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A 176 años de su muerte, la historia de José de San Martín también puede leerse como la de un hombre que eligió el exilio antes que convertirse en protagonista de las guerras políticas argentinas.

Por Alcides Blanco para NLI

Cada 17 de agosto, la Argentina recuerda a José de San Martín como el Libertador, el Padre de la Patria, el hombre que cruzó los Andes y condujo campañas decisivas para la independencia de Argentina, Chile y Perú. Las escuelas repiten su nombre, los granaderos custodian su mausoleo y las plazas se llenan de actos conmemorativos. Sin embargo, existe una parte de su historia que suele quedar comprimida detrás de la estatua ecuestre y de la épica militar: San Martín pasó los últimos casi treinta años de su vida fuera de América y murió en Francia, lejos de la Argentina que había contribuido decisivamente a liberar. No fue una casualidad geográfica ni simplemente el resultado de una enfermedad o de una vejez tranquila. Su alejamiento estuvo profundamente relacionado con la convulsión política que encontró al regresar de su campaña libertadora y con su decisión de no convertirse en un jefe militar de ninguna de las facciones que se disputaban el poder.

Mañana, 17 de agosto de 2026, se cumplen 176 años de su muerte, ocurrida en 1850 en Boulogne-sur-Mer. San Martín tenía 72 años. Había nacido en Yapeyú en 1778, había desarrollado buena parte de su carrera militar en España, regresado al Río de la Plata en 1812 y construido en apenas una década una de las trayectorias militares más extraordinarias de la historia americana. Pero cuando terminó su etapa pública en América, no buscó quedarse con el poder que había contribuido a construir. Esa decisión, que hoy puede parecer natural porque forma parte de la imagen idealizada del prócer, fue en realidad una elección política extraordinariamente significativa para una época en la que los vencedores de las guerras de independencia solían convertirse en árbitros del nuevo poder.

El problema que encontró al regresar

San Martín no volvió a una patria unificada y tranquila. Volvió a una región atravesada por enfrentamientos políticos, disputas entre Buenos Aires y las provincias, conflictos entre unitarios y federales y una creciente militarización de la vida pública. Después de la campaña de los Andes, la independencia de Chile y la expedición al Perú, el general había alcanzado una autoridad enorme, pero también comprendía que la guerra contra España y las guerras civiles americanas eran problemas diferentes. Su objetivo había sido la independencia; no estaba dispuesto a utilizar el ejército libertador como instrumento de una facción argentina contra otra.

Ese punto es fundamental para comprender su salida de América. La documentación sanmartiniana conserva una definición particularmente clara de su conducta política. En una carta de 1848, al reconstruir su trayectoria, San Martín explicó que durante su carrera pública había procurado no mezclarse con los partidos que alternativamente dominaron Buenos Aires y que había mantenido como principio considerar a los Estados americanos en los que había intervenido como naciones hermanas comprometidas con una misma causa.

No era una posición ingenua. San Martín sabía perfectamente qué significaba el poder militar. Había visto de cerca las guerras napoleónicas, había combatido en Europa y después había utilizado el ejército como herramienta para modificar el equilibrio político de América. Precisamente por eso conocía el peligro de convertir la fuerza armada en el mecanismo mediante el cual una facción interna podía imponerse sobre otra.

Su negativa a intervenir en las guerras civiles argentinas terminó siendo una de las decisiones más importantes de su vida política.

Y también una de las que más condicionaron su futuro.

Cuando decidió abandonar definitivamente el escenario americano, no se estaba retirando de una revolución que había fracasado. Se estaba apartando de una política que consideraba incompatible con la causa por la que había luchado.

De héroe continental a exiliado europeo

Después de su encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil, en 1822, San Martín dejó el escenario peruano. Poco después regresó a Europa acompañado por su hija Mercedes. El contraste entre la dimensión de su obra y las condiciones de su vida posterior es notable: quien había comandado ejércitos enteros terminó llevando durante décadas una existencia relativamente discreta, atravesada por problemas económicos, enfermedades, viajes y preocupaciones familiares.

En 1829 intentó regresar nuevamente al Río de la Plata. Desembarcó en Montevideo, pero finalmente decidió no instalarse en Buenos Aires. La situación política lo desalentó y volvió a Europa. El Instituto Nacional Sanmartiniano registra aquel episodio como uno de los momentos decisivos de su alejamiento definitivo de la vida pública americana.

