Pesar por el fallecimento del exintendente Vazzana

 

Es el día después de la captura de Nicolás Maduro. Donald Trump da una breve entrevista telefónica a The Atlantic. No deja lugar a dudas: lo de Venezuela no abre una transición democrática. Tampoco reconoce a Delcy Rodríguez como autoridad real. “Nosotros estamos a cargo”. El presidente de Estados Unidos fija el marco: Venezuela es un protectorado donde el petróleo, las carreteras, los puentes, las elecciones y hasta el ritmo de la violencia quedan bajo la órbita de Washington. Llama al hemisferio occidental “nuestro patio trasero”, promete “arreglar países rápido”, imponer “acceso total” a recursos estratégicos y advierte que quien no obedezca enfrentará algo “peor” que Maduro. 

Trump habla desde su club de golf en West Palm Beach, de excelente humor, y le aclara al periodista que Venezuela puede no ser la última intervención estadounidense. “Necesitamos a Groenlandia”, dice sobre la isla que pertenece a Dinamarca, aliado de la OTAN. El día anterior había amenazado a los presidentes de Colombia, México y Cuba. No mencionó en ningún momento a China. Ese es el significante ausente, lo real no dicho: con Trump no hay medias tintas; cuando no nombra algo, es porque ahí está el corazón del asunto.

En su primer año de regreso a la Casa Blanca, Trump desplegó en América Latina una política exterior pendenciera a cielo abierto y sin tapujos. Espectacularidad punitiva, disciplinamiento a países, tutelajes a aliados presentados como recompensas, acuerdos precarios y de servilleta y alineamientos forzados. Impuso aranceles a México mientras exigía control de su política migratoria e intervención militar contra los cárteles; recibió a Nayib Bukele en la Casa Blanca que acogió a los inmigrantes deportados en sus cárceles; endureció sanciones y aranceles a Nicaragua; castigó a Brasil con aranceles y sanciones contra el juez Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal —luego retiradas— mientras negoció alivios a cambio de acceso a minerales críticos; en Honduras indultó a Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a prisión perpetua por narcotráfico, y respaldó abiertamente al candidato opositor Nasry Asfura que hoy es presidente electo.

La lista continúa. Exigió a Panamá la salida de empresas chinas del Canal tras amenazar con anexarlo; retiró el reconocimiento a Colombia como socio en la “guerra contra las drogas” y sancionó al presidente Gustavo Petro; en Argentina otorgó un rescate financiero estratégicamente sincronizado para respaldar a Javier Milei antes de las elecciones legislativas; activó un bloqueo petrolero contra Venezuela con impacto directo sobre Cuba, a la que volvió a designar “Estado patrocinador del terrorismo”. Y el 3 de enero, tras 35 ataques previos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que dejaron 115 ejecuciones extrajudiciales, ordenó el primer bombardeo estadounidense contra un país sudamericano, Venezuela, y capturó a Maduro. El emblema “Nuestro hemisferio” sintetiza el ideal y el proyecto: una región de Estados vasallos gobernados por premios, castigos y tutela directa de Washington.

Este ejercicio descarnado del poder de Trump tiene una inspiración. “Todo se remonta a la Doctrina Monroe. (…) Ahora la llaman el Documento Donroe”, señaló  en la conferencia de prensa del 3 de enero. El paso de Monroe a Donroe no es un simple juego verbal, sino el síntoma de algo más profundo: el llamado “Corolario Trump” no revive la doctrina proclamada en 1823 por el presidente James Monroe, la desfigura y la amplifica, revelando la fascinación del presidente por la política exterior estadounidense del siglo XIX y su creencia de que aquel mundo de esferas de influencia rígidas y jerarquías imperiales puede ser restaurado en pleno siglo XXI.

La Doctrina Monroe, enunciada dos siglos atrás como una advertencia defensiva y preventiva frente a la posible recolonización europea en un contexto de tensiones con Rusia en el noroeste de América del Norte, la restauración monárquica impulsada por la Santa Alianza y el temor a que esas potencias extendieran su control sobre una América Latina recién independizada, fue durante décadas más una declaración simbólica que una política ejecutable. Cuando el Reino Unido ocupó las Islas Malvinas en 1833 violó esta doctrina –pese a las protestas de Argentina— y Estados Unidos se limitó a observar, dejando que Londres consolidara su control.

Tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 y, sobre todo, a partir del bloqueo europeo a Venezuela en 1902, Washington pasó de intentar evitar interferencias externas a arrogarse el derecho de intervenir activamente para “corregir” a los países de la región. Este giro se cristalizó en el Corolario de Teodoro Roosevelt de 1904, que legitimó la intervención militar ante “conductas incorrectas” o incumplimientos financieros, convirtió a Estados Unidos en gendarme hemisférico, abrió la puerta a más de treinta intervenciones entre 1898 y 1934, se enlazó con el mito del destino manifiesto —la creencia de que Washington está destinado a una expansión continental y a dominar el hemisferio entero—, y transformó la vieja advertencia a Europa en un dispositivo ofensivo de tutela y disciplinamiento regional, frente al cual surgieron respuestas como la doctrina Drago en defensa de la soberanía latinoamericana (1).

Trump recicla el mismo espíritu de cruzada (2). Admira al Corolario Roosevelt, pero adaptado a la competencia con China: América Latina es un espacio donde Estados Unidos debe impedir la expansión de un rival estratégico. Es una versión contemporánea del “América para los norteamericanos”, ahora formulada como “el hemisferio es parte de nuestra seguridad nacional”. En la nueva Estrategia de Seguridad Nacional —publicada en diciembre de 2025—, la región aparece más subordinada que nunca a la rivalidad con China: no es prioritaria por sí misma, sino por su valor económico, energético, migratorio y geopolítico para sus competidores. El lenguaje de democracia y derechos humanos se desvanece y es reemplazado por una gramática de ventaja económica, control de recursos estratégicos, seguridad fronteriza y alianzas transaccionales. Frente a otros documentos de las últimas décadas, la versión 2025 es abiertamente mercantilista, unilateral y jerárquica: América Latina ya no es un socio a promover, sino una frontera inmediata de seguridad nacional.

Respecto del ciclo Clinton–Obama, el quiebre es triple: primero, una desideologización liberal que sepulta el discurso de “valores compartidos”; segundo, el reemplazo de la cooperación por el transaccionalismo condicionado, donde Washington premia a los países “capaces y confiables” que abran mercados y recursos; tercero, la regionalización de la competencia con China, que convierte cada iniciativa latinoamericana en un test de alineamiento —si favorece o limita la penetración china en tecnología, energía, minerales críticos o puertos—. De allí se desprenden tres prioridades: contener y desplazar la influencia china en sectores estratégicos (infraestructura, 5G, minerales, energía); reconfigurar los vínculos económicos en favor de empresas estadounidenses, mediante acuerdos bilaterales de nearshoring (relocalización de cadenas de valor dominadas por Washington y definidas por proximidad geográfica) y energía; y blindar la seguridad interna, reforzando control migratorio y presión sobre gobiernos considerados inestables u hostiles. No hay ambición de reconstruir instituciones regionales ni de revitalizar la cooperación: el nuevo esquema apuesta a alineamientos selectivos, puntuales y transaccionales, instrumentalizando antagonismos en la región y obstruyendo mecanismos regionales autónomos —como la CELAC— para sostener la hegemonía hemisférica.

Trump se propone tejer una red de subordinados regionales —gobiernos MAGA o no MAGA— dispuestos a habilitar la injerencia en sus políticas internas para alinearlas con los intereses estadounidenses. La estrategia premia a gobiernos, partidos y movimientos que aceptan este marco y no descarta pactos instrumentales con actores ideológicamente disímiles si garantizan control territorial, seguridad y cadenas de valor. La prioridad ya no es la democracia, sino una estabilidad “cómoda y tolerable” y la disciplina geopolítica del patio trasero frente a China. 

