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Personal municipal se capacita sobre la ley Micaela

Durante esta mañana un grupo de empleados municipales se capacita sobre la ley Micaela en el marco de la Ordenanza N° 028/2020 y la Ley Nacional N° 27.499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función en los tres poderes del Estado Municipal.

De esta manera se da continuidad a la capacitación iniciada a mediados de este año. En este caso, la actividad se desarrolla en el polideportivo Cumelen.

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  • El lado B de las apuestas ilegales

     

    Estoy cargando. Sigo. ☘☘☘ Cargo hasta las 20.45. Después de esa hora también pero capaz no respondo muy rápido. Miren estos premios. 

    Captura de un comprobante de Mercado pago por $460.000. 

    Otra captura del Banco Galicia: transferencia enviada $121.000. Transferencia enviada por Carla. 

    Bono de bienvenida. Solo por hoy. 🎰, 💰, 🔥, y ✨. Joker´s, Jewels, hot. 

    Los mensajes, con colores estridentes de fondo, ilustraciones de duendes de la fortuna y gemas, pomposos faraones egipcios o diamantes fulgurantes, se intercalan entre la fugacidad de los estados de Whatsapp y el ritmo galopante del contenido epocal que promete, anclado en el presente, recompensa inmediata. Las cajeras de los casinos online no oficiales despliegan desde sus teléfonos y para sus contactos una estrategia de marketing artesanal en la que se mezclan emojis, eufemismos y comprobantes que intentan mostrar efectividad. Cargar es apostar y jugar, pero las palabras apuestas y juego nunca aparecen en sus publicaciones porque saben que se trata de una actividad ilegal que, en algunos casos, hasta los algoritmos de las redes sociales de mensajería instantánea penalizan. Ellas son el reverso del boom por las apuestas y el juego virtual: en su mayoría, mujeres, madres que crían y cuidan, algunas tienen trabajos con distintos grados de formalidad. Todas encontraron una forma de hacerle frente a la crisis económica y juntar un mango más para subsistir. Muchas de ellas son tías, mamás y hasta hermanas de los pibes que engrosan las estadísticas de adicción a las pantallas y al juego.  

    “Cuando empecé compré la cama para mis nenas, hice refacciones en la casa, cerré un techo del baño que no teníamos y pude hacer las cloacas —dice Carla por videollamada desde algún lugar del partido de La Matanza, al oeste del conurbano—. De las fichas vendidas, ganaba el 25 por ciento. En un día día cargaba 100.000 fichas. En ese entonces la carga mínima era de 100 pesos. Sacá las cuentas. Ahora bajó mucho la cantidad de fichas que vendo, apenas pichuleo para pañales y algo de comida pero me sigue ayudando bastante”. Carla no tiene problema en contar sobre su trabajo, “porque no tengo idea de quién está más arriba”. Sólo reporta a su “administradora”, Vanesa. De todos modos, pide que no salga su nombre verdadero y que se resguarden algunos datos de su identidad. 

    Hace tres años que Carla es cajera de casinos online. Tiene 40 años y dos hijas de dos y nueve años. Desde hace quince años, los fines de semana y feriados trabaja en un empleo formal con jornadas de doce horas en una clínica de salud en el oeste del conurbano. Su marido también trabaja allí como maestranza, pero los días de semana. Con los sueldos de ambos, la familia llega a fin de mes con lo justo. “En una semana de carga muy buena quizás llego a sacar $160.000. Eso sí: estás todo el día con el teléfono, eh. Ahora cobro el 35 por ciento, que es un poco más de cuando empecé, pero hay semanas que no comisiono nada”, advierte. 

    A Carla “cargar fichas” le permite seguir cuidando a sus hijas todos los días. Lo califica como «emprendimiento» y ve su tarea parecida a la de una revendedora, como las clásicas vecinas barriales que antes tocaban el timbre de otra vecina con el “librito” de Avon o los productos de Tupperware. Risueña, enumera los beneficios de ser cajera: “No se invierte nada de plata. Siempre dependes de cuánto juegan los usuarios. Antes tenía uno con el que zafaba siempre. También hay algunos que si ganan, te dejan propina”. Y agrega: “Cobro por semana todos los viernes. Le decimos comisionar. Una vez por semana, por chat, con mi administradora hacemos un reporte de lo que vendí. El premio más grande que pagué fue de 400 mil pesos”, cuenta orgullosa.

    “Para mí es atención al cliente pero al estilo bot porque mandás mensajes automáticos, no tenés que interactuar demasiado, a menos que el cliente tenga un problema específico”, dice Romina, otra cajera de 36 años que es mamá y trabajadora de la salud. A pesar de que operan desde sus casas no lo llaman homeoffice. La cajera es una especie de involución precaria del teletrabajo y, a la vez, una forma de monetización del tiempo destinado a los cuidados.

