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PIEDRA LIBRE

La justicia de Bariloche ratificó el fallo del 2013. El gobierno de Río Negro tiene 90 días para garantizar que el empresario inglés Joseph Lewis permita el acceso al Lago Escondido.

Los magistrados se pronunciaron tras analizar apelaciones que habían presentado en la causa tanto la provincia de Río Negro y Hidden Lake S.A (propiedad de Lewis) contra esa sentencia del 2013. De esta manera, quedó ratificada la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien a inicios del 2013, hace casi 10 años, ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel), en tierras rionegrinas.

La justicia de Bariloche ratificó un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, cercado por decisión del terrateniente y ocupa inglés Joseph Lewis. Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia.

La Cámara le dio un plazo de tres meses al gobierno de Arabela Carreras para que, a través de Vialidad Rionegrina y del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), realice los trabajos necesarios que garanticen la transitabilidad del camino de montaña. También dispuso el mismo período de tiempo para que Río Negro implemente «todas las actuaciones administrativas» correspondientes, con el objetivo de evitar «inconvenientes o amenazas» a quienes quieran ingresar a «un bien de dominio público».

Es bueno recodar que en el mes de febrero durante la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía a Lago Escondido 40 personas de civil armadas, personal de seguridad de Lewis, frenaron e intimidaron a activistas que marchaban en el camino de montaña intentando llegar al Lago Escondido levantando la bandera de la soberania. En esta intercepción el médico sanitarista Jorge Rachid debió ser rescatado en helicóptero de la zona de Lago Escondido en febrero de este año luego de haber sufrido una descompensación producto del «hostigamiento» perpetrado por la custodia privada de Lewis.

Jorge Rachid manifestó en diálogo con Télam: «Por fin un fallo de la justicia que repara una de las mayores injusticias que vive nuestra Patagonia austral». Además, señaló que esta medida «nos hace sospechar que deberíamos tener muchos más fallos que nos permitan cumplir la ley, incluso aquella que impide a los extranjeros estar a menos de determinados kilómetros de la cordillera».

El médico recordó, como mencionabamos, que fueron atacados y patoteados durante esta última expedición, en la cual cumplió un rol destacado en la organización. «Es una buena noticia para todos los argentinos que exista un Tribunal, en este caso en Bariloche, que permite restituir los derechos argentinos conculcados por estos personajes que se creen los dueños de la tierra, de los bienes de países que los han acogido simplemente por el hecho de tener cuantiosas fortunas», marcó.

Por último, Rachid subrayó que «todavía habrá que investigar si esos terrenos, esa estancia, han sido compradas en forma legal, ya que hay una investigación en curso sobre ese mismo tema».

Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a ese espejo de agua de cualquier persona, algo que no se cumple desde la década del 90 cuando Lewis adquirió las tierras y pese a que la Justicia rionegrina dictó varios fallos en ese sentido.

El fallo también destierra la posibilidad de que se abra un cuarto camino, tal como proponía y publicitaba en un momento del largo pleito la empresa Hidden Lake S.A., algo que hubiera implicado intervenir fuertemente sobre zonas vírgenes de un parque natural. El motivo: la mansión del magnate –una construcción de 3.200 metros cubiertos, con helipuerto, pistas de karting y equitación, canchas de fútbol y tenis, hipódromo, zoológico, anfiteatro y catarata artifical, fue construida arriba del camino histórico que el lunes la Justicia ordenó desbloquear.

Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro «asegura» el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).

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    Milei descubre las Malvinas justo cuando necesita una bandera: el volantazo de un Gobierno que busca escapar de sus propios problemas

     

    Milei endurece su discurso sobre Malvinas, pero su giro soberanista contrasta con su relación con el Reino Unido y llega en un momento de dificultades políticas.

    Por Roque Pérez para NLI

    Milei volvió a hablar de Malvinas. Y lo hizo con la solemnidad de quien pretende presentarse como el gran defensor de la soberanía argentina. En cadena nacional, anunció proyectos para endurecer sanciones contra empresas que exploten recursos en las islas, crear organismos vinculados con la seguridad nacional y fortalecer la presencia militar en Tierra del Fuego. El problema para el Presidente es que la historia reciente de su propio Gobierno vuelve difícil aceptar el repentino fervor soberanista como si siempre hubiera sido su principal bandera.

    Porque las Malvinas son argentinas. Eso no empezó con Milei y tampoco terminará con él. Es una causa nacional consagrada incluso constitucionalmente y sostenida durante décadas por gobiernos de signos políticos diferentes. Precisamente por eso, resulta legítimo preguntarse por qué el Presidente decide colocarla ahora en el centro de la escena, después de meses en los que su política exterior estuvo marcada por una alineación prácticamente automática con Estados Unidos, Israel y otros aliados internacionales, mientras mantenía una relación particularmente cuidadosa con Londres.

    La pregunta no es si Milei puede hablar de Malvinas. La pregunta es por qué ahora.

    De Margaret Thatcher a la bandera argentina

    Hay una contradicción que no puede borrarse con una cadena nacional.

    Milei construyó durante años una admiración pública por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas. Esa posición generó fuertes críticas, especialmente entre excombatientes y sectores vinculados con la memoria de la guerra. Incluso durante su campaña presidencial planteaba que la recuperación de las islas debía ser resultado de una negociación prolongada con el Reino Unido y que había que considerar a quienes viven allí.

    Ya en el Gobierno, la relación con Londres tampoco fue presentada como una confrontación frontal. Por el contrario, la administración libertaria sostuvo una estrategia de acercamiento y diálogo que generó cuestionamientos desde sectores de la propia coalición oficialista.

