Ortiz Luna pidió a la Legislatura aprobar la ley de manejo del fuego en Neuquén

 

El Tribunal Oral en lo Criminal N°24 de Buenos Aires condenó a ocho años de cárcel a un masajista de 43 años, quien atendía en un local de Palermo y fue acusado de abusar de tres mujeres entre 2020 y 2022. La resolución judicial unificó las tres causas: dos por abuso sexual simple y una por abuso sexual con acceso carnal. Tras la sentencia, se ordenó su inmediata detención, aunque la defensa pidió que permanezca con prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme.

Cómo actuaba el acusado

Durante el juicio, iniciado en mayo de este año, se detalló que el masajista ofrecía promociones y ganaba la confianza de las clientas para aislarlas en salas privadas y cometer los abusos. Pese a denuncias previas, continuó atendiendo durante años. Más de 20 testigos declararon sobre el patrón de comportamiento del acusado.

Una de las denunciantes, identificada como V, relató que tras consumir un sándwich de milanesas en su visita al local, comenzó a sentir miedo y terror extremo, derivando en estrés postraumático y ansiedad. Relató además la revictimización durante el proceso judicial, con pericias invasivas y confrontaciones constantes con su agresor.

La investigación comprobó que el acusado había sido denunciado previamente por otras dos jóvenes en 2020, en situaciones similares. Solo la unificación de las causas permitió llegar a un fallo condenatorio. La pena de ocho años resulta de la acumulación de los delitos, y el condenado podría recurrir a Casación para intentar reducirla.

V aseguró que, aunque la condena no devuelve los años perdidos ni borra el daño sufrido, tiene la certeza de que el agresor no volverá a abusar de ninguna mujer. Además, cuestionó la actuación de la justicia y destacó la necesidad de que el sistema acompañe y proteja a quienes denuncian.

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El Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad presentó un proyecto para derogar el convenio previsional del gobierno de Javier Milei con el Estado de Israel (Ley 27.641) y romper relaciones diplomáticas y económicas. «La reciente visita del presidente Milei al Estado genocida de Israel es un aval del gobierno argentino al genocidio perpetrado contra la población de Gaza, que continúa con los intentos de extorsionarla por el hambre, forzándola a abandonar sus territorios. Se trata de un alineamiento que convierte al presidente y a la Argentina en cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel», denuncian. Asimismo, señalan: «Milei ratifica la posibilidad de otorgar pensiones y jubilaciones a ciudadanos israelíes que residan en Argentina, mientras se les niega esa posibilidad a miles de argentinos adultos mayores que por no completar 30 años de aportes no podrán jubilarse sin la extensión de la moratoria previsional». Por ANRed.

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Con el N°3230-D-2025, las y los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad, Vanina Biasi, Vilma Ripoll, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca, presentaron un proyecto para derogar el convenio previsional del gobierno de Javier Milei con el Estado de Israel (Ley 27.641) y romper relaciones diplomáticas y económicas con el régimen liderado por Benjamín Netanyahu.

«Derógase el Convenio entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre Seguridad Social (Ley 27.641), suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 12 de septiembre de 2017, por constituir un compromiso de asistencia previsional a ciudadanos de un estado genocida que viene desenvolviendo una limpieza étnica en la franja de Gaza, masacrando a más de 55.000 gazatíes en su mayoría niños, mujeres y ancianos y que persiste mediante el uso del hambre como arma de guerra para forzar a la población a abandonar sus territorios», señala el artículo 1° del proyecto.

En tanto, en su artículo 2° dispone: «el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina procederá a romper relaciones diplomáticas y económicas con el Estado de Israel, cuyo presidente Benjamin Netanyahu es un prófugo de la Justicia Internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad, como forma de manifestar su solidaridad con el pueblo palestino por su horroroso sufrimiento y su oposición a la política de apartheid, racista, xenófoba y belicista que agrede militarmente a todos los pueblos de la región y transformó Gaza en un campo de concentración durante años para terminar convirtiéndola en cementerio«.

En tanto, en sus fundamentos, el proyecto del FIT remarca: «la reciente visita del presidente Javier Milei al estado genocida de Israel, que hemos denunciado en nuestro Proyecto de Resolución Expte 3149-D-2025, es un aval del gobierno argentino al genocidio perpetrado contra la población de Gaza, que continúa con los intentos de extorsionarla por el hambre, forzándola a abandonar sus territorios. Se trata de un alineamiento que convierte al presidente y a la Argentina en cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel«.

