Milei elogió a Messi y bromeó: “a veces también puedo felicitar a un zurdo”

Milei elogió a Messi y bromeó: “a veces también puedo felicitar a un zurdo”

 

El presidente Javier Milei elogió públicamente al futbolista Lionel Messi durante su exposición en el American Business Forum, donde ambos compartieron escenario. En su discurso, el mandatario destacó la trayectoria del capitán de la Selección argentina y, con humor, lanzó una broma política al afirmar que “a veces también puede felicitar a un zurdo”.

El encuentro se llevó a cabo este jueves en Miami, en el marco del American Business Forum, un evento que reunió a destacadas figuras del deporte, la política y los negocios. Milei participó como orador y, en su intervención, describió a Messi como “una prueba viviente de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión son capaces de generar milagros”.

El mandatario expresó “me alegra poder compartir escenario con uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos, Lionel Messi«, afirmó el mandatario.

En esa línea, describió a Messi como: «Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo la dedicación y la pasión son capaces de generar milagros y la prueba de que a veces yo también puedo felicitar a un zurdo«.

La palabra de Messi en Miami

Lionel Messi se presentó en el American Business Forum, después de los discursos de Donald Trump y Gianni Infantino, el capitán de la Selección argentina se subió al escenario y le habló al público.

En primer lugar, le dedicó algunas palabras a la ciudad en la que reside actualmente luego de su mudanza a los Estados Unidos. “Desde que llegué a Miami fue todo espectacular, desde vivir en esta gran ciudad hasta el cariño que me transmitió la gente desde el primer día. Fue una decisión que tomamos en familia y creo que elegir donde uno quiere estar es importantísimo”, comentó

Luego, recordó con emoción la Copa del Mundo que ganó con la Albiceleste en Qatar 2022. “No puedo describir con palabras lo que significó ese título para mí, mi familia y todo el país. Teníamos muchas ganas de que vuelva a suceder después de todo el tiempo que pasó. Para un jugador, ganar el Mundial es lo máximo. Y tuve la suerte de haber ganado todo a nivel clubes. Pero esto era lo que faltaba para cerrar mi carrera con ese trofeo”.

Sobre el Mundial, dejó una frase que levantó los aplausos en el salón: “Mi sensación, salvando las distancias, fue la que tuve cuando nacieron mis hijos. El que lo vivió sabe lo que significa. Es tan especial y tan grande, que todo lo que se diga queda corto”.

“Tuve una carrera muy larga y la gente de confianza que estuvo alrededor mío se venía ocupando de esas cuestiones. Es verdad que en el último me llegó a interesar sobre lo que se puede hacer porque el fútbol lamentablemente tiene fecha de caducidad”, afirmó antes de ser interrumpido por los aplausos del público.

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  • Lanzan campaña para impulsar Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria

     

    El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes lanzaron una campaña para juntar un millón de firmas para que el Congreso Nacional trate el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Cualquier persona lo puede firmar. El proyecto apunta a recomposición salarial; convocatoria a paritarias; garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas; financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal; crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país; ampliar las becas; y que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN). Por ANRed.


    La idea es llegar al millón de firmas. Para leer el proyecto y adherir a la presentación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes, y así apoyar la defensa de la universidad pública, se puede acceder aquí: https://acortar.link/fXtP5d.

    También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

    Con el fin de «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina», centralmente, el proyecto apunta a:

    ▶ Recomposición salarial: «convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley», señala. «Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente», agrega.

    ▶ Convocatoria a paritarias: «convocar a paritarias a las representaciones sindicales docente y no docente del sector universitario con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores».

    ▶ Garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas: en este punto, el proyecto centraliza en garantizar la asistencia financiera para «el funcionamiento universitario», «hospitales universitarios”, el «fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades» y de la «actividad de extensión universitaria».

    Foto: La Capital.

    ▶ Financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal: «el Poder Ejecutivo Nacional transferirá mensualmente lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 “Coparticipación federal de recursos federales” al programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, la “Proporción Universitaria”. Esta “Proporción Universitaria” se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación teniendo como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales y, como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia al artículo 3° inciso a) de la Ley N° 23.548/88 de coparticipación federal, fondos nacionales provenientes de la coparticipación, sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la misma ley establece», detalla el artículo 6° de la iniciativa.

