Pity Alvarez y su madrugada eterna, ponen en relevancia algo que a los medios no les interesa enfocar. Lo que expone el suceso «Pity» son las 40 muertes al mes que hay en la Argentina a causa del «paco»(según un relevamiento realizado por “Madres contra el paco y por la vida”) de noche y de día, en el barrio, en la calle, en la plaza. Desidia, narcotráfico, exceso de drogas, adicciones, pibes sin consciencia de sus acciones, desamparados a la deriva en un mar de mierda, sin ningún proyecto, ni contención familiar y menos aún del Estado. Esperamos a que mueran y no maten. Pero mueren. Y matan. Ahí está el Pity.
El accionar de Pity siempre habló por sí mismo, ese deterioro de años al que asistimos vía medios entre risas, burlas y halagos musicales, ese contexto está lleno de mensajes, y son claros. Son mensajes que nos explotan en la cara todos los días. Enviados por miles de pibes, disertantes de la coyuntura que comunican sin querer, sin destinatarios particulares, ni remitentes. Son todos uno. Y avisan. Pity inconscientemente lo volvió a hacer, como tantos otros. Y no los vemos, porque estamos ciegos. Porque podemos interpretar que pasa o saberlo, pero estamos ciegos. Elegimos estar ciegos. A veces ver, cuesta caro. En la Argentina ver, cuesta horrores.
El caso de Pity, expone el ejemplo de “ceguera blanca” con la que convivimos y de la que habla Saramago en “Ensayo sobre la ceguera”, en un caso que se torna público porque Pity es un personaje reconocido, y que además tiene todos los condimentos necesarios para entretener a los ciegos por elección. Tiene todo lo que demanda la demanda y la macro estructura medial que hace babear a los empresarios de medios: Violencia, drogas, armas y el personaje público, llegada a la juventud y rechazo de los adultos, cuestiones que movilizan al morbo societario nacional. Solo que en este caso no es ficción, es una realidad. Es la realidad, al menos la mía.
Pity corre el velo, nos quiere quitar la “ceguera”, inconscientemente representa una realidad, hace un intento más. Pero los medios siguen poniendo la pantalla en blanco, como la ceguera de la que habla Saramago. El tema central es el Pity, no el paco. La cuestión es el Pity en la cárcel, no la problemática social que mata 10 pibes por semana (sin datos oficiales, como todo lo que mide mal en la Argentina, no se mide). El tema es su adicción, no la de miles de pibes que están en la misma o peor aún, en situación de calle, sin una chance. Pibes que sienten la obligación de robar o matar (no hay diferencia) para comprar porque la carne les pide, baja como una exigencia satánica a la que responden con total fidelidad. El fin les justifica los medios.
Es necesario instalar el tema en la agenda. El paco sigue quemando cráneos. Y convierte en una responsabilidad tener ojos, cuando cercanos los perdieron. Pero no para tenerlos abiertos como si por ellos entrara una visión divina sin siquiera pensarla, se puede cerrar los ojos y ver, para renacer desde dentro. Recuperar la lucidez y rescatar el afecto por el prójimo. Ética del amor y la solidaridad. Y como una epidemia viral cuando empecemos a ver, el que otros recuperen la vista será solo cuestión de tiempo.
Apagá la tele que está en blanco y mirá para el costado que es donde podés pintar colores.
«Por qué hemos quedamos ciegos, No lo sé, quizá algún día lleguemos a saber la razón, Quieres que te diga lo que estoy pensando, Dime, Creo que NO nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven.»
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La comparación entre la causa que derivó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner y otros expedientes recientes que involucran a funcionarios del actual gobierno expone una tensión cada vez más evidente: mientras en un caso bastó con una presunción interpretativa —“no podía no saber”—, en otros, con abundancia de indicios y documentación, la reacción judicial y mediática parece notablemente más tenue.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La historia judicial argentina ofrece múltiples ejemplos de selectividad, pero pocos tan paradigmáticos como el contraste entre la denominada “causa Vialidad” y las investigaciones que hoy rodean a distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei. En el primer caso, el eje de la condena a Cristina Fernández de Kirchner giró sobre un razonamiento que excede la prueba directa: la idea de que, por su investidura, “no podía no estar al tanto” de las irregularidades atribuidas a la obra pública en Santa Cruz.
Esa formulación, que en términos jurídicos tensiona principios básicos como la responsabilidad penal individual y la necesidad de prueba concreta, fue sostenida tanto por sectores del Poder Judicial como por buena parte del sistema mediático dominante. Sin embargo, cuando se observan expedientes actuales —donde aparecen transferencias, vínculos contractuales, decisiones administrativas documentadas o movimientos patrimoniales verificables— la vara parece desplazarse hacia un estándar mucho más laxo.
La lógica de la presunción: el caso Vialidad
En la causa que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los aspectos más controvertidos fue la ausencia de evidencia directa que acreditara su participación personal en maniobras ilícitas. No se incorporaron registros de conversaciones, correos electrónicos, transferencias bancarias ni documentos firmados por la exmandataria que vincularan de manera concreta su accionar con los hechos investigados.
La construcción acusatoria se apoyó, en cambio, en una inferencia estructural: que la entonces presidenta debía necesariamente conocer lo que ocurría en la asignación de obra pública. Esta interpretación, si bien puede tener peso político, abre un debate jurídico profundo sobre el alcance de la responsabilidad por jerarquía y sobre los límites entre presunción y prueba.
