El Intendente Marcelo Orazi junto al presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega participaron el viernes de la presentación de la 50° edición de la Vuelta de la Manzana “Premio Gobierno de Río Negro”, la tradicional prueba de rally que se correrá entre el 22 y el 24 de octubre.
También estuvieron presentes la Gobernadora Arabela Carreras y el presidente de la Asociación Volantes General Roca (AVGR) Jorge ‘Goyo’ Martínez, entre otros.
Cabe destacar que esta nueva edición de la Vuelta de la Manzana tendrá la Prueba Especial 4 el sábado 23 en caminos de Villa Regina: Parque Industrial-Nueva Bajada, con horario de largada las 13:52 hs.
El gobierno de Javier Milei avanza en un plan integral de ajuste del Inta y entre sus objetivos centrales está el remate de 42 mil hectáreas de distintas estaciones experimentales y un drástico recorte de programas, centros y agencias.
Según se expone en un documento de las últimas reuniones del Consejo Directivo del organismo que circula en las entidades del campo y al que tuvo acceso LPO, el Gobierno también buscará avanzar con un shock de retiros voluntarios para reducir la dotación.
Ante eso, los gremios del Inta protestarán frente a la sede central este jueves, en paralelo a la última sesión del año del Consejo Directivo, momento en el que -creen en los sindicatos- «se avanzará fuertemente en el desguace y la liquidación».
El texto que alarma a los trabajadores y técnicos del organismo plantea modificaciones del Reglamento de Estructura del Inta a partir del recorte de 11 centros regionales, el cierre de 293 agencias y la eliminación de 82 programas.
En noviembre de 2024, LPO reveló un documento que especificaba la intención de vender 24 campos experimentales que, en total, sumaban 27 hectáreas. Ahora, ese número creció, semanas después de que técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizara mediciones en predios del Inta.
Se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre. Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar
En concreto, la avanzada inicial sería sobre 17 hectáreas que califican «en desuso, sin fines de experimentación ni producción». En tanto que se analizarán otras 25 mil hectáreas «en uso pero pasibles de ser desafectadas».
Como había contado LPO, buena parte de los campos del Inta que el Ejecutivo busca comercializar radican en la provincia de Buenos Aires (Balcarce, Pergamino, Maipú, Ayacucho, Villarino, Puan y San Pedro). También, en Córdoba (Marcos Juárez, Río Segundo), Entre Ríos (Paraná y Concepción del Uruguay) y Santa Fe (Rafaela y Reconquista).
Por otro lado, se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre.
Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ya que el Gobierno los considera de «escaso impacto productivo».
También se planifica derogar los dos programas que se desarrollaban en la Estación del AMBA, que el Gobierno decidió cerrar y donde envió técnicos de AABE a medir terrenos.
Juan Pazo ya decidió que quiere dejar la conducción del organismo recaudador. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es uno de los lugares de mayor poder real del Estado. Por eso sorprende su decisión. «Nadie deja ese lugar», afirmó a LPO un veterano de la ex AFIP.
Pazo es uno de los hombres de mayor confianza de Toto Caputo, con quien comparte incluso negocios en el sector agropecuario. Su paso por ARCA no fue sencillo porque tuvo que compartir poder con Santiago Caputo que puso a los titulares de la DGI y la Aduana, pero en los últimos tiempos esa tensión estaba aplacada.
«Es un cargo de tensión permanente», explicó a LPO un funcionario que conoce a Pazo. En efecto, el adelgazamiento del superávit esta generando una presión adicional sobre el organismo recaudador que viene presionando a las grandes empresas con supuestas deudas de impuestos por sumas tan importantes que el tema ya se trató en la cúpula de la UIA.
La decisión podría anunciarse la semana próxima y como reemplazante se menciona a Juan Waisman, un empleado de carrera de la ex AFIP que hoy trabaja como jefe de Gabinete de Karina Milei.
En el máximo nivel analizan que lugar ofrecerle a Pazo para que continúe en el gobierno. Se menciona la posibilidad que se sume al directorio del Banco Nación, el BICE o alguna dependencia de la Cancillería con vínculo con las empresas.
La versión fue desestimada por un antiguo compañero de trabajo de Waisman. «No lo veo conduciendo ARCA, no creo que quiera», afirmó.
«Es raro que Karina se meta en un lugar de Toto, ella no quiere conflictos con Luis y se lleva muy bien», agregó a LPO un funcionario libertario.
Mientras tanto, en el máximo nivel analizan que lugar ofrecerle a Pazo para que continúe en el gobierno. Se menciona la posibilidad que se sume al directorio del Banco Nación, el BICE o alguna dependencia de la Cancillería con vínculo con las empresas.
La colonia de vacaciones organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina tuvo su cierre el último viernes después de cinco semanas de desarrollo. En total, aproximadamente 500 niños y niñas participaron de las actividades propuestas que se desarrollaron en la Isla 58. Al respecto, el Director de Deportes Damián Álvarez…
El juez federal Gastón Salmain jugó muy fuerte este martes al ser finalmente indagado por cohecho en Rosario. Llegaba acusado de haber pedido un soborno para autorizar a un fideicomiso a comprar 10 millones de dólares en plena vigencia del cepo cambiario para pagar deudas financieras en el exterior. En un primer descargo negó haber cometido ningún delito y sostuvo que lo acusaban sin pruebas. Pero lo fundamental es que alegó que él ya había adoptado una resolución idéntica en un caso anterior. Y que sus superiores de la Cámara Federal de Rosario avalaron su criterio.
