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Orazi firmó convenio con Educación por insumos

El Intendente Marcelo Orazi firmó esta mañana el convenio con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro para la provisión de insumos para los establecimientos escolares que se encuentran dentro de la jurisdicción local. El monto es de más de $7 millones.

El acto se desarrolló en Cipolletti y contó con la presencia de la Gobernadora Arabela Carreras, la Ministra de Educación Mercedes Jara Tracchia, el Ministro de Gobierno Rodrigo Buteler, entre otras autoridades provinciales.

Villa Regina fue uno de los siete municipios en rubricar este convenio con la cartera educativa provincial junto a Cipolletti, Chichinales, Godoy, Huergo, Cervantes y Allen.

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  • Alarma en los bancos de Brasil, ante la decisión de Trump de catalogar al PCC y el Comando Vermelho como terroristas

     

    La decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas encendió una alarma en el sistema financiero brasileño. Los principales bancos del país comenzaron a analizar posibles escenarios de riesgo y buscaron asesoramiento en México, donde una ofensiva similar terminó golpeando a varias entidades financieras.

    La preocupación excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública. En el sector financiero temen que la nueva estrategia de Washington derive en mayores exigencias regulatorias, auditorías más rigurosas y un aumento de los riesgos legales para cualquier institución que opere en dólares o tenga exposición al sistema financiero estadounidense.

    Por eso, varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico. El objetivo es evitar errores y prepararse para un escenario que podría volverse mucho más exigente.

    El antecedente mexicano es el principal motivo de preocupación. A mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la mira a tres entidades financieras: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusó de haber facilitado o permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

    Sheinbaum descartó riesgos al sistema financiero tras sanciones a CIBanco, Vector e Intercam

    Lo llamativo es que las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades mexicanas no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran las acusaciones formuladas por Washington. Sin embargo, el daño sobre las entidades ya estaba hecho.

    Varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico, como CIBanco, Intercam y Vector.

    Ante el riesgo de una corrida y para evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero, el gobierno mexicano intervino las tres instituciones. La prioridad fue proteger a los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema bancario. Aun así, las consecuencias fueron severas, las 3 instituciones dejaron de operar y transfirieron sus activos a otras entidades.

    El episodio se convirtió en una señal de alerta para toda la industria financiera de la región. En México todavía existe preocupación por la posibilidad de que nuevas entidades sean alcanzadas por medidas similares. Incluso circulan versiones sobre una eventual atención especial de las autoridades estadounidenses sobre el Banco del Bienestar, la entidad estatal mexicana.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su equipo económico.

    Ese es precisamente el escenario que los bancos brasileños intentan evitar. La designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas modifica la naturaleza de los riesgos que enfrentan las entidades financieras. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas tradicionales de prevención del lavado de dinero.

    La nueva categoría amplía las responsabilidades de bancos, fintechs y compañías que operan en el sistema financiero internacional. Los controles sobre clientes, beneficiarios finales, movimientos de fondos y estructuras societarias pasan a ser mucho más estrictos, especialmente cuando existen operaciones en dólares.

    La principal amenaza radica en las sanciones de carácter extraterritorial. Una entidad puede enfrentar restricciones para operar con bancos estadounidenses o incluso perder acceso a determinados servicios financieros si las autoridades consideran que existió algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con organizaciones alcanzadas por las sanciones.

    Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.

    Por eso el impacto potencial no se limita al sector bancario. Empresas de logística, transporte, comercio exterior, minería y agronegocios también podrían verse obligadas a reforzar sus mecanismos de control para evitar quedar involucradas en investigaciones o revisiones regulatorias.

    Para los inversores, la señal es clara. Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.

    La experiencia mexicana mostró que una investigación o una acusación pueden tener consecuencias significativas incluso antes de que exista una condena o una prueba definitiva. Por eso en Brasil el sector financiero decidió actuar con anticipación. La preocupación ya no es solamente el crimen organizado: ahora también es el costo de quedar bajo la lupa de Washington.

     

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  • Gracias, Javier. Gracias, Karina

     

    Comodoro Py es como una cocina que se recorre a ciegas. Se siente pero no se ve. Se huele que algo está pasando. El aire se vuelve denso. Los pasillos, hostiles. El frío, exagerado. La diferencia es que ahí nadie prueba nada mientras se prepara. Todos son indicios, nunca se sabe del todo lo que está por suceder hasta que el plato aparece sobre la mesa.

