Durante esta mañana un grupo de empleados municipales se capacita sobre la ley Micaela en el marco de la Ordenanza N° 028/2020 y la Ley Nacional N° 27.499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
De esta manera se da continuidad a la capacitación iniciada a mediados de este año. En este caso, la actividad se desarrolla en el polideportivo Cumelen.
La colonia de vacaciones organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina tuvo su cierre el último viernes después de cinco semanas de desarrollo. En total, aproximadamente 500 niños y niñas participaron de las actividades propuestas que se desarrollaron en la Isla 58. Al respecto, el Director de Deportes Damián Álvarez…
El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.
Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI
El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros
Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.
El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.
Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación
Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.
El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.
Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.
La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.
Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado
El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.
La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.
Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei
La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.
Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.
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Entre los libertarios crece el malestar con Karina Milei y los Menem por los acuerdos que tejen con gobernadores aliados, que podrían dejar a La Libertad Avanza sin candidatos puros en 2027 en ninguna provincia.
Karina se impuso en 2025 con la estrategia de llevar candidatos propios en todas las provincias y marginó a Santiago Caputo, que proponía acordar con los gobernadores aliados en los distritos en donde el armado libertario era precario. El triunfo del gobierno en las elecciones de medio término le dio la razón internamente a Karina y su hermano la ensalzó incluso desde el búnker, la noche de la elección.
Pero después de un año de aquel cierre de listas, el armado de Karina y los Menem no se consolidó en candidatos competitivos que le den al gobierno la expectativa de ganar alguna provincia con libertarios puros.
De hecho, los únicos candidatos propios que eran una amenaza para los gobernadores ajenos a La Libertad Avanza fueron silenciados por el propio eje de Karina y los Menem. Es el caso de Nadia Márquez en Neuquén, en donde la Rosada prefiere acordar con el gobernador Rolo Figueroa y el de Emilia Orozco en Salta, que como anticipó LPO en exclusiva recibió la orden de Lule Menem de que «baje un cambio».
Dejen de joder a los gobernadore, es gente que nos está ayudando y ustedes los tratan de chorros y narcos
Karina les dio un nuevo tirón de orejas a los libertarios que planeaban disputar las gobernaciones en sus provincias y amargó a más de uno que ahora ve cómo la hermana presidencial adopta la estrategia que proponía Santiago Caputo un año antes.
«Dejen de joder a los gobernadores», los retó la presidenta del partido. «Es gente que nos está ayudando y ustedes los tratan de chorros y narcos», dijo Karina.
Nadia Márquez a la salida de la reunión en la que Karina pidió que «dejen de joder» a los gobernadores.
El pedido de Karina esconde el armado precario que tejió junto a los Menem en todo el interior. En ninguna provincia tienen un candidato instalado que genere expectativas y por eso la lista de provincias en las que La Libertad Avanza podría presentar un postulante puro se achicó a un puñado, incluso en estado de revisión.
En la Ciudad la propia Karina abandonó el ímpetu de otrora y se muestra proclive a acordar con Jorge Macri una fórmula en la que estaría incluida su amiga Pilar Ramírez, su referente en territorio porteño. En la provincia, en tanto, las aspiraciones de Sebastián Pareja se esfumaron con la elección de Diego Santilli como jefe de gabinete. El Colorado apuesta a ser el candidato del gobierno, pero es otro caso en el que el postulante del gobierno es prestado de otro partido.
Es por eso que empezaron las huidas de los concejales libertarios que, asumiendo que el panorama será el de acordar con el PRO, prefirieron negociar por la suya y acordar con los intendentes peronistas.
La tensión con Bullrich llegó a un punto rayano al ridículo. El gobierno quiere activar el Senado porque necesita leyes pero al mismo tiempo no quiere darle la razón a Patricia, que dijo públicamente que había que despachar a Adorni para que empiece a funcionar el Congreso
El mismo caso de Santilli se repite en otros distritos como Río Negro, en donde tuvieron que afiliar al candidato del PRO, Aníbal Tortoriello, para soñar con ganarle la provincia a Alberto Weretineck y al peronismo.
En otros distritos ni siquiera se plantea la idea de presentar un candidato que complique a los gobernadores. En Santa Cruz, la idea inicial era llevar al diputado Jairo Guzmán, pero se inclinan por apoyar al golpeado gobernador Claudio Vidal ante el riesgo de que el kirchnerismo recupere su provincia de origen. En otras provincias como Mendoza, donde parecía número puesto Luis Petri, ahora Karina y los Menem creen más conveniente acordar directamente con Alfredo Cornejo.
En definitiva son los gobernadores los que le prestan gobernabilidad al Ejecutivo en el Congreso y con esa arma los van a ir llevando a los Milei hasta el año que viene. Los libertarios creen que, si antes de diciembre Karina no da una señal para presentar listas propias, ya será tarde.
Carlos Sadir y Alberto Weretilneck
Es que el juego de los gobernadores será desdoblar para pedir la prueba de amor de la Rosada primero, meses antes de las presidenciales. Si el gobierno los confronta, se asegurará enemigos en todos los distritos que atentarán contra la reelección de Milei en octubre. La trampa de los mandatarios es que luego de un eventual apoyo en las elecciones desdobladas locales, el gobierno nunca podrá tener la garantía de un apoyo en octubre.
Por eso los libertarios creen que la gobernabilidad para un segundo mandato de Milei será muy mala, ya que La Libertad Avanza no tendrá provincias propias y el presidente será pato rengo, es decir, no podrá competir por otro mandato. El día después de su asunción y sin un sucesor potable instalado, estará en soledad atado a la buena predisposición de gobernadores de otros partidos.
La falta de promoción de cuadros propios llevó a Milei a poblar el gabinete de ministros con pasado macrista. Además de Santilli, otros cinco ministros estuvieron en el gobierno de Mauricio Macri: el de Economía, Luis «Toto» Caputo; el de Desregulación, Federico Sturzenegger, el de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el canciller, Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva, de Seguridad.
Los líderes de las dos cámaras, que hablan en nombre del gobierno, provienen del PRO. Cristian Ritondo tiene la llave del quórum en Diputados y en el Senado los libertarios pusieron de bloque a la ingobernable Patricia Bullrich.
Ahora, la tensión con Patricia llegó a un punto rayano al ridículo. El gobierno quiere activar el Senado porque necesita leyes pero al mismo tiempo no quiere darle la razón a Bullrich, que dijo públicamente que había que despachar a Manuel Adorni para que empiece a funcionar el Congreso. Como la idea de Karina es destruir a Bullrich, se suspendió la sesión de la semana pasada y se pusieron en pausa todos los proyectos.
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina informa que debido a la confirmación de casos positivos de Covid-19 y de manera preventiva las oficinas ubicadas en Uspallata Sur 169 permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Difunde esta nota
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