Murió Thiago el niño de 7 años que recibió un disparo de la policía, Bullrich justifica la balacera

 

Gimena Sosa denunció que su hija Anel, de solo cuatro años, falleció tras ser atendida en el Hospital de Pinamar. Asegura que hubo demoras en el diagnóstico y en la atención médica. Tras radicar la denuncia en Fiscalía, reclama justicia para que se investigue el accionar del centro de salud. El caso no es aislado. En los últimos años, el Hospital Comunitario de Pinamar ha atravesado situaciones críticas. Se han denunciado problemas de infraestructura, falta de personal especializado y derivaciones constantes por limitaciones presupuestarias. Hace pocos días los médicos elevaron un reclamo por la falta de pago de los salarios e insumos. El reclamo del personal apunta también a la falta de profesionales por la reducción de horas extras y la precarización del área que maneja Sonia Coll, Secretaria de Salud del Municipio de Pinamar. Por ANRed.

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“Anel tenía 4 años, era sana, llena de vida”, dice Gimena Sosa (25), su madre, con la voz quebrada. La niña falleció el pasado 22 de mayo en el Hospital comunitario de Pinamar, Dr. Dionisio José Olaechea, tras varias idas y vueltas en la atención medica: “No había pediatra. Me dijeron que fuera a Ostende al mediodía, pero ya no tomaban más turnos. Me mandaron a la guardia del hospital.” El diagnóstico final fue gripe A. Gimena denuncia que la atención médica fue “deficiente” y que hubo demoras críticas tanto en el diagnóstico como en la llegada de la ambulancia, que “tardó 20 minutos” en arribar al lugar. Ahora reclama justicia y una investigación que determine si hubo negligencia por parte del personal del centro de salud.

“La traje el miércoles al hospital me la atendieron y me la mandaron a casa… según ellos por una gripe” Su relato no deja de ser desgarrador. Gimena se emociona, y entre lágrimas explica con detalle la secuencia de aquel fatídico día: “empezó el día martes a sentirte incomoda, el miércoles la llevé a la salita de Valeria y pregunté por alguna pediatra porque tengo dos nenas, Me dijeron que en la salita de Valeria no había nada, que me podía llegar hasta la salita de Ostende a las 13 horas que había una pediatra. Me dirijo a las 12 del medio día con las dos nenas y cuando llego ya había 30 nenes esperando para atenderse. Todos estaban con los mismos síntomas. Consulto en mesa de entrada y me dice que no había pediatra que solamente atendía 12 números y que tenía que llevarla por guardia del hospital, que ahí no podían hacer nada”

Entonces Gimena se dirigió al Hospital. Al llegar al lugar explica, a la persona que la recibe, que la pequeña no quería comer nada, que solamente quería tomar líquido, “le hicieron una placa, y en la placa sale que ella no tenía nada… pero ella no tenía ganas de nada, no quería estar ni sentada, nada…Anel no tenía ni tos ni moco” y prosiguió su relato “me dijeron que la beba no quería comer porque estaba por resfriarse, que estaba incubando un virus y que era normal que ella no quisiera comer… y me mandaron a la casa con la nena. Así como fui, volví, con la única diferencia que me dieron una receta”.

Sin embargo, Anel no mostraba mejoría y al día siguiente su mamá la notó más pálida aún: “se despertó a las 7 de la mañana. Sólo quería agua. La dejé acostada un ratito más porque hacía frío. Después iba a bañarla y a llevarla nuevamente al hospital… comienzo a preparar todo para bañarla, le hablo dos veces y no me contestó, lo único que escucho que ella me dice mamá y se desvaneció…” ahí la agarre y salí corriendo a la salita de Valeria porque vivo cerca. La ambulancia tardo 20 minutos en llegar. Recién cuando llegó empezaron a bajar los tubos de oxígenos y ahí nos trasladan al hospital… habrán pasado 30 minutos, sale la pediatra y me dice que no pudieron hacer nada”.

Gimena recuerda que al momento del fallecimiento de su pequeña “nadie salió a dar explicaciones” de lo sucedido y que se enteró en la comisaria que la causa de muerte habría sido por “gripe A”. Durante los días siguiente al fallecimiento de ANEL, los medios de comunicación dieron cuenta del faltante de vacunas en la menor. Sin embargos, Gimena desmintió esta versión “el año pasado se le completó el calendario de vacunas” y manifestó “ellos hicieron abandono de persona, si ellos se hubieran tomado su trabajo y su tiempo en hacer lo que tenían que hacer, no tenían por qué mandarla a la casa… ¿Qué pasaba si yo no la llevaba al hospital ese día?”.