En la misma línea las y los legisladores de izquierda agregan: «efectivamente, el mandatario argentino se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional debido a crímenes de lesa humanidad, y suscribió un memorándum de entendimiento que profundiza las relaciones con el Estado sionista, a contramano del creciente repudio popular global al plan de anexión de la franja de Gaza, la intensificación de los bombardeos y un bloqueo draconiano que sumió nuevamente a la población en la hambruna. Así lo vienen denunciando el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, y el Jefe de Operaciones humanitarias de las Naciones Unidas, Tom Fletcher. (sitio de Naciones Unidas, 20/5)».

«Como ya anunciara el presidente estadounidense, Donald Trump, el plan en marcha consiste en “limpiar” Gaza, expulsando a su población para un desarrollo turístico-inmobiliario de alta gama – suma el proyecto en sus fundamentos – Desde que el sionismo rompió el acuerdo de cese al fuego alcanzado a fines de enero, que establecía, entre otros puntos, el intercambio de rehenes por prisioneros políticos palestinos, alrededor de 2.500 gazatíes fueron asesinados, elevando la cifra total a cerca de 55 mil. A su vez, a comienzos de marzo, el ejército israelí reimpuso un bloqueo casi total al ingreso de alimentos, agua, combustibles y medicinas que colocó nuevamente al enclave al borde de la hambruna y el colapso de la atención sanitaria«.

En cuanto al denominado «Memorándum en Defensa de la Libertad y la Democracia contra el Terrorismo y el Antisemitismo«, firmado por Milei, el FIT recuerda que «no sólo apunta a traducir en hechos concretos este alineamiento incondicional con el Estado sionista, sino que va mucho más allá«. Según el diario The Jerusalem Post, que se basó en una entrevista con el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rabino y guía espiritual de Milei, el Memorándum implica una cooperación sin precedente supuestamente “en contra del terrorismo”, que implica investigaciones en cibercrimen, establecer carriles aduaneros fast-track, lanzamientos satelitales conjuntos y centros de tecnología hídrica en el río Paraná».

«Se trata de fortalecer los negociados, como el de la empresa estatal israelí de aguas Mekorot, denunciada por los relatores de Naciones Unidas en Palestina por utilizar el agua como arma de guerra, que viene firmando sucesivos acuerdos de manejo del agua con las provincias argentinas – denuncia el FIT – También ‘apuntará a elevar los grados de cooperación militar y de seguridad mayor a los que ya hay secretos entre los israelíes y libertarios’. Una pieza de estos acuerdos sigilosos es Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI), quien comanda un imperio empresario dedicado a la venta de materiales y servicios de seguridad cuyas empresas de vigilancia están enlazadas con firmas del complejo de seguridad israelí y cuentan con numerosos convenios con Estados provinciales argentinos. (Clarín, 27/5)», detalla el proyecto del FIT.

Asimismo, el proyecto señala: «la Fundación que condecoró al presidente argentino con el premio Génesis, “el Nobel israelí”, con el otorgamiento de un millón de dólares que Milei utilizará para propagandizar en América Latina la “causa” sionista, valora tanto las medidas en respaldo a Israel (votaciones argentinas en organismos internacionales, declaración de Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas, etc.), así como su orientación económica, incluyendo el ajuste fiscal. Aun así Milei no pudo evitar ser abucheado por una multitud en la Universidad Hebrea por su apoyo al genocidio».

Finalmente, con respecto al acuerdo de pensiones y jubilaciones con Israel, remarcan: «es en este contexto que Milei ratifica la posibilidad de otorgar pensiones y jubilaciones a ciudadanos israelíes que residan en Argentina, mientras se les niega esa posibilidad a miles de argentinos adultos mayores que por no completar 30 años de aportes no podrán jubilarse sin la extensión de la moratoria previsional».

 

 

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, expresó su dolor por el nuevo parte médico de su amigo Thiago Medina, quien continúa en terapia intensiva peleando por su vida tras sufrir un violento choque con su moto.

Nuevo parte médico

Este miércoles Daniela Celis dio a conocer las últimas novedades sobre la salud del ex GH y reveló que podría pasar nuevamente por el quirófano. “Como ya es de público conocimiento, en las últimas 24 horas presentó nuevos registros febriles y se le realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados. Si su evolución es favorable Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”.

Ante el nuevo pronóstico no tan favorable, el salteño utilizó sus redes sociales para seguir difundiendo la cadena de oraciones que inicio Celis. 

