Narcotest en la función pública de Neuquén

Un policía de Cipolletti resultó gravemente herido tras un accidente en moto ocurrido el domingo por la noche sobre la Ruta Nacional 22, en las inmediaciones del kartódromo de Villa Regina.

El hecho se registró minutos antes de las 22, cuando la motocicleta Gilera 1500 cc que conducía el agente impactó contra el guardarraíl mientras circulaba en dirección a Chichinales.

El suboficial Tomás Adrián Ceballos, de 30 años, fue trasladado de urgencia al hospital de Villa Regina, donde permanece internado con fracturas en la tibia, peroné y tobillo de la pierna derecha.

Fuentes policiales informaron que el joven perdió el control del rodado al toparse con una deformación del pavimento, lo que habría provocado el impacto.

Regresaba de cumplir servicio

Ceballos regresaba a su domicilio luego de cumplir servicio en la Comisaría 4ª de Cipolletti, donde se desempeñaba desde hacía casi dos años.

El agente recorre habitualmente cerca de 100 kilómetros para llegar a su lugar de trabajo, trayecto que realiza en moto y de noche, lo que aumenta los riesgos de siniestros.

El accidente generó profunda preocupación dentro de la fuerza, ya que las primeras imágenes del vehículo mostraban severos daños, lo que hizo temer un desenlace más grave.

Con el paso de las horas, la Policía de Río Negro confirmó que el suboficial estaba fuera de peligro, aunque deberá afrontar una prolongada recuperación debido a la magnitud de las lesiones.

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La mañana de este martes se vio atravesada por dos operativos policiales en sectores muy concurridos de la ciudad de Neuquén. Uno de ellos ocurrió en pleno centro, donde se halló a un huésped muerto dentro de un hotel; el otro, a pocos kilómetros, en la Isla 132, donde Prefectura encontró el cuerpo de un hombre junto al río Limay. Aunque ambos hechos llamaron la atención de vecinos y transeúntes, las primeras informaciones no vinculan los casos entre sí.

Cerca del mediodía, la Policía intervino en un hotel de Avenida Olascoaga, en el corazón de la capital provincial, luego de que personal del establecimiento alertara sobre la presencia de un hombre sin vida en una de las habitaciones.

Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que no se detectaron indicios de criminalidad en el lugar. Para preservar la investigación, se dispuso una consigna policial en la entrada del edificio, a la espera del avance de las diligencias forenses.

Hasta el momento no trascendió la identidad del fallecido ni el tiempo que llevaba alojado en el establecimiento. La intervención quedó en manos de la Policía y personal de Criminalística, quienes trabajarán en la escena hasta obtener los primeros resultados sobre las causas del deceso.

Otro cuerpo hallado en la Isla 132

Minutos antes de iniciarse el operativo en el hotel, Prefectura Naval Argentina detectó el cuerpo de un hombre joven en la Isla 132, a orillas del brazo del río Limay, durante el recambio de personal.

El fallecido estaba vestido con ropa oscura, tendido en la costa, a unos 100 metros del puente de acceso y cerca del área de plaza saludable y bici senda. Desde ese lugar, era visible para cualquiera que transitara por el puente, lo que generó sorpresa en quienes pasaron por allí a primera hora.

Dos patrulleros se ubicaron de inmediato para delimitar el paso entre los árboles ribereños, con el fin de preservar la escena hasta la llegada del médico legista.

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La secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén e integrante de la Comisión Nacional de empleadas domésticas, Sonia Kopprio calificó el incremento salarial del 1,4% para las trabajadoras de casas particulares como “insuficiente” y alertó sobre la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan miles de empleadas en la región.

El aumento, que se aplicará en los sueldos de noviembre a cobrar en diciembre, afecta a las trabajadoras de Neuquén y Río Negro, donde la paritaria llegó con retraso y sin retroactividad. Kopprio explicó que la reunión debía concretarse en la primera semana de octubre, pero la convocatoria se demoró, lo que dejó al mes sin actualización salarial.

Además, detalló que el básico apenas pasa de los 379 mil pesos, se suma un bono de solo 14 mil pesos, y persisten problemas graves como la falta de elementos de protección, la ausencia de controles de las ART y la necesidad de muchas empleadas de trabajar por horas en varios hogares para llegar a fin de mes.

La dirigente gremial en diálogo con medios locales, explicó que “un 1,4% no es nada. Todavía tuvimos que intimar para que nos convocaran, porque si no, ni eso. La reunión tenía que haber sido la primera semana de octubre, y así perdimos el mes. Octubre quedó sin incremento salarial, y no es retroactivo”.

Pérdida del poder adquisitivo y paritarias estancadas

Kopprio detalló que, con el aumento anterior, en septiembre, una trabajadora de jornada completa “quedaba en un básico de 375.000 pesos”. Con la suba actual, el monto apenas asciende a “379.000 y algo”. A eso se suma un bono de 14.000 pesos que es “nada”, remarcó al referente del sindicato.

