Durante esta mañana un grupo de empleados municipales se capacita sobre la ley Micaela en el marco de la Ordenanza N° 028/2020 y la Ley Nacional N° 27.499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
De esta manera se da continuidad a la capacitación iniciada a mediados de este año. En este caso, la actividad se desarrolla en el polideportivo Cumelen.
La diputada Kelly Olmos elaboró un proyecto de reforma laboral alternativo al que dictaminó el oficialismo en el Senado a fines de diciembre, con el propósito de salvar los derechos de los trabajadores que la iniciativa amaga con barrer y bloquear el agujero fiscal sobre la coparticipación y las arcas de ANSES con el fondo de indemnizaciones.
La exministra de Trabajo reunió las firmas de sus pares Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Juan Pablo Luque, Emir Félix y Pablo Todero pero, al cierre de esta nota, no había logrado eco en La Cámpora. Aunque la exfuncionaria les mandó una copia de su proyecto tanto al senador José Mayans como al jefe de la bancada peronista en Diputados, Germán Martínez, legisladores de Fuerza Patria en ambas cámaras comentaron a LPO que todavía no había «una línea clara» sobre la estrategia opositora en este tema.
Olmos cree que «hay que generar un fuerte debate» sobre la reforma y se mostró optimista ante la consulta de LPO: «El mejor elemento es que ellos (por los legisladores libertarios) han intentado impulsarlo diciendo que ya lo aprobaban todo en diciembre pero lo tienen que seguir postergando porque, más allá de sobreactuar el resultado electoral, evidentemente no tienen los votos para garantizar el conjunto del proyecto», explicó.
La legisladora remarcó que el proyecto de Javier Milei «es regresivo desde el punto de vista de los derechos laborales pero también desde el punto de vista fiscal, con un costo enorme para la coparticipación federal».
El proyecto de Olmos y sus colegas peronistas propone «el fortalecimiento de los acuerdos colectivos de trabajo», «la modificación del régimen de corresponsabilidad parental», «el financiamiento bancario de indemnizaciones», «la reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales», «la modernización y el fortalecimiento de la inspección del trabajo», «la creación de comités mixtos de salud, seguridad y prevención de riesgos en el trabajo», «la regulación del trabajo en plataformas digitales» y «la reducción progresiva de las contribuciones patronales en las pequeñas y medianas empresas».
Sin embargo, el trámite parlamentario de la ex ministra habría causado malestar en el bloque liderado por Martínez, después de una jugada similar que ensayaran Michel y Tolosa Paz tendiendo puentes con Miguel Pichetto. «Ahora hay algunos enojados con el proyecto de Kelly pero esto pasa porque en el bloque no se discute nada que no esté autorizado previamente, solo siguen órdenes», apuntó un diputado en referencia a un mecanismo decisorio supervisado por Cristina Kirchner.
Paula Penacca y Germán Martínez.
El planteo reproduce las tensiones previas al recambio parlamentario, cuando los diputados ingresantes en representación de las provincias pretendieron disputarle la conducción del bloque a Martínez y La Cámpora, al tiempo que el peronismo se partió en tres bloques dentro del Senado. Acaso la falta de síntesis frente al modo de oponerse a la reforma laboral no haga más que agudizar ese agrietamiento.
Ya en diciembre, la comisión de Trabajo del PJ le había llevado a la expresidenta una serie de iniciativas que componían una suerte de compendio de ideas de modernización laboral, tal como informó LPO, hasta San José 1111, el edificio donde cumple arresto domiciliario. Una de las impulsoras de esa postura partidaria había sido la diputada Vanesa Siley y algunos de esos puntos guardaban lógica coincidencia con propuestas similares de otros legisladores de extracción sindical, como Sergio Palazzo y Hugo Yasky.
Ahora hay algunos enojados con el proyecto de Kelly pero esto pasa porque en el bloque no se discute nada que no esté autorizado previamente, solo siguen órdenes.
Por eso, desde el cristinismo aseguran sin mayores precisiones que Fuerza Patria irá con dictamen propio al recinto, pese a que Mayans ordenó a su tropa no integrar la comisión donde se dictaminó la reforma laboral en la Cámara Alta. La jugada del formoseño parecía una maniobra para habilitar el camino de una eventual impugnación judicial porque Patricia Bullrich y sus aliados no habían respetado la «proporcionalidad» de las bancas para la integración de las comisiones.
Como sea, el gobierno trazó un itinerario para el tratamiento del proyecto que incluye una posible sesión para el 11 de febrero próximo en el Senado y otra en Diputados, prevista para dos semanas después, si consiguiera la media sanción. Mientras tanto, los legisladores que responden a los gobernadores peronistas se quejan que «no hay línea». «En el bloque nadie discute nada, parece que lo único que importa es la interna del PJ bonaerense», reprochó un diputado kirchnerista.
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La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno de Milei expone una decisión de enorme gravedad política y geopolítica
Por Tomás Palazzo para NLI
La intervención del Puerto de Ushuaia ordenada por la Resolución 4/2026 no puede leerse sólo como un conflicto administrativo entre Nación y provincia: es parte de una redefinición geoestratégica que alinea a la Argentina más cerca de los intereses militares de Estados Unidos, en detrimento de la soberanía nacional histórica sobre su extremo austral y la Antártida. Lo que está en juego no es un muelle, sino el control de rutas marítimas, nodos logísticos y posiciones geopolíticas clave en el Atlántico Sur y el continente blanco.
