Para un tránsito ordenado y seguro, se suman segunderos en semáforos
Durante este jueves, se procedió a la instalación y puesta en funcionamiento de más decrementadores (segunderos) en semáforos de Villa Regina.
Esta vez, el personal de la Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad colocó dos dispositivos en el semáforo ubicado en Avenida Cipolletti y Juan XXIII. El Intendente Marcelo Orazi y el titular del área Mario Figueroa estuvieron presentes durante la realización de los trabajos.
A ellos se sumarán la semana que viene dos en ruta nacional 22 y Pioneros para el tránsito que circula en sentido oeste-este y viceversa. Además, está prevista la adquisición de semáforos peatonales para 5 esquinas; San Martín y ruta 22 y España y ruta 22.
Se instalan chicharras sonoras en los semáforos
Luego de 10 meses de sancionada la ordenanza que dispone la colocación de los semáforos sonoros para mayor accesibilidad, la Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina comenzó esta semana con la instalación de las chicharras sonoras en los semáforos de la ciudad que les indica las personas con discapacidad visual el momento en el que pueden cruzar la calle de manera segura.
Los dispositivos fueron colocados en los semáforos de Avenida Mitre y O’ Higgins y Avenida Mitre y 20 de Junio. Los semáforos, conectados a un ordenador, emiten dos sonidos diferentes para indicar cuándo el semáforo está en verde y cuándo está en intermitente.
Para proceder a la instalación de las chicharras fue necesario adaptar los semáforos a la tecnología requeridas por los dispositivos sonoros. En este sentido se explicó que se requiere de controladores, accesorios, cables, puesta a tierra para garantizar su funcionamiento en forma correcta.
El cronograma de pagos de los sueldos de junio comenzará el próximo sábado 4 con el sector de Salud, incluyendo el depósito de las guardias y las horas extras. +info en la sig. nota. (Se garantizó el pago del medio aguinaldo a los trabajadores de la Administración Pública Provincia).
Las empresas navieras difundieron un informe en el que rechazan la intención de desregulación del gobierno en el cabotaje a través de las políticas que llevan a cabo el ministro Federico Sturzenegger.
De esta manera, el documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.
El documento recuerda que el régimen vigente, sustentado en la Ley de Navegación y en el Decreto-Ley 19.492/72, establece la reserva del cabotaje para buques de bandera argentina, un esquema que los autores comparan con la denominada Jones Act de Estados Unidos.
Según el análisis, este sistema responde no sólo a criterios económicos sino también a razones vinculadas con la seguridad nacional y el desarrollo industrial. Uno de los principales argumentos del informe es que la incorporación de operadores extranjeros bajo banderas de conveniencia podría reducir significativamente la recaudación tributaria.
Los autores sostienen que las empresas nacionales tributan impuestos, contribuciones patronales y diversas tasas vinculadas a la actividad marítima, mientras que compañías extranjeras podrían beneficiarse de regímenes de no residencia fiscal o convenios internacionales que disminuyan su carga impositiva.
El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.
El documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.
Entre los efectos señalados figuran la pérdida de empleo formal, una reducción de aportes previsionales y un debilitamiento de los sistemas de formación y renovación de personal marítimo. Además, sostiene que cada empleo directo en el sector genera entre tres y cinco puestos indirectos en actividades vinculadas, como logística portuaria, talleres navales, seguros y servicios especializados, por lo que el impacto se extendería a numerosas economías regionales.
Carlos Presti.
El informe afirma que las compañías argentinas enfrentan costos laborales, financieros y regulatorios superiores a los de operadores internacionales. En ese contexto, una competencia abierta podría derivar en la pérdida de mercado, dificultades para renovar flotas y, eventualmente, en la desaparición de armadores nacionales, reproduciendo fenómenos observados durante la década de 1990.
El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.
Otro de los ejes centrales del trabajo es la relevancia estratégica del Atlántico Sur. El documento destaca la posición argentina respecto del estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, considerados corredores alternativos ante eventuales interrupciones de los canales de Panamá o Suez. Desde esta perspectiva, la preservación de una marina mercante nacional es presentada como un componente de soberanía y presencia estatal en la región.
Los autores también plantean que una mayor presencia de operadores extranjeros podría incrementar la dependencia logística del país y reducir la capacidad de control sobre rutas, puertos e infraestructura estratégica. Asimismo, vinculan esta discusión con la cuestión de las Islas Malvinas y la proyección argentina en el Atlántico Sur. Industria naval y seguridad El estudio sostiene que una reducción de la flota nacional impactaría directamente sobre los astilleros argentinos, las escuelas de formación marítima y la cadena de proveedores vinculada al sector.
También advierte sobre posibles desafíos para los controles de seguridad, ambientales y aduaneros ante un aumento de embarcaciones bajo múltiples pabellones extranjeros.
Fuentes militares explicaron a LPO que «ka Cámara Naviera Argentina y otros armadores han cambiado radicalmente su postura respecto a un nuevo decreto/ley, que ahora es opuesto al decreto 340 que ayudaron a redactar».
