Otro domingo de música para disfrutar en la plaza

 

La crisis de lectura actual no se explica por una “falta de hábito”, sino por el síntoma de una ocupación territorial: el tiempo —el insumo básico para la construcción de sentido— ha sido colonizado por un complejo entramado de precarización laboral, gestión algorítmica y extractivismo atencional. Los datos de la última encuesta nacional de consumos culturales muestran que la proporción de la población argentina que leyó al menos un libro (físico o digital) en el año pasó del 57 por ciento en 2013 al 51 por ciento en 2022. A esto se le suman los datos de Cámara Argentina del Libro (CAL): el 80 por ciento de las editoriales declaró haber vendido menos libros durante 2024 y 2025 que en el año previo.

Leer un libro hoy demanda ejercer una violencia deliberada contra la propia agenda. Es una operación de sabotaje contra un sistema que penaliza la improductividad y fragmenta la concentración. Esta crisis no es estética, es de soberanía sobre el propio tiempo. Como sostiene Jonathan Crary, el sistema actual avanza hacia la colonización total de las horas del día, erosionando cualquier intervalo de inactividad como si fuera un residuo a eliminar. El “tiempo improductivo”, escribe, es “una interrupción intransigente del robo de tiempo que el capitalismo ejerce sobre nosotros”.

Leer un libro no es mejor ni peor que otras formas de usar el tiempo libre. Pero tiene algo que la mayoría de esas formas perdieron: exige estar entero. Mientras uno lee, los ojos siguen la línea, las manos sostienen el libro, la respiración se acomoda al ritmo de las frases. No hay pantalla que parpadee, notificación que interrumpa, algoritmo que adivine la página siguiente. Ese tiempo no se fragmenta, no se acelera, no se extrae. Es de uno y no le sirve a nadie más.

La lectura no es una marca de un culto de iniciados. Es una herramienta política y social, un entrenamiento en la demora del juicio. Mientras el algoritmo nos empuja a decidir en fracciones de segundo —me gusta, no me gusta, siguiente—, un libro obliga a sostener una frase, un párrafo o un argumento que puede tardar cien páginas en cerrarse. Ese ritmo pausado es una forma de resistencia cognitiva al cortoplacismo que domina el debate público. La lectura nos prepara mejor para seguir razonamientos complejos, para detectar contradicciones, para no morder el anzuelo de una consigna. En una época donde la política se reduce a titulares y tuits, leer sostiene la posibilidad de pensar de otra manera.

Esa ocupación del tiempo se materializa a través de lo que Nick Srnicek caracterizó como “capitalismo de plataformas”. Las grandes empresas tecnológicas funcionan como nuevas infraestructuras digitales cuya principal materia prima es la extracción masiva de datos de comportamiento, que luego se procesan para predecir y modular nuestras acciones. Shoshana Zuboff acuñó el término “excedente conductual” para profundizar esta idea y describir cómo las plataformas no solo extraen datos sino que fabrican productos de predicción sobre nuestro comportamiento futuro, compitiendo en “mercados de futuros conductuales”. Su diagnóstico es contundente: el poder de estas corporaciones ya no se limita a conocernos, sino a modificarnos.

Ante este panorama, la lucha por la lectura es inseparable de la lucha por la soberanía sobre la atención. La crisis de la lectura no es, en este sentido, una crisis de gustos o de hábitos; es una crisis del propio tiempo, de nuestra disponibilidad hacia y para nosotros mismos, de nuestra capacidad de moldearnos de maneras alternativas. 

Para que alguien abra un libro hoy, debe ganar una guerra en tres frentes. No es una metáfora: es una disputa por la base material de la existencia humana. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con jerarquía constitucional, reconoce explícitamente el derecho de toda persona “al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren”, entre otras cosas, “descanso, disfrute del tiempo libre y limitación razonable de las horas de trabajo”.

El empleo mutó en una “jornada total”. La tecnología eliminó la barrera física de la oficina, pero el marco legal argentino —tras las reformas laborales comprendidas en la ley bases y “modernización laboral”— profundizó este sendero imponiendo nuevas modalidades de flexibilización de la jornada: el banco de horas, la desregulación de la jornada a tiempo parcial, la exclusión del límite diario y semanal para determinadas actividades y la ampliación indiscriminada de las facultades del empleador. 

