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PIEDRA LIBRE

La justicia de Bariloche ratificó el fallo del 2013. El gobierno de Río Negro tiene 90 días para garantizar que el empresario inglés Joseph Lewis permita el acceso al Lago Escondido.

Los magistrados se pronunciaron tras analizar apelaciones que habían presentado en la causa tanto la provincia de Río Negro y Hidden Lake S.A (propiedad de Lewis) contra esa sentencia del 2013. De esta manera, quedó ratificada la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien a inicios del 2013, hace casi 10 años, ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel), en tierras rionegrinas.

La justicia de Bariloche ratificó un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, cercado por decisión del terrateniente y ocupa inglés Joseph Lewis. Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia.

La Cámara le dio un plazo de tres meses al gobierno de Arabela Carreras para que, a través de Vialidad Rionegrina y del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), realice los trabajos necesarios que garanticen la transitabilidad del camino de montaña. También dispuso el mismo período de tiempo para que Río Negro implemente «todas las actuaciones administrativas» correspondientes, con el objetivo de evitar «inconvenientes o amenazas» a quienes quieran ingresar a «un bien de dominio público».

Es bueno recodar que en el mes de febrero durante la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía a Lago Escondido 40 personas de civil armadas, personal de seguridad de Lewis, frenaron e intimidaron a activistas que marchaban en el camino de montaña intentando llegar al Lago Escondido levantando la bandera de la soberania. En esta intercepción el médico sanitarista Jorge Rachid debió ser rescatado en helicóptero de la zona de Lago Escondido en febrero de este año luego de haber sufrido una descompensación producto del «hostigamiento» perpetrado por la custodia privada de Lewis.

Jorge Rachid manifestó en diálogo con Télam: «Por fin un fallo de la justicia que repara una de las mayores injusticias que vive nuestra Patagonia austral». Además, señaló que esta medida «nos hace sospechar que deberíamos tener muchos más fallos que nos permitan cumplir la ley, incluso aquella que impide a los extranjeros estar a menos de determinados kilómetros de la cordillera».

El médico recordó, como mencionabamos, que fueron atacados y patoteados durante esta última expedición, en la cual cumplió un rol destacado en la organización. «Es una buena noticia para todos los argentinos que exista un Tribunal, en este caso en Bariloche, que permite restituir los derechos argentinos conculcados por estos personajes que se creen los dueños de la tierra, de los bienes de países que los han acogido simplemente por el hecho de tener cuantiosas fortunas», marcó.

Por último, Rachid subrayó que «todavía habrá que investigar si esos terrenos, esa estancia, han sido compradas en forma legal, ya que hay una investigación en curso sobre ese mismo tema».

Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a ese espejo de agua de cualquier persona, algo que no se cumple desde la década del 90 cuando Lewis adquirió las tierras y pese a que la Justicia rionegrina dictó varios fallos en ese sentido.

El fallo también destierra la posibilidad de que se abra un cuarto camino, tal como proponía y publicitaba en un momento del largo pleito la empresa Hidden Lake S.A., algo que hubiera implicado intervenir fuertemente sobre zonas vírgenes de un parque natural. El motivo: la mansión del magnate –una construcción de 3.200 metros cubiertos, con helipuerto, pistas de karting y equitación, canchas de fútbol y tenis, hipódromo, zoológico, anfiteatro y catarata artifical, fue construida arriba del camino histórico que el lunes la Justicia ordenó desbloquear.

Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro «asegura» el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).

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    PRIMICIA – Primero el mercado mundial, después los argentinos: Milei cambió la regla para exportar petróleo

     

    La Secretaría de Energía modificó el régimen de exportaciones de hidrocarburos y eliminó la obligación de que las empresas ofrecieran primero su producción al mercado interno. El Gobierno asegura que busca atraer inversiones y generar dólares, pero la decisión abre una nueva disputa: qué prioridad tiene la energía argentina, si garantizar el abastecimiento nacional o convertirse en un negocio exportador.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Gobierno de Javier Milei volvió a mover una pieza clave del modelo energético argentino. A través de la Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía y publicada hoy en el Boletín Oficial, se modificó el esquema que regulaba la exportación de hidrocarburos y se eliminó una herramienta que obligaba a las empresas a demostrar que el mercado interno había tenido prioridad antes de vender al exterior.

    La decisión cambia la lógica que durante años acompañó la administración de un recurso estratégico como el petróleo. A partir de ahora, las compañías tendrán un camino más directo para exportar crudo y derivados, mientras el Estado conserva una capacidad de intervención más limitada frente a eventuales problemas de abastecimiento.

    La nueva regla se inscribe dentro del programa de desregulación económica impulsado por Milei, que busca reducir la intervención estatal y otorgar mayor libertad comercial a las empresas. Para el Gobierno, la medida permitirá acelerar inversiones, potenciar Vaca Muerta y transformar a la Argentina en un jugador internacional de energía.

    Pero la modificación abre una discusión de fondo: ¿la energía argentina debe estar orientada primero a garantizar las necesidades de los argentinos o a generar dólares mediante la exportación?

    Del control estatal a la libertad exportadora

    Hasta ahora, las empresas que pretendían exportar determinados hidrocarburos debían atravesar un procedimiento donde tenían que acreditar que el mercado interno había tenido la posibilidad de acceder a esa producción. Ese mecanismo funcionaba bajo una idea histórica: antes de vender un recurso estratégico al exterior, el Estado debía garantizar que no existieran problemas de abastecimiento dentro del país.

