El Intendente Marcelo Orazi recibió el martes a la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro, Roxana Méndez, quien le confirmó que la Municipalidad recibirá $2.860.800 para el funcionamiento de los tres Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad.
Este aporte fue gestionado ante el gobierno nacional y beneficiará directamente a alrededor de 106 niñas y niños que asisten a los CDI de los barrios Matadero, El Sauce y 25 de Mayo.
“Corresponden a un subsidio inicial y subsidio mensual”, le manifestó Méndez al Intendente.
El trabajo articulado entre el Municipio y la SENAF ha permitido, además de este aporte, la futura construcción de un nuevo CDI a través del Programa de Ampliación y Refacción Edilicia y la refacción en la infraestructura de otros dos espacios.
Orazi, quien estuvo acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, expresó su satisfacción por los “resultados positivos fruto de las gestiones y del trabajo conjunto” y agradeció a Méndez y su equipo técnico por el acompañamiento.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desplegó este miércoles un intenso operativo de prensa (tuit, nota radial, comunicado y finalmente conferencia de prensa) para denunciar que era falsa la información que daba cuenta de un allanamiento en la gobernación por parte de la Policía Federal y el secuestro de una computadora, en el marco de la causa que investiga sus vínculos con Juan Pablo Beacon, el arrepentido de la AFA.
«Quiero desmentir, no hubo ningún allanamiento ni en la gobernación, ni en ninguna dependencia oficial, ni a mi como particular, como tampoco hubo ningún pedido de información, no hubo absolutamente nada, es todo mentira», afirmó tajante Weretilneck.
Apenas 24 horas después la palabra del gobernador empezó a aguarse. El gobierno de Río Negro no tuvo más remedio que aceptar que efectivamente hubo un procedimiento judicial en dependencias provinciales. La respuesta surgió ante la insistencia del periodismo que empezó a confirmar que efectivamente se habían realizado operativos judiciales.
Presión a la que se sumaron diferentes bloques de la oposición, que realizaron un pedido de informes al gobierno de Weretilneck para que aclare si hubo allanamientos y qué dependencias incluyeron.
Finalmente, en un comunicado difundido este jueves, Weretilneck aceptó la existencia de los procedimientos judiciales en dependencias públicas, pero los vinculó a una denuncia que hizo el propio Gobierno por un supuesto hackeo.
En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ahora con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios, además de otra información sensible.
En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ya con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios.
El gobierno de Weretilneck, entonces, primero dijo que no y luego dijo que si, pero por una causa distinta a la investigación sobre sus vínculos con los negocios de la AFA y los qataríes.
El enredo comenzó el martes por la noche cuando distintos medios nacionales y provinciales publicaron que la Policía Federal había allanado la Casa de Gobierno. Fuentes de la Policía Federal, la Justicia y hasta del gobierno nacional, confirmaban la noticia.
Lo extraño es que al ser consultados, los voceros de Weretilneck negaban el hecho, pero se rechazaba emitir un comunicado oficial bajo el argumento que «no se puede desmentir una mentira». En ese momento, el procedimiento ya se había realizado y no podían desconocerlo, pero eligieron no aclarar que sí había ocurrido, pero -supuestamente- correspondía a una denuncia de la propia administración, como hicieron un día después.
La mala fe quedó en evidencia el miércoles por la mañana cuando Weretilneck buscó victimizarse y hasta se comparó con el padre de Messi. Calificó la información como una «fake news» y denunció una operación política montada desde el peronismo que lidera el senador Martín Soria.
Pero atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.
Según la versión de Weretilneck el procedimiento judicial en Altec y otras dependencias, fue para identificar la computadora desde donde supuestamente accedieron a los recibos de sueldo de los funcionarios.
El problema es que en el comunicado, la propia gobernación reconoce que antes que intervenga la justicia se realizó una «investigación interna» sobre la computadora de los empleados para detectar el origen de la filtración. Fuentes con conocimiento del expediente confirmaron a LPO que antes que la Fiscalía de Estado formulará la denuncia penal, ya se había desarrollado la investigación interna y se habría secuestrado la computadora asignada al empleado señalado como presunto responsable de la filtración, sin intervención judicial.
Atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.
El detalle que le agrega morbo a toda la secuencia, que acaso explica el nerviosismo y la furia con la que salió el gobernador a atacar a LPO, es que la computadora en cuestión sería la de su propio despacho. Como no quedaba bien que allanaran el despacho del gobernador, la computadora fue «trasladada» por empleados a oficinas de Altec, lo que podría suponer que se rompió la cadena de prueba.
El comunicado del gobierno provincial afirma que «la investigación se inició a raíz de un posible acceso indebido, por parte de un empleado, a documentación reservada alojada en los sistemas de la administración pública. Frente a esa situación, el Gobierno solicitó la asistencia técnica de ALTEC para colaborar en el esclarecimiento de los hechos».
«Durante la investigación se logró determinar cuál fue el equipo informático desde el que se habría producido el acceso indebido. Ese equipo fue puesto a resguardo por ALTEC y posteriormente entregado a la Justicia para su peritaje», agrega.
Y en el paso más sugestivo se aclara: «ALTEC colaboró exclusivamente en la investigación del caso a pedido del Gobierno de la Provincia. Una vez detectado el origen de la filtración de información, la situación fue denunciada ante la Justicia provincial, que resguardó el equipo para su análisis pericial», y acaso en un lapsus el último parrafo considera necesario aclarar que «toda actuación se desarrolló dentro del marco legal vigente».
