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Quirno se enojó con una empresa israelí que quiere sacar petróleo con los ingleses en Malvinas
La cancillería metió ruido a la relación de Javier Milei con Israel. Esta tarde emitió un duro comunicado contra las empresas petroleras Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited por su exploración de petroleo en las Islas Malvinas
Ambas son licenciatarias para el desarrollo del yacimiento «Sea Lion» de la Cuenca Malvinas Norte, ubicada en la costa afuera de las islas y habían sido repudiadas cuando comenzaron con el plan de extracción.
LPO adelantó en abril de 2022 que la asociación de estas dos gigantes petroleras para la explotación de León Marino se compone de una participación del 65% para la israelí Navia y el restante 35 para la inglesa Rockhopper. Las estimaciones del entonces gobierno de Boris Johnson indicaban que León Marino y sus yacimientos satélites, contienen recursos contingentes de aproximadamente 520 mmbbl.
Cabe recordar que mas allá del rechazo del gobierno a la actividad de Navitas, Milei no hizo mención del tema en la reunión que tuvo con Benjamín Netanhayu en septiembre de este año. Por eso, el tono comunicado de Cancillería podría traerle con uno de los aliados más importantes del Presidente en la agenda internacional y considera como «el bastión de occidente». En ese mismo sentido, crecen las críticas de los que ponen en cuestionamiento la incondicionalidad de la alianza con Israel porque no expresa reciprocidad en apoyos básicos como la soberanía de las Malvinas en ningún ámbito.
El texto publicado por el ministerio de Pablo Quirno califica a las empresas de «ilegítimas», destaca la falta de autorización para esa exploración y repudia «la pretendida Decisión Final de Inversión» decididas por estas firmas.
«La Argentina recuerda que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización», remarca el comunicado.
Asimismo, sostiene que «dichos instrumentos reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, e instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones a fin de alcanzar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia».
«El rechazo argentino se hace extensivo a todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, incluyendo la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas», agrega.
Milei con Netanhayu en la visita a Israel de septiembre.
Estas medidas, insiste, «constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas».
«Dicho accionar unilateral resulta manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico argentino, en particular a lo dispuesto por las Leyes N° 26.659 y N° 26.915, conforme a las cuales no pueden realizarse actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la totalidad de la plataforma continental argentina sin contar con la debida autorización de la autoridad competente argentina», puntualiza.
En otro tramo, el gobierno recordó que ambas compañías han sido oportunamente sancionadas. Rockhopper Exploration Plc fue declarada clandestina y sus actividades ilegales por medio de la Resolución de la Secretaría de Energía y se dispuso su inhabilitación para operar en el país por un plazo de 20 años .
Las áreas de explotación petrolera en torno a las Malvinas.
Por su parte, Navitas Petroleum Lp fue pasible de idénticas sanciones mediante la por desarrollar operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin la debida autorización de las autoridades competentes.
En ese contexto, el Gobierno reitera que «no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas y hace saber a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, incluyendo empresas, entidades financieras, proveedores de servicios, aseguradoras y demás actores involucrados en estos proyectos, que toda participación directa o indirecta en actividades de exploración o explotación hidrocarburífera no autorizadas en las áreas en disputa constituye un acto ilícito a la luz del derecho internacional y del ordenamiento jurídico argentino, y que tomará todas las acciones pertinentes».
En consecuencia, advierte que «quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales».
Milei se reune con Netanyahu, luego que Cancillería condenara la actividad israelí en Malvinas
Por último, el comunicado sostiene que «Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos».
«Los nuevos anuncios sobre la intención de dar inicio a las actividades de explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa constituyen un nuevo acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles, teniendo en cuenta que se trata de recursos naturales no renovables. Argentina profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos», concluye.
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