A través del Decreto 189/21, la Municipalidad de Villa Regina adhiere en todos sus términos a la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº N° 8951/21 que establece el ‘PASE LIBRE COVID’ como requisito para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio de la provincia que representan mayor riesgo epidemiológico, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.
El ‘PASE LIBRE COVID’ consistirá en la acreditación, por parte de todas las personas mayores de 13 años, de al menos dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, aplicadas por lo menos 14 días antes. La acreditación podrá hacerse mediante la App ‘Mi Argentina’ o el carnet de vacunación en formato cartón o tarjeta.
Las actividades son las siguientes:
*Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados que impliquen la concurrencia de más de 1000 personas.
Ser exitosa o exitoso es una premisa que caracteriza a las sociedades meritocráticas. Ahora, ¿qué es un sociedad meritocrática? Se podría decir que es toda aquella sociedad que premia democráticamente el mérito, y por ende al éxito de cada persona o sociedad. Esto no es tan sencillo como parece, ya que bajo la aparente libertad,…
El juez federal Gastón Salmain jugó muy fuerte este martes al ser finalmente indagado por cohecho en Rosario. Llegaba acusado de haber pedido un soborno para autorizar a un fideicomiso a comprar 10 millones de dólares en plena vigencia del cepo cambiario para pagar deudas financieras en el exterior. En un primer descargo negó haber cometido ningún delito y sostuvo que lo acusaban sin pruebas. Pero lo fundamental es que alegó que él ya había adoptado una resolución idéntica en un caso anterior. Y que sus superiores de la Cámara Federal de Rosario avalaron su criterio.
El caso que citó como antecedente es un amparo realizado por abogados del diario La Capital de Rosario que solicitaban en la misma época adquirir dólares en el mercado único libre de cambios (MULC), es decir a valor oficial, para pagar deudas contraídas en la compra del medio al Grupo América. Salmain hizo lugar a ese pedido. Reguló honorarios para el patrocinante que es el abogado Jorge Mattos, socio del estudio jurídico que tiene directores en el diario conocido como decano de la prensa argentina. Y remarcó que dos camaristas federales validaron su resolución.
El día que allanaron el despacho de Salmain a los investigadores les llamó la atención que sobre el escritorio estaba, impreso en papel, el escrito donde los abogados de La Capital presentan una mera declarativa para que se dicte luego una cautelar autorizando al MULC a vender dólares para cancelar deudas en moneda extranjera con su acreedor.
Entre cientos de trámites que se disponen en ese juzgado, Salmain tenía precisamente ese sobre su escritorio cuando llegaron a requisarlo. Cierto que podía ser para preparar su defensa, como lo hizo al ser indagado hoy, pero también parece insinuado el envío de un mensaje. Los investigadores saben que Salmain mantuvo una relación estrecha con abogados de ese estudio jurídico. Suponen que quiso orejear esa carta y también mandar recados hacia arriba. En el sentido de que si él procedió de modo criticable en su decisión judicial, también lo hicieron quienes lo avalaron.
¿Por qué llegó acusado Salmain? Los cuatro fiscales que investigaron este caso sospechan que los 10 millones de dólares o parte de ellos comprados a precio oficial fueron vendidos por el fideicomiso Atilla al valor blue lo que generó una suculenta ganancia por la diferencia de cambio. El fideicomiso lo explotaba el financista rosarino Fernando Whpei quien hoy está en prisión domiciliaria por distintas causas penales, una de ellas una extorsión a un par de agentes bursátiles en coordinación con el ex juez federal Marcelo Bailaque. Whpei al declarar como arrepentido dijo que para habilitar la cautelar Salmain solicitó un retorno del 10 por ciento surgido de la diferencia de cambio entre los billetes tomados en el oficial y vendidos en el blue. Y que el encargado de negociarlo fue el escribano y lobista del Poder Judicial Santiago Busaniche.
Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf.
