A través del Decreto 189/21, la Municipalidad de Villa Regina adhiere en todos sus términos a la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº N° 8951/21 que establece el ‘PASE LIBRE COVID’ como requisito para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio de la provincia que representan mayor riesgo epidemiológico, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.
El ‘PASE LIBRE COVID’ consistirá en la acreditación, por parte de todas las personas mayores de 13 años, de al menos dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, aplicadas por lo menos 14 días antes. La acreditación podrá hacerse mediante la App ‘Mi Argentina’ o el carnet de vacunación en formato cartón o tarjeta.
Las actividades son las siguientes:
*Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados que impliquen la concurrencia de más de 1000 personas.
El Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Guillermo Carricavur y el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros participaron este jueves de la entrega de certificados a quienes finalizaron el curso de embalador, cuyas capacitadoras fueron Lucy Soledad González y Daniela Díaz. La actividad se desarrolló durante un mes (desde el 23 de noviembre al…
Vencido el contrato de concesión, la Municipalidad de Villa Regina tomó posesión de la terminal de ómnibus en la jornada del lunes 30 de agosto. Luego de una concesión de 30 años, a la que por lo menos, le sobró una década. El municipio local tomó posesión de la terminal, y eso es una buena…
El Intendente Marcelo Orazi acompañó al Secretario de Estado de Cultura de Río Negro Ariel Ávalos durante su visita a distintas instituciones de la ciudad, oportunidad en la que dialogaron con sus referentes y se interiorizaron sobre las actividades y proyectos en marcha. También fue el marco para ultimar detalles para la realización del programa…
El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..
La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.
Un sistema centralizado de denuncias y monitoreo
El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.
En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.
El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.
Bloqueo de cuentas y transacciones sospechosas
Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.
El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.
En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.
El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.
Alianza con bancos, fintech y plataformas tecnológicas
El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.
Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.
La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.
La expansión de la seguridad digital
El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.
En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.
El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.
¿Puede usarse políticamente?
La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.
Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.
En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.
Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.
Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.
Manuel Adorni está contra las cuerdas y Javier Milei tuvo que salir a negar que esté pensando en echarlo. Tras el escándalo por el vuelo privado a Punta del Este y la inclusión de su esposa en la comitiva oficial, ahora revelan que el jefe de Gabinete se construyó una casa en un
lujoso
country.
La diputada Marcela Pagano amplió su denuncia penal contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lo acusó de no incluir en su declaración jurada una casa que habría construido en el Country Indio Cuá Golf Club de Exaltación de la Cruz.
Según la presentación -a la que accedió LPO-, Adorni estaría alquilando «una vivienda de fin de semana en el Country Indio Cuá (próxima a la salida del hoyo 5, cercana al lote 1)» y en paralelo construye una vivienda de dos plantas a aproximadamente 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf. Agrega Pagano que las expensas del lote 380 comenzaron a figurar a nombre de Bettina Angeletti, la esposa del funcionario. El periodista Emiliano Russo reveló en Clarín que las expensas ascienden a 700 mil pesos.
El valor promedio de venta de las casas en el Country Indio Cuá está en torno a los 150 mil dólares, aunque algunas viviendas llegan a los 250 mil dólares, indicó la diputada. La cuota de ingreso al country está alrededor de 5 millones de pesos.
El barrio privado tiene cancha de golf de 18 hoyos, 14 canchas de tenis, 2 canchas de paddle, 3 canchas de fútbol, 2 canchas de hockey, sector hípico con pista y 24 boxes, club house, gimnasio, piletas, supermercado interno, capilla y sistema de seguridad con control computarizado.
La foto de la supuesta casa de Adorni que publicó Pagano
Pagano resalta que Adorni declaró únicamente el 50% de un departamento en Capital y el 100% de otro en La Plata que recibió por donación. «No se consigna ningún otro inmueble, lote, terreno o construcción en la jurisdicción de Exaltación de la Cruz», afirma.
La diputada advierte que con el sueldo del jefe de gabinete es imposible justificar el alquiler de una casa en un country y la construcción de otra, además del vuelo privado a Punta del Este y del pasaje de 5 mil dólares que pagó su mujer para ir a Nueva York, según contó Adorni. Menciona además supuestos gastos de 17 millones de tarjeta.
La situación del jefe de Gabinete es cada vez más frágil, por más que se esmere en mandar a la prensa fotos de abrazos con Milei. Adorni tuvo que salir a desmentir esta mañana una nota de Ámbito Financiero donde afirman que en la Casa Rosada se evalúa su salida, una decisión que seguramente esté fuera de su alcance.
