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PLANIFICACIÓN CERO

Mucho revuelo en redes y medios por la colocación de un deck en el bar Mon Bohemi en calle 9 de julio. Un poco de info sobre la ordenanza 072/18 que fue aprobada por el CD anterior (autoría de Maxi Garré-FdT) sujeta a modificaciones que solicitó el ejecutivo de ese período. La ordenanza invita a adherir al programa denominado “Veredas Libres” y como su nombre lo dice tiene como una de sus finalidades liberar el espacio público para mejorar la circulación del peatón (Art 2).

Es solo para los comercios gastronómicos ubicados en la 9 de julio (Art 3) y el deck puede ocupar solo el frente del mismo comercio, también hay que tener en cuenta que no se hablita en las esquinas (Art 10 a) por su alto grado de exposición o accidentes, lo que reduce la cantidad de comercios del rubro en esa avenida, al menos, a la mitad. Los costos corren todos a cargo del comerciante.

Una ordenanza que no modifica en nada al conjunto social, aunque afecta positivamente a una minoría que no suele tener beneficios que mejoren su vida cotidiana en la ciudad, la del peatón. Aunque sea de manera mínima, es importante reconocer al peatón como un sujeto activo en #VillaRegina.

Es cierto que tenemos problemas de estacionamiento, pero el problema de base que es la alta circulación vehicular en el ejido céntrico de Regina no está en la 9 de julio y el eje del conflicto está en la falta de planificación para reestructurar la ciudad y solucionar el problema de centralización. Cuatro lugares en una avenida de 400 mts que tiene un margen de punta a punta sin comercios (desde plaza de los próceres hasta la universidad) y no nuclea el grueso de la atención administrativa, no es un problema, eso está claro.

Es interesante diversificar un poco la temática, ver las cosas desde un punto macro, y que la cuestión no solamente se condicione a tratar el caso puntual si el deck si o el deck no. Si no que sirva como disparador de un debate mucho más importante para Regina, como lo es la planificación estratégica de la ciudad que requiere de manera urgente una Secretaria de Planificación que tenga continuidad en el tiempo porque estamos hablando de planificación, y las planificaciones necesitan sostenerse y no romperse a partir de políticas partidarias o egos profesionales.

La ciudad tiene hace rato ciertos problemas de centralidad, y no es una ciudad que tenga características de las denominadas grandes con respecto a la densificación, todavía estamos con cierta potencialidad de territorios para poder ordenarlos de otra manera y no llegar a tener en un corto plazo grandes problemas de centralidad.

Todavia no tenemos un problema específico de radiocentrismo, pero sí simboliza el problema. Tenemos dos Reginas, la norte y la sur, que los separa la ruta que es un límite artificial importante, más los límites naturales hacia el norte y el sur (barda y rio), y la ciudad como la célula que es, crece y se mueve constantemente, pero en el norte se sigue nucleando toda la cuestión administrativa lo que implica que todas las personas deben ir a esa zona para resolver cuestiones administrativas.

Para poder evaluar con cierto criterio la ciudad, se requiere especialización y planificación para estructurar el crecimiento que no cuenta con un orden, ni seguimiento, ni plan. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Regina la accesibilidad para las personas con discapacidad prácticamente es nula.

Pensar en conjunto es una clave, con el Concejo Deliberante, el colegio de arquitectos, las universidades, las organizaciones intermedias, inclusive instituciones que no tienen que ver con el desarrollo arquitectónico y urbanístico pero conocen y entienden de sociología y movimientos sociales, de funcionamiento de masas y de su comportamiento social que nos podrían brindar información mucho más real y concreta, para tomar mejores decisiones.

Como también el desarrollo de censos que nos podrían brindar información para repensar la ciudad, conociendo la cantidad de vehículos que hay, la cantidad de personas que asisten presencialmente a sus trabajos, donde trabajan, el flujo de ciudadanos que cruza la ruta para realizar trámites administrativos durante la semana, donde se localizan, básicamente como se mueve la masa urbana. Todo esto potencia nuestras posibilidades de un crecimiento ordenado y pensado.

Primero hay que analizar la ciudad, donde están los conflictos peatonales, donde están los conflictos vehiculares, a partir de ahí se puede planificar y tomar decisiones en conjunto. En definitiva es analizar un contexto general, para atacar el problema de fondo con un desarrollo y una planificación integral. No estoy descubriendo nada.

¿Qué está pasando con la planificación de Regina? Pasa que no existe. ¿Hacia dónde vamos al no contar con una planificación estratégica? Hacia un gran problema urbanístico de radiocentrismo. ¿Qué necesitamos? Una Secretaría de Planificación.

La planificación estratégica nos ayudaría hoy a saber cómo y dónde descentralizaríamos el flujo vehicular y de gente, que hoy tiene la obligación de ir al ejido céntrico. De qué manera podríamos hacer para que la gente estacione en otro lado? promoviendo estacionamientos públicos y privados, para poder manejarse en el centro de forma peatonal.

