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Sergio Barreiro es el nuevo Delegado de Trabajo en Villa Regina

El Intendente Marcelo Orazi participó del acto en el que fue puesto en funciones Sergio Barreiro como Delegado de Trabajo en Villa Regina. En la oportunidad estuvo presente la Subsecretaria de Trabajo Natalia Reynoso y acompañaron el presidente de la Cámara de Comercio Franco Susca y representantes gremiales.

En la oportunidad, Reynoso destacó el acompañamiento del Intendente Orazi en el trabajo que el Municipio y la Secretaría viene desarrollando durante este tiempo, además de la presencia de referentes de los sindicatos y de la Cámara.

Por su parte, Barreiro también expresó su agradecimiento al Intendente y manifestó: “Son momentos difíciles, muy difíciles los que nos toca atravesar y que requieren más que nunca del diálogo y el consenso”.

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    La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.

    La fragilidad del gobierno desde su origen

    Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar. 

    Por eso, a semanas de la asunción, el quiebre Paz-Lara fue inminente: hoy ni se dirigen la palabra.

    El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.

    Las “traiciones” de Paz

    Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.

    En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.

    Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.

    Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.

    La narrativa del gobierno y sus limitaciones

    Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones. 

    Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.

    Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan. 

    La tradición boliviana de negociar en la calle

    El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.

    Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.

    En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después. 

    Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos. 

    Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha. 

    La entrada Cómo romper un gobierno en seis meses se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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    La salida de Paolo Rocca de la conducción ejecutiva de Tenaris sacudió al círculo rojo. El reemplazo elegido no pasó inadvertido: Gabriel Podskubka construyó su carrera entre Europa del Este y Medio Oriente, dos territorios atravesados por guerras, energía y disputas globales. En el mercado creen que el movimiento refleja tanto la pelea con Javier Milei como el nuevo tablero mundial.

    Paolo Rocca dejó la presidencia ejecutiva de Tenaris y formalizó uno de los movimientos más importantes dentro del grupo Techint en los últimos años. Aunque seguirá vinculado al holding como chairman, la salida del manejo cotidiano de la principal fabricante global de tubos despertó lecturas políticas y geopolíticas dentro del establishment empresario.

    El elegido para reemplazarlo fue Gabriel Podskubka. No es un nombre menor dentro de la estructura del grupo. Entre 2009 y 2013 estuvo al frente de las operaciones de la compañía en Europa del Este. Luego pasó a conducir Tenaris en Medio Oriente. Dos regiones que dejaron de ser simples mercados para transformarse en zonas neurálgicas del conflicto global por energía, acero y rutas comerciales.

    En Techint saben que el negocio dejó de depender solamente de competitividad industrial o costos laborales. El mapa ahora se mueve con guerras, sanciones, aranceles y corredores energéticos. El acero se volvió un insumo geopolítico. Los tubos también. Cada puerto, cada gasoducto y cada contrato se convierte en una pieza estratégica.

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    El movimiento ocurre además en medio de la tensión creciente entre Rocca y Javier Milei.  «Hay una lectura política inevitable. Rocca entendió que el vínculo con Milei ya no es el que imaginaba el establishment industrial hace un año», deslizó a LPO una fuente empresaria. En esa interpretación, el corrimiento del empresario de la primera línea busca bajar exposición en medio de un conflicto abierto con la Casa Rosada.

    Pero dentro del mercado circula otra hipótesis. Más profunda. Más vinculada al nuevo orden global que a la política doméstica. «La designación de Podskubka tiene lógica internacional. No eligieron a un financiero ni a un comercial clásico. Eligieron a alguien formado en zonas de conflicto», explicó un ejecutivo del sector energético.

    La designación de Podskubka tiene lógica internacional. No eligieron a un financiero ni a un comercial clásico. Eligieron a alguien formado en zonas de conflicto

    La lectura no es casual. Europa del Este quedó atravesada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Medio Oriente volvió a tensarse por el petróleo, el gas y las disputas regionales. En ambos casos, Tenaris tiene negocios sensibles ligados a infraestructura energética y abastecimiento industrial.

    Gabriel Podskubka

    En Techint siempre convivieron dos miradas sobre China. Rocca históricamente se movió dentro de la lógica industrial occidental. El grupo mantuvo una posición defensiva frente al avance del acero chino y cuestionó durante años las prácticas de dumping que golpearon a la siderurgia regional. Esa tensión no es nueva. Forma parte de una discusión estructural sobre quién controla la producción industrial y las cadenas globales de valor.

    Sin embargo, otros grupos económicos argentinos avanzaron hacia vínculos mucho más pragmáticos con Beijing. En energía y minería, varios conglomerados locales terminaron asociándose con capitales chinos para financiar obras, infraestructura y expansión regional. El propio negocio energético argentino quedó atravesado por esa disputa silenciosa entre Washington y Beijing. En ese escenario, la salida de Rocca de la conducción ejecutiva de Tenaris también se lee como una adaptación. 

    Rocca no desaparece del tablero. Seguirá teniendo control e influencia dentro de Techint. Pero el movimiento deja una señal clara: la principal multinacional argentina está mirando el mapa completo. Y en ese mapa, la pelea con Milei parece una estación dentro de un conflicto mucho más grande.

     

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