El Intendente Marcelo Orazi participó del acto en el que fue puesto en funciones Sergio Barreiro como Delegado de Trabajo en Villa Regina. En la oportunidad estuvo presente la Subsecretaria de Trabajo Natalia Reynoso y acompañaron el presidente de la Cámara de Comercio Franco Susca y representantes gremiales.
En la oportunidad, Reynoso destacó el acompañamiento del Intendente Orazi en el trabajo que el Municipio y la Secretaría viene desarrollando durante este tiempo, además de la presencia de referentes de los sindicatos y de la Cámara.
Por su parte, Barreiro también expresó su agradecimiento al Intendente y manifestó: “Son momentos difíciles, muy difíciles los que nos toca atravesar y que requieren más que nunca del diálogo y el consenso”.
La Legislatura aprobó una ampliación presupuestaria con la abstención de La Libertad Avanza y Jorge Macri avanzó con el RIGI porteño que reclamaban los libertarios.
Como contó LPO, la ampliación solicitada por el gobierno era una prueba del fracaso de la pauta inflacionaria de Milei: en un cuatrimestre superó la previsión para todo 2026.
En el peronismo habían reclamado que, además de la ampliación, el gobierno dejara de cobrarle Ingresos Brutos a los monotributistas, pero el oficialismo priorizó el acuerdo con los libertarios y los 21 votos del PJ y la izquierda fueron contra la ampliación.
Con el apoyo del larretismo y la UCR, el PRO logró la abstención de los libertarios y la votación terminó 24 a 21 con 14 abstenciones.
El RIGI porteño fue el proyecto insignia de Pilar Ramírez, la delegada de Karina en la Ciudad. Tras varios meses de negociaciones, la iniciativa, a la que se agregó otro régimen para medianas empresas, recibió la bendición de Jorge Macri y también del larretismo.
El bloque radical que conduce Manuela Thourte y donde conviven las líneas de Daniel Angelici, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti votó unido y junto al peronismo y la izquierda conta el RIGI y a favor del RIMI.
«La Ciudad no tiene yacimientos, pero sí talento, servicios, turismo. Y todo esto hay que potenciarlo», festejó Ramírez tras la sanción. «El RIGI es inviable para la Ciudad porque no existen acá inversiones en los sectores que habilita. El RIMI es injusto con quienes ya invirtieron», rechazó Claudia Neira del PJ. «Va a traer cero inversiones», dijo su compañero de bloque Matías Lammens.
Un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires fueron al ministerio de Capital Humano a reclamar fondos para planes alimentarios, pero Sanda Pettovello les dejó un cartel con chicanas y críticas a Axel Kicillof.
«Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que se deje paso a quienes saben», decía un cartel enorme con letras blancas y un fondo azul ubicado en uno de los accesos a la cartera.
La movida buscó replicar la acción que días atrás los propios intendentes hicieron en el ministerio de Economía. Esta vez, la decisión surgió en la última reunión del PJ bonaerense, donde también se acordó actualizar y ampliar el padrón de afiliados.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, viene planteando que la deuda de la Nación a la provincia es de 220.000 millones de pesos por el Servicio Alimentario Escolar (SAE).
El reclamo se da en un contexto en el que el gobierno provincial cortó los fondos del Módulo Extraordinario para Seguridad Alimentaria (MESA)
Unos 70 intendentes de distintos sectores políticos se movilizaron junto a funcionarios del gobierno de Kicillof primero a la sede de la Federación Argentinos Municipios (FAM) y desde allí a la cartera que comanda Pettovello.
Al llegar se encontraron con el cartel con chicanas y un operativo de la Policía Federal que blindaba la entrada. En ese momento, la ministra participaba de la exposición de Manuel Adorni ante el Congreso.
Kicillof no estuvo en el ministerio de Pettovello, pero sí se reunió con los intendentes en la sede de la FAM. «El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles», dijo.
La actividad también buscó calmar algunas diferencias hacia el interior del peronismo. La semana pasada Mario Ishii presentó un proyecto en la Legislatura para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses.
El proyecto surgió cuando los intendentes se enteraron del recorte del programa Mesa, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.
De la actividad participaron la vicegobernadora Verónica Magario y los jefes comunales Julio Alak (La Plata), Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), cercanos a Kicillof.
