El estudio de Alejandro Fargosi, primer candidato a diputado por la lista de Milei en Capital, fue patrocinante del fondo buitre Burford en el juicio por Aerolíneas que le costó a la Argentina 400 millones de dólares.
Burford le había comprado a la familia Eskenazi los derechos para litigar contra el Estado. Esperaban un resultado similar a la victoria que obtuvieron contra la Argentina en el CIADI.
En esa ocasión, los buitres habían adquirido el juicio de Marsans por la expropiación de Aerolíneas. Representado por el estudio Fargosi & Asociados, Burford ganó cerca de 140 millones de dólares, 976% más de lo que había invertido para litigar.
El estudio Fargosi se llevó al menos 922 mil dólares de honorarios que fueron pagados por el estado argentino.
Al momento del fallo, durante la presidencia de Mauricio Macri, Diego, uno de los hijos de Fargosi era directivo de Aerolíneas. Antes, Diego había trabajado en la empresa durante la gestión del Grupo Marsans.
Su padre Alejandro también había litigado contra Aerolíneas durante el menemismo, pocos años después de la privatización.
Allegados al diputado aseguraron que Alejandro Fargosi se desligó del estudio familiar en 1987.
En la licitación para la concesión por 20 años del corredor de la autopista Ricchieri, el Gobierno corrió de competencia a la estatal bonaerense Aubasa y, de las 11 ofertas en pugna, dejó en carrera a seis. Entre ellas, sorprendió la presencia de CPC, de Cristóbal López.
Dentro de las licitaciones de la Red Federal de Concesiones que Toto Caputo pretende tener adjudicadas antes de mitad de año, la constructora del empresario patagónico vinculado al kirchnerismo también pasó el filtro para el tramo de la Ruta Nacional 5 que conecta el oeste bonaerense con Santa Rosa, La Pampa.
Según se desprende del dictamen de preclasificación al que tuvo acceso LPO (ver abajo), las ofertas de CPC -que hizo de manera conjunta con Clear Petroleum- fueron admitidas pese a la medida cautelar informada respecto de esa firma. Para el aval, se citó la sentencia que declaró concluido el concurso preventivo.
Distinta fue la consideración que tuvieron en el Ministerio de Economía con Aubasa, a la que objetaron argumentando que la documentación de la estatal bonaerense «da cuenta de tareas de operación, pero no acredita la ejecución material de obras con recursos y estructura propia, en los términos exigidos por el pliego».
En el Gobierno aducen que ese requisito apunta a que se trate de una empresa que ejecute efectivamente las obras por sí misma y no de contratistas que las tercericen. También, acusaron que la oferta de Aubasa presentó un «incumplimiento de los requisitos económico-financieros».
Pero en la administración de Axel Kicillof hablan de una «exclusión arbitraria». La empresa estatal que comanda el massista José Arteaga refutaron los argumentos de la Secretaría de Transporte nacional y marcaron que Aubasa «viene ejecutando un plan de obras inédito en sus rutas de concesión actual»
Sobre el aspecto económico-financiero, en la Provincia acusaron «deficiencias metodológicas y omisiones relevantes en la evaluación», incluyendo la falta de consideración de documentación «presentada en tiempo y forma» por la empresa, así como «la ausencia de una fundamentación clara de los criterios utilizados».
En el sector miran con atención el avance en esta licitación de la constructora de Cristóbal López y lo leen como señales de un diálogo abierto entre el gobierno libertario y el dueño del Grupo Indalo.
«Se observa una posible afectación al principio de igualdad de trato, en tanto se habría aplicado a Aubasa un criterio más restrictivo que el utilizado respecto de otros oferentes», denunciaron en la empresa estatal bonaerense que presentó una impugnación que puede generar una dilación del proceso licitatorio de esta etapa.
En el sector miran con atención el avance en esta licitación de la constructora de Cristóbal López y lo leen como señales de un diálogo abierto entre el gobierno libertario y el dueño del Grupo Indalo.
En esa clave hay quienes también observan las negociaciones que encaran con Milei Ricardo Benedicto, Manuel Lao y Federico de Achával para traspasar por decreto los barcos casino y el Hipódromo de Palermo a la órbita nacional, como reveló LPO.
Sucede que Benedicto es quien le compró a Cristóbal López su participación en los casinos en una operación que aún no terminó de saldarse.
En el caso del corredor de la Ricchieri, la constructora del empresario patagónico competirá con las ofertas de Roggio-Chediack; Creditch-Ceosa; Panedile-Supercemento-Eleprint; Vial Agro-Fontana Nicastro y Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco. Entre las descartadas, además de Aubasa, figuró Sacde, de Marcelo Mindlin.
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