    En el edificio de Retiro las especulaciones circulan más rápido que los expedientes. Los periodistas merodean por salas donde alguna vez convivieron defensores, víctimas y funcionarios judiciales amontonados alrededor de una noticia. La semana pasada, el edificio parecía más vacío. Allí nadie necesita escuchar una conversación completa para saber que algo se viene. A veces alcanza una frase.

    —¿Dijo que pidió una parrilla con control remoto? —preguntó, entre atónito y resignado, un importante funcionario judicial a otro en el quinto piso, donde se llevan adelante las causas por corrupción y delitos contra la administración pública. Acababan de escuchar la entrevista radial del contratista de la casa de Adorni en Indio Cuá.

    La frase viajó rápido por el edificio. En la causa cobraron vida las imágenes que hicieron posible hablar más y mejor de ella:  una parrilla de miles de dólares, una cascada, un jacuzzi, apoyacabezas, ahorros en negro y un funcionario que seguía diciendo a las cámaras que no iba a responder porque podía entorpecer la investigación. En tribunales, la defensa empezó a leerse al revés. Cada explicación abría una medida. Cada frase pedía un chequeo. Cada intento de cerrar el tema producía una pregunta nueva.

    La defensa pública de Adorni empezó a convertirse en un problema judicial. Quizás la estrategia política y comunicacional con la que intentó zafar del escrutinio público y de la investigación patrimonial quede como una de las peores defensas de la historia política argentina. Quizás ni siquiera llegue a eso. Tal vez nadie aprenda nada de esa defensa, salvo lo más básico. Que así no se hace. Adorni habló cuando debía callar, calló cuando debía explicar, se mostró soberbio cuando le pedían documentos y se mostró ingenuo cuando quiso justificar la plata.

    Manuel Adorni tuvo que irse por escrito. Apenas unas horas antes que la selección argentina jugara su tercer partido del Mundial, el ex jefe de gabinete publicó una carta dirigida al Presidente. Convirtió su salida en una escena de daño personal. Habló de ataques, de mentiras, de hostigamiento y de su familia. Se colocó como víctima cuando la investigación todavía le pide explicar su patrimonio en una causa por enriquecimiento ilícito. “Usted sabe todo lo que he sufrido durante este tiempo”, le dice a Milei. El sufrimiento se imposta como prueba de inocencia. El texto pide que miremos a un hombre cansado.

    El funcionario que había construido la voz del ajuste quedó atrapado por una pregunta simple: ¿de qué vivía?

    La carta también marca el cierre de una estrategia. Durante cien días, Adorni había intentado hacer algo que nunca consiguió. Decir que ya estaba todo dicho. Dar una explicación incompleta y presentarla como final. Escudarse en la justicia para no responder en público, mientras tampoco respondía todavía en la justicia. Cada vez que apareció un documento, un gasto, una escritura, una factura, una deuda o una declaración testimonial, su defensa fue correr el límite de lo contestable. Decía que no podía hablar porque podía entorpecer la investigación. Decía que no había nada más. Decía que estaba todo claro. Pero lo único que se acumulaba eran preguntas.

    En abril, cuando Anfibia profundizó en el caso , la pregunta todavía era por el modo en que su figura condensaba una incomodidad mayor. Hay causas de corrupción que involucran al gobierno más graves que la que investiga al ex vocero. Pero el foco volvía a Adorni. El funcionario que había construido la voz del ajuste empezaba a quedar atrapado por una pregunta simple: ¿De qué vivía?

    La cascada

    Fueron cien días. No hubo una sola explosión. La caída fue por acumulación. Primero una foto, después un silencio, después un avión presidencial, después un jet privado, después una disculpa. Después una casa. Una escritura. Una hipoteca. Una escribana. Una reforma con cascada, jacuzzi y parrilla de miles de dólares. Una confesión sobre ahorros en negro. Tarjetas ajenas para comprar objetos gamer. Cada dato parecía menor. Hasta que se pegaba al anterior y ya no lo era. Una cascada de episodios de corrupción que fueron llevando el agua al cuello del jefe de ministros. Es importante revisarlas, entender el modus operandi y, sobre todo, pensar lo que queda abierto y qué significa este caso para el gobierno y la política argentina.

