El Intendente Marcelo Orazi junto al presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega participaron el viernes de la presentación de la 50° edición de la Vuelta de la Manzana “Premio Gobierno de Río Negro”, la tradicional prueba de rally que se correrá entre el 22 y el 24 de octubre.
También estuvieron presentes la Gobernadora Arabela Carreras y el presidente de la Asociación Volantes General Roca (AVGR) Jorge ‘Goyo’ Martínez, entre otros.
Cabe destacar que esta nueva edición de la Vuelta de la Manzana tendrá la Prueba Especial 4 el sábado 23 en caminos de Villa Regina: Parque Industrial-Nueva Bajada, con horario de largada las 13:52 hs.
La deuda de las familias alcanzó un nivel crítico: casi 16 millones de personas arrastran obligaciones con los bancos por un promedio de 8,76 millones de pesos, equivalente a cinco salarios y medio, en un contexto donde la mora se disparó y el crédito dejó de ser una herramienta de expansión para convertirse en un atajo desesperado para sostener consumos diarios como comida, transporte y servicios.
Esta situación imposible disparó la mora de las familias con los bancos que llegó al 11,2 por ciento en febrero de 2026, cuadruplicando el nivel registrado un año antes, cuando se ubicaba en el 2,9 por ciento. En paralelo, en las entidades no financieras el incumplimiento alcanza el 28,4 por ciento. Las billeteras virtuales como Mercado Pago aplican tasas feroces que elevan el costo financiero hasta un 200 por ciento, como reveló LPO.
Detrás de estos números aparece un cambio estructural en el uso del crédito, vinculado a un signo de esta etapa del gobierno libertario: la dificultad para llegar a fin de mes. La aparición de compras en cuotas en supermercados, inusual en la Argentina, refleja ese desplazamiento.
El fenómeno se vincula con un proceso de estancamiento de ingresos que se profundizó desde mediados de 2025. En ese contexto, el crédito al consumo funcionó como un ingreso complementario que permitió sostener niveles básicos de gasto, pero al costo de un endeudamiento creciente.
Los datos muestran la magnitud del problema. En el sistema bancario hay casi 16 millones de personas endeudadas, mientras que más de 12 millones mantienen obligaciones con fintech y otras entidades no financieras. En estos últimos casos, aunque el monto promedio es menor -1,16 millones de pesos- la tasa de incumplimiento es significativamente más alta.
Detrás de estos números aparece un cambio estructural en el uso del crédito, vinculado a un signo de esta etapa del gobierno libertario: la dificultad para llegar a fin de mes. La aparición de compras en cuotas en supermercados, inusual en la Argentina, refleja ese desplazamiento.
La diferencia en la mora responde, en gran medida, al perfil de los deudores. Las fintech y prestamistas no bancarios suelen captar a sectores con menor capacidad crediticia y mayor fragilidad en sus ingresos, lo que eleva el riesgo de incumplimiento.
Según Daniela Bossio, del Grupo Moneda Desarrollo y Equidad, en el país hay más de 5,4 millones de personas con atrasos superiores a 90 días en sus deudas. En total, sobre un universo de 20 millones de deudores, la mora alcanza niveles récord en las últimas dos décadas.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y su par de Economía, Luis Toto Caputo.
Bossio también advierte sobre el crecimiento de deudores compartidos, es decir, personas que tienen obligaciones simultáneas con bancos y entidades no financieras. Esta superposición agrava la situación, ya que incrementa la carga total de pagos mensuales y reduce la capacidad de respuesta ante imprevistos.
El problema dejó de ser aislado y se volvió transversal en todo el sistema financiero. Bancos y fintech coinciden en que la mora es hoy una de las principales preocupaciones, al punto de ser considerada una «bomba escondida» que puede condicionar la evolución del crédito en los próximos meses.
Frente a este escenario, las entidades comenzaron a desplegar estrategias para contener el deterioro. La gestión se volvió cada vez más personalizada, con llamados, recordatorios, refinanciaciones y extensión de plazos, en un intento por evitar que los clientes caigan en situaciones de incumplimiento irreversible.
Bancos y fintech coinciden en que la mora es hoy una de las principales preocupaciones, al punto de ser considerada una «bomba escondida» que puede condicionar la evolución del crédito en los próximos meses.
En paralelo, el Gobierno avanza en una reducción de tasas de interés, que le quita sentido al carry trade y empuja la cotización del dolar. El Banco Nación, comenzó a recortar las tasas para pymes del 25 al 20 por ciento anual para capital de trabajo a 12 meses, mientras que también bajó el descuento de cheques del 28 al 23 por ciento. En la misma línea, el Banco Provincia redujo sus líneas productivas, con tasas que pasaron del 40 al 38 por ciento. Esta política también responde a la necesidad de aliviar la carga financiera de hogares y empresas, en un contexto donde la mora creciente amenaza al sistema.
