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PIEDRA LIBRE

La justicia de Bariloche ratificó el fallo del 2013. El gobierno de Río Negro tiene 90 días para garantizar que el empresario inglés Joseph Lewis permita el acceso al Lago Escondido.

Los magistrados se pronunciaron tras analizar apelaciones que habían presentado en la causa tanto la provincia de Río Negro y Hidden Lake S.A (propiedad de Lewis) contra esa sentencia del 2013. De esta manera, quedó ratificada la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien a inicios del 2013, hace casi 10 años, ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel), en tierras rionegrinas.

La justicia de Bariloche ratificó un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, cercado por decisión del terrateniente y ocupa inglés Joseph Lewis. Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia.

La Cámara le dio un plazo de tres meses al gobierno de Arabela Carreras para que, a través de Vialidad Rionegrina y del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), realice los trabajos necesarios que garanticen la transitabilidad del camino de montaña. También dispuso el mismo período de tiempo para que Río Negro implemente «todas las actuaciones administrativas» correspondientes, con el objetivo de evitar «inconvenientes o amenazas» a quienes quieran ingresar a «un bien de dominio público».

Es bueno recodar que en el mes de febrero durante la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía a Lago Escondido 40 personas de civil armadas, personal de seguridad de Lewis, frenaron e intimidaron a activistas que marchaban en el camino de montaña intentando llegar al Lago Escondido levantando la bandera de la soberania. En esta intercepción el médico sanitarista Jorge Rachid debió ser rescatado en helicóptero de la zona de Lago Escondido en febrero de este año luego de haber sufrido una descompensación producto del «hostigamiento» perpetrado por la custodia privada de Lewis.

Jorge Rachid manifestó en diálogo con Télam: «Por fin un fallo de la justicia que repara una de las mayores injusticias que vive nuestra Patagonia austral». Además, señaló que esta medida «nos hace sospechar que deberíamos tener muchos más fallos que nos permitan cumplir la ley, incluso aquella que impide a los extranjeros estar a menos de determinados kilómetros de la cordillera».

El médico recordó, como mencionabamos, que fueron atacados y patoteados durante esta última expedición, en la cual cumplió un rol destacado en la organización. «Es una buena noticia para todos los argentinos que exista un Tribunal, en este caso en Bariloche, que permite restituir los derechos argentinos conculcados por estos personajes que se creen los dueños de la tierra, de los bienes de países que los han acogido simplemente por el hecho de tener cuantiosas fortunas», marcó.

Por último, Rachid subrayó que «todavía habrá que investigar si esos terrenos, esa estancia, han sido compradas en forma legal, ya que hay una investigación en curso sobre ese mismo tema».

Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a ese espejo de agua de cualquier persona, algo que no se cumple desde la década del 90 cuando Lewis adquirió las tierras y pese a que la Justicia rionegrina dictó varios fallos en ese sentido.

El fallo también destierra la posibilidad de que se abra un cuarto camino, tal como proponía y publicitaba en un momento del largo pleito la empresa Hidden Lake S.A., algo que hubiera implicado intervenir fuertemente sobre zonas vírgenes de un parque natural. El motivo: la mansión del magnate –una construcción de 3.200 metros cubiertos, con helipuerto, pistas de karting y equitación, canchas de fútbol y tenis, hipódromo, zoológico, anfiteatro y catarata artifical, fue construida arriba del camino histórico que el lunes la Justicia ordenó desbloquear.

Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro «asegura» el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).

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  • Juez baja su candidatura a gobernador y quiere ser jefe de campaña de Bornoroni

     

    La dinámica con la que se movían los engranajes dentro de la oposición cordobesa hace unos meses cambió, pasó a otra velocidad. No se detuvo, pero no es la misma mecánica que tenían en el primer semestre del año dentro del eje que conducen el diputado libertario Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez.

    Los acercamientos entre la Nación y el gobernador Martín Llaryora a partir de la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete incomodaron el vínculo y pausaron las fotos conjuntas de los referentes de Javier Milei en Córdoba. Por más que el esquema que lidera Bornoroni haga todos los esfuerzos posibles para calmar la ansiedad de sus socios y enfatizar que la relación entre la Rosada y El Panal es «sólo institucional»; en el juecismo no cayó bien que bajen ministros nacionales y destaquen a los funcionarios llaryoristas.

    La semana pasada ocurrió dos veces: Alejandra Monteoliva valoró a su par, Juan Pablo Quinteros -enemigo acérrimo de Juez-; y ‘Toto’ Caputo hizo lo propio con el ultra llaryorista que conduce la cartera de Economía en Córdoba, Guillermo Acosta. Ambos, blancos predilectos del juecismo.

    Dentro de ese contexto, y con el objetivo de tratar de sostener la coalición opositora, algunos se empiezan a apurar porque saben que Llaryora fijará la fecha de la elección provincial en la primera parte del 2027 y podría agarrar a la oposición todavía caminando. 

    «El peronismo cordobés no va a volver al PJ mientras siga colonizado por el kirchnerismo»

    Es el caso, de Juez que, como lo adelantó LPO el verano pasado había decidido enfriar su propia candidatura provincial con tal de derrotar al peronismo. Inercia que en las últimas semanas no vio con la misma intensidad; pero que, aún así, confía en que se pueda bloquear el objetivo de reelección de Llaryora.

    Por lo tanto, un repliegue con una candidatura a la intendencia de la capital cordobesa, como también lo contó este sitio sigue en pie; y ahora suma un ingrediente a la negociación con Bornoroni: convertirse en el jefe de la campaña provincial de la oposición. Un menú tentador detrás del que están otros.

    Aunque no es la única carta en la baraja para el segundo semestre de este 2026. La otra pasa por el armado de la lista de legisladores provinciales. Actualmente, los libertarios no tienen bancas en la Unicameral cordobesa, mientras que el Frente Cívico tiene un activo puñado de siete bancas; origen de duras críticas parlamentarias al cordobesismo.

    Fortalecer esto será un activo para Juez y puede ser un riesgo para Bornoroni. Por lo tanto, en la ecuación, es un condicionante dentro del acuerdo opositor.

    Lo otro que resta dilucidar es si el radical Rodrigo de Loredo entrará o no en el acuerdo. Y aunque hoy es bastante difícil, lo hace más complejo aún la serie de recorridas que Bornoroni viene haciendo por el interior provincial prometiendo la instalación de un candidato propio en todas las localidades. Un fantasma que espanta el acercamiento de intendentes radicales o que, por lo menos, los obliga a negociar bajo presión.

     

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