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Orazi y Doñate analizaron el avance de proyectos presentados en Nación

El Intendente Marcelo Orazi se reunió hoy con el senador nacional Martín Doñate, con quien analizó el estado de los proyectos que el Municipio presentó ante el gobierno nacional en el marco de diferentes programas. Además recorrieron la obra de veredas que se ejecutó en la Plaza de las 201 Viviendas financiadas por Nación a través del ‘Argentina Hace’ y la planta de alimentos de la Universidad Nacional de Río Negro.

Durante el encuentro, Orazi informó al senador nacional de los proyectos elevados en el mencionado programa y también en el denominado ‘Municipios de pie’.

De la recorrida participó también la Subsecretaria de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, Ana Marks.

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  • Chubut es la primera provincia en eliminar Ingresos Brutos y Sellos para reactivar la construcción

     

    Ante la caída de la industria a nivel nacional, el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres presentó un proyecto de ley para sacarle la carga impositiva a quienes construyan o amplíen viviendas en la provincia.

    El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una caída del 4,7% interanual en noviembre de 2025, con un derrumbe adicional del 4,1% respecto al mes anterior.

    En febrero de 2026, el indicador volvió a mostrar una baja del 0,7% respecto al mismo mes del año anterior. Los datos de abril profundizan el cuadro: el cemento cayó 13,2% y las ventas de materiales para la construcción retrocedieron 4,6% interanual.

    En ese contexto, Chubut tomó una decisión que ninguna otra provincia adoptó: eliminarle los impuestos al sector.

    El gobernador Nacho Torres presentó este viernes un proyecto de ley que establece la exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y hasta el 100% del Impuesto de Sellos -según cantidad de empleados y magnitud de la inversión- para la construcción y ampliación de viviendas familiares y edificios residenciales en toda la provincia. La medida rige desde el 1° de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

     El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño 

    El objetivo es doble: bajar los costos para que las familias puedan construir o ampliar su vivienda, y reactivar una industria que en todo el país muestra señales de fatiga. El empleo privado en la construcción acumula una variación negativa en el año, en un patrón donde la actividad cae antes que las empresas empiecen a recontratar.

    «El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño», dijo Torres.

    La iniciativa cuenta con el respaldo de las principales cámaras de la construcción y los gremios del sector, y deberá ser votada por la Legislatura provincial. 

     

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  • El contador de Bailaque aceptó ser arrepentido y hundió al ex juez federal

     

    El ex juez federal Marcelo Bailaque tuvo el peor inicio en la audiencia donde se determina si va a juicio por connivencia con el narcotráfico. Al arrancar la sesión, una información inesperada sacudió a los que escuchaban. Y es que Gabriel Mizzau, que era contador en empresas del traficante Esteban Alvarado y a la vez asesor contable del propio magistrado bajo sospecha, aceptó una condena en este mismo trámite. Y algo más: convertirse en imputado colaborador en el caso que tiene a Bailaque como acusado de este y otros delitos.

    La novedad produjo conmoción dentro y fuera de la sala de la Cámara Federal de Rosario donde el vocal Aníbal Pineda presidía el acto. El fiscal jefe de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias, reveló que Mizzau había suscripto horas antes un acuerdo pleno donde se reconoce la culpabilidad y con pena definida y a homologar más adalenta, además de un convenio de colaboración como imputado, en el marco del artículo 41 ter, que admite el aporte de información a cambio de una moderación en la condena a aplicar. Ese acuerdo fue admitido por el juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz

    Bailaque está en prisión domiciliaria y no se presentó personalmente a la audiencia. Está imputado en tres causas distintas. La que más interesó este miércoles, que formalizó el fiscal federal Matías Scilabra, es haber generado una omisión inaceptable al rechazar tres medidas pedidas en 2013 contra Esteban Alvarado, que recién sería condenado por narcotráfico en 2022. Lo que se remarca en esa causa es que el juez tenía como contador a Mizzau, un amigo que había sido su compañero de colegio, quien era a la vez contador en al menos dos empresas del grupo de Alvarado.

    El reproche a Bailaque es haber negado medidas cruciales, hacia 2013, contra actores del grupo delictivo de Alvarado, en una causa que resultó paralizada en el juzgado federal que controlaba. Parte de los datos que se acumularon en ese expediente, que no avanzó, sirvieron en la Justicia provincial de Santa Fe para condenar a Alvarado y miembros de su organización a penas de prisión siete años después.

