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Un escándalo de sobreprecios en Atucha deja a Reidel en la cuerda floja
Demián Reidel quedó en la cuerda floja al frente de Nucleoeléctrica luego de que se destapara un escándalo de sobreprecios en la contratación de una empresa de limpieza para la central Atucha.
El diario Perfil anticipó que un gerente de Atucha I-II presentó una denuncia el pasado 5 de enero describiendo una serie de maniobras con el objetivo presunto de beneficiar a la empresa de limpieza LX Argentina a un costo 140% más alto que el valor que en la actualidad paga Nucleoeléctrica por esa prestación.
De los 4 mil 400 millones por 24 meses que pagaba NA-SA actualmente pasaría a 10 mil 700 millones en el nuevo contrato, que Reidel tuvo que ser suspender por la polémica.
Tras el escándalo, en el seno del gobierno aseguran que la idea del directorio de Nucleoeléctrica era forzar la renuncia de Reidel en la reunión de este miércoles. Pero el físico consiguió un chivo expiatorio para convencer a los hermanos Milei de su continuidad.
Con la ayuda de voceros oficiosos, Reidel intentó instalar que la maniobra fraudulenta fue del propio funcionario que denunció la contratación. Se trata del Gerente de Operaciones, Juan Pablo Nolasco, a quien los voceros oficiosos catalogaron de «K», si bien la permanencia de ese funcionario durante los dos años de mandato de Milei en todo caso es responsabilidad de Reidel.
Una denuncia interna sacude a Reidel y revelan que tiene deudas millonarias
En la denuncia del 5 de enero se apunta al gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, un ex sciolista que Reidel metió en NA-SA. Tras varias presiones solapadas, Pantuso habría llamado directamente a una funcionaria de menor rango para que avale el precio. El denunciante habla de un accionar intimidatorio de Pantuso. Casualmente otro ex funcionario sciolista, Luis «Chiche» Peluso, había colado en la licitación a su empresa de limpieza Limpiolux a pesar de no haber sido evaluada en la instancia del Análisis Técnico.
Reidel atraviesa una tormenta no sólo por la denuncia por corrupción, sino por la deriva de su gestión en la energía atómica. El funcionario suele hacer anuncios grandilocuentes que salvarán a la Argentina pero luego es incapaz de mostrar avances.
Un ejemplo es el de la construcción de los Reactores Modulares que según Reidel ubican a la Argentina en una posición estratégica dentro del mapa energético y tecnológico mundial. Pero la realidad es otra: el titular de Nucleoeléctrica avaló la paralización del CAREM, el reactor modular pequeño diseñado por la CNEA.
En 2022 Nucleoeléctrica firmó con la china CNNC el contrato para levantar Atucha III con tecnología Hualong One, con financiamiento incluido. Pero el gobierno libertario lo congeló. El caso más paradigmático de la venta de ilusiones fue el de Open AI. Reidel hizo que Milei anunciara una inversión de 25 mil millones de dólares en la Patagonia. El propio CEO de la empresa de inteligencia artificial, Sam Altman, se encargó de pinchar ese globo.
En el sector aseguran que Reidel se mantiene en el cargo no tanto por el apoyo de Karina sino por el padrinazgo del empresario Mario Montoto, interesado en los negocios de la energía atómica.
¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?
Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.
Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.
Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.
La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.
Acerca de la autocrítica
La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?
Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?
La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.
Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.
La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.
Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.
Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.
En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.
Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.
El caso de las cuotas
Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.
Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.
En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.
Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.
La defensa de la libertad
Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…
Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.
Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.
LA NUTRICIÓN ES TODO
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Angelici controlará la comisión que frena o impulsa la destitución de jueces
Un hombre cercano a Daniel Angelici quedará al frente de la comisión que frena o impulsa la destitución de jueces federales y nacionales.
Alberto Maques reemplazará a Luis Juez en la presidencia de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.
Maques llegó al Consejo en representación de los abogados. Fue suplente de Miguel Piedecasas en la lista de 2022 que integró a la UCR, al PRO y a la Coalición Cívica. Mientras que en segundo lugar el PRO postuló a Jimena de la Torre, la elección del primer puesto fue más compleja.
Como no había acuerdo en el radicalismo entre la corriente que lideraban Ernesto Sanz y Gerardo Morales con la de Daniel Angelici y Emiliano Yacobitti, las dos líneas internas se repartieron el mandato.
Jorge Macri se amigó con Mauricio y se despeja su candidatura a la reelección
Angelici impulsaba a Carlos Matterson, que ya había sido consejero y además era abogado del Tano. Carrió no logró poner ningún candidato, pero sí vetar a Matterson. Por eso, Maques quedó como suplente e ingresó en 2024 tras la renuncia de Piedecasas.
Maques Es un tipo del sistema, del statu quo. No tiene quilombos y vuela por abajo del radar.
La Comisión de Acusación está integrada por Maques, Juez, Álvaro González, Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y César Grau. Grau entró como suplente por el fallecimiento de Héctor Recalde y además preside la Comisión de Disciplina.
Alberto Maques.
A pesar de su integración, los votos de la Comisión de Acusación no tienen un comportamiento partidario y no es imposible la conformación de mayorías. Un dato importante es que la comisión no cuenta con ningún magistrado entre sus integrantes.
El peronismo tiene a tres de los seis miembros, y los otros tres no siempre votan alineados. Maques parte en desventaja para lograr mayorías, pero tiene el poder de dilatar el tratamiento de expedientes.
Las denuncias que debe abordar la Comisión de Acusación incluyen a varios pesos pesados. Sandra Arroyo Salgado, el juez federal de Rosario Gastón Salmain, María Capuchetti, Federico Villena y Alfredo López son algunos de los magistrados que tienen expedientes en el Consejo. También Patricio Marianello, el juez que frenó la difusión de los audios de las coimas donde se acusaba a Karina Milei.
Las denuncias que debe abordar la Comisión de Acusación incluyen a varios pesos pesados. Sandra Arroyo Salgado, el juez federal de Rosario Gastón Salmain, María Capuchetti, Federico Villena y Alfredo López son algunos de los magistrados que tienen expedientes en el Consejo.
Si un expediente pasa el filtro de la comisión, el juez debe ser sometido a un jury. Entre 1999 y 2022 tan solo fueron destituídos 18 jueces de los 26 que fueron acusados según un estudio de la Universidad Austral.
De origen radical, en 2018 Maques fue elegido presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad tras un acuerdo entre Daniel Angelici y Jorge Rizzo, que luego se distanciarían. En 2020, Maques fue reelecto y permaneció a la cabeza del consejo porteño hasta 2022.
Durante el gobierno de Fernando de la Rúa fue vicepresidente de la Corporación Puerto Madero. En 2017 desembarcó como síndico de Ceamse mientras el Chiqui Tapia era vice del organismo.
«Es un tipo del sistema, del statu quo. No tiene quilombos y vuela por abajo del radar», lo definió un hombre de la justicia federal.
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