Durante esta mañana un grupo de empleados municipales se capacita sobre la ley Micaela en el marco de la Ordenanza N° 028/2020 y la Ley Nacional N° 27.499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
De esta manera se da continuidad a la capacitación iniciada a mediados de este año. En este caso, la actividad se desarrolla en el polideportivo Cumelen.
Hace unos días en Villa Regina ocurrió un gran incendio en el aserradero Tapatá ubicado al pie de la barda norte, en la zona del Parque Industrial reginense, según nos contó Carlos Llanquimán, bombero especializado, fue uno de los incendios más grandes que le tocó vivir en sus 22 años de experiencia en la ciudad….
Con el primer curso de coctelería se inició el sábado el ciclo de capacitaciones denominado ‘Sabores del Valle’ organizado por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina. Con el cupo de participantes superado, la primera clase presencial se desarrolló en el Social Resto Bar en el horario de 16 a 18. Los…
El gobierno de Javier Milei pretende que mayo arrojó una mejora considerable en la recaudación y que «la coparticipación federal mostró una señal positiva para las provincias luego de cuatro meses consecutivos de caídas en términos reales». «Durante el mes se distribuyeron $8,04 billones y las transferencias automáticas registraron una suba real interanual del 8,1% respecto de mayo de 2025. Además, en comparación con abril, los recursos crecieron un 41% en términos reales», divulgaron desde el oficialismo
Sin embargo, la oposición peronista atribuyó esos guarismos a un factor estacional: la presentación de las declaraciones juradas por Ganancias.
De hecho, el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, posteó en X el viernes pasado una interpretación que matizó el optimismo oficial. «Significativo aumento real de la recaudación del impuesto a las ganancias durante mayo. En el gráfico se aprecia que en mayo se revirtió la racha de 4 caídas consecutivas, con una suba del 26,1%. El pago del saldo de ganancias de las empresas que cierran balance el 31 de diciembre debe ser el factor explicativo de la importante suba real», fundamentó.
El peronista Guillermo Michel, por su parte, sostuvo ante la consulta de LPO que «la mejora de ganancias tiene una explicación: el tarifazo». «Los balances de las energéticas y petroleras, calzados con el vencimiento de ganancias en mayo, llevan para arriba la Recaudación de ganancias», dijo, y agregó que «igualmente la copa acumulada a enero-mayo 2026 tiene una caída real de -3% respecto del mismo período de 2025».
Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el último mes «se observó un importante incremento interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON) de 8,5% en términos reales comparando con mayo de 2025, donde había caído 22,9% real interanual (considerando una inflación en mayo de 2,3%)». Además, el centro de estudios de Hernán Letcher y Julia Strada concede que «la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una mejora de 8,9% real interanual con respecto al mismo mes del año pasado.
La objeción del CEPA es que este mes volvió a registrarse una caída interanual del IVA en términos reale, de 9,5%. «Esto evidencia un comportamiento magro de las actividades económicas vinculadas al mercado interno y del consumo», explica.
Significativo aumento real de la recaudación del impuesto a las ganancias durante mayoEn el gráfico se aprecia que en mayo se revirtió la racha de 4 caídas consecutivas, con una suba del 26,1%.El pago del saldo de ganancias de las empresas que cierran balance el 31 de diciembre… pic.twitter.com/vGqUHLQtB5
Y advierte que «el Impuesto a las Ganancias mostró una importante mejora interanual de 25,7%». «En Argentina, muchas sociedades cierran su ejercicio económico el 31 de diciembre y, para esas empresas, durante mayo vence la presentación de la declaración jurada y el pago del saldo correspondiente al Impuesto a las Ganancias del ejercicio anterior», argumenta.
El diagnóstico que queda en evidencia, a partir de ese análisis, es que hay «un comportamiento dual de la recaudación en mayo: ganancias volando y retracción en IVA».
Es un alivio transitorio para las porvincias, que están golpeadas, pero sigue dando negativo el acumulado de coparticiación de los primeros cinco meses de 2026 contra 2025, que da 3,3% abajo. Reduce el dato malo, porque hasta abril daba 7% negativo aproximadamente, pero no lo hace positivo.
Pese a la salvedad de la oposición, en el gobierno consideran que «los datos reflejan una mejora de la actividad económica y representan un alivio para las cuentas provinciales, que recuperan capacidad para sostener servicios, inversión pública y programas de gestión». «Mayo aparece como el primer dato claramente positivo para las provincias y consolida una expectativa de recuperación para los próximos meses del año», arriesgan.