“Buen padre. Buen hermano. Buen amigo. Mucha fuerza para Thiaguito», escribió el ganador del reality de Telefe junto a una imagen de Thiago con sus dos hijas.

«Las oraciones y la Fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”, afirmó Ginocchio.

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La crisis sanitaria en Argentina ha dejado de ser una preocupación sectorial para convertirse en un problema estructural de magnitud nacional. Las señales de alarma son múltiples: desde la precarización laboral del personal de salud, la falta de insumos médicos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria, hasta episodios escandalosos como la distribución de fentanilo contaminado, que ha puesto en peligro la vida de decenas de pacientes. No se trata de emergencias aisladas, sino de los síntomas de un sistema en colapso. Por Lucio Le Moal, periodista y trabajador de la salud en HIGA San Martín de La Plata.

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Este panorama no es reciente ni accidental. Es el resultado de décadas de desfinanciamiento, fragmentación, decisiones erráticas y, sobre todo, de una ausencia sostenida de políticas de salud pública de largo plazo. La inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la salud son solo la punta del iceberg. A esto se suman la crisis de abastecimiento de medicamentos, las demoras crónicas en la atención y la saturación de servicios clave, como ocurre hoy en el Hospital Garrahan, ícono de la medicina pediátrica argentina.

Pero más allá del diagnóstico técnico, lo que subyace es un debate profundamente ideológico: ¿la salud debe ser garantizada por el Estado como un derecho humano, o gestionada por el mercado como un bien de consumo? Dos modelos están en pugna: el modelo estatal/nacional y el modelo liberal-mercantil.

El modelo estatal/nacional: salud como derecho y deber indelegable del Estado

Esta visión tiene raíces profundas en la historia sanitaria argentina. Su mayor exponente fue el Dr. Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación, quien sostenía: «Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente al dolor que causa la injusticia social, los microbios como causa de enfermedad son pobres causas.»

Desde esta perspectiva, el Estado debe garantizar el acceso universal, equitativo y gratuito a la atención sanitaria. La planificación estratégica, la producción estatal de medicamentos, la inversión en infraestructura y la dignificación del trabajo profesional son pilares irrenunciables. Para este modelo, la salud no es un gasto, sino una inversión social.

El caso del fentanilo contaminado —que provocó graves infecciones e incluso muertes— expone las consecuencias de tercerizar controles y compras de insumos vitales bajo la lógica del ajuste. Las fallas en los procesos de esterilización, almacenamiento y distribución no solo revelan negligencia, sino que cuestionan la capacidad del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos cuando delega su rol rector en el mercado.

En este marco, la situación crítica del Hospital Garrahan —con renuncias masivas, falta de insumos, demoras en turnos y deterioro edilicio— es la expresión más visible de un modelo en crisis, pero también de lo que ocurre cuando se debilita la responsabilidad estatal.

Como afirmaba Carrillo: «El Estado no puede mirar para otro lado cuando la enfermedad afecta al pueblo. La medicina social no es una opción, es una obligación.»

El modelo liberal-mercantil: la salud como responsabilidad individual

En la vereda opuesta, el pensamiento libertario plantea que el Estado debe reducir su participación al mínimo, promoviendo la competencia entre prestadores privados como mecanismo para mejorar la calidad y reducir costos. Bajo este paradigma, el paciente se convierte en cliente, y la salud en un servicio a ser contratado según las posibilidades económicas de cada individuo.

Se proponen medidas como sistemas de vouchers sanitarios, seguros médicos privados de libre elección, desregulación de laboratorios y privatización progresiva de hospitales.

El caso del fentanilo contaminado, desde esta óptica, demuestra —según sus defensores— que el Estado es ineficiente y que los controles funcionarían mejor bajo lógicas empresariales.

Sin embargo, esta visión ignora un dato clave: el mercado excluye. Y lo hace sistemáticamente. Cuando la atención sanitaria se rige por la rentabilidad, los más pobres quedan afuera. Como decía Carrillo: “No puede haber política sanitaria sin justicia social.”

¿Un punto medio posible?

En un país donde todo debate se polariza, es necesario explorar modelos mixtos o híbridos, como los aplicados en los países nórdicos o en Holanda. Sistemas con financiamiento público, fuerte regulación estatal, pero también con capacidad de gestión eficiente y mecanismos de control social y transparencia.

