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PIEDRA LIBRE

La justicia de Bariloche ratificó el fallo del 2013. El gobierno de Río Negro tiene 90 días para garantizar que el empresario inglés Joseph Lewis permita el acceso al Lago Escondido.

Los magistrados se pronunciaron tras analizar apelaciones que habían presentado en la causa tanto la provincia de Río Negro y Hidden Lake S.A (propiedad de Lewis) contra esa sentencia del 2013. De esta manera, quedó ratificada la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien a inicios del 2013, hace casi 10 años, ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel), en tierras rionegrinas.

La justicia de Bariloche ratificó un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, cercado por decisión del terrateniente y ocupa inglés Joseph Lewis. Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia.

La Cámara le dio un plazo de tres meses al gobierno de Arabela Carreras para que, a través de Vialidad Rionegrina y del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), realice los trabajos necesarios que garanticen la transitabilidad del camino de montaña. También dispuso el mismo período de tiempo para que Río Negro implemente «todas las actuaciones administrativas» correspondientes, con el objetivo de evitar «inconvenientes o amenazas» a quienes quieran ingresar a «un bien de dominio público».

Es bueno recodar que en el mes de febrero durante la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía a Lago Escondido 40 personas de civil armadas, personal de seguridad de Lewis, frenaron e intimidaron a activistas que marchaban en el camino de montaña intentando llegar al Lago Escondido levantando la bandera de la soberania. En esta intercepción el médico sanitarista Jorge Rachid debió ser rescatado en helicóptero de la zona de Lago Escondido en febrero de este año luego de haber sufrido una descompensación producto del «hostigamiento» perpetrado por la custodia privada de Lewis.

Jorge Rachid manifestó en diálogo con Télam: «Por fin un fallo de la justicia que repara una de las mayores injusticias que vive nuestra Patagonia austral». Además, señaló que esta medida «nos hace sospechar que deberíamos tener muchos más fallos que nos permitan cumplir la ley, incluso aquella que impide a los extranjeros estar a menos de determinados kilómetros de la cordillera».

El médico recordó, como mencionabamos, que fueron atacados y patoteados durante esta última expedición, en la cual cumplió un rol destacado en la organización. «Es una buena noticia para todos los argentinos que exista un Tribunal, en este caso en Bariloche, que permite restituir los derechos argentinos conculcados por estos personajes que se creen los dueños de la tierra, de los bienes de países que los han acogido simplemente por el hecho de tener cuantiosas fortunas», marcó.

Por último, Rachid subrayó que «todavía habrá que investigar si esos terrenos, esa estancia, han sido compradas en forma legal, ya que hay una investigación en curso sobre ese mismo tema».

Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a ese espejo de agua de cualquier persona, algo que no se cumple desde la década del 90 cuando Lewis adquirió las tierras y pese a que la Justicia rionegrina dictó varios fallos en ese sentido.

El fallo también destierra la posibilidad de que se abra un cuarto camino, tal como proponía y publicitaba en un momento del largo pleito la empresa Hidden Lake S.A., algo que hubiera implicado intervenir fuertemente sobre zonas vírgenes de un parque natural. El motivo: la mansión del magnate –una construcción de 3.200 metros cubiertos, con helipuerto, pistas de karting y equitación, canchas de fútbol y tenis, hipódromo, zoológico, anfiteatro y catarata artifical, fue construida arriba del camino histórico que el lunes la Justicia ordenó desbloquear.

Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro «asegura» el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).

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  • Indagaron al Narigón Vázquez en una causa por drogas y definen si lo imputan por el crimen de Pillín

     

    Hace unos años un importante abastecedor de droga de Rosario se reunió con un contacto en un paraje entrerriano. Una avioneta iba a bajar un cargamento al costado de una quinta entre Nogoyá y Victoria. El proveedor necesitaba que el contacto trasladara la carga hasta más allá del peaje de entrada por el puente a Rosario en una camioneta que le darían. El hombre se preocupó. «Todo bien con la camioneta, ¿no? ¿No será robada?». El dueño del lote de droga le dio un frenazo. «Vos no te preocupas de nada. No preguntás nada. Solamente hacés lo que te digo».

    Fernando Sebastián Vázquez, hoy de 45 años, se las arregló siempre para no llamar la atención. Solo así pudo ser a la vez proveedor de droga para la banda de Los Monos y también de Los Menores que es la organización a la que se le atribuye el control territorial del narcomenudeo en Rosario actualmente y cuyos miembros son los que de un modo brutal mataron en 2024 a Andrés Pillín Bracamonte, que fue por más de 20 años líder de la barra brava de Rosario Central.