En paralelo, impulsa un repliegue militar global para concentrarse en el hemisferio, refuerza la Marina y la Guardia Costera y pone en operación un comando hemisférico de facto y unificado en reemplazo del Comando Sur. Despliega por primera vez casi un tercio de su flota naval en el Caribe para atacar embarcaciones supuestamente “narcoterroristas” en el Pacífico y el Caribe; aplica diplomacia económica con acuerdos basados en premios y castigos para relocalizar cadenas de valor y favorecer a empresas estadounidenses y bloquear competidores; y multiplica intercambios de defensa que incluyen ventas de armas, inteligencia y coordinación sobre políticas migratorias y de seguridad. 

En conjunto, el Corolario Trump redefine a América Latina como un “espacio tutelado”, subordinado a la preeminencia de Estados Unidos, erosionando el principio de igualdad soberana: reconoce el fin del momento unipolar, asume que Washington ya no puede —ni quiere— ser hegemón global y opta por una hegemonía hemisférica explícitamente transaccional.

En una reciente investigación, Bradley Nelson (2025) señala que la política exterior de Trump se apoya en las esferas de influencia, entendidas como regiones, o partes de regiones, en las que las grandes potencias ejercen una influencia significativa —diplomática, económica y militar— sobre las políticas exteriores de otros Estados y, en ocasiones, sobre sus procesos internos. Las grandes potencias buscan estas esferas por los beneficios estratégicos que proporcionan o potencian, como recursos, materias primas, zonas de amortiguamiento, capacidades de proyección de poder y seguridad. (3)

Nelson sostiene que la Casa Blanca persigue activamente una doctrina de predominio estadounidense en el hemisferio occidental, al tiempo que se retrae de la mayor parte del resto del mundo, cediendo esas áreas al expansionismo de Rusia y China, a cambio de relaciones bilaterales más calmas. El efecto es que Estados Unidos debilita y abandona el orden occidental surgido tras la Segunda Guerra Mundial, que dio lugar a numerosas instituciones, normas y reglas internacionales y que ayudó decisivamente a sostener dicho sistema, en favor de un mundo tripolar —Estados Unidos, Rusia y China— dominado por el poder, la fuerza y la coerción.

Según esta lógica, Estados Unidos reclama exclusividad sobre el hemisferio occidental —Rusia y China no se meten en Venezuela— y, a cambio, asume implícitamente que no intervendrá directamente en los espacios vitales de sus rivales —Ucrania para Rusia, Taiwán para China—, un esquema en el que cada gran potencia aspira a ser hegemón regional y a impedir que otros lo logren. América Latina se configura así como el área de influencia natural de Estados Unidos, equivalente a lo que Rusia reclama en Eurasia o China en su periferia marítima. Aunque la idea parece sencilla, resulta paradójica: se trataría de un trueque geopolítico de esferas que se perciben como territorios cerrados en un mundo globalizado, atravesado por redes económicas, tecnológicas y financieras interdependientes.

La Nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NES) de 2025 plasma estas prioridades, situando al Hemisferio Occidental en el epicentro de atención. Allí, el discurso oficial apunta a drogas y migración, pero la preocupación real es China, incluso más que Rusia, mientras se minimiza el apoyo directo a los aliados europeos. Aunque el documento no lo diga, este reordenamiento encaja con la tesis del académico realista John Mearsheimer en The Tragedy of Great Power Politics (2001): Estados Unidos es el único hegemón regional de la historia y busca impedir que otras grandes potencias dominen sus propias regiones, lo que establece un orden de prioridades: primero el Hemisferio Occidental, luego Indo-Pacífico, después Europa, más lejos Oriente Medio y, al final, África (4).

En coherencia con este marco, la NES exige restaurar la “preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental” y bloquear cualquier intento de competidores extrahemisféricos de controlar activos estratégicos: el hemisferio es “nuestro” y Estados Unidos se reserva el derecho exclusivo de protegerlo. En el Indo-Pacífico, China se reconoce como rival sistémico, pero su contención se plantea como una responsabilidad compartida, presionando a Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia e India para aumentar gasto militar y cooperación. De este modo, la NES no describe, como hacía Mearsheimer, una posición de poder ya consolidada, sino que prescribe cómo debería mantenerse. Sin embargo, no pareciera que este diseño de hegemonía hemisférica rígida, combinado con la externalización de costos en Asia y Europa, pueda sostenerse en un mundo cada vez más policéntrico y post-occidental.

