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Prostitución Judicial: el juez de la causa Adorni viajará con el ministro de Justicia a París
Mientras crecen las preguntas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y avanzan expedientes sensibles para el oficialismo, el juez Ariel Lijo compartirá una misión oficial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos integrarán la delegación argentina que defenderá ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La coincidencia genera ruido político y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y los tribunales federales.
Por Roque Pérez para NLI
La política argentina suele regalar imágenes difíciles de explicar. Y una de ellas comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo compartan una misión oficial en París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de la Argentina en materia de prevención del lavado de dinero.
En términos formales, se trata de una actividad institucional vinculada a una política de Estado. Sin embargo, la presencia de Lijo en la misma comitiva que el principal funcionario judicial del Gobierno adquiere otra dimensión política porque el magistrado tiene bajo su órbita algunas de las investigaciones más sensibles para la administración de Milei, entre ellas el expediente vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.
La delegación viajará entre el 15 y el 19 de junio y también estará integrada por el juez Sebastián Casanello, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionarios del Banco Central, ARCA y especialistas en materia antilavado. El objetivo será presentar ante el organismo internacional los avances realizados por la Argentina dentro del régimen de seguimiento intensificado que enfrenta desde la evaluación de 2024.
Un viaje técnico en medio de una tormenta política
El problema para el Gobierno no es el viaje en sí, sino el contexto. La noticia se conoce en momentos en que la administración libertaria atraviesa semanas incómodas por los cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, las investigaciones judiciales abiertas y las disputas internas entre distintos sectores de poder que orbitan alrededor de la Casa Rosada.
Según trascendió, dentro del propio universo político y judicial la coincidencia despertó suspicacias. No sólo porque Lijo conserva una enorme influencia dentro de Comodoro Py, sino porque el magistrado quedó asociado en los últimos años a distintos sectores de poder que mantienen tensiones con figuras centrales del oficialismo.
Desde el entorno de la misión oficial rechazaron cualquier lectura política y sostuvieron que se trata de una actividad habitual en la que jueces y funcionarios presentan información técnica sobre investigaciones vinculadas al lavado de activos. También remarcaron que este tipo de exposiciones ya se realizaron en años anteriores con otros magistrados y fiscales.
El GAFI, las inversiones y la necesidad de mostrar resultados
Más allá de las controversias locales, el viaje tiene importancia estratégica para el Gobierno. El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición de la Argentina dentro de ese sistema influye directamente en su reputación financiera internacional y en la capacidad para atraer inversiones.
La administración de Milei necesita exhibir avances concretos luego de que el país quedara sometido a un esquema de seguimiento reforzado. Durante los próximos años deberá demostrar mejoras sustanciales en los mecanismos de control, investigación y sanción de delitos económicos complejos.
Por esa razón, el Gobierno busca presentar una imagen de coordinación entre organismos judiciales, financieros y administrativos. El problema es que la foto que pretende transmitir fortaleza institucional puede terminar generando exactamente el efecto contrario cuando uno de los protagonistas del viaje es el juez que investiga asuntos delicados para el propio oficialismo.
La escena resume una de las contradicciones más persistentes de la política argentina: mientras el discurso oficial reivindica la independencia de los poderes del Estado, las coincidencias entre funcionarios y magistrados siguen alimentando sospechas. Y cuando esas coincidencias involucran a un juez que tiene expedientes sensibles sobre la mesa, la discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse inevitablemente en un problema político.
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Indignación libertaria porque liberaron al cabeceador Pichón, que deberá hacer un tratamiento de «manejo de ira»
Los libertarios de Tucumán están indignados con la justicia por la liberación del puntero peronista Marcelo «Pichón» Segura, que estaba preso por darle un cabezazo al diputado nacional Federico Pelli.
Tras dos meses y medio detenido, Pichón Segura llegó a un acuerdo con la Fiscalía para un condena condicional de tres años más una serie de reglas de conducta, como no acercarse a Pelli a menos de 300 metros y hacer un tratamiento de manejo de ira.
El juez penal de Concepción, Raúl Robín Márquez, rechazó los planteos de la querella de Pelli y aceptó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa de Segura, que incluía el cese inmediato de la prisión preventiva de «Pichón».
En marzo pasado, el diputado Pelli quiso repartir colchones a los afectados por las inundaciones en Lamadrid, pero tuvo un encontronazo con un grupo de personas encabezadas por Segura que aparentemente no permitían la circulación por la zona. En la provincia dicen que Segura cumplía órdenes del ministro del Interior, Darío Monteros.
Tras una breve discusión, «Pichón» le propinó un feroz cabezazo (o «ancazo» como se lo conoce en Tucumán en una referencia al zapallo anco) a Pelli, que terminó internado y lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente.
El acuerdo judicial que terminó con la liberación de Pichón Segura indignó a los libertarios. «Me siento defraudado con el sistema de justicia en Tucumán», declaró Pelli, que habló de una «coordinación» entre la fiscalía y la defensa del agresor.
«Cuando yo digo ‘justicia selectiva’, digo que si le hubiese pasado a alguien del oficialismo ser la víctima, quizás había más rigor por parte de la Justicia para con el agresor. Es un pésimo mensaje para la sociedad», dijo en LG Play.
Por su parte, el exministro y referente de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán, se expresó en redes sociales. «Esto es Tucumán hoy: impunidad, decadencia, desidia entre otras muchas cosas. Pichón Segura, un puntero político vinculado al poder ejecutivo provincial queda libre después de haberle partido la nariz cobardemente a un diputado nacional. No fue un hecho aislado. Es la forma en la que opera un sistema político decadente que cree que está por encima de la ley. Contra esto es lo que peleamos», escribió.
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