Por ejemplo, reutilizando terrenos baldíos históricamente abandonados en el centro sin ninguna posibilidad de reconversión privada, recuperando de este modo espacios públicos buscando una solución a una problemática de planificación estratégica integral que apareció con el crecimiento demográfico de la ciudad y su composición geográfica; y tiene un destino incierto, desordenado y librado al azar.

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  • Jaldo y Sáenz mandan a votar en contra de la ley de tierras y peligra la sesión

     

    Los gobernadores

    Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz ordenaron a sus senadoras que voten en contra

    de la ley de tierras y el gobierno de Javier Milei pierde dos votos clave para la sesión del jueves, donde el oficialismo se arriesga a una votación muy pareja y hasta hay dudas sobre el quórum.

    El gobernador de Tucumán anunció esta mañana que la senadora Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, votará en contra del capítulo que habilita la extranjerización de tierras.

    Ávila era uno de los 35 votos seguros que Patricia Bullrich contaba a favor.

    «He conversado con las dos senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley. Y son personas que no cambian de posición», declaró Jaldo. Mendoza integra el bloque de peronistas rebeldes Convicción Federal, que ya había expresado su rechazo al capítulo.

    «Lo que yo sé hasta acá es que estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas. Yo lo que creo que la gente puede venir a invertir, lo que no se puede venir a apropiar de nuestras tierras», agregó Jaldo, en un mensaje más que claro a sus senadoras. «Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros», insistió.

    Beatriz Ávila

    El anuncio de Jaldo causó un cimbronazo en el bloque oficialista porque los números están muy finos. De hecho, Bullrich ya avisó que no permitirá que la camporista Anabel Fernández Sagasti vote por zoom, más allá de la «autorización» de Victoria Villarruel para que se defina el recinto.

    Pero las malas noticias para el gobierno no se terminan. Fuentes cercanas a la senadora salteña Flavia Royón, que responde a Sáenz, confirmaron a LPO que votará en contra de ese capítulo que ha generado un fuerte rechazo popular. Royón era otro de los votos que Patricia contaba a favor.

    Noticia en desarrollo

     

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    La hidrovía de Milei: una privatización bajo sospecha que terminó exactamente como se había denunciado

     

    La adjudicación definitiva de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus cerró formalmente una licitación que, lejos de convertirse en el ejemplo de transparencia prometido por el Gobierno, acumuló cuestionamientos desde su misma concepción. Denuncias judiciales por presunto direccionamiento, observaciones técnicas, vínculos empresariales y la entrega por 25 años del principal corredor exportador del país conforman un escenario que vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿quién controla uno de los activos estratégicos más importantes de la Argentina y en beneficio de quién?

    Por Roque Pérez para NLI

    La firma del contrato mediante el cual el Gobierno de Javier Milei entregó la administración de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por Jan De Nul y Servimagnus no representa el final de una licitación, sino el comienzo de una nueva controversia política, económica y judicial. La Hidrovía no es una obra pública más: constituye la arteria por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente la producción agroindustrial que sale hacia los mercados internacionales. Quien administra ese corredor no solamente realiza tareas de dragado y balizamiento, sino que interviene sobre uno de los circuitos económicos más sensibles del país. Por esa razón, la decisión del Ejecutivo de volver a concesionar su explotación durante 25 años, con posibilidad de prórroga, excede ampliamente una discusión técnica y se inscribe dentro del proceso de retiro del Estado de áreas consideradas estratégicas, una de las principales banderas del programa libertario.

    Sin embargo, lejos de consolidarse como una licitación modelo, el proceso quedó atravesado por sospechas prácticamente desde el primer día. En NLI se siguió cada una de las etapas de la convocatoria y se advirtió tempranamente que varios de los requisitos incorporados al pliego parecían restringir la competencia en lugar de ampliarla. Aquellas observaciones, que en su momento fueron descartadas por el Gobierno como críticas interesadas, hoy vuelven a cobrar fuerza luego de que la adjudicación terminara beneficiando precisamente a la empresa que numerosos especialistas señalaban desde el inicio como la principal favorecida por las condiciones impuestas en el concurso.

    Una licitación cuestionada desde el diseño de los pliegos

    El principal cuestionamiento nunca estuvo dirigido únicamente al resultado, sino al modo en que fue construido el proceso licitatorio. Diversos especialistas en infraestructura portuaria, ex funcionarios del área y empresas interesadas advirtieron que varios de los requisitos técnicos incorporados al pliego reducían drásticamente la posibilidad de una competencia real. Entre ellos sobresalía la exigencia de disponer de equipamiento capaz de operar inmediatamente con 44 pies de profundidad, una condición que, según denunciaron distintos actores del sector, solamente podía acreditar quien ya contaba con una estructura instalada sobre la propia Hidrovía. De esa manera, una licitación internacional que en teoría debía convocar a las principales dragadoras del mundo terminaba favoreciendo objetivamente a quienes ya tenían presencia histórica en el corredor fluvial.

