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Orazi se reunió con Valeri

El Intendente Marcelo Orazi fue recibido el miércoles en Viedma por el Ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro Carlos Valeri, con quien dialogó sobre las obras en marcha en la ciudad que son financiadas por el gobierno provincial.

Una de ellas el avance del Plan Director de Desagües Cloacales, donde se comenzó con la colocación de las membranas. Recordemos que esta es una de las obras de saneamiento del Plan Castello que mejorará el servicio aportando calidad de vida de los reginenses y realizará un uso sustentable de los residuos, preservando el agua del río Negro.

Otro de los temas abordados fue la remodelación de la calle Libertad, actualmente en ejecución, cuya finalización está prevista para el mes de junio.

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    El Partido Libertario (PL) busca abrirse como recipiente de todos aquellos dirigentes y concejales excluídos del armado oficial de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia que conduce Sebastián Pareja.

    Como parte de esa estrategia, este lunes sumaron a la concejal de Olavarría Adela Casamayor, quien en el arranque del año denunció ser sufrir aprietes del armador seccional de Pareja en la Séptima, Pablo Di Salvo, para que participe de una foto de reunificación de bloque de LLA en la ciudad.

    «La gente votó ideas, no estructuras. Si la estructura rompe con las ideas que venía a hacer acá en Olavarría, lo más honesto de parte de Adela fue dar un paso al costado y reorganizarse en un espacio libertario, que vamos a hacer lo mismo pero de diferente manera», dijo el referente local del PL, Gustavo Torrisi.

    Karina le declara la guerra al Partido Libertario para no perder votos en la provincia

    El año pasado Karina operó fuerte para bajar al Partido Libertario de las elecciones legislativas, donde tenían la intención de llevar como cabeza de lista a Juan Carlos Blumberg.

    Como contó LPO, en el Gobierno había una fuerte preocupación de que el PL absorba votos del núcleo duro libertario que empezaba a mostrar críticas con la marcha del gobierno de Milei.

    Ahora, en el Partido Libertario profundizan la estrategia de levantar los heridos de Pareja, como sucedió anteriormente con la incorporación del concejal de Pilar Juan Pablo Casañas Onganía.

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    También, el año pasado varios concejales excluídos de la estructura del armador de Karina jugaron con el PL. Algunos de ellos, incluso, figuraban en la lista que lideraba Blumberg, como el caso del tigrense Juan José Cervetto.

    En el caso de Olavarría, está abierta la posibilidad de sumar a otro concejal, Marcelo Petehs, que viene trabajando en tándem con Casamayor, quien precipitó su arribo al PL a partir de lo insalvable de su vínculo con el armado local de LLA que la había expulsado del partido a través de un posteo en redes, luego de denunciar las «amenazas» de Di Salvo para posar en la foto de unidad.

    Pareja impone cambios de mando seccionales que refuerzan su control y escala la interna libertaria

    Ante eso, Casamayor le mandó una carta documento a Pareja para que le responda si, en efecto, era echada del partido. Pero no tuvo respuesta.

    Ahora, la concejal decidió avanzar en el pase al Partido Libertario y la semana que viene se reunirá en el Congreso con el titular de ese espacio, el diputado Nicolás Emma.

     

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    Revocan los procesamientos por el escrache a la casa de Espert y la Cámara expone a la jueza Arroyo Salgado

     

    La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto los procesamientos contra tres militantes acusados por el escrache a la casa de José Luis Espert y dictó la falta de mérito. El fallo cuestiona con dureza a la jueza Sandra Arroyo Salgado y desarma una causa que había sido presentada como un caso de gravedad institucional.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar los procesamientos dictados contra Eva Mieri, Alexia Abaigar e Iván Díaz Bianchi, los tres militantes acusados por el escrache realizado en 2025 frente al domicilio de José Luis Espert. En su lugar, los jueces dictaron la falta de mérito, lo que implica que, hasta el momento, no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones penales.

    La decisión judicial representa un giro significativo en una causa que había sido inflada mediática y políticamente, y que había derivado incluso en detenciones con fuerte impacto público. Según surge del fallo, las imputaciones no lograron ser acreditadas y los hechos no encuadran en los delitos graves que se pretendían aplicar.

    Un fallo que desarma la hipótesis de “sedición”

    Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones fueron contundentes: no existió una organización destinada a imponer ideas por la fuerza, ni se configuraron los delitos de atentado al orden público o incitación al odio que había impulsado el juzgado de primera instancia.

    En ese sentido, el fallo advierte que las acciones dirigidas contra Espert no alcanzan para poner en riesgo la estabilidad institucional ni la tranquilidad social, desmontando así el argumento central de la acusación.

    Tampoco se probó la existencia de una asociación ilícita ni la intención de generar violencia política organizada, elementos que habían sido utilizados para justificar imputaciones de extrema gravedad.

    Duras críticas a Arroyo Salgado

    Uno de los puntos más relevantes de la resolución es el fuerte cuestionamiento a la actuación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a quien la Cámara le reprochó haber excedido el objeto procesal y avanzar con interpretaciones forzadas.

    Los jueces señalaron que la magistrada amplió indebidamente el alcance de la investigación y utilizó figuras penales desproporcionadas para los hechos analizados.

    Además, el fallo deja entrever críticas al tratamiento mediático inicial del caso, que acompañó la construcción de una narrativa judicial de alto impacto antes de contar con pruebas sólidas.

    El origen del caso: un escrache político

    El episodio ocurrió en junio de 2025, cuando un grupo de manifestantes realizó un escrache frente a la vivienda de Espert, colocando un pasacalle, panfletos y arrojando excremento en la vereda.

    El hecho se produjo pocos días después de que el propio dirigente libertario realizara declaraciones insultantes contra Florencia Kirchner en un ámbito público, lo que generó repudio inmediato.

    Desde el inicio, la defensa de los acusados sostuvo que se trataba de una acción política simbólica, sin violencia ni afectación de bienes, y que su criminalización implicaba un avance sobre el derecho a la protesta.

    De “terrorismo” a falta de mérito

    La causa había escalado rápidamente con acusaciones que incluían delitos como atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio, figuras que incluso suelen aplicarse en contextos de extrema gravedad institucional.

    Sin embargo, la Cámara desmontó esa construcción: no hubo pruebas de que los hechos encuadraran en esos tipos penales, ni de que existiera un peligro real derivado de la protesta.

    El contraste entre la imputación original y la resolución final expone una dinámica cada vez más frecuente en el actual contexto político: la utilización del aparato judicial para disciplinar la protesta social y luego su desarticulación en instancias superiores.

    Un mensaje político-judicial

    Más allá de la situación procesal de los imputados, el fallo deja un mensaje claro: no todo conflicto político puede ser traducido en delito penal, y menos aún mediante interpretaciones expansivas que vulneren garantías básicas.

    En un clima atravesado por la polarización y la persecución selectiva, la resolución de la Cámara Federal de San Martín funciona como un límite —al menos parcial— a los intentos de judicializar la militancia.

    La causa seguirá abierta, pero con un dato central ya establecido: las acusaciones que pretendían convertir un escrache en un caso de gravedad institucional no pudieron sostenerse ante el mínimo rigor jurídico.

     

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