    ▶ Crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país: «créase un fondo anual de$ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos) actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el INDEC, con el fin de generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país y aquellas áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial», propone el proyecto. Y especifica: «el fondo será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias o el organismo que la reemplace en el futuro, con acuerdo expreso del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se destinará a nuevas carreras, al desarrollo de investigaciones, a convenios con universidades de otros países y a becas para estudiantes de esas áreas».

    Imagen: archivo Protesta contra el ajuste presupuestario en las universidades públicas de Argentina, convocada en Buenos Aires el 2 de octubre de 2024.

    ▶ Ampliar las becas: «encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional la ampliación anual y progresiva del monto y el número de personas beneficiarias de las becas estudiantiles para las instituciones universitarias públicas».

    ▶ Que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.

    Leer el proyecto completo

     

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  • Movilización a Plaza de Mayo: fuerte operativo de seguridad, la izquierda se diferencia y la CGT no moviliza

     

    Diferentes puntos de concentraciones desde esta mañana y un fuerte operativo intimidatorio desplegado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para la movilización en apoyo a Cristina Fernández. Mientras, la CGT evade el compromiso, dando “libertad de acción” para participar a sus trabajadores/as representados/as. La izquierda se diferenciará con un acto propio en el Obelisco, pero también moviliza “no en apoyo a Cristina, si no contra la proscripción política”. Se espera que comience la marcha a las 15, y a las 17 se realice un acto, aunque no se conoce quienes serán los oradores. Por ANRed.


    Las calles céntricas de la Ciudad de Buenos Aires amanecieron con la presencia de un fuerte operativo desplegado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con puntos vallados. Desde la mañana, camiones hidrantes y patrulleros tomaron posición en lugares estratégicos de la ciudad, mientras grupos de infantería con escudos y cascos se apostaban frente a los edificios públicos. El gobierno nacional movilizó desde la Policía Federal hasta la Gendarmería y la Prefectura. También se encuentra movilizada la Policía de la Ciudad, a cargo del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

    En tanto, organizaciones denuncian que los controles a los accesos a la Capital Federal se incrementaron. En la Autopista Ricchieri efectivos detenían micros de larga distancia, obligando a los pasajeros a bajarse para requisarles sus pertenencias. «Nos revisaron hasta la merienda de los niños», contó indignada una maestra cuyo curso fue retenido por más de una hora cuando se dirigían a una visita escolar.

    El operativo

    • 5.000 efectivos, entre Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.
    • Vallado perimetral completo en Plaza de Mayo con tres anillos de seguridad.
    • Puestos de control móviles en todos los accesos viales y ferroviarios.
    • Drones de vigilancia sobrevolando las columnas marchantes.
    • Requisas exhaustivas en estaciones Constitución, Once y Retiro.

    Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justificó el operativo: «garantizaremos el derecho a manifestarse, pero aplicaremos estrictamente el protocolo antipiquetes«. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denunciaron «excesos» en los controles, donde se registraron al menos 15 detenciones arbitrarias según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

    Puntos de concentración y diversidad política

    Desde las 10 de la mañana, las columnas comenzaron a formarse en distintos lugares:

    • La Cámpora concentra en 9 de Julio y Belgrano.
    • Frente Renovador (Sergio Massa) en Av. de Mayo y Tacuarí.
    • Movimiento Derecho al Futuro (Kicillof) en 9 de Julio e Independencia.
    • PJ en San Juan y San José.
    • Patria Grande (Grabois) en 9 de Julio y San Juan.

    En un plano aparte, el Frente de Izquierda (FIT-U) realizará un acto en el Obelisco desde las 13 horas.

    La izquierda: «Fuera Milei, defendemos las libertades democráticas»

    El legislador jujeño Alejandro Vilca (FIT-U) afirmó:»quieren ir contra todas las garantías constitucionales que tiene el pueblo trabajador para rechazar este plan de ajuste y sometimiento. ¡No lo podemos permitir! Lo cuestionamos en el Congreso, pero lo frenamos en las calles, con el único idioma que entiende este gobierno totalitario».

    Gabriel Solano (Partido Obrero- FITU) agregó:»Vamos con una bandera que dice ‘FUERA MILEI’ porque representa una ofensiva contra el pueblo. Nos movilizamos contra el fallo proscriptivo y en defensa de las libertades democráticas».