    Las consecuencias de ese diseño no tardaron en aparecer. Empresas internacionales que inicialmente habían manifestado interés fueron quedando fuera del proceso a medida que avanzaban las distintas etapas de evaluación. Algunas fueron descartadas por cuestiones formales, mientras que otras quedaron relegadas durante la valoración técnica. Finalmente, la adjudicación terminó recayendo sobre el consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, confirmando el desenlace que muchos de los cuestionamientos anticipaban desde hacía meses. Para el Gobierno, ello demuestra que ganó la mejor oferta disponible; para quienes impugnaron la licitación, en cambio, constituye la confirmación de que las reglas del concurso fueron diseñadas para conducir precisamente a ese resultado.

    En paralelo comenzaron a multiplicarse las denuncias judiciales. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una acción penal en la que solicitó investigar la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. La denuncia sostiene que el pliego habría sido confeccionado con cláusulas dirigidas a favorecer a un oferente determinado y advierte que el eventual perjuicio económico para el Estado podría alcanzar miles de millones de dólares a lo largo de la concesión. También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió actuaciones para analizar distintos aspectos del procedimiento, aunque ninguna de esas presentaciones impidió que el Ejecutivo avanzara con la adjudicación definitiva.

    Un negocio multimillonario que vuelve a quedar en manos privadas

    La importancia de esta concesión resulta difícil de exagerar. La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el principal corredor logístico de la Argentina y uno de los más relevantes de América del Sur. A través de sus puertos se canalizan las exportaciones de soja, maíz, trigo, aceites y derivados industriales que generan buena parte de los dólares que ingresan al país. El dragado permanente, el balizamiento y el mantenimiento de esa infraestructura representan un negocio que mueve cientos de millones de dólares por año y cuya proyección para un contrato de veinticinco años supera ampliamente los 15.000 millones de dólares.

    Pero el debate no gira únicamente alrededor del monto económico de la concesión. También involucra la decisión política de volver a delegar en operadores privados funciones que durante los últimos años habían recuperado una mayor presencia estatal. Uno de los aspectos más discutidos del nuevo esquema es el regreso del cobro privado del peaje que pagan las embarcaciones para utilizar la vía navegable. Los críticos sostienen que ello implica resignar capacidad de control sobre una fuente de ingresos estratégica y limita las posibilidades del Estado de fiscalizar tanto la recaudación como la efectiva ejecución de las obras comprometidas por el concesionario.

    Las observaciones también alcanzan al proceso de elaboración de los pliegos y a la conducción política del área. Distintas versiones señalaron que funcionarios y técnicos que habían planteado reparos respecto de determinadas condiciones del concurso fueron desplazados o perdieron influencia durante el desarrollo de la licitación. Si bien el Gobierno niega cualquier irregularidad y afirma que todo el procedimiento respetó las normas nacionales e internacionales, la acumulación de cuestionamientos terminó alimentando un clima de desconfianza que hoy continúa proyectándose sobre la nueva concesión.

    Mucho más que una obra pública

    La controversia alrededor de la Hidrovía también tiene una dimensión política. La adjudicación se inscribe en la estrategia de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei desde la aprobación de la Ley Bases y constituye uno de los ejemplos más importantes de transferencia al sector privado de un servicio considerado estratégico para la economía nacional. No se trata simplemente de decidir quién draga un río: se trata de determinar quién administra el corredor por donde circula la mayor parte de las exportaciones argentinas, quién controla el flujo logístico del comercio exterior y bajo qué mecanismos el Estado conserva —o resigna— capacidad de supervisión sobre un negocio multimillonario.

    En ese contexto, también comenzaron a observarse con atención los vínculos empresariales de algunas de las firmas involucradas en la adjudicación. Diversas investigaciones periodísticas señalaron relaciones entre Servimagnus y grupos empresarios mencionados por su cercanía con sectores del oficialismo, particularmente con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Aunque hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que acredite conductas ilícitas derivadas de esos vínculos, las revelaciones contribuyeron a reforzar las sospechas sobre un proceso que ya venía siendo observado por especialistas y organismos de control.

    La historia reciente de la Hidrovía demuestra que cada discusión sobre su administración termina reflejando un debate mucho más profundo acerca del modelo de desarrollo del país. Mientras el Gobierno sostiene que la participación privada garantiza eficiencia, inversiones y reducción del gasto público, sus críticos advierten que la concesión consolida un esquema donde el Estado pierde herramientas para controlar uno de los principales circuitos de generación de divisas de la Argentina. La adjudicación firmada esta semana no clausura esa discusión; por el contrario, la reabre en un escenario donde continúan vigentes las denuncias judiciales, las investigaciones administrativas y las preguntas sobre la transparencia de una licitación que, para muchos, terminó exactamente como se había anticipado desde el comienzo.

     

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