    “Es que mi mamá está todo el día con el casino”. Mauricio tiene 9 años y vive en Villa Luján, una barriada popular de Quilmes, al sur del conurbano. El año pasado empezó a faltar mucho a la escuela y cuando iba, llegaba tarde. El equipo de orientación junto con las profesionales del programa Envión activaron una intervención para saber qué pasaba y cómo podían acompañarlo. Se encontraron con que su mamá se quedaba dormida porque estaba “toda la noche cargando fichas”. 

    “Están dele que te dele cargar. No hay horarios, no se corta nunca ese trabajo entonces lo hacen todo el día o toda la noche. En Monte, en Villa Luján, casi todos los adultos son cajeros de casino. Están en la casa, pero como están con ese tema , no están al cuidado de los pibes o acompañando algunas cuestiones de cuidado. Están desconectadas”, dice Gisella Viñales, trabajadora social del Equipo Técnico en la subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Municipio de Quilmes. “Los chicos te cuentan que su mamá está cargando o algunos te dicen que apuestan y que es la tía la que le carga las fichas. Entonces es muy difícil trabajar con ellos sobre este tema porque es un adulto de su familia el que les habilita esto”, detalla. En el último tiempo pusieron el foco en el cruce de la salud mental y las pantallas. 

    “Muchos de los chicos que cobran la beca del Envión apuestan la beca entera, que es de $35.000, o una parte. Dicen ‘si mi mamá es la cajera, yo apuesto’. Si ganan, vienen y te lo cuentan. Pero si pierden no te enterás”, agrega. “Para las mujeres el tema de los casinos es un ingreso extra quedándose en la casa. Y te dicen: ´porque con eso yo puedo comprarme tal cosa, pude comprar la comida´. Son estrategias de supervivencia”. 

    Ana Córdoba también es trabajadora social de ese Equipo Técnico. Cuenta esta anécdota: “La otra vez me encontré  con una mamá que hacía tiempo  no la cruzaba en el barrio y me dijo que ella solía salir con su pareja y con el carro a cartonear o a vender cobre. Me decía: ´ahora no estoy saliendo tanto con el carro, ¿vos viste? Estoy con lo del casino y puedo estar en la casa con los pibes ́. Me lo contaba como algo bueno y yo no sé qué es mejor… es poner el cuerpo de otra manera, claro. La calle es compleja, hay un montón de gente que también está haciendo la misma”. 

    Ganamos.net, Mistral, Solo apuestas, Bet 30, Jugabit, Magi, Zeus son algunos de los nombres de las webs para jugar en línea. Son tantas las que se crean todo el tiempo que es difícil mapearlas. Ahí se alojan distintos tipos de juegos: desde slots, del estilo máquinas tragamonedas, ruletas en vivo, pasando por blackjack, baccarat y póker. En 2025, según el informe Global Online Gambling Market, el tamaño de este mercado alcanzó los 130.200 millones de dólares, y aumentará hasta los 143.170 millones de dólares en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10 por ciento.

    “El juego del payasito es el más conocido”, dice Carla y asegura nunca haber jugado. Cajera y juego: asunto separado. En general, las páginas para las que operan son softwares que se compran enlatados. Los agentes y administradores son quienes alquilan ese software, crean los paneles y reclutan a las cajeras en grupos de Facebook y Telegram. La mayoría no están registradas en ningún lado, son franquicias de la ilegalidad.

     —Y no tenés miedo de perder plata, ¿que la página te estafe y no te pague los premios?

     —Una vez perdí 20 mil pesos porque me equivoqué de CBU y le transferí a otra persona, pero por suerte siempre tuve para pagar. Nunca me pasó de no tener para pagar un premio. 

     —Pero, ¿vos sabés que esta actividad es ilegal?

     —No me meto con eso. Yo soy una intermediaria. Apenas tengo mi panel. 

    El mosaico del juego online es complejo porque no hay un único marco legal. Para que un casino sea reconocido en Argentina tiene que tener una licencia otorgada por la Lotería de su provincia. Es decir que el sistema está provincializado. De las 24 jurisdicciones que hay en el país, 17 reconocen el juego virtual y cada jurisdicción decide cómo regular la actividad: cuántos sitios se autorizan, bajo qué requerimientos y con qué controles. En líneas generales, para quienes son usuarios: el sello distintivo de la legalidad es el dominio .bet.ar. Si termina en .com o .net, es probable que sea ilegal.

