Durante esta mañana un grupo de empleados municipales se capacita sobre la ley Micaela en el marco de la Ordenanza N° 028/2020 y la Ley Nacional N° 27.499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
De esta manera se da continuidad a la capacitación iniciada a mediados de este año. En este caso, la actividad se desarrolla en el polideportivo Cumelen.
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Dos días atrás el intendente Marcelo Orazi realizó una publicación en su red personal de facebook donde aclaraba por que no realizaban en Villa Regina fumigaciones en espacios públicos: Ante algunas consultas relacionadas con la pulverización o fumigación de espacio públicos, veredas o calles, les comento que se nos ha indicado que en estos momentos…
La Municipalidad de Villa Regina recuerda la vigencia de la Ordenanza 10/2009 que reglamenta el arbolado urbano y establece el procedimiento para la autorización de extracción de árboles, los criterios de plantación y el sistema de multas para quienes infrinjan la presente normativa. En este sentido, se informa que multará a los frentistas que no…
Llega marzo, y con él un montón de nuevos sueños y esperanzas. Es que por estas latitudes desde los primeros días de febrero y dependiendo de la región en particular y la variedad, comienza la tan esperada vendimia. La poda de la vid que se realiza en otoño, cuando la planta se encuentra en su…
El Gobierno prepara el anuncio para que Argentina ingrese al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TTP) conocido como TTP-11, un acuerdo comercial de gran alcance que vincula a Japón y Nueva Zelanda, junto con otros 10 países de la región Asia-Pacífico.
Este espacio comercial fue impulsado por Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama para potenciar el comercio en el Pacifico como forma de contención ante el avance de China. Mauricio Macri quiso sumarse pero no prosperó. Fue en el mismo momento del nacimiento de la Alianza del Pacífico que busca dividir lo que en ese momento era el bloque progresista.
El Tratado Transpacífico es un acuerdo de libre comercio entre países de la cuenca del Pacífico que busca reducir aranceles, facilitar inversiones y establecer reglas comunes sobre comercio, servicios, propiedad intelectual, medio ambiente y normas laborales.
Actualmente participan países como Japón, Canadá, Australia, México, Chile, Perú, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Malasia y Brunéi. El acuerdo original era el TPP (Trans-Pacific Partnership) e incluía a Estados Unidos pero en 2017, durante la presidencia de Donald Trump, Washington se retiró del pacto en el marco de su retirada a la estrategia globalista de parte del líder republicano.
Fuentes de cancillería explicaron a LPO que «el anuncio está bajo siete llaves» y «tiene como objetivos principales eliminar o reducir aranceles, facilitar exportaciones e importaciones, atraer inversiones, establecer reglas comunes para empresas, regular comercio digital y propiedad intelectual».
Fuentes de cancillería explicaron a LPO que «el anuncio está bajo siete llaves» y «tiene como objetivos principales eliminar o reducir aranceles, facilitar exportaciones e importaciones, atraer inversiones, establecer reglas comunes para empresas, regular comercio digital y propiedad intelectual
También, continúa este diplomático, «busca incluir compromisos laborales y ambientales Importancia geopolítica Además del aspecto económico, funciona como una herramienta de influencia estratégica en Asia-Pacífico, especialmente frente al peso creciente de China en el comercio global».
«China incluso mostró interés en sumarse, lo que podría cambiar el equilibrio regional. Para países como Chile, Perú y México, abre mercados y mejora acceso comercial a Asia.
Para Argentina y Brasil, que no participan, representa un desafío competitivo y también una referencia para futuras negociaciones comerciales. En síntesis: es uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo sin Estados Unidos, pero con fuerte impacto geopolítico global», agregó.
Uruguay, a través del canciller, Mario Lubetkin, anunció que su país fue aceptado por los países que integran el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico sin objeciones por parte de sus integrantes, para comenzar las negociaciones para ingresar al bloque.
El TTP reúne el 15% del producto bruto interno (PBI) mundial y a más de 595 millones de personas, lo que lo convierte en una de las mayores zonas de libre comercio del mundo; entre 2022 y 2024 representó cerca del 9% del total de las exportaciones de mercancías nacionales, es decir, unos 1.100 millones de dólares.