Ese exilio voluntario suele presentarse como una especie de retiro romántico de un héroe cansado. La realidad fue bastante más compleja. San Martín continuó siguiendo con atención los acontecimientos americanos, mantuvo correspondencia con dirigentes políticos y militares y expresó opiniones sobre cuestiones vinculadas con la soberanía y la situación internacional. No dejó de interesarse por la Argentina porque hubiera dejado de ser argentino; dejó de participar directamente porque había decidido no convertirse en un actor de las disputas internas.

Su relación epistolar con Juan Manuel de Rosas resulta especialmente reveladora. San Martín le escribió en 1846 para felicitarlo por la defensa frente a la intervención anglo-francesa durante la Vuelta de Obligado y volvió a comunicarse con él en los años siguientes. El Instituto Nacional Sanmartiniano conserva esa correspondencia y registra su preocupación por la defensa de la soberanía frente a las potencias extranjeras.

El dato permite escapar de una simplificación frecuente: el San Martín del exilio no era un hombre desconectado de la política argentina. Estaba lejos del poder, pero seguía leyendo, escribiendo, opinando y observando lo que ocurría en el continente.

La diferencia era que ya no quería ocupar el centro de la escena.

Una vida en Francia mientras la Argentina se construía

San Martín pasó sus últimos años en Francia. Vivió primero en Grand-Bourg, cerca de París, donde adquirió una casa en 1834, y posteriormente se trasladó a Boulogne-sur-Mer. Allí su salud se deterioró progresivamente. Padecía problemas de visión y distintas enfermedades propias de su edad, aunque quienes lo conocieron durante esos años destacaron que conservó una notable lucidez intelectual.

La Francia en la que vivió sus últimos años tampoco era un escenario tranquilo. La Revolución de 1848 había derribado la monarquía de Luis Felipe y dado lugar a la Segunda República. La agitación política llevó a San Martín a abandonar París y trasladarse a Boulogne-sur-Mer en 1848. Allí alquiló una vivienda perteneciente a Adolphe Gérard, abogado y bibliotecario de la ciudad, con quien mantuvo una relación cercana durante sus últimos años.

Hay algo profundamente simbólico en esa última etapa. Mientras en América comenzaban a consolidarse los Estados surgidos de las guerras de independencia, el hombre que había contribuido decisivamente a poner en marcha ese proceso observaba desde Europa cómo aquellas nuevas repúblicas atravesaban sus propias disputas, guerras y transformaciones.

San Martín había conseguido algo que parecía imposible: había ayudado a derrotar al poder colonial español en una parte enorme de Sudamérica. Pero no pudo controlar lo que vino después. Y probablemente tampoco quiso hacerlo.

Su proyecto no consistía en convertirse en el dueño político de las naciones que había ayudado a liberar.

La muerte de un hombre que ya pertenecía a la historia

El 17 de agosto de 1850, alrededor de las tres de la tarde, José de San Martín murió en su residencia de Boulogne-sur-Mer. Estaban junto a él su hija Mercedes, su yerno Mariano Balcarce, sus nietas y otras personas cercanas. Félix Frías, que viajó desde París al conocer la gravedad de su estado, llegó cuando el Libertador ya había fallecido y posteriormente dejó una crónica de sus últimos momentos.

La frase que se le atribuye durante sus últimos días —“es la tormenta que conduce al puerto”— quedó incorporada a la tradición sanmartiniana. Más allá de la belleza literaria de la expresión, lo que resulta verdaderamente significativo es que San Martín murió sin regresar a la Argentina.

Sus restos tampoco volvieron inmediatamente.

Permanecieron en Francia durante tres décadas, hasta que en 1880 fueron trasladados a Buenos Aires a bordo del vapor ARA Villarino. Desde entonces descansan en el mausoleo construido dentro de la Catedral Metropolitana, donde una guardia de granaderos custodia permanentemente sus restos.

La paradoja histórica es enorme. El hombre que había cruzado los Andes para liberar territorios que se encontraban a miles de kilómetros de su lugar de nacimiento terminó muriendo en una pequeña ciudad francesa y recién tres décadas después regresó físicamente a la tierra por la que había combatido.

Pero quizás exista una lectura todavía más profunda.

San Martín construyó buena parte de su prestigio precisamente renunciando al poder que podría haber obtenido. Después de sus victorias militares pudo haber intentado convertirse en un caudillo armado, intervenir en las guerras civiles o utilizar su autoridad para imponerse sobre los gobiernos existentes. Eligió otro camino. Esa decisión no eliminó sus diferencias políticas ni lo convirtió en un personaje neutral; simplemente estableció un límite que consideró fundamental: el ejército de la independencia no debía transformarse en una herramienta para decidir las luchas internas.