A ello debemos sumar al menos dos factores trascendentales. En primer lugar, el 43 por ciento de los ocupados en Argentina lo hace de manera informal, es decir, unas 8,9 millones de personas sin derechos laborales y, en la mayoría de los casos, en condiciones de mayor precariedad, sin límite legal de la jornada. Y a esto se le suma que, en los últimos ocho años, la cantidad de personas con más de una ocupación aumentó en más de un 40 por ciento, según datos relevados por el Centro CIFRA. Y de los pluriempleados, según estudios del FCE-UBA, más del 60% trabaja en aplicaciones de plataforma.

Según estudios realizados por consultoras laborales alrededor del 40 por ciento de los argentinos tiene dificultades para desconectarse del trabajo fuera del horario laboral y casi un 80 por ciento dice estar estresado en su trabajo.

La Ley de Teletrabajo da una respuesta concreta: establece que el empleador no puede remitir comunicaciones fuera de la jornada laboral, que el trabajador tiene derecho a no contestar, regula la desconexión digital e incorpora el derecho a interrumpir la jornada de trabajo por tareas de cuidado. Este derecho alcanza —al menos hasta el 1 de enero de 2027, fecha en la cual quedará derogada por la Ley de Modernización Laboral— a quienes trabajan en relación de dependencia en establecimientos ajenos al empleador, mediante las tecnologías de la información y comunicación, con excepción de quienes lo hagan en forma esporádica u ocasional. 

Europa reguló este derecho a través de la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital del año 2023, mediante el compromiso de  “velar por que toda persona pueda desconectar y beneficiarse de salvaguardias para asegurar el equilibrio entre vida privada y vida laboral en un entorno digital”. En el caso español se encuentra regulado desde 2018 para trabajadores del sector público y privado el “derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”.

Ya son alrededor de un millón las personas que trabajan como repartidores o conductores de aplicaciones en Argentina según distintas estimaciones. Este crecimiento ocurre en paralelo con el aumento de la desocupación, según datos del INDEC, que aumentó al 7,5% a fines de 2025, el nivel más alto desde la pandemia, afectando a casi 1,7 millones de personas.

Las plataformas digitales de trabajo organizan, controlan y evalúan a sus trabajadores mediante sistemas de gestión algorítmica, tal como lo define la OIT. Los algoritmos miden la productividad, los tiempos de respuesta, la disponibilidad y las calificaciones de los clientes para asignar tareas, rutas y premios o castigos, con una opacidad que impide cuestionar sus decisiones. Quien rechaza pedidos, cancela tareas o se toma días de descanso ve caer su calificación, lo que se traduce en menos ofertas de trabajo, horarios menos rentables, zonas de reparto más alejadas e incluso la desactivación de su cuenta. El resultado es una disponibilidad perpetua: los trabajadores deben estar constantemente conectados y disponibles para no ser expulsados del sistema.

En nuestro país, la Ley de Modernización Laboral establece en su primer artículo que los prestadores independientes de plataformas tecnológicas se encuentran excluidos de la protección de la normativa laboral. También crea un régimen específico para regular sus condiciones de trabajo aunque no garantiza ningún derecho en particular. La norma, además de ir en sentido contrario a todas las regulaciones del mundo (una directiva del Parlamento Europeo establece la presunción de laboralidad en relaciones contractuales mediadas por plataformas), es tan burda que ni siquiera parece entender el sujeto que regula. Si se refiere a trabajadores independientes, entonces no alcanza a ninguno de los trabajadores de plataformas que pretende excluir, porque la totalidad de ellos se manejan bajo las directivas, organización y sanciones de la empresa para la que prestan tareas.

Las plataformas digitales piensan sus interfaces para que sea difícil salir de ellas. Comprar un producto lleva a ver otros; terminar un video lleva a otro que empieza solo; cerrar una sesión requiere encontrar el botón gris entre opciones brillantes. Una arquitectura está diseñada para la permanencia. El promedio de exposición a pantallas en Argentina alcanza las 9 horas diarias. La cifra incluye navegación, redes sociales, streaming, compras y teletrabajo. También incluye el tiempo que se pierde antes de empezar a leer un libro.