    El engranaje operativo de los casinos no oficiales tiene a las cajeras como el nexo humano entre el software de apuestas y el apostador. Ellas no son empleadas directas de una gran corporación, sino que trabajan para un «agente» o «distribuidor». “Mi administradora es Vanesa. Ella me armó un panel. Tenía que promocionar Zeus. Yo nunca la vi, no la conozco”, cuenta Carla. Los casinos ilegales operan con sistemas de “paneles de agentes”, que es otro concepto clave en la jerga. Los paneles son una parte interna de la web, de administración simple, donde sólo la cajera puede crear nombres de usuario y contraseñas para los jugadores, cargar créditos (fichas) a esos usuarios, ver cuánto dinero jugaron y cuánto ganaron y «retirar» los créditos del usuario cuando éste quiere cobrar. Es lo que permite llevar un registro de contabilidad pero el dinero real nunca entra al casino. Solo se mueve a través de las billeteras virtuales. 

    Las cajeras se ocupan del primer paso en la cadena: la captación. Quienes regentean estas páginas webs y plataformas necesitan un ejército de cajeras para difundir y captar potenciales clientes sin exponerse a ser perseguidos por los reguladores de esas  plataformas o el sistema de administración de justicia. Estas cajeras promocionan en sus propias redes sociales: Instagram, WhatsApp y Facebook. A modo de anzuelo publican promos, bonos de bienvenida o capturas de pantalla de gente ganando. 

    El cliente/apostador les envía dinero por transferencia, usualmente a través de la billetera de Mercado Pago, y la cajera, que tiene un panel de administración del casino, le crea un usuario y contraseña para jugar, al que le asigna «fichas» o créditos equivalentes al pago. Una vez hecho este movimiento, el apostador puede acceder a los juegos. El usuario juega en una web o app que la cajera le proporcionó sin dejar huellas ni mostrar su identidad ni cuenta bancaria. Si el usuario gana y quiere retirar el dinero, le pide a la cajera que le canjee los puntos. Ella los descuenta del sistema y le transfiere el dinero real de su propia cuenta (o la del agente administrador).

    ¿Por qué alguien recurriría a una intermediaria para jugar? El anonimato es el incentivo. Muchos apostadores prefieren evitar dejar rastros por diferentes motivos: tienen deudas, aparecen en el Veraz, son menores de edad o simplemente no quieren arriesgarse. Las páginas oficiales cuentan con ciertos niveles de comprobación de identidad: piden foto del DNI, una selfie para validación biométrica y cruce de datos con RENAPER. La cajera no pide nada más que un nombre de fantasía para crear el usuario. La relación de cercanía con ellas se basa en el te conozco del barrio o en la red de contactos en común de Whatsapp que los une. 

    Por las regulaciones bancarias, el retiro de ganancias en las páginas oficiales puede tardar entre 24 y 72 horas hábiles. En el caso de las cajeras, el pago es instantáneo y su atención es casi 24×7. Si ganaste a las 2 de la mañana, le escribís, ella te debita los puntos y te transfiere por Mercado Pago en el acto. Esa gratificación inmediata es altamente adictiva y competitiva frente al sistema legal.

    Además de la cooptación, las cajeras hacen un aporte fundamental para que los flujos de transferencia de dinero se dispersen: sus CBUS o CVUS. Basta con bucear apenas en la superficie de Internet por los grupos de Facebook o Telegram donde se reclutan cajeras. Ahí aparecen publicaciones en las que se usan eufemismos como Busco personas con cuenta activa o Alquilo CVU. Así como las aplicaciones de autos como Uber trasladan al chofer el riesgo del capital, el auto, el seguro, el choque, los casinos ilegales trasladan a la cajera el riesgo legal y financiero (la cuenta bloqueada, la denuncia penal, el reclamo del apostador).

    El riesgo que enfrentan las cajeras es latente y tácito: si el agente desaparece o la plataforma cae, la cara visible frente al apostador son ellas. Ponen su CBU o CVU y su nombre en cada transacción. En Argentina, desde 2016 la facilitación de juego de azar ilegal está tipificada en el artículo 301 bis del Código Penal: “Será reprimido con prisión de tres años y seis meses a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar por medios digitales, sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”. 

    Al igual que las mulas en el ámbito del narcotráfico, las mujeres que transportan sustancias ilegales entre sus ropas o en sus cuerpos, las mulas de los casinos online truchos ponen el cuerpo, sólo que, en los territorios digitales, ese poner el cuerpo es el CBU o CVU. Las cajeras arriesgan su identidad financiera al poner su cuenta personal (Mercado Pago, bancos digitales) para que circule dinero, en algunos casos de origen no declarado.

