La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina propone una nueva jornada de feria de artesanos reginenses ‘ReEmprender’ para acompañar la música de los ‘Domingos de Plaza’.
Además, desde el sector de las casitas de artesanos en la Plaza Primeros Pobladores, saldrá una nueva caminata recreativa por la ciudad.
A partir de las 20 horas, se llevará adelante un recorrido para revalorizar los distintos sectores del centro de Villa Regina, con información histórica, cultural y de la geografía que nos rodea. Es una actividad gratuita y los interesados pueden inscribirse de manera anticipada o el mismo domingo unos minutos antes.
Para más información se pueden comunicar con la Oficina de Turismo al teléfono 2984 904350.
El gobierno porteño avanza con la demolición de las casas ocupadas de la ex AU3 y este año subastará cinco terrenos que estaban intrusados. En paralelo, la Ciudad tendrá listos en 2027 110 departamentos para mudar los antiguos ocupantes.
La AU3 fue una autopista planificada por la última dictadura que nunca llegó a concretarse. Buscaba una salida/entrada desde provincia por el norte de la Ciudad a través de los barrios de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita.
Para ejecutar la traza se expropiaron decenas de propiedades, pero el proyecto nunca comenzó. Por eso, los barrios se llenaron de terrenos baldíos y las casas que no habían llegado a demolerse fueron ocupadas.
En algunas zonas, como el eje Donado-Holmberg, la Ciudad avanzó con desarrollos durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la mayoría de las propiedades continuaron ocupadas.
La Ley 6769 prevé la relocalización de las familias que ocupan las viviendas que estaban en la traza de la ex AU3. Esas viviendas luego son demolidas y se subastan los terrenos para emprendimientos inmobiliarios. Pero antes de demolerlas, las familias deben ser reubicadas en otra vivienda.
Para desarrollar las soluciones habitacionales, la traza de la ex AU3 se dividió en seis sectores. El sector 4, que comprende las casas intrusadas desde Juan B Justo a Avenida de los Incas es el que está en ejecución.
Render de los futuros edificios.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Gabriel Mraida acordaron avanzar con 6 nuevos edificios para mudar a los ocupantes y adjudicaron los proyectos en diciembre de 2025. Entre enero y octubre de 2027 estarán listos.
Los edificios están ubicados en Tronador 1131, en Córdoba 6520, en Córdoba 6210, en Humboldt 1235, en Darwin 1251 y en Forest 1083.
Para 2026 están previstas subastas de terrenos en Charlone 1645 (sector 4), Brasil 3219 (sector 4), La Pampa y Donado (sector 5), Sucre 4258 (sector 5) y Donado 1761/71 (sector 5).
«Se configura un circuito integral: la construcción de nuevas viviendas permite la relocalización de familias; esa relocalización habilita la demolición de los inmuebles ocupados; y la liberación de los lotes posibilita tanto nuevas obras como subastas, que a su vez generan recursos para sostener y ampliar el programa», sostuvieron desde el Ministerio de Desarrollo.
Entre 2024 y 2025 se construyeron 45 viviendas y 3 locales que sirvieron para relocalizar a 42 familias. La mudanza de estas familias permitió la subasta de 4 parcelas por casi 5 millones de dólares.
La decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas encendió una alarma en el sistema financiero brasileño. Los principales bancos del país comenzaron a analizar posibles escenarios de riesgo y buscaron asesoramiento en México, donde una ofensiva similar terminó golpeando a varias entidades financieras.
La preocupación excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública. En el sector financiero temen que la nueva estrategia de Washington derive en mayores exigencias regulatorias, auditorías más rigurosas y un aumento de los riesgos legales para cualquier institución que opere en dólares o tenga exposición al sistema financiero estadounidense.
Por eso, varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico. El objetivo es evitar errores y prepararse para un escenario que podría volverse mucho más exigente.
