El Intendente Marcelo Orazi participó del acto en el que fue puesto en funciones Sergio Barreiro como Delegado de Trabajo en Villa Regina. En la oportunidad estuvo presente la Subsecretaria de Trabajo Natalia Reynoso y acompañaron el presidente de la Cámara de Comercio Franco Susca y representantes gremiales.
En la oportunidad, Reynoso destacó el acompañamiento del Intendente Orazi en el trabajo que el Municipio y la Secretaría viene desarrollando durante este tiempo, además de la presencia de referentes de los sindicatos y de la Cámara.
Por su parte, Barreiro también expresó su agradecimiento al Intendente y manifestó: “Son momentos difíciles, muy difíciles los que nos toca atravesar y que requieren más que nunca del diálogo y el consenso”.
El Intendente Marcelo Orazi encabezó esta mañana la presentación del anteproyecto de remodelación y refacción de la terminal de ómnibus de Villa Regina, una de las obras emblemáticas para la gestión y de gran importancia para la comunidad. En la oportunidad el jefe comunal confirmó que el Municipio recibió el primer desembolso de alrededor de…
Acompañamos al servicio de diabetes del hospital de Villa Regina y al club de leones en el cierre de la semana de la diabetes. La caminata saludable en la plaza de los próceres dio fin a una semana cargada de información para la concientización y prevención de la enfermedad. En la semana se le realizó…
Como una diatriba que baja desde el norte, se acepta recortar donde hay que invertir. El mismo que te da, te saca. La ecuación es matemática aunque la materia sea social y no exacta. El país sufre una crisis educativa que fue acrecentada por todos los gobiernos de turno desde la década del 90, todos…
El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.
La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.
Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.
De la protesta social al control de conductas
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.
Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.
No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.
Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.
Bases de datos, vigilancia y centralización
Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.
En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.
El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.
La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.
El orden como narrativa de gobierno
Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.
La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.
Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.
La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.
La iniciativa aprobada propone destinar un 1% de las vacantes de la administración pública a personas travestis o trans o transgénero. El Senado de la Nación convirtió ayer en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, durante una sesión en la que oficialismo y oposición respaldaron la propuesta de…
El General de Brigada, Sergio Maldonado, presentó su renuncia como presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armada, a solo tres meses de haberse creado tras la disolución del IOSFA.
Fuentes al tanto de la situación revelaron a LPO que la salida se produce por diferencias profundas de Maldonado con Presti en el mano de la crisis que afecta a miles de militares activos y retirados que no tienen cobertura médica.
Además, el pasado primero de mayo se produjo el suicidio de un suboficial retirado en medio de esta crisis y eso habría sido el detonante de la salida del ahora ex funcionario.
El Gobierno buscaba descomprimir la dramática situación con la nueva obra social pero todavía no queda claro la manera en la que Defensa se hará cargo de una deuda de 200 mil millones de pesos que tiene a los afiliados sin cobertura y en muchos casos tiene que transitar enfermedades graves y tratamientos complejos de su bolsillo.
Esto, generó movilizaciones en ciudades importantes como Mar del Plata en donde se concentraron en una de las clínicas que reclama una deuda millonaria.
El Ministerio de Defensa informó ante Diputados que la deuda del IOSFA al 31 de marzo de 2026 ascendía a $248.600.811.333,39. El pasivo incluye $16.290 millones en reintegros, $161 millones en servicios básicos, $178.961 millones en gasto prestacional y funcionamiento, y $53.187 millones en préstamos del IAF.
Fuentes al tanto de la situación revelaron a LPO que la salida se produce por diferencias profundas de Maldonado con Presti en el mano de la crisis que afecta a miles de militares activos y retirados que no tienen cobertura médica
Al momento de la transición, el IOSFA tenía 523.611 afiliados: 331.152 vinculados a las Fuerzas Armadas y 192.459 a las fuerzas de seguridad. De ese total, el padrón de 331.152 afiliados de las Fuerzas Armadas fue transferido a la OSFA el 31 de marzo.
LPO reveló en exclusivo que el ante el grado de desesperación para hacer frente a estos compromisos, Carlos Presti evalúa rematar 44 inmuebles militares para pagar la deuda. El documento oficial al que accedió a LPO el pasado 23 de marzo, propone retirar propiedades y redefinir la titularidad de hoteles, delegaciones y centros recreativos.
Justamente, el gobierno publicó un decreto en el que abre el juego para la venta de esos territorios, lo que generó una extrema preocupación en bloques políticos de Mar del Plata, dado que la ciudad balnearia tiene una importante cantidad de inmuebles.
Al momento de la transición, el IOSFA tenía 523.611 afiliados: 331.152 vinculados a las Fuerzas Armadas y 192.459 a las fuerzas de seguridad. De ese total, el padrón de 331.152 afiliados de las Fuerzas Armadas fue transferido a la OSFA el 31 de marzo
La crisis de la obra social se originó en su totalidad en esta gestión libertaria, con los manejos de los funcionaros que respondían a Luis Petri y que fue generando una bola de nieve hasta llegar a la situación actual.
Pero además del abandono que sufren los militares afiliados para tener una cobertura médica, en las Fuerzas Armadas apareció otro malestar desde la asunción del nuevo ministro de Defensa, el general Carlos Presti. La Fuerza Aérea lo acusa de «teñir de verde» el Ministerio al colocar a gente de confianza del Ejército de manera mayoritaria en todas las áreas, tanto del ministerio como las empresas que dependen de Defensa.
LPO publicó en exclusivo que las críticas internas a los hombres de Petri en IOSFA era que usaban los recursos de los afiliados para la campaña electoral en Mendoza. Dentro de los supuestos cobradores de campaña aparecen Surabelle y el empresario Fernando Riccomi, apuntado por el Ejército por recaudar a nombre de Petri.
Riccomi es también el titular de la prepaga Medycin, que adquirió porciones de Delta Salud S.A. y fue aportante de campaña del socialismo en Santa Fe. Es accionista en empresas como Rosario Futuros y Opciones S.A y tiene una acción en el Rofex, el mercado de futuros.
El nuevo emprendimiento de Riccomi es el inmobiliario, en especial en Funes, la ciudad pegada a Rosario donde están los mayores barrios privados, donde tienen casa Lionel Messi y Ángel Di María.
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