    El primer episodio fue en Nueva York. Milei viajó con una comitiva oficial y visitó la tumba del rebe de Lubavitch, en Queens. Una foto publicada por Radio Jai mostró a Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en la visita. El Gobierno tardó cuarenta y ocho horas en confirmar si había viajado en el avión presidencial. Ese silencio fue el primer síntoma. Nadie imaginaba todavía que era también el primero de muchos. El entonces jefe de gabinete se defendió. “Vine a deslomarme” explicó.

    A los pocos días se conoció un video de la familia Adorni subiendo al jet rumbo a Punta del Este. Con ellos estaba Marcelo Grandío, periodista, amigo íntimo del funcionario y dueño de una productora con contratos con la TV Pública. Que también se encuentra investigado por el delito de dádivas en otra de las causas que involucran a Adorni en Comodoro Py. El ex vocero explicaría luego que cuatro días en Punta del Este habían sido “lo único” que se había permitido en un año y medio. La frase duró poco. Después aparecieron otros viajes, otros gastos, otras vacaciones. 

    En la misma semana apareció la casa del country. La Nación confirmó, con documentación catastral, que Angeletti había registrado a su nombre una propiedad en Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, en noviembre de 2024. Adorni no la había declarado en su presentación 2025. La sumó recién en mayo con la investigación penal ya en curso.

    —¿Dijo que pidió una parrilla con control remoto? —preguntó, entre atónito y resignado, un funcionario judicial a otro en el quinto piso de Comodoro Py, donde se llevan adelante las causas por corrupción y delitos contra la administración pública.

    Entonces llegaron las facturas del vuelo. El tramo de ida, por 4830 dólares, estaba a nombre de ImHouse, la productora de Grandío. El regreso formaba parte de un paquete de diez vuelos comprado por el piloto Agustín Issin Hansen, que luego revendió los pasajes de los Adorni a Grandío por 3000 dólares. La historia se llenaba de nombres laterales que lejos de dar una explicación arrojaban más preguntas.

    Adorni enfrentó una conferencia de prensa. Un periodista le pidió un comprobante por su viaje en avión privado. Adorni no mostró nada. Resaltó que sus respuestas podrían entorpecer la investigación. No respondía ante la prensa porque había una causa judicial. Tampoco respondía en la causa judicial porque todavía no había llegado su turno. Entre una cosa y la otra, el silencio funcionaba como defensa.

    Ese mismo día se supo que había comprado una unidad en Miró al 500 sin haber vendido la que tenía en Parque Chacabuco. Las vendedoras eran dos mujeres. Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. La operación se registró por 230 mil dólares. En la escritura declararon que le financiaban 200 mil dólares mediante un crédito hipotecario. Una era retirada de la Policía Federal. La otra, su hija.

    Para abril, con la causa judicial avanzada en Comodoro Py, la justicia ya tenía en mira una lista de movimientos de dinero que incluían gastos inmobiliarios no documentados por 65 mil dólares en efectivo, viajes por más de 27 mil, deudas nuevas por 35 mil, compras de propiedades, hipotecas, vuelos, hoteles, refacciones, adelantos en efectivo. Adorni había informado ahorros por 48.720 dólares. ¿De dónde sacó la plata? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no aparecía antes?

    La escribana Adriana Netchevenlo declaró ante la justicia y eligió una frase que resumía lo que ningún análisis político habría podido ordenar. “Se le dio todo junto”. Todo junto. El ascenso, la exposición, la jefatura de Gabinete, las propiedades, las deudas, los gastos, las sospechas y las preguntas judiciales.

    Una mañana de mayo, en medio de un desfile de testigos que caminaron los pasillos de los tribunales federales, apareció el contratista de la casa del country. Matías Tabar declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que los Adorni lo contrataron para una reforma integral. Aportó una planilla. Números prolijos. 245.929 dólares en efectivo. 

    En su carta de renuncia, Adorni se colocó como víctima cuando la investigación todavía le pide explicar su patrimonio en una causa por enriquecimiento ilícito. El sufrimiento se imposta como prueba de inocencia. El texto pide que miremos a un hombre cansado.

    La peor defensa de la historia

    Después llegó el gran día. Adorni presentó su declaración jurada. Y en el mismo movimiento se autoincriminó. Fue a los estudios de La Nación, lo entrevistó José Del Río y admitió que había ocultado ingresos en sus declaraciones juradas por al menos 500 mil dólares. “Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil” reveló. “No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro. No se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco, menos en esos años”. La frase que buscaba ordenar la defensa produjo otra cosa. El jefe de Gabinete reconocía dinero no declarado mientras seguía en funciones. “Si Adorni viene a la justicia con las explicaciones que dió anoche en la televisión va a estar muy complicado” dijeron al día siguiente fuentes judiciales.