Aun así, la baja de tasas no necesariamente llega a todos los sectores. Mientras algunas líneas productivas se abaratan, los préstamos personales siguen mostrando costos elevados: con una inflación interanual cercana al 32 por ciento, las tasas de los créditos al consumo se mantienen en torno al 62 al 65 por ciento nominal anual. Esta brecha limita la capacidad de recuperación del crédito a las familias y mantiene restringido el acceso al financiamiento.
El resultado es un escenario en el que el endeudamiento sigue siendo alto, pero la capacidad de pago se debilita. La combinación de ingresos estancados, crédito caro y uso cada vez más cotidiano de la financiación configura un cuadro donde la deuda deja de ser una herramienta de desarrollo y se convierte en un síntoma de fragilidad económica.
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El fallo reciente que ordena al municipio de Daireaux a devolver a un grupo de productores el dinero que les cobró en concepto de tasa vial motiva por estas horas a varias rurales a avanzar con demandas contra ese tributo en sus municipios.
La sentencia dictada por Pablo Germain, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, no está firme y será recurrida ante instancias superiores por la gestión municipal a cargo de María Serra, que reemplaza a Esteban Acerbo, que asumió en diciembre en la Cámara baja provincial.
Más allá de eso, en el campo ven que se refuerza la jurisprudencia sentada en 2023, cuando la tambera y referente de lechería de Carbap, Andrea Passerini, le ganó un juicio al municipio de Carlos Casares, que tuvo que pagarle el equivalente a tres años de tasa por no demostrar contraprestación.
Con el precedente de aquel fallo, varios grupos de productores iniciaron el proceso de judicialización de la tasa vial. Al momento, la mayoría de las presentaciones se hicieron en municipios administrados por el peronismo.
Ya se hicieron planteos judiciales en Baradero, Henderson, Necochea, General Alvarado y Azul, donde los ruralistas demandaron la anulación de «sobretasas» aplicadas en el tributo por mantenimiento de caminos.
Con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos.
Esta semana, la Justicia hizo lugar a un amparo colectivo de productores azuleños y ordenó a la gestión local de Nelson Sombra a que entregue información «completa, veraz y adecuada» sobre el destino de los fondos recaudados por tasas viales.
El de Azul es un conflicto que se arrastra del año pasado y con el que salió al cruce de intendentes el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino: «Pagar una tasa implica recibir un servicio y eso no está pasando. En algunos casos, la tasa vial que se paga al municipio incide más que el impuesto inmobiliario», dijo.
Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables
Ahora, con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos.
«Con la Mesa de Enlace local estamos teniendo reuniones para hacer algo parecido a lo que están haciendo en otros distritos porque los caminos rurales están destruidos. Estamos en tratativas con abogados para avanzar», dijo a LPO el titular de la Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego.
Y agregó que el objetivo es «pedirle explicaciones a la Municipalidad, qué han hecho con lo que han cobrado de la tasa vial, que no se ve reflejado en los caminos».
El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales
En esa línea, el dirigente de la Rural de San Pedro, Raúl Victores, adelantó a LPO que en la entidad tienen definido «ir a la instancia judicial» contra el municipio por esa tasa.
El tema preocupa en varios municipios donde, frente al derrumbe de la coparticipación y de la cobrabilidad de las tasas en general, advierten un panorama de emergencia financiera que se agravaría sensiblemente de agregarse erogaciones por juicios perdidos por este tema.
«Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables», dijo a LPO el ex titular de la Sociedad Rural de Junín, Rodrigo Esponda.
El productor juninense analizó que empieza a haber «una tendencia en la Justicia de entender que las tasas tienen que tener contraprestación de servicio y que no son impuestos».
«El problema de los caminos rurales es del 90% de los distritos, con lo cual es importante que el productor vuelva a tener el coraje de reclamar lo que en su momento hizo y la justicia no le daba lugar y que los intendentes entiendan que las tasas tienen que volver en servicios», sentenció Esponda.
En el caso de Daireaux, la demanda fue los ejercicios 2022 y 2023, cuando Acerbo estaba al frente de la comuna. El juez sentenció que en 2023 el 17% del presupuesto de la tasa se destinó a mantener la red vial y que en 2022 apenas el 10% fue aplicado a caminos rurales.
Al momento, la mayoría de las presentaciones de los ruralistas se hicieron en municipios administrados por el peronismo.
«El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales, que son generales, continuos y organizados en función del interés colectivo», cruzó el municipio de Daireaux, que apelará el fallo.
Al señalar que presta un servicio «razonable», la gestión municipal sostuvo que el mantenimiento de la red vial rural «no responde a una lógica matemática ni individual, sino a una planificación permanente que busca garantizar la circulación, la producción y la conectividad de todo el distrito».
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