En Viedma, el Intendente Marcelo Orazi fue recibido por la Gobernadora Arabela Carreras en Casa de Gobierno, oportunidad en la que repasaron las obras y las iniciativas que se llevan adelante entre la Provincia y el Municipio y los proyectos en carpeta.
De esta manera, el Intendente y la Gobernadora dieron continuidad al diálogo que mantienen permanentemente, tanto en cada visita de Carreras a la ciudad como telefónicamente.
Tras el encuentro, Orazi manifestó que “hicimos un repaso del avance de las obras que se ejecutan en la ciudad, como la remodelación de calle Libertad, que está en un 90%, el plan director de desagües cloacales y los trabajos que se llevan adelante en el hospital local, que ahora se centran en el sector de internación, y que consisten en la ampliación de la red de gases medicinales, que tiene como objetivo aumentar la cantidad de bocas de oxígeno, aire comprimido y vacío en camas”.
“La situación epidemiológica de la ciudad en relación al COVID-19 también fue parte de la conversación, y en este sentido, las tareas en el hospital local fortalecerán la atención de pacientes moderados y críticos en este contexto”, dijo Orazi.
Manifestó también que “dialogamos sobre los proyectos que desde la gestión municipal hemos presentado ante el gobierno provincial y Nación”.
“Siempre le agradezco a la Gobernadora y a todo su gabinete por el trato que tienen para con Villa Regina y por las respuestas brindadas ante cada requerimiento que hacemos tanto yo como mi equipo de trabajo”, finalizó Orazi.
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Ahí, a centímetros de donde algunas hojas de 1904 vencen al tiempo, bajo el mismo aire que protege a miles de viejas solicitudes de asociación que certifican que nada es tan potente como ser parte de algo, en el segundo piso de un edificio del centro de Avellaneda que es sede social y sede de sueños desde 1934, distante apenas dos puertas de una colección gigante de copas muy plateadas y muy doradas, justo en el cuartito que late como corazón del Archivo Histórico de Racing, justo en donde se comprende que sin identidad se esfuma el porvenir, está la firma del genocida: Etchecolatz.
Es un papel. O la copia de un papel. Un papel entre un montón de papeles que germinan desde una carpeta celeste, preparada y entregada el último 17 de julio por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a las autoridades del club, compuesta por 120 páginas que revelan cómo, en distintas etapas de la segunda mitad del siglo XX, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) se dedicó a espiar la actividad interna de la institución. Tal cual suena. Tal cual suena pero acaso, por la dimensión de la porquería y del asombro, convenga reiterarlo: un aparato de espionaje volcado sobre un club deportivo (y no sólo de uno, porque se trató de una lógica replicada en otros clubes). Con todo el repertorio que puede imaginar un ciudadano cualquiera que trata de respirar aires más o menos libres, pero intuye la existencia de submundos así de espantosos: detalles de la pertenencia partidaria de los dirigentes, husmeo de conflictos laborales, pormenores sobre las asambleas internas, identificación de militantes. La introducción —encabezada por los nombres del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y de la socióloga Dora Barrancos, quienes presiden la entidad— señala: “El espionaje, el seguimiento, el registro y el análisis de la información para la persecución política fueron las principales funciones de la DIPPBA desde su creación hasta su disolución en el año 1998. Es uno de los pocos fondos documentales que permite reconstruir las lógicas de un servicio de inteligencia y la construcción histórica del ‘enemigo interno’ como ‘delincuente subversivo y/o terrorista’”.
Argumenta Agustín Bellido, integrante de la CPM: “Es fundamental que los clubes de la provincia conserven una copia de esta documentación: por un lado, permite que sus socios y socias conozcan ese registro; por otro, funciona como puerta de entrada a nuevas investigaciones que sin duda colaborarán a entender la historia de nuestras instituciones sociales y deportivas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX”.
Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien murió en 2022 a los 93 años, condenado a reclusión perpetua como ejecutor de múltiples crímenes de lesa humanidad, aparece una vez en el curso de las 120 páginas. Su nombre se lee al pie de un informe, dirigido a la DIPPBA, del 30 de agosto de 1968 en el que son consignados los miembros de la nueva comisión directiva de Racing, liderada por el empresario Santiago Saccol, con sus datos personales y sus cargos. Por entonces, Etchecolatz cumplía funciones (esas funciones) en la comisaría primera de Avellaneda y encaminaba un recorrido que lo encumbraría en la DIPPBA a partir de marzo de 1976, cuando comenzó la más salvaje de las salvajes dictaduras argentinas. Desde ese rol, fue ladero ideológico de Ramón Camps, el jefe de la Policía Bonaerense en el bienio inicial de esa dictadura, un estandarte del terrorismo de Estado. Para la época en la que suscribió aquel informe, Etchecolatz ya poseía un antecedente represivo ligado con el deporte: en 1966 había torturado al boxeador Hugo Córdoba, un militante peronista de Berazategui, según narró el periodista Alberto Moya. Se ve que hay ciertos ecos no tan fáciles de silenciar: la Marcha Peronista sonó estridente en las tribunas celestes y blancas de Avellaneda, el territorio que monitoreaba Etchecolatz, en la tarde inaugural de noviembre de 1967, cuando Racing se impuso en su cancha al Celtic escocés por la segunda final de la Copa Intercontinental, en lo que obró como respuesta de parte del público a la presencia de Juan Carlos Onganía, el dictador que se instaló en la Casa de Gobierno un año antes a través de un golpe de Estado.
“Sí, claro, la hinchada le cantó la Marcha”, evoca Carlos Krug, que acudió a esa cita junto con Alberto, su hermano, a quien secuestraron el 2 de diciembre de 1976 y es uno de los 30 mil desaparecidos que dejó el genocidio. El 7 de diciembre de 2021, Racing reincorporó a sus padrones a 46 socios y socias víctimas de la dictadura —muchos en los campos de concentración en los que reinaba Etchecolatz— con la categoría de Socios Eternos. Uno es Alberto, cuya ficha de inscripción en el club resiste intacta en uno de los biblioratos del Archivo Histórico de Racing que rodean a la carpeta celeste que aportó la Comisión Provincial por la Memoria.
Carlos Krug, vitalicio de la Academia, fue uno de los cinco socios que formuló el pedido para que los desaparecidos de Racing recuperaran su condición. Lo acompañaron el periodista Carlos Ulanovsky, el actor Osvaldo Santoro, el detenido político (en El Vesubio, Aldo Bonzi, Provincia de Buenos Aires) Jorge Watts y el químico Miguel Ángel Laborde, también detenido en esos años. Otra conexión: Laborde es el papá de los tres hijos de la física Adriana Calvo, la primera testigo que declaró en el Juicio a Juntas Militares —la reconstrucción de su impresionante alegato desborda la pantalla en la película Argentina, 1985— y también testigo en los procesos contra Etchecolatz. Vueltas de la barbarie pero, más todavía, de la vida: en marzo de 2026, Teresa Laborde Calvo, la hija a la que Adriana parió en un Falcon mientras la trasladaban al campo de concentración Pozo de Banfield (otro feudo de Etchecolatz), visitó al equipo profesional femenino del fútbol de Racing, que se consagraría campeón cuatro meses después, para compartir sus orígenes, para pronunciar verdades y para reclamar justicias. Le regalaron una camiseta con el 9 en la espalda.
Esa no constituyó la primera experiencia del fútbol femenino de Racing en relación con tanta memoria imprescindible. En las últimas temporadas, el plantel se desplazó hasta el centro clandestino de detención El Infierno, a sólo diez cuadras de las canchas de Racing y de Independiente, o sea, otro dominio de Etchecolatz. En una de las ocasiones, participó Tota Guede, Madre de Plaza de Mayo, cuyo hijo Héctor —hincha de Independiente— y su esposo Dante —trabajador del Conicet, hincha de Racing— fueron detenidos y desaparecidos en las calles de Avellaneda el 7 de octubre de 1976. De nuevo, bajo la órbita de Etchecolatz. Tota había pisado el mítico Cilindro de Avellaneda, junto con toda la familia, la tarde en la que Racing celebró ser campeón del mundo en 1967. Recién volvió en 2017 junto a Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo y madre de Alejandro, devoto de Racing hasta el 17 de junio de 1975, cuando lo desaparecieron.