Minutos después de que se conociera el diagnóstico de la causa del fallecimiento de la menor, la secretaria de salud, Sonia Coll, habría tenido un desafortunado comentario para los medios locales y es que, en su explicación por los hechos acaecidos habría endilgado la responsabilidad por el fallecimiento de la menor a la familia al expresar que: “le realizaron una radiografía de tórax que no arrojaba muchos datos… en este tipo… el germen no es el único determinante de la evolución del paciente. Era una niña que no tenia una esquema de vacunación al día, una situación social complicada y evidentemente su sistema inmunológico estaba alterado y post morten se le hizo un hisopado que dio positivo para gripe “A”. Interpretamos que el resultado final tiene que ver con su sistema inmunológico que estaba alterado…” lo que provocó gran conmoción en la comunidad pinamarense.

Consultada por este medio a Sonia Coll si quería aclarar los dichos esbozados en el Canal 4 de Pinamar a las pocas horas del deceso de Anel, remitió la palabra a la secretaria de prensa del municipio: Anabel Acacio, quien nunca respondió los reiterados llamados y mensajes para poder escuchar así una voz oficial que explicara “el mal desempeño en el diagnóstico” de la niña.

El reclamo de Gimena Sosa por la muerte de su hija Anel, ocurrida en el Hospital de Pinamar, se inscribe en una realidad sanitaria que preocupa a muchas familias argentinas. Aunque no se han registrado públicamente otros fallecimientos recientes de menores, en ese nosocomio, denunciados como negligencia médica, el caso pone en evidencia las tensiones del sistema de salud en contextos de alta demanda y recursos limitados. La denuncia por la muerte de Anel fue radicada en la UFIJ de Pinamar a cargo del Dr. Juan Pablo Calderón.

Quién era Anel: una infancia luminosa, interrumpida demasiado pronto

Anel cumpliría 5 años el próximo 7 de octubre. Era una nena alegre, llena de energía, de esas que parecen inventarse el mundo a su manera. No necesitaba cuentos, los creaba sola, como hacía con sus juegos y sus historias. Amaba los peluches, jugaba sin cansarse y disfrutaba cada día en el jardín 903 de Valeria del Mar, donde sus maestras y profesores la adoraban. También asistía por las mañanas al Espacio de las Infancias, donde se movía como en casa. Tenía muchos amigos, una sonrisa contagiosa y un plato preferido que la hacía feliz: fideos con ketchup, que podría haber comido todos los días sin aburrirse. Así la recuerdan quienes la conocieron: como una pequeña llena de vida, con una imaginación desbordante y un corazón inmenso.

Para Gimena Sosa, el duelo por la pérdida de su hija se transformó en un motor para visibilizar lo que, asegura, no debe volver a ocurrir. “Mi hija no murió, la dejaron morir. Si la hubieran atendido a tiempo, hoy estaría conmigo”, repite con dolor, pero también con determinación. Su pedido no es solo por justicia, sino también por cambios urgentes en el sistema de salud.

En redes sociales y frente al hospital, Gimena ha convocado movilizaciones pacíficas junto a otros vecinos que comparten sus reclamos. «No quiero que otra madre tenga que vivir lo que estoy viviendo. Que las autoridades escuchen y actúen. Porque no se trata solo de Anel. Se trata de todas las Aneles que pueden evitarse», concluye.

El caso, aún sin una respuesta oficial, expone una herida abierta: la del acceso a una atención médica oportuna y segura, especialmente para los más vulnerables. Mientras tanto, Pinamar —y con él, muchas otras ciudades— se enfrenta al desafío de revisar sus prioridades sanitarias.

Tensión en el sistema sanitario local

El caso no es aislado. En los últimos años, el Hospital Comunitario de Pinamar ha atravesado situaciones críticas. Durante la pandemia, hubo fallecimientos por COVID-19 que generaron alarma entre los vecinos. A esto se sumaron temporadas de verano con colapsos por accidentes en cuatriciclos, así como hechos de violencia, como el ocurrido en agosto de 2024, cuando un hombre destrozó parte del hospital tras la muerte de un familiar.