En su descargo, que hizo junto a sus abogados Ignacio Carbone y Gustavo Feldman, Salmain trituró a Whpei, a quien calificó como un «arrepentido serial». Dijo que su testimonio lo inventó a cambio de una promesa de no quedar detenido en una cárcel común. También alegaron que no basta en un caso de cohecho que el soborno se concrete, sino que el delito se comete cuando el funcionario pide la coima. Y que no hay ninguna evidencia de que él haya pedido nada.
«Es una cuestión de interpretación eso. Para algo existen los valijeros, de modo que el funcionario no haga él mismo la transacción. Pero acá lo inusual fue la medida que tomó que para el BCRA y para muchos espectadores fue disparatada», comentó a LPO un abogado que analiza de muy cerca este pleito.
El empresario Fernando Whpei.
Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf y la disidencia de Fernando Barbara. En esa demanda mera declarativa los abogados solicitaban al Banco Macro la venta de 2.282.000 dólares para pagar al Grupo América por la transferencia de La Capital Medios SA. El Banco Macro rechazaba el planteo. Salmain hizo lugar al pedido de La Capital.
Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación este caso. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares en distintas jurisdicciones ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial en el mercado libre ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo. «Se quiere disfrazar la maniobra con una mentira de patas cortas. Sobre todo porque en el caso que se cita (el de La Capital) el demandado no es el Banco Central sino el Banco Macro. El Central solo es citado como tercero».
Salmain dijo ser blanco de una campaña de persecución, de un armado donde situó como instigadores a algunos medios de prensa, en particular a LPO por las notas publicadas en torno de sus actos públicos. Afirmó que no se había pedido diferir la indagatoria que se hizo este martes por problemas de salud de los que dijo no estar repuesto pero que lo hizo, por zoom, por su obligación institucional. Adujo que su temperamento como juez es resolver con celeridad extrema y que eso acarrea malestar entre sus colegas que alimentan la adversidad en su contra.
Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación el caso de La Capital. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial, ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo.
Los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares y Sergio Rodríguez habían solicitado que se indague a Busaniche, Whpei y al juez Salmain «por haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de USD$10.000.000, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario».
Los fiscales señalaron Busaniche, por su aporte operativo, y el Salmain, por su aporte como magistrado a cargo de la causa, solicitaron el pago del diez por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares. Es así que, para cumplir con el plan criminal, dijeron, Salmain se reunió previamente con Whpei al menos una vez en su despacho el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifestó sobre su viabilidad técnica solicitando que lo demás lo arreglara con Busaniche.
El juez a cargo de la indagatoria, Carlos Vera Barros, tiene diez días para resolver la situación procesal, vale decir procesar o dictar falta de mérito. Le mantuvo el estado de libertad lo que es una formalidad a derecho porque a Salmain lo amparan sus fueros como juez que le dan inmunidad de arresto.
“La sociedad ofrece estereotipos: los prejuicios (racistas, clasistas, xenófobos, sexistas)…La fisonomía del delincuente en el imaginario colectivo, que es alimentado por las agencias de comunicación…¿Por qué siguen reproduciéndose estas prácticas?
La Justicia volvió a frenar el intento de Milei de perseguir y silenciar a la prensa crítica. Tras el sobreseimiento del periodista Nicolás Lantos, ahora el mandatario deberá pagar más de 5,6 millones de pesos en honorarios. La derrota judicial expone, una vez más, la estrategia oficial de judicializar la disidencia.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Una derrota judicial que desnuda el método Milei
La Justicia determinó esta semana que Milei deberá abonar $5.646.480 en concepto de honorarios a los abogados de Nicolás Lantos, periodista de El Destape, a quien había denunciado por “calumnias e injurias” en julio de este año. Lantos fue sobreseído el 9 de octubre, cuando un fallo contundente derribó la acusación presidencial y confirmó que uno de los símbolos señalados en sus artículos estaba efectivamente vinculado al nazismo.