    La dirigente Myriam Bregman también denunció un «avance proscriptivo» y rechazó el Decreto 383/2025 de Bullrich, que según ella «legaliza la represión y el espionaje ilegal».

     

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    El movimiento sindical: entre la traición y la resistencia

    Mientras la ciudad se preparaba para la histórica jornada, en las sedes gremiales se libraba otra batalla: la de las conducciones contra sus bases. La CGT, en una decisión que dejó al descubierto sus contradicciones, optó por el camino más tibio: «Libertad de acción», rezaba el comunicado interno que circulaba entre los secretarios generales.

    «Es una vergüenza», denunció un delegado de UOCRA que prefirió mantener el anonimato. «Mientras el gobierno avanza sobre todos nuestros derechos, la conducción de la central sigue jugando a no enojar a nadie. No entienden que esto ya no es cuestión de matices».

    Mientras, ATE y las CTA, llamaron a al paro y la movilización:

    • ATE Nacional decretó paro total con movilización.
    • CTA Autónoma convocó a «cese de actividades» desde las 12.
    • CTA de los Trabajadores limitó su participación a delegados.

    Más información:

    Movilización en defensa de la democracia y contra la proscripción a Cristina Kirchner

    Desde SAN JOSÉ 1111

    Frente al edificio donde Cristina Fernández cumple su arresto domiciliario la vigilia no cesó en toda la noche. Decenas de carpas improvisadas, termos de mate que pasan de mano en mano, «Ella no está sola», dice Rosa, una jubilada que vino desde Quilmes. «Vinimos a quedarnos hasta que esto se resuelva». La imagen de los militantes durmiendo en la vereda contrasta con los informes que hablan de la tobillera electrónica que le colocaron a la expresidenta, y de la prohibición expresa de asomarse al balcón.

     

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  • En casa de Obrero: un centro clandestino de detención en pleno barrio de Almagro

     

    En una investigación especial de El Grito del Sur, develamos la existencia de un centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura en el pasaje Obrero Roberto Núñez, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Por Yair Cybel (El Grito del Sur).


    Un pasaje en Almagro Hollywood

    El pasaje es cortito, apenas una cuadra. Puede pasar desapercibido incluso para los vecinos del barrio. Durante varios años fue una de las calles más oscuras de la zona hasta que hace un tiempo, en una de sus esquinas, se instaló un cafecito de especialidad, de esos que ofrecen machiatto y roll de canela. La palermización es inevitable: bienvenidos a Almagro Hollywood. 

    En el cartel de una de las esquinas se consigna el nombre de pila. En la otra solo dice Obrero Núñez. La denominación llama la atención. En la ciudad de las avenidas Bullrich, Pueyrredón y Lugones, suena extraño el prefijo que subraya la condición de clase del tal Núñez. Huelga decirlo: es más fácil tener calle propia cuando se nace en cuna de oro.

    El garaje no llama la atención. Es una puerta alta, una más, de galpón, de unos cinco metros de alto y pintada de color marrón. Enfrente, la escuela República de Jujuy, casi la única excusa por la que alguna gente transita la cortada.

    En la década de 1970 era una cuadra parecida: empedrada, con pocos árboles y tal vez menos iluminada, pero apenas un callejón oscuro en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Que no llamaría la atención de ningún cronista. A no ser que en ese lugar hubiese funcionado un centro clandestino de detención.

    Roberto Nuñez, obrero de prensa

    El 12 de abril de 1951, Juan Domingo Perón expropió el diario oligárquico La Prensa. Una definición osada y de fondo en favor del sindicato de canillitas, que desde hacía meses sostenía una protesta exigiendo la participación en las ganancias de los avisos clasificados.

    El periódico había sido fundado en 1869 por un tal José C. Paz (la C es por Clemente) y desde su origen adoptó la vocería de las clases dominantes del país. Consecuentemente, fue una ferviente tribuna de oposición al gobierno de Perón: se opuso al pago del aguinaldo y apoyó públicamente la llegada del embajador estadounidense Sprille Braden.