La dirigente expresó su preocupación por el estancamiento de las paritarias y las convocatorias tardías que impactan sobre los salarios, más allá de las proyecciones de la inflación en el país, que, según el gobierno nacional, irán a la baja a partir de 2026. “En un mes deberían poder fijarse acuerdos más abarcativos. Pero no: si un mes no se reúnen, no hay aumento”, señaló.

La dirigente sindical advirtió que los salarios actuales del sector no alcanzan para cubrir el costo de la canasta familiar, lo que profundiza la ya delicada situación económica de las trabajadoras de casas particulares. “Ni siquiera cubrimos lo básico”, remarcó, al señalar que el poder adquisitivo se deteriora mes a mes.

Kopprio comparó la realidad del gremio con la de otros sectores que, aunque acordaron incrementos cercanos al 10%, parten de salarios muy superiores. “Nos comparan con camioneros, petroleros, bancarios… pero ellos tienen básicos de dos millones para arriba, otros códigos, otros bonos. Nosotras seguimos peleando por un bono de 14.000 pesos”, cuestionó.

Falta de seguridad laboral

Uno de los puntos más críticos, sostuvo, es la falta de seguridad laboral. La referente explicó que en la mesa nacional plantearon que “ni siquiera se entregan elementos de protección: guantes, botas, delantales”.

Además, indicó que un par de guantes cuesta alrededor de 6.000 pesos, monto que ni siquiera puede cubrirse con el aumento vigente. “Las trabajadoras los necesitan para cuidar su salud y su piel. A veces limpiamos cosas para las que deberíamos tener protección y no tenemos nada”, denunció.

También apuntó contra la falta de controles de las ART, al afirmar que no existe supervisión sobre si las empleadas están realmente protegidas. “Pregunté qué cubren. ¿Quién controla que una trabajadora esté protegida? Nadie controla nada”, sostuvo.

La precariedad estructural del sector obliga a muchas empleadas a trabajar por horas en dos o tres casas para llegar a fin de mes. “Con un solo empleo no llegan a nada”, señaló Kopprio. Aunque el valor oficial de la hora quedó en 3.090 pesos, advirtió que “nadie trabaja por ese monto”.

“Gracias al sindicato en Río Negro y Neuquén, menos de ese piso nadie debería pagar”, subrayó, y destacó la labor local para sostener condiciones mínimas en un contexto inflacionario que devora los ingresos.

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Más de una decena de locales de La Libertad Avanza fueron pintados contra la proscripción a Cristina en la provincia de Buenos Aires durante la noche del 70 aniversario del bombardeo a Plaza de Mayo. «Con la democracia no se jode», «Milei Botón», etc. las pintadas aparecieron en Lomas de Zamora, Avellaneda, Tigre, Alte. Brown, Merlo, Gral. Rodriguez entre otras localidades. Mientras se organizan los últimos detalles para la movilización del miercoles por la mañana en apoyo a CFK, hoy el juez Jorge Gorini notificó que la ex presidenta deberá cumplir su condena por la causa denominada “Vialidad” en su domicilio de Constitución. El magistrado le impuso la utilización de tobillera electrónica y la presentación de una lista de personas que podrán ingresar al departamento. También el fallo incluye el deber de “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. Por Claudio Lozas para ANRed.

Frases como «CFK es pueblo», «corte corrupta» y «con la democracia no se jode» no dejan lugar a dudas sobre el motivo de las acciones. Si bien no se conoce la identidad de quienes lo llevaron a cabo, en el interior y las veredas de los locales se encontró impreso el siguiente mensaje:

«Una mañana cualquiera, por fin, de las entrañas del conurbano sepultado, yacerá el fuego grande de la verdadera libertad. Y los vengaremos con aquello que más les duele: la felicidad de los humildes.

Y ustedes, sufrirán cuando vean al pueblo que vive.

Nosotros, como ahora, obraremos incansables por la alegría de cada humilde que pise esta Patria. Hasta el día en que nos honre con amor la muerte.

Ustedes, ahora sí, pagarán sus deudas, llorarán su soledad y sufrirán el hondo vacío de no tener patria. Hasta que, también, los encuentre la muerte. Solos y cagando. Brindemos por eso.

A todo el pueblo, buen día y una consigna sencilla: defendamos lo que es nuestro».

Distintos grupos proteccionistas —entre ellos la agrupación Ranhu— advirtieron sobre el riesgo que representa el Canal Principal de Riego para los animales que circulan por la ciudad, especialmente perros, y denunciaron la falta de medidas de seguridad básicas para prevenir nuevas caídas. Las organizaciones señalaron que, a pesar de los reiterados reclamos y reuniones previas con autoridades municipales y del Consorcio de Riego, las respuestas han sido insuficientes y los incidentes continúan en aumento.

