La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina propone una nueva jornada de feria de artesanos reginenses ‘ReEmprender’ para acompañar la música de los ‘Domingos de Plaza’.
Además, desde el sector de las casitas de artesanos en la Plaza Primeros Pobladores, saldrá una nueva caminata recreativa por la ciudad.
A partir de las 20 horas, se llevará adelante un recorrido para revalorizar los distintos sectores del centro de Villa Regina, con información histórica, cultural y de la geografía que nos rodea. Es una actividad gratuita y los interesados pueden inscribirse de manera anticipada o el mismo domingo unos minutos antes.
Para más información se pueden comunicar con la Oficina de Turismo al teléfono 2984 904350.
El Gobierno disolvió un fondo creado para el desarrollo infraestructura eléctrica, pero dejó intacto el cobro. Esa es la paradoja que quedó expuesta en el informe que Manuel Adorni presentó ante el Congreso. En la respuesta número 1.1173 el Gobierno admitió que el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal todavía no fue liquidado. La caja se cerró en los papeles, pero la plata sigue entrando todos los meses.
El dato no es menor. El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal acumula más de 38.600 millones de pesos entre abril de 2025 y marzo de 2026. Es un recargo que pagan todos los usuarios en la factura de luz. Nadie dejó de abonarlo. Y nadie termina de explicar con precisión qué destino tiene hoy esos miles de millones de pesos.
En el informe de la Jefatura de Gabinete se habla de un «proceso post disolutorio». Lo concreto es que el fondo fue eliminado por decreto, pero en los hechos sigue activo. Porque, mientras tanto, el recargo sigue corriendo. Es plata que sale del bolsillo de hogares, comercios e industrias en todo el país. No es optativo. Está incorporado en la estructura tarifaria y se traslada de forma automática. Se paga en Buenos Aires, en Córdoba o en el NOA. Es nacional.
Lo más incómodo es que ese dinero ya no va a una caja específica. Fue redireccionado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, dentro del presupuesto. Cambió el envase, no el mecanismo. Se sigue cobrando igual, pero con otra lógica de administración.
El problema es que el objetivo original quedó diluido. El fondo había sido creado en 1999 para financiar obras de transporte eléctrico en alta tensión. Los grandes tendidos que conectan regiones, evitan cuellos de botella y llevan energía a zonas alejadas.
El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal acumula más de 38.600 millones de pesos entre abril de 2025 y marzo de 2026 que deberían destinarse a obras. Es un recargo que pagan todos los usuarios en la factura de luz. Nadie dejó de abonarlo. Y nadie termina de explicar con precisión qué destino tienen hoy esos miles de millones de pesos.
Durante años, esa caja funcionó con un destino atado. Esa estructura obligaba a que los fondos tuvieran una trazabilidad clara: lo que se recaudaba debía terminar en obras concretas.
Hoy ese esquema se rompió. El Gobierno reconoce que no hay nuevas obras comprometidas bajo ese formato. Se sigue recaudando como si hubiera un plan de expansión en marcha, pero la infraestructura no avanza, esta paralizada.
Ahí aparecen las tensiones. La primera es la pérdida de trazabilidad. Sin fideicomiso, es más difícil seguir el rastro fino de cada peso. La segunda es la discrecionalidad. La administración directa por parte del Ministerio de Economía habilita decisiones más políticas que técnicas. La tercera es el ruido: se sigue cobrando un cargo que nació para un fondo que ya no existe formalmente.
Además, el recargo no es transparente en la factura. No aparece como «FFTEF». Se esconde en conceptos como cargos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica o en ítems regulatorios. Está ahí, pero no se ve con claridad. La factura eléctrica es una suma de capas donde estos componentes quedan mezclados.
Sin embargo, el número existe. El recargo que alimenta ese esquema ronda los $1.704 por MWh, es decir, cerca de $1,7 por kWh. Para un hogar promedio de 200 a 300 kWh mensuales, implica entre $340 y $500 por mes. No es el componente más grande de la boleta, pero es constante y universal.
En términos relativos, representa entre el 2% y el 5% de la factura, según el nivel de consumo. No es un porcentaje fijo. Es un cargo técnico que se integra al precio mayorista y se traslada al usuario final. Por eso se vuelve difícil de identificar.
