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PIEDRA LIBRE

La justicia de Bariloche ratificó el fallo del 2013. El gobierno de Río Negro tiene 90 días para garantizar que el empresario inglés Joseph Lewis permita el acceso al Lago Escondido.

Los magistrados se pronunciaron tras analizar apelaciones que habían presentado en la causa tanto la provincia de Río Negro y Hidden Lake S.A (propiedad de Lewis) contra esa sentencia del 2013. De esta manera, quedó ratificada la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien a inicios del 2013, hace casi 10 años, ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel), en tierras rionegrinas.

La justicia de Bariloche ratificó un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, cercado por decisión del terrateniente y ocupa inglés Joseph Lewis. Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia.

La Cámara le dio un plazo de tres meses al gobierno de Arabela Carreras para que, a través de Vialidad Rionegrina y del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), realice los trabajos necesarios que garanticen la transitabilidad del camino de montaña. También dispuso el mismo período de tiempo para que Río Negro implemente «todas las actuaciones administrativas» correspondientes, con el objetivo de evitar «inconvenientes o amenazas» a quienes quieran ingresar a «un bien de dominio público».

Es bueno recodar que en el mes de febrero durante la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía a Lago Escondido 40 personas de civil armadas, personal de seguridad de Lewis, frenaron e intimidaron a activistas que marchaban en el camino de montaña intentando llegar al Lago Escondido levantando la bandera de la soberania. En esta intercepción el médico sanitarista Jorge Rachid debió ser rescatado en helicóptero de la zona de Lago Escondido en febrero de este año luego de haber sufrido una descompensación producto del «hostigamiento» perpetrado por la custodia privada de Lewis.

Jorge Rachid manifestó en diálogo con Télam: «Por fin un fallo de la justicia que repara una de las mayores injusticias que vive nuestra Patagonia austral». Además, señaló que esta medida «nos hace sospechar que deberíamos tener muchos más fallos que nos permitan cumplir la ley, incluso aquella que impide a los extranjeros estar a menos de determinados kilómetros de la cordillera».

El médico recordó, como mencionabamos, que fueron atacados y patoteados durante esta última expedición, en la cual cumplió un rol destacado en la organización. «Es una buena noticia para todos los argentinos que exista un Tribunal, en este caso en Bariloche, que permite restituir los derechos argentinos conculcados por estos personajes que se creen los dueños de la tierra, de los bienes de países que los han acogido simplemente por el hecho de tener cuantiosas fortunas», marcó.

Por último, Rachid subrayó que «todavía habrá que investigar si esos terrenos, esa estancia, han sido compradas en forma legal, ya que hay una investigación en curso sobre ese mismo tema».

Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a ese espejo de agua de cualquier persona, algo que no se cumple desde la década del 90 cuando Lewis adquirió las tierras y pese a que la Justicia rionegrina dictó varios fallos en ese sentido.

El fallo también destierra la posibilidad de que se abra un cuarto camino, tal como proponía y publicitaba en un momento del largo pleito la empresa Hidden Lake S.A., algo que hubiera implicado intervenir fuertemente sobre zonas vírgenes de un parque natural. El motivo: la mansión del magnate –una construcción de 3.200 metros cubiertos, con helipuerto, pistas de karting y equitación, canchas de fútbol y tenis, hipódromo, zoológico, anfiteatro y catarata artifical, fue construida arriba del camino histórico que el lunes la Justicia ordenó desbloquear.

Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro «asegura» el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).

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    Una remera secuestrada en la casa del chico de 15 años que desató la tragedia de la escuela de San Cristóbal dio un primer indicio de que ese ataque a tiros de escopeta, que mató a un nene de 13 años y causó heridas a otros ocho alumnos, sugería una conexión más oscura que un grave desvarío aislado. A eso se sumaron, según fuentes oficiales dijeron a LPO, enlaces encontrados en las comunicaciones de este adolescente con comunidades centradas en crímenes reales y asesinos de masas que han generado conductas en espejo.

    Frente a esto los investigadores del caso en el que murió Ian Cabrera, de 13 años, advierten un giro inesperado en este hecho. La eventualidad de que el chico agresor haya movilizado su conducta bajo la identificación de un grupo como True Crime Community (TCC), que muestra fascinación por los perpetradores de crímenes reales o asesinos en serie, es algo que ingresa en el análisis del caso. Y que también provoca una mirada alerta en autoridades fiscales nacionales ya que este tipo de comunidades son seguidas por brigadas antiterroristas.