La problemática se agravó durante las últimas semanas de noviembre en General Roca, cuando la llegada anticipada del calor y el incremento del caudal por la temporada de riego coincidieron con una seguidilla de animales que cayeron al Canal Grande sin poder salir por sus propios medios.

Rescates improvisados y pocas respuestas

Según los registros de Ranhu, más de 23 perros terminaron dentro del cauce desde que comenzó la temporada —10 de ellos fallecidos por ahogamiento—, en sectores donde no se colocaron cercos, escaleras, carteles de advertencia ni dispositivos de sujeción. En ese contexto, los rescates dependen de la intervención espontánea de vecinos, mientras que los cambios en la conducción del Consorcio de Riego y la falta de continuidad en las acciones oficiales dificultan avanzar en soluciones efectivas.

En un comunicado difundido en redes sociales, Ranhu recordó que solo mantuvieron dos reuniones con las autoridades, una en 2023 y otra en 2024, y señalaron que, a pesar de las promesas, las medidas mínimas acordadas no se cumplieron.

“Nunca tuvimos respuesta ni siquiera a lo mínimo que habíamos logrado, y era poner más elementos de sujeción dentro del canal. Olvídense del cercado y escaleritas porque parece ser un trabajo muy costoso”, expresaron.

Sin embargo, la agrupación reconoció que alcanzaron a ver “alguna rampa nueva cerca de la Mendoza”, pero remarcaron que esto es insuficiente frente al número creciente de incidentes.

Falta de cartelería y sanciones

En ese mismo sentido, denunciaron que no se colocaron más carteles visibles que alerten sobre el peligro ni se emitieron las multas correspondientes, algo que – aseguran – ayudaría a generar mayor conciencia.

La organización también indicó que, al intentar retomar el diálogo en los últimos meses, se encontraron con que la conducción del Consorcio de Riego había cambiado. “Volvimos a insistir hace meses y nos enteramos que la comisión del Consorcio había cambiado, y su presidente estaría en Cipolletti”, señalaron, cuestionando la falta de continuidad y seguimiento sobre un tema que afecta tanto a animales como a personas que transitan cerca del canal.

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Marina Silva, la expolicía que llegó a juicio acusada de asesinar a sus dos hijos en la provincia de San Luis, fue condenada a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, en perjuicio de sus los chicos menores.

El veredicto fue dictado este miércoles por los jueces Adriana Lucero Alfonso (presidenta), Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur (vocales), tras escuchar los alegatos finales de las partes y realizar la audiencia de cesura de juicio.

El debate, en el que la expolicía llegó acusada de matar a Sofía Mía Ojeda Silva y Bautista Silva Funes, se inició el pasado 13 de octubre en el Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial.

A más de una semana del comienzo del juicio, se desarrolló la audiencia de alegatos donde la Fiscalía, representada por Virginia Palacios, sostuvo que la acusada planificó el hecho y actuó durante la madrugada para evitar la intervención de terceros, cuando las víctimas se encontraban en estado de indefensión.

A su vez, mencionó que la prueba recolectada —entre ellas, pericias balísticas, médico-forenses y elementos caligráficos— «permitió acreditar la secuencia de los hechos y la responsabilidad penal de la acusada». Al momento de solicitar pena, expuso el requerimiento de que sea prisión perpetua.

Por su parte, la querella, ejercida por el abogado Esteban Bustos, acompañó la postura del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que el debate demostró la alevosía y la plena conciencia de la imputada, por lo que pidió la misma pena que la fiscal.

Por último, la defensa de Silva, a cargo de Agustina Tobares, solicitó que el Tribunal valorara la historia vital de la imputada desde una perspectiva de género, considerando su contexto personal, familiar y económico.

Cómo ocurrió en un comienzo de la causa, mencionó episodios de violencia en relaciones previas y una situación de endeudamiento que, según su planteo, «habrían afectado su estabilidad emocional».

Luego de leer el veredicto de culpabilidad, el Tribunal dio inmediato inicio a la cesura de juicio, y condenó a la expolicía a prisión perpetua.

El caso que estremeció a San Luis

Los crímenes de los dos menores ocurrieron el 1 de octubre de 2024 mientras dormían en una cama matrimonial. Según las autopsias, cada niño recibió dos disparos: uno en el pecho, a la altura del corazón, y otro en la cabeza, a escasos centímetros de la oreja, lo que les provocó la muerte inmediata.

Durante la investigación se pudo constatar cómo fue la metodología: abrió una garrafa para adormecer a los niños, probó su arma disparando al colchón y luego, con un método meticuloso, cubrió sus rostros con almohadas y les disparó dos veces a cada uno a quemarropa.

Luego de consumar el crimen, la acusada dejó una carta de despedida en la que mencionaba sus deudas, pidió perdón a su familia y afirmó que no quería que sus hijos “fueran una carga”.

Además, colocó dos carteles de advertencia: en la puerta principal escribió “Llamá a la Policía, no entres”, y en la trasera, “no entres”, ambos firmados de su puño y letra.

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