Entre las causas notorias por las que fue juzgado y hallado culpable Etchecolatz, suelen ser resaltadas la doble desaparición de Jorge Julio López —una en dictadura, de la que emergió; la otra en democracia, sin que hasta hoy se sepa nada de su paradero— y la de La Noche de los Lápices, o sea la detención y la desaparición de un grupo de estudiantes secundarios, en La Plata, el 16 de septiembre de 1977. En esa jornada, también en La Plata, capturaron a Juan Domingo “Bocha” Plaza, fana de Racing, en un operativo perpetrado por alguno de los brazos opresores que respondían a Etchecolatz. El dolor carece de suturas, pero la potencia de la reparación acaricia: el 27 de marzo de 2026, en un acto realizado en el salón de la sede que, con una pintura inmensa de Benito Quinquela Martín como horizonte, queda un piso arriba del Archivo Histórico, el Bocha Plaza se convirtió en el Socio Eterno número 47 de Racing. Conjunción de estremecimientos: en medio de los asistentes de esa noche, estuvo Carlos Caldeiro, el futbolista que, en 1981, a los 19 años, se negó a sentarse con Leopoldo Galtieri, el dictador que un mediodía descendió de un helicóptero para almorzar con el equipo del que era hincha.
El trazo de Etchecolatz en un documento de espionaje sobre las rutinas de un club pesa por sí solo. Y, a la vez, retrata un tejido que invariablemente conduce al horror. Tres presidentes de Racing fueron secuestrados en la era durante la que Etchecolatz picaneaba a su antojo. A Horacio Rodríguez Larreta y a Héctor Rinaldi los atraparon otras patrullas ilegales en suelo porteño. A Juan Destéfano, quien había sido secretario general de la gobernación bonaerense durante la gestión del peronista Victorio Calabró, lo chuparon las bandas del propio Etchecolatz, quien, como testimonió Destéfano ante los jueces, se encargó de timonear a la patota que le impuso tormentos de todo tipo.
El fondo documental reordenado por la Comisión Provincial por la Memoria bien puede descorrerse como un viaje a través de las décadas sobre los criterios de espionaje de la policía bonaerense. Un extracto del primer legajo, fechado el 14 de abril de 1954, desmenuza: “Por datos confidenciales que merecen fe se tiene conocimiento que el motivo de la Asamblea descripta, sería expulsar a personas con figuración dentro de las filas del Partido Peronista”. Otro informe, del 11 de septiembre de 1954, ubica la pertenencia partidaria de los componentes de la conducción: “conservador”, “radical”, “conservador, no obstante se le conoce que actúa en las filas del P. Peronista». Un apunte de abril de 1955 afirma: “La ideología predominante entre los miembros de la Comisión directiva es si patizante del partido Peronista”. Falta la letra «m» en la palabra “simpatizante”, casi antecediendo a la máquina de escribir judicial y deficitaria de la película El secreto de sus ojos. Un memorando relativo a la huelga de empleados de noviembre de 1965 asevera que el delegado gremial interno “es conocido como comunista”. “Comunista”, a contramano del resto de los términos, sobresale tipeado todo en mayúsculas.
Sostiene Bellido: “Ese minucioso archivo que construyó la inteligencia de la bonaerense y que tuvo como objetivo perseguir y espiar para mantener controlado el accionar político y social de nuestra sociedad debe ser abierto a los clubes para que se conozca el seguimiento que se les hizo por parte del Estado, y que el mismo no se dio únicamente en épocas de dictadura”.
Flotan interrogantes que albergan pero superan al deporte: ¿cómo ingresaban los infiltrados que vigilanteaban los intersticios del club?, ¿quién los habilitaba?, ¿lucían en público maquillados como socios corrientes y enmascaraban su labor como agentes de inteligencia?, ¿para qué servía apilar —en diversas capas geológicas del devenir nacional— datos sueltos o articulados sobre un sitio al que más de un informante caracterizaba como “predominantemente deportivo”? No hay respuestas enteras, pero sí brota una aproximación desde la voz de Ignacio Maestrovic, uno de los responsables de que el Archivo Histórico de Racing luzca una vitalidad creciente y lleve ya una década de acumulación de tesoros: “Es muy importante entrelazar archivos y conceder accesos, que estas informaciones circulen. Los documentos reunidos en la carpeta celeste que recibimos tienen, entre otras cosas, un enorme valor simbólico: cómo los lugares más oscuros de la vida política también entraron en los clubes”.