Esa conducta explica buena parte de la enorme dimensión simbólica que adquirió después de su muerte.

No fue solamente el general que ganó batallas.

Fue también el hombre que supo retirarse cuando continuar en el poder podía significar traicionar aquello por lo que había luchado.

La historia argentina posterior estuvo llena de hombres que hicieron exactamente lo contrario: militares que se transformaron en árbitros políticos, dirigentes que utilizaron ejércitos para imponer proyectos internos y gobiernos que confundieron la fuerza del Estado con la voluntad de una facción. Frente a esa tradición, la trayectoria de San Martín adquiere una dimensión que va mucho más allá del bronce.

Por eso cada 17 de agosto no alcanza con recordar el Cruce de los Andes, Chacabuco o Maipú. También habría que recordar la decisión silenciosa de un hombre que, después de haber ganado una guerra, eligió no quedarse con el poder.

San Martín murió lejos de la Argentina.

Pero quizás justamente por eso terminó perteneciendo a toda ella.

Porque su legado no quedó asociado a un gobierno determinado, a una provincia, a un partido ni a una facción. Quedó ligado a una idea mucho más grande: que la independencia no consiste solamente en expulsar a un poder extranjero, sino también en comprender que la libertad política pierde sentido cuando quienes dicen defenderla terminan utilizando el poder para someter a sus propios compatriotas.

Mañana, cuando vuelvan a sonar las marchas y los granaderos rindan homenaje frente a su mausoleo, habrá una parte de su historia que permanecerá tan importante como la épica de las batallas: San Martín fue uno de los pocos grandes protagonistas de la independencia americana que entendió que también había que saber cuándo apartarse.

Y esa decisión, tomada hace dos siglos, sigue siendo una de las páginas más incómodas y más actuales de su legado.

 

 

El Gobierno porteño adjudicó una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional capaz de hablar con los vecinos mediante voces sintéticas de alta fidelidad. El sistema estará destinado a los canales digitales de la Ciudad y podrá mantener conversaciones, procesar información de los trámites, analizar las interacciones y medir cuántos problemas resuelve sin intervención humana. La contratación abre una discusión que va mucho más allá de la tecnología: qué sucede cuando el Estado empieza a reemplazar la conversación entre personas por máquinas diseñadas para sonar como personas.

Por Roque Pérez para NLI

Hasta ahora, cuando un vecino tenía un problema con el Estado porteño, la relación podía ser incómoda, burocrática, lenta o frustrante, pero existía —al menos en principio— una dimensión humana detrás del mostrador, del teléfono o de la pantalla. Había alguien a quien explicarle una situación, alguien que podía escuchar una excepción, interpretar un problema que no encajaba exactamente en un formulario y, eventualmente, hacerse cargo de una respuesta. Esa relación está empezando a cambiar en la Ciudad de Buenos Aires: el Gobierno porteño acaba de adjudicar una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional y síntesis de voz de alta fidelidad que permitirá atender interacciones mediante agentes capaces de hablar con los ciudadanos utilizando voces artificiales cada vez más parecidas a las humanas.

La contratación fue adjudicada el pasado viernes 7 de agosto de 2026 mediante la Resolución 130/SECITD/26. El expediente corresponde a la Licitación Pública 2051-0661-LPU26 y tiene como destino la Dirección General Canales Digitales, dependiente de la Subsecretaría Ciudad Inteligente de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. El propio objeto de la licitación resulta revelador: “Plataforma de IA Conversacional y Síntesis de Voz de Alta Fidelidad Modalidad SaaS”. No se trata, entonces, de comprar simplemente un sistema que convierta textos en audios, sino de incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.

Incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.

Cuando el Estado empieza a hablar con voz de máquina

La tecnología contratada tiene una característica que modifica radicalmente la experiencia: la inteligencia artificial no se limitará a responder por escrito. La plataforma elegida es ElevenLabs, una herramienta especializada en generación y síntesis de voz, y la contratación contempla además servicios de contingencia y consultoría, soporte y mantenimiento evolutivo del denominado “ecosistema de voz”. El contrato fue adjudicado a Solar Insights S.A. por $3.020.928.204,80, de los cuales $950.366.524,80 corresponden a la suscripción de ElevenLabs, $1.198.050.000 a servicios de contingencia (una bolsa equivalente a 4,2 millones de minutos, cuyo uso dependerá de las necesidades y consumo del sistema) y $872.511.680 a consultoría, soporte y mantenimiento.

