Durante esta mañana un grupo de empleados municipales se capacita sobre la ley Micaela en el marco de la Ordenanza N° 028/2020 y la Ley Nacional N° 27.499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
De esta manera se da continuidad a la capacitación iniciada a mediados de este año. En este caso, la actividad se desarrolla en el polideportivo Cumelen.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, intentó defender en el Congreso uno de los capítulos más sensibles del proyecto de «medidas energéticas» del gobierno. El texto combina dos decisiones explosivas: eliminar beneficios tarifarios para provincias con temperaturas extremas y avanzar con un esquema de perdón de deuda para las distribuidoras eléctricas privadas.
El corazón de la discusión pasa por Cammesa. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas acumulan una deuda total de USD 1.842 millones con la administradora del mercado eléctrico mayorista. Y el 69% de ese monto se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.
La lista la encabeza Edenor con USD 438 millones. Le sigue Edesur, de la italiana Enel, con USD 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, todas pertenecientes al Grupo DESA con USD 474 millones acumulados entre todas.
El proyecto oficial busca permitir que esas empresas descuenten de sus deudas con Cammesa los supuestos ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. Es decir: el Estado dejaría de reclamar parte de la deuda a cambio de que las empresas renuncien a futuros juicios por «activos regulatorios».
La discusión tiene una carga política enorme porque el gobierno ya había intentado introducir una medida similar dentro del frustrado Presupuesto 2026, específicamente en el capítulo XI. En aquel momento no consiguió respaldo legislativo. Muchos diputados resistieron la idea de perdonar deuda multimillonaria a empresas privadas mientras se avanzaba con recortes de subsidios sobre usuarios residenciales.
El reclamo empresario viene atravesando todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri, incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei.
Además, el diseño del mecanismo volvió a encender suspicacias dentro del sector energético. La implementación quedaría bajo la órbita de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica muy cercano a los hermanos Neuss, los grandes ganadores del dector durante el gobierno libertario.
En su exposición ante el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Tettamanti defendió el proyecto asegurando que durante las últimas dos décadas las distribuidoras operaron bajo emergencia tarifaria, con tarifas pesificadas y congeladas que les impidieron cubrir costos operativos, pagar energía a Cammesa e invertir para sostener la calidad del servicio.
La funcionaria argumentó que, frente a esa situación, las compañías sólo tuvieron una alternativa: endeudarse con Cammesa. «Se acumularon deudas millonarias», sostuvo. También recordó que el año pasado se firmaron acuerdos de refinanciación a 72 cuotas con períodos de gracia, pero advirtió que las tarifas actuales todavía «no permiten reconocer costos no recuperados del pasado».
El ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.
El problema es que ese reclamo empresario viene atravesando prácticamente todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei, justamente después de que esta gestión impulsara una nueva revisión tarifaria que en teoría buscaba «normalizar» definitivamente el esquema de ingresos.
La escena tiene algo de rueda infinita. Cada revisión tarifaria promete cerrar el conflicto histórico. Pero el expediente vuelve siempre al mismo lugar: las empresas sostienen que las tarifas no alcanzan y reclaman compensaciones adicionales, mientras la deuda con Cammesa sigue creciendo como una bola de nieve que el propio Estado termina financiando.
Esa discusión además quedó golpeada por antecedentes incómodos. Durante la intervención del ENRE encabezada por Federico Basualdo, una auditoría sobre los acuerdos firmados en tiempos de Gustavo Lopetegui argumentó irregularidades en el cálculo de los «activos regulatorios». Según esa investigación, las valuaciones favorecían artificialmente a las distribuidoras, al punto de transformar empresas deudoras en acreedoras del Estado.
Como sea, en el sector energético muchos interpretan que el nuevo proyecto barre incluso con el argumento político que justificó la última revisión tarifaria impulsada por Milei. Si aquella recomposición extraordinaria de ingresos no alcanzó para cerrar el reclamo histórico de las distribuidoras, entonces la discusión ya no parece tener punto final.
