Durante esta mañana un grupo de empleados municipales se capacita sobre la ley Micaela en el marco de la Ordenanza N° 028/2020 y la Ley Nacional N° 27.499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
De esta manera se da continuidad a la capacitación iniciada a mediados de este año. En este caso, la actividad se desarrolla en el polideportivo Cumelen.
Mariel Fernández, participó de la reunión de este lunes en la sede del PJ nacional, antes del acto encabezado por Cristina Fernández de Kirchner en homenaje a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez, en el marco del Día de la Resistencia Peronista.
El encuentro de dirigentes peronistas se dio en medio de la expectativa por un posible fallo adverso de la Corte Suprema en la causa Vialidad, y al respecto la intendenta de Moreno remarcó que el objetivo de los dirigentes que se convocaron es construir una respuesta unificada.
«Estamos muy preocupados por esta situación tan injusta, y por eso decidimos reunirnos en el PJ, nos llegan propuestas de acciones de todo el país y queremos que sean organizadas. Los lineamientos ya están, y estamos en estado de alerta desde hace unos días», dijo.
Fernández vinculó la ofensiva judicial contra Cristina Kirchner con una avanzada política más amplia: «En principio pensamos en la protección a Cristina, pero entendemos que esto es no sólo un ataque a la persona de la ex presidenta sino una persecución al peronismo».
Y agregó: «Vamos a defender a Cristina, al pueblo argentino, a nuestra soberanía. Así que si nos provocan, acá estamos».
En la tarde del domingo, 20 personas se sumaron a la propuesta de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina para disfrutar de la luna en su posición más cercana a la Tierra. Aficionados e interesados en la astronomía tuvieron la posibilidad de participar de esta actividad que incluyó una observación con…
El escándalo político se encendió en pleno corazón de Buenos Aires: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, firmó un contrato de alquiler por $720 millones para oficinas y cocheras, un monto que sorprende no sólo por su magnitud, sino también por la contradicción política que representa frente a la bandera oficial de “Alquiler Cero”.
Por Roque Pérez para NLI
Contradicción explícita en medio de recortes
El acuerdo, rubricado por Sturzenegger el 30 de noviembre de 2025, establece el alquiler de cuatro pisos completos (3° a 6°) más 24 cocheras en un edificio ubicado en **Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788, en plena Diagonal Norte, por un año de contrato y un canon mensual de $60 millones.
La decisión de gastar $720 millones del erario público (casi 2000 jubilaciones mínimas) en alquileres de oficinas tiene un contexto que agrava la polémica: el gobierno nacional —a través de sus propios comunicados oficiales— viene impulsando el programa “Alquiler Cero” con el objetivo de eliminar nuevos gastos en locaciones estatales y relocalizar dependencias en inmuebles ya disponibles del Estado.
Mientras el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, destacó públicamente los avances del plan que “redujo alquileres y cocheras en varias sedes”, otro ministerio del mismo gabinete avanza con un contrato millonario en la City porteña.
Contratación directa y posibles costos extras
La adjudicación se realizó bajo la modalidad de contratación directa por adjudicación simple, y sólo se presentó una oferta de la empresa OTOBA S.A., que fue recomendada para la adjudicación por considerarse “admisible y económicamente conveniente”.
Aunque el canon base es de $60 millones mensuales, el contrato prevé que expensas ordinarias, electricidad, gas y otros consumos estarán a cargo del Estado, lo que sugiere que el costo total final podría superar los $720 millones consignados en el documento.
Doble vara oficial y malestar público
La decisión de Sturzenegger se da en medio de otras polémicas por adjudicaciones bajo su gestión y cuestionamientos dentro del propio oficialismo. La coincidencia en el tiempo de esta contratación con la defensa del plan “Alquiler Cero” por parte de otros sectores del Gobierno profundiza el malestar político y alimenta críticas por una doble vara en la gestión del gasto público.
Para la oposición y múltiples analistas, este contrato millonario no sólo contradice los discursos oficiales de austeridad, sino que expone una incoherencia entre lo que se promueve y lo que realmente se practica desde el Estado.
La indefinición sobre cómo encaja esta operación con los objetivos de eficiencia y contención del gasto público —dos ejes que oficialmente se pregonan— promete convertirse en un nuevo foco de debate y tensión política en los próximos días.
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