A través del Decreto 189/21, la Municipalidad de Villa Regina adhiere en todos sus términos a la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº N° 8951/21 que establece el ‘PASE LIBRE COVID’ como requisito para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio de la provincia que representan mayor riesgo epidemiológico, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.
El ‘PASE LIBRE COVID’ consistirá en la acreditación, por parte de todas las personas mayores de 13 años, de al menos dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, aplicadas por lo menos 14 días antes. La acreditación podrá hacerse mediante la App ‘Mi Argentina’ o el carnet de vacunación en formato cartón o tarjeta.
Las actividades son las siguientes:
*Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados que impliquen la concurrencia de más de 1000 personas.
Son 72 los puntos limpios activos en la ciudad de Villa Regina con proyección a llegar a 100 antes de fin de año, hace menos de un mes se despacharon 8 toneladas de residuos sólidos y ya se acopiaron unos 2.500ks más, además se trabaja en 2 edificios un proyecto piloto de separación y clasificación…
Miles de militantes, dirigentes políticos, organizaciones sociales y sindicales participaron este sábado del multitudinario banderazo realizado en Parque Lezama para reclamar la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y denunciar lo que el kirchnerismo considera una proscripción política impulsada por sectores del Poder Judicial. La convocatoria, realizada en el Día de la Bandera, se convirtió en una de las mayores demostraciones de fuerza del espacio político que conduce la ex presidenta desde que cumple prisión domiciliaria.
Por Bruno A. Monteverde para NLI
El acto tuvo como principal orador a Máximo Kirchner, quien habló ante una plaza colmada de banderas argentinas y pancartas con la consigna «Cristina Libre». El diputado nacional sostuvo que la situación judicial de la ex mandataria no puede separarse de la disputa política que atraviesa el país y volvió a denunciar la existencia de mecanismos destinados a impedir su participación plena en la vida política argentina.
La movilización se realizó en Parque Lezama luego de que las actividades que venían desarrollándose frente al domicilio donde Cristina cumple arresto domiciliario generaran tensiones con la Justicia. La propia dirigencia kirchnerista había decidido trasladar la convocatoria para evitar nuevas controversias y concentrar allí el reclamo político.
Una demostración de fuerza política
Desde horas antes del comienzo del acto comenzaron a llegar columnas de distintas provincias, agrupaciones juveniles, sindicatos y organizaciones barriales. El paisaje estuvo dominado por banderas argentinas, insignias peronistas y carteles que exigían la liberación de la ex presidenta.
Durante su discurso, Máximo Kirchner insistió en que la situación de Cristina excede una cuestión individual y representa, según su mirada, una disputa más amplia sobre la calidad democrática del país. El dirigente también cuestionó a quienes dentro del propio peronismo relativizan el reclamo por la libertad de la ex mandataria y reclamó una postura más firme frente a lo que definió como una proscripción política.
La intervención del líder de La Cámpora fue seguida por cánticos contra Milei y contra los sectores judiciales señalados por el kirchnerismo como responsables de la condena que mantiene a Cristina bajo arresto domiciliario.
El reclamo que busca instalarse en la agenda
El banderazo no fue un hecho aislado. Durante los últimos meses el reclamo por la libertad de Cristina se convirtió en uno de los ejes centrales de la militancia kirchnerista y de buena parte del peronismo alineado con la ex presidenta. La consigna busca instalar la discusión sobre las condiciones de detención y sobre la posibilidad de que la dirigente vuelva a tener un rol político más activo.
La convocatoria de este sábado tuvo además un fuerte componente simbólico. En el Día de la Bandera, los organizadores buscaron vincular el reclamo con una defensa de la democracia y de la soberanía popular, presentando la situación de Cristina como una cuestión que trasciende las fronteras partidarias.
Al caer la tarde, Parque Lezama seguía colmado de militantes que cantaban consignas en apoyo a la ex mandataria. La imagen de una plaza repleta y la centralidad que volvió a adquirir Máximo Kirchner dejaron un mensaje político claro: pese al intento de apartarla de la escena pública, Cristina continúa siendo el principal factor de movilización del kirchnerismo y una figura decisiva dentro del peronismo argentino.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, profundizó la pelea del Gobierno con las industrias por el costo del gas en invierno. La funcionaria rechazó los reclamos de las cámaras empresarias y sostuvo que los problemas del sector privado no se explican por el precio de la energía.
«Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía», afirmó Tettamanti en el Midstream & Gas Day organizado por Econojournal. La funcionaria dijo que la energía argentina es «muy competitiva» y que el aumento de los costos por la guerra afectó a todos los países. «De hecho, en algunos países fue peor porque no tienen energía», agregó. Y cerró con una definición política: «Hay que atacar las causas, no las consecuencias».
La frase cayó en medio de un conflicto abierto. La Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera y los grandes consumidores de gas venían acumulando reclamos por el aumento inesperado de los costos de abastecimiento, la falta de previsibilidad y el riesgo de cortes en pleno pico de consumo invernal.
El Gobierno reasumió la importación de GNL a través de Enarsa para evitar un impacto directo sobre las tarifas residenciales. Pero al mismo tiempo decidió que las industrias absorban el costo real del gas importado, sin subsidios directos. La cuenta quedó partida en dos. Los hogares quedaron protegidos del shock. Las fábricas, en cambio, quedaron expuestas al precio pleno.
El enojo empresario tiene tres frentes. El primero es el precio. En las subastas de Enarsa por el GNL regasificado, las industrias se encontraron con valores que podían rozar los 20 dólares por millón de BTU, casi cinco veces el valor del gas local. En una primera compulsa, el precio informado fue de 19,76 dólares por millón de BTU y la subasta quedó desierta. Nadie quiso convalidar ese número.
El caso de CIARA volvió más ruidosa la pelea. La cámara aceitera denunció falta de transparencia después de que Enarsa informara, pocas horas antes de una subasta, un aumento del 47% en el costo de regasificación. El valor pasó de 3,50 a 5,16 dólares por millón de BTU. Para las cerealeras, ese salto alteró la planificación, encareció el costo exportador y golpeó procesos críticos como el secado de granos, la generación eléctrica y la producción vinculada a fertilizantes.
Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía.
El segundo frente son los cortes. A fines de mayo, unas 130 fábricas ya sufrían restricciones totales o parciales de gas. El problema pegó sobre todo en Córdoba, el Litoral y el NOA, donde la capacidad de transporte no alcanza cuando sube la demanda residencial. Según los industriales, las interrupciones no se limitaron a contratos interrumpibles. También alcanzaron a empresas con contratos firmes y semifirmes, que pagan más para tener mayor seguridad de suministro.
El impacto no es administrativo. Una planta que se queda sin gas tiene que parar líneas, reorganizar turnos, usar combustibles alternativos más caros o absorber costos que después aparecen en toda la cadena. La Unión Industrial de Córdoba lo planteó en esos términos: producir bajo incertidumbre diaria y sobrecostos extraordinarios complica el empleo, la inversión y los precios.
El tercer frente es el traslado del riesgo. ACIGRA, que reúne a grandes consumidores industriales, cuestionó que el nuevo esquema obliga a las empresas a estimar con precisión cuánto gas necesitarán durante el invierno. Si compran de más, pagan un sobrecosto millonario por un insumo que quizás no usan. Si compran de menos, o si el sistema se satura, pueden quedarse sin abastecimiento.
Por eso las cámaras llevaron el reclamo al Ministerio de Economía. La mesa chica de la UIA se lo planteó a Luis Caputo y a Pablo Lavigne. La propuesta fabril fue pagar el costo real del GNL, pero sin absorber todo el salto provocado por la guerra. En la entidad plantean que pasar de 10 dólares a 22 o 23 dólares por millón de BTU es inviable para una industria golpeada por caída de demanda, presión impositiva, márgenes comprimidos y dificultades financieras.
El conflicto tiene una historia corta, pero intensa. En febrero, mediante la Resolución 33/2026, Economía había convocado a una licitación nacional e internacional para elegir un «comercializador» privado. Ese operador debía importar GNL, regasificarlo en Escobar y venderlo en el mercado interno. El objetivo era sacar esa carga financiera del Estado y reducir el riesgo fiscal.