En un contexto marcado por el repunte inflacionario y la caída de las tasas tradicionales, los plazos fijos UVA crecieron más de 80% durante abril y superaron el billón de pesos en el sistema financiero.
El fenómeno refleja un cambio de comportamiento entre los ahorristas, que buscan alternativas para no perder poder adquisitivo frente a una inflación que volvió a acelerarse.
Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el stock de depósitos UVA pasó de unos $555.000 millones en marzo a más de $1 billón en abril, impulsado por la necesidad de cobertura frente a la suba de precios.
El atractivo principal de estos instrumentos es que ajustan por inflación a través del coeficiente CER, por lo que el dinero mantiene su valor real durante el plazo de inversión. Además, los bancos suelen agregar una tasa extra, aunque actualmente esa rentabilidad adicional es reducida.
Sin embargo, detrás del boom aparecen dudas importantes para los ahorristas e inversores: ¿conviene realmente inmovilizar el dinero en un plazo fijo UVA o existen alternativas mejores?
De acuerdo al asesor financiero Fernando Villar, el instrumento puede servir, pero tiene limitaciones claras. «La opción de plazo fijo UVA en general es una alternativa para un público conservador que no necesite liquidez», explicó. El especialista remarcó que estos depósitos suelen exigir inmovilizar el dinero durante al menos 90 días y que, en caso de cancelación anticipada, las condiciones son poco convenientes.
«El rendimiento real que uno tiene es muy escaso. En general, uno con suerte se cubre de la inflación», sostuvo Villar. Según indicó, muchos bancos están pagando apenas «inflación más 1%» e incluso algunos ofrecen menos que eso.
El rendimiento real del plazo fijo UVA es muy escaso. En general, uno con suerte se cubre de la inflación
Ese punto es central para entender el debate actual. El plazo fijo UVA no está pensado para generar grandes ganancias, sino para preservar el valor del ahorro en pesos. Es decir, funciona más como una herramienta defensiva que como una inversión de rendimiento.
En paralelo, las tasas de los plazos fijos tradicionales quedaron rezagadas frente a la inflación y ahora rondan el 20% nominal anual. Durante abril, varias entidades financieras redujeron los rendimientos de las colocaciones a tasa fija, lo que empujó a muchos ahorristas hacia alternativas indexadas.
En este marco, Joaquín Arregui, fundador y director de la consultora, coincidió en que existen opciones más eficientes dentro del mercado de capitales. «Los bonos CER surgen como una alternativa claramente superior», afirmó Arregui. Estos títulos también ajustan por inflación, pero suman una tasa adicional que hoy ronda el 4% anual para vencimientos superiores a un año.
Además, tienen otra ventaja clave: la liquidez. «Pueden venderse en el mercado secundario en cualquier momento sin penalidades», sostuvo el ejecutivo. En cambio, el plazo fijo UVA obliga a esperar hasta el vencimiento para recuperar el capital sin pérdidas.
Villar también destacó ese aspecto. «En el mercado de capitales hay bonos atados a inflación que en general uno puede vender en cualquier momento, con lo cual tiene liquidez, y hasta hay pagos de renta intermedios», señaló. Según detalló, algunos bonos CER están ofreciendo rendimientos de «inflación más 3% o más 5%», algo considerablemente más atractivo que el rendimiento bancario.
En el mercado de capitales hay bonos atados a inflación que en general uno puede vender en cualquier momento, con lo cual tiene liquidez, y hasta hay pagos de renta intermedios
De todos modos, ambos especialistas advierten que ninguna inversión en pesos está exenta de riesgos. Villar recordó que siempre existe el peligro de una suba del tipo de cambio superior a la inflación, lo que podría licuar las ganancias reales en dólares.
«Dentro de una cartera diversificada, tener algo atado a inflación está muy bien. Ahora, el plazo fijo UVA, si bien es lo más fácil de obtener en el banco, no es lo más conveniente», resumió.
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