    La entonces canciller Diana Mondino llegó a sostener que la Argentina buscaba cambiar la estrategia respecto de Malvinas y avanzar mediante el diálogo. Y en 2024 el Gobierno evitó confrontar públicamente con la visita del entonces canciller británico David Cameron a las islas.

    Ahora, en cambio, Milei aparece convertido en un cruzado de la soberanía.

    El cambio no es menor. Tampoco parece casual.

    Reuters describió este giro como un endurecimiento respecto de la postura anterior del Presidente y señaló que la nueva estrategia aparece en un momento políticamente sensible, con una aprobación presidencial estimada en 36,8% y con el horizonte electoral de 2027 cada vez más cerca.

    Dicho en criollo: cuando la motosierra ya no alcanza para entusiasmar, aparece la bandera.

    Una causa nacional convertida en salvavidas político

    Malvinas tiene una característica que cualquier dirigente conoce: une donde otras discusiones dividen.

    No importa si se trata de peronistas, radicales, desarrollistas, socialistas, nacionalistas o ciudadanos que no tienen ninguna identificación partidaria. El reclamo argentino sobre las islas forma parte de una conciencia nacional profundamente arraigada.

    Y ahí aparece la oportunidad política para Milei.

    El Gobierno enfrenta una agenda cargada de conflictos. El Congreso vuelve a ser un terreno incómodo para el oficialismo, mientras la oposición busca discutir cuestiones como el endeudamiento de las familias y la situación de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, el Ejecutivo espera que los próximos datos económicos le permitan mostrar algún resultado favorable. La discusión sobre Malvinas ofrece, en cambio, una escena mucho más sencilla: Presidente, bandera, soberanía y enemigo externo.

    Es una narrativa perfecta para un Gobierno que necesita recuperar iniciativa.

    Y mucho más cómoda que hablar de jubilaciones, salarios, empleo, universidades, industria o del deterioro del poder adquisitivo.

    El recurso político es viejo. Cuando una administración tiene dificultades para imponer una agenda doméstica, puede intentar trasladar la discusión hacia una cuestión nacional de enorme carga simbólica.

    El problema es que Malvinas no es propiedad de Javier Milei.

    El riesgo de confundir soberanía con marketing

    Hay una diferencia enorme entre defender la soberanía y utilizar la soberanía como herramienta de comunicación política.

    La primera exige una estrategia de Estado sostenida durante décadas. La segunda necesita una cadena nacional, un discurso encendido y una agenda mediática favorable.

    Si el Gobierno realmente pretende fortalecer la posición argentina, deberá explicar cómo piensa hacerlo en términos diplomáticos, económicos, científicos, pesqueros, energéticos y militares. También tendrá que explicar qué política concreta desarrollará en el Atlántico Sur y cómo piensa enfrentar la explotación de recursos naturales alrededor de las islas.

    Porque mientras Milei anuncia sanciones, las empresas involucradas en la explotación petrolera sostienen que sus licencias son legítimas y el Reino Unido reafirma su posición sobre las islas.

    La cuestión petrolera, además, no es menor. El proyecto de explotación en torno al yacimiento Sea Lion convierte al Atlántico Sur en un espacio todavía más estratégico. Reuters señala que las estimaciones hablan de hasta 1.700 millones de barriles de petróleo, una dimensión económica capaz de transformar por completo el valor geopolítico de la disputa.

    Por eso la soberanía no se defiende solamente con discursos.

    Se defiende con industria nacional, ciencia, tecnología, capacidad energética, infraestructura, presencia diplomática, control de los recursos naturales y una política exterior coherente.

    Y allí aparece otra contradicción incómoda para el Gobierno libertario: el mismo proyecto político que durante años presentó al Estado como un obstáculo, que cuestionó el gasto público y que hizo del ajuste su principal identidad, ahora necesita un Estado con capacidad suficiente para sostener una política estratégica de largo plazo en el Atlántico Sur.

    Milei necesita una bandera, pero Malvinas no necesita a Milei

    El Presidente tiene derecho a defender la soberanía argentina. Nadie debería discutirlo.

    Lo que sí puede y debe discutirse es la utilización política de una causa que pertenece a todos los argentinos.

    Porque si Milei pretende que Malvinas sea una política de Estado, deberá demostrarlo con hechos y no solamente con discursos. Deberá construir consensos, sostener una estrategia diplomática, defender los recursos argentinos y mantener una política exterior que no entre en contradicción con esos objetivos.

    Y, sobre todo, deberá comprender algo elemental: la soberanía no funciona como una herramienta electoral.

    Las Malvinas eran argentinas cuando Milei todavía no existía en la política. Eran argentinas cuando el Presidente admiraba a Thatcher. Eran argentinas cuando su Gobierno buscaba una relación cordial con Londres. Y seguirán siendo argentinas cuando termine este Gobierno.

    Por eso resulta difícil no mirar con sospecha este súbito despertar soberanista.

    Porque mientras millones de argentinos esperan que el Estado resuelva problemas concretos —llegar a fin de mes, pagar una factura, sostener una jubilación, mantener un empleo, acceder a medicamentos o garantizar la educación— Milei encontró una bandera capaz de sacarlo, aunque sea por unos días, del centro de esas discusiones.

    Malvinas merece algo mucho más serio que eso.

    Merece una política de Estado.

    Y si el Presidente realmente quiere defenderla, deberá demostrar que detrás de la bandera hay una estrategia y no simplemente otra puesta en escena para recuperar oxígeno político.

     

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