Para alivio de Adorni también Milei se hizo eco de la desmentida y atacó a la periodista. En las respuestas al posteo del presidente le recordaron un tuit muy similar del año pasado en el que descartaba la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado, algo que sucedió pocas horas después.
¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025? Se le conoce el ruido y su color…Así son…Fin. https://t.co/PcwyMany85
El diputado libertario Federico Pelli fue agredido con un cabezazo brutal este miércoles mientras intentaba repartir colchones entre las familias damnificadas por las inundaciones que afectan el pueblo de Lamadrid, en la provincia de Tucumán. El autor de la agresión fue identificado por la Policía como Marcelo «Pichón» Segura, un hombre al que la oposición a Osvaldo Jaldo le atribuye cercanía con el ministro del Interior local, Darío Monteros.
Una fuente al tanto de la situación dijo a LPO que Segura figuraba como empleado de esa cartera política, donde se lo conoce como «el Vikingo» y trabaja para Monteros, que además es pareja de la diputada Gladys Medina, líder del bloque de Jaldo en la Cámara Baja.
Los hechos se desencadenaron porque Pelli quiso atravesar un corte de ruta protagonizado por un grupo de hombres encabezados por Segura. El legislador llegó al lugar acompañado por sus pares Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, pero tuvo un encontronazo con Segura, se encaramaron en vituperios y «Pichón» la metió un frentazo salvaje en la nariz al diputado.
El video del golpe de Segura a Pelli se viralizó rápidamente en redes sociales y las muestras de solidaridad con el legislador también. Tanto la bancada oficialista en el Congreso como el diputado peronista Pablo Yedlin repudiaron la agresión de Segura.
La explicación vergonzante del peronismo tucumano, al cierre de esta nota, era que el agresor habría reaccionado violentamente porque los libertarios pretendía llevar su solidaridad a una comunidad azotada dramáticamente por las lluvias, para aprovecharlo políticamente. «Vinieron con un par de colchones que compraron con dinero de sus bolsillos para sacarse las fotos pero el gobierno no pone un peso en obras», se quejó un dirigente provincial.
En el video que circuló por las redes se ve que Pelli le pregunta a Segura «quién sos vos» y protesta porque no lo deja pasar. El presunto custodio de Monteros respondió con un cabezazo seco.
La exdiputada Paula Omodeo, que integró un interbloque con LLA hasta diciembre pasado, acompañó a Pelli al hospital, donde le diagnosticaron fractura de nariz, y luego fue a radicar la denuncia a la comisaría. Según el Código Penal, la conducta de Segura tipifica como «atentado contra la autoridad» y podrían caberle de un mes a cuatro años de prisión, dependiendo de la gravedad.
El escándalo político se suma a la desidia gubernamental, tanto a nivel nacional como provincial, por la falta de concreción de la cuenca que serviría para drenar el agua ante el desborde de los ríos. «Jaldo no puede aducir que nunca pasó esto porque ya ocurrió durante el gobierno de Macri, que prometió que mandaría recursos para hacer las obras y después mandó una parte ínfima que no sirvió para nada», comentó un exfuncionario del distrito.
La inundación se produjo como corolario de 50 días de lluvias intensas en la zona, con anegamientos progresivos. El Estado local tomó la determinación de abrir las represas del Dique Escaba y eso produjo el desborde del Río Marapa.
Un dirigente peronista le contó a LPO que las familias del pueblo «muestran las marcas de agua que deja cada inundación en las paredes de su casa, pierden cada cuatro o cinco años sus electrodomésticos, sus muebles, todo lo que tienen». El contexto es dramático y alcanza a decenas de miles de habitantes de Lamadrid y sus alrededores.
Tucumán no puede esperar más! %uD83D%uDEA8Detrás de cada cifra hay una familia que lo perdió todo. Es desgarrador ver a nuestros vecinos evacuados y sus hogares destruidos por el colapso de drenajes y la crecida de los ríos.Como Diputado Nacional, no voy a mirar hacia otro lado. Exijo al… pic.twitter.com/8IUPAbefyT
Tucumán tiene tres diques pero no alcanzan. El último se construyó durante la gobernación de Celestino Gelsi, cuyo mandato fue de 1958 a 1962.
El diputado Yedlin presentó este miércoles un proyecto para otorgar «asistencia financiera directa para la reconstrucción de infraestructura vial y urbana colapsada», «refuerzo en Seguridad Social, con Aumento excepcional y urgente de la AUH para las familias damnificadas», «plan de Contingencia Sanitaria con recursos técnicos y materiales para mitigar riesgos en las zonas anegadas», y «fondos extraordinarios para recuperar el motor de la provincia».
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