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PIEDRA LIBRE

La justicia de Bariloche ratificó el fallo del 2013. El gobierno de Río Negro tiene 90 días para garantizar que el empresario inglés Joseph Lewis permita el acceso al Lago Escondido.

Los magistrados se pronunciaron tras analizar apelaciones que habían presentado en la causa tanto la provincia de Río Negro y Hidden Lake S.A (propiedad de Lewis) contra esa sentencia del 2013. De esta manera, quedó ratificada la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien a inicios del 2013, hace casi 10 años, ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel), en tierras rionegrinas.

La justicia de Bariloche ratificó un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, cercado por decisión del terrateniente y ocupa inglés Joseph Lewis. Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia.

La Cámara le dio un plazo de tres meses al gobierno de Arabela Carreras para que, a través de Vialidad Rionegrina y del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), realice los trabajos necesarios que garanticen la transitabilidad del camino de montaña. También dispuso el mismo período de tiempo para que Río Negro implemente «todas las actuaciones administrativas» correspondientes, con el objetivo de evitar «inconvenientes o amenazas» a quienes quieran ingresar a «un bien de dominio público».

Es bueno recodar que en el mes de febrero durante la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía a Lago Escondido 40 personas de civil armadas, personal de seguridad de Lewis, frenaron e intimidaron a activistas que marchaban en el camino de montaña intentando llegar al Lago Escondido levantando la bandera de la soberania. En esta intercepción el médico sanitarista Jorge Rachid debió ser rescatado en helicóptero de la zona de Lago Escondido en febrero de este año luego de haber sufrido una descompensación producto del «hostigamiento» perpetrado por la custodia privada de Lewis.

Jorge Rachid manifestó en diálogo con Télam: «Por fin un fallo de la justicia que repara una de las mayores injusticias que vive nuestra Patagonia austral». Además, señaló que esta medida «nos hace sospechar que deberíamos tener muchos más fallos que nos permitan cumplir la ley, incluso aquella que impide a los extranjeros estar a menos de determinados kilómetros de la cordillera».

El médico recordó, como mencionabamos, que fueron atacados y patoteados durante esta última expedición, en la cual cumplió un rol destacado en la organización. «Es una buena noticia para todos los argentinos que exista un Tribunal, en este caso en Bariloche, que permite restituir los derechos argentinos conculcados por estos personajes que se creen los dueños de la tierra, de los bienes de países que los han acogido simplemente por el hecho de tener cuantiosas fortunas», marcó.

Por último, Rachid subrayó que «todavía habrá que investigar si esos terrenos, esa estancia, han sido compradas en forma legal, ya que hay una investigación en curso sobre ese mismo tema».

Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a ese espejo de agua de cualquier persona, algo que no se cumple desde la década del 90 cuando Lewis adquirió las tierras y pese a que la Justicia rionegrina dictó varios fallos en ese sentido.

El fallo también destierra la posibilidad de que se abra un cuarto camino, tal como proponía y publicitaba en un momento del largo pleito la empresa Hidden Lake S.A., algo que hubiera implicado intervenir fuertemente sobre zonas vírgenes de un parque natural. El motivo: la mansión del magnate –una construcción de 3.200 metros cubiertos, con helipuerto, pistas de karting y equitación, canchas de fútbol y tenis, hipódromo, zoológico, anfiteatro y catarata artifical, fue construida arriba del camino histórico que el lunes la Justicia ordenó desbloquear.

Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro «asegura» el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).

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    El desglose revela la estructura del problema. Por un lado, el FMI explica USD 5.544 millones en 2027. Es la parte más rígida. Y tiene un cronograma muy concentrado: pagos en marzo, junio, septiembre y diciembre, combinados con intereses y sobretasas trimestrales. Es el corazón de la «muralla».

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    Los pagos se distribuyen a lo largo del año, pero con momentos críticos. Marzo abre con más de USD 580 millones. En junio aparece otro pico de USD 625 millones. Septiembre es el mes más pesado, con más de USD 900 millones. Y diciembre vuelve a concentrar pagos por otros USD 625 millones. A eso se suman intereses y sobretasas en mayo, agosto y noviembre. Es un esquema que obliga a tener dólares disponibles casi todos los meses.  

    El segundo bloque es el de organismos multilaterales excluido el FMI: Banco Mundial, BID, CAF. Ahí aparecen USD 5.897 millones en 2027. Se dividen casi en partes iguales entre intereses y amortizaciones. Es deuda más dispersa, pero igual de exigente. No tiene la visibilidad del Fondo, pero suma presión constante durante todo el año.

    El gobierno enfrenta la herencia de Guzmán. No fue una reestructuración de la deuda de Macri, sino un nuevo préstamo para cancelar el anterior. Una refinanciación. Guzmán pateó los vencimientos hacia adelante, pero no modificó la lógica del endeudamiento.

    El tercer bloque es el de los acreedores privados en moneda extranjera, con USD 5.245 millones proyectados para 2027. Acá entra la deuda reestructurada por Martín Guzman en 2020 y las emisiones posteriores. 

    Los bonos surgidos del canje de 2020 pagan intereses en enero y julio. Ahí se concentra buena parte del flujo anual. Pero además, en 2027 se suma un dato clave: el bono USD 2038 empieza a amortizar capital en julio. Es decir, deja de ser solo pago de intereses y pasa a exigir desembolsos de capital.

    A eso se le suma la nueva deuda emitida en los últimos meses. El BONAR 2029N paga cupones en mayo y noviembre, mientras que el bono AO27 introduce una lógica distinta: pagos mensuales de intereses desde 2026 hasta su vencimiento en octubre de 2027, cuando además se amortiza todo el capital. Es un goteo constante que termina en un desembolso final.

    Y por fuera de estos tres grandes bloques aparece el frente bilateral, encabezado por el Club de París, con pagos semestrales que se extienden hasta 2028. No es el componente principal, pero agrega presión en momentos específicos del calendario.

    Para entender la situación hay que hacer una distinción clave: no es lo mismo refinanciar que reestructurar. En los primeros tramos de la negociación de Guzmán había consenso en que el objetivo era reestructurar la deuda tomada en 2018. Es decir, cambiar plazos, tasas y condiciones de un compromiso que ya entonces era considerado impagable.

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