El Intendente Marcelo Orazi acompañó hoy a la Gobernadora Arabela Carreras en el acto en el que tomó juramento a la Ministra de Turismo y Deportes de la provincia Martha Vélez y del Secretario de Estado de Cultura Ariel Ávalos que se desarrolló en el predio de Los Gansos Restó en Villa Regina.
En estos momentos, la mandataria provincial encabeza la reunión de su gabinete en el mismo lugar.
Previo a la jura, el Intendente Orazi dio la bienvenida a los presentes y agradeció a Carreras por elegir a nuestra ciudad como sede de estos encuentros. “Es un honor personal, para todo mi equipo de trabajo y para Regina que estén todos ustedes visitándonos. Este tipo de actividades reposiciona a la ciudad en el contexto del Alto Valle Este y dentro de la provincia de Río Negro y por eso te agradezco Arabela por esta decisión”, manifestó el jefe comunal.
Continuó: “Les deseo un mejor 2021 que el año que pasamos, que lo encaremos con más fuerza, sabiendo que las decisiones que tomamos redundarán en beneficio de los rionegrinos y de los reginenses en mi caso”.
Luego, la Gobernadora les tomó juramento a Vélez y Ávalos. Luego en su mensaje Carreras señaló que “Regina tiene la capacidad de hospitalidad que nos invita a volver cada vez”.
“Este acto que trajimos aquí significa poner en foco actividades que han sufrido muchísimo el año pasado. Estamos jerarquizando porque reconocemos el valor del turismo que requiere más atención y estructura; del deporte que no se ha podido desplegar como lo veníamos haciendo con la gestión de Alberto (Weretilneck) y, por supuesto, la cultura que realmente ha sufrido el aislamiento de una manera increíble”, manifestó.
Agregó que “este año va a tener desde el gobierno esta perspectiva productiva que venimos profundizando en las distintas ramas de la actividad. Tenemos que recorrer un camino para poder recuperar actividades con nuevos protocolos”.
“Con este espíritu nos vamos a reunir todo el gabinete, con el objeto de poner en agenda los principales temas de cada ministerio para este año, con una mirada desde los problemas a abordar para el gobierno, generar una buena agenda de trabajo, con la mirada puesta en el trabajo transversal lo que nos ha permitido optimizar el esfuerzo y los recursos, mejorando los resultados en materia de las respuestas que tenemos que brindar a los rionegrinos y rionegrinas”, finalizó.
La Resolución 531/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, elimina el antidumping para el calzado deportivo desmontado y expone el rumbo de un modelo que resigna producción nacional. Bajo el argumento de reducir precios y modernizar la industria, el Gobierno avanza en un esquema que reemplaza fabricación por ensamblaje, profundiza la dependencia tecnológica y redefine el trabajo industrial en la Argentina.
El Gobierno de Javier Milei acaba de dar un paso que, lejos de ser técnico o neutro, expone con crudeza el rumbo económico que eligió transitar: menos industria, más dependencia y una peligrosa resignación productiva. La Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 21 de abril de 2026 y firmada por el ministro Luis Caputo, no es solo una norma administrativa; es una declaración ideológica en estado puro. Bajo la excusa de “modernizar” el sector del calzado, se decidió excluir del régimen antidumping al calzado deportivo desmontado proveniente de China, es decir, zapatillas que llegan en partes para ser ensambladas en el país.
El dato puede parecer menor, casi burocrático, pero esconde una transformación profunda. Lo que antes ingresaba como producto terminado y pagaba un derecho antidumping para proteger a la industria local, ahora entra desarmado, eludiendo ese recargo. En términos prácticos, el Estado argentino deja de defender la producción nacional en nombre de una supuesta eficiencia que, en realidad, se apoya en una lógica de importación encubierta.
El argumento oficial suena prolijo: abaratar costos, facilitar el acceso a insumos tecnológicos y, en última instancia, bajar los precios al consumidor. Una narrativa seductora en tiempos de bolsillos golpeados. Sin embargo, cuando se corre el velo, aparece la tensión estructural que atraviesa toda la medida. Porque lo que el Gobierno presenta como una estrategia de competitividad no es otra cosa que la aceptación explícita de una derrota industrial.
La propia resolución lo admite sin rodeos: existe una “brecha tecnológica significativa” en el segmento de calzado deportivo de alta performance. Traducido: Argentina no produce los materiales ni las tecnologías necesarias para competir en ese nicho. Frente a ese diagnóstico, el camino elegido no es invertir, desarrollar o proteger capacidades locales, sino directamente importar la tecnología en forma de piezas y limitarse a ensamblarlas.
Ahí está el corazón del problema. El modelo que se promueve no es industrial en sentido pleno. Es un esquema híbrido, donde el país aporta mano de obra y procesos básicos —pegado, armado, terminación— mientras el valor estratégico queda en el exterior. Según los datos oficiales, este sistema genera apenas un 20% de valor agregado local. El resto, el núcleo tecnológico y económico del producto, sigue estando afuera.