Como reconoce el propio Mearsheimer, su tesis, el “realismo ofensivo”, no es una creación propia: sus raíces se remontan a la Primera Guerra Mundial y a G. Lowes Dickinson, cuando la disciplina de Relaciones Internacionales surge al calor de la Liga de las Naciones. Parte de la premisa de un sistema internacional anárquico, en el que todos los Estados poseen capacidades ofensivas, desconocen las intenciones de los demás y priorizan la supervivencia, lo que los impulsa racionalmente a maximizar su poder relativo. Predomina así un sesgo revisionista: las potencias insatisfechas tienden a iniciar conflictos porque quienes ganan pueden aspirar a la hegemonía. De esta lógica se deriva que el objetivo óptimo sea convertirse en hegemón regional e impedir que otros lo logren, mediante guerra preventiva y control de esferas de influencia, entre otras herramientas. El conflicto no aparece como una anomalía moral, sino como una consecuencia estructural del sistema (5).

Esta doctrina del control de esferas de influencia surge primero como práctica histórica de las grandes potencias y luego se teoriza en el marco del realismo clásico de Hans Morgenthau y el realismo ofensivo de Mearsheimer. Su origen moderno se remonta al siglo XIX, cuando imperios europeos y Estados Unidos comienzan a dividir el mundo en zonas de primacía reconocida: el Concierto de Europe tras 1815, la Doctrina Monroe en 1823, la expansión británica en el Índico y el reparto colonial de África en Berlín en 1884-85. Estas esferas no eran sólo territoriales, sino que implicaban control político, financiero, comercial y militar, bajo la premisa de que cada gran potencia debía contar con un “espacio vital” libre de rivales. Durante la Guerra Fría, esta práctica se institucionaliza: el bloque soviético en Europa del Este y la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental son ejemplos canónicos de esferas de influencia reconocidas de facto.

Para América Latina, el regreso de esta biblia realista ofensiva significa aceptar que no hay lugar para la autonomía de los estados más débiles, ni para el multilateralismo ni para el derecho internacional que pudiera protegerlos. De acuerdo con Mearsheimer, “a Estados Unidos le conviene ser la única potencia hegemónica regional del mundo. No queremos que ningún otro país domine su continente, porque así podrían incursionar en el nuestro sin preocuparse por la geopolítica de su entorno”. Rige entonces la ley del más fuerte.

Aunque Trump pareciera actuar sin freno, la doctrina de las esferas de influencia enfrenta hoy límites estructurales. Su eficacia se reduce porque el orden internacional ya no es solo territorial, sino económico, tecnológico y planetario: las cadenas de suministro globales y la digitalización hacen casi imposible “cerrar” una región frente a un actor externo. A esto se suma la falta de reconocimiento mutuo global: Estados Unidos no respeta la “zona de seguridad” rusa, China no acepta la primacía estadounidense en su periferia marítima y Washington rechaza la presencia china en América Latina. Sin este acuerdo tácito, la doctrina funciona de manera unilateral, generando fricciones y rivalidades más que estabilidad. La estrategia de Trump combina la herencia de la Doctrina Monroe con la lógica moderna de esferas de influencia, pero aplicada a un mundo donde las “zonas exclusivas” son disputadas, porosas y difíciles de sostener; por eso, su viabilidad práctica resulta, en el mejor de los casos, severamente limitada.

Por otro lado, existen costos inevitables. Mantener a las grandes potencias fuera del hemisferio occidental es complicado: varios gobiernos latinoamericanos pueden buscar cooperación con China, Rusia u otras potencias, aún sin intenciones de desafiar la hegemonía estadounidense. Concentrar recursos en dominar América Latina podría limitar la capacidad de Estados Unidos para contrarrestar rivales en otras regiones y generar resentimiento regional. La estrategia corre el riesgo de transformarse en un auténtico pantano estratégico, donde la búsqueda de estabilidad sin incentivos —“accesos sin zanahoria”— ni consensos termina por socavar la propia preeminencia de Estados Unidos.