    En enero de 1951, el sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines elevó una solicitada donde exigía que el 20 por ciento de las ganancias de los avisos clasificados se destinaran a la obra social de los trabajadores. Días después, una patota sin identificación atacó a balazos la redacción de Azopardo y Chile asesinando a Roberto Núñez, un obrero gráfico y padre de familia de apenas 36 años que trabajaba en el área de expedición del diario y que desde 1960 le da su glorioso nombre al pasaje en cuestión.

    Nadie investiga solo

    La investigación -como toda actividad humana- es un laburo colectivo. Un oficio que requiere de paciencia, de constancia, de cierta obstinación. De recuperar relatos orales, leer comentarios entre líneas y descubrir indicios. De charlar con el portero y rebotar, con el carnicero y rebotar, y de finalmente encontrar una pista, un pequeño hilo del que tirar.

    En la última dictadura cívico-militar en Argentina, funcionaron unos 800 centros clandestinos de detención a lo largo y ancho del país: apenas unas decenas fueron recuperados como espacios de Memoria y, del resto, solo un puñado más está señalizado. De centenares de ellos no tenemos casi información. Apenas un testimonio en un juicio, un comentario al pasar, el recuerdo de una conversación.

    Uno piensa donde los pies pisan. Desde hace un tiempo, con El Grito del Sur empezamos a investigar estos espacios en nuestro territorio: la Ciudad de Buenos Aires. La redacción de nuestra cooperativa funcionaba (hasta su reciente desalojo) en el ex Centro Clandestino de Detención Virrey Cevallos. Ante la amenaza de su cierre, decidimos contraatacar y salir a recorrer los inmuebles que aún no están señalizados: la casona de Franklin en Caballito, la mansión de la calle Bacacay en Floresta o la maternidad del Hospital Naval, frente al Parque Centenario. De todos ellos hay testimonios, alguna voz, unas pocas notas periodísticas. De la casa de Obrero Roberto Núñez no había nada. Hasta ahora.

    La casa de Obrero

    Primero fue el testimonio oral de una militante de Derechos Humanos. Después, los aportes dispersos de un abogado dedicado a la temática. Más tarde nos escribieron un comentario en el Instagram, reforzando estas versiones. Luego, los vecinos del barrio, los comerciantes y hasta los ex alumnos de la escuela República de Jujuy -ubicada en este pasaje porteño y frente a la casa en cuestión- nos confirmaron la información. Y sumaron precisiones.

    Pero necesitábamos algo más: una declaración oficial, un documento, un relato en boca de alguien que hubiera pasado por allí. Finalmente, tras una búsqueda colectiva, dos testimonios judiciales de ex servicios de Inteligencia terminaron de cerrar la historia.

    En Obrero Roberto Nuñez al 4330, funcionó un centro de detención clandestino. Existen barcos, maternidades, hospitales, talleres mecánicos, mansiones y casonas que oficiaron como reclusorios ilegales. Pero el de Obrero Roberto Núñez es particular: consiste en la combinación de dos inmuebles, el galpón del mentado pasaje y la propiedad contigua que se encuentra en Palestina al 638.

    La casa de Núñez fue el galpón de atrás de una sede del Batallón de Inteligencia 601, una suerte de espacio donde se hacía lo que no podría hacerse en público. Grupos de tareas que operaban de civil entraban por Palestina y salían por Núñez. Operativos a plena luz del día, una presencia silenciosa de los militares en la cuadra y los testimonios de quienes recuerdan algunos gritos.

    “Almagro, lugar de idilio y de poesía”, cantaba Gardel. Nada más lejano.

    El 601

    En ese entonces, la calle Estado de Palestina se llamaba Rawson. A la vuelta de Obrero Núñez, en una casa colonial blanca, de ventanas altas y puertas de madera, funcionaba una Sede del Batallón de Inteligencia 601. Era un centro de operaciones, un bunker en el cual hacían base los comandos civiles-militares que -entre otras cosas- infiltraban organizaciones, secuestraban, torturaban y desaparecían personas.

    De la puerta para afuera simulaba ser una vivienda más. De la puerta para adentro era la División Inteligencia del 601, que funcionó entre el 76 y el 78 a cargo de Luis Ángel Firpo. Según los testimonios judiciales de los propios militares, se encargaba únicamente de prestar custodia a PMI (Personas Muy Importantes, como se los conoce en la jerga): ex militares y militares en servicio con altas responsabilidades políticas. De Lanusse a Viola.Sin embargo, allí se realizaban pagos, se coordinaban operaciones y se prestaban servicios para la Contrainteligencia. En su interior operaban agentes encubiertos vestidos de civil que colaboraban en la lucha contra las organizaciones revolucionarias.

