El Intendente Marcelo Orazi firmó esta mañana el convenio con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro para la provisión de insumos para los establecimientos escolares que se encuentran dentro de la jurisdicción local. El monto es de más de $7 millones.
El acto se desarrolló en Cipolletti y contó con la presencia de la Gobernadora Arabela Carreras, la Ministra de Educación Mercedes Jara Tracchia, el Ministro de Gobierno Rodrigo Buteler, entre otras autoridades provinciales.
Villa Regina fue uno de los siete municipios en rubricar este convenio con la cartera educativa provincial junto a Cipolletti, Chichinales, Godoy, Huergo, Cervantes y Allen.
Este fin de semana, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el ciclo ‘Domingos de Plaza’ para que los vecinos puedan disfrutar de distintas expresiones de la mano de artistas reginenses. Rey David, Alicia Triviño y Zule Vega animaron la primera entrega en la Plaza de los Próceres. El…
Este sábado 27 de noviembre a las 20 se presentará el ensamble filarmónico Perla del Valle junto al Ensamble de Saxos Cañas Patagónicas en el Galpón de las Artes de Villa Regina. El repertorio será variado y para todos los gustos, con obras de Arturo Márquez, Astor Piazzolla y Antonín Dvořák. Perla del Valle está…
La biblioteca al aire libre en la Isla 58 ha tenido una gran recepción por parte de quienes se acercan al balneario municipal a disfrutar de un entorno natural único. Este espacio brinda la posibilidad de sumergirse en el placer de la lectura pero además ofrece distintas propuestas para toda la familia. La Dirección de…
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo saber este viernes que el nuevo modelo penal de enjuiciamiento se posterga hasta febrero de 2027. Es el tercer atraso en la implementación de un modelo que ayudaría a reducir la politización de los juzgados federales y que fue la bandera del ex ministro Mariano Cúneo Libarona, que dejó el gobierno sin lograr su instrumentación.
Ahora, Mahiques adujo razones ligadas a los recursos para justificar esta nueva postergación, cuando hace unos días había indicado que no era ese motivo para suspender su inicio. El modelo ya se aplica en doce provincias pero se posterga en el fuero más sensible, porque juzga los casos de corrupción de los funcionarios del gobierno nacional.
Definido por la Constitución de 1994, el acusatorio lleva un retraso de 31 años en su aplicación. Su implementación provoca un cambio total de funciones y de influencias. Los todopoderosos jueces federales pierden su poder de investigar que pasa a los fiscales. Los tiempos eternos de las causas se terminan. Los trámites dejan de ser secretos y cada acto se transparenta en una audiencia pública.
Comodoro Py no tiene ninguna urgencia por cambiar esa realidad. Hoy los jueces de Retiro reciben una denuncia, la pisan años y la usan como herramienta de negociación política. «La saco y en un minuto tengo sentado a un diputado, a un ministro o al jefe de gabinete. La meto en un cajón y consigo que me deban algo», le dice un juez santafesino a LPO.
Otro tema central que también complica su instrumentación es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que tendrá peso en la definición de quien tomará cada causa.
Un tema central que también complica la instrumentación del sistema acusatorio es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que definirá quien tomará cada causa.
En el acusatorio son los fiscales los que, al controlar las investigaciones, toman el poder de los jueces. Lo que vienen rosqueando entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Corte es quién se queda con el rol de fiscal coordinador que define la línea de persecución y la asignación de cargas de trabajo. La interna se disputa entre tres exponentes del Ministerio Público Federal porteño.
Uno es Diego Luciani, fiscal de la causa Vialidad, que terminó en condena contra Cristina Kirchner. El otro es Carlos Stornelli, el fiscal de instrucción de la causa Cuadernos con una historia polémica, como estar en rebeldía en la causa por espionaje ilegal donde fue condenado Marcelo D’Alessio. El tercero es Ramiro González, el que celebró su cumpleaños con una fiesta de lujo en la que cantó Cristian Castro, y en la que estuvieron jueces federales, el operador macrista Daniel Angelici y hasta el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.
Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
«La pelea sigue siendo la misma, quién dirige la Procuración y el fiscal responsable. Hasta que ellos no tengan el nombre de quien va a alinear la tropa en Comodoro Py no van a hacer nada», dice un analista y funcionario que tiene su despacho en Retiro.
Coincide con esto Javier Alfie, director Ejecutivo del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). «No hay nada más allá que una lucha de tribus al interior de la Procuración para definir cómo se tramitan causas que involucran corrupción. En esta pelea intervienen mafias judiciales que controlan Comodoro Py por quien se queda con la manija. Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica», le dijo a este medio.
En el Inecip indican que van 13 años desde que se aprobó el Código Procesal Penal. Son tres años desde que el gobierno reactivó su implementación en todo el país, que anunció que lo haría en dos años. Y dos años desde que por primera vez se anunció una fecha de entrada en vigencia para Comodoro Py.
Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica.
Es esto, y no la mentada cuestión de recursos no asignados para el cambio, la que llevó a Mahiques a postergar el arranque de un sistema que, sin que se definieran nombramientos especiales, funciona en la mitad de la Argentina. Cuneo Libarona lo hizo dos veces. Debía empezar el 11 de agosto de 2025, lo cambió al 10 de noviembre del mismo año y al llegar esa fecha lo volvió a diferir para el 27 de abril de este año.
El calendario vuelve a estirarse. La Procuración General de la Corte a cargo de Eduardo Casal, que lleva un interinato de ocho años, indica que para cambiar el modelo judicial primero hay que garantizar recursos humanos, tecnológicos y edilicios.
Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema. Es un pretexto.
«Es un pretexto absoluto ese planteo», dice un funcionario desde adentro de la Justicia Federal de Rosario. «Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema». Que rige en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Salta, Corrientes y Bahía Blanca entre otras jurisdicciones.
En ningún lugar tienen resuelto los temas de nombramientos. En Rosario los jueces de garantías que afrontan las audiencias iniciales donde se imputa a un detenido son magistrados de Tribunales Orales que cubren esa función. En Corrientes para los juicios orales actúan un juez de General Roca y otro de Formosa.
Los jueces Ercollini y Martínez di Giorgi.
Los que en la Procuración definen con Casal para ver quién es el ungido como fiscal coordinador son Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanova. Pero nada saldrá sin la anuencia de la Casa Rosada o, por lo menos, una negociación.
En ese rumbo la que está tratando de tender puentes con Comodoro Py es Karina Milei, quien tiene preocupación e interés en que les frenen las causas en contra en camino. Con una gestión que ya atraviesa los últimos dos años la sensibilidad y el poder de presión de los jueces federales se activa. Mahiques y Santiago Viola, como delegados de Karina, van a querer incidir en los nombramientos de fiscal coordinador y fiscal revisor con el fin de suavizar los compromisos judiciales en la Casa Rosada.
La puja por poner el procurador de la Corte que conduce a los fiscales federales también es parte de esta martingala. Los que buscan sentarse en la silla de Casal son los jueces Ariel Lijo y Mariano Borinsky, que también suena como posible candidato a la Corte Suprema.
Hay fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal tenga un pedido de indagatoria sin citar a los implicados durante siete años. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios.
Lo que hace doblarse de ironía a funcionarios judiciales que siguen esta rosca eterna es la preocupación que, tanto en la Procuración como en el ámbito de los jueces federales, alegan por los posibles inconvenientes de la entrada del acusatorio.
«Lo dicen muy serios fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal, por ejemplo, tenga un pedido de indagatoria sin citar durante siete años a los implicados. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios», dice el juez rosarino que habla con LPO.
Esa capacidad política de jugar con los tiempos en el sistema acusatorio se termina. Los fiscales federales investigan desde el inicio, deben llevar de inmediato a audiencia de imputados a breve lapso, que no deciden ellos sino una oficina de gestión judicial. Los jueces solo valoran las pruebas en una sala frente a público que entra sin restricciones.
Los jueces Borinsky y Hornos.
El Inecip consignó en un documento del año pasado que los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país. «Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto. El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal».
