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Milei se quiso subir al regreso de la Formula 1, pero en la Ciudad dicen que no ayudó en nada
Milei aprovechó una reunión de la Federación Internacional de Automovilismo para declamar su amor por la Fórmula 1 y aseguró que Argentina está preparada para recibir un gran premio. Desde la Ciudad aseguran que el presidente no hizo nada por el regreso de la máxima categoría al país.
El presidente pidió acelerar a toda máquina para que la Fórmula 1 vuelva a correrse en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. La expresión es más adecuada para un barco o un tren y al parecer, el lugar para expresar su deseo tampoco fue el correcto.
«Se subió a un proyecto en el lugar equivocado. La FIA no define nada», explicó un funcionario porteño a LPO.
El verdadero poder en la Fórmula 1 es el grupo Liberty Media, que posee FOM (Formula One Management). En sus oficinas de Londres es donde se toman las decisiones respecto de los circuitos, sponsors y demás cuestiones que rodean al gran circo del automovilismo.
La Ciudad apuesta al Moto GP para traer a la Formula 1: Invertirán 130 mil millones en el Autódromo
«Es la demostración de que Argentina está volviendo a inspirar confianza y de que este es otra vez un país serio donde vale la pena invertir tiempo, prestigio y capital», dijo el presidente sobre la reunión de la sección americana de la FIA. Más allá de la confianza en la gestión libertaria, la Fórmula 1 se mueve por cuestiones concretas.
La Federación Internacional de Automovilismo tiene casi 250 socios en 149 países, mayormente clubes de automovilismo como el ACA. Desde hace tiempo no tiene injerencia en la Fórmula 1.
El proyecto para el regreso de la máxima categoría a Buenos Aires comenzó con la adecuación del Autódromo con las medidas de seguridad necesarias para albergar un evento de Grado 1. «Milei no movió un pelo», dijeron en la Ciudad.
Como contó LPO, Liberty Media le compró a Bernie Ecclestone la Fórmula 1 en 2016 por 4400 millones de dólares, una cifra que incluyó deudas por más de 4000 millones. La inversión resultó más que redituable: el año pasado Liberty Media duplicó el valor que recibe por la venta de derechos en EEUU.
Ocho años más tarde Liberty Media también cerró la compra del Moto GP. Allí comenzó la relación con Orly Terranova, que organizó las carreras de la máxima categoría en las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
El corredor y empresario quedó a cargo de las negociaciones junto a Fabián Turnes, el secretario de deportes porteño. De hecho, la Ciudad lo autorizó a gastar más de 50 millones de dólares para asegurarse de que el Moto GP se corra en Buenos Aires entre 2027 y 2030. La intención es que la F1 se corra en Buenos Aires en 2028, aunque las charlas están lejos de terminar.
ESCÁNDALO: Milei puso al frente del área de Ciencia a una funcionaria recibida en una universidad «trucha»
Escándalo en el Gobierno de Milei por la designación de Adriana Baravalle en Ciencia: su doctorado en Inteligencia Artificial quedó bajo la lupa por la universidad que lo otorgó.
Por Roque Pérez para NLI
La designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología abrió una polémica que excede largamente una discusión sobre currículums. La funcionaria llega para conducir una de las áreas estratégicas del Estado argentino con un doctorado en Inteligencia Artificial otorgado por la American Andragogy University, una institución radicada en Hawaii que, según distintas fuentes periodísticas, no cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.
El dato resulta particularmente llamativo porque Baravalle no fue presentada como una funcionaria administrativa más, sino como una especialista destinada a conducir la política científica y tecnológica de un país que posee universidades, investigadores, organismos científicos y una extensa tradición académica. La controversia, por lo tanto, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué criterios está utilizando el Gobierno de Javier Milei para seleccionar a quienes deben conducir la ciencia argentina?
Un doctorado que quedó bajo la lupa
El título de doctora en Inteligencia Artificial que figura asociado a Baravalle proviene de la American Andragogy University, una institución de enseñanza a distancia de Hawaii cuya situación académica generó cuestionamientos. La propia universidad se presenta como una institución con métodos de formación “no tradicionales” y advierte que sus diplomas pueden no resultar habilitantes para determinadas profesiones.
