PLANIFICACIÓN CERO
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PLANIFICACIÓN CERO

Mucho revuelo en redes y medios por la colocación de un deck en el bar Mon Bohemi en calle 9 de julio. Un poco de info sobre la ordenanza 072/18 que fue aprobada por el CD anterior (autoría de Maxi Garré-FdT) sujeta a modificaciones que solicitó el ejecutivo de ese período. La ordenanza invita a adherir al programa denominado “Veredas Libres” y como su nombre lo dice tiene como una de sus finalidades liberar el espacio público para mejorar la circulación del peatón (Art 2).

Es solo para los comercios gastronómicos ubicados en la 9 de julio (Art 3) y el deck puede ocupar solo el frente del mismo comercio, también hay que tener en cuenta que no se hablita en las esquinas (Art 10 a) por su alto grado de exposición o accidentes, lo que reduce la cantidad de comercios del rubro en esa avenida, al menos, a la mitad. Los costos corren todos a cargo del comerciante.

Una ordenanza que no modifica en nada al conjunto social, aunque afecta positivamente a una minoría que no suele tener beneficios que mejoren su vida cotidiana en la ciudad, la del peatón. Aunque sea de manera mínima, es importante reconocer al peatón como un sujeto activo en #VillaRegina.

Es cierto que tenemos problemas de estacionamiento, pero el problema de base que es la alta circulación vehicular en el ejido céntrico de Regina no está en la 9 de julio y el eje del conflicto está en la falta de planificación para reestructurar la ciudad y solucionar el problema de centralización. Cuatro lugares en una avenida de 400 mts que tiene un margen de punta a punta sin comercios (desde plaza de los próceres hasta la universidad) y no nuclea el grueso de la atención administrativa, no es un problema, eso está claro.

Es interesante diversificar un poco la temática, ver las cosas desde un punto macro, y que la cuestión no solamente se condicione a tratar el caso puntual si el deck si o el deck no. Si no que sirva como disparador de un debate mucho más importante para Regina, como lo es la planificación estratégica de la ciudad que requiere de manera urgente una Secretaria de Planificación que tenga continuidad en el tiempo porque estamos hablando de planificación, y las planificaciones necesitan sostenerse y no romperse a partir de políticas partidarias o egos profesionales.

La ciudad tiene hace rato ciertos problemas de centralidad, y no es una ciudad que tenga características de las denominadas grandes con respecto a la densificación, todavía estamos con cierta potencialidad de territorios para poder ordenarlos de otra manera y no llegar a tener en un corto plazo grandes problemas de centralidad.

Todavia no tenemos un problema específico de radiocentrismo, pero sí simboliza el problema. Tenemos dos Reginas, la norte y la sur, que los separa la ruta que es un límite artificial importante, más los límites naturales hacia el norte y el sur (barda y rio), y la ciudad como la célula que es, crece y se mueve constantemente, pero en el norte se sigue nucleando toda la cuestión administrativa lo que implica que todas las personas deben ir a esa zona para resolver cuestiones administrativas.

Para poder evaluar con cierto criterio la ciudad, se requiere especialización y planificación para estructurar el crecimiento que no cuenta con un orden, ni seguimiento, ni plan. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Regina la accesibilidad para las personas con discapacidad prácticamente es nula.

Pensar en conjunto es una clave, con el Concejo Deliberante, el colegio de arquitectos, las universidades, las organizaciones intermedias, inclusive instituciones que no tienen que ver con el desarrollo arquitectónico y urbanístico pero conocen y entienden de sociología y movimientos sociales, de funcionamiento de masas y de su comportamiento social que nos podrían brindar información mucho más real y concreta, para tomar mejores decisiones.

Como también el desarrollo de censos que nos podrían brindar información para repensar la ciudad, conociendo la cantidad de vehículos que hay, la cantidad de personas que asisten presencialmente a sus trabajos, donde trabajan, el flujo de ciudadanos que cruza la ruta para realizar trámites administrativos durante la semana, donde se localizan, básicamente como se mueve la masa urbana. Todo esto potencia nuestras posibilidades de un crecimiento ordenado y pensado.

Primero hay que analizar la ciudad, donde están los conflictos peatonales, donde están los conflictos vehiculares, a partir de ahí se puede planificar y tomar decisiones en conjunto. En definitiva es analizar un contexto general, para atacar el problema de fondo con un desarrollo y una planificación integral. No estoy descubriendo nada.

¿Qué está pasando con la planificación de Regina? Pasa que no existe. ¿Hacia dónde vamos al no contar con una planificación estratégica? Hacia un gran problema urbanístico de radiocentrismo. ¿Qué necesitamos? Una Secretaría de Planificación.

La planificación estratégica nos ayudaría hoy a saber cómo y dónde descentralizaríamos el flujo vehicular y de gente, que hoy tiene la obligación de ir al ejido céntrico. De qué manera podríamos hacer para que la gente estacione en otro lado? promoviendo estacionamientos públicos y privados, para poder manejarse en el centro de forma peatonal.

Por ejemplo, reutilizando terrenos baldíos históricamente abandonados en el centro sin ninguna posibilidad de reconversión privada, recuperando de este modo espacios públicos buscando una solución a una problemática de planificación estratégica integral que apareció con el crecimiento demográfico de la ciudad y su composición geográfica; y tiene un destino incierto, desordenado y librado al azar.

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  • Procesan a dos funcionarias por el fantanilo envenenado, pero el juez abre la puerta para exculpar a Lugones

     

    El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.

    El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.

    El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.

    Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.

    Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.

    La declaración de la jefa de la Anmat hunde a Lugones: «Estaba al tanto de todo»

    «A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.

    Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.

    El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.

    En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».

    Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.

     Por el fentanilo adulterado procesaron y embargaron a García Furfaro por un billón de pesos 

    Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.

    Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.

    Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.

    En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.

    En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron. 

    De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.

    El empresario García Furfaro.

    Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».

    Lugones en alarma total, detienen a dos funcionarias de Salud por el fentanilo envenenado

    Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.

    El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó  si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.

    Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.

    A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».

    Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.

    El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».

    Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.

    No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.

     

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