Otro domingo de música para disfrutar en la plaza

 

En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.

Por Amparo Lestienne para NLI

El caso INCUCAI: de la excepción al cobro universal

El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.

Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.

Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.

Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.

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Un cambio de lógica: del financiamiento a la autofinanciación

El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.

Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.

Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.

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El telón de fondo: caída del presupuesto científico

Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.

En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.

En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.

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ANMAT y el modelo de tasas: el antecedente silencioso

Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.

Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.

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La tensión central: menos presupuesto, más costos

La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.

Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.

El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.

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Especialistas y debate: el riesgo de mercantilización

En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.

La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado

En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.

Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.

Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.

El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.

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Conclusión: un cambio silencioso pero estructural

Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.

En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.

La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.

 

 

Así lo afirmó en sus redes sociales.

Por Roque Pérez para NLI

El encuentro entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente colombiano Gustavo Petro en España dejó una señal política de alto impacto regional: el mandatario sudamericano no sólo destacó el rol del dirigente argentino, sino que lo proyectó abiertamente como una figura presidencial capaz de revertir la crisis que atraviesa el país.

La reunión se dio en el marco de la Movilización Progresista Mundial, convocada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, un espacio que reúne a líderes y referentes del campo popular con el objetivo de articular respuestas comunes frente al avance de las derechas en distintos puntos del planeta. Allí, Kicillof participó como uno de los exponentes más relevantes del progresismo argentino.

Un respaldo explícito desde Colombia

El gesto más contundente llegó pocas horas después del encuentro, cuando Petro publicó en su cuenta oficial un mensaje que rápidamente generó repercusión política y mediática. En ese posteo, el presidente colombiano afirmó que se reunió con “el alcalde de Buenos Aires @Kicillofok, quien posiblemente será presidente de Argentina para sacarla de su colapso”, y agregó que “la unidad del progresismo argentino es fundamental para el mundo”.

La referencia no es menor: Petro no sólo valida el liderazgo de Kicillof dentro del espacio opositor, sino que además enmarca la situación argentina en una crisis de magnitud, alineando su diagnóstico con una mirada crítica sobre el rumbo económico y social del gobierno de Milei.

Kicillof en el tablero internacional

La presencia del gobernador bonaerense en este tipo de foros internacionales consolida su perfil como dirigente con proyección más allá de las fronteras nacionales. En un contexto donde Milei se alinea con sectores ultraliberales y de derecha a nivel global, Kicillof aparece como una contraparte que articula con líderes que promueven modelos de desarrollo con inclusión social y mayor intervención estatal.

Durante la Movilización Progresista Mundial, los ejes giraron en torno a la defensa de la democracia, la justicia social y la necesidad de construir alternativas frente al ajuste y la desigualdad. En ese marco, la experiencia de la provincia de Buenos Aires fue presentada como un caso de resistencia a las políticas de recorte impulsadas por el gobierno nacional.

El respaldo de Petro se suma a una serie de gestos internacionales que posicionan a Kicillof como una figura clave dentro del mapa político regional, en un momento en el que la oposición argentina debate liderazgos y estrategias de cara al futuro.

La disputa por el liderazgo opositor

El mensaje del presidente colombiano también impacta en la interna del peronismo y del campo popular, donde la discusión por la conducción política sigue abierta. La mención directa a Kicillof como posible presidente introduce un elemento externo que fortalece su figura en medio de ese debate.

En paralelo, el llamado a la unidad del progresismo argentino refuerza una idea que viene ganando terreno: sin cohesión interna, no habrá posibilidad de construir una alternativa sólida frente al modelo de Milei. En ese sentido, el gesto de Petro funciona como un llamado de atención, pero también como un espaldarazo.

En un escenario de crisis económica, deterioro social y tensiones políticas, la proyección internacional de Kicillof y los apoyos que comienza a cosechar no son un dato menor. Por el contrario, empiezan a configurar una narrativa donde su figura trasciende lo local y se inscribe en una disputa más amplia, con impacto regional.

El tuit de Petro, breve pero contundente, sintetiza esa mirada: Argentina necesita salir del colapso y, para eso, el progresismo debe unirse. Y en ese esquema, Kicillof aparece, cada vez más, como una pieza central.