    Si quedan pegadas en una investigación más grande que va detrás de los casinos ilegales, quedan marcadas en el sistema financiero y pierden su única herramienta de bancarización para su vida cotidiana.

    Son el eslabón más débil de la cadena y el más fácil de rastrear para los investigadores judiciales de la Unidad de Información Financiera (UIF) y las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia: en las denuncias el primer nombre que aparece es el de la dueña de la cuenta donde el apostador transfirió. Los dueños del software y los grandes distribuidores están ocultos tras servidores en el exterior. Al igual que en el mercado de venta de drogas, la mula es la que cae primero.

    Desde la perspectiva de la investigación judicial y el ámbito de ciberseguridad, el rol de las cajeras se emparenta al término mulas bancarias o money mules y es el que aparece para describir su rol en el esquema financiero.

    En la jerga de la industria bancaria y las investigaciones de lavado de activos, el movimiento de dinero que permiten las cajeras se conoce como pitufeo. O en inglés: smurfing.​ Consiste en dividir una gran transacción financiera en varias más pequeñas con ayuda de cómplices para pasar desapercibido del escrutinio por parte de los entes de regulación o la justicia. Muchas de estas mujeres que operan como cajeras para sobrevivir no saben que las billeteras virtuales tienen algoritmos que detectan cuando una cuenta de un particular empieza a recibir muchas transferencias diarias de montos chicos.

    En los últimos dos años hubo algunos megaoperativos contra plataformas como «Celuapuestas» o «Ganamos.net» que tuvieron cobertura mediática. Estas investigaciones revelaron que detrás de la interfaz de colores estridentes, diamantes, duendes y brillos hay una arquitectura diseñada para el lavado de activos. En una causa reciente en la provincia de Buenos Aires, la Justicia detectó que una red de cajeras no sólo operaba el juego, sino que funcionaba como una gigantesca lavandería capilar: miles de transferencias diarias de montos bajos que, sumadas, permitían a los dueños del software blanquear millones de pesos a través de cuentas de mujeres de barrios populares que, a cambio de una comisión, entregaban su identidad financiera.

    En operativos realizados en las provincias de Salta y Córdoba en 2025, la justicia ordenó el bloqueo de más de 250 cuentas bancarias y billeteras virtuales. Muchas de las imputadas declararon bajo la misma lógica que Carla: «Es un emprendimiento». Sin embargo, para el Código Penal, el flujo de dinero no declarado que pasa por sus cuentas las convierte en coautoras de una asociación ilícita, dejándolas inhabilitadas para tener una cuenta sueldo o acceder a un crédito formal.

    El caso de la red «Las Únicas» en Salta, a mediados del 2025, es quizás el más didáctico para entender la jerarquía del delito. En esa causa judicial, la fiscalía describió una pirámide donde las cajeras eran reclutadas en grupos de Facebook bajo la promesa de «manejar tus propios horarios». Pero, eran el escudo humano de una organización que utilizaba sus nombres para diversificar los ingresos y evitar las alertas de la AFIP. 

    Cada crisis tiene su rebusque, sea una remisería, una cancha de paddle o un parripollo. Los escombros de esos negocios configuran los paisajes del conurbano. Si logran evadir las causas judiciales, estas formas de supervivencia tienen un tiempo perecedero, el de los estados de Whatsapp: Estoy cargando. Sigo. 

    La entrada El lado B de las apuestas ilegales se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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    LAS PASIONES DE LOS GRINGOS

    Extractos de la investigación de la profesora e historiadora reginense Silvia Zanini presentada en las Primeras Jornadas de Historia del Delito en la Patagonia, organizadas por el GEHiSo y las Facultades de Humanidades y de Derecho y Ciencias Sociales (UNCo), General Roca. Las pasiones de los gringos A la pregunta sobre quienes cometían los delitos…

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  • Caputo quiere mover los fondos de la Anses y crece la tensión con Pettovello

     

    El equipo económico quiere usar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para mover la economía. La implementación de la idea es incipiente, pero ya abrió otro conflicto en el gabinete: la ministra Sandra Pettovello que tomó el control del organismo, enfrenta cuestionamientos.

    «Hay ruido con la Anses, hay ruido con Pettovello», reconoció un diputado libertario al tanto de las discusiones del equipo económico, que como reveló LPO, está preocupado por reactivar la economía.

    El razonamiento es pragmático. Sin margen fiscal y con un mercado financiero todavía chico, el FGS aparece como uno de los pocos lugares con volumen para mover la economía real., por ejemplo, con créditos a tasas subsidiadas.