Además, se han denunciado problemas de infraestructura, falta de personal especializado y derivaciones constantes por limitaciones presupuestarias. Hace pocos días los médicos elevaron un reclamo por la falta de pago de los salarios e insumos. El reclamo del personal apunta también a la falta de profesionales por la reducción de horas extras y “la precarización del área que maneja Sonia Coll -secretaria del área de salud-”

Reclamo en las redes sociales

A raíz de lo sucedido con la Anel, las redes sociales se llenaron de mensajes que relataban diferentes experiencias en la atención sanitaria en Pinamar:

Casos similares en el país

Aunque no se han registrado denuncias públicas recientes por muerte de menores en el hospital de Pinamar, sí existen antecedentes en otras regiones del país. En 2020, en el Hospital Municipal San Cayetano, una niña de 11 años murió por peritonitis tras ser diagnosticada erróneamente. Ese mismo año, en Neuquén, una pareja denunció que el cuerpo de su bebé fue descartado como residuo patológico sin autopsia previa.

Estos episodios expusieron fallas en la atención pediátrica y provocaron manifestaciones sociales y judiciales.

La muerte de una niña en un hospital debería ser, siempre, un hecho excepcional. Pero cuando esas muertes se repiten, cuando hay patrones de desatención, demoras o diagnósticos errados, la excepción se transforma en síntoma. En los últimos años, los reclamos por presunta mala praxis en la atención de menores se han multiplicado en distintas provincias del país, dejando a las familias frente al dolor irreparable de una pérdida y al desafío de enfrentar sistemas que muchas veces responden con silencio o impunidad. Cada uno de estos casos no sólo exige justicia, sino una respuesta estructural: protocolos claros, recursos adecuados, profesionales capacitados y un compromiso real con la salud pública. Porque detrás de cada nombre —Anel, Valentina, y tantas otras infancias truncas— hay historias que merecían un final distinto.

 

 

Una mujer fue acusada de ingresar al aula de la Escuela Secundaria N°16 de Junín, donde estudia su hija, y golpear brutalmente con una cadena a una alumna de 14 años. La agresora, madre de otra estudiante del establecimiento, irrumpió en pleno horario de clases y atacó a la joven, provocándole múltiples heridas y golpes en distintas partes del cuerpo.

El violento episodio ocurrió este lunes en horas de la mañana, dentro del aula del colegio ubicado en la ciudad bonaerense de Junín. Según el testimonio de los presentes, la mujer ingresó al curso gritando y golpeó a la joven al menos dos veces en la cabeza con una cadena que le entregó su propia hija.

“¿Qué problema tenés con mi hija?”: así fue el ataque dentro del aula.

La víctima fue asistida por el SAME y trasladada al hospital con cortes, politraumatismos y heridas en brazos y piernas, mientras que la Fiscalía N°9 de Junín intervino en la causa y solicitó medidas de protección.

Investigación y medidas judiciales

Según la denuncia, la estudiante llegó a clase y fue alertada por una compañera de que una mujer la estaba buscando para agredirla. La madre de otra alumna ingresó al salón gritando: “¿Qué problema tenés con mi hija?” y comenzó a golpear a la chica en la cara, la cabeza, los brazos y las piernas.

La violencia se intensificó cuando la hija de la agresora se acercó y le entregó una cadena, con la que la estudiante recibió al menos dos golpes en la cabeza, causándole cortes.

Durante la agresión, la mujer amenazó a la alumna: “te voy a c… a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”.

Una docente intervino y logró separar a la víctima de la agresora, exigiendo que la mujer abandone el aula. La causa quedó a cargo de la Fiscalía 9 de Junín, que solicitó una medida cautelar para proteger a la víctima del brutal ataque.

“Me encontré con mi hija bañada en sangre”: el relato de la madre

La mamá de la chica de 14 años agredida expresó en una entrevista con Canal 10 de Junín: “es una aberración, indescriptible con palabras. Me llamó mi hija y me dijo ‘vení, mamá, que se metió una vieja dentro del salón y me rajó la cabeza con una cadena’. Lloraba, gritaba. Casi me muero en el instante, salí corriendo con el padre hasta la escuela”.

“Llegué y me encontré con mi hija bañada en sangre, con la cabeza abierta en cuatro partes, lesiones en el ojo, las piernas, traumatismo de cráneo», detalló.

Además, remarcó que “este problema empezó hace un tiempo con una nena, en realidad el problema no es ni siquiera con mi hija, ella defendió a una amiga. Es intento de homicidio, esta mujer tiene que estar presa”.

La mujer reconoció que su hija había tomado represalias contra la chica que la hostigaba antes del brutal ataque, y que incluso la agresora había ido a la escuela con un cuchillo, pero nunca imaginó el violento desenlace.

