Durante esta mañana un grupo de empleados municipales se capacita sobre la ley Micaela en el marco de la Ordenanza N° 028/2020 y la Ley Nacional N° 27.499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
De esta manera se da continuidad a la capacitación iniciada a mediados de este año. En este caso, la actividad se desarrolla en el polideportivo Cumelen.
La Escuela Municipal de Karate de Villa Regina «DOJO SANTA RITA» participó en Mar del Plata del 40° Torneo Nacional Copa Atlántico. Fueron cinco los competidores y dos los profesores reginenses que viajaron junto al seleccionado provincial a cargo del Sensei Luis Fernandez, quien también preside la federación patagónica de karate de Rio Negro Acompañados por…
El Intendente Marcelo Orazi junto al presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega participaron el viernes de la presentación de la 50° edición de la Vuelta de la Manzana “Premio Gobierno de Río Negro”, la tradicional prueba de rally que se correrá entre el 22 y el 24 de octubre. También estuvieron presentes la Gobernadora Arabela…
Una montaña de juicios se acumula en el fuero comercial nacional por las ejecuciones de saldos adeudados que realizan los bancos contra sus clientes con tarjeta de crédito. El Banco Santander es el que lidera la presentación de demandas y ahora fiscales y jueces empezaron a mirar con lupa los intereses que cobra a su clientes.
Según el análisis de un camarista que habló con LPO, estos procesos prosperan rápidamente porque los clientes no se presentan. «Los resúmenes de la tarjeta no son títulos ejecutivos, sino que hay que validarlos previamente mediante un proceso que se llama preparación de la vía ejecutiva, pero la gente no se presenta en esa instancia y ahí es donde los bancos obtienen los juicios ejecutivos», explica.
Un fiscal advirtió a LPO que «en el fuero comercial, Banco Santander está iniciando cientos de ejecuciones contra sus clientes, por saldos adeudos de tarjeta de crédito y lo llamativo es que en todos los casos los montos que reclama superan en un 300% los límites de las tarjetas que el mismo banco aprobó».
En el fuero comercial, Banco Santander está iniciando cientos de ejecuciones contra sus clientes, por saldos adeudos de tarjeta de crédito y lo llamativo es que en todos los casos los montos que reclama superan en un 300% los límites de las tarjetas que el mismo banco aprobó.
Del análisis de las causas que se apilan surge que habría perforación sistemática del límite de compra de la tarjeta de crédito. «En la totalidad de los casos analizados, el banco demanda saldos que lo duplican, triplican y hasta quintuplican», dijo el fiscal y agregó: «incluso, previo a la mora los pagos mínimos superan ese límite en los resúmenes, lo que demuestra que el límite de compra en los hechos no opera como un freno de seguridad financiera, sino como un elemento ficticio que la entidad expande unilateralmente para abultar un saldo potencialmente ejecutable».
Sin embargo, Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, afirmó en la conferencia Inside Argentina 2026, organizada a principios de mayo por Moody’s en Buenos Aires, que se está «llegando a un punto de inflexión» en el sistema financiero, en el buen sentido. Butti admitió en su exposición que «la mora creció» y explicó que cuando los bancos prestaban a tasa fija y después la inflación alcanzaba tres dígitos, «las cuotas se licuaban y era más fácil pagarlas».
El ejecutivo celebró que ahora «estamos yendo a tasas de interés reales, que es como tiene que funcionar, como funciona el resto del mundo, con lo cual que la mora suba es esperable» y explicó que la mora está concentrada «en personas» por su consumo con tarjetas de crédito o préstamos personales.
Sin embargo, la justicia analiza de manera crítica el financiamiento forzoso mediante Planes V (por Visa) o AMEX (por American Express), donde se observa el diseño de un mecanismo de anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses.
Esto se investiga en el expediente 4923/2026, que recayó en el Juzgado N° 16. De los resúmenes presentados se desprende que al cliente de Santander se le cobraron intereses compensatorios de hasta 160% anual, pagos mínimos y totales que superaron el límite de compra. La usuaria tenía un límite de compra de $6.110.200 sumando las tarjetas Visa y AMEX, pero el banco reclama $22.025.652,62. Es decir, más del triple.
Similar es el expediente 10316/2026, que tramita ante el Juzgado N° 19. Al analizar la documentación del expediente, los fiscales detectaron que Santander autorizó refinanciaciones con tasas de 223,31% anual, incrementó unilateralmente los límites a pesar de que el cliente sólo abonaba pagos mínimos y así los pagos mínimos escalaron hasta triplicar el límite de compra. El usuario tenía un límite de compra de $15.250.000 considerando en conjunto las tarjetas Visa y AMEX y el Banco reclama $56.157.422,31. O sea, casi cuatro veces más.
La dificultad de los clientes para afrontar sus deudas se explica, fundamentalmente, porque los salarios crecieron muy por debajo de la inflación y las tasas bancarias. La entidad crediticia, según la justicia, no congeló las cuentas ni emitió alertas de riesgo, lo que redunda en un sobreendeudamiento crónico que mina la capacidad de pago del cliente.
Hoy estamos yendo a tasas de interés reales, que es como tiene que funcionar, como funciona el resto del mundo, con lo cual que la mora suba es esperable.
En la Justicia, comentaron además que existen casos en los que Santander habría autorizado «transacciones masivas, consecutivas, atípicas bajo la plataforma Mercado Pago que inflaron los saldos de cuentas en plazos mínimos». «La entidad financiera soslayó unilateralmente la evaluación del riesgo crediticio que realizó para otorgarles un límite de compra determinado, para luego consolidar una deuda espuria y derivarla a la vía ejecutiva», indicaron.
El problema de la mora con tarjetas ya es sistémico. Recientemente, el Banco Nación empezó a promocionar una línea de crédito para consolidar deudas, con una TNA del 65%. El guarismo está muy por encima del cálculo de la inflación oficial para el 2026.
La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
La fragilidad del gobierno desde su origen
Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar.
El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.
Las “traiciones” de Paz
Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.
En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.
Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.
Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.
La narrativa del gobierno y sus limitaciones
Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones.
Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.
Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan.
La tradición boliviana de negociar en la calle
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.
Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.
En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después.
Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos.
Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina da a conocer el cronograma de recolección de residuos domiciliarios durante los próximos días: *Jueves 23: Normal *Viernes 24: Sólo durante la mañana *Sábado 25: No habrá recolección *Domingo 26: El servicio se prestará normalmente Difunde esta nota
Termino de almorzar. El mozo me abre la puerta, salgo del restaurante y, a él lo veo sentado, duro como una estatua. El mozo me mira: “es un adicto al paco”. Miro sus cortes, sus lastimaduras, su herida, su caja de cartón roñosa con un pedazo de pan. Miro su remera, su musculosa, es pleno…
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