    Según los testimonios recabados, en el comedor de la casa de Rawson había un armario grande que ocultaba una puerta que daba a un garaje, donde habría funcionado el centro de detención clandestino. Es el portón de Núñez. Los vecinos más viejos cuentan que durante los setenta, allí se veían movimientos extraños, entradas y salidas apresuradas. Los testimonios de ex alumnos del colegio señalan que las veces que las pelotas de fútbol se iban para el lado de la propiedad, los chicos eran amedrentados. Acá no hay nada que mirar.

    Testimonios que hablan

    «Había un lugar en la calle Rawson -hoy Palestina-, entre Corrientes y Sarmiento, en la que los vecinos veíamos situaciones que hacían pensar que era un lugar de detención», nos escribieron en nuestra cuenta de Instagram. «Tengo entendido que frente a la escuela Provincia de Jujuy, (donde fui de pequeña) había un portón de garaje que funcionó como centro clandestino… Las veces que pagamos pelotas ahí…. No sé si está señalizado. En la cortada Roberto Núñez». Los testimonios coinciden.

    El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) es una organización de inspiración cristiano-ecuménica que vela por los Derechos Humanos y la Justicia. Un militante del espacio (del cual formó parte, entre otros, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel), aportó otros testimonios sobre Obrero Núñez. De la misma manera lo hizo Alba Pereyra Lanzilloto, quien declaró que en la parte del frente funcionaba un comercio minorista de productos agropecuarios como fachada del centro clandestino.

    Alejandro es el verdulero de la esquina de Obrero Núñez y Palestina. Su familia llegó acá en 1970 cuando se construyó el edificio que todavía habitan. Él nació en el año 1963 y recuerda que cuando era pibe, los oficiales que usaban el inmueble le avisaron que se venía un enfrentamiento entre las fuerzas, que bajaran las persianas y se tiraran al piso. Fue un día de terror, donde pensaron que la muerte podría golpear a la puerta. Finalmente, el tiroteo no se sucedió, aunque toda la jornada se registraron movimientos extraños, cuenta en diálogo con este cronista. Fuera de ese detalle, los militares siempre fueron muy corteses, destaca.

    Se le suma a esto un quinto testimonio, esta vez del hijo de un detenido oriundo de Mar del Plata. Como tantos otros, había ido a la escuela República de Jujuy y contó que, al momento de subirse al techo del colegio, veían movimientos extraños en la casa de enfrente. Recordó que una vez los iluminaron desde el lugar y les pidieron que dejaran de mirar. De hecho, la Dirección Nacional del ex Programa Verdad y Justicia informó en 2020 que durante la dictadura hubo militares apostados en el techo de la escuela.

    Obrero Núñez, dijo el teniente

    Hasta ahí una serie de testimonios de vecinos, de militantes de Derechos Humanos, de investigadores. Pero el gran hallazgo reside aquí: el 3 de septiembre de 2020, en el marco del juicio Contraofensiva, declaró el ex personal Civil de Inteligencia Eduardo Donato Caporaso. El espía señaló que prestó servicio entre 1976 y 1980 en la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, bajo el nombre Daniel Camaño. Y destacó haber cumplido tareas en una «casona» de la calle Rawson.Caporaso describió un inmueble con una o dos habitaciones grandes al frente, alguna oficina, pasillo, cocina y un patio. Y se encargó de señalar que el lugar se conectaba con otro inmueble, el de Obrero Núñez. Por si fuera poco, especificó que los espías se movilizaban en un Ford Falcon, siempre vestidos de civil.

    “Los vehículos sólo eran para trasladarse al lugar donde tenían que ir a cubrir la seguridad. Iban dos personas. Uno manejaba (…) Los autos eran Ford Falcon. Había uno celestito y uno blanco. Y también había un Dodge 1500 de color verde”, reseña la cobertura del juicio que hizo la periodista Martina Noailles para otro medio popular, La Retaguardia.

