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PLANIFICACIÓN CERO

Mucho revuelo en redes y medios por la colocación de un deck en el bar Mon Bohemi en calle 9 de julio. Un poco de info sobre la ordenanza 072/18 que fue aprobada por el CD anterior (autoría de Maxi Garré-FdT) sujeta a modificaciones que solicitó el ejecutivo de ese período. La ordenanza invita a adherir al programa denominado “Veredas Libres” y como su nombre lo dice tiene como una de sus finalidades liberar el espacio público para mejorar la circulación del peatón (Art 2).

Es solo para los comercios gastronómicos ubicados en la 9 de julio (Art 3) y el deck puede ocupar solo el frente del mismo comercio, también hay que tener en cuenta que no se hablita en las esquinas (Art 10 a) por su alto grado de exposición o accidentes, lo que reduce la cantidad de comercios del rubro en esa avenida, al menos, a la mitad. Los costos corren todos a cargo del comerciante.

Una ordenanza que no modifica en nada al conjunto social, aunque afecta positivamente a una minoría que no suele tener beneficios que mejoren su vida cotidiana en la ciudad, la del peatón. Aunque sea de manera mínima, es importante reconocer al peatón como un sujeto activo en #VillaRegina.

Es cierto que tenemos problemas de estacionamiento, pero el problema de base que es la alta circulación vehicular en el ejido céntrico de Regina no está en la 9 de julio y el eje del conflicto está en la falta de planificación para reestructurar la ciudad y solucionar el problema de centralización. Cuatro lugares en una avenida de 400 mts que tiene un margen de punta a punta sin comercios (desde plaza de los próceres hasta la universidad) y no nuclea el grueso de la atención administrativa, no es un problema, eso está claro.

Es interesante diversificar un poco la temática, ver las cosas desde un punto macro, y que la cuestión no solamente se condicione a tratar el caso puntual si el deck si o el deck no. Si no que sirva como disparador de un debate mucho más importante para Regina, como lo es la planificación estratégica de la ciudad que requiere de manera urgente una Secretaria de Planificación que tenga continuidad en el tiempo porque estamos hablando de planificación, y las planificaciones necesitan sostenerse y no romperse a partir de políticas partidarias o egos profesionales.

La ciudad tiene hace rato ciertos problemas de centralidad, y no es una ciudad que tenga características de las denominadas grandes con respecto a la densificación, todavía estamos con cierta potencialidad de territorios para poder ordenarlos de otra manera y no llegar a tener en un corto plazo grandes problemas de centralidad.

Todavia no tenemos un problema específico de radiocentrismo, pero sí simboliza el problema. Tenemos dos Reginas, la norte y la sur, que los separa la ruta que es un límite artificial importante, más los límites naturales hacia el norte y el sur (barda y rio), y la ciudad como la célula que es, crece y se mueve constantemente, pero en el norte se sigue nucleando toda la cuestión administrativa lo que implica que todas las personas deben ir a esa zona para resolver cuestiones administrativas.

Para poder evaluar con cierto criterio la ciudad, se requiere especialización y planificación para estructurar el crecimiento que no cuenta con un orden, ni seguimiento, ni plan. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Regina la accesibilidad para las personas con discapacidad prácticamente es nula.

Pensar en conjunto es una clave, con el Concejo Deliberante, el colegio de arquitectos, las universidades, las organizaciones intermedias, inclusive instituciones que no tienen que ver con el desarrollo arquitectónico y urbanístico pero conocen y entienden de sociología y movimientos sociales, de funcionamiento de masas y de su comportamiento social que nos podrían brindar información mucho más real y concreta, para tomar mejores decisiones.

Como también el desarrollo de censos que nos podrían brindar información para repensar la ciudad, conociendo la cantidad de vehículos que hay, la cantidad de personas que asisten presencialmente a sus trabajos, donde trabajan, el flujo de ciudadanos que cruza la ruta para realizar trámites administrativos durante la semana, donde se localizan, básicamente como se mueve la masa urbana. Todo esto potencia nuestras posibilidades de un crecimiento ordenado y pensado.

Primero hay que analizar la ciudad, donde están los conflictos peatonales, donde están los conflictos vehiculares, a partir de ahí se puede planificar y tomar decisiones en conjunto. En definitiva es analizar un contexto general, para atacar el problema de fondo con un desarrollo y una planificación integral. No estoy descubriendo nada.

¿Qué está pasando con la planificación de Regina? Pasa que no existe. ¿Hacia dónde vamos al no contar con una planificación estratégica? Hacia un gran problema urbanístico de radiocentrismo. ¿Qué necesitamos? Una Secretaría de Planificación.

La planificación estratégica nos ayudaría hoy a saber cómo y dónde descentralizaríamos el flujo vehicular y de gente, que hoy tiene la obligación de ir al ejido céntrico. De qué manera podríamos hacer para que la gente estacione en otro lado? promoviendo estacionamientos públicos y privados, para poder manejarse en el centro de forma peatonal.

Por ejemplo, reutilizando terrenos baldíos históricamente abandonados en el centro sin ninguna posibilidad de reconversión privada, recuperando de este modo espacios públicos buscando una solución a una problemática de planificación estratégica integral que apareció con el crecimiento demográfico de la ciudad y su composición geográfica; y tiene un destino incierto, desordenado y librado al azar.

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    La jornada de 8 horas no es un mito peronista: es una ley que existía y un derecho que Perón hizo cumplir

     

    En 1929 Argentina legisló la jornada laboral de 8 horas. Durante más de una década, fue un derecho escrito que el Estado no garantizó.