El antecedente mexicano es el principal motivo de preocupación. A mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la mira a tres entidades financieras: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusó de haber facilitado o permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Lo llamativo es que las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades mexicanas no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran las acusaciones formuladas por Washington. Sin embargo, el daño sobre las entidades ya estaba hecho.
Varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico, como CIBanco, Intercam y Vector.
Ante el riesgo de una corrida y para evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero, el gobierno mexicano intervino las tres instituciones. La prioridad fue proteger a los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema bancario. Aun así, las consecuencias fueron severas, las 3 instituciones dejaron de operar y transfirieron sus activos a otras entidades.
El episodio se convirtió en una señal de alerta para toda la industria financiera de la región. En México todavía existe preocupación por la posibilidad de que nuevas entidades sean alcanzadas por medidas similares. Incluso circulan versiones sobre una eventual atención especial de las autoridades estadounidenses sobre el Banco del Bienestar, la entidad estatal mexicana.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su equipo económico.
Ese es precisamente el escenario que los bancos brasileños intentan evitar. La designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas modifica la naturaleza de los riesgos que enfrentan las entidades financieras. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas tradicionales de prevención del lavado de dinero.
La nueva categoría amplía las responsabilidades de bancos, fintechs y compañías que operan en el sistema financiero internacional. Los controles sobre clientes, beneficiarios finales, movimientos de fondos y estructuras societarias pasan a ser mucho más estrictos, especialmente cuando existen operaciones en dólares.
La principal amenaza radica en las sanciones de carácter extraterritorial. Una entidad puede enfrentar restricciones para operar con bancos estadounidenses o incluso perder acceso a determinados servicios financieros si las autoridades consideran que existió algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con organizaciones alcanzadas por las sanciones.
Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
Por eso el impacto potencial no se limita al sector bancario. Empresas de logística, transporte, comercio exterior, minería y agronegocios también podrían verse obligadas a reforzar sus mecanismos de control para evitar quedar involucradas en investigaciones o revisiones regulatorias.
Para los inversores, la señal es clara. Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
La experiencia mexicana mostró que una investigación o una acusación pueden tener consecuencias significativas incluso antes de que exista una condena o una prueba definitiva. Por eso en Brasil el sector financiero decidió actuar con anticipación. La preocupación ya no es solamente el crimen organizado: ahora también es el costo de quedar bajo la lupa de Washington.
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El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria del legislador bonaerense Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.
La declaración jurada pedida por Marijuan apunta al segundo delito. El fiscal considera que tiene información suficiente para avanzar contra Adorni por haber mentido en sus declaraciones juradas. La decisión ahora la tiene el juez Daniel Rafecas, que debe avalar o no el pedido del fiscal.
Como contó LPO, Francisco Adorni tuvo que rectificar dos veces su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción porque no le cerraban los números. La investigación abarca el período 2023-2026 cuando antes de ser legislador fue funcionario del Ministerio de Defensa.
En la última rectificación, Adorni sostuvo que tenía menos patrimonio del que había declarado al anotar una menor valuación del 50% de su casa en City Bell, que primero valuó en 67.500.000 pesos y luego en 52.600.000.
Marijuan imputó a Adorni tras una denuncia de Marcela Pagano que detectó que el patrimonio pasó de 43.790.000 pesos en 2024 a 80.500.000 pesos en 2025. El dato que complicó al legislador es que declaró una cancelación de un crédito hipotecario por 60 millones, lo que no se condice con su patrimonio.
Además, la justicia investiga las inconsistencias de los Adorni respecto a la supuesta herencia que recibieron de su padre. En su primera rectificación Francisco incluyó una herencia de 21 millones que no había dado a conocer anteriormente ante la OA, un número que los investigadores creen que es exagerado.
Guillermo Marijuan
Marijuan apunta a la omisión maliciosa de Francisco Adorni y remarca que no pudo desconocer los errores porque trabajó durante años como perito contador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y una de sus funciones estaba vinculada a la revisión de declaraciones juradas.
«De modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación», sostuvo Marijuan, que dijo que en base a los elementos recabados el hermano de Adorni es «un experto en la materia.
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