En tanto, por el cristinismo estuvieron Juani Ustarroz (Mercedes), Juan Mancini (Suipacha), Maximiliano Wesner (Olavarría), Leonardo Boto (Luján), Eva Mieri (Quilmes), Nelsón Sombra (Azul) y Waldermar Giordano ( Colón).
Marisa Fassi (Cañuelas), Alejandro Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar), Juan Mantegazza (San Vicente), Juan De Jesús (partido de la Costa), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Ricardo Curutchet (Marcos Paz) y Cecilio Salazar (San Pedro) son otros líderes que dijeron presente.
Ratificando su voluntad de diálogo con todos los sectores, el Intendente Marcelo Orazi recibió a dos referentes de los gastronómicos locales, Juan Suizan y Marcelo Fernández, para abordar los puntos presentados en el marco del reclamo que llevaron adelante en el transcurso de la mañana. En la oportunidad el Intendente les comunicó que desde hoy…
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El campo esta parado sobre la super cosecha de soja y no tiene ganas de liquidar más allá de lo indispensable para operar el negocio. Les molesta el dólar atrasado o las retenciones altas, que son las dos caras de la misma discusión.
Toto Caputo necesita de manera cada vez más desesperada que liquiden para pagar los vencimientos de deuda. Por eso, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, intentó convencerlos con una exposición en Washington: con menos brecha cambiaria, menos retenciones, buen precio internacional y un tipo de cambio más ordenado, al productor le conviene vender la soja ahora.
Werning desplegó esos argumentos en un cuadro prolijo, de esos que cierran perfecto en una presentación. Pero en el campo miran otra cosa. Miran lo que queda después de pagar alquileres, insumos, deudas y la campaña siguiente. Y ahí los números no cierran tan fácil.
La discusión no es menor porque toca el corazón del modelo. El Gobierno necesita que la cosecha liquide dólares, sostenga el precio de la divisa y alimente las reservas. El campo responde que una cosa es el precio teórico y otra muy distinta el resultado económico. En esa diferencia se trabó la soja. Y por eso, detrás de la discusión técnica, asoma una pelea mucho más concreta: si el sector más competitivo del país no ve negocio, los dólares que espera la Casa Rosada pueden tardar bastante más de lo que dicen los PowerPoint oficiales.
El gráfico del Banco Central tiene una parte cierta. Werning mostró que, descontadas las retenciones y valuado al tipo de cambio paralelo, el precio doméstico que recibe hoy el productor está entre los más altos del gobierno de Milei. La explicación oficial se apoya en cuatro puntos: retenciones más bajas, del 26 por ciento contra el 33 por ciento previo; menor brecha cambiaria; un tipo de cambio más unificado; y una soja en torno de los 420/427 dólares la tonelada. La conclusión: el productor recibe más dólares efectivos que antes.
En el campo responden que esa cuenta está bien hecha y mal contada. Germán Iturriza, consultor y hombre escuchado en el sector, lo resumió con crudeza. Dijo que un productor puede mirar esos gráficos y reírse, no porque sean falsos sino porque muestran apenas una parte de la película. «Hoy el precio que recibe un productor, tanto en pesos como en dólares, está afectado por situaciones locales. Está todo bien con la parte internacional, con que la macro esté sin brecha o con una brecha muy chica, pero lo que te está pasando es que el resultado de la operación no te está rindiendo en términos económicos», explicó.
Hoy el precio que recibe un productor, tanto en pesos como en dólares, está afectado por situaciones locales. Está todo bien con la parte internacional, con que la macro esté sin brecha o con una brecha muy chica, pero lo que te está pasando es que el resultado de la operación no te está rindiendo en términos económicos.
Iturriza puso el dedo donde más duele. Sostuvo que desde noviembre la inflación en pesos siguió subiendo, con una columna cercana al 15 por ciento desde las elecciones, mientras el tipo de cambio nominal quedó retrasado. Entonces el productor ve que Chicago marca 427 dólares y la soja local ronda los 430, pero cuando hace la cuenta de bolsillo descubre que el negocio no cierra. «Hoy el productor está vendiendo una soja a 420.000 cuando podía haber vendido a 500.000 en noviembre. Eso tiene un impacto muy grande para pagar alquileres, para pagar insumos», dijo. No discute el precio de pizarra. Discute la renta que queda después del recorrido.
