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Nueva edición de la Feria ReEmprender y caminata para observar el atardecer

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina propone una nueva jornada de feria de artesanos reginenses ‘ReEmprender’ para acompañar la música de los ‘Domingos de Plaza’.

Además, desde el sector de las casitas de artesanos en la Plaza Primeros Pobladores, saldrá una nueva caminata recreativa por la ciudad.

A partir de las 20 horas, se llevará adelante  un recorrido para revalorizar  los distintos sectores del centro de Villa Regina, con información histórica, cultural y de la geografía que nos rodea. Es una actividad gratuita y los interesados pueden inscribirse de manera anticipada o el mismo domingo unos minutos antes.

Para más información se pueden comunicar con la Oficina de Turismo al teléfono 2984 904350.

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    El petróleo venezolano: un botín equivalente a 400 endeudamientos de Caputo y Milei

     

    Venezuela no es un problema: es un botín. Con las mayores reservas de petróleo del planeta, valuadas en entre 17 y 18 billones de dólares, el país concentra un volumen de riqueza energética que explica décadas de presiones, sanciones, intentos de disciplinamiento y ahora, abiertamente, proyectos de recolonización. Detrás del discurso de la “democracia” y la “transición”, lo que está en juego es el control del petróleo.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Las mayores reservas del planeta y un crudo incómodo para el imperio

    Venezuela posee alrededor de 303 mil millones de barriles de petróleo probados, lo que representa cerca del 17 % de todas las reservas mundiales. No existe otro país con semejante volumen bajo su subsuelo.

    La mayor parte de ese petróleo se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco y corresponde a crudo extra-pesado, un tipo de petróleo más denso y costoso de procesar que el liviano. Su explotación requiere tecnología avanzada, inversiones constantes y capacidad de refinación específica, especialmente diseñada para este tipo de crudo.

    Ese dato técnico no es menor: explica por qué históricamente las grandes petroleras norteamericanas y europeas estuvieron tan interesadas en Venezuela, y también por qué las refinerías del Golfo de México fueron adaptadas durante décadas para procesar crudo venezolano. No es un petróleo cualquiera: es estratégico.

    A precios actuales del crudo, el valor bruto de esas reservas se calcula en unos 17 a 18 billones de dólares. Para dimensionarlo: equivale a entre el 76 y el 81 % de toda la masa monetaria M2 de Estados Unidos, o dicho de otro modo, a tres cuartas partes de todo el dinero que circula y se deposita en el sistema financiero estadounidense.


    Antes de la nacionalización: Venezuela producía, pero no mandaba

    Durante gran parte del siglo XX, el petróleo venezolano estuvo controlado por empresas extranjeras, principalmente estadounidenses. Desde las décadas de 1920 hasta los años 60, compañías como Exxon, Mobil y Gulf Oil dominaron la exploración, extracción y exportación del crudo.

    En ese período, Venezuela llegó a producir más de 3,7 millones de barriles diarios, ubicándose entre los principales productores del mundo. Sin embargo, el control real del negocio, las decisiones estratégicas y una porción sustancial de las ganancias quedaban fuera del país.

    El esquema era simple y conocido en América Latina: Venezuela ponía el recurso, las multinacionales se llevaban la renta.

    Ese modelo empezó a resquebrajarse cuando el petróleo dejó de ser visto solo como mercancía y pasó a ser comprendido como recurso estratégico y herramienta de soberanía.


    La nacionalización, PDVSA y el límite al saqueo

    En 1976, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Venezuela nacionalizó su industria petrolera y creó Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). A partir de ese momento, el Estado venezolano pasó a controlar la producción, refinación y comercialización del crudo.

    La nacionalización no fue una rareza: formó parte de una ola global de nacionalismo energético que recorrió el mundo en los años 70. Pero para Estados Unidos fue una señal clara de alerta: uno de sus principales proveedores de energía decidía no obedecer más.

    Décadas después, con Hugo Chávez, ese control estatal se profundizó. Desde 2007, las empresas extranjeras fueron obligadas a convertirse en socias minoritarias de PDVSA o retirarse. Algunas aceptaron —como Chevron—, otras se fueron denunciando “expropiaciones”.

    Lo que para Venezuela fue soberanía energética, para Washington fue y sigue siendo un “robo”. Desde entonces, el petróleo venezolano quedó en el centro de una guerra económica: sanciones, bloqueos, asfixia financiera y operaciones políticas.


    Un botín que explica todo: FMI, Argentina y el contraste brutal

    El valor de las reservas petroleras venezolanas permite entender la magnitud del conflicto.