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La pared del fondo del escenario muestra, una detrás de otra, noticias de desapariciones y redes de explotación sexual desbaratadas. Después, una secuencia de imágenes de mujeres que jamás volvieron a casa, entre las más reconocidas Marita Verón y Florencia Pennacchi. Las actrices y estudiantes de la UNA, Aruna Farías y Amanda Zapata, están allí, representando Fragmentada: una obra que escribieron y que exhiben en Área 623 (Pasco 623, Almagro), dirigida por Giuliana Bianchi y cuya próxima función es el domingo 22 de junio. Dicen que se pusieron a escribir y guionar porque estaban cansadas de esperar y querían actuar, un verbo que, en su caso, adquiere un doble sentido especial. Por Sol Tobía para ANRed. 

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¿Cómo decidieron escribir y actuar esta obra, sobre este tema? ¿Por qué la trata?

Aruna: Este proyecto nació de una pulsión en el cuerpo por actuar. Nosotras estudiamos hace muchísimos años y había algo de quedarnos en el estudiar, que pasen los días, los meses, el tiempo y seguir estudiando y no hacer nada al respecto, y esperar que nos llamen por un casting. Fue desde las ganas de ir a la acción. Y cuando decidimos eso fue como, bueno, escribamos, escribamos algo.

Amanda: decidimos qué tema abarcar y había algo de que este tema ya había surgido, ella había hecho un trabajo en primer año y yo en primero había leído Le viste la cara a Dios, de Gabriela Cabezón Cámara, que es muy crudo, muy fuerte, y a la vez es arte, es poético. Entonces, ¿Cómo se llega de un tema tan crudo a hacer algo poético, artístico, sin que se vaya la crudeza, y mostrar la realidad como es? Dijimos ok, este tema se habla, por ahí hay series en Netflix, pero ¿Cómo abordamos sin romantizar? Y ahí es cuando nos pusimos a investigar, a profundizar nosotras en el tema. Entre más sabíamos, más ganas teníamos de contarlo. Nos parecía mucho más necesario.

Antes de escribir Fragmentada, ¿recuerdan su primer o primeros contactos con la trata de personas como tema?

Aruna: antes de la trata empecé un poco con la prostitución, que está muy de la mano, había algo del individualismo… Empecé a interesarme en el tema específicamente con la prostituta que elige, entre muchísimas comillas, ser prostituta. También en la escuela hice un trabajo, empecé a indagar en ese tema. Había algo de la injusticia de los abusos sexuales, de la violación, de secuestrar a una mujer, de quitarle libertad, identidad, de quitarle todo, y creo que el interés por el tema empezó más alejado hasta que empecé a indagar y descubrí la trata de mujeres.

Amanda: yo no te sabría decir en qué momento, creo que fue el relato de Gabriela Cabezón Cámara… Y todos los casos que hemos escuchado de chiquitas, que vuelven a estar presentes cuando se tocan estos temas a nivel inconsciente, también: yo nunca me voy a olvidar del caso de Candela, que son cosas que nos tocaron de muy chiquitas, y cuando crecemos y nos adentramos entendemos el hilo, que claro, todos estos casos no eran casos aparte, ajenos, están todos relacionados y todos en este círculo.

En este proceso de investigación que mencionan, ¿Fue cambiando su idea de lo que era la trata de personas? ¿Tenían una imagen previa que se haya transformado?

Amanda: sí, yo pensaba bueno, te secuestran y es un lugar donde físicamente no te podés ir porque estás atada, encadenada. Y entendí que es una realidad mucho más psicológica, en el nivel de la manipulación, y que las víctimas caen a través de engaños, que nos puede pasar a nosotras. Si uno no es consciente de esa realidad y no tiene esa mini alerta (que tampoco es andar con miedo) una puede caer, andá saber cuántas veces estuvimos al borde, ir a castings medio raros… Y dije, ah, es mucho más acá y no tiene por qué ser que estoy caminando en la calle a la noche y me secuestran.

Aruna: hay algo de idealizar un poco la idea. De hecho, hay una de las escenas en que nos estamos preparando para irnos a un encuentro que hace el dueño del prostíbulo. Nos vamos y volvemos. Y en nuestra idea, cuando volvíamos de esa fiesta íbamos a volver con billetes en la ropa, como enganchados, como que nos habían dado un montón de plata. Y uno de los diálogos era ‘mucha platita’. Pero después de tener un encuentro con (la periodista especializada en trata de personas) Kitty Sanders y seguir investigando fue tipo claro, no. De verdad que no. Fue aceptar que no vamos a romantizar, y entonces se cambia la obra, se cambia el guion. No es que te dan plata en el corpiño, eso es algo que se ve en las películas, muy romantizado. Y desde siempre nuestra idea fue no romantizar.

