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PLANIFICACIÓN CERO

Mucho revuelo en redes y medios por la colocación de un deck en el bar Mon Bohemi en calle 9 de julio. Un poco de info sobre la ordenanza 072/18 que fue aprobada por el CD anterior (autoría de Maxi Garré-FdT) sujeta a modificaciones que solicitó el ejecutivo de ese período. La ordenanza invita a adherir al programa denominado “Veredas Libres” y como su nombre lo dice tiene como una de sus finalidades liberar el espacio público para mejorar la circulación del peatón (Art 2).

Es solo para los comercios gastronómicos ubicados en la 9 de julio (Art 3) y el deck puede ocupar solo el frente del mismo comercio, también hay que tener en cuenta que no se hablita en las esquinas (Art 10 a) por su alto grado de exposición o accidentes, lo que reduce la cantidad de comercios del rubro en esa avenida, al menos, a la mitad. Los costos corren todos a cargo del comerciante.

Una ordenanza que no modifica en nada al conjunto social, aunque afecta positivamente a una minoría que no suele tener beneficios que mejoren su vida cotidiana en la ciudad, la del peatón. Aunque sea de manera mínima, es importante reconocer al peatón como un sujeto activo en #VillaRegina.

Es cierto que tenemos problemas de estacionamiento, pero el problema de base que es la alta circulación vehicular en el ejido céntrico de Regina no está en la 9 de julio y el eje del conflicto está en la falta de planificación para reestructurar la ciudad y solucionar el problema de centralización. Cuatro lugares en una avenida de 400 mts que tiene un margen de punta a punta sin comercios (desde plaza de los próceres hasta la universidad) y no nuclea el grueso de la atención administrativa, no es un problema, eso está claro.

Es interesante diversificar un poco la temática, ver las cosas desde un punto macro, y que la cuestión no solamente se condicione a tratar el caso puntual si el deck si o el deck no. Si no que sirva como disparador de un debate mucho más importante para Regina, como lo es la planificación estratégica de la ciudad que requiere de manera urgente una Secretaria de Planificación que tenga continuidad en el tiempo porque estamos hablando de planificación, y las planificaciones necesitan sostenerse y no romperse a partir de políticas partidarias o egos profesionales.

La ciudad tiene hace rato ciertos problemas de centralidad, y no es una ciudad que tenga características de las denominadas grandes con respecto a la densificación, todavía estamos con cierta potencialidad de territorios para poder ordenarlos de otra manera y no llegar a tener en un corto plazo grandes problemas de centralidad.

Todavia no tenemos un problema específico de radiocentrismo, pero sí simboliza el problema. Tenemos dos Reginas, la norte y la sur, que los separa la ruta que es un límite artificial importante, más los límites naturales hacia el norte y el sur (barda y rio), y la ciudad como la célula que es, crece y se mueve constantemente, pero en el norte se sigue nucleando toda la cuestión administrativa lo que implica que todas las personas deben ir a esa zona para resolver cuestiones administrativas.

Para poder evaluar con cierto criterio la ciudad, se requiere especialización y planificación para estructurar el crecimiento que no cuenta con un orden, ni seguimiento, ni plan. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Regina la accesibilidad para las personas con discapacidad prácticamente es nula.

Pensar en conjunto es una clave, con el Concejo Deliberante, el colegio de arquitectos, las universidades, las organizaciones intermedias, inclusive instituciones que no tienen que ver con el desarrollo arquitectónico y urbanístico pero conocen y entienden de sociología y movimientos sociales, de funcionamiento de masas y de su comportamiento social que nos podrían brindar información mucho más real y concreta, para tomar mejores decisiones.

Como también el desarrollo de censos que nos podrían brindar información para repensar la ciudad, conociendo la cantidad de vehículos que hay, la cantidad de personas que asisten presencialmente a sus trabajos, donde trabajan, el flujo de ciudadanos que cruza la ruta para realizar trámites administrativos durante la semana, donde se localizan, básicamente como se mueve la masa urbana. Todo esto potencia nuestras posibilidades de un crecimiento ordenado y pensado.