Esa permanencia forzada se logra con herramientas de diseño. La legislación europea llama dark patterns (patrones oscuros) a las “prácticas que distorsionan o perjudican la capacidad del usuario para tomar una decisión autónoma”. Algunos ejemplos son el botón de rechazo de cookies en gris y en esquina inferior izquierda, mientras el de aceptar es rojo y ocupa el centro de la pantalla; el scroll infinito, que elimina los puntos de parada natural; la autorreproducción de videos que mantiene al usuario mirando contenido que no eligió; los mensajes del tipo “a otros usuarios también les gustó esto” después de una compra; los temporizadores que indican que una oferta expira en tres minutos; los contadores que exigen una apuesta inmediata para no perder la racha.

La Ley de Servicios Digitales (DSA) es la normativa marco en la UE. Allí prohíbe las interfaces engañosas o manipulativas. El reglamento está vigente desde febrero de 2024 y aplica a todas las plataformas que operan en territorio europeo, sin importar su lugar de establecimiento. En 2025, la Comisión inició procedimientos contra TikTok por “diseño adictivo” (addictive design). En febrero de 2026, notificó a Meta su conclusión preliminar de que el diseño de Facebook e Instagram violaba la DSA. Las multas previstas alcanzan hasta el 6% del ingreso global anual de la plataforma (un vuelto para los márgenes de ganancia que tienen).

La DSA, sin embargo, es insuficiente. El Parlamento Europeo y organizaciones de consumidores señalan que la norma tiene lagunas en materia de diseño adictivo, cancelación de suscripciones, transparencia en la personalización de precios y protección de menores frente a la gamificación. La Comisión Europea anunció la preparación de una nueva Ley de Equidad Digital (DFA), cuya propuesta se espera para el cuarto trimestre de 2026 y apunta a prohibir expresamente el diseño adictivo y a regular la personalización explotativa. La ley fue objeto de una consulta pública que recibió más de 5 mil respuestas. El 70 por ciento de los consultados apoyó reglas vinculantes sobre patrones oscuros y diseño adictivo.

En Argentina, los dark patterns no están explícitamente mencionados, definidos ni prohibidos por una ley específica. Sin embargo, el marco normativo vigente ofrece algunas herramientas para enfrentarlos, aunque sean indirectas. La Ley de Defensa del Consumidor establece principios que se pueden aplicar a los entornos digitales, como el deber de información clara y la prohibición de prácticas abusivas o engañosas. En el mismo sentido, la Ley de Protección de Datos Personales protege el consentimiento informado, un derecho que los patrones oscuros erosionan al manipular a los usuarios para que acepten condiciones de forma confusa. Pero la ausencia de una ley específica deja un vacío y vulnerabilidad ante estas prácticas de hackeo cerebral y químico que usan los sitios.

Las plataformas de apuestas online presentan la versión más agresiva de ese tipo de diseño. Utilizan sistemas de recompensa variable (ganancias intermitentes impredecibles), notificaciones de “ganancias ficticias” que simulan un premio cuando no lo hubo, contadores de tiempo inverso que presionan para la siguiente apuesta y efectos visuales propios de las máquinas tragamonedas (sonidos, luces, animaciones). Un estudio de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea identificó estas prácticas como violaciones de la DSA cuando no van acompañadas de advertencias claras y mecanismos de límite de tiempo.

El diseño adictivo alcanza su expresión más concentrada en las plataformas de apuestas online. El tamaño de esa industria ayuda a entender por qué invierte tanto en retener usuarios. En 2025, las apuestas online facturaron 210.750 millones de dólares, con una proyección de 620.330 millones para 2035 (Expert Market Research). Es una industria comparable al PBI de países enteros y su motor es la extracción de atención.

