Hasta el jueves 30 los contribuyentes reginenses podrán pagar la boleta por tasas retributivas correspondientes al mes de diciembre. Quienes lo hagan participarán del sorteo de la tercera bicicleta mountain bike que se realizará el 12 de enero de 2022.
Además ese mismo día se llevará a cabo el sorteo final de un monopatín eléctrico y de un juego de dos sillas reposeras.
¡Acercate al Municipio y aboná la tasa de diciembre!
Estas son las frases salientes del intendente de Villa Regina Dr. Marcelo Orazi expresadas en la reciente conferencia de prensa brindada por el Comité de Crisis en el Municipio reginense. «Ratificamos algunas medidas de protección, como la obligatoriedad del barbijo en la vía pública y dentro de los comercios» «La intención del municipio es que…
En la noche de ayer, alrededor de las 21.30 horas, se produjo un incidente en el sector de los baños del ingreso a la Isla 58. Dos personas que merodearon por el lugar durante la tarde ingresaron en el sector masculino y sustrajeron un inodoro para luego retirarse con el objeto robado. En el lugar…
El Secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina Francisco Lucero ofreció detalles de la obra complementaria que debe realizarse para reparar el caño de impulsión de la red cloacal de barrio Belgrano que pasa por debajo de la ruta nacional 22 a la altura de barrio Don Bosco. Al respecto, explicó…
La Municipalidad de Villa Regina, a través de la Dirección de Tránsito y Protección Civil, solicita a los vecinos tener en cuenta las siguientes recomendaciones por la realización del Rally Ciudad de Villa Regina. En principio, el día viernes mantener liberado el estacionamiento de la Avenida 9 de Julio margen norte desde calle Irigoyen hasta…
Este miércoles 12 de enero se comienza con la recolección de residuos no domiciliarios, desde la Avenida General Paz hacia el Este. El jueves será el turno de la zona centro, desde la Avenida General Paz hacia la Avenida Mitre. Y viernes, desde la Avenida Mitre hacia el Oeste. Este servicio se realizará con el…
El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.
Por Tomás Palazzo para NLI
Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.
La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.
Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables
La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen
La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.
En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.
La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.
Una excepción que amenaza con convertirse en regla
Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.
La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.
Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.
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