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La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.

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El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

 

El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

«La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

«Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

«Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

 

 

En una decisión sin precedentes, la Municipalidad de Zárate designó oficialmente a una inteligencia artificial como funcionaria pública. La herramienta digital, llamada ZARA, fue nombrada directora general de Atención al Vecino no humana mediante el Decreto Nº 532/25, firmado por el intendente Marcelo Matzkin (PRO). Con esta medida, el municipio se convierte en el primero del país en otorgar rango administrativo a un sistema de IA con autonomía para actuar dentro de la estructura estatal.

Qué hará ZARA: trámites, reclamos y expedientes

La IA estará integrada al sistema interno del municipio y podrá gestionar reclamos, tramitar expedientes, emitir resoluciones administrativas y ofrecer atención personalizada las 24 horas, sin interrupciones. Desde el municipio explicaron que su incorporación apunta a agilizar procesos burocráticos y mejorar la interacción con los vecinos.

El sistema permitirá, por ejemplo, que cualquier vecino pueda reportar un problema de alumbrado, solicitar turnos o hacer consultas desde su celular. ZARA procesará la información, derivará el caso al área correspondiente o generará una resolución inmediata, reduciendo tiempos que antes podían extenderse por días o incluso semanas.

Ante las dudas sobre su impacto en el empleo municipal, Matzkin aclaró que “ZARA no reemplaza a los trabajadores, los potencia”, y destacó que la incorporación tecnológica busca crear una gestión más moderna, eficiente y accesible para todos. Según el intendente, la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para simplificar trámites, eliminar burocracias innecesarias y posicionar a Zárate como un municipio innovador.

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Se registro este domingo por la tarde un incendio de pastizales en un loteo ubicado en Centenario.

El hecho tuvo lugar en la localidad vecina entre la calle 4 y Nelson Mandela, sobre la Ruta 234. La intensa humareda alertó a los vecinos de la zona, quienes inicialmente pensaron que se trataba de una quema controlada, aunque rápidamente se confirmó que el fuego estaba fuera de control.

Al arribar al lugar, los bomberos voluntarios constataron que las llamas habían avanzado sobre una gran cantidad de pastos secos, ramas y troncos de árboles que habían sido retirados previamente. La combinación de viento y sequía, a pesar de las lluvias del sábado, generó un escenario propicio para la propagación del fuego, que demandó una rápida intervención para evitar daños mayores.

La situación generó preocupación entre los productores rurales cercanos, ya que las llamas amenazaban con extenderse hacia otras chacras en producción. Gracias al trabajo de los bomberos y el apoyo de vecinos, el incendio fue controlado antes de alcanzar viviendas o cultivos, aunque se recordó que las quemas están prohibidas por el riesgo que implican en contextos de sequía.

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La localidad de Plottier vive un auge productivo con más de 130 hectáreas dedicadas a la frutilla. A pesar del crecimiento y las ferias que impulsan su identidad local, los productores enfrentan nuevos desafíos por la urbanización y el uso de agroquímicos.

En los últimos diez años, Plottier se consolidó como el principal centro de cultivo de frutilla en la Patagonia. Sebastián Núñez, referente del programa de hortícolas y frutas finas del Centro PyME-ADENEU, explicó en AM Cumbre 1400 que el desarrollo comenzó “a partir del trabajo de algunos productores y dos plantineros muy importantes en la zona”.

Actualmente, el registro oficial contabiliza unos 70 productores y más de 130 hectáreas cultivadas, cifra que crece cada temporada gracias al apoyo técnico y financiero del programa Frutafinas, vigente desde el año 2000.

Desde el Centro PyME se brinda acompañamiento permanente “desde lo técnico, financiero y con capacitaciones”, además de gestiones para conectar emprendedores con nuevos mercados. Núñez destacó que “siempre hubo un coordinador y se promueven buenas prácticas productivas y vínculos con distintos sectores”.

Condiciones ideales en suelo y clima

Los suelos arenosos y bien drenados, sumados a la excelente calidad del agua subterránea, hacen que el cultivo prospere entre los meses de octubre y mayo, período libre de heladas. Según Núñez, “no hay muchos lugares del mundo donde el agua esté a un metro y se pueda succionar con una bomba centrífuga; acá eso ocurre y marca una diferencia”.

La combinación de clima templado y suelo permeable convierte a la frutilla en una fruta de alta calidad y dulzor natural, muy valorada tanto por el mercado regional como por el consumidor local.