La cifra, por supuesto, merece ser observada, pero reducir la historia a cuánto dinero se gastó sería perder lo más importante. La verdadera transformación está en el vínculo que el Estado pretende establecer con quien necesita de sus servicios. La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta la herramienta, sino qué clase de administración pública empieza a construirse cuando una máquina puede recibir una queja, reconocer el lenguaje utilizado, contestar con una voz natural y continuar la conversación sin que necesariamente aparezca un trabajador estatal del otro lado.

La propia estructura de la contratación revela esa orientación. La Dirección General Canales Digitales tiene entre sus responsabilidades coordinar las interfaces entre plataformas digitales y canales conversacionales, además de establecer estándares de experiencia conversacional para los bots utilizados por el Gobierno porteño. La nueva plataforma se incorpora, por lo tanto, dentro de una estrategia más amplia de digitalización de la relación entre la administración y sus ciudadanos.

Y hay una palabra particularmente significativa en esta transformación: “conversacional”. Una pantalla que devuelve información es una cosa. Una voz que responde “entiendo su problema”, hace una pausa, formula una pregunta y continúa la conversación es otra completamente distinta. La segunda construye una apariencia de vínculo interpersonal. La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.

La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.

Ese detalle tiene consecuencias sociológicas que suelen quedar ocultas detrás de palabras como innovación, eficiencia o modernización. Durante décadas, la burocracia estatal fue criticada por su despersonalización: formularios, números de expediente, ventanillas, sellos y turnos convertían a las personas en números administrativos. La paradoja de la nueva revolución digital es que ahora puede ocurrir algo diferente: el Estado puede despersonalizar todavía más la atención mientras utiliza máquinas diseñadas para parecer personales.

La burocracia del futuro podría no tener una ventanilla fría ni un empleado que responde mecánicamente. Podría tener una voz amable, cálida y perfectamente modulada que haga exactamente lo mismo.

La máquina que escucha, interpreta y mide al ciudadano

El salto tecnológico no está solamente en que la IA pueda hablar. También está en lo que ocurre alrededor de esa conversación. La documentación técnica de la contratación contempla una infraestructura capaz de trabajar con agentes conversacionales, integrar información y evaluar las interacciones. Entre los objetivos aparece la medición de la resolución autónoma de las conversaciones, es decir, cuánto puede resolver el sistema sin intervención de un operador humano.

Esto cambia el criterio con el que se evalúa la atención pública. Durante décadas, la calidad de un servicio podía medirse por la capacidad de una persona para resolver un problema, orientar a un vecino o comprender una situación particular. En el nuevo esquema aparece otra variable: qué porcentaje de ciudadanos puede ser atendido completamente por una máquina.

No es un detalle menor. Significa que la automatización deja de ser solamente una herramienta auxiliar y comienza a convertirse en un objetivo de gestión. Cuanto mayor sea la proporción de conversaciones que el sistema resuelva sin derivarlas a una persona, más eficiente será considerado el mecanismo.

La tecnología también permite trabajar con voz, transcripciones y análisis de las conversaciones, lo que introduce otra dimensión delicada: el ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente. La Agencia de Acceso a la Información Pública viene advirtiendo precisamente sobre la necesidad de incorporar transparencia y protección de datos personales durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Su guía para entidades públicas y privadas señala que la transparencia y la protección de datos son dimensiones centrales de una IA responsable.

El ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente

La propia AAIP creó en 2023 un programa específico sobre transparencia y protección de datos personales en el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer las capacidades estatales frente a los riesgos asociados a estos sistemas. El organismo remarcó que la privacidad y la protección de los datos deben ser consideradas desde la recopilación hasta la utilización, almacenamiento y supresión de la información.

Por eso, en este nuevo escenario aparece una pregunta inevitable: ¿qué sabe exactamente la máquina de la persona con la que está hablando? Y otra todavía más importante: ¿qué sabe esa persona acerca de la máquina con la que está hablando?

¿El vecino sabrá que del otro lado no hay una persona?

Aquí aparece uno de los puntos más sensibles de la contratación.