El caso que citó como antecedente es un amparo realizado por abogados del diario La Capital de Rosario que solicitaban en la misma época adquirir dólares en el mercado único libre de cambios (MULC), es decir a valor oficial, para pagar deudas contraídas en la compra del medio al Grupo América. Salmain hizo lugar a ese pedido. Reguló honorarios para el patrocinante que es el abogado Jorge Mattos, socio del estudio jurídico que tiene directores en el diario conocido como decano de la prensa argentina. Y remarcó que dos camaristas federales validaron su resolución.
El día que allanaron el despacho de Salmain a los investigadores les llamó la atención que sobre el escritorio estaba, impreso en papel, el escrito donde los abogados de La Capital presentan una mera declarativa para que se dicte luego una cautelar autorizando al MULC a vender dólares para cancelar deudas en moneda extranjera con su acreedor.
Entre cientos de trámites que se disponen en ese juzgado, Salmain tenía precisamente ese sobre su escritorio cuando llegaron a requisarlo. Cierto que podía ser para preparar su defensa, como lo hizo al ser indagado hoy, pero también parece insinuado el envío de un mensaje. Los investigadores saben que Salmain mantuvo una relación estrecha con abogados de ese estudio jurídico. Suponen que quiso orejear esa carta y también mandar recados hacia arriba. En el sentido de que si él procedió de modo criticable en su decisión judicial, también lo hicieron quienes lo avalaron.
¿Por qué llegó acusado Salmain? Los cuatro fiscales que investigaron este caso sospechan que los 10 millones de dólares o parte de ellos comprados a precio oficial fueron vendidos por el fideicomiso Atilla al valor blue lo que generó una suculenta ganancia por la diferencia de cambio. El fideicomiso lo explotaba el financista rosarino Fernando Whpei quien hoy está en prisión domiciliaria por distintas causas penales, una de ellas una extorsión a un par de agentes bursátiles en coordinación con el ex juez federal Marcelo Bailaque. Whpei al declarar como arrepentido dijo que para habilitar la cautelar Salmain solicitó un retorno del 10 por ciento surgido de la diferencia de cambio entre los billetes tomados en el oficial y vendidos en el blue. Y que el encargado de negociarlo fue el escribano y lobista del Poder Judicial Santiago Busaniche.
Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf.
En su descargo, que hizo junto a sus abogados Ignacio Carbone y Gustavo Feldman, Salmain trituró a Whpei, a quien calificó como un «arrepentido serial». Dijo que su testimonio lo inventó a cambio de una promesa de no quedar detenido en una cárcel común. También alegaron que no basta en un caso de cohecho que el soborno se concrete, sino que el delito se comete cuando el funcionario pide la coima. Y que no hay ninguna evidencia de que él haya pedido nada.
«Es una cuestión de interpretación eso. Para algo existen los valijeros, de modo que el funcionario no haga él mismo la transacción. Pero acá lo inusual fue la medida que tomó que para el BCRA y para muchos espectadores fue disparatada», comentó a LPO un abogado que analiza de muy cerca este pleito.
El empresario Fernando Whpei.
Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf y la disidencia de Fernando Barbara. En esa demanda mera declarativa los abogados solicitaban al Banco Macro la venta de 2.282.000 dólares para pagar al Grupo América por la transferencia de La Capital Medios SA. El Banco Macro rechazaba el planteo. Salmain hizo lugar al pedido de La Capital.
Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación este caso. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares en distintas jurisdicciones ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial en el mercado libre ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo. «Se quiere disfrazar la maniobra con una mentira de patas cortas. Sobre todo porque en el caso que se cita (el de La Capital) el demandado no es el Banco Central sino el Banco Macro. El Central solo es citado como tercero».
Salmain dijo ser blanco de una campaña de persecución, de un armado donde situó como instigadores a algunos medios de prensa, en particular a LPO por las notas publicadas en torno de sus actos públicos. Afirmó que no se había pedido diferir la indagatoria que se hizo este martes por problemas de salud de los que dijo no estar repuesto pero que lo hizo, por zoom, por su obligación institucional. Adujo que su temperamento como juez es resolver con celeridad extrema y que eso acarrea malestar entre sus colegas que alimentan la adversidad en su contra.
Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación el caso de La Capital. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial, ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo.
Los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares y Sergio Rodríguez habían solicitado que se indague a Busaniche, Whpei y al juez Salmain «por haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de USD$10.000.000, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario».
Los fiscales señalaron Busaniche, por su aporte operativo, y el Salmain, por su aporte como magistrado a cargo de la causa, solicitaron el pago del diez por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares. Es así que, para cumplir con el plan criminal, dijeron, Salmain se reunió previamente con Whpei al menos una vez en su despacho el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifestó sobre su viabilidad técnica solicitando que lo demás lo arreglara con Busaniche.
El juez a cargo de la indagatoria, Carlos Vera Barros, tiene diez días para resolver la situación procesal, vale decir procesar o dictar falta de mérito. Le mantuvo el estado de libertad lo que es una formalidad a derecho porque a Salmain lo amparan sus fueros como juez que le dan inmunidad de arresto.
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