En Argentina, las consecuencias ya son visibles. En 2025, el boletín oficial de Sedronar registró un aumento del 27 por ciento interanual en las consultas por juego compulsivo a la Línea 141, el nivel más alto desde que se empezó a medir. La Cámara de Diputados dio media sanción a fines de 2024 a un proyecto de prevención de ludopatía que restringía la publicidad y el acceso de menores, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. El Senado nunca lo trató y la ley perdió estado parlamentario.

Las plataformas de contenido adulto, cómo OnlyFans, operan bajo la misma lógica de extracción. En 2025 procesó pagos por 7.200 millones de dólares, con ingresos netos anuales de alrededor de 1.600 millones, y cuenta con 4,6 millones de creadores en todo el mundo. Su arquitectura de retención es la misma que en el juego: notificaciones, renovación automática de suscripciones, sentido de exclusividad y urgencia. Pero hay un agravante: el tiempo que se pierde en estas plataformas no se recupera cerrando una ventana. La exposición compulsiva al juego o al contenido adulto deja secuelas: ansiedad, insomnio, deterioro de la concentración, culpa. Y esas secuelas no se resuelven solas. Requieren tiempo de tratamiento, de terapia, de reconstrucción de hábitos. Ese tiempo también es tiempo de vida que no nos pertenece del todo. Las personas quedan atrapadas en un doble trampa: primero la plataforma les ocupan horas con su diseño adictivo; después, las consecuencias les exigen más horas para salir. El algoritmo fue eficaz para enganchar, pero el costo de la reparación lo pagan únicamente los usuarios.

La Unión Europea es la única que reguló las plataformas de contenido adulto. Lo hizo con un plan de verificación de edad que permite acreditar la mayoría de edad sin almacenar datos biométricos para, al menos, proteger a los menores. Aquí la discusión ni siquiera empezó, ni siquiera en fase de proyecto. En todos los casos —apuestas, contenido adulto, redes sociales— la interfaz está programada para que al usuario le cueste salir. Y cuando lo logra, el daño ya está hecho. Ese daño se paga con más tiempo. Y ese tiempo, también, ocupa nuestra disponibilidad y de nuestros entornos.

Es fundamental garantizar que los espacios culturales sigan existiendo con los recursos que necesitan para un funcionamiento pleno. Bibliotecas populares, programas de fomento, ferias, políticas de adquisición estatal. Lo que se necesita, además de estas grandes iniciativas, es sostenerlas con presupuesto y voluntad política. En Argentina, la Ley de Fomento del Libro y la Lectura (2001) creó el Fondo Nacional del Libro, pero su financiamiento ha sido intermitente. La CONABIP, una red de bibliotecas populares que viene funcionando desde el siglo XIX, hoy depende de partidas que no siempre llegan. Sin recursos, los destinos son el descuido, el vaciamiento y la obsolescencia de sus objetivos iniciales.

Por eso, cuando se desfinancia una biblioteca popular o se degrada un organismo rector de políticas de industrias culturales, no es solo un ajuste administrativo. Es una decisión política sobre qué tipo de tiempo libre vale la pena proteger. Y sin ese andamiaje, la lectura queda librada a la capacidad de las personas de siempre esforzarse más o a la potencia de que plataforma logra imponerse con más fuerza. Dos espacios que, hoy, no están de su lado.

El tiempo también se pierde antes de llegar a la pantalla. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado —limpiar, cocinar, lavar, ir al supermercado, acompañar al médico, organizar la logística familiar— consume horas diarias. No es trabajo asalariado. Pero ocupa el tiempo.

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) del INDEC, relevada en 2021 con una muestra de 24.500 viviendas en todo el país y publicada en 2022, es la única fuente estadística que cuantifica esa ocupación. El 92 por ciento de las mujeres encuestadas realiza trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Las mujeres dedican en promedio 6 horas con 31 minutos diarios. Los varones, en cambio, dedican 3 horas con 40 minutos. La encuesta también mide el “tiempo libre”. Las mujeres disponen, en promedio, de 3,1 horas diarias de tiempo libre efectivo. Los varones, 4,6.