Antecedentes históricos: puertos, soberanía y el Atlántico Sur
Desde la consolidación del Estado argentino en el siglo XIX, la punta sur del continente fue concebida como una pieza estratégica de defensa y desarrollo nacional. El Puerto de Ushuaia no es un simple aeropuerto marítimo: desde su transferencia de dominio de Nación a la Provincia en 1992, fue administrado con autonomía, con recursos que debían destinarse exclusivamente a su mantenimiento, operación e inversión, tal como estableció el convenio firmado ese año y ratificado por el Poder Ejecutivo provincial. Esa cláusula buscaba asegurar que los ingresos portuarios no se convirtieran en caja fiscal general, sino en un instrumento de soberanía logística en uno de los extremos del territorio argentino.
Pero desde comienzos del siglo XXI, el valor estratégico de Ushuaia fue adquiriendo nuevas dimensiones: no sólo como puerta de salida al Pasaje de Drake y acceso a la Antártida para turismo, ciencia y pesca, sino como punto de interés geoestratégico global, en una región donde los Estados Unidos, China y potencias europeas mantienen vigilancia constante de rutas marítimas y presencia científica o militar.
La Antártida, en particular, es un escenario geopolítico complejo. El Tratado Antártico lo establece como zona de investigación pacífica y prohibe reclamaciones soberanas nuevas, pero la ubicación de bases logísticas en la Patagonia y Tierra del Fuego influye directamente en la capacidad de proyectar presencia en el continente blanco. Incluso iniciativas de cooperación científica y logística antártica han sido utilizadas en discursos oficiales para justificar mayor presencia extranjera en el extremo sur.
La visita de la general Laura Richardson en abril de 2024: un hito político
En abril de 2024, el entonces presidente Milei viajó expresamente a Ushuaia para recibir a la general Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos —una de las estructuras militares más relevantes del Pentágono para América Latina— en lo que constituyó un gesto político de alto valor simbólico y estratégico para Washington y para la agenda de defensa del gobierno argentino.
La visita de Richardson no fue un evento menor o ceremonial: se extendió por varios días en Argentina e incluyó:
encuentros con las máximas autoridades del Ministerio de Defensa;
participación en una ceremonia de donación de un avión C-130H Hercules financiado por Estados Unidos a la Fuerza Aérea Argentina (valorado en decenas de millones de dólares);
la estancia en Ushuaia, donde se definió públicamente la idea de una “Base Naval Integrada” que “convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, según declaraciones oficiales del gobierno argentino al recibir a Richardson.
Ese gesto fue interpretado por analistas y sectores críticos como una señal de subordinación geopolítica, en tanto la reunión no fue simplemente bilateral, sino destinada a consolidar una asociación estratégica ampliada con Estados Unidos en materia militar y logística en el extremo sur.
Ushuaia y el contexto global del Atlántico Sur
La presencia periódica de los comandantes del Comando Sur de Estados Unidos en Ushuaia y la Patagonia —no solo de Richardson sino de su sucesor, el almirante Alvin Holsey— responde a la creciente competencia global por el control de rutas marítimas, recursos naturales y posiciones estratégicas frente al avance de China y otras potencias. El Comando Sur estadounidense ha declarado en múltiples ocasiones la importancia de la región y la necesidad de fortalecer alianzas para contrarrestar lo que perciben como desafíos de actores externos.
Esa estrategia geopolítica tiene múltiples aristas:
Control y monitoreo de rutas marítimas del Atlántico Sur, esenciales para comercio global y acceso antártico.
Posicionamiento logístico y militar en latitudes australes, frente a las crecientes capacidades de otras potencias en la región.
Influencia sobre agendas científicas y de recursos naturales en regiones remotas pero ricas en potencial energético y pesquero.
Todo esto ocurre mientras, en paralelo, potencias como China también han mostrado interés en ampliar su presencia marítima, científica y comercial en la Patagonia y el Atlántico Sur —lo que Washington percibe como una amenaza estratégica.
Una redefinición peligrosa de soberanía
La decisión de intervenir y potencialmente suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia mediante una resolución administrativa, en lugar de un debate político federal o una ley con participación de las provincias, debe leerse como parte de un proceso más amplio de subordinación de la estrategia argentina a agendas de seguridad ajenas. Esto quedó exacerbado por gestos simbólicos durante la visita de Richardson, incluyendo discursos oficiales que enmarcaron la cooperación militar dentro de narrativas de afinidad cultural y geopolítica con Estados Unidos más que de soberanía argentina autónoma.
Conclusión: más que un puerto, una pieza de ajedrez geopolítico
La intervención del Puerto de Ushuaia no es un simple reacomodo administrativo: es la materialización de una geopolítica que redefine el rol de la Argentina en su propio extremo sur. En un mundo donde el Atlántico Sur y la Antártida son cada vez más objeto de interés estratégico, energético y militar de potencias globales, la soberanía se ejerce no solo con discursos, sino con políticas públicas que no pueden ser dictadas por decretos o resoluciones bajo presión de actores externos.
Lo que está ocurriendo en Ushuaia explica por qué sectores políticos, sociales y estratégicos sostienen que esta decisión no sólo constituye un antecedente peligroso en términos constitucionales y federales, sino que pone en cuestión el control soberano de la Argentina sobre posiciones geopolíticas clave del Atlántico Sur y la Antártida.
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