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PIEDRA LIBRE

La justicia de Bariloche ratificó el fallo del 2013. El gobierno de Río Negro tiene 90 días para garantizar que el empresario inglés Joseph Lewis permita el acceso al Lago Escondido.

Los magistrados se pronunciaron tras analizar apelaciones que habían presentado en la causa tanto la provincia de Río Negro y Hidden Lake S.A (propiedad de Lewis) contra esa sentencia del 2013. De esta manera, quedó ratificada la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien a inicios del 2013, hace casi 10 años, ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel), en tierras rionegrinas.

La justicia de Bariloche ratificó un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, cercado por decisión del terrateniente y ocupa inglés Joseph Lewis. Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia.

La Cámara le dio un plazo de tres meses al gobierno de Arabela Carreras para que, a través de Vialidad Rionegrina y del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), realice los trabajos necesarios que garanticen la transitabilidad del camino de montaña. También dispuso el mismo período de tiempo para que Río Negro implemente «todas las actuaciones administrativas» correspondientes, con el objetivo de evitar «inconvenientes o amenazas» a quienes quieran ingresar a «un bien de dominio público».

Es bueno recodar que en el mes de febrero durante la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía a Lago Escondido 40 personas de civil armadas, personal de seguridad de Lewis, frenaron e intimidaron a activistas que marchaban en el camino de montaña intentando llegar al Lago Escondido levantando la bandera de la soberania. En esta intercepción el médico sanitarista Jorge Rachid debió ser rescatado en helicóptero de la zona de Lago Escondido en febrero de este año luego de haber sufrido una descompensación producto del «hostigamiento» perpetrado por la custodia privada de Lewis.

Jorge Rachid manifestó en diálogo con Télam: «Por fin un fallo de la justicia que repara una de las mayores injusticias que vive nuestra Patagonia austral». Además, señaló que esta medida «nos hace sospechar que deberíamos tener muchos más fallos que nos permitan cumplir la ley, incluso aquella que impide a los extranjeros estar a menos de determinados kilómetros de la cordillera».

El médico recordó, como mencionabamos, que fueron atacados y patoteados durante esta última expedición, en la cual cumplió un rol destacado en la organización. «Es una buena noticia para todos los argentinos que exista un Tribunal, en este caso en Bariloche, que permite restituir los derechos argentinos conculcados por estos personajes que se creen los dueños de la tierra, de los bienes de países que los han acogido simplemente por el hecho de tener cuantiosas fortunas», marcó.

Por último, Rachid subrayó que «todavía habrá que investigar si esos terrenos, esa estancia, han sido compradas en forma legal, ya que hay una investigación en curso sobre ese mismo tema».

Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a ese espejo de agua de cualquier persona, algo que no se cumple desde la década del 90 cuando Lewis adquirió las tierras y pese a que la Justicia rionegrina dictó varios fallos en ese sentido.

El fallo también destierra la posibilidad de que se abra un cuarto camino, tal como proponía y publicitaba en un momento del largo pleito la empresa Hidden Lake S.A., algo que hubiera implicado intervenir fuertemente sobre zonas vírgenes de un parque natural. El motivo: la mansión del magnate –una construcción de 3.200 metros cubiertos, con helipuerto, pistas de karting y equitación, canchas de fútbol y tenis, hipódromo, zoológico, anfiteatro y catarata artifical, fue construida arriba del camino histórico que el lunes la Justicia ordenó desbloquear.

Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro «asegura» el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).

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  • Mahiques coloniza el fuero comercial para ayudar a Tapia y Toviggino

     

    Juan Bautista Mahiques prepara el bordado final de la protección judicial para Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino en la causa que tramita contra la AFA, en el fuero comercial local, por la denuncia de Guillermo Tofoni.

    Como informó LPO, esta semana se publicó el decreto de designación de Javier Cosentino como juez de la Sala C en la Cámara de Apelaciones del fuero comercial, pero hasta el 16 de julio había sido el titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 9, donde quedó radicada la denuncia.

