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PIEDRA LIBRE

La justicia de Bariloche ratificó el fallo del 2013. El gobierno de Río Negro tiene 90 días para garantizar que el empresario inglés Joseph Lewis permita el acceso al Lago Escondido.

Los magistrados se pronunciaron tras analizar apelaciones que habían presentado en la causa tanto la provincia de Río Negro y Hidden Lake S.A (propiedad de Lewis) contra esa sentencia del 2013. De esta manera, quedó ratificada la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien a inicios del 2013, hace casi 10 años, ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel), en tierras rionegrinas.

La justicia de Bariloche ratificó un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, cercado por decisión del terrateniente y ocupa inglés Joseph Lewis. Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia.

La Cámara le dio un plazo de tres meses al gobierno de Arabela Carreras para que, a través de Vialidad Rionegrina y del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), realice los trabajos necesarios que garanticen la transitabilidad del camino de montaña. También dispuso el mismo período de tiempo para que Río Negro implemente «todas las actuaciones administrativas» correspondientes, con el objetivo de evitar «inconvenientes o amenazas» a quienes quieran ingresar a «un bien de dominio público».

Es bueno recodar que en el mes de febrero durante la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía a Lago Escondido 40 personas de civil armadas, personal de seguridad de Lewis, frenaron e intimidaron a activistas que marchaban en el camino de montaña intentando llegar al Lago Escondido levantando la bandera de la soberania. En esta intercepción el médico sanitarista Jorge Rachid debió ser rescatado en helicóptero de la zona de Lago Escondido en febrero de este año luego de haber sufrido una descompensación producto del «hostigamiento» perpetrado por la custodia privada de Lewis.

Jorge Rachid manifestó en diálogo con Télam: «Por fin un fallo de la justicia que repara una de las mayores injusticias que vive nuestra Patagonia austral». Además, señaló que esta medida «nos hace sospechar que deberíamos tener muchos más fallos que nos permitan cumplir la ley, incluso aquella que impide a los extranjeros estar a menos de determinados kilómetros de la cordillera».

El médico recordó, como mencionabamos, que fueron atacados y patoteados durante esta última expedición, en la cual cumplió un rol destacado en la organización. «Es una buena noticia para todos los argentinos que exista un Tribunal, en este caso en Bariloche, que permite restituir los derechos argentinos conculcados por estos personajes que se creen los dueños de la tierra, de los bienes de países que los han acogido simplemente por el hecho de tener cuantiosas fortunas», marcó.

Por último, Rachid subrayó que «todavía habrá que investigar si esos terrenos, esa estancia, han sido compradas en forma legal, ya que hay una investigación en curso sobre ese mismo tema».

Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a ese espejo de agua de cualquier persona, algo que no se cumple desde la década del 90 cuando Lewis adquirió las tierras y pese a que la Justicia rionegrina dictó varios fallos en ese sentido.

El fallo también destierra la posibilidad de que se abra un cuarto camino, tal como proponía y publicitaba en un momento del largo pleito la empresa Hidden Lake S.A., algo que hubiera implicado intervenir fuertemente sobre zonas vírgenes de un parque natural. El motivo: la mansión del magnate –una construcción de 3.200 metros cubiertos, con helipuerto, pistas de karting y equitación, canchas de fútbol y tenis, hipódromo, zoológico, anfiteatro y catarata artifical, fue construida arriba del camino histórico que el lunes la Justicia ordenó desbloquear.

Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro «asegura» el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).

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     La vertiginosa quiebra de Bioceres SA dejó un dato que ahora en el mercado lo observan con mucha atención: mientras que la empresa se desplomaba con deudas y patrimonio negativo, el holding controlante registró una ganancia extraordinaria cercana a los 95 millones de dólares.

    El número surge de los propios balances presentados ante la SEC por Moolec, la firma radicada en el exterior que quedó como cabeza del entramado y de la que se hizo cargo el empresario uruguayo Juan Sartori.

    En los documentos (ver) se advierte que tras la pérdida de control de Bioceres la compañía contabilizó un beneficio de unos 91 millones de dólares en Bioceres Sociedad Anónima y otros 5,3 millones de Bioceres LLC radicada en Estados Unidos. En términos contables, la caída de Bioceres no implicó una pérdida para el grupo, sino un resultado positivo, dicen fuentes de la empresa.

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    Ese dato es el que disparó las sospechas. En el mercado empiezan a preguntarse si la quiebra fue realmente el desenlace inevitable de una crisis financiera o parte de una estrategia para reordenar el negocio, aislar las deudas y consolidar el control sobre los activos más valiosos.

    La clave está en la ingeniería societaria que se terminó de consolidar en 2025, dijeron fuentes al tanto de la compleja estructura accionaria con la que organizó el holding que prometió convertirse en uno de los unicornios biotecnológicos más importantes del país.

     En el mercado empiezan a preguntarse si la quiebra fue realmente el desenlace inevitable de una crisis financiera o parte de una estrategia para reordenar el negocio, aislar las deudas y consolidar el control sobre los activos más valiosos 

    A partir de la fusión con Moolec, el grupo habría trasladado los activos estratégicos a una holding internacional, debilitando a Bioceres SA y dejándola como la unidad más expuesta al endeudamiento. En paralelo, el control accionario también cambió de manos ingresando un jugador clave en este proceso, señalaron a LPO fuentes empresarias.

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    Como sea, por afuera de Bioceres SA quedaron unidades con activos significativos: Agrality, con ventas cercanas a los 70 millones de dólares y una valuación estimada en torno a los 77 millones; la planta industrial ValoraSoy en Córdoba; desarrollos biotecnológicos como SynBio Powerlabs, proyectados en unos 30 millones; líneas de ingeniería metabólica valuadas en torno a los 12 millones; y un paquete de patentes que podría ubicarse entre 45 y 50 millones de dólares.

     La Justicia comercial de Rosario ya empezó a intervenir y ordenó revisar en detalle la compleja ingeniería societaria del grupo y por otro lado, no se descarta que la disputa escale al plano penal 

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    [Bioceres no pudo levantar una deuda de 36 millones de dólares y se asoma a la quiebra]

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