En el Congreso quedó flotando una pregunta que nadie terminó de responder. Quién administra esa caja y con qué criterio.
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Una encuesta de Carlos Sicchar, uno de los consultores que suele trabajar para el oficialismo cordobés, encendió luces amarillas en El Panal: Martín Llaryora conserva un núcleo duro, pero una eventual unificación opositora pondría a la reelección del gobernador en un escenario de máxima tensión política.
El trabajo, realizado entre el 16 y el 18 de mayo sobre 1.000 casos en toda la provincia, muestra un dato que inquieta al Gobierno: aunque Llaryora sigue siendo el dirigente con mayor intención de voto individual, la fragmentación opositora es hoy su principal aliada.
En el escenario de «todos contra todos», el gobernador alcanza 31% de intención de voto, mientras que Luis Juez aparece con 14%, Rodrigo de Loredo con 9% y Gabriel Bornoroni con 4%. Más atrás quedan la izquierda y García Elorrio, ambos con 3%. Pero el dato central está en otro lado: el 13% todavía no sabe a quién votar y otro 9% asegura que votaría en blanco.
En otras palabras, si Juez, De Loredo y La Libertad Avanza lograran confluir en un armado común, la suma opositora quedaría prácticamente en línea con el gobernador y abriría una pelea completamente distinta hacia 2027.
Llaryora tiene piso, pero la gran duda es cuál es su techo. Sicchar lo plantea de manera explícita en las conclusiones preliminares del informe: «Martín Llaryora logra retener su núcleo duro, estableciendo un piso competitivo sólido».
Ese dato explica buena parte de la estrategia política que viene desplegando el gobernador desde comienzos de año. Mientras el Gobierno de Milei profundiza el ajuste, Llaryora aceleró las recorridas por el interior provincial, reforzó el vínculo con intendentes y volvió a poner el eje en la gestión territorial.
En El Panal, se baraja como principal hipótesis adelantar las elecciones provinciales para abril o mayo de 2027. Pese al poco tiempo, consideran que todavía hay tiempo para reconstruir una mayoría electoral más amplia. Pero admiten que el desafío ya no pasa solamente por conservar el aparato político que construyó el peronismo cordobés en más de dos décadas de poder. Ahora necesitan reconectar con sectores medios que comenzaron a tomar distancia.
La encuesta ofrece una pista precisa sobre dónde está ese problema.
El segmento de indecisos aparece concentrado principalmente en mujeres, menores de 30 años y hogares de ingresos medio-bajos. El 57% de los indecisos son mujeres y el 31% tiene entre 16 y 30 años. Además, la mayor parte pertenece a hogares que no logran superar cómodamente la línea de pobreza.
Ese universo es justamente el que más sufrió el deterioro económico de los últimos meses.
El informe también registra un cambio importante en el clima político general de Córdoba. Javier Milei, que había alcanzado niveles de aprobación cercanos al 61% a comienzos de año, cayó al 48%, mientras que la desaprobación subió al 46%.
En cambio, Llaryora logró sostener su evaluación positiva pese a las crisis con docentes, jubilados y las altas tarifas de luz y agua. Según el estudio, el gobernador tiene 49% de aprobación y 42% de desaprobación, mejorando incluso cuatro puntos su imagen negativa respecto de la medición anterior.
Ese diferencial es el principal activo político del cordobesismo: la percepción de gestión provincial todavía resiste mejor que la evaluación nacional.
Pero el problema para el oficialismo es que la oposición, aun desordenada, empieza a detectar que existe una oportunidad real de disputar el poder.
Luis Juez conserva volumen político después de haber quedado a apenas tres puntos de derrotar al PJ en 2023. Rodrigo de Loredo sigue siendo el radical con mejor instalación provincial y apuesta a un perfil menos confrontativo. Y Gabriel Bornoroni intenta capitalizar el peso electoral que todavía mantiene Milei en Córdoba y convertirse en el armador de una coalición libertaria-pro. La pelota está en esa cancha.
La encuesta de Sicchar deja otro mensaje para Llaryora: el gobernador deberá seducir a ese electorado independiente, joven y golpeado económicamente que hoy mira la política con distancia y todavía no decidió su voto.
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