En Viedma, el Intendente Marcelo Orazi fue recibido por la Gobernadora Arabela Carreras en Casa de Gobierno, oportunidad en la que repasaron las obras y las iniciativas que se llevan adelante entre la Provincia y el Municipio y los proyectos en carpeta.
De esta manera, el Intendente y la Gobernadora dieron continuidad al diálogo que mantienen permanentemente, tanto en cada visita de Carreras a la ciudad como telefónicamente.
Tras el encuentro, Orazi manifestó que “hicimos un repaso del avance de las obras que se ejecutan en la ciudad, como la remodelación de calle Libertad, que está en un 90%, el plan director de desagües cloacales y los trabajos que se llevan adelante en el hospital local, que ahora se centran en el sector de internación, y que consisten en la ampliación de la red de gases medicinales, que tiene como objetivo aumentar la cantidad de bocas de oxígeno, aire comprimido y vacío en camas”.
“La situación epidemiológica de la ciudad en relación al COVID-19 también fue parte de la conversación, y en este sentido, las tareas en el hospital local fortalecerán la atención de pacientes moderados y críticos en este contexto”, dijo Orazi.
Manifestó también que “dialogamos sobre los proyectos que desde la gestión municipal hemos presentado ante el gobierno provincial y Nación”.
“Siempre le agradezco a la Gobernadora y a todo su gabinete por el trato que tienen para con Villa Regina y por las respuestas brindadas ante cada requerimiento que hacemos tanto yo como mi equipo de trabajo”, finalizó Orazi.
En la mañana de hoy, en la vereda del Paseo del Arroyo, se encontraron bolsas de basura rotas y se pueden observar varias jeringas usadas entre otra tanta suciedad. Se pide suma responsabilidad a los vecinos y que este tipo de elementos como jeringas, agujas, vidrios rotos, etc, sean descartados con las medidas de precaución…
A través del decreto municipal 047/20, la Municipalidad de Villa Regina habilita a partir del lunes 11 de mayo al ejercicio de las profesiones liberales, obra privada, las actividades económicas vinculadas a comercios minoristas o mayoristas de venta de productos no esenciales, trabajadoras y trabajadores afectados al régimen de personal de casas particulares o servicio doméstico,…
La secretaria de Energía, María Tettamanti, intentó defender en el Congreso uno de los capítulos más sensibles del proyecto de «medidas energéticas» del gobierno. El texto combina dos decisiones explosivas: eliminar beneficios tarifarios para provincias con temperaturas extremas y avanzar con un esquema de perdón de deuda para las distribuidoras eléctricas privadas.
El corazón de la discusión pasa por Cammesa. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas acumulan una deuda total de USD 1.842 millones con la administradora del mercado eléctrico mayorista. Y el 69% de ese monto se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.
La lista la encabeza Edenor con USD 438 millones. Le sigue Edesur, de la italiana Enel, con USD 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, todas pertenecientes al Grupo DESA con USD 474 millones acumulados entre todas.
El proyecto oficial busca permitir que esas empresas descuenten de sus deudas con Cammesa los supuestos ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. Es decir: el Estado dejaría de reclamar parte de la deuda a cambio de que las empresas renuncien a futuros juicios por «activos regulatorios».
La discusión tiene una carga política enorme porque el gobierno ya había intentado introducir una medida similar dentro del frustrado Presupuesto 2026, específicamente en el capítulo XI. En aquel momento no consiguió respaldo legislativo. Muchos diputados resistieron la idea de perdonar deuda multimillonaria a empresas privadas mientras se avanzaba con recortes de subsidios sobre usuarios residenciales.
El reclamo empresario viene atravesando todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri, incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei.
Además, el diseño del mecanismo volvió a encender suspicacias dentro del sector energético. La implementación quedaría bajo la órbita de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica muy cercano a los hermanos Neuss, los grandes ganadores del dector durante el gobierno libertario.
En su exposición ante el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Tettamanti defendió el proyecto asegurando que durante las últimas dos décadas las distribuidoras operaron bajo emergencia tarifaria, con tarifas pesificadas y congeladas que les impidieron cubrir costos operativos, pagar energía a Cammesa e invertir para sostener la calidad del servicio.
La funcionaria argumentó que, frente a esa situación, las compañías sólo tuvieron una alternativa: endeudarse con Cammesa. «Se acumularon deudas millonarias», sostuvo. También recordó que el año pasado se firmaron acuerdos de refinanciación a 72 cuotas con períodos de gracia, pero advirtió que las tarifas actuales todavía «no permiten reconocer costos no recuperados del pasado».
El ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.
El problema es que ese reclamo empresario viene atravesando prácticamente todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei, justamente después de que esta gestión impulsara una nueva revisión tarifaria que en teoría buscaba «normalizar» definitivamente el esquema de ingresos.
La escena tiene algo de rueda infinita. Cada revisión tarifaria promete cerrar el conflicto histórico. Pero el expediente vuelve siempre al mismo lugar: las empresas sostienen que las tarifas no alcanzan y reclaman compensaciones adicionales, mientras la deuda con Cammesa sigue creciendo como una bola de nieve que el propio Estado termina financiando.
Esa discusión además quedó golpeada por antecedentes incómodos. Durante la intervención del ENRE encabezada por Federico Basualdo, una auditoría sobre los acuerdos firmados en tiempos de Gustavo Lopetegui argumentó irregularidades en el cálculo de los «activos regulatorios». Según esa investigación, las valuaciones favorecían artificialmente a las distribuidoras, al punto de transformar empresas deudoras en acreedoras del Estado.
Como sea, en el sector energético muchos interpretan que el nuevo proyecto barre incluso con el argumento político que justificó la última revisión tarifaria impulsada por Milei. Si aquella recomposición extraordinaria de ingresos no alcanzó para cerrar el reclamo histórico de las distribuidoras, entonces la discusión ya no parece tener punto final.
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