Ese trabajo no remunerado tiene valor económico. La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación publicó en 2022 el informe “Aportes para la valorización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la Argentina”. La metodología tomó las horas declaradas en la ENUT y las valorizó a precios de mercado de servicios equivalentes (servicio doméstico remunerado, cuidado de niños, cuidado de adultos mayores). El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 15,9 por ciento del PBI. En comparación, la industria manufacturera aporta el 13,2 y el comercio el 13 por ciento. El sector más grande de la economía argentina no paga salarios, no tiene registro, no cotiza jubilación. Cada hora que las mujeres destinan a cuidar es una hora que no está disponible para leer, estudiar o descansar.

La brecha salarial de género es otro factor. La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género estimó que la brecha salarial promedio es del 27,7 por ciento a desventaja de las mujeres. A menor ingreso, menor capacidad de externalizar el cuidado. El que puede tiene opción de pagar una niñera, una empleada doméstica, una guardería. El que no puede, cuida muchas veces 

La caída de la lectura de libros no es un problema de falta de hábito. Es un síntoma. Leer un libro de 250 páginas a un ritmo usual de lectura (una persona promedio lee entre 200 y 250 palabras por minuto) lleva aproximadamente entre 5 y 6 horas. Eso es menos del tiempo que un argentino promedio pasa en pantallas en un solo día. Es menos que las 6 horas y media diarias que una mujer destina a tareas de cuidado no remunerado. Es menos de lo que se pierde en scroll infinito, en notificaciones, en la dificultad de cerrar una sesión porque el botón está en gris. El tiempo para leer existe. Lo que no existe es el tiempo continuo, ininterrumpido, sin interpelaciones.

El problema no se resuelve con autocontrol, apagando el celular una hora antes de dormir. La desconexión individual no cambia la estructura de la jornada laboral, no redistribuye el trabajo de cuidado ni regula los algoritmos. La respuesta es política. Significa negociar en los convenios colectivos el derecho a la desconexión, al igual que se negocia el salario. Significa regular por ley los patrones oscuros y el diseño adictivo, como ya se hizo en la UE. Significa implementar un sistema nacional de cuidados con financiamiento autónomo, como el de Uruguay. El movimiento político sindical y organizado tiene que incorporar estos temas a su agenda.

Ahora bien, dentro del panorama un tanto aciago de estadísticas que señalan una retracción en la lectura, aparece un dato alentador: el repunte de ventas en ciertos sectores que se vio en la Feria del Libro. En un mundo saturado, con estímulos fugaces, la fila para comprar un libro es una fila para comprar tiempo, silencio y profundidad. Lo que este fenómeno pone de manifiesto es que no hay una crisis de deseo, sino una crisis de condiciones. Aparentemente, no hace falta convencer a nadie sobre la importancia o el placer de leer; lo que hace falta es proteger la base material y temporal de permitirlo. Como dijo Milena Busquets hace un tiempo, leer no es sexy, es importante. Y ahora también es, quizás, urgente, para que no caiga como un hermoso animal en extinción cuando la necesitamos más que nunca, cada vez en más manos y en más agendas.En un mundo que diseña cada segundo para ser capturado, monetizado o interrumpido, esa es una forma de insolencia. La lectura no va a salvar al mundo. Pero defender el tiempo para leer es defender la posibilidad de un tiempo que no sea sólo pensado en términos de utilidad, función y productividad. Un tiempo que no implique siempre estar fragmentado, siempre en varios lugares a la vez, entre lo físico y lo virtual, constantemente liminal e interrumpible. En su reflexión sobre inteligencia artificial e inteligencia humana, el papa Francisco señaló que “cultivar aquellos aspectos de la vida humana que van más allá del cálculo es de crucial importancia para preservar una auténtica humanidad, una que parece habitar en medio de la civilización tecnológica, casi imperceptiblemente, como la niebla que se filtra bajo una puerta cerrada”.

La entrada Leer es una guerra por el tiempo se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

 La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.

El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.

Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.

Orrego afronta la audiencia pública por el proyecto minero de Vicuña por la línea eléctrica que le regaló Caputo

Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.

El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.

José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.

La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.

Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».

El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.

La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.

Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.

En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.

Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.

También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.

Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.

Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.

El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.

El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.

El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.