Se trata de una nueva caída de Milei en Tribunales después de meses de arremetidas contra periodistas críticos. La presentación contra Lantos se daba en el marco de una seguidilla de denuncias cuyo objetivo evidente era censurar y disciplinar al periodismo opositor, una estrategia que Noticias La Insuperable viene registrando y denunciando en distintas coberturas.
La ofensiva contra Lantos y el discurso extremista
La denuncia contra Nicolás Lantos surgió a partir de un comentario editorial del 16 de mayo, donde el periodista analizaba la relación entre la retórica de La Libertad Avanza y los discursos de odio de la extrema derecha global. Allí advertía que Milei alimentaba una narrativa que “pone en riesgo la convivencia y los derechos en Argentina”.
Lantos remarcó la doble vara del mandatario: mientras acusaba a periodistas de difamación, él mismo desplegaba un lenguaje cargado de descalificaciones y referencias simbólicas vinculadas a la ultraderecha. Más tarde, en un artículo posterior, sostuvo que Milei lleva adelante “una estrategia que combina autoritarismo, persecución y manipulación social para consolidar un proyecto profundamente antidemocrático”.
La Justicia le dio la razón. En la resolución del sobreseimiento se detalló que el símbolo “1488” —cuestionado por Lantos en sus textos— es una referencia numérica de la supremacía blanca, reconocida por organizaciones como La Liga Antidifamación. Esto derribó por completo la denuncia presidencial.
El ataque sistemático a la prensa crítica
La ofensiva de Milei no empezó con Lantos. Antes había acusado a Ari Lijalad de violar la IHRA por una nota donde el periodista advertía sobre los peligros de banalizar el Holocausto y promover discursos de odio desde el poder. A las pocas semanas, el Presidente apuntó también contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, todos señalados por supuestas “calumnias e injurias”.
Incluso figuras que no pueden considerarse opositoras, como Viviana Canosa y Carlos Pagni, terminaron alcanzadas por la agresiva cruzada judicial del mandatario.
El caso Lijalad fue especialmente ilustrativo: el periodista había publicado una columna titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”, donde advertía que el gobierno impulsa “un proceso de incitación al odio y la violencia contra quienes piensan distinto”. Tanto el juez Daniel Rafecas como la fiscal Paloma Ochoa concluyeron que no existía delito. La fiscal recordó que se trataba de un tema de interés público, lo que otorga una protección reforzada a la labor periodística frente a intentos de censura estatal.
Un patrón preocupante
Los reveses judiciales de Milei no detienen su método: acusar, intimidar, perseguir, y luego obligarse a retroceder cuando la Justicia confirma que no hay delito. Pero el daño ya está hecho: se instala el miedo, se fuerza al periodista a defenderse, se busca limitar el debate público.
La decisión que obliga a Milei a pagar más de 5 millones de pesos es más que una derrota personal: es una advertencia institucional. La Justicia le recordó al Gobierno que la libertad de expresión no se negocia y que el poder político no puede usar los tribunales como arma para disciplinar a quienes investigan, opinan o cuestionan.
En un país donde la democracia se sostiene sobre la pluralidad de voces, la avanzada judicial del mandatario no es un hecho aislado: es un síntoma de un proyecto que, bajo el relato libertario, avanza sobre derechos básicos. Esta vez no le salió gratis.
El sábado pasado, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina organizó una nueva visita guiada a la granja ‘La Soñada’, de manera de ir respondiendo a la gran demanda de personas interesadas en participar de la actividad. 11 adultos y 10 niños y niñas disfrutaron de una hermosa tarde de sol, recorriendo…
En publicidad hay un viejo refrán que dice “la mala publicidad siempre es buena”, porque como decía el dramaturgo Oscar Wilde “la única cosa peor de que hablen de uno, es que no hablen”, básicamente en eso se basa el dicho. Partiendo de ese precepto publicitario, me atrevo a metamorfosear la idea y darle una…
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