Esta fuente detalla que «el cambio se debe a la advertencia de que la empresa china Cosco planea posicionar buques con bandera china de forma permanente en Argentina para operar en cabotaje, utilizando tripulaciones chinas y tarifas de dumping.
Inicialmente, buscaban evitar el desguace de la flota argentina y el uso de banderas de conveniencia, pero el nuevo escenario con Cosco los lleva a preferir negociar con sindicatos argentinos».
«La preocupación es que, si bien se busca sacar a los chinos de las 200 millas, la nueva política podría permitirles entrar en el cabotaje portuario.
Varias organizaciones marítimas intentarán reunirse con Lamela para explicar que las políticas de Sturzenegger van en contra de la política hemisférica», remarca.
Entre las propuestas finales, el informe recomienda mantener la reserva de cabotaje para buques de bandera argentina, revisar los mecanismos de habilitación de embarcaciones extranjeras, promover programas de financiamiento para la renovación de flota nacional y fortalecer los controles de la Prefectura Naval Argentina.
Según las conclusiones del trabajo, una desregulación sin salvaguardas podría provocar pérdidas fiscales, destrucción de empleo calificado, debilitamiento de la industria naval y una menor capacidad estratégica del país en el Atlántico Sur.
Analicemos lo que está pasando en nuestra ciudad dentro del marco provincial del plan estratégico de vacunación. Como en una clásica encuesta donde se toma un campo determinado para luego hacer una mirada macro, en este caso nuestra ciudad puede ser el fiel reflejo de una secuencia provincial en la que se avanza con más…
El Intendente Marcelo Orazi firmó hoy con el gobierno provincial el convenio marco para la colaboración, cooperación y asistencia mutua, con el objetivo de fortalecer la implementación de políticas de género. El acuerdo se enmarca en el programa ‘Consolidarnos’ que busca fortalecer las áreas de género y diversidad municipales, a través de capacitación, asistencia técnica…
La suerte de Gastón Salmain está echada, dicen en el Consejo de la Magistratura. El expediente para activar el jury contra juez federal acusado de recibir coimas podría salir 20 a cero en el plenario del próximo miércoles.
En una situación insólita, Salmain sigue dictando resoluciones desde prisión domiciliaria con una tobillera electrónica puesta. Incluso, a principios de abril la Cámara Federal de Rosario lo designó para subrogar el juzgado federal de Rafaela.
«El tipo está disociado. Piensa que va a zafar de la destitución. Después de que estalló todo, en vez de guardarse se presentó para subrogar un juzgado. Pero la situación es insostenible y no le hace bien a la imagen del poder judicial», explicó a LPO un consejero.
Salmain está acusado de haber autorizado una compra de diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de 200 mil dólares. La pena en expectativa para el principal delito que le atribuyen es de prisión efectiva y va de cuatro a doce años.
El segundo hecho es que omitió señalar en su CV al concursar que en 2002 la Corte Suprema lo echó de la Justicia Federal, donde era empleado, por ofrecer una coima a una secretaria de juzgado para direccionar un expediente.
A fin de año le dictaron la prisión preventiva, pero como el Consejo de la Magistratura no lo había suspendido, siguió ocupando su cargo.
Su situación empezó a complicarse cuando en diciembre de 2025 cambió la composición de las comisiones del Consejo. Acusación quedó a cargo de Alberto Maques, un hombre cercano a Daniel Angelici.
En los últimos meses, la Comisión de Acusación despachó los expedientes de Alfredo López, el juez antisemita de Mar del Plata, y del pampeano Ramiro Díaz Lacava, acusado de presunto mal desempeño, amenazas, lesiones y violencia de género laboral contra empleados y secretarios de su tribunal. Ambos fueron despachados por el plenario, suspendidos y enfrentarán un jury para destituirlos antes de fin de año.
Patricio Maraniello, el juez que prohibió la difusión de los audios de las coimas en Discapacidad que involucraban a Karina Milei, también tiene abierto un expediente en Acusación por abuso sexual, maltrato laboral y desvío de fondos públicos.
La última semana de mayo, la Comisión de Acusación decidió elevar al plenario el expediente de Salmain y salió por unanimidad. Si bien en Acusación no hay representantes de los jueces, el estamento de los magistrados no hará nada para evitar la suspensión de Salmain.
«El caso es muy fuerte, nadie quiere quedar pegado a un tipo así. Encima para defenderse mandó en cana a un colega. Nadie lo quiere cerca, Está listo», resumió a LPO otro consejero.
Salmain intentó por todos los medios llegar a los consejeros para frenar las acusaciones en su contra. Incluso contrató a operadores judiciales, pero nada le dio resultado. Parece difícil con la evidencia que se acumuló en su contra y con la voluntad del presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, en avanzar en su contra.
Acto voluntario del reencuentro con uno mismo, los demás y el entorno. El reino de lo espontáneo le dio sus maneras de expresión. Ahora no hablamos de ello, por que ello no necesita palabras, solo una imagen que nos destaque y nos diga: ¡aquí estamos che! ¿Qué destacar? ¿La forma o el fondo? La forma…
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
