El Intendente Marcelo Orazi participó del acto en el que fue puesto en funciones Sergio Barreiro como Delegado de Trabajo en Villa Regina. En la oportunidad estuvo presente la Subsecretaria de Trabajo Natalia Reynoso y acompañaron el presidente de la Cámara de Comercio Franco Susca y representantes gremiales.
En la oportunidad, Reynoso destacó el acompañamiento del Intendente Orazi en el trabajo que el Municipio y la Secretaría viene desarrollando durante este tiempo, además de la presencia de referentes de los sindicatos y de la Cámara.
Por su parte, Barreiro también expresó su agradecimiento al Intendente y manifestó: “Son momentos difíciles, muy difíciles los que nos toca atravesar y que requieren más que nunca del diálogo y el consenso”.
Verdades y fantasías en torno al trabajo precario y la corrupción en obras públicas faraónicas que por más de un siglo atraviesan el imaginario histórico argentino.
Por Silvina Belén para NLI ·
Cada vez que la precarización laboral se agiganta, como ahora, asoma un viejo informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la república: el que Bialet Massé le presentó a principios del siglo pasado, en 1904, a Julio A. Roca y Joaquín V. González, presidente y ministro del interior, respectivamente, ese año.
Del interés por el apabullante informe suele pasarse a exaltar la figura de su autor, prácticamente convertida en mito tras los sucesivos redescubrimientos del texto de la investigación que realizó con tanto celo –un disgusto para los rancios González y Roca, seguramente, que se la habían encomendado- como sacrificios para su osamenta.
Incluso, a fines de los noventa, un historiador tan poco convencional como Javier Trímboli decidió emprender el mismo camino que casi cien años atrás había recorrido Juan Bialet Massé para realizar su trabajo. Trímboli plasmó su experiencia en el libro Mil novecientos cuatro. Por el camino de Bialet Massé (1999), que publicó Colihue en la colección “Puñaladas, ensayos de punta” que dirigía nada menos que Horacio González.
El historiador –fallecido tempranamente en 2025- ya en ese momento finisecular olfateaba la defunción de la política que hoy, por desgracia, debemos dar por consumada. Así, en la Presentación de su libro, Javier Trímboli decía que la obra giraría en torno a esa sospecha fúnebre y al homenaje que pretendía rendirle a Bialet Massé como hombre político.
Se refería, claro, a la faceta de político humanista que el autor del informe había mostrado a sus cincuenta y ocho años, no así a la trayectoria de empresario e inversor que este médico catalán había forjado por décadas codo a codo con la voraz élite cordobesa que reunía a personajes como Miguel Juárez Celman y Félix Funes, amigo de Bialet el primero y socio el segundo.
Este derrotero tuvo su pico más alto en fama, controversias y mito en torno al Dique San Roque, su construcción, financiamiento, puesta en marcha e intrigas palaciegas, muchas de las que hasta hoy permanecen en una obscuridad histórica teñida de polémicas entre entusiastas y detractores de la obra que dirigió el ingeniero Carlos Cassaffousth, otra figura mitificada por los panegiristas del dique.
El Horno “La Primera Argentina”
Quienes hayan visitado San Roque como turistas seguramente habrán escuchado de boca de los guías diferentes versiones de la historia del viejo dique, todas con Bialet y Cassaffousth como héroes trágicos, adelantados a su época, envidiados, víctimas de la injusticia que los empobreció y llevó a prisión con la ayuda del peritaje de un “falso” ingeniero –el villano Federico Stavelius en el relato-.
De los tres apellidos principales relacionados con la construcción, Funes, Bialet Massé y Cassaffousth –el cuarto sería Dumesnil-, el menos mentado es Funes[i], que eludió la cárcel por fueros parlamentarios. Del legendario empobrecimiento de don Juan, se sabe que duró casi nada: recompró en remate, a precio módico, sus antiguas posesiones, quizá con un “canuto” atesorado.
El mote de “falso ingeniero” colgado como Sambenito a Stavelius, se sabe que nació del tecnicismo legal que salvó a los encarcelados y motivó la indignada renuncia del gobernador cordobés de turno: Stavelius no había revalidado su legítimo título de ingeniero obtenido en Suecia, su país de origen. No hubo, claro, ni revisión de su peritaje ni mucho menos uno nuevo…
Se habla aún de la perfidia inglesa que, con malas artes e influencia, hizo caer en desgracia a los constructores por haber usado cales hidráulicas cordobesas y no cemento portland. Pero los préstamos para financiar el costo de la obra vinieron de las islas. Haber impuesto su portland sin necesidad de complejas venganzas, por lógica, hubiese sido muy sencillo para los ingleses.