Primero hay que analizar la ciudad, donde están los conflictos peatonales, donde están los conflictos vehiculares, a partir de ahí se puede planificar y tomar decisiones en conjunto. En definitiva es analizar un contexto general, para atacar el problema de fondo con un desarrollo y una planificación integral. No estoy descubriendo nada.

¿Qué está pasando con la planificación de Regina? Pasa que no existe. ¿Hacia dónde vamos al no contar con una planificación estratégica? Hacia un gran problema urbanístico de radiocentrismo. ¿Qué necesitamos? Una Secretaría de Planificación.

La planificación estratégica nos ayudaría hoy a saber cómo y dónde descentralizaríamos el flujo vehicular y de gente, que hoy tiene la obligación de ir al ejido céntrico. De qué manera podríamos hacer para que la gente estacione en otro lado? promoviendo estacionamientos públicos y privados, para poder manejarse en el centro de forma peatonal.

Por ejemplo, reutilizando terrenos baldíos históricamente abandonados en el centro sin ninguna posibilidad de reconversión privada, recuperando de este modo espacios públicos buscando una solución a una problemática de planificación estratégica integral que apareció con el crecimiento demográfico de la ciudad y su composición geográfica; y tiene un destino incierto, desordenado y librado al azar.

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    Cuatro millones quedaron afuera del subsidio a las garrafas: el ajuste también se cocina en los hogares más vulnerables

     

    Casi cuatro millones de personas quedaron fuera del subsidio para comprar garrafas tras el reemplazo del Programa Hogar por el nuevo esquema de subsidios focalizados del Gobierno.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Gobierno de Javier Milei decidió reemplazar el Programa Hogar por un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados y, en el proceso, dejó a casi cuatro millones de personas sin poder acceder al beneficio para comprar garrafas, según el reclamo formulado por la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO). El problema no es solamente administrativo: detrás del reempadronamiento obligatorio y de la exigencia de completar nuevamente los datos aparece una transformación profunda de la política energética, en la que un derecho que alcanzaba a millones de hogares pasó a depender de un registro digital, de la evaluación individual de cada familia y de mecanismos de pago que no todos los usuarios están en condiciones de utilizar.

    La situación adquiere una dimensión particularmente grave porque la garrafa no es un consumo suntuario ni una alternativa elegida por comodidad, sino la única fuente de energía disponible para millones de hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural. De acuerdo con datos difundidos por DEUCO, existen alrededor de 4,8 millones de hogares sin acceso al gas por redes, mientras que el antiguo Programa Hogar tenía aproximadamente 3,9 millones de inscriptos que recibían una asistencia para afrontar la compra de garrafas. La sustitución del programa por un sistema de inscripción y evaluación focalizada convirtió, así, un universo de beneficiarios previamente identificado en una población que debe volver a demostrar que merece recibir una ayuda estatal.

    Del Programa Hogar al laberinto del reempadronamiento

    El cambio fue formalizado dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado después de la eliminación del Programa Hogar. La normativa establece que los usuarios de garrafas deben inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y ser admitidos para recibir el reintegro correspondiente. El mecanismo contempla una bonificación de $9.593 por garrafa de 10 kilos, con un máximo de dos unidades mensuales durante el período invernal y una durante los meses restantes.

    Sobre el papel, el Gobierno presenta el nuevo sistema como una herramienta de mayor eficiencia y focalización. En la práctica, el cambio supone que miles de familias que ya estaban identificadas dentro del Programa Hogar deben atravesar nuevamente un proceso administrativo para acceder a una ayuda que, además, ya no funciona como el esquema anterior. El propio presidente de DEUCO, Pedro Bussetti, reclamó que el trámite pueda realizarse presencialmente, justamente porque la digitalización obligatoria puede transformarse en una barrera adicional para quienes tienen dificultades de conectividad, acceso tecnológico o manejo de plataformas digitales.

    La propia reglamentación muestra hasta qué punto se sofisticó el mecanismo burocrático. Para determinar quién recibe el beneficio, la Secretaría de Energía cruza información con ANSES sobre los ingresos de los integrantes del hogar, mientras que la inscripción y actualización de datos se realiza mediante el ReSEF. Una vez admitido, el usuario debe efectuar la compra utilizando mecanismos de pago vinculados a billeteras digitales interoperables, entre ellas BNA+ y MODO, para recibir posteriormente el reintegro.

