En el marco de las acciones para contribuir a un tránsito ordenado, seguro e inclusivo, la Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina instaló nuevos decrementadores en los semáforos ubicados en las intersecciones de ruta nacional 22 y calles San Martín y España.
A ellos se sumaron dos semáforos peatonales en 5 esquinas.
El Intendente Marcelo Orazi y el Director de Tránsito Mario Figueroa estuvieron presentes mientras el personal realizaba los trabajos respectivos.
Cabe recordar que el área mencionada viene realizando distintas actividades para mejorar la transitabilidad en la ciudad. A la incorporación de estos aparatos se suman las campañas tendientes a concientizar a niños y jóvenes sobre pautas de tránsito.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que el próximo domingo 9 a partir de las 15 horas se realizará una nueva edición de la Feria ReEmprender en la Plaza Primeros Pobladores. Allí, artesanos y pequeños emprendedores podrán exponer sus productos y generar espacios de intercambio y promoción. Desde el área…
La organización que nuclea a la conducción del Poder Judicial de todos los distritos del país se manifestó fuertemente contra los cuestionamientos que desde el gobierno de Milei hicieron a la jueza Karina Andrade, que el miércoles pasado ordenó liberar a todos los detenidos en la manifestación de los jubilados en inmediaciones del Congreso, al evaluar que no existía ninguna prueba contra ellos de la comisión de un delito.
Andrade es jueza de primera instancia en lo penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires y actuó como contralor de garantías de los detenidos en los incidentes entre manifestantes y los uniformados, que reprimieron de manera desbordada. La magistrada, de 42 años, sostuvo que no se le suministró desde las fuerzas de seguridad ni de las fiscalías información alguna que permitiera formular cargos a ninguno de los apresados, lo que motivó la resolución que les dio la libertad.
Desde el gobierno nacional la emprendieron contra Andrade. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció de inmediato que pediría su apartamiento y posteriormente sostuvo que la denunciaría penalmente por la liberación de los detenidos sin verificación de antecedentes. Desde la Casa Rosada también la descalificaron políticamente al tratarla de “jueza de la Cámpora”, algo que algunos medios periodísticos recogieron y difundieron.
“Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial”, señaló la entidad. En ese pronunciamiento, se remarca que los jueces no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus resoluciones.
Se trata de la organización que nuclea a los máximos representantes de la Justicia de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. La preside la presidenta del Supremo Tribunal de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, y cuenta entre sus vicepresidentes al juez de la Corte Suprema bonaerense, Sergio Torres, un experimentado ex juez federal.
Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial.
El jueves pasado Bullrich había escrito en su cuenta de X: “Exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia”.
“Como se ha sostenido la independencia judicial consagrada en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales es una pieza clave para asegurar el sistema democrático y el estado de derecho. Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso”, dicen los representantes de todas las Cortes de la Argentina.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Es un pronunciamiento categórico de los jueces de mayor jerarquía contra el gobierno. Allí interpretan que la insinuación de un juicio político contra la magistrada porteña es un acto de amedrentamiento.
La cartera a cargo de Bullrich presentó este viernes un recurso para pedir la incompetencia de Andrade para intervenir en este caso y adelantó que está “evaluando la presentación de una denuncia penal penal por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos” ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también declaró al conocerse el fallo que se analizaría la actuación de la jueza ante el Consejo de la Magistratura “por posible incumplimiento de sus funciones”.
Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso.
El legislador porteño Yamil Santoro, de La Libertad Avanza, también presentó una denuncia contra Andrade, a la que acusó de desempeño inadecuado, maltrato sistemático a su personal y decisiones judiciales que comprometen la seguridad pública.
Los jueces superiores de la Argentina tuvieron en cuenta este contexto para pronunciarse. “La estabilidad, autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de su función es esencial para tutelar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales. Se enfatiza que en la realidad contemporánea, los principios y preceptos constitucionales interpretados de acuerdo a los Pactos Internacionales, la independencia del Poder Judicial expresamente consagrada por la Constitución Nacional en los arts. 18, 109, 110 y concordantes, no comporta un privilegio para los jueces. Por el contrario, está instituido en beneficio de los ciudadanos, importando más que un derecho fundamental, en realidad, una garantía institucional”, plantearon.
La jueza contravencional porteña, Karina Andrade.