¿Cómo reciben la obra el público y la gente en general, cuando les cuentan el tema que aborda?

Amanda: la recepción es muy positiva, nos dicen ‘qué bueno llevar un tema así al teatro’. Sí sabemos que es un tema un poco jugado, no es algo que atraiga, porque la realidad no todos la queremos ver. Pero a nivel obra, cuando termina la función, recibimos comentarios positivos, y a la vez tienen la carga que queríamos transmitir.

Aruna: sí, nosotras terminamos la función y la directora, que está siempre detrás, tiene que empezar a aplaudir porque la gente no aplaude. Hay un silencio, una pesadez en el ambiente que no sabés si terminó, si aplaudir… pero, ¿qué aplaudís? ¿Lo que pasa? ¿La trata? ¿Las actuaciones? Hay todo un juego de códigos, hay que estar de ese lado, del lado del espectador. Yo creo que es más cómodo estar de nuestro lugar que del espectador, pero la reciben muy bien, por ahora comentarios muy positivos.

Vieron que cada vez que se habla de prostitución y trata se plantea un debate social al respecto. ¿Se interiorizaron sobre las discusiones entre regulación y abolición? ¿Tienen alguna postura?

Amanda: lo hicimos. Creo que al interiorizarse en lo que es la trata uno llega a una conclusión firme, más escuchando relatos.

Aruna: somos abolicionistas.

Amanda: a mí me quedó mucho la frase de (la sobreviviente de trata de personas) Alika (Kinan) en una entrevista en la que ella dice ‘¿Qué ley ampara a una mujer que está sola con un hombre?’ No hay tal ley que pueda asegurarle que esa persona no sea un violento y no la cague a trompadas. No hay ley que pueda prevenirte ese peligro real.

Aruna: Hay una línea muy delgada entre realmente elegirlo y estar siendo sometida a eso, más allá de que una mujer pueda decir ‘yo estoy empoderada y elijo prostituirme’, ¿qué te llevó a vender tu cuerpo?

Es una postura muy difamada en el debate social, generalmente tergiversada. Muchas veces se considera que lo único y lo más progresista es la reglamentación.

Amanda: es que después de escuchar relatos reales y violentos es muy complicado pensar en aceptar esa realidad desde el lado ‘está todo bien’. Hay gente que está siendo violentada en este mismo momento.

Aruna: aparte siempre mujeres, siempre es la mujer la que se somete y el hombre el que tiene el poder de hacer lo que quiera, porque sabe que no podemos decir que no. Entonces hay algo ahí, el debate tendría que ir muchísimo más profundo y preguntarse por qué mujeres.

Amanda: además, nuestra obra está centrada en la trata, no hay tal debate explícito. Vos llegarás a tu propia conclusión, pero la obra en sí no te va a decir qué postura tomar. (El mensaje) es ‘esto es la trata, fijate qué hacés con eso y cómo te impacta’.

“Nosotras estamos para actuar”

Aruna y Amanda se muestran “felices” y consideran que estar haciendo Fragmentada es haber convertido “un sueño” en “una meta cumplida”. Transmiten la alegría de concretar, de convertir en algo tangible y real lo que antes eran ideas e intenciones: es al mismo tiempo la felicidad de hacer lo que una disfruta y la de optar por la acción frente a la explotación y la injusticia. Actúan, tanto artística como socialmente.

“Es la manera en que sabemos hacer, a través del arte. Quizás para hacer conferencias y hablar con los niños en las escuelas están Kitty Sanders y otras personas. Nosotras estamos para actuar y mostrar la realidad desde la actuación, que es lo que nos gusta y lo que hacemos bien”, considera Aruna. Por su parte, Amanda hace un comentario final sobre la “necesidad” de hablar de la explotación de las mujeres en el marco de la trata de personas, pese a que sea difícil de digerir: “Nuestra obra será fuerte, pero porque la realidad es fuerte”.

 

 

Bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país». María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró. El Estado policial avanza. Por ANRed.

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Tras publicar esta madrugada en el Boletín Oficial el decreto 383/2025, este martes 17 de junio a las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los detalles del DNU, que separa a la Policía Federal de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, el DNU autoriza a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional».

«Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI«, celebró Milei, haciendo referencia a país del norte gobernado de forma autoritaria por Donald Trump, que reprime y amenaza a buena parte de su población por protestar en las calles contra las redadas masivas antimigrantes, acumulando episodios espantosos, crueles y disparatados; y al país de Medio Oriente gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que acumula repudios en todo el mundo por sus incontables crímenes de guerra en el marco del genocidio planificado que desata día a día sobre la población palestina en la Franja de Gaza.