Producción y variedades: 2.900 toneladas por año

La producción anual estimada alcanza 2.900 toneladas, con un rendimiento promedio de 22 mil kilos por hectárea. La variedad más cultivada es Albion, reconocida por su firmeza, dulzura y tamaño. “En otras zonas como Mar del Plata, Albion no prospera igual, lo que demuestra lo particular del clima neuquino”, explicó Núñez.

Cada plantación puede durar hasta tres años, y los rendimientos varían según el manejo, la fertilización y el momento de plantación (otoño o primavera).

Mercado, precios y consumo local

El principal destino de la producción es el mercado mayorista, con envíos a Neuquén, Bariloche y Mendoza. Durante enero, el turismo en el sur impulsa las ventas hacia los centros turísticos patagónicos. “La caja de tres kilos arrancó en 25 mil pesos en octubre y bajó a unos 15 mil a comienzos de noviembre”, explicó Núñez, quien aclaró que “el precio depende del tamaño, la calidad y el compromiso con el cliente”.

Aunque el volumen minorista es menor, los vecinos de la región aprovechan la cercanía para comprar fruta fresca, muchas veces directamente de chacra, lo que permite acceder a un producto más económico y de origen local.

Urbanización, agroquímicos y tensiones con los vecinos

El crecimiento urbano trae nuevos desafíos para la producción. Núñez reconoció que “donde antes estaban solo los productores, hoy ya hay casas al lado”, una situación que genera conflictos de convivencia y presión sobre las zonas rurales.

Sobre el uso de agroquímicos, el referente aclaró que “se emplean productos autorizados y se capacita al personal en su aplicación segura”, aunque admitió que “todavía falta mejorar”.
Además, señaló que el uso de abonos orgánicos como la cama de pollo provoca olores fuertes en ciertas épocas del año, especialmente antes de la siembra de primavera. “Es parte del proceso natural, pero puede generar molestias cuando la urbanización avanza sobre las chacras”, explicó.

Identidad local y Feria de los Frutos Rojos

Más allá de las tensiones, la frutilla se consolidó como símbolo de identidad plottierense. Este año, la localidad celebrará la Feria de los Frutos Rojos el 14 de noviembre, marcando el inicio de la cosecha.

“Más allá de los conflictos, la frutilla ya es una identidad de Plottier”, subrayó Núñez.
El especialista también compartió un consejo para los consumidores: “Si buscan dulzor y color intensos, compren en diciembre. Pero si quieren una fruta más dulce y con mejor precio, esperen a marzo o abril, cuando la amplitud térmica mejora la calidad”.

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El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 

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La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

Salud y educación

Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

Cambios en residencia y ciudadanía

La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

Ingreso, permanencia y expulsiones

También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

 

 

Distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos están construyendo el tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires. La emergencia habitacional que atraviesa a miles de personas exige una respuesta urgente, solidaria y colectiva. Frente a la ausencia de políticas públicas efectivas, las organizaciones del pueblo dan el paso al frente para generar datos concretos, visibilizar esta realidad, y exigir derechos. Por Proyecto7.

Convocatoria

Llegan los primeros fríos, mucha gente en la calle, mucha población nueva, y mucha que va a llegar, sabemos que te importa, siempre lo dijiste, estamos por hacer el 3er Censo Popular de Personas en situación de Calle, desde PROYECTO7 te queremos pedir 3 cosas:1 – que te sumes como voluntarie para ser parte.2- que difundan esto y el link de inscripción para poder sumarse.3 – que tomes conciencia de que es indispensable que sepamos qué cantidad de personas está padeciendo esta realidad y cómo está compuesta cualitativamente la población para mejorar nuestro trabajo y también para exigirle al Estado en su conjunto que aplique las leyes conseguidas y les adjudique el presupuesto que corresponda, conforme a las cifras actualizados y reales.Nos vemos en las capacitaciones y el Censo.

Aquí enlace al forms para que puedas inscribirte para participar como censista, con toda la seguridad de una red comunitaria y de contención.

Se convoca a todas las organizaciones sociales, culturales, religiosas, estudiantiles, gremiales y comunitarias que compartan esta preocupación a sumarse aportando voluntarios, difusión y trabajo territorial.

El censo no solo busca contar, sino también reconocer, acompañar y organizar.

Detrás de cada número hay una historia, una vida y un derecho vulnerado.Nuestro compromiso es transformar la realidad.

Si formás parte de alguna organización y querés sumarte, contactanos por:

Correo electrónico: [email protected]

Cuenta de Instagram: @CensoPopularCaba

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