La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina informa que se dará inicio a una nueva campaña de Educación Vial. En esta oportunidad la misma tendrá como tema “El uso responsable de la moto y el casco”.
La campaña se llevará a cabo en distintos barrios de la ciudad para que jóvenes y adultos conozcan la importancia del uso responsable de su motovehículo, derechos y obligaciones al momento de circular en la vía pública.
La primera de las charlas se brindará el viernes 10 a las 20,30 horas en el oratorio ‘Jesús Buen Pastor’ de barrio El Sauce. Al finalizar la capacitación se sortearán dos cascos de motocicletas entre los participantes.
La situación judicial de Manuel Adorni es cada vez más delicada. Ahora salieron a la luz unos chats del jefe de Gabinete intentando hablar con el contratista Matías Tabar antes de su declaración testimonial, en la que reveló que Adorni le pagó 245 mil dólares en cash por remodelaciones en su casa del country Indio Cuá.
El diálogo entre Adorni y Tabar fue revelado por los periodistas Nicolás Wiñazky y Santiago Fioriti en A24, aunque ya el día de la declaración testimonial del contratista había trascendido que le contó al fiscal Pollicita sobre el intento del jefe de Gabinete por contactarlo.
«Che tenía que hablar con vos por el tema de la declaración», le habría escrito Adorni el viernes pasado, tres días antes de la declaración. «Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado», agrega el vocero. «Que me llamen», responde Tabar.
Posteriormente, Adorni lo habría llamado telefónicamente y más tarde volvió a escribirle.
«Bueno, habíamos quedado que si necesitabas mi ayuda», insiste el funcionario acusado de enriquecimiento ilícito.
Ya asesorado por abogados, el contratista interrumpe enseguida el diálogo. «Mirá, te quería contar que hablé con gente que me aconsejó que no tenemos que tener ninguna comunicación entre nosotros», le dice y cierra: «Manu, te agradezco. Nosotros vamos a contar toda la verdad».
Che tenía que hablar con vos por el tema de la declaración. Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado
Ante el primer trascendido de un intento de presión por parte de Adorni a Tabar, la diputada nacional Marcela Pagano se presentó en Comodoro Py y exigió que apliquen la «doctrina Irurzun» y detengan al jefe de gabinete.
La doctrina creada por el camarista Martín Irurzun durante el gobierno de Cambiemos para detener preventivamente a exfuncionarios kirchneristas establece que por aquellos que ocuparon cargos públicos tienen poder para obstaculizar causas judiciales y, por tanto, corresponde que no estén en libertad. En este caso, sostiene Pagano, el peligro es mayor porque Adorni detenta el cargo -y por ende el «poder»- en este momento.
El pedido de Pagano fue rechazado por el fiscal Gerardo Pollicita por considerar que no existe un «riesgo real o grave» de que Adorni obstruya la investigación.
Este episodio no fue el primer intento de apretar a un testigo. Durante la declaración testimonial de
la secretaria del piloto del avión privado en el que Adorni viajó a Punta del Este, su amigo Marcelo Grandío la llamó insistentemente. La mujer se puso muy nerviosa y le mostró el teléfono al fiscal y al juez Ariel Lijo, que le impusieron a Grandío una restricción de acercamiento y contacto.
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Mientras millones de argentinos quedaron afuera del crédito, atrapados entre salarios pulverizados, alquileres impagables y tasas imposibles, el Banco Nación otorgó al menos 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) desde el inicio de la gestión de Milei. La cifra surge de información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública y vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre el poder político libertario y los recursos de la banca estatal.
Por Roque Pérez para NLI
La revelación expone una dimensión mucho más amplia que los casos individuales que habían comenzado a trascender durante los últimos meses. Hasta ahora, el debate público se concentraba en algunos nombres puntuales de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que habían accedido a préstamos multimillonarios. Sin embargo, los datos difundidos muestran que no se trató de episodios aislados sino de una política que alcanzó a más de un millar de personas incluidas dentro de las categorías de control especial definidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios. De ese total, 1.120 fueron para personas consideradas políticamente expuestas. Dicho de otro modo, aproximadamente uno de cada 23 préstamos terminó en manos de integrantes de la estructura política o de personas alcanzadas por ese régimen especial de control financiero.
Una modificación que despertó sospechas
La controversia adquirió una dimensión aún mayor cuando trascendió que durante la gestión libertaria se modificó la normativa de la línea hipotecaria «+ Hogares». Según la documentación citada en la investigación periodística, en septiembre de 2024 se incorporó explícitamente a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» dentro de los potenciales beneficiarios de la operatoria.
Ese cambio se produjo en medio de un contexto donde Milei sostenía un discurso centrado en el ajuste, la reducción del gasto público y la supuesta eliminación de privilegios de la denominada «casta». Sin embargo, la aparición sistemática de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo entre los beneficiarios de créditos de enorme magnitud comenzó a generar un fuerte ruido político.
La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.
Los nombres que complican al relato libertario
Los casos que se conocieron durante los últimos meses resultan difíciles de conciliar con la narrativa oficial contra los privilegios estatales. Entre ellos aparecen funcionarios de primera línea vinculados directamente al equipo económico.
Según la información difundida, el director del Banco Central Pedro Juan Inchauspe obtuvo un crédito por alrededor de $510 millones. También figura Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con un préstamo de $373 millones, mientras que el secretario de Finanzas Federico Furiase recibió otro por $367 millones. A ellos se sumó Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano, quien accedió a un crédito por $420 millones.
La lista alimentó una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿cómo hicieron funcionarios con salarios públicos para acceder a operaciones de semejante magnitud mientras gran parte de la población enfrenta enormes dificultades para calificar siquiera para un crédito hipotecario tradicional?
El oficialismo intentó relativizar la polémica argumentando que los préstamos cuestionados representaban una porción mínima del total otorgado por el Banco Nación. Sin embargo, la nueva información conocida modifica sustancialmente la escala del fenómeno. Ya no se trata de unos pocos nombres que aparecieron en redes sociales o bases de datos públicas: se trata de más de mil beneficiarios incluidos dentro de una categoría financiera especialmente monitoreada por el propio sistema bancario.
El choque entre discurso y realidad
La contradicción política aparece con claridad. Mientras Milei exige sacrificios permanentes a trabajadores, jubilados y sectores medios, la principal entidad financiera pública del país terminó financiando a una cantidad significativa de integrantes de la estructura política bajo condiciones que hoy resultan inaccesibles para buena parte de la sociedad.
La investigación judicial deberá determinar si existieron delitos o irregularidades administrativas. Pero aun si cada operación hubiese cumplido formalmente con todos los requisitos, el problema político permanece intacto: el relato de la lucha contra los privilegios empieza a mostrar grietas cuando quienes acceden a créditos millonarios aparecen vinculados a los mismos sectores que administran el Estado.
Y es justamente ahí donde el caso deja de ser una discusión bancaria para convertirse en una discusión de poder. Porque mientras el Gobierno repite que «no hay plata», los números revelan que sí hubo recursos disponibles para cientos de personas que forman parte del universo político que Milei prometió combatir cuando llegó a la Casa Rosada.
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