El ministro de Defensa, Luis Petri, enfrenta un nuevo frente de cuestionamientos tras el intento de desprenderse de 13.000 hectáreas del Ejército en La Calera, Córdoba. Mientras tanto, lidia con denuncias por mala gestión, sospechas de corrupción y su doble rol como funcionario y candidato.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
Un negocio inmobiliario que sacude al Congreso
La noticia del plan para vender 13.000 hectáreas en La Calera encendió las alarmas en el Parlamento. Se trata de un área de altísimo valor inmobiliario, rodeada de barrios privados y emprendimientos de lujo, que podría transformarse en una mina de oro para algunos sectores… pero en un golpe patrimonial para el Estado.
El diputado del PRO Oscar Agost Carreño pidió formalmente que el ministro explique los motivos de la operación, advirtiendo que nunca fue oficializada y que hay serias dudas sobre su trasfondo. El interrogante que atraviesa a los bloques legislativos es evidente: ¿qué beneficio real tendría el Estado desprendiéndose de tierras estratégicas de las Fuerzas Armadas en una zona tan codiciada? La sospecha de una privatización encubierta, bajo el discurso de “optimización de recursos”, gana terreno en los pasillos del Congreso.
Un ministerio con demasiadas sombras
El conflicto por las tierras, señalan desde EnOrsai, no es un hecho aislado. Petri ya carga con otros frentes que golpean su gestión. La obra social de las Fuerzas Armadas atraviesa un colapso financiero que los propios altos mandos militares atribuyen a la mala administración del área.
A esto se suman las investigaciones sobre contrataciones con la droguería Suizo-Argentina, en las que se analizan posibles irregularidades dentro del ministerio. Todo ocurre mientras el funcionario mantiene una doble agenda: la de ministro de Defensa y la de candidato a diputado por Mendoza, un cruce de intereses que erosiona todavía más su credibilidad.
Riesgo patrimonial y golpe político
La polémica venta de La Calera promete calentar el debate parlamentario. Distintos bloques ya exigen explicaciones detalladas y alertan sobre el riesgo de desprenderse de bienes militares en beneficio de privados.
Lo que está en juego no es solo el patrimonio del Ejército. También se discute la transparencia en un ministerio que acumula denuncias por todos lados y que parece más enfocado en operaciones políticas que en cuidar los recursos del Estado.
Un ministro en el ojo de la tormenta
En este escenario, la figura de Luis Petri aparece tambaleante, atrapada entre sospechas, crisis institucionales y oportunismo electoral. Lo que debería ser una conducción clara y una defensa firme del interés nacional se convierte en un terreno plagado de negocios opacos y conflictos de interés.
La credibilidad del gobierno de Milei se resiente con cada nueva polémica que golpea al Ministerio de Defensa.
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El caso de corrupción en el que está implicado el juez rosarino Marcelo Bailaque iluminará en los próximos días una región secreta del poder donde se mezclan la política, el escalón más alto de la Justicia Nacional y los servicios de inteligencia. Es la historia del escribano santafesino Santiago Busaniche. Un hombre que se movió en las penumbras durante 25 años, conocido para todo Comodoro Py decisivo en las designaciones de la Justicia Federal y en el tráfico de favores para construir influencia.
Ex rugbier de la ciudad de Santa Fe, hijo de un médico clínico prestigioso, hermano de un camarista federal de Paraná. Casado con una hija del ex diputado nacional Julio Gutiérrez que es a su vez primo político de Carlos Reutemann, de sagacidad intelectual aguda e históricamente en segundo plano. Estas son algunas contraseñas iniciales de Busaniche, de 50 años, que aparecerá imputado en una causa de extorsión que se investiga en Rosario.
Este trámite penal es el que llevó a que Bailaque esté actualmente en prisión domiciliaria y presentara su renuncia como juez federal hace dos meses. En ella están implicados también el ex director regional de la AFIP Carlos Vaudagna, que se convirtió en arrepentido, y el financista Fernando Whpei.
Los acusan de haber montado a través de un anónimo una causa penal por lavado de activos contra un directivo en Rosario de la aseguradora San Cristóbal, el agente de bolsa Claudio Iglesias. El propósito fue, según el fiscal del caso y el testimonio del damnificado, cobrarle 200 mil dólares al operador bursátil para luego paralizar ese trámite.
Santiago Busaniche será requerido en este caso porque aparece en el teléfono de Vaudagna, que es una delirante caja de pandora de hechos de corrupción. Surge o es aludido por tener intereses en el caso del directivo de San Cristóbal. Eso ocurre en un momento en 2019 cuando dice que habla con “Marcelo” por el caso de Iglesias y pide que aceleren los allanamientos en su contra. Y posteriormente en 2021 cuando a Iglesias le dan la llamativa falta de mérito tras imputarlo. Para que eso pase Busaniche gestiona, con sus influencias, que en la AFIP tramiten un informe desincriminante en favor del imputado.
