Otro domingo de música para disfrutar en la plaza
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Fuerte caída de la actividad económica: Caputo le echó la culpa a los feriados
La economía cayó en febrero y el Gobierno chocó de frente con los datos duros. Mientras insisten con una narrativa de crecimiento sostenido, el último informe del INDEC dejó una señal clara: la actividad expuso los límites de la recuperación.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja de 2,1% interanual y un desplome de 2,6% respecto de enero en términos desestacionalizados. La serie tendencia-ciclo, que suele usarse para suavizar los movimientos, mostró apenas un avance de 0,1%, un dato que no alcanza para compensar la caída del mes.
El detalle sectorial confirma que el problema no es marginal. Ocho sectores crecieron, pero siete cayeron, y lo hicieron en áreas clave. La industria manufacturera se hundió 8,7% interanual y el comercio retrocedió 7%. Entre ambos explican la mayor parte del deterioro del índice. Es una escena conocida: los sectores que dependen del mercado interno siguen en rojo.
Nada marcha de acuerdo al plan
En contraste, el empuje volvió a concentrarse en pocos motores. Minería y agro crecieron cerca de 10% interanual y explicaron buena parte de los aportes positivos. Pero el mapa es desigual: dos o tres sectores tiran del carro mientras el resto viaja como puede, atado a una economía que no logra traccionar de forma homogénea.
El informe de ACM pone el foco en esa heterogeneidad. Señala que más del 67% del crecimiento se explica por sectores muy puntuales, mientras las ramas vinculadas al consumo interno siguen rezagadas. En otras palabras, hay expansión, pero no alcanza a convertirse en recuperación generalizada.
Desde LCG, el diagnóstico es más crudo. La consultora advirtió que la actividad «se desplomó» en febrero y volvió a niveles de julio de 2025. También remarcó que la demanda interna no logra consolidarse, golpeada por la caída del poder adquisitivo y la retracción del crédito. El consumo, además, se desplaza hacia importados en un contexto de apertura y tipo de cambio apreciado.
Frente a estos datos, el ministro Luis Caputo buscó relativizar la caída. Argumentó que febrero tuvo menos días hábiles que el año anterior y que estuvo atravesado por un paro general. También destacó que la tendencia-ciclo se mantiene en terreno positivo y acumula casi dos años de expansión. La explicación intenta correr el foco del dato puntual hacia una lectura más larga, aunque el número mensual marca un freno evidente.
El contraste con el relato oficial quedó aún más expuesto por el posteo de Javier Lanari en la víspera a conocerse el dato. El funcionario celebró que la economía habría crecido 4,4% en 2025 y proyectó otro año de expansión, destacando incluso máximos históricos del PBI. El problema es que ese optimismo chocó con la caída concreta del nivel de actividad.
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Privatización en marcha: Milei avanza sobre ENARSA y profundiza el desguace del Estado
Mientras todos seguimos «entretenidos» con las propiedades de Adorni, el gobierno se sigue llevando puesto al Estado y continúa su avance sobre bienes estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno dio un nuevo paso en su política de achicamiento estatal con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que habilita el avance en la venta de activos estratégicos vinculados a ENARSA, la empresa energética estatal. La medida, que pasa casi desapercibida en la agenda mediática, constituye en los hechos un nuevo capítulo en el proceso de privatización de áreas clave del sistema energético argentino.
Lejos de tratarse de un movimiento aislado, la decisión se inscribe en una lógica más amplia: la retirada progresiva del Estado de sectores estratégicos, bajo el argumento de eficiencia y reducción del gasto. En este caso, el foco está puesto en la participación accionaria vinculada a la transmisión eléctrica, un área sensible que impacta directamente en la distribución y el costo de la energía.
Energía en venta, soberanía en retroceso
La resolución del Ministerio de Economía habilita la venta de acciones que ENARSA posee en el entramado energético, avanzando así sobre uno de los últimos bastiones de presencia estatal en el sector. No es un dato menor: la energía no es un mercado cualquiera, sino un insumo básico que condiciona el desarrollo productivo, el precio de los alimentos y la vida cotidiana de millones de argentinos.
La decisión de desprenderse de estos activos se produce en un contexto de fuerte presión sobre tarifas y con un esquema económico que ya trasladó costos al bolsillo de los usuarios. En ese marco, la privatización no aparece como una política neutral, sino como una transferencia de poder económico hacia actores privados, en detrimento del control público.
El relato del ajuste y la realidad del vaciamiento
Mientras Milei insiste con su discurso contra “la casta” y el gasto político, las medidas concretas revelan otra dinámica: no se trata solo de reducir el Estado, sino de redefinir quién se queda con lo que el Estado deja. La venta de activos energéticos no elimina el negocio: lo cambia de manos.
Este tipo de decisiones reaviva un debate histórico en la Argentina. Las privatizaciones de los años noventa dejaron un saldo conocido: pérdida de control estratégico, deterioro de servicios en algunos casos y una dependencia creciente de empresas con lógica de rentabilidad antes que de servicio público. El antecedente está sobre la mesa, pero el Gobierno avanza en la misma dirección.
Un modelo que prioriza el mercado por sobre el interés público
El avance sobre ENARSA confirma el rumbo de la política económica: menos Estado en áreas clave y mayor protagonismo del sector privado, incluso en ámbitos donde la intervención estatal resulta fundamental para garantizar equidad y planificación a largo plazo.
La discusión de fondo no es técnica sino política. ¿Debe el Estado retirarse de la energía? ¿Quién regula cuando el mercado concentra poder? ¿Qué pasa con las tarifas cuando el objetivo central es la rentabilidad? Son preguntas que la resolución no responde, pero que quedan abiertas mientras se ejecuta el proceso.
En paralelo, el ajuste fiscal continúa impactando sobre salarios, jubilaciones y políticas sociales. En ese contexto, la venta de activos públicos aparece como una pieza más de un esquema que combina recorte, transferencia de recursos y reconfiguración del rol estatal.
Lo que está en juego no es solo una empresa, sino una concepción de país. Y en ese tablero, la decisión de avanzar sobre ENARSA marca con claridad el sentido del proyecto en marcha.
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