    El problema aparece cuando se observa la distancia entre la lógica administrativa del sistema y la realidad cotidiana de las familias que necesitan una garrafa para cocinar o calefaccionarse. Una política social puede ser perfectamente focalizada en sus objetivos y, al mismo tiempo, fracasar en su implementación si convierte el acceso en una carrera de obstáculos. La vulnerabilidad económica no siempre viene acompañada de conectividad permanente, dispositivos adecuados, cuentas bancarias, billeteras virtuales o capacidad para completar trámites digitales, y precisamente por eso los sistemas de protección social históricamente combinaron mecanismos automáticos con canales presenciales.

    Una ayuda que además perdió poder de compra

    Hay otro aspecto que no debería quedar oculto detrás de la discusión administrativa: el monto del subsidio también merece ser observado frente al precio real de la garrafa. El Gobierno fijó el reintegro en $9.593 para cada unidad de 10 kilos y estableció que ese valor podrá actualizarse tomando como referencia determinados costos vinculados al butano.

    Sin embargo, estimaciones difundidas por organizaciones vinculadas al sector ubican actualmente el precio de una garrafa de 10 kilos en torno de los $30.000 en algunos puntos del Gran Buenos Aires, lo que significa que el reintegro puede representar apenas una fracción del costo que debe afrontar una familia. Incluso antes de la actual discusión, el esquema había sido cuestionado porque el nuevo subsidio no acompañaba necesariamente la evolución del precio final que pagan los consumidores.

    La comparación histórica permite dimensionar todavía mejor el cambio. El Programa Hogar había sido diseñado para subsidiar de manera directa la compra de garrafas en hogares de menores ingresos que no contaban con gas de red. El nuevo esquema abandona esa estructura y la reemplaza por una modalidad en la que el Estado primero identifica, registra, evalúa y finalmente reintegra, siempre que el usuario cumpla con todas las condiciones establecidas. El discurso de la eficiencia puede esconder, en este caso, algo mucho más concreto: una reducción del universo efectivo de personas que logran llegar hasta el beneficio.

    Cuando el ajuste llega a la cocina

    La discusión sobre las garrafas permite observar una de las dimensiones menos visibles del programa económico de Milei: el ajuste no solamente aparece en grandes partidas presupuestarias, organismos estatales o programas nacionales, sino también en decisiones que determinan cuánto le cuesta a una familia cocinar, calefaccionarse o sostener las condiciones mínimas de una vivienda.

    Para quienes tienen gas natural por red, la discusión sobre una garrafa puede parecer lejana. Para millones de argentinos que viven sin infraestructura de gas, en cambio, se trata de un gasto cotidiano e inevitable. Por eso la eliminación del Programa Hogar y la posterior creación de un sistema de subsidios focalizados no puede analizarse solamente como una modificación técnica de los mecanismos de asistencia: implica redefinir qué responsabilidad asume el Estado frente a quienes quedaron fuera de la infraestructura energética básica.

    El dato de los casi cuatro millones de personas que hoy no consiguen acceder al subsidio expone precisamente esa contradicción. El Gobierno puede afirmar que el beneficio continúa existiendo, y formalmente es cierto: existe un reintegro de $9.593 por garrafa para quienes logren ingresar al nuevo esquema. Pero una política pública no se mide únicamente por su existencia normativa, sino también por su capacidad efectiva para llegar a quienes la necesitan. Cuando millones de personas que antes estaban dentro de un programa deben atravesar un nuevo proceso de inscripción y una parte importante queda afuera, el problema deja de ser burocrático y pasa a ser político.

    Porque detrás de cada formulario incompleto, cada usuario que no consigue registrarse y cada familia que debe pagar una garrafa a precio completo hay una escena mucho más sencilla y brutal: una persona intentando encender la cocina de su casa. Allí es donde las palabras “eficiencia”, “focalización” y “reordenamiento” encuentran su verdadera medida. Si el resultado del ajuste es que millones de hogares vulnerables tienen más dificultades para acceder a una fuente básica de energía, entonces el debate ya no es sobre la modernización de un subsidio, sino sobre qué modelo de Estado está dispuesto a garantizar las condiciones materiales de una vida digna.

     

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