En el momento que se inició la causa penal contra Iglesias había un proceso electoral en San Cristóbal. La presunción es que había algo por lo que querían sacar de carrera a Iglesias quien se presentaba como candidato a presidir la aseguradora. No está claro por qué motivos o por directiva de quién. Sí que se tramó con ese propósito un proceso de total apariencia dolosa.
Por estos hechos el fiscal Juan Argibay Molina, de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac), solicitó en febrero pasado el secuestro del teléfono de Busaniche. El juez federal de garantías Eduardo Rodrígues da Cruz lo negó y le solicitó que amplíe la fundamentación de la medida para habilitarla.
El ex juez Marcelo Bailaque
La de Busaniche es la historia de un hombre culto que con encanto y carisma se edificó como un operador free lance en la cumbre nacional de la administración de Justicia. Su suegro Julio Gutiérrez lo ubicó en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe en los años 90, cuando en la provincia gobernaba su primo Carlos Reutemann. Julio Gutiérrez era mano derecha en la Legislatura de Lole.
Desde allí Busaniche empezó a viajar a Buenos Aires para recaudar fondos para las campañas políticas del peronismo santafesino. Para ello cuentan en la capital de la provincia que fue crucial para él un apoderado de ferrocarriles vinculado a la embajada británica. Este hombre, Arturo Arrizabalaga, como lobista le abrió la puerta de empresarios poderosos a los que invitaba a cenas para obtener ingresos para las campañas.
Busaniche será requerido en el caso Bailaque porque aparece en el teléfono de Carlos Vaudagna, que es una delirante caja de pandora de hechos de corrupción
A fines de los 90, cuando Jorge Obeid habilitó registros para escribanos, obtuvo uno y empezó a hacer trabajos notariales para bancos. Renunció entonces a la Defensoría del Pueblo. Se acrecentó su relación con el PJ y el mundo judicial a través de Carlos Carranza que era ministro de Gobierno de Reutemann.
Cuando pusieron preso a Menem merced a esas relaciones políticas lo empezó a visitar en Buenos Aires durante su detención. Sin levantar notoriedad generó relaciones públicas copiosas. Pero fue concluyente para su influencia en la Justicia Federal haber conocido a Héctor Daniel Marchi. Este era un ex concejal de Rafaela a quien el también oriundo de esa ciudad Ricardo Lorenzetti eligió e impulsó como administrador general de la Corte Suprema de la Nación. Marchi fue desplazado en 2023 de ese cargo por decisión de la Corte con la única resistencia de Lorenzetti que con vehemencia y en soledad defendió su continuidad.
Busaniche y Marchi fueron presentados a su vez por el abogado rafaelino Guillermo Zenklusen que está imputado en la causa junto a Bailaque. En los tribunales federales de Santa Fe, en Rosario y en Comodoro Py señalan que a partir de esa relación privilegiada con Marchi, Busaniche fue gravitante para colonizar con nombramientos sin concursos el Poder Judicial y también para gestionar ascensos. Tanto de jueces, secretarios, o de familiares o allegados de estos.
En su carrera vertiginosa también armó su entrada con Javier Fernández que fue operador judicial del kirchnerismo y al que se reconocen vínculos estables con el mundo de los servicios.
Carlos Vaudagna
En esos sótanos Busaniche ganó también de modo inorgánico conocimiento y protagonismo. Los profundizo porque su capacidad de moverse fue transversal a la política. Se hizo lugar con otros operadores del macrismo como Daniel Angelici y César Martucci.
“Santiago es el número uno de la agrupación. Le hacemos caso en todo”, le atribuyen haber dicho al último. Su capacidad venía de prevalecer en designaciones, ascensos pero también en la orientación de decisiones judiciales para lograr resoluciones, gestiones que no eran gratuitas.
En Rosario muchas veces influyó a jueces históricos. Y le adjudican una relación con el polémico juez federal Gastón Salmain, ahora con un proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura, órgano donde también gestó colocaciones. “Ubica, vende y cobra por lugares en la estructura judicial”, dicen a LPO abogados y funcionarios que transitan claustros judiciales.
En los tribunales de Retiro es conocido por muchos magistrados con los cuales ha mantenido relaciones personales, en encuentros en Happening en Puerto Madero o en el Florida Garden con alguno de ellos, junto a dirigentes políticos de Santa Fe y de escalones nacionales.
La posible debacle de este abogado y escribano produce incertidumbre y temor en un amplio círculo de personas a las que favoreció. También la estela de relaciones que pueden ventilarse en los Tribunales Federales de Rosario cuando se den a conocer las escuchas que sacarán a Busaniche de su cuidado lugar en las sombras.
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