Antes que a Racing, en diciembre de 2022, la CPM le trasladó un material semejante a Gimnasia y Esgrima La Plata. Allí, la Subcomisión de Derechos Humanos late muy activa en el tributo a sus desaparecidos. Aun en una edad de prédicas negacionistas, la iniciativa logra ser siembra. Banfield, Almirante Brown, Los Andes y el Club Universitario de La Plata consultaron para tomar contacto con archivos que trasluzcan esa zona sustancial y oculta de sus historias.
Muchos pasados interpelan a muchos presentes y a muchos futuros. Incomodan: no son puro pasado. Los subsuelos pútridos que nuclea la carpeta celeste destapan preguntas actuales porque, por ejemplo, en Racing se efectúan asambleas, una reciente incluso, el 11 de agosto. ¿Alguien puede certificar, aunque la DIPPBA fue disuelta en abril de 1998, que eso que aconteció no continúa aconteciendo? ¿Habrá, como antes, espías de las fuerzas represoras en las asambleas de Racing o de otros clubes o de las asociaciones civiles que no son clubes? Si así fuera, ¿qué espían ahora quienes espían?, ¿qué respuestas poseen y no poseen las personas y las organizaciones deportivas y no deportivas frente a esa posibilidad? “La memoria existe para actuar”, advierte Daniel Feierstein, sociólogo argentino y experto en estudiar las prácticas genocidas.
El legajo final de la carpeta celeste refiere a lo que cualquier visitante del estadio de Racing puede ver en un cartel que se levanta en la entrada del Cilindro, sobre la calle Colón. Dice ahí: “El 22 de febrero de 1977 la dictadura cívico militar fusiló a 4 hombres y 2 mujeres en las inmediaciones de este estadio, sus cuerpos aún no han sido identificados. Presente ahora y siempre”. Esa atrocidad empezó a corporizarse como narrativa en una referencia del libro Corbatta: El wing, de Alejandro Wall, que motorizó a la periodista Micaela Polak a atar piezas hasta modelar una sólida investigación. El cineasta Rodolfo Petriz prosiguió esa línea y dirigió el film Los fusilados de Racing. El parte policial aportado por la CPM enuncia un enfrentamiento y asume “que respecto de los extremistas abatidos, trátase de cuatro N.N. masculinos, dos N.N. femeninos, siendo tres de los masculinos muy jóvenes”. Luego, agrega: “Procúrase identificación”. La identificación, medio siglo más tarde, persiste pendiente.
Vicente Zito Lema fue escritor, periodista, abogado, psicólogo social, militante. Nació en 1939, sufrió el exilio, murió en 2022 e invariablemente se proclamó de Racing. Como si, sin necesidad de leer, hubiera intuido cada eco abismal que emana de los documentos que la CPM cedió al club, anotó en su poema Desaparecidos: “Los secretos del crimen del horror se repiten en voz muy baja». Ese poema voló por el cielo de Avellaneda aquella tarde de diciembre de 2021 en el estadio durante la que los devorados por el genocidio se transformaron en Socios Eternos. Unos meses más adelante, Zito Lema repasó a esa ceremonia, a esa pasión futbolera, al país de esa ceremonia y de esa pasión, un país de un club espiado hasta por un emblema del genocidio, un país que cobijó a ese emblema de lo peor pero que también alumbró luchas que son emblema. Repasó y sintetizó: “Si hay una historia del olvido, habrá una historia de la memoria que redime la vida”.
En esa historia de la memoria ahora está la carpeta celeste.
El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?
Por Ignacia Fratelint para NLI
La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.
La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.
La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad
Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.
Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.
El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.
La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.
Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.
Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.
El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?
Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.
La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?
La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.
Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.
Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.
La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.
Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.
El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros
Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?
La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.
Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.
Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.
En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.
Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.
El espejismo de medir el éxito solamente en dólares
El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.
La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.
El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.
Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.
La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.
Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.
Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.
La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI
El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.
Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.
Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.
El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.
La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.
Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.
La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.
El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.
Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.
La Secretaría de Obras y Servicios informa que a partir del día de la fecha se estarán colocando los divisores en calle Cipolletti y Chacabuco por lo que el carril en dirección oeste – este permanecerá cortado aproximadamente dos semanas.
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