El Intendente Marcelo Orazi participó del acto en el que fue puesto en funciones Sergio Barreiro como Delegado de Trabajo en Villa Regina. En la oportunidad estuvo presente la Subsecretaria de Trabajo Natalia Reynoso y acompañaron el presidente de la Cámara de Comercio Franco Susca y representantes gremiales.
En la oportunidad, Reynoso destacó el acompañamiento del Intendente Orazi en el trabajo que el Municipio y la Secretaría viene desarrollando durante este tiempo, además de la presencia de referentes de los sindicatos y de la Cámara.
Por su parte, Barreiro también expresó su agradecimiento al Intendente y manifestó: “Son momentos difíciles, muy difíciles los que nos toca atravesar y que requieren más que nunca del diálogo y el consenso”.
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina informa que durante miércoles 8 y jueves 9 se llevará adelante la inscripción y actualización de merenderos y comedores en el SUM de la Escuela Municipal de Arte de 9 a 12 horas. Para realizar el trámite deberán acercarse los responsables de los mismos,…
Patricia Bullrich fue arrinconada este jueves por los senadores dialoguistas, que amagaron con voltear la sesión cuando se enteraron que el gobierno había modificado el articulado del proyecto del pago a los holdouts de Attestor y Bainbridge.
La convocatoria al recinto había sido realizada para votar el pliego de Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, y darle estado parlamentario a los pliegos de los jueces de las provincias, además de sancionar el proyecto para saldar los últimos 171 millones de pesos con bonistas que no entraron a los canjes de deuda argentinos. Sin embargo, los cambios contrarreloj que metió el gobierno en el dictamen causó una revuelta el miércoles por la noche.
Los senadores aliados detectaron entonces que el oficialismo quería imponer reformas y explicarlas a último momento.
En efecto, la respuesta del bloque libertario ante la inquietud de los opositores fue casi ofensiva. «La traducción legalizada llegará mañana a la mañana porque se firmó después de las 15 y no se pudo legalizar hoy», se excusaron.
Pero, además, la jugada revelaba una desprolijidad. «Fue un error de bonos, se arregló porque no son parte», admitió un libertario.
A Bullrich le habría faltado cintura para resolver el entuerto. En la interlocución con los aliados, que no pasa por su mejor momento debido a la desordenada negociación de los pliegos de los jueces que reclaman los gobernadores, atinó a plantear: «Si quieren, mañana a la mañana Monteverde lo explica en 5 minutos».
Gadano y Carambia.
Esa audacia desató la furia de los senadores radicales, los provinciales del peronismo disidente y los sin techo, como los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
Por esa razón, la sesión se demoró este jueves, para desconcierto del interbloque de José Mayans. Mientras los legisladores libertarios iban llegando al recinto, Bullrich todavía lidiaba con el piquete de los dialoguistas. «Casi se cae la sesión», dijo un aliado a LPO.
Las preguntas de los senadores eran sencillas y se activaron a partir de una adenda al Anexo A del acuerdo con Attestor. El gobierno alegaba que «se eliminaron del listado del Anexo A algunos bonos que no están en poder de los fondos y se agregó un nuevo bono que uno de los fondos tiene en su poder».
Aunque el gobierno pretende que el grupo encabezado por Attestor informó que algunos de los bonos habían sido transferidos o liquidados después de la conciliación con Argentina, los aliados exigieron que el debate vuelva a realizarse en comisión.
La preocupación era que ese agregado genere un perjuicio para el país, pese a las explicaciones a destiempo del oficialismo.
Según Bullrich, el monto del acuerdo se mantendría en USD104 millones. Aunque el gobierno pretende que el grupo encabezado por Attestor informó que algunos de los bonos habían sido transferidos o liquidados después de la conciliación con Argentina, los aliados exigieron que el debate vuelva a realizarse en comisión.
Pese al contratiempo, Victoria Villarruel pudo darle inicio a la sesión luego que Bullrich contuvo a los legisladores libertarios dispersos en el recinto. La resistencia de los aliados, tal como informó LPO, obedece al malestar que ya causó la tardanza de Juan Bautista Mahiques y Javier Milei para enviar los pliegos de los candidatos de los gobernadores para las vacantes del Poder Judicial.
Si quieren, Monteverde lo explica en 5 minutos.
Si bien el ministro de Justicia logró que la Casa Rosada mande las postulaciones de esos magistrados el martes pasado, los senadores empezaron a firmar los despachos después y se postergó para una próxima sesión su tratamiento en recinto. Fuentes judiciales dejaron la puerta abierta a la chance que el oficialismo y sus aliados acuerden un paquete de pliegos a aprobar contemplando las demandas de las provincias y las de Capital Federal y Buenos Aires.
El único límite tiene una dimensión reglamentaria y otra, política. En lo técnico, cualquier pliego al que se le da ingreso parlamentario requiere aviso público por Boletín Oficial y habilitación del período de recepción de impugnaciones, antes de llegar a la fecha de defensa en audiencia pública.
En general, ese procedimiento dura un mes, cuando apenas quedan 29 días para el inicio del campeonato Mundial de Fútbol. «Si llega el Mundial y los pliegos no se votaron, va a ser muy difícil que suceda después, cuando ya estén todos en campaña electoral», reumió una fuente al tanto de las discusiones.