Siguiendo su entusiasmo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «el corazón de esta nueva PFA» va a estar concentrada «en una tarea fundamental: llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país«.

Además de inaugurar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el decreto 383/2025, que expresa el objetivo de «reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos», autoriza a la PFA a «realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas». En la misma línea, la reglamentación también habilita a la fuerza a realizar detenciones sin orden de un juez.

Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicosdigitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas yprincipios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente

En esa línea, el DNU le permite también a la PFA «tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal«, además de la facultad de «solicitar el acceso a bases privadas«.

También, en su artículo 6, inciso 8, habilita a la fuerza a «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, además de requisar a personas o bienes, cuando haya elementos suficientes que «hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo». Es decir, la posibilidad de requisar o detener queda sujeto al criterio discrecional de cada agente o de las órdenes de la mismísima Bullrich.

El DNU incluye, además, la prohibición de la posibilidad de que la fuerza sea conducida por un civil. En ese sentido, en el artículo 20 del capítulo II del Anexo establece que «la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA será ejercida por UN (1) Oficial Superior de la máxima jerarquía de la institución en actividad o retiro, que designará al efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL».

Finalmente, el decreto firmado por Milei, Bullrich y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, crea un Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina», bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y que señala que será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes. Asimismo, el punto 9 del DNU declara en emergencia a la Federal por dos años, lo que concede discrecionalidad al ministerio que conduce Bullrich para hacerse cargo de las licitaciones express.

«Estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas»

Entrevistada esta tarde por Alejandro Bercovich en «Pasaron Cosas» (Radio Con Vos), María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), consideró que con este nuevo DNU del gobierno nacional «ahora la Policía Federal pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional«, porque «le dan facultades para hacer ciberpatrullaje, las páginas web que visitamos, requisas, detenciones y allanamientos«.

Asimismo, tras historizar los fallos a favor y en contra y debates judiciales en torno a la cuestión particular de las requisas durante los últimos 40 años, Verdú recordó que «en los últimos fallos la Corte iba en contra de estas requisas», y consideró que «lo que hace esta resolución es habilitar de forma absolutamente discrecional las requisas sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia» y, al respecto, parafraseó al periodista y militante Rodolfo Walsh, quien sostenía: «ya sabemos que los antecedentes y el fierro también lo ponen los policías».

Pero, principalmente, hizo hincapié en la gravedad del último párrafo del DNU, que habilita «la exhibición ostensible del arma de fuego», cuando la policía lo considere necesario.

«Lo que pretende Patricia Bullrich es esto de convertir a la PFA en una especie de FBI, cuando en realidad la PFA tiene funciones muy claras. Tienen todo el paquete de delitos federales a su cargo. Tienen dos funciones básicas: la de la prevención y la judicial. Distingamos, como es en EE.UU., la policía de prevención, que está en la calle, y otra la de investigación, que es la policía judicial, que tiene que depender de los jueces«, remarcó.

Para finalizar, consideró: «es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo desde diciembre de 2023 a la fecha, que explican porqué decimos que ya no estamos, como con Macri y Bullrich, en un estado de excepción no declarado, sino que estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas. Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos. Porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el sistema represivo estatal», alertó.

En tanto, en un comunicado titulado «Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión«, CORREPI remarcó que a partir del nuevo DNU, «en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial», y que, para eso, «también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información». También, remarca que «la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos».

El organismo antirrepresivo también destaca «la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público». Es decir, «basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos», advierte CORREPI.

Asimismo, alerta: «en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supra constitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado».

«Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional, que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social«, finaliza el comunicado de CORREPI.

 

 

Playa Unión, uno de los destinos más elegidos del verano patagónico, inaugurará una temporada histórica con una innovación inédita en el país: la implementación de la bandera verde fluo para coordinar la convivencia entre bañistas y practicantes de deportes náuticos.

La medida comenzará a aplicarse a partir del sábado 6 de diciembre, cuando se inicie oficialmente la temporada de verano, que se extenderá hasta el 8 de marzo de 2026.

El jefe del Cuerpo de Guardavidas, Luis Torres, confirmó la novedad en medios regionales y explicó que se trata de una “prueba piloto” diseñada para ordenar los espacios y prevenir accidentes entre quienes disfrutan del mar.