La controversia se profundiza por las características del programa. Según la información difundida sobre la institución, una tesis doctoral podría completarse en un período extraordinariamente breve, algo que naturalmente despierta interrogantes cuando se lo compara con los procesos habituales de formación doctoral en universidades reconocidas.
El problema no es que una persona estudie a distancia. Tampoco que una universidad tenga métodos pedagógicos diferentes. La cuestión central es otra: qué reconocimiento académico tiene efectivamente el título y qué valor posee una credencial de ese tipo para quien pasa a dirigir la política científica de la Argentina.
El caso ya generó repercusiones en otros países. Distintas publicaciones recordaron que en Perú hubo cuestionamientos vinculados con un ex funcionario que había incorporado a su currículum un doctorado otorgado por la misma institución.
La paradoja de un Gobierno que ajusta a la ciencia
La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la coloca en el contexto de la política científica del Gobierno.
Mientras el sistema nacional de ciencia y tecnología atraviesa recortes presupuestarios, pérdida de investigadores y reducción de programas, la administración libertaria acaba de colocar al frente del área a una funcionaria cuya principal credencial polémica es precisamente un doctorado cuya validez académica genera cuestionamientos.
No se trata de descalificar toda la trayectoria de Baravalle. Y allí está justamente una de las cuestiones que conviene separar para evitar simplificaciones.
La funcionaria sí posee antecedentes académicos y profesionales comprobables. Tiene formación de posgrado en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral, experiencia en áreas vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos, y una extensa actividad docente. La propia Universidad Austral registra su trayectoria académica y profesional.
También aparece documentada como doctoranda en Ingeniería de la Universidad Austral, además de contar con antecedentes de investigación y participación en actividades vinculadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Por eso, el escándalo no pasa sencillamente por afirmar que “no sabe nada” o que carece de formación. Eso sería una caricatura y no está respaldado por la información disponible.
La discusión es más precisa: ¿por qué una funcionaria con una trayectoria profesional real decidió incorporar a su perfil el título de doctora en Inteligencia Artificial de una institución cuya acreditación genera semejante controversia? ¿Qué evaluación hizo el Gobierno de esa credencial antes de designarla para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología?
Ciencia argentina: cuando el problema no es solamente el currículum
La escena tiene además una carga simbólica difícil de ignorar.
Argentina posee universidades públicas y privadas de enorme prestigio, investigadores reconocidos internacionalmente, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y una comunidad científica que durante décadas construyó capacidades en campos como biotecnología, medicina, física nuclear, informática, inteligencia artificial y tecnología satelital.
En ese contexto, la conducción política de la ciencia no es un cargo menor. Define prioridades de investigación, políticas de innovación, vínculos con universidades, financiamiento, transferencia tecnológica y buena parte de las condiciones en las que trabajan miles de científicos.
La designación de Baravalle, entonces, vuelve a poner en discusión una contradicción más profunda del modelo libertario: un Gobierno que cuestiona permanentemente las estructuras académicas y científicas existentes termina generando controversias alrededor de las credenciales de quienes coloca al frente del sistema.
El caso tampoco debería convertirse en una caza de brujas contra la funcionaria. Su trayectoria previa merece ser evaluada por sus resultados, sus antecedentes comprobables y sus decisiones al frente del organismo. Pero justamente por tratarse de un área estratégica, las credenciales académicas de quien la conduce deben poder ser examinadas públicamente.
La ciencia no funciona sobre la base de títulos decorativos ni de etiquetas. Funciona sobre publicaciones, investigación, evaluación de pares, instituciones, evidencia y conocimiento acumulado.
Y allí aparece la paradoja que deja este nuevo episodio del Gobierno de Milei: mientras se reclama “excelencia” para justificar el ajuste sobre universidades, investigadores y organismos científicos, la persona elegida para conducir la política nacional de ciencia llega al cargo envuelta en una polémica precisamente por una de sus credenciales académicas.
El problema, en definitiva, no es solamente Adriana Baravalle. Es qué lugar ocupa el conocimiento científico en el proyecto de país que propone el Gobierno y cuáles son los criterios con los que se decide quién tiene la responsabilidad de conducirlo.
Porque una nación que pretende disputar el futuro tecnológico no puede darse el lujo de convertir la discusión sobre quién dirige su ciencia en una discusión sobre si un doctorado merece o no ser considerado un verdadero doctorado.
La pregunta queda abierta. Y ahora deberá responderla el Gobierno.
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