El Intendente Marcelo Orazi acompañó hoy a la Gobernadora Arabela Carreras en el acto en el que tomó juramento a la Ministra de Turismo y Deportes de la provincia Martha Vélez y del Secretario de Estado de Cultura Ariel Ávalos que se desarrolló en el predio de Los Gansos Restó en Villa Regina.
En estos momentos, la mandataria provincial encabeza la reunión de su gabinete en el mismo lugar.
Previo a la jura, el Intendente Orazi dio la bienvenida a los presentes y agradeció a Carreras por elegir a nuestra ciudad como sede de estos encuentros. “Es un honor personal, para todo mi equipo de trabajo y para Regina que estén todos ustedes visitándonos. Este tipo de actividades reposiciona a la ciudad en el contexto del Alto Valle Este y dentro de la provincia de Río Negro y por eso te agradezco Arabela por esta decisión”, manifestó el jefe comunal.
Continuó: “Les deseo un mejor 2021 que el año que pasamos, que lo encaremos con más fuerza, sabiendo que las decisiones que tomamos redundarán en beneficio de los rionegrinos y de los reginenses en mi caso”.
Luego, la Gobernadora les tomó juramento a Vélez y Ávalos. Luego en su mensaje Carreras señaló que “Regina tiene la capacidad de hospitalidad que nos invita a volver cada vez”.
“Este acto que trajimos aquí significa poner en foco actividades que han sufrido muchísimo el año pasado. Estamos jerarquizando porque reconocemos el valor del turismo que requiere más atención y estructura; del deporte que no se ha podido desplegar como lo veníamos haciendo con la gestión de Alberto (Weretilneck) y, por supuesto, la cultura que realmente ha sufrido el aislamiento de una manera increíble”, manifestó.
Agregó que “este año va a tener desde el gobierno esta perspectiva productiva que venimos profundizando en las distintas ramas de la actividad. Tenemos que recorrer un camino para poder recuperar actividades con nuevos protocolos”.
“Con este espíritu nos vamos a reunir todo el gabinete, con el objeto de poner en agenda los principales temas de cada ministerio para este año, con una mirada desde los problemas a abordar para el gobierno, generar una buena agenda de trabajo, con la mirada puesta en el trabajo transversal lo que nos ha permitido optimizar el esfuerzo y los recursos, mejorando los resultados en materia de las respuestas que tenemos que brindar a los rionegrinos y rionegrinas”, finalizó.
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La foto que protagonizó Karina Milei –con su hermano, el presidente, en un segundo plano– junto a Cristian Ritondo y Diego Santilli en Casa Rosada, encendió alertas en los armados libertarios del Conurbano que se niegan a ceder lugares en las listas locales.
En varios municipios la interna libertaria presenta un nivel de descontrol superlativo por distintas razones: desencantados que rompen y arman bloques aparte, problemas con los que llegaron con Patricia Bullrich y la irrupción creciente de desafíos que Santiago Caputo le planta al armador de Karina, Sebastián Pareja.
En medio de todo eso, nada quieren saber con sumar un factor más de tensión. “Lo que pasa es que hay poco para dar y la mayoría de las veces vienen pensando que han ganado algo”, señalaron a LPO en el armado liberario de San Martín que lidera Marcelo Gil Ballester.
Ahí, recordaron que el PRO perdió la interna en 2023 a manos del abogado mediático Mauricio D’Alessandro. “Hay que explicarles o despertarlos de que perdieron”, agregaron.
En Almirante Brown le bajan el precio a la reunión de Casa Rosada y aclaran que fue “una reunión de dirigentes que están buscando realizar acuerdos pero no como partido”.
Cerca del armado de Juan Pedro Aquino señalaron a LPO que no necesitan de las patas locales de Ritondo y Santilli para crecer como espacio en Brown.
En agosto pasado, los libertarios de Brown le habían advertido a la referente local de Bullrich, la diputada Florencia Retamoso que no aceptarían “exigencias de ninguna naturaleza” y que era bienvenida la “acompañar”. Un planteo similar bajaron ante la posibilidad de más llegadas del PRO.
“Siento que los libertarios tienen miedo de perder sus lugares”, dijo a LPO un armador de Ritondo en el Conurbano, parta confirmar la reticencia de los armados locales de LLA.}
Lo que pasa es que hay poco para dar y la mayoría de las veces vienen pensando que han ganado algo
Hay casos paradigmáticos, como en La Matanza, donde las tensiones entre libertarios y dirigentes del PRO tienen su raíz desde la determinante fiscalización durante el ballotage, cuando en el partido de Macri acusaron al coordinador de LLA en La Matanza, Luis Ontiveros, de pretender un manejo “exclusivo” del tema, sin abrir el juego a otras líneas internas.
Desde entonces, los libertarios matanceros mantienen un fuerte rechazo a un acercamiento con algunas líneas locales del PRO.
En Quilmes ocurre algo particular. Fuentes libertarias señalaron a LPO que Karina tiene especial interés en darle dinamitar el armado que en ese distrito lidera el secretario de Culto, Nahuel Sotelo que, semanas atrás, lanzó su línea interna con concejales y el periodista deportivo Walter Queijeiro.