En los gráficos libertarios, la provincia de Buenos Aires venía perdiendo 5,8% en enero, 6,8% en febrero, 3% en marzo y 2,5% en abril pero repuntó hasta el 7,1% en mayo. Un rebote similar acreditan distritos como Córdoba, Santa Fe y Capital Federal, que treparon este mes 8,5, 8,6 y 8,7% respectivamente.
Recaudación por provincias, a mayo de 2026.
En promedio, las provincias argentinas terminaron el quinto mes del año con un saldo positivo de 8,1%.
La diputada Strada admite que «es cierto que es un alivio transitorio para las porvincias, que están golpeadas, pero sigue dando negativo el acumulado de coparticiación de los primeros cinco meses de 2026 contra 2025, que da 3,3% abajo». «Reduce el dato malo, porque hasta abril daba 7% negativo aproximadamente, pero no lo hace positivo», precisa.
En el gobierno santafesino aseguran que el rechazo al fideicomiso vial «es una manifestación política de La Libertad Avanza» y recuerdan que dirigentes de la entidad fueron candidatos libertarios con malos resultados electorales.
El gobierno de Maximiliano Pullaro cruzó con dureza el comunicado de la Sociedad Rural de Rosario contra el fideicomiso que la provincia negocia con municipios portuarios y la Bolsa de Comercio para financiar el mantenimiento de las rutas a los puertos.
Como contó LPO, la idea que impulsa la Casa Gris es crear un fondo específico financiado con un cargo por tonelada transportada para sostener la infraestructura vial en la región portuaria, luego de inversiones por más de USD 400 millones en accesos, autopistas y rutas provinciales.
La respuesta oficial llegó luego de que la Sociedad Rural de Rosario denunciara que el fideicomiso representa «nuevas retenciones encubiertas» y rechaza el cobro de una tasa de 1,5 dólares por tonelada.
«Para el gobierno esta es una manifestación política de La Libertad Avanza», dijeron a LPO cerca de Pullaro. En la Casa Gris sostienen que la posición de la entidad «no representa a Carsfe -Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe-» y recuerdan que varios dirigentes de la entidad rosarina fueron candidatos libertarios en la elección constituyente.
Para el gobierno de Pullaro esta es una manifestación política de La Libertad Avanza
En el comunicado, la entidad sostiene que el impuesto del 30% a los combustibles líquidos alcanza para financiar la infraestructura vial, sin embargo, esa caja la recauda el gobierno de Javier Milei que no reparte un peso a las provincias ni tampoco presta los servicios de mantenimiento de los caminos que están detonados y en muchos lugares casi intransitables.
En ese marco, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aparece como uno de los funcionarios más confrontativos con la Casa Rosada por la paralización de fondos para infraestructura.
Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe
Mientras sectores del PRO y de la UCR dentro de Unidos presionan para avanzar en un acuerdo político con La Libertad Avanza, Enrico viene reclamando públicamente que Nación transfiera los recursos que le corresponden a Santa Fe para rutas y obras públicas.
En la provincia remarcan que gran parte de la red vial que conecta a los puertos quedó bajo responsabilidad santafesina luego del retiro de Nación y advierten que el crecimiento del tránsito pesado aceleró el deterioro de corredores estratégicos para la exportación agroindustrial que necesitan de un esquema institucional para el mantenimiento.
Por eso, ahora Pullaro abre las negociaciones que comenzaron con intendentes portuarios y la Bolsa a los agroexportadores y entidades agrícolas para acordar la manera de sostener la inversión de los accesos a terminales cerealeras.
La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
La fragilidad del gobierno desde su origen
Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar.
El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.
Las “traiciones” de Paz
Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.
En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.
Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.
Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.
La narrativa del gobierno y sus limitaciones
Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones.
Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.
Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan.
La tradición boliviana de negociar en la calle
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.
Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.
En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después.
Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos.
Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha.
La Municipalidad de Villa Regina informa a la comunidad que fue sustraída una bomba centrífuga de 3 pulgadas de la planta ubicada en calle Juan XXIII, lo cual representa un ataque a lo que es de todos y que además cumple un trabajo fundamental para la prestación del servicio de agua. El hecho fue detectado…
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