    Con 17 a 18 billones de dólares (calculado ya extraído y en barriles), ese petróleo equivale a:

    • Entre 380 y 400 préstamos del FMI como el que sostiene Milei, de unos 45 mil millones de dólares.
    • Entre 26 y 28 PBI completos de la Argentina.
    • Siete u ocho veces todo el efectivo físico que circula en Estados Unidos.

    Mientras Argentina es disciplinada por el FMI por decenas de miles de millones, Venezuela es acosada por una riqueza que vale cientos de veces más. La diferencia no es moral ni ideológica: es material.

    Por eso Estados Unidos no negocia con Venezuela como con un país cualquiera. La discute, la sanciona, la amenaza o directamente intenta administrarla. No por su sistema político, sino por su subsuelo.


    El remate que incomoda

    Venezuela no es pobre: es demasiado rica para que la dejen en paz.
    Y la Argentina de Milei no es castigada por rebelde, sino por obediente y endeudable.

    Cuando se entiende que el petróleo venezolano equivale a décadas enteras de producción argentina, a cientos de acuerdos con el FMI y a una porción sustancial del dinero estadounidense, se cae el relato.

    No es democracia contra autoritarismo.
    Es saqueo contra soberanía.

     

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  • Ritondo presentó el amparo contra la designación de auditores que acordaron Máximo y Menem

     

    Cristian Ritondo presentó el amparo para impugnar el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación (AGN), por haberse realizado por fuera del temario previsto para la sesión extraordinaria convocada por el gobierno. Tal como informó LPO, los macristas se retiraron furiosos del recinto antes que se concretara la votación y, desde ese momento, adelantaron que continuarían con su planteo en el Poder Judicial

    El jefe del bloque PRO pidió que se declare «la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución», que se votó en la madrugada del jueves después que se le diera media sanción al proyecto de presupuesto. LPO publicó que la designación de los auditores se produjo por un acuerdo parlamentario entre Máximo Kirchner, Martín Menem y los gobernadores del norte, desplazando al macrismo y su voluntad de colocar en el colegio de la AGN al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.

    Según el escrito presentado por el diputado, «a las 02:55 am del día 18 de diciembre, cuando todavía restaba el tratamiento del expediente 0011-PE-2025 correspondiente al Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Orden del Día 2), en un horario de baja visibilidad pública y, a espaldas del debate público, tomó la palabra el Diputado Nacional Gabriel Bornoroni, Presidente del Bloque La Libertad Avanza, quien sorpresivamente formuló una moción, SIN ESPECIFICAR QUÉ MOCIÓN IBA A REALIZAR, SIN PEDIR APARTAMIENTO DE REGLAMENTO, para que la Cámara procediera a la designación de los Auditores Generales de la Nación».

    Escándalo en Diputados: Menem acordó con el kirchnerismo los lugares en la AGN y detonó la relación con el PRO

    Ritondo se opuso en ese instante a la designación que estaba a punto de producirse, apelando a la letra del artículo 63 y el inciso 9 del 99 de la Constitución Nacional. Su argumento fue que la Cámara había sido expresamente convocada por el Poder Ejecutivo para tratar un temario determinado.

    Por eso, solicita la suspensión de las designaciones realizadas en la escandalosa sesión del miércoles pasado. Fuentes del PRO comentaron a LPO que el lunes se realizaría el sorteo de la causa para saber en qué juzgado recaería, acaso un posible dolor de cabeza para el gobierno. Hasta el viernes, el oficialismo no creía que Ritondo tuviera la determinación de presentar su objeción en sede judicial.

    Martín Menem, en recinto.

    Además, en la presentación expresó: «Enfaticé que la Auditoría General de la Nación es un órgano extrapoder de rango constitucional, establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y que la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario». «Agregué que durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por su propia iniciativa, siendo el temario una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional que se establece en el Decreto de la convocatoria», sostuvo.

    La AGN es un órgano extrapoder de rango constitucional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario.

    Ritondo considera que «avanzar en la designación de autoridades de la AGN fuera de ese marco no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita, al violentar las reglas constitucionales que lo sustentan». «La gravedad institucional del hecho se profundiza al advertir que la moción- voy a seguir hasta el cansancio, no sabemos qué moción- fueintroducida de manera sorpresiva, sin haber sido tratada en la reunión de Labor Parlamentaria, sin dictamen previo, sin debate alguno y completamente al margen del temario de sesiones extraordinarias», remarcó.

    Por otra parte, el diputado macrista acusa a los flamantes auditores de haber prestado juramento «procurando completar de facto un procedimiento cuya irregularidad fue objetada por legisladores, analistas y organizaciones especializadas en control institucional».

     

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