El dato que más inquieta al mercado es otro y también lo subrayó Iturriza. Al 15 de abril, con datos oficiales de la Secretaría, se había vendido menos de 5 millones de toneladas de soja sobre una cosecha esperada de 49 a 50 millones. Es decir, alrededor del 10 por ciento. Ese número vale más que cualquier discurso porque el productor vota con la venta. Si el negocio fuera tan atractivo como dice el Banco Central, la soja ya estaría saliendo.
Lejos de una negativa general a vender, el campo está mostrando una conducta bastante más selectiva. Sale fuerte con maíz, con girasol y con lo que queda de trigo, pero retiene la soja hasta el último minuto. Ahí aparece otro dato que rompe el relato oficial sobre una supuesta especulación abstracta. En maíz ya se vendieron 23 millones de toneladas contra 13 millones del año pasado. Son 10 millones más. En girasol, las declaraciones juradas llegaron a 1 millón de toneladas contra apenas 60.000 toneladas a la misma semana del año pasado. El trigo también muestra buenas ventas, aunque algo por debajo en términos porcentuales. La señal es clarísima: el campo no se sienta arriba de todo. Se sienta arriba de la soja.
La explicación que circula en las rutas, en las cooperativas y en las mesas de comercialización es muy argentina. Muchos productores esperan una mejora de condiciones. Una baja adicional de retenciones. Un dólar soja con otro nombre. Un incentivo.
Iturriza recordó que el propio Gobierno fue cambiando las reglas durante el año pasado, urgido por los dólares: primero bajó a 26, luego volvió a 33, después regresó a 26 con la promesa de permanencia y más tarde ensayó retención cero para la chicharrita en septiembre, una ventana que se cerró rápido por presión de Estados Unidos. Con ese antecedente, el productor supone que si espera puede conseguir algo mejor.
Lejos de una negativa general a vender, el campo está mostrando una conducta bastante más selectiva. Sale fuerte con maíz, con girasol y con lo que queda de trigo, pero retiene la soja hasta el último minuto.
Ese comportamiento además complica otro eslabón delicado: la molienda. Las plantas están trayendo soja paraguaya con régimen de importación temporal, algo que no es nuevo, pero sienten la falta de mercadería local. En el último trimestre de 2025 la molienda había tenido un impulso excepcional por los derechos de exportación en cero, con un volumen de ventas inédito para esa parte del año. Ahora el esquema volvió a su lógica tradicional: el productor guarda la soja hasta el borde y aprovecha la fortaleza de otros cultivos. En el sector explican que la pata local no está empujando y que eso le pone arena al engranaje industrial.
El problema más serio, sin embargo, no está en esta cosecha sino en la próxima. Iturriza advirtió que la nueva campaña «viene muy complicada» porque la urea subió entre 50% y 60%, el gasoil también pegó un salto fuerte y eso impacta de lleno en las labores. El productor arrastra costos hundidos, ve precios en pesos a la baja y, cuando proyecta la siembra de trigo o maíz, encuentra márgenes negativos o muy ajustados. La escena se repite en las zonas productivas: incluso los más eficientes están viendo que con este tipo de cambio y el futuro que descuenta el mercado, los números no dan.
Ahí aparece la falla estructural del razonamiento oficial. El Gobierno mejoró un precio relativo pero empeoró el negocio total. En el Excel del Banco Central puede verse un ingreso mejor medido en dólares efectivos. En el bolsillo del productor aparece otra cosa: inflación en pesos, costos dolarizados, fertilizantes más caros por la guerra, gasoil en alza y una rentabilidad que se achica.
En el entorno rural agregan otro dato de color que no es menor. El productor medio no funciona como un financista sofisticado que liquida y se refugia en fondos comunes de inversión. Cobra en pesos, paga en pesos y, si le sobra algo, compra dólares.
Por eso la pelea con Werning excede un cuadro del Banco Central. Lo que el Gobierno presenta como una demostración de normalidad, el campo lo ve como una verdad parcial que tapa el problema de fondo. El gráfico puede mostrar cuánto recibe hoy el productor en dólares. No dice cuánto gana y si le conviene vender.
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