La Resolución 531/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, elimina el antidumping para el calzado deportivo desmontado y expone el rumbo de un modelo que resigna producción nacional. Bajo el argumento de reducir precios y modernizar la industria, el Gobierno avanza en un esquema que reemplaza fabricación por ensamblaje, profundiza la dependencia tecnológica y redefine el trabajo industrial en la Argentina.
El Gobierno de Javier Milei acaba de dar un paso que, lejos de ser técnico o neutro, expone con crudeza el rumbo económico que eligió transitar: menos industria, más dependencia y una peligrosa resignación productiva. La Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 21 de abril de 2026 y firmada por el ministro Luis Caputo, no es solo una norma administrativa; es una declaración ideológica en estado puro. Bajo la excusa de “modernizar” el sector del calzado, se decidió excluir del régimen antidumping al calzado deportivo desmontado proveniente de China, es decir, zapatillas que llegan en partes para ser ensambladas en el país.
El dato puede parecer menor, casi burocrático, pero esconde una transformación profunda. Lo que antes ingresaba como producto terminado y pagaba un derecho antidumping para proteger a la industria local, ahora entra desarmado, eludiendo ese recargo. En términos prácticos, el Estado argentino deja de defender la producción nacional en nombre de una supuesta eficiencia que, en realidad, se apoya en una lógica de importación encubierta.
El argumento oficial suena prolijo: abaratar costos, facilitar el acceso a insumos tecnológicos y, en última instancia, bajar los precios al consumidor. Una narrativa seductora en tiempos de bolsillos golpeados. Sin embargo, cuando se corre el velo, aparece la tensión estructural que atraviesa toda la medida. Porque lo que el Gobierno presenta como una estrategia de competitividad no es otra cosa que la aceptación explícita de una derrota industrial.
La propia resolución lo admite sin rodeos: existe una “brecha tecnológica significativa” en el segmento de calzado deportivo de alta performance. Traducido: Argentina no produce los materiales ni las tecnologías necesarias para competir en ese nicho. Frente a ese diagnóstico, el camino elegido no es invertir, desarrollar o proteger capacidades locales, sino directamente importar la tecnología en forma de piezas y limitarse a ensamblarlas.
Ahí está el corazón del problema. El modelo que se promueve no es industrial en sentido pleno. Es un esquema híbrido, donde el país aporta mano de obra y procesos básicos —pegado, armado, terminación— mientras el valor estratégico queda en el exterior. Según los datos oficiales, este sistema genera apenas un 20% de valor agregado local. El resto, el núcleo tecnológico y económico del producto, sigue estando afuera.
Empresas como Topper Argentina o Puma Sports Argentina ya operan bajo este formato. Importan kits desmontados, los ensamblan en plantas locales y colocan el producto en el mercado. El Gobierno utiliza estos casos como ejemplo de “integración productiva”. Pero la pregunta incómoda es inevitable: ¿esto es industria o simplemente una maquila sofisticada?
El crecimiento de este esquema no deja lugar a dudas sobre la dirección del sector. Entre 2015 y 2019, el calzado desmontado representaba el 28% de las importaciones. Entre 2021 y 2023, esa cifra saltó al 59%. Es decir, el modelo ya no es marginal: se está convirtiendo en la regla. Y la decisión oficial no hace más que consolidarlo.
El problema es que esta transformación ocurre en un contexto de debilidad estructural. El empleo en el sector del calzado viene en caída desde hace más de una década y la producción está lejos de sus niveles históricos. En ese escenario, flexibilizar las barreras a la importación —aunque sea de manera indirecta— no parece una política inocua. Más bien, funciona como un acelerador de esa tendencia regresiva.
Desde el Gobierno insisten en que no se destruye industria, sino que se la reconvierte. Una palabra elegante para describir un proceso mucho más áspero: el pasaje de un modelo productivo integral a uno fragmentado, dependiente y vulnerable. Porque ensamblar no es lo mismo que fabricar. Y en esa diferencia se juega algo más que una discusión técnica: se juega la soberanía económica.
La medida también se alinea con otra decisión clave: la reducción del Derecho de Importación Extrazona al 0% para estos insumos. En otras palabras, se construye un andamiaje normativo que facilita, abarata y estimula la importación de partes. El resultado es una ecuación clara: producir localmente cada vez menos y ensamblar cada vez más.