    Ese fue el punto en el que su defensa pública empezó a convertirse en un problema judicial. 

    Quizás la estrategia política y comunicacional con la que intentó zafar del escrutinio público y de la investigación patrimonial quede como una de las peores defensas de la historia política argentina. Quizás ni siquiera llegue a eso. Tal vez nadie aprenda nada de esa defensa, salvo lo más básico. Que así no se hace. Adorni habló cuando debía callar, calló cuando debía explicar, se mostró soberbio cuando le pedían documentos y se mostró ingenuo cuando quiso justificar la plata.

    El último dato llegó con las tarjetas. Adorni había comprado un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos por 5.848.589 pesos. La adquisición salió desde su cuenta, pero con tarjetas de crédito ajenas, pertenecientes a dos empleados públicos que trabajaban bajo su órbita. Era un dato menor frente a una casa en un country o una reforma de casi 246 mil dólares. Pero después de los vuelos, las hipotecas, las financistas, el jacuzzi y los dólares, también el caso reveló que Adorni usaba a sus empleados para comprar tecnología de videojuegos. Algo parecido sucedió con la compra de ropa blanca para la casa de Indio Cuá. Una secretaria le facturó 8 millones de pesos en colchones, sábanas, almohadas y un edredón. 

    La cronología tuvo un patrón. El Gobierno calló. Adorni habló. Apareció un documento. Adorni volvió a hablar. Apareció otro dato. Cada explicación llegó un poco tarde. Cada frase abrió una puerta. Cada puerta llevó a alguien más. La esposa. El amigo. La escribana. Las financistas. El contratista. El piloto. Los empleados públicos.

    La carta intenta comprimir esa acumulación en hostigamiento. “Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas”, escribe Adorni y mezcla viajes que nunca existieron, gastos astronómicos, contratos inexistentes, granjas cripto, fondos públicos, un supuesto pendrive “lleno de dólares”, sociedades en Uruguay, cirugías estéticas y millones pagados para que nadie hablara. En la lista queda mezclado. Lo investigado, lo publicado, lo falso, lo ridículo, lo pendiente. “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, escribe. Un hombre honesto acusado por otros. Un funcionario leal dañado por una máquina de operaciones. 

    Adorni habló cuando debía callar, calló cuando debía explicar, se mostró soberbio cuando le pedían documentos y se mostró ingenuo cuando quiso justificar la plata. La estrategia con la que intentó zafar quizá quede como una de las peores defensas de la historia política argentina. Quizás ni siquiera llegue a eso.

    Pero Adorni era un riesgo institucional. La oposición pidió interpelarlo en Diputados y avanzar con una moción de censura. Los proyectos que el oficialismo quería impulsar empezaron a naufragar. Con él en el gobierno los deseos presidenciales comenzaron a quedar truncos. El costo de sostenerlo ya no se medía sólo en términos judiciales. También se medía en votos, en agenda, en gobernabilidad, en la posibilidad de que otros funcionarios empezaran a caer arrastrados por la misma interna que Milei buscaba contener.

    “El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío”, escribió en la carta. La frase buscó humanidad. También marcó el fracaso de un personaje político construido sobre la dureza. Durante meses, Adorni fue una de las voces más eficaces del ajuste. Habló de curros, de privilegios, de gastos, de cajas, de abusos y de vivos. Había que aceptar el sacrificio como método. Cuando la sospecha llegó a su patrimonio, el lenguaje cambió. Aparecieron el dolor, la familia, la espiritualidad, la honra y la paz interior. “Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares” lamentó.

    La frase quiso ubicarlo fuera del poder en el mismo momento en que se despide desde el centro del poder. Adorni fue jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Tuvo despacho, firma, equipos, presupuesto, acceso al Presidente y una voz central en la administración del ajuste. Milei lo sostuvo durante semanas, lo defendió, denunció operaciones, evitó soltarlo mientras el caso avanzaba. La protección tenía un sentido político. Adorni era más que un funcionario. Había sido vocero, candidato, ganador en la Ciudad y jefe de Gabinete. Su ascenso había sido tan veloz como su deterioro. Soltarlo implicaba admitir que el problema había llegado demasiado cerca. Sostenerlo empezó a costar más que dejarlo ir.