    La Resolución 166/2026 cambia esa dinámica. En lugar de una autorización previa basada en una evaluación del mercado interno, establece un sistema donde las empresas notifican sus operaciones y el Estado puede objetarlas únicamente ante situaciones específicas.

    En los hechos, la lógica pasa de un modelo de control preventivo a uno de intervención excepcional. El cambio parece técnico, pero tiene una fuerte carga política: modifica quién tiene la prioridad sobre un recurso clave de la economía nacional.

    Vaca Muerta, dólares y la apuesta del Gobierno

    La administración libertaria sostiene que la Argentina necesita convertirse en un gran exportador energético para fortalecer sus cuentas externas.

    El argumento oficial es que si las petroleras tienen reglas más previsibles y menos restricciones podrán invertir más en producción, aumentar las exportaciones y generar los dólares que el país necesita. En esa visión, Vaca Muerta no debe ser solamente una fuente de abastecimiento interno, sino una plataforma exportadora capaz de competir en los mercados internacionales.

    La resolución se apoya en la filosofía del DNU 70/2023 y la Ley Bases, que impulsaron un esquema de mayor apertura y menor regulación estatal sobre distintos sectores económicos. La apuesta es clara: que el incentivo privado sea el motor del crecimiento energético.

    El interrogante que queda abierto: ¿qué pasa con los argentinos?

    El punto más sensible de la medida aparece cuando se analiza el rol del Estado frente al mercado interno. Aunque la Secretaría de Energía mantiene herramientas para intervenir ante riesgos de desabastecimiento, la nueva normativa reduce los mecanismos que permitían anticiparse a esas situaciones. La discusión no pasa solamente por cuánto petróleo produce Argentina, sino por quién define el destino de esa producción.

    En un contexto donde los precios de los combustibles, las tarifas y el costo energético tienen impacto directo sobre hogares e industrias, cualquier cambio en la administración de los recursos energéticos genera un debate que excede al sector petrolero.

    La pregunta política queda planteada: si el petróleo argentino genera una enorme oportunidad exportadora, ¿cómo se garantiza que esa riqueza también impacte primero en quienes viven y producen en Argentina?

    Un nuevo capítulo en la disputa por los recursos estratégicos

    La Resolución 166/2026 representa un nuevo paso en el giro energético del Gobierno de Milei. No elimina completamente la intervención estatal, pero sí modifica la relación entre Estado y empresas.

    El modelo anterior colocaba al abastecimiento interno como una condición previa para exportar. El nuevo esquema pone el foco en facilitar las ventas externas y deja al Estado con un rol de vigilancia posterior.

    Mientras el Gobierno celebra una herramienta que considera necesaria para atraer inversiones y convertir a la Argentina en una potencia energética, sus críticos advierten que el país corre el riesgo de privilegiar el ingreso de divisas por encima de la protección del mercado interno.

    La pelea por el petróleo argentino vuelve así a una vieja discusión: si los recursos estratégicos deben funcionar como una herramienta de desarrollo nacional o como una mercancía más dentro del mercado mundial.


     

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  • Los Menem cierran con Santilli y marginan a Pareja

     

    Los Menem cerraron con Diego Santilli y empezaron a marginar a Sebastián Pareja, que vive un mal momento por el ascenso en el gobierno de su rival interno para pelear la gobernación de Buenos Aires.

    La semana pasada, a pocos días de que Santilli fuera elegido por Karina Milei como el nuevo jefe de gabinete, Lule Menem empezó a intervenir el armado de Pareja en la provincia. Ese armado se afinca en las delegaciones de Anses y de Pami que controla Pareja en los pueblos bonaerenses, es decir, la caja para hacer política en el interior de la provincia.

    En varias delegaciones los parejistas se enteraron que los habían corrido por decisión de la Rosada para dar lugar a dirigentes provenientes del PRO, una situación que se repitió en otros distritos en favor de dirigentes vinculados tanto a Santilli como a Cristian Ritondo y Jorge Macri. Un caso fue el de Tigre, en donde Claudio Baumgarten fue desplazado por una maniobra del concejal Juan Furnari,

    Pareja es el presidente de La Libertad Avanza en la provincia y espera que Karina lo levante como el candidato a gobernador el año que viene. Pero la lógica de Karina y los Menem para disputar provincias se fue acomodando a las necesidades. Luego de plantar candidatos en todas las provincias en las elecciones de 2025, ahora el objetivo que tienen es asegurar la reelección de Milei.

    Lule Menem

    Por eso la estrategia que se debate es ayudar a los aliados en las provincias que no gobierna el peronismo y competir con el mejor candidato en los distritos que sí gobierna el peronismo. Santilli es quien mejor mide dentro de las alternativas libertaras, muy por encima de Pareja, que no aparece en las encuestas.

    La elección de Santilli como jefe de gabinete asoma como un trampolín para su candidatura de 2027. Los Menem lo impulsaron para reemplazar a Manuel Adorni y lo sumaron al plan de controlar el Congreso. El Colorado juró este martes y la primera reunión política que tuvo como jefe de gabinete fue con los dos Menem. Afuera quedó Pareja, que tuvo que acercarse a sacar una selfie con Santilli entre las sillas del Salón Blanco.

     

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