Si bien las potencias buscan estas zonas para protegerse de rivales cercanos, la lógica clásica puede generar dilemas de inseguridad, efectos de escalada, división de bloques enfrentados, alineamientos cruzados y antagonismos irreconciliables. La concepción tradicional de esfera, pensada como control territorial, se ve tensionada por una globalización fragmentada que limita la legitimidad de cualquier intento de dominio exclusivo. Se trata de una doctrina mal envejecida, estructuralmente insuficiente para sostener una cruzada eficaz contra China en el siglo XXI. La interdependencia económica erosiona la lógica territorial clásica. A diferencia de la Guerra Fría, China no necesita bases militares en el hemisferio occidental para influir: controla nodos críticos de comercio, financiamiento, tecnología e infraestructura a través de cadenas de valor globales. Las esferas concebidas como zonas geográficas cerradas resultan inoperantes frente a redes transnacionales de producción, finanzas y datos.

Además, la doctrina sobrestima la coerción unilateral. Parte de la premisa de que un hegemón regional puede excluir rivales de su área vital, pero hoy los Estados medianos tienen mayor margen de maniobra que en el siglo XIX o la Guerra Fría; México, Brasil, Argentina, Colombia o Chile pueden diversificar alianzas y negociar entre potencias rivales, practicando diplomacia de “hedging” (cobertura) o de equilibristas con agencia propia, aprovechando oportunidades de ambas potencias. Exige más de lo que puede, pues padece de un déficit de legitimidad: la doctrina presupone obediencia, pero en contextos democráticos, poscoloniales y policéntricos, donde la imposición externa genera resistencia, desgaste de élites aliadas y costos reputacionales crecientes.

En suma, se trata de una práctica que privilegia el poder duro y subestima el poder blando y la gobernanza. China compite no solo con coerción, sino con financiamiento, infraestructura, transferencia tecnológica, promesas de desarrollo y respaldo a espacios multilaterales; la mera negación de accesos no genera alternativas creíbles ni reemplaza el atractivo estructural de Pekín. La lógica de la hegemonía regional asume, además, que Estados Unidos puede replegarse sobre su hemisferio y externalizar costos en otras regiones, cuando la competencia con China es sistémica y simultánea: atraviesa Asia, América Latina, África, Europa y el ciberespacio. En este contexto, no existe “retaguardia segura” en un orden global poblado por actores estatales y grandes empresas tecnológicas con alcance transnacional y con riesgos de escala planetaria.

La cruzada estadounidense contra China no fracasa por falta de voluntad geopolítica, sino porque intenta librarla con manuales del siglo XIX y buena parte del XX —inflación de amenazas, intervenciones cruentas, tutelajes y ahora bombardeos, invasiones e imposición de protectorados— frente a un competidor que opera con redes, interdependencias y penetración capilar del siglo XXI. Resulta casi irónico que, al seguir al pie de la letra el manual del realismo ofensivo —mantener a Estados Unidos como amo absoluto del hemisferio occidental y vigilante de que ningún rival domine otra región—, Washington acabe atrapado en su propio pantano, incapaz de cumplir cualquiera de las dos metas.

La entrada Un nuevo mapa para el patio trasero se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

El Congreso estadounidense emitió un durísimo informe sobre la economía argentina que explica por qué la administración de Donald Trump todavía no habilitó los fondos que Scot Bessent le habría prometido al gobierno de Javier Milei para el salvataje financiero.

Con fecha del 30 de diciembre pasado, el documento del Congressional Research Service, un espacio equivalente a la Oficina del Presupuesto del Congreso argentino, señaló una serie de dificultades acerca de la solvencia del Estado local para hacer frente a los compromisos del frente externo.

Bajo el título «US Financial Support to Argentina», los técnicos del parlamento norteamericano advirtieron que Argentina tiene dificultades para estabilizar la moneda y que padece fragilidad cambiaria pese a las reformas de la experiencia libertaria. Además, señalan que la defensa del tipo de cambio mediante ventas de divisas no es sostenible en el tiempo, existe alta dependencia del apoyo externo y, por eso, hay «hipótesis de default».