    No sería la primera vez. La idea con aroma kirchnerista tiene antecedentes que van desde la Tarjeta Argenta de 2012 para jubilados, hasta su reconversión en préstamos en efectivo en 2017, cuando el dinero empezó a acreditarse en cuentas bancarias. Después vinieron los Créditos Anses, con montos más altos y plazos más largos. La pandemia frenó ese circuito y recién en 2021 se reactivó de forma más acotada.

    Salvar el proyecto, soltar a Milei

    El punto de quiebre fue 2023. En plena campaña, bajo la conducción de Sergio Massa, el crédito desde Anses se expandió de manera masiva. Se ampliaron montos, se bajaron tasas y se incorporaron trabajadores formales con líneas específicas. Los préstamos llegaron hasta un millón de pesos para asalariados y 600 mil para jubilados. Fue una política explícita de estímulo al consumo en clave electoral. Ese movimiento quedó instalado como parte del llamado «plan platita».

    En plena campaña, bajo la conducción de Sergio Massa, el crédito desde Anses se expandió de manera masiva. Se ampliaron montos, se bajaron tasas y se incorporaron trabajadores formales con líneas específicas. Fue una política explícita de estímulo al consumo en clave electoral. Ese movimiento quedó instalado como parte del llamado «plan platita».

    Ese antecedente explica por qué hoy todas las miradas apuntan a Sandra Pettovello. Bajo su órbita quedó la Anses que dirige Guillermo Arancibia, un técnico serio pero con margen acotado. Pettovello le restringió la comunicación con la prensa y supervisa cada una de sus decisiones.

    Ahí aparece la tensión. La ministra tiene la llave del FGS. El recuerdo del uso electoral de esa herramienta pesa. En el oficialismo saben que abrir esa caja implica moverse en un terreno incómodo, donde la necesidad económica choca con el relato político.

    Entre las opciones también se analiza utilizar parte de los fondos del FGS para dar créditos hipotecarios, una manera de mover la construcción, hoy entre los sectores hundidos. Pero hay un problema legal. El Decreto 1039 modificó la ley previsional y le quitó al FGS la posibilidad de otorgar préstamos directos. Se eliminaron los incisos que habilitaban invertir en hipotecas y financiar beneficiarios. También se cerró la puerta a créditos subsidiados. El argumento oficial fue preservar la rentabilidad del fondo y dejar el crédito en manos del sector privado.

    El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para que la Anses financie la deuda de las familias.

    Esa restricción obliga a buscar alternativas. Una de las que circula es el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas del diputado peronista Guillermo Michel. El proyecto plantea usar el FGS para refinanciar deudas de tarjetas y prestamistas. Habla de préstamos de hasta 1,5 millones de pesos, con cuotas atadas a la tasa Tamar y un límite del 30% del ingreso. Convertir el proyecto en ley habilitaría a usar al FGS para aliviar la situación de mora de las familias y liberar capacidad de consumo.

    Mientras tanto, la actual conducción de la Anses tomó un camino distinto, que incluso contradice el relato libertario. Mientras el discurso oficial planteaba reducir la presencia estatal en empresas, los números muestran lo contrario. El FGS aumentó su participación en varias compañías, en algunos casos mas que duplicando su posición, como reveló la periodista Florencia Donovan en su columna de este sábado en La Nación.

    Los datos surgen de las presentaciones de las empresas que cotizan en Wall Street. Galicia informó que la Anses pasó de tener el 16,8% a 22,5% del grupo. La participación estatal en Loma Negra saltó de 5,33% a 9,2%. TGS pasó de 24% a 25,33%. En YPF la tenencia de acciones paso del 1,46% a 8% del paquete que está en manos del mercado. En Banco Macro avanzó de 28,8% a 29,75%. Y en Byma trepó de 3,34% a 8%.

    En el mercado, esa dinámica se lee con doble lente. Por un lado, algunos operadores destacan que el FGS está comprando acciones a precios que consideran bajos. Una señal alcista para el Merval. Por otro, advierten un riesgo político: las empresas buscan recomprar esas participaciones para evitar que, en un eventual cambio de signo político, el Estado gane influencia en sus directorios. «Señal mixta», apuntó a LPO un analista del mercado, «bullish por valuaciones, más ruido por gobernanza» completó.