    El primero en blanquear que esta hipótesis había entrado de lleno a la investigación del caso de San Cristóbal fue el director de Investigación Criminal de Santa Fe, Rolando Galfrascoli. «Estamos trabajando en esto que excede a la Argentina porque es una red internacional. Así como está trabajándose en las provincias, también está impactando en otros países donde esta red difusa, gigantesca, atomizada y anárquica tiene una finalidad macabra de causar el mayor daño posible y venerando a autores de grandes masacres de este tipo», declaró a la radio Aire de Santa Fe.

    El funcionario de Seguridad dijo asimismo que las alertas dispuestas luego del caso de la escuela 40 Mariano Moreno de San Cristóbal posibilitó neutralizar un hecho semejante. «Esta acción terminó desbaratando tal vez la posibilidad de que una persona cometa un hecho de similares características. Porque una de las denuncias, una de las amenazas, termina en Sunchales con el secuestro de un arma de fuego cargada y lista para disparar en manos de un menor, que tendrá que dar explicaciones en la Justicia, pero no nos caben dudas de que había manifestado que iba a cometer un crimen».

    El chico que mató a un compañero en Santa Fe no es punible porque la ley juvenil no está vigente

    El chico que disparó hace una semana en San Cristóbal está bajo protección de la Secretaría de Niñez de Santa Fe dado que no es punible y no afrontará por ese hecho un proceso penal. La remera que se encontró en su vivienda cuando la requisaron es similar, según fuentes del caso, a la que utilizaba uno de los jóvenes que produjo la matanza en Columbine, Colorado, EEUU, el 20 de abril de 1999, con el resultado de doce estudiantes y un profesor asesinados.

    El viernes pasado hubo una audiencia judicial de carácter confidencial en la ciudad de Rafaela donde compareció el chico que produjo el incidente. El juez penal actuante admitió medidas propuestas por el fiscal Luis Schiappa Pietra junto a funcionarios de la Secretaría de Niñez ya que no es punible. El magistrado prohibió a los presentes, responsables por su rol institucional, difundir cualquier aspecto relacionado con lo tratado en ese acto.

    Las autoridades investigan si el chico agresor actuó bajo la identificación de un grupo como True Crime Community (TCC), que muestra fascinación por los perpetradores de crímenes reales o asesinos en serie

    Al salir de la audiencia ese día el fiscal Schiappa Pietra hizo una declaración escueta que, a la luz de lo conocido hoy, contiene un matiz sugestivo. «Hay muchas aristas de esta investigación. Nosotros explicamos al momento de hacer saber los hechos que este es un evento que había tenido una cierta planificación y que estaba atravesada por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales».

    Este lunes se conoció que hubo un nuevo adolescente detenido, que tiene 16 años, por el incidente de San Cristóbal. Ocurrió en la ruta 11, en la localidad de Nelson, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Este chico estaba vinculado al adolescente que tiró por la plataforma Discord. Ellos dos, junto a otros jóvenes, mantuvieron intercambios según fuentes del caso dijeron a LPO, donde se hacía referencias a matanzas en distintos colegios de Estados Unidos y Serbia. Los investigadores refieren que el joven habría tenido información previa sobre el ataque que dejó un alumno muerto y ocho chicos heridos de manera superficial.

    «Tenemos información muy contundente sobre la manera en que se venían dando estas comunicaciones, estas relaciones con otras personas. Obviamente no tenemos al día de hoy la posibilidad de determinarla, justamente porque es una forma de comunicarse en redes mucho más compleja de lo que nosotros creemos, con mecanismos de ocultamiento de identidades y demás. En sí, en comunidades de redes muy cerradas también», dijo el fiscal.

    Al respecto, la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), que es una oficina de la Procuración General de la Nación, elaboró en forma reciente un documento sobre la consolidación del fenómeno del TCC, cuyos miembros o adherentes que se dedican a seguir, y a veces a emular, a los perpetradores de homicidios masivos. Justamente lo que advierte el paper es el desarrollo de una subcultura integrada por comunidades digitales radicalizadas, que producen narrativas que sitúan a los que cometen este tipo de delitos como figuras admirables o a imitar.

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