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Más de $ 2 millones para el funcionamiento de los CDI

El Intendente Marcelo Orazi recibió el martes a la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro, Roxana Méndez, quien le confirmó que la Municipalidad recibirá $2.860.800 para el funcionamiento de los tres Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad.

Este aporte fue gestionado ante el gobierno nacional y beneficiará directamente a alrededor de 106 niñas y niños que asisten a los CDI de los barrios Matadero, El Sauce y 25 de Mayo.

“Corresponden a un subsidio inicial y subsidio mensual”, le manifestó Méndez al Intendente.

El trabajo articulado entre el Municipio y la SENAF ha permitido, además de este aporte, la futura construcción de un nuevo CDI a través del Programa de Ampliación y Refacción Edilicia  y la refacción en la infraestructura de otros dos espacios.

Orazi, quien estuvo acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, expresó su satisfacción por los “resultados positivos fruto de las gestiones y del trabajo conjunto” y agradeció a Méndez y su equipo técnico por el acompañamiento.

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  • Zago agita la interna del gobierno y dice que «si lo dejan elegir a Milei, Adorni no estaría más»

     

     Oscar Zago volvió a tensionar la interna oficialista al cuestionar la permanencia de Manuel Adorni y deslizar que su continuidad no depende exclusivamente del presidente Javier Milei sino de su hermana, Karina.

     «Si lo dejan elegir al Presidente, Adorni no estaría más», afirmó Zago en declaraciones a Radio Mitre donde también calificó la situación como «bochornosa» y planteó que el funcionario debería dar «un paso al costado». 

    Pero el fondo de los dichos de Zago no pasa tanto por apoyar la salida de Adorni sino por poner en duda la centralidad de la toma de decisiones en el gobierno.

    El director de LPO, Ignacio Fidanza, reveló en el programa GPS que Ricardo Lorenzetti y un grupo de jueces federales esperaban la designación de Guillermo Montenegro como ministro de Justicia al punto de que en una cena en un exclusivo hotel porteño se habló hasta del reparto de cargos.

     Grabois presentó un pedido de indagatoria a Karina y Javier Milei por el caso $Libra

    El exclusivo encuentro sucedió días antes de la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia. El exprocurador porteño fue impulsado por Karina Milei y los Menem y le ganó la pulseada a Montenegro, auspiciado por Santiago Caputo.

    «Los jueces estaban convencidos de que iba a ser Montenegro y ya estaban repartiendo posiciones», contó Fidanza. «En esa cena Lorenzetti mostró un chat de Javier Milei que decía para el Ministerio de Justicia es Montenegro y Viola», agregó el periodista.

    Si lo dejan elegir al Presidente, Adorni no estaría más

    Fuentes del sistema judicial contaron a LPO que antes de su designación Mahiques se quejaba ante su entorno porque tenía indicios de que Lorenzetti le llenaba la cabeza a Milei para que no lo nombre como ministro. La revelación sobre la cena del Duhau parece confirmar las sospechas del mercedino.

    Villarruel tantea una candidatura presidencial y no cree que Milei sea reelecto: «Lo eligieron a él, pero gobierna la hermana»

    En este marco, Zago sugirió además que hay otros actores con peso en la toma de decisiones, lo que alimenta versiones sobre la extrema centralidad de Karina que deja a Milei vacío de poder. 

     LPO adelantó en exclusivo que en una cena política que mantuvo el domingo por la noche, en la Casa de Gobierno provincial, con el gobernador Ricardo Quintela como anfitrión en el que un riojano que le preguntó a Villarruel si creía que Javier Milei tenía chances de ser reelecto en 2027. «No creo porque lo eligieron para que gobierne él pero gobierna la hermana», dijo.

     

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  • Denuncian a dos camaristas por maniobras para favorecer a Bunge en una mega causa por evasión

     

    La Justicia federal de Córdoba está en estado de shock. Fiscales ordenaron investigar a Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, ambos camaristas sospechados de manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.

    El planteo promovido por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián incluye delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.

    El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.

    En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.

     Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge . 

    Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».

    Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.

    En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.

    En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.

    En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.

    Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.

    La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.

    La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.

     En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

    El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.

    Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.

    En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.

     La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres. 

    En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.

    El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él. 

     

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