Este sábado Andrade defendió su criterio para desvincular a los detenidos. “Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”, explicó al hablar con Radio 10. Dijo también que nada impide que se pueda perseguir a esas personas si surgen elementos que así lo permitan, que ella, remarcó, no tuvo a disposición la noche del miércoles.
Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución.
Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. “Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, afirmó.
La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un “derecho baluarte del sistema democrático”.
Al primer minuto de discurso el Presidente de la Nación ya había hecho mención a la “herencia recibida”, de manera directa fue la primera y la única vez que lo hizo, pero durante la hora y pico de desarrollo esbozó varias analogías tácitas sobre esa construcción. En varias oportunidades enfrentó al bloque opositor, los miró…
Guillermo Francos negó este martes que el gobierno evalúe retirar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, nombrados por decreto de Javier Milei como jueces de la Corte Suprema. La definición era una salida decorosa que el correntino Eduardo Vischi, presidente del bloque de la UCR en el Senado, reclamaba a la Casa Rosada para no tener que asumir la fractura de su bancada a la hora de votar en recinto a los cortesanos.
Los miembros del radicalismo en la Cámara Alta esperaron en vano que se realice una reunión de Vischi, los gobernadores del partido y el Comité, para resolver una postura común frente a los candidatos de Milei al máximo tribunal. “No se hizo la reunión y veremos cómo vota cada uno el día de la sesión”, dijeron desde un despacho radical.
En paralelo, García Mansilla presentó este martes un escrito ante el juzgado de Alejo Ramos Padilla, para defender su asunción ante los amparos que se tramitaron en su contra. “Cualquiera sea la opinión que se tenga acerca del dictado del decreto 137/25, lo cierto es que nadie puede sostener seriamente que, en mi caso particular, sea manifiesta su supuesta arbitrariedad o su supuesta ilegalidad”, planteó el flamante supremo.
A lo largo de 51 páginas, el profesor de la Universidad Austral argumenta que la facultad de la designación en comisión figura en la Constitución Nacional, que sus colegas de Tribunales ya le tomaron juramento y que su remoción como ministro de la Corte solo puede producirse bajo el mecanismo de juicio político.
Su postura es absolutamente contraria a la que esbozó el 28 de agosto pasado, cuando defendió su postulación en la audiencia de la Comisión de Acuerdos del Senado. Entonces, dijo que el nombramiento por decreto era una facultad presidencial prevista en la carta magna pero que no aceptaría ese camino después de lo que pasó en 2016 con las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Mientras tanto, el bloque peronista en el Senado permanece bajo estricto hermetismo. Hasta la semana pasada, un legislador de UP le dijo a LPO que todavía había 14 senadores dispuestos a votar a favor de Lijo, lo que dejaría en 20 el piso de rechazos al juez federal.
Cualquiera sea la opinión que se tenga acerca del dictado del decreto 137/25, lo cierto es que nadie puede sostener seriamente que, en mi caso particular, sea manifiesta su supuesta arbitrariedad o su supuesta ilegalidad.
A partir de esa cifra habría que sumar las voluntades en contra de Francisco Paoltroni y Luis Juez, que se manifestaron públicamente de ese modo, y un puñado de radicales. Con solo 25 por la negativa, un postulante a la Corte se queda sin su puesto.
Ante ese escenario, un aliado de los libertarios en el Senado deslizó ante LPO que la apuesta del gobierno podía ser que se cayera la sesión. “Hay senadores más cerca de perder el avión el feriado previo al 3 de abril que de sentarse en la sesión”, comentó, y agregó: “esa sería una manera de salvar los pliegos y que queden vigentes los nombramientos por decreto”.
Las miradas, tanto en el oficialismo como en la oposición, apuntan a los cuatro peronistas de Convicción Federal, que formalizaron una ruptura sin separarse de UP la semana pasada. Fuentes ligadas a ese sub-bloque descartaron esa especulación.
Dominados y dominantes he ahí la cuestión. La práctica estatal comenzó en Egipto, o sea, la lógica de dominación dada por el monopolio de la coerción y lo legitimado en aquella etapa de Nagada II en el Alto Egipto. Ahora bien, hay diferentes maneras de construir nuestra realidad psíquica y social. El surgimiento del Estado…
Durante la última asamblea general de la Federación de Productores, encabezada por el presidente Sebastián Hernández a la que asistieron más de 200 productores de la zona, los directivos a modo de carácter informativo pusieron sobre la mesa una propuesta que generó expectativas. La apertura de un canal comercial directo para abastecer comedores escolares y…
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