     

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  • Turnos para castraciones en el Barrio Santa Rita

    Mañana jueves 17, de 10:30hs a 12:00hs, en el Salón Comunitario del Barrio Santa Rita, se realizarán inscripciones para castración. La semana entrante, se comunicarán con cada uno de los anotados, para coordinar día y horario del turno. #ReginaResponde#OraziIntendente#VillaRegina#Castración Difunde esta nota

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    NIÑAS, NO MADRES

    Socorristas en Red lanzó la campaña llamada ‘En un mundo justo las niñas no son madres’, con el objetivo de visibilizar que en la Argentina cada 3 horas una niña de 10 a 14 años es forzada a gestar, parir y criar. “Las queremos vivas de risa, vivas jugando” . NIÑAS, NO MADRES. Socorristas es…

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  • Apenas periodistas

     

    A las cuatro de la tarde del miércoles 15 de octubre de 2025 más de cuarenta periodistas salieron del edificio del Pentágono en Washington DC cargando cajas con sus pertenencias. Habían trabajado durante años acreditados en la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fue la reacción ante la revocación de credenciales a un grupo de ellos y las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump para informar sobre las actividades militares. Cinco meses después, el 20 de marzo de 2026, un tribunal declaró inconstitucionales las restricciones a la prensa del gobierno federal.

    El lunes 6 de abril, en Argentina, la escena tuvo una réplica. La Casa Rosada revocó las credenciales de varios periodistas acreditados. El argumento fue una investigación periodística que, con documentos filtrados y sin pruebas, informaba que sus medios habrían recibido presuntos pagos por parte del gobierno ruso para publicar notas con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Javier Milei. Esos periodistas no habían firmado los artículos señalados. Unos días antes, a uno de ellos que ya no podía entrar a la sala de prensa, el Jefe de Gabinete libertario le había dicho que era “apenas un periodista” cuando le preguntó por la causa judicial por enriquecimiento ilícito en la que está siendo investigado. En menos de un mes, los periodistas argentinos pasaron de ser catalogados como “apenas un periodista” por el vocero presidencial Manuel Adorni a “traidores a la Patria” por el Presidente. De la deslegitimación a la estigmatización. 

    Las dos escenas -Washington y Buenos Aires- sucedieron en contextos donde los gobiernos han convertido a la prensa en blanco de ataques sistemáticos. La diferencia no estuvo en el gesto del poder. Sí en la reacción de los periodistas. Y eso abre una serie de preguntas para el debate. 

    En Estados Unidos, la respuesta institucional y judicial fue rápida. En Argentina, en cambio, la reacción fue fragmentada: hubo comunicados, apoyos y muestras de solidaridad en redes sociales, desmentidas. Mucho ruido. Ninguna acción colectiva sostenida.

    La prohibición del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada fue el lunes 6 de abril. Después  de los cuatro días de Semana Santa en los que el presidente Milei “escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos”, según publicó Martín Rodríguez Yebra en el diario La Nación. Fue una nueva escalada de su campaña NONSALP, “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, acompañada por ministros y funcionarios. El miércoles 8 sumó una entrevista en la Televisión Pública en la que aseguró que “el 95 por ciento de los periodistas argentinos son delincuentes” y explicó: “escriben por mandatos o financiados por otros países o en medios que tienen conflictos con el Gobierno porque quieren prebendas o responden a empresaurios, empresarios prebendarios. Por lo cual el 95 por ciento del periodismo está contaminado”.

    “La revocación de mi acreditación es una manera de imponer miedo”, dice Liliana Franco, periodista de Ámbito con más de 30 años de trabajo en la sala de prensa de la Presidencia. Y sostiene: “A ningún gobierno le caen simpáticos los periodistas y es parte del juego. No estamos para ser aplaudidores del gobierno de turno”.  

    Mientras espera los resultados de la reunión en Casa Rosada entre los directivos de Ámbito y funcionarios para el descargo que demostraría que nunca habían recibido dinero del gobierno de Vladimir Putin, Franco hace un diagnóstico que va más allá del Gobierno: “Lo digo con tristeza, la mayoría de mis colegas cree que hacer su trabajo es llevarse bien con los voceros. Obviamente así es más fácil transitar los pasillos del poder. Por cosas muy menores, hace tiempo, la sala reaccionaba en conjunto. Esta vez solo hubo una pregunta en off a funcionarios. Hay excepciones pero ese es el nivel de periodismo, entonces los gobiernos avanzan”. 

    Franco entonces va contra su protagonismo individual de estas horas. “¿Sabes cuál es la noticia que importa? Que es muy malo para la democracia argentina que en la Casa Rosada se prohíba el trabajo de periodistas acreditados, como también es muy malo que en la sede del Gobierno nacional haya periodistas que no honren la profesión”. 