Aunque después Comodoro Py le dobló el brazo, el año pasado a esos números Cuneo Libarona se los refregó a los fiscales que pedían prórroga porque no podrían enfrentar delitos complejos sin recursos. Le mandó una carta a Casal diciendo que solo el 3% de las causas que manejan son por delitos relevantes. Por ejemplo, en Comodoro Py las causas por narcocriminalidad representaron en 2024 el 0,84% del total, las de corrupción el 0,51% y las de criminalidad económica el 0,08%.
«Y eso pasa en un fuero en CABA con una cantidad desproporcionada hacia otros distritos en relación a sus recursos humanos», dice Alfie. «Incluso las fiscalías por la cantidad de empleados son incomparables a las jurisdicciones del interior del país».
Esta mañana, residentes y trabajadores del Hogar municipal La Esperanza y del Hogar Juan Pablo II recibieron la segunda dosis contra el COVID-19. A un total de 20 personas les fueron aplicadas las vacunas por el personal de Salud Pública. Difunde esta nota
Tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó la millonaria condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, Cristina Kirchner y Axel Kicillof salieron a fijar posición y apuntaron contra años de operaciones políticas y judiciales. Ambos coincidieron en un punto central: la recuperación de la petrolera en 2012 fue legal y estratégica para el país.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La resolución judicial representa un giro clave en una causa que amenazaba con un pago superior a los 16 mil millones de dólares, una cifra que equivalía a una porción significativa del presupuesto nacional.
Cristina: “la expropiación se hizo conforme a derecho”
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue contundente al analizar el fallo. Sostuvo que la decisión de la Justicia estadounidense confirma que la expropiación de YPF se realizó dentro del marco legal argentino, desmontando así uno de los ejes del litigio impulsado por los fondos demandantes.
En su mensaje, además, destacó el trabajo del equipo jurídico que defendió al país durante años y remarcó que el proceso judicial había sido utilizado políticamente para cuestionar una medida soberana.
El planteo de Cristina no es nuevo, pero cobra otra dimensión tras el fallo: la nacionalización había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso en 2012 y respondía a un escenario crítico en materia energética, marcado por la caída de reservas y producción bajo control de Repsol.
Kicillof: “quedan expuestos años de mentiras”
Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien fue uno de los principales impulsores de la recuperación de YPF desde el Ministerio de Economía, afirmó que la decisión judicial deja en evidencia “años de mentiras” construidas alrededor del caso.
Kicillof insistió en que la estrategia de defensa del Estado argentino fue correcta desde el inicio y cuestionó a quienes instalaron que la expropiación había sido irregular o perjudicial. En esa línea, también apuntó contra el uso político del litigio por parte de sectores que buscaron desacreditar la política energética del kirchnerismo.
El fallo de la Cámara no sólo revoca la condena previa, sino que además reconoce que la interpretación de la ley argentina realizada en instancias anteriores era errónea, debilitando así el núcleo del reclamo de los fondos litigantes.
Una causa atravesada por intereses y fondos buitres
El conflicto judicial se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, cuando el Estado argentino decidió recuperar el control de la empresa frente a un escenario de desinversión y caída productiva.
Años después, fondos como Burford Capital compraron los derechos de litigio de accionistas minoritarios y avanzaron en tribunales estadounidenses, logrando en 2023 una sentencia favorable que obligaba a la Argentina a pagar una suma multimillonaria.
Ese fallo fue ahora revertido, en lo que constituye uno de los reveses más importantes para los fondos especulativos en litigios contra el país.
Más que un fallo: una disputa política
Aunque el Gobierno de Milei celebró la decisión como un logro propio, lo cierto es que el fallo impacta directamente en el corazón de una política de Estado impulsada durante el kirchnerismo.
En ese marco, las declaraciones de Cristina y Kicillof no sólo buscan reivindicar la legalidad de la expropiación, sino también reinstalar el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos como la energía.
Porque detrás del expediente judicial no sólo se discutía una cifra millonaria: también estaba en juego la legitimidad de una decisión política que marcó un punto de inflexión en la historia económica reciente.
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