El Intendente Marcelo Orazi se reunió hoy con el senador nacional Martín Doñate, con quien analizó el estado de los proyectos que el Municipio presentó ante el gobierno nacional en el marco de diferentes programas. Además recorrieron la obra de veredas que se ejecutó en la Plaza de las 201 Viviendas financiadas por Nación a través del ‘Argentina Hace’ y la planta de alimentos de la Universidad Nacional de Río Negro.
Durante el encuentro, Orazi informó al senador nacional de los proyectos elevados en el mencionado programa y también en el denominado ‘Municipios de pie’.
De la recorrida participó también la Subsecretaria de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, Ana Marks.
Luego de completar los trámites administrativos de rigor, la nueva máquina motoniveladora adquirida recientemente comenzó con los trabajos de reparación y mantenimiento de las calles rurales ubicadas en el ejido de Villa Regina. Recordemos que la maquinaria fue adquirida con fondos provenientes de las cámaras de transferencia ubicadas en el Complejo Fitosanitario Aduanero, en un…
El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.
La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.
Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.
De la protesta social al control de conductas
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.
Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.
No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.
Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.
Bases de datos, vigilancia y centralización
Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.
En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.
El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.
La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.
El orden como narrativa de gobierno
Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.
La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.
Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.
La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.
Los domingos de plaza son una especie de tradición reginense, se iniciaron bajo la gestión de Carlos Schulmaister en el área de cultura entre 1987 y 1990, todos los domingos del verano artistas locales (y regionales en aquel entonces) llevarían adelante espectáculos a partir de las 21:30 horas. Silchu Alvarado, responsable del área de cultura…
Si, y si tiene botas, más mejor. La Ministra gorra de Inseguridad sacó de lo profundo de su sensibilidad una RESOLUCIÓN, que vale más que el Código Penal, que la minúscula constitución nacional, y que los pactos internacionales de derechos humanitos. Ahora podemos vivir mejor, porque las súper fuerzas de seguridad federales capacitadas y altamente…
Como viene siendo una costumbre en la provincia, volvió a ganar Juntos Somos Rio Negro que tendrá su 4to mandato consecutivo, tercero del ahora senador Alberto Weretilneck. Un triunfo cantado si entendemos que el oficialismo llegaba a las elecciones con varios frentes de conflictos (caso docencia, salud y seguridad) pero sin oposición firme, y en…
El gobierno de Javier Milei mantiene pisadas las partidas presupuestarias para salud universitaria y en la UBA denuncian que ese congelamiento en el giro de recursos pone en jaque la atención en los centros de salud que dependen de las universidades.
De los 80 mil millones de pesos previstos en el presupuesto 2026 para esta área, la administración libertaria no ejecutó un solo peso al cerrar el primer cuatrimestre del año, por lo que advierten que están en riesgo las prestaciones en la red UBA, que atiende a más de 700 mil pacientes por año.
«La administración actual está incumpliendo su propio Presupuesto y la Ley de Financiamiento Universitario. No es solo un conflicto administrativo; es una crisis sanitaria que afecta directamente a la gente», advirtieron las autoridades de la UBA.
De los 80 mil millones previstos para todo el año, un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril.
El congelamiento de estas partidas por parte del Ejecutivo nacional pone en riesgo la atención no sólo en los seis hospitales de la red de la UBA sino también en los hospitales de otras universidades nacionales.
En esa línea detallaron que, de los 80 mil millones previstos para todo el año, un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril.
Bajo la órbita de la UBA existen seis centros de salud: el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología «Ángel Roffo», el Instituto de Investigaciones Médicas «Alfredo Lanari», el Instituto de Tisioneumonología «Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.
Estas alertas de ajuste sobre los hospitales universitarios van en línea con la denuncia de incumplimiento en la aplicación de Ley de Financiamiento Universitario aprobada por dos tercios del Congreso en 2025 y ratificada por dos instancias judiciales.
Es en ese contexto que la comunidad universitaria prepara una nueva marcha federal, que se desarrollará el martes 12 de mayo. En las universidades acusan una «decisión arbitraria e ilegal» del gobierno de Milei de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
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