Por un caso sospechoso de coronavirus, no funciona la línea ferroviaria Sarmiento

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Martinucci, estimó que el servicio de la línea Sarmiento, interrumpido debido a un caso sospechoso de coronavirus en un guarda que tiene síntomas compatibles con la enfermedad, será restablecido al mediodía.

La interrupción del servicio se produjo en las primeras horas de la jornada de hoy a causa de la aparición de indicios de Covid-19 en un guarda del primer turno del día, que motivó la salida del servicio del grupo de sus colaboradores estrechos.

En declaraciones a radio La Red, Martinucci señaló que «en el transcurso de la mañana, llegando al mediodía», el servicio volverá a funcionar.

«Ante un caso sospechoso, Trenes Argentinos cuenta con un protocolo que aplica de manera inmediata y responsable desde el primer día de declarada la pandemia, con el fin de preservar la salud de pasajeros y pasajeras y empleados y empleadas», informó.

La cantidad de guardas que alcanzados por la medida imposibilita asegurar la normal prestación del servicio durante las primeras horas de la mañana, indicó la empresa.

Además, señaló que trabaja «para reanudar el servicio lo antes posible aunque pudieran presentarse demoras y cancelaciones cuando se restablezca».

«Desde la operadora oficial se apela a la responsabilidad individual de cada uno de sus pasajeros y pasajeras para evitar las aglomeraciones en los servicios debido a la inédita situación que atraviesa el país y el mundo como consecuencia de la pandemia», añadió.

En este marco, funciona un servicio de micros para el traslado de pasajeros, que no alcanzan para paliar las largas filas de usuarios que se veían en varios puntos de la zona oeste del conurbano bonaerenses.

En declaraciones a TN, el presidente de Trenes Argentinos, Martín Martinucci, confirmó que pidió al Ministerio de Transporte de la Nación reforzar la cantidad de micros disponibles en Moreno, Merlo y Morón, donde trabajan habitualmente con una flota de cinco unidades en cada uno de esos puntos, desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

«Trabajamos con micros en Moreno, Merlo y Morón, como lo hacemos desde el 20 de marzo, pero ahora estamos pidiendo refuerzos para tener una mayor cantidad de unidades debido a esa cuestión que se desastó esta madrugada. Estamos en contacto directo con el ministro de Transporte, Mario Meoni», dijo Martinucci.

Confirmó que la situación extraordinaria es un guarda que tuvo contacto con un caso positivo y, por lo tanto, el resto de los 37 guardas que tuvieron contacto con él no pudieron hoy tomar el servicio de esa línea de trenes, que, agregó, «es la más utilizada por los usuarios» de ese medio de transporte.

En tanto, en declaraciones a C5N, el delegado del Ferrocarril Sarmiento, Rubén «Pollo» Sobrero, hizo un pedido expreso para que, una vez que se reanude el servicio de la línea Sarmiento del ferrocarril, «la gente mantenga el distanciamiento y no traten de subirse al primer tren que salga».

También Trenes Argentinos formuló ese pedido: «Cuando se reinicie el servicio si un tren llegara a una estación con su capacidad completa se recomienda esperar en el andén el arribo del siguiente servicio, que cuente con espacio para poder respetar el distanciamiento social obligatorio, u optar por un medio de transporte alternativo ya que el cuidado personal redunda en el cuidado colectivo».

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    Con modificaciones por decreto a la Ley de Migraciones, el gobierno de Milei profundiza su política de persecución contra los migrantes

     

    El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.

    Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI

    El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros

    Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.

    El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.

    Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación

    Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.

    El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.

    Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.

    La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.

    Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado

    El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.

    La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

    A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.

    Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei

    La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.

    Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.

     

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