En términos estrictamente legales, la doctrina penal exige certeza basada en evidencia. Sin embargo, el fallo incorporó un razonamiento más cercano a la sospecha estructural que a la demostración empírica, lo que fue celebrado por sectores mediáticos que durante años instalaron la idea de culpabilidad como sentido común.
ANDIS, $LIBRA y otras causas: cuando la prueba no moviliza
En contraste, investigaciones recientes como las vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el denominado caso $LIBRA o las denuncias por enriquecimiento que salpican a figuras del oficialismo presentan un cuadro distinto: aquí sí aparecen elementos materiales, registros administrativos y circuitos financieros que permiten trazar relaciones más concretas.
Sin embargo, la respuesta institucional no ha tenido la misma intensidad. En el caso de ANDIS, por ejemplo, se mencionaron irregularidades en la asignación de fondos y contrataciones que derivaron en cuestionamientos internos, pero sin avanzar con la celeridad que se observó en otras causas de alto impacto político.
Algo similar ocurre con el entramado de $LIBRA, donde la existencia de documentación, decisiones administrativas y posibles beneficiarios identificables no logró instalar en el debate público la misma noción de escándalo estructural que sí se construyó en torno al kirchnerismo.
El patrimonio y las explicaciones: el caso Adorni
El caso de Manuel Adorni resulta ilustrativo en este esquema comparativo. Las discusiones sobre su patrimonio, operaciones inmobiliarias y financiamiento de adquisiciones abrieron interrogantes que, en otro contexto político, probablemente habrían derivado en investigaciones más profundas y en una cobertura mediática sostenida.
Sin embargo, la reacción predominante fue la relativización o la rápida disipación del tema en la agenda pública. La diferencia no es menor: mientras en la causa Vialidad se construyó una narrativa de culpabilidad sin prueba directa, en estos casos la existencia de elementos verificables no alcanza para generar una presión equivalente.
El rol de Karina Milei y las sospechas de intermediación
Otro punto que alimenta la discusión sobre la doble vara es la aparición de versiones vinculadas a presuntos esquemas de intermediación o retornos —como el denominado “3%”— que involucran a Karina Milei. Si bien muchas de estas denuncias requieren aún confirmación judicial, lo cierto es que el tratamiento mediático ha sido, en general, más prudente o marginal.
En términos comparativos, basta recordar cómo hipótesis mucho menos documentadas en el pasado fueron amplificadas durante meses hasta consolidarse como verdades instaladas.
A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa.
Créditos del Banco Nación y decisiones administrativas
Las operaciones crediticias otorgadas por el Banco Nación a determinados actores también ingresan en este análisis. La existencia de expedientes, montos y condiciones específicas ofrece un terreno fértil para la investigación judicial. No obstante, nuevamente, la intensidad de la respuesta institucional dista de la observada en otras etapas políticas.
El contraste no implica necesariamente afirmar culpabilidades, sino señalar una diferencia en el estándar de exigencia: lo que en un caso se interpreta como indicio suficiente, en otro parece no alcanzar ni siquiera para activar mecanismos de investigación robustos.
En este punto aparece un elemento particularmente revelador: la forma en que el propio Javier Milei queda sistemáticamente por fuera de las hipótesis de responsabilidad. A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa. Aun cuando los hechos investigados involucran áreas sensibles del gobierno o funcionarios de su máxima confianza, la interpretación dominante —tanto en ciertos sectores judiciales como mediáticos— tiende a considerar plausible que Milei “no esté al tanto”. Esta asimetría no es menor: mientras en un caso la jerarquía implicaba necesariamente conocimiento, en el otro habilita una presunción de desconocimiento que lo excluye preventivamente del análisis de responsabilidades.
Medios, justicia y construcción de sentido
El punto de convergencia entre todos estos casos es el rol de los medios de comunicación en la construcción de sentido. La condena de Cristina Fernández de Kirchner fue precedida por años de cobertura sistemática que instaló una narrativa de corrupción estructural, incluso en ausencia de pruebas directas.
En cambio, las causas que hoy afectan a funcionarios del oficialismo no han logrado —o no se ha buscado que logren— ese mismo nivel de penetración en la opinión pública. La diferencia no es sólo cuantitativa, sino cualitativa: cambia la forma en que se interpreta la evidencia y el peso que se le asigna.
Una justicia bajo sospecha
La comparación deja al descubierto una pregunta incómoda pero inevitable: ¿existe un criterio uniforme en la administración de justicia o las decisiones están condicionadas por el contexto político y mediático?
Cuando una condena puede sostenerse en una presunción y otras investigaciones con mayor volumen de pruebas no avanzan con igual firmeza, la percepción de doble vara se vuelve difícil de refutar. Y esa percepción, más allá de las posiciones partidarias, erosiona uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la confianza en la justicia.
En definitiva, el problema no es sólo jurídico, sino institucional. Porque una justicia que parece medir distinto según el acusado deja de ser justicia para convertirse en un instrumento de disputa política. Y en ese terreno, la verdad —con pruebas o sin ellas— corre siempre el riesgo de quedar relegada.
La Municipalidad de Villa Regina informa que, a partir de la implementación del procedimiento de Certificación Municipal de Libre Deuda Alimentaria, quienes pretendan constituirse en proveedores municipales deberán adjuntar un Certificado Municipal de Libre Deuda Alimentaria expedido por la Contadora Municipal. Esto será una condición para la correspondiente inscripción como proveedor. La Contadora Municipal será…