    El testimonio de Caporaso coincide con el del oficial de inteligencia José Ramón Pereiro, que en el marco de otra causa (de expediente N° 16307/06 de la Secretaría N° 8 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, caratulado «Guerrieri Pascual Oscar y otros s/ Privación ilegal de la libertad personal») señaló que en el año 1980 fue trasladado a trabajar en la casona de Obrero Nuñez.

    Por si hacían falta otras voces oficiales que confirmaran el uso del lugar, se suma una de jerarquía: en el mismo juicio Contraofensiva, el teniente coronel retirado Luis Ángel Firpo admitió que en esta casa había funcionado bajo su mando la División Seguridad del 601. Cartón lleno.

    Eduardo Donato Caporaso en el juicio Contraofensiva. Fuente: La Retaguardia

    Los 90s

    Durante los años 90, esa casa de la calle Obrero Nuñez fue utilizada por la empresa Azúcar Méndez. Anteriormente, vivió allí una familia que alquilaba la propiedad.

    En Palestina al 638 se instaló el Centro de Salud Mental Malvinas Argentinasbajo la órbita del Ejército Argentino. De hecho, en 2013 se anunció la licitación para la realización de una obra en el sitio con la carátula de “Remodelación del anexo al Casino de Suboficiales en calle Palestina 638”, dependiente del Ejército Argentino.

    Actualmente, en el galpón de obrero Núñez funciona la empresa ARTEC Ingeniería. Y en el inmueble de Palestina una «residencia para militares». Así lo confirmó un hombre de unos 40 años, pelo al ras y cigarrillo en mano, que salió del lugar a tomar un poco de aire.

    Lo que falta por encontrar

    La casa de Obrero Roberto Nuñez sigue sin señalizar e incluso sin notas periodísticas al respecto. Lo mismo sucede con centenares de inmuebles que funcionaron como centro clandestino, base operativa o aguantadero de los grupos parapoliciales que sembraron el terror en nuestro país y dejaron un saldo de 30 mil detenidos desaparecidos y cientos de bebés robados que aún desconocen su identidad.

    Con más de ocho testimonios, todos de jerarquía y algunos de los propios responsables del lugar, podemos afirmar que aquí, en pleno barrio de Almagro, funcionó un centro clandestino de detención que respondía al Batallón de Inteligencia 601 y que permanecía totalmente invisibilizado. Hasta hoy.

    Fuente: https://elgritodelsur.com.ar/2025/05/centro-clandestino-de-detencion-obrero-roberto-nunez-almagro/

     

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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  • Esquel: condenan a un padre por pegarle con un cinturón a su hijo

     

    En menos de treinta días, la fiscal chubutense Rafaella Riccono logró cerrar un acuerdo de juicio abreviado que terminó con la condena de un hombre por violencia infantil. El acusado fue declarado culpable de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en un contexto de violencia contra las infancias, en perjuicio de su hijo de 10 años.

    Los hechos ocurrieron en la localidad de Esquel el 1 y el 4 de octubre, en la vivienda familiar, cuando el hombre golpeó al niño con un cinturón, provocándole lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

    La situación fue detectada en la escuela por la maestra del menor, quien al notar las marcas dio aviso a la dirección y acompañó la denuncia ante la comisaría. Paralelamente, la madre del niño también denunció los episodios de violencia.

    Tras la intervención del Servicio de Protección de Derechos, se consultó al menor sobre con quién se sentía más seguro, y el niño eligió vivir con su abuela paterna, donde permanece actualmente. Días después, fue escuchado en Cámara Gesell, cumpliendo con los principios del Interés Superior del Niño establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

    La jueza interviniente homologó el acuerdo de juicio abreviado, impuso al agresor reglas de conducta y ordenó remitir el fallo al Juzgado de Familia, que deberá implementar medidas de acompañamiento psicológico para la familia.

    El Ministerio Público destacó que este caso representa un mensaje claro contra la violencia en la crianza, recordando que el Código Civil y Comercial prohíbe expresamente los castigos físicos desde 2015.

    La Fiscalía subrayó que la violencia intrafamiliar no es un asunto privado, sino un delito, y reafirmó el compromiso del Estado en proteger los derechos de las infancias, garantizando su derecho a crecer en un entorno de respeto, diálogo y afecto.

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  • Solicitan elevar a juicio la causa de la mujer trans que murió por no recibir atención médica en la cárcel

     

    Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.


    El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

    A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

    Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

    El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

    La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

    A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

    Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/

     

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