Para un tránsito ordenado y seguro, se suman segunderos en semáforos
Durante este jueves, se procedió a la instalación y puesta en funcionamiento de más decrementadores (segunderos) en semáforos de Villa Regina.
Esta vez, el personal de la Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad colocó dos dispositivos en el semáforo ubicado en Avenida Cipolletti y Juan XXIII. El Intendente Marcelo Orazi y el titular del área Mario Figueroa estuvieron presentes durante la realización de los trabajos.
A ellos se sumarán la semana que viene dos en ruta nacional 22 y Pioneros para el tránsito que circula en sentido oeste-este y viceversa. Además, está prevista la adquisición de semáforos peatonales para 5 esquinas; San Martín y ruta 22 y España y ruta 22.
Se instalan chicharras sonoras en los semáforos
Luego de 10 meses de sancionada la ordenanza que dispone la colocación de los semáforos sonoros para mayor accesibilidad, la Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina comenzó esta semana con la instalación de las chicharras sonoras en los semáforos de la ciudad que les indica las personas con discapacidad visual el momento en el que pueden cruzar la calle de manera segura.
Los dispositivos fueron colocados en los semáforos de Avenida Mitre y O’ Higgins y Avenida Mitre y 20 de Junio. Los semáforos, conectados a un ordenador, emiten dos sonidos diferentes para indicar cuándo el semáforo está en verde y cuándo está en intermitente.
Para proceder a la instalación de las chicharras fue necesario adaptar los semáforos a la tecnología requeridas por los dispositivos sonoros. En este sentido se explicó que se requiere de controladores, accesorios, cables, puesta a tierra para garantizar su funcionamiento en forma correcta.
Faltan horas para que comience el primer Festival Regina Audiovisual (FRAV) y durante la mañana de este miércoles se dieron detalles de la actividad que se desplegará durante cuatro jornadas en el estacionamiento del anfiteatro Cono Randazzo. El Intendente Marcelo Orazi, la Directora de Cultura Silvia Alvarado y el Director del Festival Esteban Vázquez fueron…
La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
La fragilidad del gobierno desde su origen
Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar.
El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.
Las “traiciones” de Paz
Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.
En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.
Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.
Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.
La narrativa del gobierno y sus limitaciones
Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones.
Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.
Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan.
La tradición boliviana de negociar en la calle
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.
Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.
En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después.
Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos.
Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha.
Él se encuentra sentado con su espalda sobre un manzanar repleto de frutos. Desde Tucumán a Villa Regina. Una meta: hacer algo de dinero. El oficio: recoger manzanas y peras. El tiempo: tres meses. Un hobby: la poesía desenfrenada. Una síntesis que intenta englobar los recorridos de Girondo Masmédulo. Después de una jornada bajo el…
Bolivia vive momentos de extrema tensión. La Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas están llevando a cabo una protesta con cortes de ruta en contra del gobierno de Rodrigo Paz.
La COB reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia de Paz , algo que igualmente exigen también campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.
La protesta comenzó en la ciudad de El Alto y avanzó hacia La Paz con acciones violentas que incluyeron la explosión de bombas y petardos.
Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), Ladislao Prado, dijo que se movilizaron por «demandas justas y necesarias» y el respeto a la «institucionalidad» de su organización.
La movilización minera se desbordó cuando llegó a una calle cercana a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano, donde había una barrera policial reforzada con estructuras metálicas que los manifestantes intentaron retirar por la fuerza.
Esto derivó en enfrentamientos con los agentes, después de que los mineros intentaran superar el cerco policial utilizando cargas de dinamita y la Policía respondiera con gases lacrimógenos, en choques que duraron más de dos horas y dejaron al menos dos arrestados, pese a que poco antes dirigentes del sector habían ingresado a la sede de Gobierno para reunirse con autoridades.
La COB reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia de Paz , algo que igualmente exigen también campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.
El clima de protestas organizadas por distintos sectores lleva más de unas semana y combina reclamo de los mineros pero también de obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas, con reclamos desde aumentos salariales hasta la no privatización de empresas públicas.
Asediado por el clima social, Rodrigo Paz denunció que las protestas están siendo parcialmente instrumentalizadas para «desmontar» el sistema democrático nacional y advirtió que quienes estén utilizando el agravio para desestabilizar el país pueden terminar en la cárcel.
«Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática», dijo Paz este viernes durante la presentación del informe Democracia y Desarrollo 2026.
Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática
La situación institucional desde que asumió Paz es delicada desde el principio. La ruptura con el vicepresidente Edmar Lara es parte de ese proceso de crisis y las demandas sociales se incrementan en sectores que votaron por el presidente en la segunda vuelta y hoy le soltaron la mano. «Esos que intentan desde el pasado destrozar la democracia se van a ir a la cárcel», dijo en referencia a Evo Morales y el MAS.
En este contexto, el portavoz del Gobierno José Luis Gálvez denunció la existencia de un «plan macabro» supuestamente financiado por el narcotráfico, y acusó a Evo Morales y dirigentes afines de promover movilizaciones y bloqueos para desestabilizar al país y, como ha insistido el presidente a última hora de este viernes, «romper la democracia».
Ante este cuadro de situación, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú expresaron su preocupación por la crisis humanitaria en Bolivia a través de una declaración conjunta en la que advirtieron sobre el impacto de las protestas y bloqueos de rutas en el abastecimiento de alimentos e insumos esenciales.
El comunicado señala que la situación en Bolivia es consecuencia de las manifestaciones y cortes de carreteras que derivaron en dificultades para garantizar productos básicos para la población.
En el texto, los gobiernos firmantes rechazaron «toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad» del Estado Plurinacional de Bolivia, y remarcaron su respaldo al Gobierno constitucional surgido de las Elecciones Generales de 2025.
Además, reiteraron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano, al tiempo que exhortaron a los distintos actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social. El gobierno argentino decidió enviar un avión Hércules C-130 para el transporte de alimentos.
La Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa Regina informa que desde el 20 al 23 de septiembre se realizará la tradicional muestra de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en formato virtual. Para acceder a la misma los interesados deberán ingresar al link muestradecarreras.uns.edu.ar Para quienes no tienen acceso a internet desde…
DOMINGO 18 / 17 HS «LA LOBERIA» Club de Arte «El Biombo» Un paseo por las costas patagonicas, descubriendo su maravillosa fauna. Desde el nacimiento de Pini, un lobo marino, hasta su aldultez; Conocemos su familia, amigos y adversarios, deseos y temores, fortalezas y debilidades. Género: Teatro de titeres para toda la familia ENTRADAS A…
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