Empresas como Topper Argentina o Puma Sports Argentina ya operan bajo este formato. Importan kits desmontados, los ensamblan en plantas locales y colocan el producto en el mercado. El Gobierno utiliza estos casos como ejemplo de “integración productiva”. Pero la pregunta incómoda es inevitable: ¿esto es industria o simplemente una maquila sofisticada?
El crecimiento de este esquema no deja lugar a dudas sobre la dirección del sector. Entre 2015 y 2019, el calzado desmontado representaba el 28% de las importaciones. Entre 2021 y 2023, esa cifra saltó al 59%. Es decir, el modelo ya no es marginal: se está convirtiendo en la regla. Y la decisión oficial no hace más que consolidarlo.
El problema es que esta transformación ocurre en un contexto de debilidad estructural. El empleo en el sector del calzado viene en caída desde hace más de una década y la producción está lejos de sus niveles históricos. En ese escenario, flexibilizar las barreras a la importación —aunque sea de manera indirecta— no parece una política inocua. Más bien, funciona como un acelerador de esa tendencia regresiva.
Desde el Gobierno insisten en que no se destruye industria, sino que se la reconvierte. Una palabra elegante para describir un proceso mucho más áspero: el pasaje de un modelo productivo integral a uno fragmentado, dependiente y vulnerable. Porque ensamblar no es lo mismo que fabricar. Y en esa diferencia se juega algo más que una discusión técnica: se juega la soberanía económica.
La medida también se alinea con otra decisión clave: la reducción del Derecho de Importación Extrazona al 0% para estos insumos. En otras palabras, se construye un andamiaje normativo que facilita, abarata y estimula la importación de partes. El resultado es una ecuación clara: producir localmente cada vez menos y ensamblar cada vez más.
El discurso oficial promete que esa reducción de costos se trasladará a los precios. Pero la experiencia histórica invita a la cautela. No hay garantías reales de que esa baja llegue al consumidor. Lo que sí es seguro es que las empresas verán reducidos sus costos. El resto, como tantas veces, quedará librado a la lógica del mercado.
Mientras tanto, el sector productivo vive una tensión cada vez más evidente. Las pymes reclaman protección frente a la competencia externa, mientras las grandes marcas empujan por un acceso más flexible a insumos importados. La resolución, lejos de equilibrar esas posiciones, toma partido de manera implícita por uno de los actores.
En ese sentido, la exclusión del calzado desmontado del régimen antidumping funciona como una suerte de “zona liberada” dentro del sistema comercial. Un espacio donde la lógica de la apertura se impone sin matices, aun cuando el costo sea profundizar la fragilidad industrial.
El trasfondo es ideológico. La medida responde a una visión que desconfía del Estado como herramienta de desarrollo y apuesta a la desregulación como solución universal. En esa lógica, la industria deja de ser un objetivo estratégico y pasa a ser una variable de ajuste.
Pero la realidad es más compleja. La economía no es un laboratorio donde las teorías se aplican sin consecuencias. Detrás de cada decisión hay trabajadores, empresas, territorios. Y en este caso, lo que está en juego es el futuro de un sector que ya viene golpeado.
Aceptar que Argentina no puede producir calzado deportivo de alta tecnología puede ser un diagnóstico honesto. Convertir esa limitación en política permanente es otra cosa. Es resignar la posibilidad de desarrollar capacidades propias, de generar conocimiento, de construir un entramado productivo más robusto.
En ese escenario, hablar de “industria nacional” ya no es una consigna abstracta sino una realidad cada vez más acotada y, en muchos casos, al borde de la asfixia. Porque mientras el discurso oficial celebra la apertura y la baja de costos, lo que queda del entramado productivo local sobrevive como puede, lejos de las grandes marcas globales y sin el respaldo de políticas sostenidas. Existen, sí, fábricas que todavía producen en serio, que no se limitan a ensamblar piezas importadas, pero son cada vez menos y operan en condiciones desiguales.
Ahí aparecen casos como Raptor, una experiencia nacida en plena pandemia que decidió fabricar botines y calzado deportivo con procesos locales en su propia planta, apostando a un modelo productivo que parece ir a contramano del rumbo general. También está Unitec Blue, una pyme con base industrial que sostiene producción nacional en un mercado cada vez más hostil, o Bando, que mantiene una lógica fabril clásica aunque con escala reducida. En un registro similar se ubica Signia, que conserva procesos productivos propios y presencia en segmentos técnicos, mientras que Gaelle representa ese híbrido entre diseño local y fabricación que aún intenta sostenerse dentro del país.
