Durante esta mañana un grupo de empleados municipales se capacita sobre la ley Micaela en el marco de la Ordenanza N° 028/2020 y la Ley Nacional N° 27.499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
De esta manera se da continuidad a la capacitación iniciada a mediados de este año. En este caso, la actividad se desarrolla en el polideportivo Cumelen.
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El Gobierno quiere que las tasas bajen para que el crédito vuelva a mover la rueda de la economía. Pero los bancos no parecen dispuestos a acompañar esa hoja de ruta al ritmo que espera el equipo económico. La explicación que dan en las entidades es simple: nadie puede garantizar que el año que viene vuelva la volatilidad por las elecciones y el Ministerio de Economía suba abruptamente las tasas, dejándolos descalzados.
El factor político es el que más ruido mete, en voz baja. «Entre contener el dólar, la inflación y las tasas, van a priorizar las dos primeras variables. Y yo no puedo prestar a 36 meses con la tasa de hoy, sabiendo que después se mandan una como el desarme de las Lefis y te disparan la tasa al 150%. Te funden», dijo a LPO una fuente de una importante entidad bancaria.
La frase resume el cortocircuito. Caputo necesita que los bancos bajen la tasa para que el plan muestre actividad. Los bancos necesitan que el Gobierno les garantice que no habrá otro volantazo monetario. En el medio quedan las familias endeudadas y los ahorristas con tasas negativas.
El problema no es menor para Luis Caputo. Si las tasas no aflojan, el consumo queda corto de nafta. También se frena el crédito personal, se enfría la venta de bienes durables y se achica el margen para mostrar recuperación en la calle. El Gobierno necesita que el sistema financiero funcione como motor. Pero los bancos van con pie de plomo.
El dato duro muestra la brecha. La tasa promedio para préstamos personales se ubica en 71,27% nominal anual, según el promedio que publica el Banco Central. Pero ese número es apenas la puerta de entrada. El costo final depende del perfil crediticio, de si el cliente cobra el sueldo en la entidad y de los cargos asociados. Por eso el número que realmente importa es el Costo Financiero Total, que suma impuestos, comisiones, seguros y gastos administrativos.
En el Banco Nación, por ejemplo, los préstamos personales para quienes adhieren al paquete de servicios tienen una tasa fija del 74% nominal anual y un CFT efectivo anual de 171,76%. Para la cartera general, sin paquete o sin relación salarial más favorable, la tasa sube al 91% nominal anual.
En Banco Provincia, las líneas para empleados de la administración pública rondan el 79% nominal anual, con un CFT efectivo anual de 114,92%.
En los privados, la foto es más áspera: líneas tradicionales de consumo de BBVA o Galicia para clientes preaprobados online pueden ubicarse en torno al 129% nominal anual, con un costo efectivo anual de 240,51%.
Entre contener el dólar, la inflación y las tasas, van a priorizar las dos primeras variables. Y yo no puedo prestar a 36 meses con la tasa de hoy, sabiendo que después se mandan una como el desarme de las Lefis y te disparan la tasa al 150%. Te funden.
La diferencia entre tasa y costo total no es un detalle técnico. Es el corazón del asunto. La TNA marca el interés puro que cobra el banco. La TEA muestra cuánto pesa ese interés cuando se capitaliza durante el año. El CFT es el número completo: incluye IVA sobre intereses, gastos, comisiones y seguros. Es decir, lo que sale del bolsillo. La letra chica, en este caso, no es tan chica.
Del otro lado del mostrador, los bancos pagan bastante menos por quedarse con los pesos de los ahorristas. Entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia ofrece 19,5% nominal anual para plazos fijos; Nación, 19%; BBVA, 18,75%; Macro, 18%; ICBC y Credicoop, 17,5%; Ciudad, 17%; Galicia, 16,25%; Patagonia, 16%; y Santander, 15%. La distancia entre lo que pagan por captar fondos y lo que cobran por prestarlos ronda los 50 puntos porcentuales en términos nominales.
Esa brecha luce desproporcionada frente a una inflación que el mercado proyecta en 30,5% interanual para diciembre, según el REM del Banco Central. Los plazos fijos pagan tasas reales negativas si se los compara con una inflación mensual que se mueve en torno al 2% o 2,3%. Los préstamos personales, en cambio, viajan varios pisos por encima de los precios esperados.
En las entidades aseguran que el principal componente de esa diferencia es el riesgo de incobrabilidad. El argumento es que cuando aumenta la mora, el banco cubre la posible pérdida encareciendo la tasa para quienes sí cumplen. Esta en el ADN del sistema financiero: socializa el riesgo dentro de la propia cartera y lo transforma en precio.
El último Informe sobre Bancos del BCRA confirma que el problema viene creciendo. En marzo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado ascendió al 7% para el conjunto de entidades. Fue 0,3 puntos más que en febrero y 5 puntos más que un año atrás. Pero el promedio general disimula la fractura: la mora de las familias llegó al 11,5%, mientras que la de las empresas alcanzó el 3,1%.
La diferencia es clave. Las empresas todavía muestran un comportamiento de pago mucho más sólido. Los hogares, en cambio, aparecen como el eslabón débil de la cadena. El deterioro de los ingresos, el uso del crédito para llegar a fin de mes y el arrastre de cuotas caras hicieron subir la irregularidad familiar al nivel más alto en dos décadas. El BCRA marcó que la suba en hogares estuvo impulsada sobre todo por préstamos personales.
Cuando la mora se mide en personas y no sólo en pesos, el cuadro se vuelve más incómodo. Un relevamiento de Analytica, elaborado sobre datos oficiales del BCRA y del INDEC, estimó que 5,3 millones de personas se encuentran en mora tardía dentro del sistema financiero ampliado. Eso equivale al 26,9% de quienes tienen algún tipo de financiamiento activo. Uno de cada cuatro deudores no logra pagar a tiempo.
Desde los bancos remarcan que la morosidad no está bajando. Al contrario, dicen que acumula más de 16 meses consecutivos de suba. En las mesas de riesgo hay una frase que se repite: no se puede prestar a largo plazo con tasas de corto plazo si la macro todavía no despejó la niebla.
Un relevamiento de Analytica, elaborado sobre datos oficiales del BCRA y del INDEC, estimó que 5,3 millones de personas se encuentran en mora tardía dentro del sistema financiero ampliado. Eso equivale al 26,9% de quienes tienen algún tipo de financiamiento activo. Uno de cada cuatro deudores no logra pagar a tiempo.
Pero la mora no explica todo. Las entidades también apuntan a las regulaciones y a los encajes del Banco Central. Los bancos no pueden prestar todo el dinero que reciben de los depositantes. Deben mantener una parte inmovilizada como garantía de liquidez. Ese dinero queda congelado y no genera ganancias comerciales directas. Según la lectura bancaria, ese costo se compensa en los créditos que sí salen a la calle.
A eso se suma la falta de escala. El mercado de crédito formal argentino es chico en relación con el PBI. Hay pocos tomadores de largo plazo, poca profundidad financiera y una historia de crisis que dejó cicatrices. En ese ecosistema, cada préstamo carga con más costos operativos, más estructura y más margen unitario.
También pesan los impuestos y el costo de fondeo. Los bancos mencionan salarios indexados, gastos administrativos, Ingresos Brutos, el impuesto a los débitos y créditos y cargos asociados a cada operación. Además, el bajo atractivo de los plazos fijos tradicionales obliga a cuidar la liquidez con cuentas a la vista. Esa dinámica encarece el fondeo y vuelve más difícil trasladar al crédito una baja fuerte de tasas.
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