Cómo funcionará la bandera verde

La bandera verde fluo se izará solo en determinados momentos y sectores, para indicar cuándo los deportistas —surfistas, kayakistas o kitesurfistas— pueden realizar sus actividades sin riesgo para los bañistas.

“Si la bandera verde está puesta, se podrá practicar la actividad; si se retira, el deportista deberá ir a la zona específica”, detalló Torres.

El sistema apunta a descomprimir las zonas de alta concentración de bañistas, garantizando mayor seguridad y convivencia en una costa que recibe miles de visitantes cada temporada.

Un modelo inspirado en playas europeas

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Cuerpo de Guardavidas y las asociaciones de deportistas náuticos, que buscaron una alternativa a las prohibiciones rígidas de años anteriores.

Torres explicó que el sistema se inspiró en playas de Italia, Portugal y España, donde este tipo de banderas ya es habitual: “Es la primera vez que se implementa algo así en Argentina, y esperamos que sea un modelo para otras costas del país”.

Además, se amplió la zona exclusiva para deportes náuticos, que ahora se extenderá desde la Plaza de los Inmigrantes hasta la escollera del puerto, abarcando los puestos 21 al 25. En esa franja, durante la marea alta, el baño estará restringido por razones de seguridad y erosión costera.

Operativo de seguridad: guardavidas, horarios y recomendaciones

El operativo de seguridad incluirá entre 76 y 79 guardavidas, distribuidos en 25 puestos a lo largo de la playa.
El servicio funcionará de 10 a 19 horas de lunes a viernes y de 10 a 20 los fines de semana y feriados.

Entre las recomendaciones para los visitantes, el cuerpo de guardavidas insistió en:

• Evitar la exposición al sol entre las 13 y las 15,
• Hidratarse constantemente, especialmente niños y adultos mayores,
• Asegurar las sombrillas por el viento y respetar las zonas demarcadas.

“El año pasado atendimos varios casos de deshidratación y desmayos, así que este año reforzaremos la cartelería informativa y las campañas de prevención”, adelantó Torres.

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La excusa del Gobierno y sus aliados judiciales es que el hombre ejerció “intimidación pública” a través de un tuit. Pero ocultan el supuesto posteo y la identidad del detenido. Sólo hay “pruebas” de que lee libros. Escandaloso. Si Milei fuera juzgado por intimidar vía X, ¿qué pena le cabría? Por Daniel Satur (La Izquierda Diario).

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Según la escueta información oficial difundida por medios afines a La Libertad Avanza, este jueves por la noche un hombre de 37 años fue detenido en el partido bonaerense de Berazategui, acusado de supuestamente “amenazar” al presidente Javier Milei a través de un posteo en la red social X (ex Twitter).

La versión dice que la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires “investigó” supuestas amenazas virtuales contra Milei y pudo dar con el paradero de su autor, al que finalmente ubicaron en una vivienda de la calle Vergara de esa ciudad del sur del Gran Buenos Aires.

La causa se tramita en Comodoro Py, más precisamente en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 que conduce el juez Ariel Lijo, quien viene de fracasar en su intento de alcanzar la cúspide judicial como miembro de la Corte Suprema. Para lograr la detención del imputado también intervino el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella. El cargo contra el detenido, siempre según la información difundida por las huestes de Patricia Bullrich, es por “intimidación pública” y el hombre quedó detenido (aunque no incomunicado).

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?

Hay una regla básica del periodismo conocida como Las 5 W: toda noticia debe responder a las preguntas ¿qué? (de qué hecho se trata), ¿quién? (protagonistas), ¿dónde? (lugar del hecho), ¿cuándo? (en qué momento pasó) y ¿por qué? (causas concretas que llevaron al hecho). Las W hacen referencia a esas preguntas en inglés.

En Argentina y el mundo ya es normal que las corporaciones dedicadas a la información y el entretenimiento ni se preocupen por responder con certeza a esas preguntas elementales. Ni siquiera apelan a compartir la incertidumbre con sus audiencias cuando las respuestas son esquivas. En este caso, se repite la historia.

En una (nueva) muestra de precariedad periodística y apología de la represión a la disidencia que encara La Libertad Avanza, empresas como Clarín e Infobae difundieron la versión prearmada por el Ministerio de “Seguridad Nacional”, sin siquiera hacerse preguntas básicas como cuál fue la supuesta amenaza del usuario de X contra Milei que habría “justificado” su detención.

¿Qué amenaza realizó el hombre de 37 años contra Milei? Hasta ahora ninguna fuente oficial lo dijo. Alcanzaría con compartir una captura del posteo en cuestión, pero ni siquiera eso.

