Durante esta mañana un grupo de empleados municipales se capacita sobre la ley Micaela en el marco de la Ordenanza N° 028/2020 y la Ley Nacional N° 27.499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
De esta manera se da continuidad a la capacitación iniciada a mediados de este año. En este caso, la actividad se desarrolla en el polideportivo Cumelen.
«El caso Dalmasso es el ‘Nisman del cordobesismo’. Cada vez que hay quilombo se reactiva el tema». La frase pertenece a una persona que conoce detalles de lo sucedido por la causa del crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto, en noviembre del 2006. Y sintetiza el tembladeral judicial y político que comenzó este martes en la Legislatura provincial con el jury a los tres primeros fiscales que intervinieron en el caso: Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles.
Los tres están acusados por mal desempeño y negligencia grave. Acusaciones por las que son juzgados frente a un tribunal policromático que incluye llaryorismo, schiarettismo, radicalismo y juecismo; y que tiene como acusadora a la Adjunta del Ministerio Público Fiscal, Bettina Croppi. Situación que en el arranque de la jornada motivó el pedido de nulidad del proceso por parte del abogado de Miralles que insistió con que, quien debía estar sentado en ese rol para acusar era el flamante Fiscal General, Carlos Lezcano.
Funcionario que asumió hace casi dos semanas con un fuerte aval del llaryorismo y para suceder al schiarettista Juan Manuel Delgado con quien, la nueva generación del cordobesismo nunca tuvo buena relación.
En tanto, la compensación que tiene el jury que se inició este martes en la Unicameral cordobesa cuenta con varios ingredientes. Es presidido por Julieta Rinaldi, legisladora del peronismo que responde de manera directa al exgobernador Juan Schiaretti; pero también lo integran el jefe de bloque del oficialismo, Facundo Torres, hombre de Alta Gracia de buen vínculo con el exmandatario, pero que reconstruyó su relación con Llaryora. Al punto que el actual mandatario lo dejó al frente del PJ provincial.
Javier Di Santo, uno de los fiscales acusados.
Y están el legislador radical que responde a De Loredo, Miguel Nicolás; y el juecista Walter Gispert. En tanto, por el Poder Judicial, la silla la ocupa la vocal del Tribunal Superior (TSJ), Aída Tarditti, de muy buena relación con la senadora Alejandra Vigo y de frío vínculo con Llaryora.
Este esquema es el que definirá el futuro de los tres primeros fiscales que tuvo el crimen más resonante del siglo en Córdoba y por el que la política se preocupó. Y mucho.
Al punto que un memorioso hoy recordó en 2007, después del perejilazo cuando se acusó y detuvo al pintor Gastón Zárate -al que luego se liberó por la marcha en Río Cuarto- cómo reaccionó la política y la tensión que se produjo entre De la Sota y Néstor Kirchner. Con una escala del por entonces presidente en Río Cuarto que incluyó acto y algunas palabras alusivas al caso.
De los tres fiscales, el futuro más complejo lo tiene Di Santo. Que hoy, al momento de declarar se quebró y dijo no ser prejuicioso. «Es de total falsedad sostener que no se investigó a Barzola», señaló, además, sobre quien se apuntó, recién hace poco más de un año como el autor material, aunque luego fue absuelto.
Di Santo cruzó fuerte a Croppi, la Adjunta que tiene el rol acusatorio y está ligada a Vigo, aunque el desembarco en el MPF lo motorizó Llaryora.
Por su parte, Miralles también se defendió y Pizarro, que tomó la causa en el 2017, reparó en la cantidad de fiscalías que tenía a su cargo cuando tomó la investigación.
No obstante, en la convivencia que existe entre los pasillos de la Justicia y los despachos de la política en Córdoba saben que los dos funcionarios judiciales con mayor peso que tiene Llaryora son la vocal del TSJ, Jéssica Valentini, y el jefe de los fiscales, Lezcano. Si el jury a los fiscales del caso Dalmasso termina con destitución será un correctivo contundente al resto del ministerio público fiscal.
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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, un acuerdo por el cual el gobierno libertario se compromete a saldar una deuda de 48.000 millones de pesos por deuda con la caja provisional de esa provincia patagónica.
A partir de este acuerdo, Anses transferirá los fondos adeudados a la provincia de Chubut, en concepto de financiamiento del sistema previsional. El gobierno de Javier Milei había cancelado las transferencias destinadas a cubrir el déficit de las cajas previsionales de 13 provincias que en la década del ‘90 no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación.
El gobierno de Torres había presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda para reclamar el pago de la deuda por parte del Estado nacional. «Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia», dijo el gobernador.
El acuerdo entre Torres y el gobierno de Milei tuvo un impacto directo en la provincia de Buenos Aires toda vez que días atrás, la Corte convocó a funcionarios de la ANSES y al gobierno de Kicillof a una audiencia para buscar una solución con el mismo tema. En el caso de Buenos Aires, la deuda asciende a unos 2,2 billones de pesos.
Axel Kicillof.
En esa audiencia, la Corte le preguntó al Estado nacional si tenía algún ofrecimiento para hacer y fijó un nuevo encuentro para el 11 de abril. El gobierno de Kicillof busca aprovechar estos días para enviar información técnica.
Al igual que Chubut, la provincia de Buenos Aires, es una de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes provisionales a Nación. Por lo que el Estado Nacional debe compensar los déficits. Eso se realiza a través de un sistema de simulaciones y auditorias que debe hacer el Estado Nacional sobre las cuentas provinciales.
En La Plata aseguran que vienen enviando toda la documentación sin demoras. Sin embargo, desde el primer día de enero de 2024 que dejaron de recibir las transferencias.
Los argumentos que plantearon los representantes de la ANSES en la audiencia con la provincia fueron que no estaban terminadas las auditorías sobre la provincia. En tanto, los enviados por Kicillof dijeron que todo estaba presentado en tiempo y forma, pero que estaban dispuestos a reenviar toda la documentación. En función de eso, la Corte convocó a una nueva audiencia para el 11 de abril.
Esta semana, el gobierno provincial presentó su octava demanda ante la Corte Suprema. En este caso reclama más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.
Este último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina recuerda que hasta el 5 de marzo se encuentran abiertas las preinscripciones para las propuestas del ciclo 2021 de la Escuela de Arte Popular del IUPA. Los interesados en estudiar guitarra folclórica o danzas folclóricas de la mano de docentes de IUPA, pero en su…
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