En la documentación pública que pudimos revisar no encontramos una cláusula expresa que establezca que el ciudadano deba ser informado, al comenzar la conversación, de que está interactuando con una inteligencia artificial. Tampoco la resolución de adjudicación establece una obligación semejante. Esto no permite afirmar que la Ciudad vaya necesariamente a ocultarlo: puede existir una instrucción posterior de implementación, una política de privacidad o una advertencia incorporada al sistema que no forme parte de la resolución publicada. Pero, al menos en los documentos analizados, no aparece de manera explícita esa obligación de identificación frente al ciudadano.

Y la cuestión no es trivial. Cuanto más natural resulte una voz artificial, más importante se vuelve saber quién está hablando.

Una voz humana transmite mucho más que palabras: genera confianza, autoridad, cercanía y, en determinadas circunstancias, empatía. Si un ciudadano escucha una voz perfectamente natural diciéndole que su reclamo fue recibido, puede interpretar que detrás existe una persona que comprendió su situación. Pero una voz humana no significa que exista una persona. La diferencia entre ambas cosas puede volverse prácticamente invisible.

La Argentina, de hecho, ya reconoce institucionalmente que el uso de inteligencia artificial exige reglas de transparencia. La AAIP sostiene que el Estado debe garantizar que los sistemas sean comprensibles y responsables, y sus recomendaciones para el uso de IA señalan que los proyectos públicos deben contemplar la transparencia, la protección de los datos y los riesgos de los procesos automatizados.

El problema, entonces, no es estar a favor o en contra de la inteligencia artificial. El problema es quién controla la relación entre la máquina y el ciudadano y cuánto sabe el ciudadano acerca de esa relación. Porque una cosa es que el Estado diga: “Esta es nuestra inteligencia artificial; puede ayudarte a resolver este trámite y, si no puede hacerlo, te comunicará con una persona”. Y otra muy diferente es construir una experiencia en la que el usuario tenga la impresión de estar conversando con un empleado cuando en realidad está hablando con un sistema automatizado. La primera situación puede ser una herramienta tecnológica. La segunda plantea un problema de transparencia y autonomía.

La eficiencia como nueva forma de deshumanización

Hay una cuestión todavía más profunda. La incorporación de IA suele justificarse mediante una palabra que parece indiscutible: eficiencia. Una máquina puede atender miles de consultas simultáneamente, no se enferma, no tiene horarios, puede responder de manera uniforme y no necesita multiplicar la cantidad de trabajadores a medida que crece la demanda.

Todo eso puede ser cierto. Pero la eficiencia no es el único valor que debería organizar una administración pública.

Un Estado no existe solamente para procesar trámites. Existe para relacionarse con personas que, muchas veces, llegan a él precisamente porque tienen un problema. El ciudadano que reclama porque perdió un turno, porque no puede acceder a un beneficio, porque necesita resolver una infracción, porque tiene dificultades con un trámite o porque no comprende una decisión administrativa no siempre necesita únicamente una respuesta correcta. A veces necesita que alguien pueda comprender que su situación es excepcional.

La máquina trabaja extraordinariamente bien con aquello que puede ser convertido en datos. El problema comienza cuando la vida real no entra en el formulario.

La promesa de la IA es que esos límites podrán reducirse. Y probablemente sea así. Pero mientras más decisiones y respuestas se automaticen, mayor será la necesidad de preservar mecanismos de atención humana para los casos que no encajen en las categorías previstas por el algoritmo.

El riesgo no es que una computadora sea fría. El riesgo es más profundo: que el Estado termine considerando que una conversación está resuelta cuando el sistema logró cerrar el ticket, aunque la persona siga teniendo el problema.

La Ciudad acaba de dar un paso importante en esa dirección. La resolución del 7 de agosto formalizó la adjudicación de una herramienta que puede convertirse en una nueva puerta de entrada a la administración porteña. La licitación recibió cuatro ofertas y finalmente fue adjudicada a Solar Insights S.A., presidida por Matías Bedacarratz; las otras tres fueron desestimadas por no cumplir con las condiciones del pliego.

No estamos, entonces, ante una fantasía futurista. La transformación ya tiene expediente, licitación, empresa adjudicataria, presupuesto y una tecnología concreta. Lo que todavía está abierto es la discusión democrática sobre qué límites deberá tener esa transformación. Porque una ciudad inteligente no debería ser solamente aquella que responde más rápido. También debería ser aquella que sabe cuándo una persona necesita hablar con otra persona.

Y quizás esa sea la pregunta más importante que deja esta contratación: si el Estado puede construir una máquina capaz de sonar como nosotros, ¿quién se asegurará de que detrás de esa voz siga existiendo un Estado capaz de escucharnos como seres humanos?