DIA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. El lema en el 2022 es: «Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas»; con esto se intenta destacar la contribución esencial de los donantes de sangre para…
A dos años y medio de haber asumido, el gobierno de Milei ya no puede escudarse en la “herencia” ni en la “pesada estructura estatal”. Los resultados están a la vista y el contraste con las promesas de campaña es, en muchos casos, brutal. Donde se prometía libertad, hay concentración; donde se hablaba de casta, hay privilegios; donde se anunciaba prosperidad, hay caída del poder adquisitivo y deterioro social.
Por Tomás Palazzo para NLI
Durante la campaña, Milei construyó su figura sobre una serie de ejes que conectaron con el malestar social: terminar con la inflación “en poco tiempo”, dinamitar la casta política, achicar el Estado para liberar al sector privado y generar crecimiento. El discurso era simple, directo y, sobre todo, contundente. El problema no era lo que decía: era lo que implicaba.
Dos años y medio después, el balance obliga a poner cada una de esas promesas bajo la lupa. Porque si algo caracteriza a este gobierno no es la falta de rumbo, sino la coherencia entre su programa económico real y sus consecuencias sociales. Lo que se prometió y lo que se hizo no coinciden, pero lo que se hizo sí responde a un modelo claro.
Inflación: del “en semanas” al ancla recesiva
Uno de los pilares del discurso libertario fue la promesa de terminar con la inflación rápidamente. Milei llegó a hablar de plazos cortos, casi inmediatos, apoyado en la idea de un ajuste fiscal severo y una política monetaria restrictiva.
La realidad fue otra. Si bien la inflación mostró desaceleraciones en algunos períodos, lo hizo a costa de un mecanismo conocido: la licuación del salario y la recesión profunda. El consumo se desplomó, la actividad económica se contrajo y el poder adquisitivo cayó a niveles que no se veían en años.
Es decir, la inflación no se “resolvió”: se contuvo mediante el empobrecimiento generalizado.
La casta: un relato que se volvió en contra
“Vengo a terminar con la casta”, repetía Milei. Sin embargo, con el correr de los meses, esa promesa se fue diluyendo frente a decisiones concretas.
Nombramientos cuestionados, alianzas con sectores tradicionales de la política, designaciones en cargos estratégicos para quienes apoyaron leyes clave del oficialismo. La famosa casta no desapareció: cambió de nombre y se reacomodó dentro del nuevo esquema de poder.
Incluso en materia salarial, varios funcionarios del gobierno quedaron envueltos en polémicas por aumentos y privilegios, en abierta contradicción con el discurso de austeridad que se pregonaba hacia afuera.
Estado: del “afuera” al uso selectivo
El mantra de “achicar el Estado” fue otro de los ejes centrales. Pero lo que se observó no fue una retirada del Estado, sino una reconfiguración de su rol.
Se redujeron partidas en áreas sensibles como salud, educación y ciencia, se desfinanciaron programas sociales y se avanzó en procesos de privatización o vaciamiento de empresas públicas. Pero, al mismo tiempo, el Estado siguió presente donde el modelo lo necesitaba: garantizando negocios, regulando a favor de sectores concentrados y sosteniendo estructuras clave para el funcionamiento del esquema económico.
No hubo menos Estado: hubo un Estado al servicio de otros intereses.
Libertad económica: para quiénes
La promesa de una economía libre se tradujo en desregulación, apertura y quita de controles. En teoría, esto debía generar competencia, inversión y crecimiento.
En la práctica, lo que se consolidó fue otra cosa: mayor concentración económica. Las grandes empresas, especialmente en sectores estratégicos, lograron ampliar márgenes y posicionamiento, mientras las pymes enfrentaron un escenario adverso marcado por caída de ventas, aumento de costos y falta de financiamiento.
La libertad, en este contexto, no fue pareja. Fue selectiva.
El impacto social: la variable de ajuste
Quizás el punto más evidente del contraste entre promesas y gestión está en lo social. Milei aseguró que el ajuste lo pagaría la política. Sin embargo, los datos muestran otra cosa.
Caída del salario real, aumento de la pobreza, deterioro de jubilaciones, recortes en programas esenciales. El ajuste tuvo destinatarios claros: los sectores medios y populares.
Lejos de un “derrame” prometido, lo que se consolidó fue una transferencia regresiva de ingresos.
Modelo, no error
A esta altura, ya no se trata de errores de gestión ni de medidas aisladas. Hay una lógica que atraviesa toda la administración Milei.
Un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la actividad, que apuesta a la desregulación aun cuando profundiza desigualdades, que reduce el rol social del Estado mientras fortalece su función económica en favor de determinados actores.
Las promesas de campaña fueron una cosa. La gestión, otra. Pero ambas no son contradictorias por accidente: son parte de una misma construcción política donde el discurso fue la puerta de entrada y el programa real, la ejecución de fondo.
Dos años y medio después, la pregunta ya no es qué prometía Milei. La pregunta es quiénes ganaron y quiénes perdieron con lo que efectivamente hizo.
Y ahí, los números —y la vida cotidiana— hablan por sí solos.
Pacha Mama o Madre Tierra son expresiones comúnmente utilizadas para mencionar al planeta Tierra en distintos países, término que expresa la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta en el que todos convivimos. Para lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes…
El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.
La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.
Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.
De la protesta social al control de conductas
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.
Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.
No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.
Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.
Bases de datos, vigilancia y centralización
Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.
En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.
El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.
La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.
El orden como narrativa de gobierno
Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.
La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.
Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.
La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.
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