    Precisamente el Narigón Vázquez tiene sus principales problemas penales en el barrio de Arroyito, donde está la cancha de Central. Este miércoles lo indagaron por primera vez en la Justicia Federal de Rosario. Lo acusan de comercio agravado de drogas por una causa por la que estaba prófugo hace ocho años y por la que pueden darle entre seis y veinte años de cárcel. El 9 de junio de 2018 a la tarde efectivos de la Policía Federal supieron que Vázquez se iba a encontrar con un mayorista llamado Andrés Uriz. Los policías le salieron al cruce en Ferreyra y Juan B. Justo, a cuatro cuadras del estadio auriazul. Atraparon al abastecedor pero Vázquez y su pareja atropellaron a un policía en Almafuerte y Cordiviola, a una cuadra de la cancha, y huyeron en una VW Fox que enseguida abandonaron.

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    Lo buscaban desde un año antes, cuando en 2017 el fiscal federal Claudio Kishimoto avanzó en una pesquisa de la División Antidrogas de la Policía Federal y descubrió en una veterinaria de la zona sur, en Oroño y Saavedra, el funcionamiento de una cocina de cocaína que tenía dos abastecedores. Uno era Cristian «Negro» González, un hombre de Los Monos, que en esa causa terminó condenado a 18 años de prisión. Por ese mismo hecho al Narigón Vázquez lo llevó a indagatoria ahora el fiscal federal Federico Reynares Solari.

    Esos ocho años como fugitivo se cortaron el martes cuando la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía santafesina entró a la casa de pasillo en Villa Gobernador Gálvez, ciudad pegada al sur rosarino, donde se ocultaba. Hacía tres semanas que efectivos de civil merodeaban en el lugar. El Narigón estaba solo. Los hombres del cuerpo especial entraron corriendo al pasillo. Desde afuera un equipo controlaba con un dron desde arriba todos los vericuetos de las casas contiguas. Los que entraron cuentan que el Narigón corrió hacia su cama pero los efectivos tácticos lo inmovilizaron. Tenía una pistola debajo de la almohada.

     En octubre pasado la misma fuerza especial lo había detectado en Victoria, a 60 kilómetros de Rosario, pero cuando un grupo de esa provincia fue a detenerlo logró escabullirse.

    Para el momento en que empezaron a buscarlo por ser proveedor de Los Monos, el Narigón Vázquez había sido captado conversando con Silvana Gorosito en 2017, en la calle Blandengues al 900, la casa de la mujer. Gorosito es la esposa y madre de los hijos de Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, uno de los gerentes logísticos de Los Monos que fue condenado a 37 años de prisión.

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    Pero a siete años de esa causa lo conectaron al crimen de Pillín Bracamonte que ocurrió el 9 de noviembre de 2024.

    Y eso que ocurrió a 150 metros de la cancha de Central también lo tuvo cerca al Narigón Vázquez. Lo perdió una Citroën Air Cross blanca que fue captada por las cámaras de calle en la escena donde Pillín fue acribillado y que iba como auto de apoyo de una moto Honda Twister 150 en la que escapaban los tiradores. El vehículo al ser identificado fue conectado con su hermano Alejandro Vázquez, quien era una persona sin prontuario, y al que lo ligaba una denuncia de venta del auto. Cuando lo intentaron ubicar en marzo de 2025 le encontraron 70 kilos de marihuana en su vivienda de Aguzzi al 4000.

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    Hay una discrepancia sobre el rol que tuvo el Narigón Vázquez en el homicidio que cuando se realice la audiencia por este delito tal vez no quede dilucidada. La policía actuante entiende que fue uno de los dos autores materiales de los disparos. No así la fiscalía que no tiene esa certeza, que preliminarmente lo ubica como organizador del atentado y también aportante para que los matadores llegaran a la zona.

    Los fiscales Patricio Saldutti, Ignacio Hueso y Agustina Eiris tienen desde la detención que fue el martes 15 días para imputar que se concede a los casos complejos que vence el 1 de julio. Como la pesquisa viene de antes los fiscales dicen estar en condiciones de imputar la semana próxima.

    Con las dinámicas de las organizaciones criminales que se desplazan, la demanda y los cambios de liderazgo, los referentes van cambiando. Las áreas de inteligencia de Santa Fe y los fiscales provinciales y federales creen que el Narigón Vázquez pasó de ser proveedor de Los Monos a cumplir igual papel con Matías Gazzani, que es el cabecilla prófugo de Los Menores, el grupo al que se le atribuye haber matado a Pillín. Gazzani tiene 29 años y el gobierno de Maximiliano Pullaro ofrece 65 millones de pesos de recompensa por datos que lleven a su captura. 

     El despiadado atentado contra Pillín, según la principal línea investigativa de los fiscales, fue cometido para generar cambios en la escala de negocios en la barra del club rosarino hacia el control de personas metidas de lleno en el terreno del narcotráfico a gran escala.

     

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