    También había otra razón. Milei acababa de designarlo jefe de Gabinete. Adorni era una pieza demasiado propia como para entregarla rápido. Dejarlo caer demasiado pronto podía habilitar una dinámica peligrosa dentro de un oficialismo atravesado por internas. Si un funcionario caía por presión política, otros podían empezar a cargarse entre ellos. La permanencia de Adorni fue una manera de evitar que la crisis se ordenara como una cacería interna.

    La renuncia trae otra escena

    Veinticuatro horas antes de la renuncia, el Presidente cruzó el Atlántico y en su primera intervención en su viaje a España dijo lo que haría ante una eventual condena sobre Adorni. “Lo eyecto de una patada”, explicó. Mientras no hubiera condena, Adorni seguía. Pero el problema era político antes de ser penal. No necesitaba esperar una sentencia para medir el costo de tener al jefe de Gabinete atravesado por una investigación patrimonial, una interpelación posible y una moción de censura en la mesa.

    El sábado Milei lo soltó. Tarde. Lo soltó cuando la protección política ya no alcanzaba para blindarlo y cuando esa misma protección empezaba a volver más peligrosa la situación judicial del funcionario. Porque cuanto más tiempo siguió Adorni en el cargo más se le pidió que hablara. Cuanto más habló, peor se defendió. Cuanto más intentó explicar, más material produjo. La estrategia que le permitió resistir unas semanas puede terminar siendo la que lo deje más expuesto.

    La renuncia llegó con una carta que prefiere hablar de amor, dolor familiar y persecución. Llegó después de cien días de revelaciones. Llegó cuando el respaldo presidencial ya no alcanzaba para blindarlo. Llegó cuando Adorni ya no tenía demasiadas excusas públicas para seguir sin responder. Por eso se colocó como víctima. Por eso se presentó como un silenciado. Por eso escribió. Porque hablar ya le salió demasiado caro.

    Veinticuatro horas antes de la renuncia, el Presidente dijo lo que ante una eventual condena sobre Adorni “Lo eyecto de una patada”. Pero el problema era político antes de ser penal.

    “Gracias Javier. Gracias Karina”.

    La renuncia puede aliviar al Gobierno por un tiempo. Saca del despacho a un funcionario que ya era una carga, reduce el ruido, le permite a Milei decir que sigue adelante. Pero deja una imagen que no se borra fácil. Tampoco se borran con la renuncia de Adorni todos los frentes judiciales y los casos de corrupción que tienen sucios los despachos, los pasillos y otras figuras clave del gobierno. 

    Asume Santilli, que repite su rol de rueda de auxilio para ocupar un lugar caliente e intentar un fast washing de la cara del gobierno (hizo lo mismo cuando cayó en desgracia Espert y lo reemplazó en la candidatura para diputados en octubre del 25). De paso, ayuda a aliviar las diferencias entre libertarios y el PRO que parecían recrudecer por culpa de Manuel.

    Mientras tanto, la pregunta por la corrupción libertaria ahora cambió. Ya no alcanza con saber por qué el caso de Adorni generaba más indignación que otros expedientes más voluminosos como la criptoestafa $LIBRA o el desvío en los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad. La renuncia de Adorni trae otra escena. Qué pasa cuando el funcionario que mejor explicó el ajuste deja el Gobierno porque no pudo explicar su patrimonio. Qué pasa cuando la moral que ordenaba el sacrificio queda atrapada entre una casa en un country, una cascada, ahorros en negro, tarjetas ajenas y una carta de amor al Presidente y a su hermana.

    La respuesta todavía se escribe en los tribunales, en la Casa Rosada y en esa superficie más difícil de medir que es el clima social. La carta quiso fijar una versión. Quiso convertir una investigación patrimonial en una historia de persecución, quiso transformar una salida forzada en gesto de lealtad, dejar asentado que el daño vino de afuera, de los medios, de la política, de los otros.

    En agosto, Adorni va a ser citado a Comodoro Py para explicar su patrimonio y su evolución. Va a tener que sentarse frente al fiscal y responder lo que no respondió en la conferencia de prensa, lo que no aclaró en televisión, lo que la carta no pudo cerrar. 

    Como dicen en tribunales, los papeles mandan.

    La entrada Gracias, Javier. Gracias, Karina se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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