    Por Walter Onorato para NLI

    En 1929, durante la segunda presidencia de , el Congreso sancionó la Ley 11.544, que estableció por primera vez en todo el país la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. El texto legal recogía una demanda histórica del movimiento obrero argentino y colocaba a la Argentina, al menos formalmente, dentro del mapa de las legislaciones laborales modernas.

    Sin embargo, entre 1929 y 1945, la distancia entre la ley y la realidad fue abismal. La jornada de 8 horas existía en los códigos, pero no organizaba la vida cotidiana de la mayoría de los trabajadores.

    La sanción de la ley no implicó automáticamente su cumplimiento. El Estado argentino carecía —y en muchos casos no tenía voluntad— de los mecanismos necesarios para garantizarla. Las inspecciones laborales eran escasas, las sanciones simbólicas y la justicia tendía a fallar en favor de los empleadores. En los hechos, el límite horario seguía siendo una decisión patronal.

    En algunos sectores urbanos e industrializados la situación fue diferente. Grandes empresas, talleres visibles y actividades con fuerte organización sindical —gráficos, ferroviarios, portuarios— lograron imponer, no sin conflictos, la jornada legal. Aun allí, el cumplimiento era parcial: horas extras obligatorias no pagadas, jornadas partidas que extendían el tiempo total de trabajo y mecanismos de evasión salarial eran prácticas habituales.

    Pero fuera de esos núcleos organizados, la ley simplemente no existía en la práctica. En el campo, donde la relación laboral estaba atravesada por el aislamiento, la dependencia personal y la ausencia casi total de inspección estatal, las jornadas de sol a sol siguieron siendo la regla. En las economías regionales, la situación era aún más evidente. En los ingenios azucareros de Tucumán, la jornada se organizaba en torno al ritmo de la zafra: turnos extensos, calor extremo y trabajo continuo mientras durara la molienda, sin límites horarios reales. En los yerbatales de Misiones, los mensúes cobraban por cantidad de kilos transportados, lo que los obligaba a prolongar indefinidamente la jornada para alcanzar un ingreso mínimo. El tiempo de trabajo no se medía en horas, sino en desgaste físico.

    En los viñedos cuyanos y los algodonales del norte, la lógica era similar: trabajo estacional, pago por rendimiento y jornadas que se extendían mientras hubiera luz natural. La ley de 8 horas era irrelevante frente a un sistema productivo que organizaba el trabajo por campaña y no por jornada.

    En los pequeños talleres urbanos de ciudades como Buenos Aires o Rosario, especialmente en rubros como la confección, el calzado o la metalurgia liviana, eran habituales las jornadas de 10 a 12 horas, justificadas como “aprendizaje” o compensadas con salarios miserables. El trabajo a destajo permitía al empleador exigir una producción diaria fija que solo podía alcanzarse extendiendo el horario real de trabajo.

    El comercio minorista reproducía una lógica similar. Empleados de almacenes, tiendas y casas de ramos generales abrían temprano y cerraban de noche, muchas veces con descanso parcial o inexistente, bajo la excusa de la atención al público. En el servicio doméstico, directamente excluido de toda protección efectiva, la jornada carecía de límites: vivir en la casa del empleador implicaba disponibilidad permanente, sin distinción clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.

    La ley estaba vigente, pero no tenía ejecutores. El Estado carecía de un cuerpo de inspectores con presencia territorial, las sanciones eran irrisorias y la justicia laboral —cuando intervenía— tendía a legitimar las prácticas patronales. En ese contexto, la jornada de 8 horas no era un derecho exigible sino una declaración abstracta, desconocida para amplios sectores del mundo del trabajo. Para millones de trabajadores, la jornada legal era una promesa distante, ajena a su vida cotidiana y subordinada a una realidad donde el poder de fijar el tiempo de trabajo seguía en manos del patrón.

    La clave no estaba en el texto legal sino en la correlación de fuerzas. Donde había sindicatos fuertes, comisiones internas y capacidad de huelga, la jornada de 8 horas se defendía. Donde no, el trabajador quedaba librado a su patrón. Durante esos años, el cumplimiento de un derecho laboral dependía más de la organización colectiva que del Estado.

    En los últimos años, sectores libertarios repiten como argumento que el peronismo “miente” porque la jornada de 8 horas no fue creada por Perón, sino sancionada en 1929. El señalamiento es formalmente correcto, pero históricamente falaz. Confunde deliberadamente legislar con garantizar. La Ley 11.544 existía desde hacía más de una década, pero fue incumplida de manera sistemática por amplios sectores del empresariado, con un Estado ausente o complaciente. Reducir la historia social a una fecha en el Boletín Oficial implica borrar la diferencia central entre un derecho escrito y un derecho vivido.

    Ese divorcio entre la ley y la realidad empieza a romperse recién a partir de 1943–1945, cuando el Estado deja de mirar para otro lado y decide intervenir de manera directa en la relación entre capital y trabajo. No se trató de crear nuevos derechos, sino de hacerlos cumplir. Bajo la acción del Estado y el impulso político de , la jornada de 8 horas dejó de ser una recomendación abstracta y pasó a convertirse en una norma exigible. El límite al tiempo de trabajo ya no lo fijó el patrón, sino el Estado. Ese fue el verdadero punto de inflexión.

    La experiencia deja una enseñanza incómoda pero fundamental: los derechos laborales no existen solo porque estén escritos. Existen cuando hay un Estado dispuesto a garantizarlos y una sociedad organizada para defenderlos. Entre 1929 y 1945, la jornada de 8 horas fue una conquista legal sin poder. Su historia demuestra que la legislación social, sin voluntad política, puede convertirse en una promesa vacía.

    La jornada de 8 horas no nació plena. Fue primero una letra, después una pelea y recién más tarde una realidad. Y esa diferencia —entre ley y vida— explica buena parte de la historia social argentina.

     

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