¿Quién es el detenido? Sólo lo saben sus perseguidores, aunque es mayor de edad y el hecho por el que se lo acusa (un posteo en redes sociales) es demasiado menor como para pretender ocultar su identidad.

¿Cuándo y en qué contexto cometió esa supuesta “intimidación pública”? Nada por aquí, nada por allá.

Persecusión política

De lo que sí se ocuparon las “fuentes” oficiales es de difundir qué “elementos de interés para la investigación” fueron secuestrados en el domicilio donde se detuvo al acusado. Sin dudas, habría sobradas pruebas de que el hombre lee. Y no sólo eso, sino que entre sus lecturas favoritas están los libros de Ernesto “Che” Guevara. Un sujeto muy peligroso.

Además de los libros del “zurdo”, se mostraron otras evidencias de la “criminalidad” del imputado: un teléfono celular, dos CPU y una notebook . Y se difundió un video del momento de la detención, donde se ve un amplio despliegue policial y el rostro del hombre está bruleado para que nadie lo pueda reconocer.

La puesta en escena sería para coleccionar memes si no significara una amenaza directa de parte de las más altas esferas del Estado a libertades democráticas elementales. No sólo es un ataque a la libertad de expresión de un usuario de redes sociales, sino que se avanza más aún en la persecución a quien no piensa como el Gobierno y sus cómplices desean.

La denuncia por “intimidación pública” está motorizada por Patricia Bullrich, quien parece estar más abocada a armar causas penales sin pruebas contra ciudadanas y ciudadanos que opinan por redes sociales o en las calles, que a terminar con el narcotráfico o la trata de personas.

La misma figura de “intimidación pública” la usó este gobierno el año pasado, vía el fiscal federal Carlos Stornelli, para acusar a 33 personas detenidas arbitrariamente durante una manifestación frente al Congreso en repudio a la Ley Bases. Al poco tiempo, todos fueron sobreseídos y hasta la jueza María Servini le sugirió al fiscal bullrichista que investigue seriamente.

Algo similar pasó en marzo de este año con decenas de detenidos en una de las regulares protestas de jubiladas y jubilados, también frente al Congreso. En aquella represión la Gendarmería de Bullrich intentó matar al joven fotorreportero Pablo Grillo. Este diario relató el caso de uno de los detenidos, el médico psiquiatra Alejandro Todaro, profesional del Hospital Bonaparte, a quien la ministra y sus secuaces acusaron de “barrabrava” para justificar su detención e imputación. Siempre sin la más mínima prueba, claro.

Hay que pararles la mano

A la ministra de “seguridad” le exita armar shows mediáticos, cargando todo el peso represivo del Estado con detenciones y causa penales contra quienes supuestamente “intimidan” al poder o, incluso, cometen actos rayanos con el “terrorismo”.

En 2017, cuando ocupaba el mismo sillón ministerial, Bullrich mandó a detener a un joven que había difundido por Twitter un cantito de cancha muy entonado por entonces, que decía “(Mauricio) Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal”. Mientras se ocupaba de esas persecusiones, bancaba a los criminales de uniforme que acabaron con las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

En 2024, cuando apenas llevaba un mes como ministra de Milei, la funcionaria mandó a detener a tres hombres en el marco de una “investigación” contra una supuesta “célula terrorista” que buscaba “atentar” contra edificios de la comunidad judía en Buenos Aires. A los pocos días fueron quedaron libres de culpa y cargo. No sólo no tenían nada que ver con algo de tamaña envergadura, sino que ni siquiera se conocían entre ellos.

Son sólo algunos ejemplos de las burradas protagonizadas por Patricia Bullrich y sus falderos del Ministerio, como el mediocre abogado Fernando Soto. Pero no por bizarros dejan de ser peligrosos. Quien ejerce una verdadera “intimidación pública” permanente e impune es el propio Gobierno. Y sus víctimas, potencialmente, somos los millones que opinamos contra sus políticas de ajuste, hambre y miseria.

Si expresarse libremente por las redes sociales fuera un delito merecedor de la condena implacable de la “Justicia”, ¿entonces qué pena les cabría a Javier Milei y su cohorte de trolls liberfachos, dedicados minuto a minuto a lanzar odio, amenazas y demás ataques contra todo aquello que les molesta, lo que incluye el aval a las agresiones físicas protagonizadas por sus seguidores? De mínima, perpetua.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Detuvieron-a-un-hombre-por-amenazar-a-Milei-solo-le-encontraron-libros-del-Che-Guevara