En uno de sus párrafos, los autores del informe, Joshua Klein y Rebecca Nelsson, plantean que el país «probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como si incumplir su deuda por décima vez o permitir más flexibilidad en el valor del peso».

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Ese fragmento aparece en la página 7 del texto. «La principal fuente de divisas de Argentina es el saldo restante de su línea de swap de divisas con Estados Unidos», dice en su primera oración de ese párrafo, mientras que en la segunda plantea que «Argentina no cuenta con un superávit comercial sólido que genere entradas de divisas». «Si el gobierno de Milei se encuentra sin suficientes divisas para hacer los pagos de su deuda y sostener sus objetivos de política cambiaria, probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como por ejemplo dejar de pagar su deuda por décima vez o permitir más flexibilidad en el valor del peso», plantea a continuación.

El informe dice que ante tal escenario, el gobierno «podría buscar apoyo financiero adicional de Estados Unidos, el FMI u otros prestamistas oficiales». «Las perspectivas de obtener dicho apoyo son inciertas», admite el informe, ya que asegura que la disposición del FMI a brindar apoyo adicional a Argentina es cuestionable dado el nivel de exposición que enfrenta a Argentina en comparación con otros gobiernos de su región.  

Por eso, el director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Topo Rodríguez, tuiteó que «la economía de Milei se bambolea entre el default y una bruta devaluación». «Mientras el mundo mira a Venezuela, una oficina técnica del Congreso de los Estados Unidos puso el ojo en la economía argentina y, entre otras conclusiones, ya advirtió que el programa de Javier Milei y Toto Caputo podría enfrentarse a un ingrato dilema: caer en default o ejecutar una fuerte devaluación», explicó.

El CRS es un organismo técnico, integrado por especialistas que ofrecen asistencia con sus trabajos a legisladores y comisiones legislativas, al igual que la Oficina del Presupuesto en Argentina.

Mientras el mundo mira a Venezuela, una oficina técnica del Congreso de los Estados Unidos puso el ojo en la economía argentina y, entre otras conclusiones, ya advirtió que el programa de Javier Milei y Toto Caputo podría enfrentarse a un ingrato dilema: caer en default o ejecutar una fuerte devaluación.

Tal como afirma el ex diputado Rodriguez en X, el propósito de este informe, publicado al cierre de 2025 y tapado por las repercusiones políticas de la incursión estadounidense en Venezuela, «fue informar y asistir al Congreso norteamericano en la evaluación del apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina (en particular el swap de monedas y otros mecanismos), así como los riesgos, beneficios y alternativas vinculados a ese apoyo».

Según Rodríguez, la bifurcada entre el default y la devaluación «se trata de la advertencia más dura de todo el informe: si no se consiguen dólares suficientes, el gobierno podría verse forzado a un nuevo default o a una devaluación más profunda».

El documento del CRS pondera, de todas formas, las mejoras en indicadores macroeconómicos, las reformas de Milei y, como es de esperar, el rescate de Estados Unidos para la «credibilidad» del programa. También reconocen el triunfo libertario en las elecciones de medio término.

La diputada Julia Strada, por su parte, le dijo a LPO que «el documento refleja que el acuerdo del swap tiene que pasar por el Congreso norteamericano», algo que está en línea con las demendas de la oposición peronista en Argentina. Según la legisladora de Fuerza Patria, los técnicos estadounidenses «le dan tres opciones a Donald Trump: se aprueba o no el swap en el Congreso, se hace un descubrimiento de la información que hasta ahora ocultaron ambos gobiernos o se reduce el plazo o se limita el monto».

Al cierre de esta nota, el gobierno no había emitido comentarios sobre el documento de los técnicos parlamentarios de Washington.

 

Una nueva edición de la Feria Raíces en Los Gansos Restó se suma a las actividades de ‘Vendimia Celebra 2021’ durante el próximo fin de semana a partir de las 18 horas. El domingo 14 la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina estará presente con un espacio para degustación y la posibilidad…