El Intendente Marcelo Orazi participó del acto en el que fue puesto en funciones Sergio Barreiro como Delegado de Trabajo en Villa Regina. En la oportunidad estuvo presente la Subsecretaria de Trabajo Natalia Reynoso y acompañaron el presidente de la Cámara de Comercio Franco Susca y representantes gremiales.
En la oportunidad, Reynoso destacó el acompañamiento del Intendente Orazi en el trabajo que el Municipio y la Secretaría viene desarrollando durante este tiempo, además de la presencia de referentes de los sindicatos y de la Cámara.
Por su parte, Barreiro también expresó su agradecimiento al Intendente y manifestó: “Son momentos difíciles, muy difíciles los que nos toca atravesar y que requieren más que nunca del diálogo y el consenso”.
El Intendente Marcelo Orazi participó vía zoom del acto de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura de Río Negro, donde la Gobernadora Arabela Carreras ofreció su discurso detallando el plan de acciones a implementar durante este 2021 en las distintas áreas. Al respecto, el jefe comunal reginense destacó los anuncios de la mandataria,…
La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.
El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.
Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.
Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.
Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable.
Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.
En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.
Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.
La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina.
Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.
Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina.
La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.
Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.
La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.
El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.
La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.
Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.
Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.
Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.
El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».
Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».
El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.
Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.
Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que el ciclo ‘Cine en mi barrio’ tendrá continuidad este fin de semana en el Pulmón Ecológico y barrios Este y Provincial. La película ‘Amadrinadas’, comedia de fantasía, se proyectará a partir de las 21 horas según el siguiente cronograma: -Viernes 19: Pulmón Ecológico…
Durante este jueves se procedió a la colocación de dos decrementadores (segunderos) en los pescantes de los semáforos de calle Cipolletti y Yapeyú para el tránsito que circula en sentido oeste-este y viceversa. El Intendente Marcelo Orazi y el Director de Tránsito Mario Figueroa estuvieron presentes durante la colocación de estos dispositivos. Los decrementadores contienen…
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a disfrutar de ‘Tardes Dulces’ en la Oficina ubicada en Florencio Sánchez 817. El sábado se contará con la presencia de María Rodríguez Pastelería y el domingo con ‘Batiendo sabores’. En ambos casos, la actividad se desarrolla entre las 14 y 18 horas. Por…
Todo había empezado como en una película floja: un grupo de guardavidas en una playa de Monte Hermoso que estaba entrenando en enero de este año encuentra un bolso en la orilla del mar y al abrirlo advierten varios ladrillos de cocaína. Eso desata una investigación fiscal que termina este lunes, 700 kilómetros más arriba, con cinco detenidos en la zona de San Nicolás por intentar sacar desde el río Paraná 500 kilos de cocaína en buques que transitan por la Hidrovía.
Es una situación que tiene una habitualidad notoria, que implica cargamentos de cocaína con destino de exportación, y que cada tanto se registran con situaciones en la que son detectados. En esta ocasión hubo una pesquisa de meses que desembocó este lunes con una vigilancia encubierta realizada por Prefectura Naval en Ramallo que siguió a una lancha con tres tripulantes en cercanías del club Somisa. El seguimiento dejó ver que a la lancha subían varios bultos de una camioneta y que después seguía viaje hasta San Nicolás, hasta acercarse a un buque amarrado en el Puerto. Cuando izaban los bultos al buque los encargados de la tarea fueron detenidos.
Esta es una práctica tan rutinaria que la Prefectura Bajo Paraná dispuso vigilancias en la zona portuaria de Rosario hasta San Lorenzo, en Santa Fe, ya que la mayor cantidad de casos detectados se dan en esta zona. Los fiscales federales de la de la Procuración de Narcotráfico (Procunar) le hicieron saber a Prefectura Naval que la organización bajo seguimiento «podía operar entre las ciudades de Rosario, Ramallo, San Nicolás, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria» donde posiblemente contaminarían buques en navegación.
El bolso encontrado el 26 de enero en Pehuén Co tenía 35 kilos de cocaína en casi veinte panes. Los panes tenían diferentes etiquetas. Dos decían «Moncler» y «Stefano Ricci». Eso orientó las pesquisas de la Procunar. La cercanía del lugar donde fue encontrado el bolso con lugares donde amarran buques de ultramar en el puerto bahiense dejaban vislumbrar que la carga podía ser transportada fuera del país.
Después de las detenciones, en una audiencia tras el descubrimiento de la cocaína que iba a embarcar en San Nicolás, la fiscal federal Patricia Cisnero explicó que la contaminación de buques en la Hidrovía es un fenómeno reiterado. Se le llama «rip-off» y consiste en «acercar una pequeña embarcación a un buque de mayor porte para infectarlo con la droga, con la probable colaboración de algún integrante de la tripulación», mediante un sistema de izado. Para ello, los estupefacientes son acondicionados en bolsos estancos que permiten proteger la carga del contacto con el agua.
Las pericias del bolso encontrado en Pehuen Có en enero y otros elementos determinaron que había sido adquirido por Sebastián Di Seri y que iría a ser despachado en un buque a ultramar. Lo que se cree es que ese bolso se cayó al agua y se perdió entre otros que sí fueron subidos a cubierta.