Una revisión asequible de la historia del dique es la de Lázaro Llorens, “Viejo Dique San Roque: el monumento a la corrupción de Roca y Juárez Celman”, artículo publicado en 2019. Por el contrario, la más amplia, mistificadora y encendida defensa de la obra y sus responsables en todos los aspectos puede leerse en el libro La historia del Dique San Roque (1985), de Luis Rodolfo Frías –disponible en PDF-, que el autor dedica “A la memoria venerable de mi abuelo materno Senador de la República Don Augusto Manuel Funes.”.
Los muñones del dique de 1890 todavía pueden verse con aguas bajas del lago San Roque. Se dice que resistieron la dinamita. Para algunos esta imagen es símbolo de calidad indiscutible; para otros, vestigio de corrupción inocultable. A ciento cincuenta metros hay otro paredón, el del dique nuevo, de 1944, hecho a puro portland y con el embudo gigante que le valió el sobrenombre.
Juan Bialet Massé
Los biógrafos de Bialet Massé todavía no han logrado reconstruir totalmente su historia de vida ni aclarar cómo fueron sus últimos años en España y los primeros en Argentina, cómo a pesar de haberse cambiado el nombre para entrar al país –presumen los investigadores una interdicción política en la península- logró hacer valer su título de médico y hasta dónde llegó su responsabilidad o participación en los beneficios espurios, incluyendo negocios inmobiliarios relacionados, que los Juárez, Roca y Funes le sacaron a la construcción del dique. Misterios aún sobran.
Volviendo al informe, motivo principal de sus cíclicas reapariciones, también hay misterios y un halo de leyenda. El contenido, por supuesto, conserva su valor incuestionable. Sin embargo, el que González y Roca se lo hayan encomendado a un hombre de cincuenta y ocho años, avanzada edad para la época, no deja de llamar la atención. Al respecto, un lapidario crítico como Llorens reflexiona:
Luego del culebrón del dique San Roque, el médico catalán siguió manteniendo estrechos lazos económicos con el “Zorro” Roca. Así fue que en 1904, durante su segunda presidencia, fue el mismísimo Roca quien contrató a Bialet Massé para que confeccionara su famoso informe “El Estado de las Clases Obreras en el Interior de la República Argentina”. Informe con el que el constructor del dique fallido, se compró la buena opinión a todo el progresismo local. A pesar de haber vivido siempre comiendo de la mano de la oligarquía más agria de la República Argentina.
Tal vez Bialet Massé, previendo sospechas como esta, se apresuró a aclararles a los funcionarios que haría el informe ad honorem. Y así fue: en lo formal no hubo honorarios. Sin embargo, la suma que finalmente se le otorgó en concepto de viáticos, gastos de preparación y edición[ii] del informe fue de 25.000 pesos, una friolera para 1904, podría decirse.
A más de un siglo y con tantos ceros quitados de por medio, solo puede hacerse una comparación apelando al respaldo oro del peso en la época. Gramo más, gramo menos, serían unos once kilos de oro aproximadamente lo que el estado invirtió en gastos para un informe al que ni quienes lo encargaron le dieron importancia ni lo hicieron valer políticamente para legislar[iii] en favor de la mejora de las condiciones de trabajo en el país.
El esposo catalán de Zulema Laprida, hija del célebre Narciso, falleció en Buenos Aires en 1907 sin apuros económicos. Se llevó a la tumba no pocos secretos y dejó los mitos que se asocian a su apellido: el del hombre que a caballo y bajo la lluvia descubrió el milagro de las piedras calizas cordobesas, y el del mártir del progreso y defensor de la dignidad del trabajador, que le escupió las verdades del sufrimiento obrero en la cara a funcionarios venales de alto rango.
Si valiese definir sencillamente el mito como unión de ínfima verdad y mucha fantasía, habría que considerar si Juan Bialet Massé forma parte o no de nuestra mitología histórica, de todo aquello que nos gustaría creer sin vacilaciones ni peros.
[i] Félix Funes, concuñado de Juárez Celman y Julio A. Roca.
[iii] “Su presentación, en 1904, no fue bien recibida y la Ley Nacional de Trabajo que originara este relevamiento, tampoco llegó a ser sancionada.”: https://proyectobialet.com/bio/.
Una nueva reforma penal que presenta Maximiliano Pullaro para acrecentar atribuciones en la lucha contra el delito puso en estado de alarma a organizaciones de abogados y a magistrados santafesinos. Para los críticos las enmiendas propuestas son graves porque prescinden de la figura del juez, le da facultades ampliadas a la policía para interrogatorios sin comunicación a un fiscal ni a defensor, avanzan sobre garantías en casos de allanamientos o intervención en comunicaciones privadas,
Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.
La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.
El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.
Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.
Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. «Espantoso», «cruel», «inconstitucional», «regresión premoderna», son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
«Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?», le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. «Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía», añadió otro juez a este medio.
Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. «Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político», le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.
José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. «Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona», dijo a LPO.
Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales», según la fundamentación del proyecto.
Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.
El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.
En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.
Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.
En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: «Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo».
En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. «Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones», dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.
Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. «No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad», indica la fundamentación de la reforma.
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