Pero incluso en estos casos, la realidad impone límites difíciles de esquivar. La mayoría depende, en mayor o menor medida, de insumos importados, enfrenta costos estructurales elevados y compite contra cadenas globales que operan con otra escala, otra tecnología y otro respaldo financiero. No se trata de empresas ineficientes, como muchas veces se intenta instalar, sino de actores que juegan en una cancha inclinada.
Y ahí es donde la medida del Gobierno deja de ser un simple ajuste técnico para convertirse en un factor decisivo. Porque cuando se facilita la importación —aunque sea en forma de piezas “desmontadas”— no se está generando una competencia virtuosa, sino profundizando una desigualdad estructural. Lo que queda en pie no es una industria robusta que se adapta, sino un puñado de fábricas que resisten. Y la pregunta, otra vez, es cuánto tiempo más podrán hacerlo.
En definitiva, la Resolución 531/2026 firmada por Luis Caputo no es solo una medida sobre zapatillas. Es una pieza más de un modelo económico que prioriza el corto plazo, la baja de costos y la apertura comercial por sobre cualquier estrategia de desarrollo industrial. Un modelo que, en nombre de la eficiencia, corre el riesgo de vaciar de contenido a la propia idea de producción nacional.
Y en ese camino, la pregunta que queda flotando —incómoda, persistente— es si el país está eligiendo competir en el mundo o simplemente resignarse a ensamblarlo.
Donald Trump llevó su lógica de amenazas al máximo nivel de tensión. A horas que se cumple el ultimátum que le dio a Irán para abrir el Estrecho de Ormuz y llegar a un acuerdo, el líder republicano lanzó un temerario mensaje en el que planteó que «una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá».
El líder de la Casa Blanca no dio detalles, pero ya ha dicho que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta regresarlo a la «Edad de Piedra».
El texto continuó: «Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder», expreso en su mensaje de este martes.
«Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin», aseguró. «Dios bendiga al gran pueblo de Irán», manifestó.
La respuesta de Irán fue en el mismo tono. El presidente, Masoud Pezeshkian, dijo en su red social que «más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán. Yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán».
Masoud Pezeshkian, presidente de Irán.
En ese marco, el régimen de los ayatolá sostuvo que en caso que Estados Unidos cumpla su amenaza, los ataques irán más allá de la región y advirtió en paralizar el gas y el petróleo para siempre.
Por su parte, el vicepresidente JD Vance reconoció los recientes ataques estadounidenses en la isla de Jarg, pero dijo que no suponían «un cambio de estrategia» antes de la fecha límite que fijó Trump para que Irán abriera el estrecho de Ormuz.
Vance reconoció los ataques estadounidenses y dijo que había hablado previamente con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y con el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.
«Según tengo entendido, tras haber hablado con Pete Hegseth y el general Caine al respecto, íbamos a atacar algunos objetivos militares en la isla de Jarg. Creo que así lo hemos hecho», declaró durante una rueda de prensa en Budapest el martes.
En paralelo, el crudo estadounidense subió otro 3 %, hasta situarse en torno a los 116 dólares por barril en las últimas operaciones. Los futuros del petróleo cotizaban estables o con una ligera baja el martes por la mañana, pero entonces los medios iraníes informaron de explosiones en la isla de Jarg , desde donde se exporta casi todo el petróleo del país.
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Patricia Bullrich se negó a responder preguntas sobre Manuel Adorni durante el evento de la Amcham en la Capital Federal. «Punto, basta», dijo la ex ministra de Seguridad ante la insistencia de los periodistas que le pedían una opinión sobre la «resistencia» del jefe de Gabinete, en medio del impacto que sufre el gobierno por las causas judiciales que complican al vocero presidencial.
Bullrich llegó al encuentro de los empresarios norteamericanos con intereses en Argentina y fue abordada por la prensa. «Patricia, ¿qué quiso decir con que tiene el cuero más duro que Manuel Adorni?», le preguntaron de movida.
La jefa de la bancada libertaria en el Senado contestó: «No, no voy a hablar de nuevo». «Es un tema que lo está llevando la Justicia, no es un tema de discusión porque es un tema que lo lleva la justicia y punto, basta, no quiero explicar nada», zanjó.
Los periodistas insistían y le preguntaron si Adorni tenía el «boleto picado». «¿Vamos a hablar de Adorni o vamos a hablar de las inversiones que estamos discutiendo hoy para el país?», preguntó la legisladora.
Sin embargo, una cronista justificó la inquietud generalizada: «la situación de Adorni interesa a gran parte del país, ministra», le dijo.
Ya fastidiada, Bullrich indicó: «a gran parte del país le interesa que sigamos trabajando, sigamos en un camino, sigamos en el camino de la estabilidad, sigamos en el camino de lograr que la Argentina crezca».
La senadora ya no tuvo el mismo tono displicente cuando ensayó una defensa sinuosa de Adorni, durante su visita a la bolsa de Comercio de Córdoba. «Está muy tocado, pero Milei decidió mantenerlo», había expresado Bullrich.
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