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Mahiques metió por la ventana el pliego de un fiscal cercano a Tapia y Toviggino
Juan Bautista Mahiques incluyó entre los 22 pliegos que mandó este viernes al Senado el de Rául Agustín Rubiero, el fiscal general adjunto en lo laboral que asumió su cargo en octubre pasado.
Hombre cercano al ministro de Justicia, Rubiero es miembro del tribunal de apelaciones de la AFA desde el 10 de diciembre de 2021 y estaba en lista complementaria del Concurso 405 del Poder Judicial. Competía para la Sala D de la Cámara Civil.
Mahiques apuró el trámite de Rubiero porque uno de los concursantes ternados, Alejandro Laje, renunció a su propia postulación, y enseguida escaló la posición del fiscal porteño.
Sin embargo, fuentes judiciales indicaron a LPO que el envío del pliego de Rubiero viola el artículo 48 del Reglamento de concursos. Allí dice que «si se tratare de un concurso destinado a cubrir más de un cargo, se hará saber al Poder Ejecutivo Nacional el modo en que han sido conformadas las ternas y la lista complementaria, y que ante el supuesto de que alguna de las ternas se torne incompleta, previo a la utilización de la lista complementaria, deberá considerar prioritariamente a los postulantes que integran las ternas y que no hayan sido seleccionados, en razón de tratarse de concursantes que han quedado mejor posicionados en el orden de mérito establecido».
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En efecto, los otros dos postulantes de la terna de Laje son Luis Crovi y Miriam Feigelman. El gobierno está en la obligación de justificar por qué razón no los consideró prioritariamente antes enviar el pliego de Rubiero que estaba en lista complementaria.
Los reflejos de Mahiques para blindar al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, habrían sido parte de sus credenciales para su ascenso. De hecho, LPO informó que el ascenso del actual ministro obedecía a la necesidad de salvar tanto a Tapia como a su padre, que festejó su cumpleaños en la quinta de Toviggino.
En efecto, el clan Mahiques está hiperconectado con la entidad del fútbol local. Esteban Mahiques, el hermano de Juan Bautista recientemente designado ad-honorem como jefe de gabinete de la cartera de Justicia, también integró el tribunal de disciplina de la AFA y uno de los dirigentes de la asociación celebró la llegada del nuevo ministro bajo la esperanza de que empezara una etapa de «moderación» en la pelea del gobierno contra Tapia y Toviggino.
Desde que asumió Mahiques, la batalla entre el juez en lo penal económico Marcelo Aguisnky y el juez de Campana Adrián González Charvay, el magistrado que prefiere la AFA, permanece abierta pero con dilaciones en la Cámara de Casación que beneficiarían a Tapia.
El ministro también congeló el accionar de los veedores que pesquisan los balances de la entidad. Acaso el juego de pinzas se complete con la postulación de jueces para las vacantes en el fuero penal económico, donde el juez Diego Amarante, a cargo del Juzgado N°6, procesó a Tapia y Toviggino por la retención indebida de aportes.
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Llaryora le dio 40% de aumento a los docentes y blanquea la crisis del plan de Milei
Martín Llaryora anticipa que el plan económico de Javier Milei naufraga y que la inflación se escapa: por eso otorgó a los docentes -el grupo de estatales más grande- un aumento del 40%, muy por encima de cualquier cálculo libertario.
El Gobierno cordobés jugó fuerte, aunque acorralado por el gremio de docentes que endureció su postura. Lo cierto es que al final del día, Llaryora admitió un 40% para todo el año, en un esquema de aumentos mensuales atados al IPC y con una cláusula de revisión en octubre. Es un número que rompe por completo con las previsiones oficiales.
El Presupuesto provincial, alineado con las proyecciones nacionales de Javier Milei y su ministro Luis Caputo, estimaba una inflación apenas superior al 10% y un crecimiento económico del 6%. Ninguna de esas variables se está cumpliendo. El acuerdo docente funciona, entonces, como una admisión implícita de que el escenario económico es otro. Mucho más adverso.
Lo que se firmó con la UEPC no queda ahí. Como ocurre históricamente en Córdoba, el acuerdo docente se convierte en referencia obligada para el resto de los estatales. Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), su titular Sergio Castro ya adelantó que buscarán replicar el esquema con un piso del 40%.
Llaryora se hartó de cubrir a Milei por el abandono del Pami y los comedores: «Que paguen el costo»
Eso implica trasladar el impacto a toda la estructura estatal: administración central, fuerzas de seguridad, salud y jubilados. La cifra es contundente: el costo fiscal adicional ascendería a $1,25 billón en el año.
Aunque Llaryora destrabó el conflicto con docentes, y seguramente pasará lo mismo con el resto de los estatales provinciales, encendió un foco de conflicto con los intendentes. «Ahora, los empleados municipales se dan vuelta y piden un aumento igual que los docentes y eso nos prenden fuego las cuentas», dice un intendente peronista ajustado por la caída de la coparticipación desde hace ocho meses. La recaudación provincial viene mostrando signos de debilidad, en línea con la contracción de la actividad económica.
Ante ese panorama, en el Gobierno empiezan a mirar de reojo un recurso que hasta ahora evitaban mencionar: los fondos obtenidos en los mercados internacionales. Pero para los intendentes, esa posibilidad no es una solución: los gobiernos locales no tienen acceso al fondeo.
