El Intendente Marcelo Orazi firmó esta mañana el convenio con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro para la provisión de insumos para los establecimientos escolares que se encuentran dentro de la jurisdicción local. El monto es de más de $7 millones.
El acto se desarrolló en Cipolletti y contó con la presencia de la Gobernadora Arabela Carreras, la Ministra de Educación Mercedes Jara Tracchia, el Ministro de Gobierno Rodrigo Buteler, entre otras autoridades provinciales.
Villa Regina fue uno de los siete municipios en rubricar este convenio con la cartera educativa provincial junto a Cipolletti, Chichinales, Godoy, Huergo, Cervantes y Allen.
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la polémica tras conocerse que adquirió un nuevo departamento en Caballito sin vender la propiedad que ya tenía en Parque Chacabuco. El dato, revelado por la prensa y confirmado con registros oficiales, reavivó las sospechas sobre su evolución patrimonial desde que llegó al Gobierno.
Por Tomás Palazzo para NLI
Un nuevo inmueble bajo la lupa
Según la información publicada por Clarín, Adorni sumó un departamento en Caballito mientras aún conserva el que tenía previamente en Parque Chacabuco. La operación genera ruido político porque ocurre en paralelo a otras controversias vinculadas a su patrimonio.
De acuerdo con registros oficiales citados por distintos medios, el nuevo inmueble está ubicado en la calle Miró al 500 y figura a nombre del funcionario junto a su esposa.
Lo llamativo no es solo la adquisición, sino que no se desprendió de su propiedad anterior, lo que plantea interrogantes sobre la evolución de sus bienes desde su ingreso a la función pública.
Declaraciones juradas bajo cuestionamiento
Otro punto clave del escándalo es que el departamento de Caballito no aparece en su última declaración jurada pública, lo que alimenta sospechas sobre posibles inconsistencias o demoras en la actualización de su patrimonio.
Ante las preguntas, Adorni evitó dar precisiones y se limitó a afirmar que todo está declarado o que será informado cuando corresponda, argumentando que los plazos administrativos aún no vencieron.
Sin embargo, el contexto complica su defensa:
Ya poseía al menos dos inmuebles antes de asumir
Sumó un vehículo y nuevas deudas siendo funcionario
Su entorno familiar también incorporó propiedades, como una casa en un country
Respuestas evasivas y tensión con la prensa
Lejos de aclarar la situación, el jefe de Gabinete adoptó una postura confrontativa. En conferencia de prensa, rechazó brindar detalles y llegó a responder que no tenía por qué dar explicaciones a periodistas.
Incluso argumentó que existe una investigación judicial en curso y que dar información podría “entorpecerla”, aunque no explicó de qué manera.
Esa actitud no hizo más que profundizar las dudas: cuanto más evita responder, más crecen las sospechas sobre el origen y la evolución de su patrimonio.
Un escándalo que se agranda
El episodio del departamento no aparece aislado. Se suma a una serie de controversias recientes:
Un viaje en avión privado a Punta del Este con financiamiento poco claro
La compra de una casa en un country a nombre de su esposa
Denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito
En ese marco, la adquisición en Caballito funciona como una pieza más de un rompecabezas que incomoda al Gobierno.
El problema político de fondo
Más allá de la legalidad formal, el caso expone una contradicción central: mientras el oficialismo construyó su discurso contra “la casta”, uno de sus principales funcionarios enfrenta cuestionamientos por incremento patrimonial, opacidad y falta de explicaciones.
La pregunta que queda flotando es simple pero potente: ¿cómo evoluciona el patrimonio de un funcionario que, según sus propias declaraciones iniciales, no tenía grandes niveles de riqueza?
Por ahora, lejos de despejar dudas, el caso Adorni parece recién empezar.
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Hizo estragos en la economía de las ciudades del interior la parálisis de la obra pública nacional, que absorbía una parte significativa del caudal de trabajadores locales y regionales de la construcción. Por eso, en varios municipios empiezan a pensan en alternativas para retomar la obra pública.
Un caso paradigmático en ese sentido es el de Chascomús, donde los bloques del oficialismo local alineado al massista Javier Gastón promueven un proyecto para crear un sistema de consorcios vecinales que financie su propio asfalto.
La iniciativa, que será tratada este jueves en el Concejo Deliberante local, se denomina «Programa Municipal de Ahorro Previo para Infraestructura Vial», la cual apunta a ser «una estrategia de autonomía municipal» ante el corte de la obra pública nacional.
En los considerandos de la iniciativa se plantea que la detención de las obras viales no solo afecta la transitabilidad y la seguridad, sino que también perjudica el patrimonio de los vecinos y el desarrollo productivo local.
El programa propone la formación de «Círculos de Ahorro» por cuadra o sector con adhesión voluntaria. Para iniciar un «círculo», se pide que el 70% de los frentistas de una cuadra se sumen al plan. Con eso, el sistema se vuelve obligatorio para el resto bajo el régimen de contribución por mejoras.
Como protección ante la inflación se proyecta una Unidad de Metros de Asfalto para que el vecino pague por «metros cuadrados de obra». Al cancelar una cantidad de metros, el valor queda fijo para el contribuyente, independientemente de los aumentos futuros en el costo de los materiales.
En Chascomús, el proyecto de Círculos de Ahorro prevé como incentivo un descuento del 15% para los vecinos que paguen al contado su plan de ahorro.
Las etapas del plan estiman que los suscriptores abonen cuotas hasta cubrir el 50% del valor total de la cuadra. Una vez alcanzado ese porcentaje, el municipio garantiza el inicio de la obra y el saldo restante se amortiza en cuotas posteriores.
El proyecto prioriza el uso de pavimento articulado (intertrabado) y asfalto negro. Esta elección se debe a que el hormigón intertrabado es de fácil reparación, tiene un menor costo inicial y fomenta la compra a proveedores del distrito, además de generar empleo local para su colocación.
También, se estipula que todo lo recaudado irá a una cuenta afectada que garantice que los fondos de los vecinos solo puedan usarse para las obras de asfalto y no para gastos corrientes. El proyecto prevé como incentivo un descuento del 15% para los vecinos que paguen al contado su plan de ahorro.
Esta iniciativa surge en un contexto donde los intendentes vienen denunciando el impacto que está causando en sus economías la baja de los recursos que reciben por coparticipación y el derrumbe de la cobrabilidad de tasas.
Por eso, días atrás hicieron una presentación masiva ante el Ministerio de Economía nacional, reclamando que el gobierno de Javier Milei destina a obras en rutas y caminos los porcentajes que, por ley, debe afectar a esas tareas de lo que recauda del Impuesto a los Combustibles.
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