de exenciones al practicaje. En el plano internacional, señalaron, existe consenso sobre los efectos negativos que este tipo de medidas puede tener en la seguridad marítima, la protección ambiental y la vida humana. «Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos», subrayaron. 

Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos

Finalmente, la corporación se puso a disposición de las autoridades para colaborar en el análisis de la situación, en un contexto que podría abrir un nuevo foco de tensión bilateral en torno a la gestión compartida del Río de la Plata. 

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Una fuente que sigue de cerca el tema dijo a LPO que el comunicado es «un sopapo para Sturzenneger. Le están recordando que no es el dueño de los ríos. 

«La soberbia libertaria los lleva a olvidar que cuando legislan en material de navegación, en espacial en la Hidrovia, no lo pueden hacer solos. Acá, claramente, Uruguay les dice que el río no es de ellos», concluye.

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