El discurso oficial promete que esa reducción de costos se trasladará a los precios. Pero la experiencia histórica invita a la cautela. No hay garantías reales de que esa baja llegue al consumidor. Lo que sí es seguro es que las empresas verán reducidos sus costos. El resto, como tantas veces, quedará librado a la lógica del mercado.
Mientras tanto, el sector productivo vive una tensión cada vez más evidente. Las pymes reclaman protección frente a la competencia externa, mientras las grandes marcas empujan por un acceso más flexible a insumos importados. La resolución, lejos de equilibrar esas posiciones, toma partido de manera implícita por uno de los actores.
En ese sentido, la exclusión del calzado desmontado del régimen antidumping funciona como una suerte de “zona liberada” dentro del sistema comercial. Un espacio donde la lógica de la apertura se impone sin matices, aun cuando el costo sea profundizar la fragilidad industrial.
El trasfondo es ideológico. La medida responde a una visión que desconfía del Estado como herramienta de desarrollo y apuesta a la desregulación como solución universal. En esa lógica, la industria deja de ser un objetivo estratégico y pasa a ser una variable de ajuste.
Pero la realidad es más compleja. La economía no es un laboratorio donde las teorías se aplican sin consecuencias. Detrás de cada decisión hay trabajadores, empresas, territorios. Y en este caso, lo que está en juego es el futuro de un sector que ya viene golpeado.
Aceptar que Argentina no puede producir calzado deportivo de alta tecnología puede ser un diagnóstico honesto. Convertir esa limitación en política permanente es otra cosa. Es resignar la posibilidad de desarrollar capacidades propias, de generar conocimiento, de construir un entramado productivo más robusto.
En ese escenario, hablar de “industria nacional” ya no es una consigna abstracta sino una realidad cada vez más acotada y, en muchos casos, al borde de la asfixia. Porque mientras el discurso oficial celebra la apertura y la baja de costos, lo que queda del entramado productivo local sobrevive como puede, lejos de las grandes marcas globales y sin el respaldo de políticas sostenidas. Existen, sí, fábricas que todavía producen en serio, que no se limitan a ensamblar piezas importadas, pero son cada vez menos y operan en condiciones desiguales.
Ahí aparecen casos como Raptor, una experiencia nacida en plena pandemia que decidió fabricar botines y calzado deportivo con procesos locales en su propia planta, apostando a un modelo productivo que parece ir a contramano del rumbo general. También está Unitec Blue, una pyme con base industrial que sostiene producción nacional en un mercado cada vez más hostil, o Bando, que mantiene una lógica fabril clásica aunque con escala reducida. En un registro similar se ubica Signia, que conserva procesos productivos propios y presencia en segmentos técnicos, mientras que Gaelle representa ese híbrido entre diseño local y fabricación que aún intenta sostenerse dentro del país.
Pero incluso en estos casos, la realidad impone límites difíciles de esquivar. La mayoría depende, en mayor o menor medida, de insumos importados, enfrenta costos estructurales elevados y compite contra cadenas globales que operan con otra escala, otra tecnología y otro respaldo financiero. No se trata de empresas ineficientes, como muchas veces se intenta instalar, sino de actores que juegan en una cancha inclinada.
Y ahí es donde la medida del Gobierno deja de ser un simple ajuste técnico para convertirse en un factor decisivo. Porque cuando se facilita la importación —aunque sea en forma de piezas “desmontadas”— no se está generando una competencia virtuosa, sino profundizando una desigualdad estructural. Lo que queda en pie no es una industria robusta que se adapta, sino un puñado de fábricas que resisten. Y la pregunta, otra vez, es cuánto tiempo más podrán hacerlo.
En definitiva, la Resolución 531/2026 firmada por Luis Caputo no es solo una medida sobre zapatillas. Es una pieza más de un modelo económico que prioriza el corto plazo, la baja de costos y la apertura comercial por sobre cualquier estrategia de desarrollo industrial. Un modelo que, en nombre de la eficiencia, corre el riesgo de vaciar de contenido a la propia idea de producción nacional.
Y en ese camino, la pregunta que queda flotando —incómoda, persistente— es si el país está eligiendo competir en el mundo o simplemente resignarse a ensamblarlo.
