Para un tránsito ordenado y seguro, se suman segunderos en semáforos
Durante este jueves, se procedió a la instalación y puesta en funcionamiento de más decrementadores (segunderos) en semáforos de Villa Regina.
Esta vez, el personal de la Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad colocó dos dispositivos en el semáforo ubicado en Avenida Cipolletti y Juan XXIII. El Intendente Marcelo Orazi y el titular del área Mario Figueroa estuvieron presentes durante la realización de los trabajos.
A ellos se sumarán la semana que viene dos en ruta nacional 22 y Pioneros para el tránsito que circula en sentido oeste-este y viceversa. Además, está prevista la adquisición de semáforos peatonales para 5 esquinas; San Martín y ruta 22 y España y ruta 22.
Se instalan chicharras sonoras en los semáforos
Luego de 10 meses de sancionada la ordenanza que dispone la colocación de los semáforos sonoros para mayor accesibilidad, la Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina comenzó esta semana con la instalación de las chicharras sonoras en los semáforos de la ciudad que les indica las personas con discapacidad visual el momento en el que pueden cruzar la calle de manera segura.
Los dispositivos fueron colocados en los semáforos de Avenida Mitre y O’ Higgins y Avenida Mitre y 20 de Junio. Los semáforos, conectados a un ordenador, emiten dos sonidos diferentes para indicar cuándo el semáforo está en verde y cuándo está en intermitente.
Para proceder a la instalación de las chicharras fue necesario adaptar los semáforos a la tecnología requeridas por los dispositivos sonoros. En este sentido se explicó que se requiere de controladores, accesorios, cables, puesta a tierra para garantizar su funcionamiento en forma correcta.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.
El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.
Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.
Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.
El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.
Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.
Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.
En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron.
De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.
El empresario García Furfaro.
Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.
Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria a Granja Tres Arroyos en el marco del conflicto abierto con las plantas bonaerenses de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría.
La medida alcanza a 1200 trabajadores. Además, se fijó una nueva audiencia entre las empresas Granja Tres Arroyos y Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) para el próximo jueves, con el objetivo de continuar las negociaciones y procurar la preservación de los puestos de trabajo.
La conciliación obligatoria será por 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga de cinco días, y contempla la reincorporación de los trabajadores despedidos como condición para abrir una instancia de negociación entre las partes.
Los despidos afectan a 700 trabajadores de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de la planta de Pilar y 450 de la planta de Esteban Echeverría. En la planta La China, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los despidos ascienden a unos 480 sobre una plantilla que el sindicato ubica en alrededor de 930 trabajadores.
En el marco de la audiencia, se acordó además la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que será efectivizado durante la próxima semana.
Este viernes se conoció que el grupo GTA ya había realizado alrededor de 1730 despidos entre las plantas de la compañía en Entre Ríos y Buenos Aires. La cifra se conoce mientras varios establecimientos permanecen paralizados y se profundiza una delicada situación financiera y operativa, con salarios atrasados, deudas millonarias y reclamos judiciales de acreedores.
La empresa no respondió un pedido del sindicato STIA para que entregue la nómina completa de las personas desvinculadas, según indicó el gremio. El grupo emplea 6500 trabajadores en relación de dependencia en tres provincias.
La compañía argumentó los despidos en la disminución de las exportaciones, las consecuencias de la gripe aviar y una supuesta sobreoferta de pollo en el mercado interno.
Julio Chamorro, secretario general del STIA, rechaza esos argumentos: «Ellos dicen que hubo una disminución en las ventas de exportación, eso es riesgo empresarial», señaló.
Walter Correa.
Además, destacó que otros actores del sector también debieron atravesar las consecuencias sanitarias de la gripe aviar. Chamorro cuestionó además el argumento de una sobreoferta doméstica. «No es real, el consumo de pollo sigue creciendo», afirmó. Según su interpretación, el producto incluso se vio favorecido por la pérdida de poder adquisitivo y el menor consumo de carne vacuna. «Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones», sostuvo sobre la decisión de recurrir al artículo 247.
En horas del mediodía de hoy viernes arribarán a la ciudad los materiales necesarios para proceder a realizar el by pass, obra que permitirá la reparación del caño de impulsión de la red cloacal de barrio Belgrano que sufrió una rotura a la altura de barrio Don Bosco. Una vez que se cuente con los…
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