Más decrementadores y nuevos semáforos sonoros

El último martes se realizó una reunión convocada por referentes de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA) de la que participaron la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra y la Directora de Promoción Social Adriana Torres. El encuentro tuvo…

Corre fuerte por estas horas en los pasillos tribunalicios la versión de un «acuerdo» entre Luis Armella y el gobierno de Javier Milei que implica la designación como funcionarios de personas allegadas al juez federal de Quilmes.

Fuentes judiciales señalaron a LPO que recientes nombramientos en el estratégico Hospital El Cruce de Florencio Varela tienen un estrecho vínculo con el juez que actualmente subroga el Juzgado Federal N°2 de Lomas que lleva la causa Insaurralde.

Concretamente, aluden a la resolución 698 firmada por el ministro de Salud Mario Lugones en la que se nombraron los nuevos representantes de esa cartera en el Consejo de Administración del Hospital «El Cruce, Dr. Néstor Carlos Kirchner», centro de salud de alta complejidad clave en el conurbano.

Allí, se designó por cuatro años a Javier Gustavo Mendoza, un ex juez de Cámara que en el ámbito judicial lo ubican muy cercano a Armella desde finales de los 90, cuando ambos eran fiscales en Quilmes.

El ahora representante del Ministerio de Salud en el Hospital El Cruce fue fiscal en el Departamento Judicial Quilmes, desde 1999 hasta fines de 2009, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli lo nombró jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Incluso, hay quienes recuerdan que a mediados de 2000, en pleno fulgor del caso que investigaba la muerte del cantante cuartetero Rodrigo Bueno, el fiscal Armella, por entonces a cargo de la investigación, se tomó licencia por estrés y fue suplantado por Mendoza.

El ahora representante del Ministerio de Salud en el Hospital El Cruce fue fiscal en el Departamento Judicial Quilmes, desde 1999 hasta fines de 2009, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli lo nombró jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Mendoza abandonó el control de las cárceles de la provincia en 2011, cuando la misma gestión sciolista lo promovió como juez de Cámara en Mar del Plata.

Mendoza junto a Scioli en tiempos donde era jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.

«Así se cierra el círculo de relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Mendoza provenía de la justicia provincial al momento de ocupar un cargo estratégico en el Ejecutivo. Luego de tomar decisiones que implicaron fuertes retrocesos y debilitamientos del control judicial de los actos de gobierno, termina la gestión con un ascenso en la carrera judicial», denunció un informe del Cels en 2012.

El 1 de diciembre de 2018 Mendoza renunció con fines jubilatorios como juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata.

Preocupado por la movilidad jubilatoria en tiempos de Milei, en noviembre de 2025 Mendoza fue uno de los firmantes del comunicado de ex jueces contra la acordada de la Suprema Corte que incrementa la brecha de haberes de los pasivos y los salarios del Poder Judicial.

Mendoza (izq.) en la presentación de los nuevos representantes del gobierno de Milei en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.

Puntualmente, cruzaron el acuerdo 4191 de junio de 2025 que implementó un aumento de haberes a quienes se encuentran en actividad en el Poder Judicial bonaerense pero que no se aplicó a los jubilados de ese sector.

Es en ese contexto que Mendoza llega al Consejo de Administración del Hospital El Cruce que está compuesto por seis integrantes: dos miembros del Ministerio de Salud Nacional, dos por la cartera sanitaria bonaerense y los dos restantes por parte de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

En ese esquema, la presidencia es del Ministerio de Salud Nacional, que -en la misma resolución que designó a Mendoza- nombró al Dr. Luciano Nápoli, que venía desempeñándose en otros centros de salud de la zona.

Sergio Berni busca crear una comisión bilateral para que la Legislatura bonaerense haga un seguimiento del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país.

El jefe de los senadores peronistas en la Legislatura presentó un proyecto de Ley para garantizar la participación de la provincia en el proceso iniciado por el gobierno libertario.

La iniciativa propone la creación de una comisión integrada por cinco senadores y cinco diputados, con representación proporcional de los distintos bloques políticos. La idea es que esa comisión pueda intervenir en el proceso de privatización, elaborar informes públicos y velar por la defensa de los intereses de la provincia y del país.

«Cuando una empresa sujeta a privatización tiene su principal asentamiento en una provincia, esa provincia debe participar del procedimiento. Lo que estamos haciendo es garantizar ese derecho y que no quede librado a la voluntad del Gobierno nacional», dijo Berni.

Reidel pagó deudas personales por 800 millones y Karina trata de convencer a Milei que lo eche 

El senador tiene su armado político en Zárate, donde funcionan las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y el proyecto CAREM-25. Por eso, rápidamente brotaron las críticas del PRO -que gobierna ese municipio del norte bonaerense- a la iniciativa.

«Tendría más sentido que sobre el tema legisle su mujer (Agustina Propato) que es diputada nacional y es en la órbita donde funciona Nucleoeléctrica Argentina. Sin embargo, a Berni le gana el personaje», dijo la diputada provincial Natalia Blanco que tiene asiento en Zárate y responde a Cristian Ritondo.

Según el proyecto, la omisión de esa participación provincial por parte del Poder Ejecutivo Nacional configuraría el incumplimiento de un requisito esencial del procedimiento administrativo, lo que podría afectar la validez del proceso de privatización y dar lugar a las acciones administrativas y judiciales correspondientes.

Rebelión atómica: suspendieron a los gerentes de Reidel, que se brotó en plena reunión

Por estas horas, el gobierno se prepara para vender casi la mitad de Nucleoeléctrica Argentina. El plan es desprenderse del 49% de las acciones, en un movimiento que promete cambiar el tablero energético.

NASA controla 1.763 MW de potencia instalada, lo que equivale al 4,1% de la capacidad bruta del país, y genera el 7,35% de la energía del SADI. Además, es una rara avis entre las estatales: fue superavitaria. En el primer trimestre declaró ganancias por $17.234 millones de pesos.

El negocio tiene también un trasfondo geopolítico: en paralelo se firmó un acuerdo con Estados Unidos por el uranio argentino, con potencial para cambiar la matriz energética del país. Argentina tiene 34.000 toneladas de reservas y consume unas 220 toneladas anuales; el resto puede exportarse.