    Milei le aceptó la renuncia al juez Bailaque y lo salvó del juicio político 

    Mizzau es el tercer imputado en causas ligadas a Bailaque que se convierte en lo que en jerga extrajurídica se llama arrepentido. Los anteriores fueron el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei. Sus revelaciones sobre causas que conciernen a ellos y a Bailaque comprometen al ex juez federal de Rosario, al que le fue aceptada su renuncia el año pasado.

    «Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos, la calificación jurídica y se postergó el dictado de la pena. Entendemos que la audiencia de control de acusación a Mizzau ha devenido abstracta», dijo el fiscal Iglesias. Lo hizo porque ahora, tras la admisión de su conducta, lo único que resta para Mizzau es que le fijen el monto de la condena.

    Mizzau es el tercer imputado en causas ligadas a Bailaque que se convierte en lo que en jerga extrajurídica se llama arrepentido. Los anteriores fueron el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei

    El contador público Mizzau era quien firmaba los estados contables de Logística Santino, empresa de Alvarado. Según fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA) también fue él quien gestionó el pedido de habilitación municipal para el instituto geriátrico Sagrado Corazón de María SRL, una empresa integrada por Viviana Alvarado y Daniel Martín. Según los fiscales provinciales, y para los jueces que condenaron, este geriátrico era una firma de Esteban Alvarado, quien figuraba como empleado para simular ingresos legales.

    El hijo de este contador que certificó balances o gestionó permisos comerciales para el grupo de Alvarado se llama Sebastián Mizzau y es empleado de la Justicia Federal de Rosario. Mizzau hijo entró en 2017 como empleado del juzgado federal a cargo de Marcelo Bailaque sin rendir concurso, como una buena cantidad de empleados, en base a la relación de amistad que su padre mantiene con el magistrado federal. Trabajó en ese juzgado hasta 2024, momento en que fue ascendido como integrante de la dotación del Tribunal Federal Oral 3 de Rosario.

    Fernando Whpei

    Mizzau era también, como lo reconoció el mismo juez, quien llevaba las cuentas personales de Bailaque, quien dijo jamás haber sabido de la relación de su contador y amigo con el grupo de Alvarado. La intervención de Mizzau como asistente profesional de Alvarado aparecía en anexos que estaban en la causa que el mismo Bailaque llevaba contra el narcotraficante que está condenado a perpetua por comercio de droga y como ideólogo de homicidio.

    Además de este caso Bailaque está acusado en otros dos legajos. Otra imputación es haber participado junto al entonces director de la AFIP Vaudagna y el financista Whpei del armado de una causa, a partir de un anónimo genérico, contra dos empresarios bursátiles, Claudio Iglesias y Jorge Oneto, a fin de pedirles dinero para cesar la persecución. Esta acusación la generaron los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco de la Procuración contra el Lavado de Activos (Procelac).

    Cómo fue la maniobra de Bailaque y Fernando Whpei para manejar los fondos millonarios de una cooperativa

    El tercer hecho es haber orquestado una transferencia de mil millones de pesos en 2021 hacia la mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, bajo la esfera del grupo financiero Unión que controlaban dos empresarios, los hermanos Guillermo y Fernando Whpei. Esos fondos eran de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín y habían quedado inmovilizados por una causa de lavado de dinero contra sus directivos. El juez Bailaque resolvió transferir ese monto multimillonario a la mutual, contra lo usual que es que entidades oficiales cautelen fondos judiciales bajo litigio. El argumento que les dio Fernando Whpei a miembros de la cooperativa enfrentados a su conducción fue, según estos, que Bailaque era su amigo y que el dinero manejado en la mutual reportaría mejor interés. Esta imputación es del fiscal federal Federico Reynares Solari.

    El gobierno de Milei aceptó la renuncia de Bailaque en julio del año pasado cuando el Consejo de la Magistratura, tras una demora de dos años, estaba a punto de girar su caso al plenario, lo que podía llevarlo a un juicio político con destitución. 

    Los fiscales que investigan una trama de corrupción que incluye actores institucionales pidieron diez años de prisión

    para Bailaque por acciones que le atribuyen y que implican extorsión, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, recepción de dádivas y lavado de dinero. También solicitaron cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, multa equivalente a cinco veces el monto de la operación de lavado y a tres veces el de las dádivas.

     

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