El desafío argentino es construir un modelo de salud que combine equidad, eficiencia y sostenibilidad. Esto implica no solo mayor inversión, sino planificación estratégica, control efectivo de insumos, mejora de las condiciones laborales y fortalecimiento institucional.

Conclusión: la salud no es una mercancía. La salud no puede ser un campo de batalla ideológica. Pero sí debe ser una política de Estado. La vida de millones de argentinos depende de decisiones políticas que no pueden postergarse. El acceso a un sistema de salud seguro, humano y justo no debe depender del azar, del lugar donde se nace ni del ingreso que se percibe.

Como nos enseñó Carrillo, «Los problemas de la medicina como rama del Estado no se pueden resolver si no hay una política social orientada al bien común.» Hoy más que nunca, debemos retomar ese legado.

Porque en definitiva, la salud de una nación dice mucho más sobre su dignidad que cualquier indicador económico.

 

 

El proyecto de ley de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo encendió las alarmas en varias provincias del país. Entre sus artículos se incluye la eliminación de los principales puntos de la Ley 27.637, sancionada en 2021, que amplió el beneficio de la denominada Zona Fría a millones de usuarios fuera de la Patagonia.

La propuesta, que deberá debatirse en el Congreso, dispone la derogación de los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la normativa vigente. Según confirmaron desde el Gobierno, de aprobarse, los descuentos en las facturas de gas volverían a regir únicamente en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, tal como lo establecía el régimen original de 2002.

Actualmente, la Ley 27.637 garantiza un descuento del 30% en la tarifa para usuarios residenciales y de hasta el 50% para beneficiarios de planes sociales e instituciones de bien público. La ampliación aprobada hace cuatro años incorporó a sectores del interior bonaerense, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras regiones de clima frío. La derogación implicaría que millones de hogares queden fuera de ese beneficio y vean un incremento inmediato en sus facturas.

La discusión legislativa se anticipa intensa: las provincias incorporadas en 2021 —muchas de ellas gobernadas por mandatarios opositores— serían las más afectadas. En cambio, las provincias patagónicas y las zonas de temperaturas extremas conservarían el régimen diferencial.

El anuncio se da en un contexto de cambios previos en el esquema de subsidios. En mayo pasado, el gobierno nacional ya había ajustado la Zona Fría para concentrar la ayuda en hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Además, se redujeron descuentos para usuarios con más de un medidor, como propietarios de countries o de viviendas en barrios de alto poder adquisitivo.

Según datos oficiales, 137.842 usuarios con múltiples conexiones de gas habían accedido al beneficio máximo del 50%, por lo que fueron recategorizados con un descuento menor. Sin embargo, la eliminación total para las provincias recientemente incorporadas marcaría un giro de mayor impacto: millones de hogares quedarían expuestos a subas en el costo del gas justo antes del invierno de 2026.

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Un hombre de 44 años fue detenido en Lomas de Zamora acusado de grabar a su hijo de 9 años mientras fumaba marihuana y difundir el video entre sus allegados. El operativo se realizó en su vivienda de Parque Barón, donde la Policía encontró drogas, armas de fuego, chalecos antibala y un vehículo robado.

La investigación fue llevada adelante por la DDI de Lomas de Zamora, bajo la instrucción de la UFI 14, especializada en estupefacientes.

El operativo y el hallazgo de drogas y armas

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron:

• 69 envoltorios de cocaína
• 650 gramos de marihuana
• Dos chalecos antibala
• Un revólver calibre 32 y una pistola calibre 32
• Tres pistolas de utilería y 26 cartuchos de bala
• Un Volkswagen Gol con pedido de secuestro por robo

El acusado, conocido en la zona como “el tranza de Parque Barón”, fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego.

El video del horror

La causa tomó mayor gravedad tras el hallazgo de un video grabado por el detenido, en el que se observa a su hijo sentado en una cama fumando marihuana. Mientras filmaba, el hombre decía: “Laburando se llama esto…”, y mostraba una mesa donde armaba cigarrillos de marihuana.

En esa misma grabación, cerca del niño, se observa un arma de fuego. El imputado agrega: “Ella está allá, la pistolita. Esto es mafia, la auténtica”.

Con estas pruebas, el hombre quedó detenido e imputado por múltiples delitos, en una causa que continúa a cargo de la UFI 14 de Lomas de Zamora. La Justicia deberá ahora avanzar en la investigación para determinar la responsabilidad penal del acusado y la situación de vulnerabilidad del menor involucrado.

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