    Si algo muestra la falta de reacción conjunta es que el universo de periodistas argentino está atomizado, precarizado y sin capacidad de acción colectiva. La irrupción de Internet y, sobre todo de los buscadores como Google y las redes sociales, quitó del centro a los medios de comunicación como principales actores del ecosistema informativo y el modelo de negocios de las empresas periodísticas perdió su principal fuente de financiamiento: la publicidad que migró a las grandes empresas de tecnología. Los periodistas entendimos tarde que ese cambio iba a afectar nuestras condiciones de trabajo. La baja de salarios, llevó a que el pluriempleo sea la norma para llegar a un ingreso digno y ya se habla también de la uberización de los periodistas, porque según SIPREBA, son muchos los que deben manejar autos de aplicación o tener otras changas para completar los ingresos. En ese escenario, con la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa que pronostica el fin de los buscadores, de los seguidores en las redes y la automatización de la producción de contenidos, los periodistas, esta vez, reaccionamos. La manera de hacerlo quizás sea un debate que hay que dar. Al menos eso apareció en las conversaciones privadas que registró Anfibia y en algunos comentarios públicos de referentes.

    El periodista Ramón Indart escribió en su cuenta de X el 7 de abril todavía entre retuits de la campaña de violencia digital: “Off con empresario que entiende de medios. Me siento a tomar el café. Me mira. Tira de entrada: ‘porq naturalizan el odio contra ustedes. Va a ser difícil construir sobre lo destruido’. Lo naturalizamos?” Y no fue el único. Leandro Renou en la misma red social planteó: “Hay que armar agrupaciones de periodistas nuevas. Vivas. Modernas, renovadas y desafiantes de los contextos. Las q están no sirven absolutamente para nada”.

    Por teléfono, Renou retoma la idea: “Me parece que lo que falta es una posición clara sobre la violencia contra los periodistas en el debate público, que son cuestiones que van más allá de lo salarial, que también hay que exigir. Cuando digo lo de la modernización me refiero a dejar de lado las cuestiones ideológicas o de intereses diferentes ante el gobierno, dejar lo institucional y pensar sin prejuicios el ejercicio profesional. Porque las entidades que supuestamente representan a periodistas permiten que el corte de acreditaciones sea selectivo. Incluso llegaron a publicar el informe sobre la operación rusa en algunos medios con notas pagas para desestabilizar sin tener pruebas. Lo que le da más pasto a las fieras”. 

    En estos días, quizás convenga pensar si el problema no es solo que los gobiernos ataquen al periodismo como política pública, sino que el periodismo -fragmentado, precarizado y dependiente de plataformas-, ya no tiene capacidad colectiva de responder.

    La pregunta sobre cómo debe reaccionar el periodismo frente a los ataques del gobierno de Milei más allá de los desafíos por las cuestiones salariales y de rutinas de producción atravesadas por los cambios tecnológicos es crucial para Silvio Waisbord. Investigador y profesor de Periodismo y Comunicación Política en la Universidad George Washington, acepta que la acción siempre es reactiva. 

    “Lo que pasa es que el periodismo, por lo general, tiene una posición reactiva – asegura Waisbord- y la situación de precariedad laboral obviamente no contribuye a encontrar el tiempo para pensar la profesión. Entonces la única posibilidad de acción es la reacción frente a lo que va sucediendo que se mueve con otras lógicas que no son las periodísticas como la política, la geopolítica o la inteligencia. La flaqueza del periodismo es también justamente no tener una agenda propia”.

    Para Waisbord también son reactivos el posicionamiento frente a los desafíos que plantea la economía digital y el rol de las plataformas, “porque los periodistas no controlan las condiciones en las cuales esos cambios suceden”. En su opinión, ante la violencia del gobierno de Milei se profundiza una condición estructural del periodismo reactivo: “así como se reacciona frente a lo que está circulando en las redes”.

    El desafío ante este tipo de ataques de gobiernos sucede en otros países. Pero para Waisbord, “este gobierno es particularmente astuto en cómo actúa con la prensa y tiene el poder de plantar información. El dilema es si no respondes porque las mentiras o las falsedades quedan. O sea, no se puede ignorarlas, pero también responder es darle oxígeno”. 

    Esa disyuntiva es ética y la solución no es fácil, asegura Waisbord: “No creo, especialmente por cómo este Gobierno piensa la comunicación, que se pueda ignorar y no plantarse contra esa narrativa”.

    Waisbord define al gobierno de la Libertad Avanza “especialmente astuto en comparación con otros gobiernos argentinos como el kirchnerista que fueron contra la prensa. Saben cómo, especialmente a través de las redes, imponer temas o desencadenar campañas coordinadas personalizadas. El periodismo incluso debilitado, queda como el único actor. La respuesta es casi individual porque se personaliza”. 