La idea duró poco. A fines de abril, el Ejecutivo dio marcha atrás. La licitación, en la que aparecían jugadores como Trafigura y Naturgy, quedó cancelada y la operatoria volvió a Enarsa. El motivo fue doble. Por un lado, la volatilidad internacional y la suba del gas por la tensión geopolítica. Por otro, las ofertas privadas llegaron más caras de lo previsto. Economía intervino la licitación después de ofertas de 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU, más del doble del costo que venía pagando Enarsa por el mismo concepto.
El Gobierno eligió entonces una solución intermedia. Enarsa compra, el Estado ordena, pero las industrias pagan. La administración libertaria evita un salto tarifario pleno en hogares para no pegarle a la inflación, cuida el superávit fiscal con subsidios más focalizados y descarga sobre el sector productivo el costo más duro del invierno.
Tettamanti defendió esa arquitectura con una frase que resume la doctrina oficial. «La eficiencia se logra cuando los precios reflejan los costos», dijo. También insistió en que el sector privado debe «contractualizar» y que el Plan Gas termina en 2028 y no será renovado. Cuando le preguntaron a qué precio, respondió: «No sé a qué precio, la verdad es que no tengo ni idea». Y agregó: «No es mi responsabilidad, no es mi obligación y no es mi rol». Su rol, explicó, es fijar reglas.
La neutralidad también es reparto. El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo.
Alejandro Di Palma, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, lo resumió con una fórmula incómoda para el discurso oficial: «La neutralidad también es un reparto». Para el especialista, la Secretaría de Energía no puede decir que solo fija reglas y después desentenderse del precio, porque esas reglas ya definen ganadores y perdedores. «El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo», señaló. En su lectura, el racionamiento no se privatizó: lo que se privatizó fue el riesgo.
La paradoja es que el Estado se retira de la garantía, pero no del mando. Sigue definiendo la demanda prioritaria. Sigue ordenando cortes. Sigue obligando a las distribuidoras a ejecutar restricciones con cuadrillas y controles.
El punto físico también desarma parte del relato. Tettamanti admitió que el sistema llega al invierno con la misma capacidad de transporte que el año pasado, igual o mayor producción en Neuquén y una cantidad similar de barcos de GNL. Si la restricción está en los caños y no en la molécula, mandar a la industria a comprar gas no agrega un metro cúbico al sistema. Apenas reordena por precio una escasez que antes se administraba por instrucción. La señal de precios no construye gasoductos.
Ahí aparece la renta escondida. Vaca Muerta produce gas barato, pero en los picos de consumo el precio lo fija el GNL importado. La brecha entre el gas local y el importado no expresa solo un costo. También expresa la falta de infraestructura. El industrial que paga el sobreprecio no paga únicamente energía. Paga la escasez de transporte que el propio Estado no resolvió, ni este gobierno ni los anteriores.
El equilibrio actual tiene otro dato incómodo: cierra porque la economía está fría. La red no desborda, en parte, porque buena parte de la industria está de rodillas. Si la actividad se recupera, el límite del transporte va a aparecer con más fuerza.
La discusión, entonces, excede el invierno. Vaca Muerta puede ser una plataforma para abaratar la energía de la producción local o una caja de renta exportadora. Son dos países distintos.
To dla niej już drugi wielkoszlemowy półfinał w tym sezonie, a efekt kapitalnych wyników najlepiej widoczny jest w rankingu WTA. Marta Kostiuk po raz pierwszy w karierze zagra w półfinale Wimbledonu! — Uważam, że nie wolno się w to wtrącać, mówi słynna Angelique Kerber dla serwisu Sport.pl na temat relacji Igi Świątek z Darią Abramowicz….
En invierno es necesario prestar atención a las instalaciones sanitarias del hogar, ya que pueden congelarse y hasta fisurarse ante la exposición a las bajas temperaturas. Por este motivo y ante el pronóstico de intensos fríos en la región, desde Aguas Rionegrinas compartieron recomendaciones para proteger las cañerías externas y evitar su congelamiento. El primer…
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