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Alarma en los bancos de Brasil, ante la decisión de Trump de catalogar al PCC y el Comando Vermelho como terroristas
La decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas encendió una alarma en el sistema financiero brasileño. Los principales bancos del país comenzaron a analizar posibles escenarios de riesgo y buscaron asesoramiento en México, donde una ofensiva similar terminó golpeando a varias entidades financieras.
La preocupación excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública. En el sector financiero temen que la nueva estrategia de Washington derive en mayores exigencias regulatorias, auditorías más rigurosas y un aumento de los riesgos legales para cualquier institución que opere en dólares o tenga exposición al sistema financiero estadounidense.
Por eso, varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico. El objetivo es evitar errores y prepararse para un escenario que podría volverse mucho más exigente.
El antecedente mexicano es el principal motivo de preocupación. A mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la mira a tres entidades financieras: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusó de haber facilitado o permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Sheinbaum descartó riesgos al sistema financiero tras sanciones a CIBanco, Vector e Intercam
Lo llamativo es que las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades mexicanas no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran las acusaciones formuladas por Washington. Sin embargo, el daño sobre las entidades ya estaba hecho.
Ante el riesgo de una corrida y para evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero, el gobierno mexicano intervino las tres instituciones. La prioridad fue proteger a los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema bancario. Aun así, las consecuencias fueron severas, las 3 instituciones dejaron de operar y transfirieron sus activos a otras entidades.
El episodio se convirtió en una señal de alerta para toda la industria financiera de la región. En México todavía existe preocupación por la posibilidad de que nuevas entidades sean alcanzadas por medidas similares. Incluso circulan versiones sobre una eventual atención especial de las autoridades estadounidenses sobre el Banco del Bienestar, la entidad estatal mexicana.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su equipo económico.
Ese es precisamente el escenario que los bancos brasileños intentan evitar. La designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas modifica la naturaleza de los riesgos que enfrentan las entidades financieras. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas tradicionales de prevención del lavado de dinero.
La nueva categoría amplía las responsabilidades de bancos, fintechs y compañías que operan en el sistema financiero internacional. Los controles sobre clientes, beneficiarios finales, movimientos de fondos y estructuras societarias pasan a ser mucho más estrictos, especialmente cuando existen operaciones en dólares.
La principal amenaza radica en las sanciones de carácter extraterritorial. Una entidad puede enfrentar restricciones para operar con bancos estadounidenses o incluso perder acceso a determinados servicios financieros si las autoridades consideran que existió algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con organizaciones alcanzadas por las sanciones.
Por eso el impacto potencial no se limita al sector bancario. Empresas de logística, transporte, comercio exterior, minería y agronegocios también podrían verse obligadas a reforzar sus mecanismos de control para evitar quedar involucradas en investigaciones o revisiones regulatorias.
Para los inversores, la señal es clara. Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
La experiencia mexicana mostró que una investigación o una acusación pueden tener consecuencias significativas incluso antes de que exista una condena o una prueba definitiva. Por eso en Brasil el sector financiero decidió actuar con anticipación. La preocupación ya no es solamente el crimen organizado: ahora también es el costo de quedar bajo la lupa de Washington.
LA DISEMINACIÓN DE LO INMEDIATO
Y ahora, la ciencia dictamina el veredicto final. Y si antes lxs sospechxs eran: los plebeyos o legos, damas o caballeros, proletarios o burgueses; sacerdotes, obejas y herejes; vagos, sabiondos y delincuentes; aristócratas, oligarcas y demócratas; amos, esclavos y esclavos de esclavos; capitalistas o comunistas; de alguna «raza» de los cánones oficiales o de algún…
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Empresarios brasileños temen que Flavio complique las negociaciones con EEUU por los aranceles
Empresarios brasileños que participarán en la audiencia pública organizada por el gobierno de Estados Unidos sobre el aumento de aranceles a productos brasileños manifestaron su preocupación por el posible impacto político de la participación Flávio Bolsonaro y del influencer conservador Paulo Figueiredo en ese ámbito de negociación.
Según informó Folha de San Paulo, ambos se inscribieron para intervenir en la audiencia convocada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que escuchará a más de 80 participantes antes de definir la política arancelaria hacia Brasil.
Aunque Flávio tiene previsto solicitar que Washington retire las tarifas, el sector empresarial teme que la instancia derive en una mayor confrontación política. La preocupación radica en que los funcionarios estadounidenses podrán formular preguntas a cada expositor, lo que podría abrir espacio para declaraciones de fuerte contenido ideológico o electoral.
De acuerdo con la publicación, los empresarios consideran imposible anticipar qué preguntas realizará el gobierno estadounidense ni cuál será la postura que adoptará el senador durante el intercambio.
En ese contexto, existe el temor de que la audiencia termine politizando aún más un tema que, para el sector privado, debería centrarse en los impactos comerciales de los aranceles en medio de la incertidumbre del año electoral que en tres meses tendrá elecciones presidenciales.
La audiencia de esta semana forma parte del proceso mediante el cual Estados Unidos evalúa la aplicación de nuevos aranceles a productos brasileños, una medida que ha generado preocupación tanto en el gobierno de Brasil como en diversos sectores exportadores por su potencial impacto sobre el comercio bilateral.
En ese marco, Lula decidió enviar observadores y optó por no realizar una intervención oficial durante la audiencia y mantiene como estrategia principal la negociación diplomática directa con Washington. Según publicó G1, la representación brasileña estará integrada por funcionarios de la embajada en Washington y técnicos del gobierno, cuyo objetivo será seguir de cerca las exposiciones de empresas, asociaciones y otros participantes del proceso abierto por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
La decisión refleja la evaluación del Palacio del Planalto de que una confrontación pública en esta instancia tendría escasas posibilidades de modificar el curso de la investigación.
Un funcionario importante de la administración de Lula dijo a LPO que el gobierno considera que el canal más efectivo sigue siendo el diálogo bilateral entre ambos gobiernos. Por ese motivo, el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, continúa encabezando las conversaciones con autoridades estadounidenses para intentar evitar la aplicación del tarifazo.
Mientras tanto, el protagonismo en la audiencia quedó en manos del sector privado brasileño. Diversas cámaras empresarias y asociaciones exportadoras presentaron argumentos técnicos para cuestionar la propuesta sosteniendo que las medidas perjudicarían tanto a exportadores brasileños como a importadores y consumidores estadounidenses.
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Entre los sectores más activos figuran las industrias del café, el calzado, la maquinaria, el mobiliario y la pesca. La audiencia forma parte del proceso de investigación iniciado bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense.
Una vez concluida la etapa de consultas públicas, el USTR deberá analizar las presentaciones antes de adoptar una decisión definitiva sobre la eventual imposición de nuevos aranceles del 25% a las importaciones brasileñas. En Brasil, el gobierno interpreta que aún existe margen para una solución negociada y evita dar por cerrada la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de que Washington anuncie su decisión final.
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