    La violencia digital, potenciada por procesos de automatización y algoritmos oscuros de grandes empresas tecnológicas, incide en la autocensura y en la redefinición del rol del periodismo en un contexto democrático. Sebastián Lacunza es uno de los periodistas que mantiene su actividad en X. “Mí pregunta es dónde hablar si no. En ese ámbito también se define el valor del periodismo tanto como la elaboración de una nota cuando te adentras en la Amazonía o como cuando agarrás la bici para ir a preguntar a los vecinos si Adorni vive en esa cuadra de Caballito. Es también parte del apego a la profesión y donde se construye un texto en ese maremagnum de redes corrompidas”.

    La historia reciente del periodismo argentino influye en este escenario. Dice Lacunza al respecto: “Como colectivo profesional tienen una trayectoria bastante compleja. Entonces es difícil que se plantee ciertos criterios y posiciones comunes frente a un ataque generalizado, pero personalizado. Es un problema que termine en formas de reacciones individuales o de medios particulares. No hay una solidaridad abarcativa o una historia solidaria dentro del periodismo en estos últimos 25 años. No es un modelo de consenso, la idea de la grieta terminó de profundizar la polarización, pero creo que en los 90 hubo algunos esbozos de consensos comunes entre los periodistas. Banderas como la libertad de expresión, sobre la importancia de los trabajos de investigación, cosas básicas que hacen más fácil respuestas mancomunadas. Pero es verdad que también se necesita una sociedad civil y una política que apoye la defensa del periodismo y de la libertad de expresión”. 

    Martín Becerra coincide con Waisbord en posar la mirada en las últimas décadas del ejercicio periodístico en la Argentina y en el rol de los grandes medios que no mantuvieron un compromiso con la tarea de informar y la libertad de expresión que debe aparecer en momentos álgidos como estos. También subraya el rol activo que antes tuvieron organizaciones de la sociedad civil y del campo de los derechos humanos para apoyar con mecanismos claros los ataques a la libertad de expresión.  

    Para los fines del análisis, Becerra, especialista en medios de comunicación e investigador del Conicet, diferencia entre los periodistas “notorios”, que son más formadores de opinión, de la mayoría de los periodistas que trabajan día a día en los medios y no son conocidos. “Es la mayoría y están detonados. Frente a un ataque del Gobierno, o de la SIDE coordinado, con o sin trolls, que les pueden desde hackear las cuentas de mails, meterse con la familia, doxearlos o todas esas cosas juntas, los mecanismos de defensa institucionales clásicos como el de las empresas donde trabajan es casi inexistente en la actualidad. Primero, porque las corporaciones periodísticas no lo hacen como antes y segundo porque ya es muy difícil que un periodista trabaje para una sola empresa”.

    Hace al menos dos décadas que el periodismo ya no sucede únicamente en las redacciones ni en los medios tradicionales. Además del ejercicio profesional, la vida pública transcurre en plataformas con sistemas de algoritmos opacos que definen qué se vuelve visible; que además amplifican la violencia y hasta incluso terminan induciendo a la autocensura. Tiene dueños. Cuando, en octubre de 2022, Elon Musk pagó 44.000 millones de dólares por Twitter, declaró: «El pájaro ha sido liberado» y explicó que compró la plataforma para asegurar una «plaza pública digital» libre para la expresión, esencial para el futuro de la civilización y el debate saludable, claro según lo que él cree que eso significa. 

    Waisbord señala que el periodismo argentino en gran parte, como en otros países, se ha tratado de acomodar lo mejor posible a las nuevas condiciones que imponen las plataformas porque ahí está el público. Ya nadie duda que las Big Tech tienen el acceso a las audiencias y “como no les vas a ganar, tenés que sumarte. Es un pacto con el diablo”, dice. Lo más llamativo es que las empresas periodísticas también pactan con ellas, que son sus principales competidoras por las audiencias. En las conversaciones para esta nota surgió un dato llamativo: representantes de Google suelen ocupar los escenarios de encuentros de entidades periodísticas para que capaciten a las redacciones en el uso de sus propias herramientas de IA.

    Mientras ya se habla del fin de las redes sociales, del fin de los seguidores y de que la Inteligencia Artificial Generativa va a terminar de configurar un panorama en el que la circulación de la información tendrá menos jugadores se puede pensar  que quienes tengan ese poder serán cada vez más poderosos y que los periodistas deberían ser mucho más necesarios.
    Si llegamos a ese futuro inmediato deberíamos responder al menos la pregunta sobre si el periodismo, tal como está hoy, puede reaccionar de una manera distinta y, en caso de que no suceda, cómo los periodistas podemos defender la  democracia si no logramos pensar colectivamente nuestra propia existencia. Finalmente el problema no es solo el avance autoritario de un gobierno, lo que está en juego también es la propia relevancia de un oficio atado a la libertad.

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