    En efecto, Cosentino fue el magistrado que desestimó el embargo preventivo que reclamó Tofoni por los partidos amistosos disputados hace más de 5 años, antes que Tapia y Toviggino optaran por cortar el contrato con el empresario despechado y otorgarle el negocio al productor Javier Faroni. Tras el fallo del juez, Tofoni apeló y ahora la Sala C tendrá que resolver, justo donde recaló Cosentino.

    Fuentes judiciales deslizaron que el juez votado por el Senado el jueves pasado debería excusarse. El presidente de la sala es Eduardo Machin y, por ahora, venían subrogando Alejandra Tévez y Matilde Ballerini, quien cumpliría 75 años el próximo 6 de septiembre y solicitó hace meses la prórroga en su cargo al gobierno.

    La estrategia de Tapia y Toviggino para plantear la nulidad de las causas

    Atento, Mahiques apuró el lunes al senador Juan Carlos Pagotto, titular de la comisión de Acuerdos, para que convoque a audiencia pública para que defienda su pliego Ballerini el 4 de agosto. Entre el receso y las dificultades de Patricia Bullrich para conseguir las voluntades suficientes para sesionar, al oficialismo se le acota el margen de maniobra para aprobar nombramientos de jueces.

    Para cubrir la otra subrogancia, el gobierno logró que los senadores le otorguen estado parlamentario a la postulación de Valeria Pérez Casado, quien curiosamente compartió con Cosentino el desenlace del caso Indalo, la empresa de Cristóbal López.

    Tapia y Toviggino.

    En la causa de Oil Combustibles, el juez que dictó la quiebra, decretó la intervención de la petrolera y le otorgó la operación inicial a YPF fue Javier Cosentino, cuando estaba al frente del Juzgado Comercial Nº 8 y luego en las actuaciones del proceso. En tanto, Pérez Casado intervino en las etapas posteriores y la liquidación de fondos.

    Pero los pergaminos de esta candidata de Mahiques se fundarían en su actuación durante la quiebra de Cresta Roja, mientras se desempeñaba al frente del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 18. «Cresta Roja es la Ciccone del macrismo», dijo un camarista a LPO.

    En el fuero comercial comentan también que Mahiques y la AFA no estarían dejando ningún detalle librado al azar, ni siquiera el sorteo para las subrogancias hasta que se aprueben las designaciones de los jueces para la Sala C.

    Su apreciación se basa en las quejas de los ex dueños de la firma, Rasic Hermanos, que acusaron a Mauricio Macri por el despojo de sus bienes. Cuando el Juzgado Comercial le entregó la empresa al consorcio Proteinsa SA, compuesto por Ovoprot, Tanacorsa y apoyado por el banco BTG Pactual, Karina Rasic, hija de los fundadores, acusó al gobierno de dársela a un amigo del colegio de Marcos Peña, tal como reveló Noticias.

    Pérez Casado, además, es miembro de la agrupación Compromiso Judicial, un sector de la magistratura con lazos históricos con el macrismo y el radicalismo. Allí milita José Luis López Castiñeira, un camarista de la Sala II del fuero contencioso administrativo federal que cultiva un vínculo muy cercano con el ministro de Justicia.

    En el fuero comercial comentan también que Mahiques y la AFA no estarían dejando ningún detalle librado al azar, ni siquiera el sorteo para las subrogancias hasta que se aprueben las designaciones de los jueces para la Sala C. Desde el 4° Piso de Roque Sáenz Peña 1211, dicen que, ante cualquier demora, podrían salir sorteados la propia Ballerini, quien ya viene ocupando una de las vocalías vacantes, o Jorge Djivaris, ex funcionario del gobierno porteño al que promovieron a la Sala B de la cámara para contribuir eventualmente en la causa Correo, tal como informó LPO.

    Por lo demás, los colegas de Cosentino se preguntan quién lo reemplazará en el juzgado N° 9. Su olfato indica que, por sorteo, podría tocarle la función a Pedro Giudice, flamante juez del fuero en cuya jura estuvieron Mahiques, la consejera Alejandra Provitola y el presidente de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, quien admitió el recurso de queja de la defensa de los presuntos testaferros de Toviggino, junto a Mariano Borinsky, para que la competencia de la causa recaiga en el juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

     

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