Como contó LPO, experimentos de ese tipo enfurecen a Karina ya que desconocen a Pareja y responden a directrices de Santiago Caputo.
De efectivizarse la llegada de Santilli, hay quienes aseguran que Karina buscará alimentar con Martiniano Molina al armado oficial de LLA en Quilmes para “dinamitar” a la línea interna de Sotelo.
La organización que nuclea a la conducción del Poder Judicial de todos los distritos del país se manifestó fuertemente contra los cuestionamientos que desde el gobierno de Milei hicieron a la jueza Karina Andrade, que el miércoles pasado ordenó liberar a todos los detenidos en la manifestación de los jubilados en inmediaciones del Congreso, al evaluar que no existía ninguna prueba contra ellos de la comisión de un delito.
Andrade es jueza de primera instancia en lo penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires y actuó como contralor de garantías de los detenidos en los incidentes entre manifestantes y los uniformados, que reprimieron de manera desbordada. La magistrada, de 42 años, sostuvo que no se le suministró desde las fuerzas de seguridad ni de las fiscalías información alguna que permitiera formular cargos a ninguno de los apresados, lo que motivó la resolución que les dio la libertad.
Desde el gobierno nacional la emprendieron contra Andrade. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció de inmediato que pediría su apartamiento y posteriormente sostuvo que la denunciaría penalmente por la liberación de los detenidos sin verificación de antecedentes. Desde la Casa Rosada también la descalificaron políticamente al tratarla de “jueza de la Cámpora”, algo que algunos medios periodísticos recogieron y difundieron.
“Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial”, señaló la entidad. En ese pronunciamiento, se remarca que los jueces no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus resoluciones.
Se trata de la organización que nuclea a los máximos representantes de la Justicia de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. La preside la presidenta del Supremo Tribunal de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, y cuenta entre sus vicepresidentes al juez de la Corte Suprema bonaerense, Sergio Torres, un experimentado ex juez federal.
Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial.
El jueves pasado Bullrich había escrito en su cuenta de X: “Exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia”.
“Como se ha sostenido la independencia judicial consagrada en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales es una pieza clave para asegurar el sistema democrático y el estado de derecho. Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso”, dicen los representantes de todas las Cortes de la Argentina.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Es un pronunciamiento categórico de los jueces de mayor jerarquía contra el gobierno. Allí interpretan que la insinuación de un juicio político contra la magistrada porteña es un acto de amedrentamiento.
La cartera a cargo de Bullrich presentó este viernes un recurso para pedir la incompetencia de Andrade para intervenir en este caso y adelantó que está “evaluando la presentación de una denuncia penal penal por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos” ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también declaró al conocerse el fallo que se analizaría la actuación de la jueza ante el Consejo de la Magistratura “por posible incumplimiento de sus funciones”.
Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso.
El legislador porteño Yamil Santoro, de La Libertad Avanza, también presentó una denuncia contra Andrade, a la que acusó de desempeño inadecuado, maltrato sistemático a su personal y decisiones judiciales que comprometen la seguridad pública.
Los jueces superiores de la Argentina tuvieron en cuenta este contexto para pronunciarse. “La estabilidad, autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de su función es esencial para tutelar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales. Se enfatiza que en la realidad contemporánea, los principios y preceptos constitucionales interpretados de acuerdo a los Pactos Internacionales, la independencia del Poder Judicial expresamente consagrada por la Constitución Nacional en los arts. 18, 109, 110 y concordantes, no comporta un privilegio para los jueces. Por el contrario, está instituido en beneficio de los ciudadanos, importando más que un derecho fundamental, en realidad, una garantía institucional”, plantearon.
La jueza contravencional porteña, Karina Andrade.
Este sábado Andrade defendió su criterio para desvincular a los detenidos. “Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”, explicó al hablar con Radio 10. Dijo también que nada impide que se pueda perseguir a esas personas si surgen elementos que así lo permitan, que ella, remarcó, no tuvo a disposición la noche del miércoles.
Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución.
Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. “Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, afirmó.
La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un “derecho baluarte del sistema democrático”.
En nuestro sistema, la autenticidad personal es a menudo castigada mientras que adaptarse a normas estéticas y emocionales impuestas es recompensado. La infidelidad a uno mismo se manifiesta rechazando aspectos físicos o emocionales propios, o silenciando nuestras verdaderas pasiones bajo la influencia social o por el deseo de aceptación. Sin embargo, ser fiel a uno mismo, aunque desafiante, conduce a la verdadera libertad y realización de sueños sin limitaciones, encontrando así la victoria más significativa.
Lo que me dejó la asamblea en el hospital área programa Villa Regina: Hay un alto grado de desorganización. Cuando en estos casos la organización debe primar para poder optimizar los pocos recursos que se tienen. Hay fuego cruzado entre diversas áreas. Si los nexos internos están rotos, la comunicación falla, si falla la comunicación…
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