El segundo hecho del planteo fiscal ocurrió este lunes en San Nicolás cuando se intentó subir a un buque en el puerto 499 kilos de cocaína. Parte de esa carga, unos 232 kilos, estaban en la lancha aledaña al barco. El resto de la sustancia se encontró en 7 bolsos en un garaje de la calle Laprida 245 en Ramallo, a veinte kilómetros, que tenían un peso total de 267 kilos. Eran parte de la misma operación, dijeron los fiscales Cisnero y el titular de Procunar, Diego Iglesias.
Para determinar la conexión entre el caso de Bahía Blanca y San Nicolás fue fundamental una operación en Mercado Libre. Se supo que el 18 de marzo de 2025 Sebastián Di Seri había comprado 25 bolsos estancos de 80 litros. Esos bolsos tenían características coincidentes con los encontrados en uno y otro lugar.
El análisis de las comunicaciones telefónicas, los movimientos de los investigados y los registros de geolocalización permitieron más tarde a los fiscales de Procunar establecer vínculos entre Di Seri con las personas que, meses después, serían detenidas esta semana en San Nicolás. Estos son Damián Leyria, Antonio Straccia, Jorge Ayala y Jorge Miño. También con las evidencias obtenidas se reconstruyeron distintos desplazamientos hacia localidades de la costa del río Paraná.
La fiscal Cisnero dijo este martes en audiencia que en las últimas semanas las tareas de inteligencia permitieron inferir que se preparaba una nueva operación de contaminación de un buque.
En particular, el seguimiento de los investigados y las escuchas permitieron establecer desplazamientos hacia Ramallo y la utilización de distintos vehículos, entre ellos una camioneta Ford Ranger y un auto Citroën C3.
El 7 de agosto, los investigadores observaron movimientos de los vehículos de los sospechosos entre Ramallo y distintos puntos de la costa del río Paraná. En una de las vigilancias se constató que tres hombres acoplaban un trailer a la Ford Ranger, sobre el que se encontraba una embarcación semirrígida denominada «Gran Brack». Fueron los vehículos seguidos hace cuatro días que llevaron al decomiso de los 500 kilos.
Las líneas intervenidas a Di Seri, el que había comprado los 25 bolsos en Mercado Libre, dieron pautas razonables de que buscaban infectar un barco con el cargamento de cocaína. Un ejemplo fue una conversación captada a Straccia el 22 de marzo
-Escuchá, mañana le dije al «capitán» que nos mande la plata que nosotros le dejamos allá cuatro.
Una llamada de Leyra del 24 de julio indicó a los investigadores que se iba a producir una maniobra de tráfico de cocaína.
-Está ahí, pero no confirman, nosotros no podemos salir hasta que confirmen boludo. Estamos los seis. Tengo un hombre dentro de mi casa hace tres días. Estamos trabados, no nos contestan de arriba-, dijo Leyra hace dos semanas.
Su interlocutor le respondió: «Está complicado el tema de los barcos ahora». Y aludió a algún tipo de iluminación para identificar puntos de contacto.
El 28 de julio Leyra se comunicó con Ayala. Le dijo: «Escuchame viejo, se suspendió. Está viniendo Gustavo (por Straccia), igual te van a dar la plata. Ahora vamos a trabajar en Rosario, ahora te cuento, va para allá, va par Rosario».
Todos estos elementos indiciarios permitieron que Prefectura siguiera y detuviera al grupo que fue llevado a audiencia este martes ante la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón.
«Nos encontramos frente a una verdadera organización narcocriminal, con una clara y persistente duración en el tiempo, con una logística importante, tanto de recursos materiales como económicos. Una organización que tiene presencia y territorialidad y capacidad de operación en distintas jurisdicciones de nuestro país», sostuvo Iglesias durante la audiencia, según indicó el portal Fiscales.gob.ar.
El jefe de la Procunar detalló que por el volumen de cocaína secuestrado, el valor de la droga podía variar sustancialmente según el destino. Estimó que, en una zona portuaria de la provincia de Buenos Aires, la sustancia representaría no menos de 2,5 millones de dólares. Si lograba salir del país y llegar a Europa, el valor ascendería a no menos de 16 millones de dólares, mientras que, según la hipótesis de la fiscalía, en otro continente más lejano podría alcanzar los 45 millones de dólares.
La jueza dejó presos a los cinco detenidos y les impuso prisión preventiva por 180 días.
Los casos en donde se advierte droga son esporádicos y no indican que es porque la droga no pase. En junio de 2025 se descubrió, por la denuncia de un capitán de un buque filipino, un cargamento de 470 kilos de cocaína en el buque de tripulación amarrado en el puerto de Vicentin en San Lorenzo. En julio de 2022 se detectó que en el puerto frente al Monumento a la Bandera fueron metidos 1300 kilos de cocaína en una carga de maní llegada de Córdoba. En mayo de 2022 en un barco puerto frente a Australia con 40 mil toneladas de harina de soja encontraron 50 kilos de cocaína junto a un buzo de nacionalidad brasileña sin vida. El barco había sido cargado en Renova, en Timbúes, y pasado por el puerto de Santos en Brasil.
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