Durante esta mañana un grupo de empleados municipales se capacita sobre la ley Micaela en el marco de la Ordenanza N° 028/2020 y la Ley Nacional N° 27.499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
De esta manera se da continuidad a la capacitación iniciada a mediados de este año. En este caso, la actividad se desarrolla en el polideportivo Cumelen.
La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.
La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.
La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno
El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.
Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.
Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.
Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”
La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.
Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.
Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.
La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.
Comunicación, soberanía y mercado
El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.
La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.
Ahí reside el núcleo político del asunto.
Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.
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La fuerte contracción del consumo hace que el desplome de las ventas minoristas no encuentre aún su piso. En el Conurbano, hay puntos donde ese derrumbe ya supera holgadamente los dos dígitos.
Por caso, en Pilar, la Sociedad de Comerciantes local advirtió que las ventas minoristas sufrieron un descenso del 15,6% en abril, con relación al mismo mes del año pasado.
De acuerdo al relevamiento de esa entidad expuesto en Pilar a Diario, los derrumbes más pronunciados se dieron en Materiales para la Construcción (-25%), Calzados y Marroquinería (-20%), Librería (-18%) y Bazar y Decoración (-18%).
Pero también se registró una fuerte caída en rubros esenciales como Alimentos y Bebidas, con una baja del 15,6%, misma cifra que Pañaleras y Artículos Infantiles.
Semejante contracción empieza a tener su correlato visible en la baja de persianas de numerosos locales comerciales, algunos de los cuales se reconvierten al plano de venta online.
Datos oficiales expuestos por funcionarios del municipio platense en el Concejo Deliberante dieron cuenta del cierre de más de 1.000 locales en la capital bonaerense desde la asunción de Javier Milei
En La Plata, en tanto, un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP para la Cámara de Comercio local expuso una caída promedio del 9,1% en el primer trimestre de 2026, lo que acumula 13 trimestres consecutivos a la baja.
Frente a esta crisis, datos oficiales expuestos por funcionarios del municipio platense en el Concejo Deliberante dieron cuenta del cierre de más de 1.000 locales en la capital bonaerense desde la asunción de Javier Milei al Gobierno.
Dentro del análisis sectorial, el rubro de indumentaria fue el más afectado en La Plata (-11,2%), número similar al de servicios personales y materiales para la construcción.
«En términos geográficos, mientras que zonas como Gonnet y City Bell sufrieron los mayores descensos, los centros comerciales de calle 12 y el casco céntrico mostraron una resistencia superior al promedio», detalla el informe.
En Mar del Plata, el 77,8% de los comerciantes considera que el contexto actual no es propicio para realizar inversiones, mientras que el 9,5% de los consultados ya contempla despidos.
En Mar del Plata, en tanto, las ventas minoristas registraron en abril una caída del 2,6%, de acuerdo con el relevamiento de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción local (Ucip).
El 46% de los comerciantes consultados en la ciudad balnearia indicó que su situación empeoró respecto al mismo período del año anterior, contra un 50,8% que la considera estable y solo un 3,2% que registra mejoría.
En tanto, el 77,8% de los comerciantes considera que el contexto actual no es propicio para realizar inversiones en sus negocios, mientras que el 9,5% de los consultados ya contempla reducciones de personal.
«Cuando cae el volumen vendido, se enfría la actividad cotidiana. La caída en unidades refleja con claridad un consumo más contenido y una economía donde los hogares priorizan lo esencial. Necesitamos recomponer el poder de compra y sostener condiciones para que las pymes puedan mantenerla actividad y el empleo», dijo el titular de Ucip, Blas Taladrid.
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