«¿Cómo llegó el Gobierno a identificar al supuesto responsable de la filtración antes de la apertura formal de la causa judicial? ¿Qué herramientas utilizó para reconstruir el acceso a los sistemas informáticos? ¿Existió un procedimiento administrativo formal o una auditoría informática? ¿El trabajador acusado fue notificado de esa investigación? ¿Qué tipo de controles se realizaron sobre la manipulación de los equipos y registros informáticos?», se preguntó en diálogo con LPO un abogado penalista.
En efecto, este accionar deja flotando un interrogante complejo sobre el gobierno de Weretilneck: ¿Realizó tareas de inteligencia ilegal?, ¿Violó la normativa sobre protección de datos personales y los derechos de sus propios trabajadores?
La investigación se realizó sobre 158 personas durante un año. Los resultados de un reciente estudio de un laboratorio privado confirmaron las alentadoras investigaciones previas relacionadas con el uso de cannabis medicinal sobre pacientes con epilepsia refractaria, lo cual abre la posibilidad de aplicarla a otras patologías. Las conclusiones fueron rotundas. Quedó comprobado que el…
El gobierno de Axel Kicillof avanzará en los procesos técnicos para contar con un proyecto de autovía para la Ruta Provincial 88 que une Mar del Plata con Necochea.
Así lo expuso Gabriel Katopodis este jueves, luego de reunirse con la madre de Ana Peralta Rondanina, una joven de 15 años que falleció días atrás a raíz de un accidente en esa ruta, hecho que conmocionó a Necochea y reflotó el reclamo de una autovía en esa traza.
«Lo que le manifesté es la posibilidad de dar un primer paso. ¿Cuál es? Tener un proyecto que sea viable para la doble vía de la Ruta 88», dijo el ministro de Infraestructura provincial al medio necochense Ecos Diarios y en referencia a la charla que mantuvo con la madre de la joven.
Al señalar que se trata de «un proyecto complejo y costoso», Katopodis sostuvo que en la Provincia se van a «abocar fuertemente a tenerlo técnicamente elaborado para después empezar a buscar la posibilidad de financiarlo o incluso ejecutarlo por etapas».
El compromiso es trabajar rápidamente, contrarreloj, para tener un proyecto que, en principio, debiera ser una autovía entre Necochea y Mar del Plata
Fuentes ministeriales señalaron a LPO que se revisarán los antecedentes y se va a «priorizar» en Vialidad provincial el diseño de un proyecto. «Es algo que demandará estudios y tiempo», aclararon en la Provincia para agregar que, una vez que se realice el proyecto, hay que lograr licencia social y, por último, buscar financiamiento.
Considerando que se trata de una obra multimillonaria, en Infraestructura señalaron que es necesario obtener financiamiento de algún organismo internacional para avanzar.
«No hay ninguna posibilidad de que podamos financiar una obra si no tenemos primero ese proyecto. Mi compromiso con la familia de Ana fue exactamente ese: trabajar rápidamente, contrarreloj, para tener un proyecto que, en principio, debiera ser una autovía entre Necochea y Mar del Plata», dijo Katopodis..
Y agregó: «Si digo que la obra se va a hacer o que va a comenzar tal día, estaría mintiendo. Hoy no tiene asignado ningún financiamiento».
Aunque dijo que la Ruta 88 registra un buen estado de la carpeta asfáltica, Katopodis focalizó en el aumento del caudal vehicular que transita por esa traza, sobre todo en lo relativo al movimiento portuario, algo que motiva a una ampliación de ese corredor.
Ante un nuevo incendio en un barrio popular que tiene el mismo origen de siempre, las condiciones precarias del sistema eléctrico, nos preguntamos si es necesario siempre responder de manera posterior al accidente con ayuda social o ¿existe la manera de prevenirlo para que no suceda?. Los incendios de viviendas en barrios populares suelen generarse…
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La Justicia rechazó la medida cautelar presentada por el bloque que lidera Juan Monteverde y dejó sin efecto la suspensión del Parque Acuático en la Costanera de Rosario, una obra que generó fuerte polémica en la ciudad. El intendente quedó habilitado para retomar el proyecto mientras continúa la discusión judicial sobre la legalidad del proyecto.
A principios de junio, a través de una medida cautelar, Ciudad Futura consiguió que se frene la ejecución de la obra mientras se definía qué juzgado debía intervenir en la causa. Ahora, el juez concluyó que no están reunidos los requisitos para mantener paralizado el proyecto.
En la resolución sostuvo que las presuntas irregularidades denunciadas por la oposición requieren un análisis profundo y no presentan, al menos en esta etapa del proceso, la evidencia suficiente para justificar la suspensión de la obra.
Juan Monteverde, líder de Ciudad Futura
Entre los cuestionamientos planteados por Monteverde subrayó la falta de intervención del Concejo Municipal para aprobar el emprendimiento que requería por un presunto cambio de uso del espacio público en la Plaza Antonio Berni y la eventual violación de normas urbanísticas.
Por su parte, el municipio sostuvo que se trata de una obra de recuperación integral de la Costanera Norte que incluye saneamiento, mejora de accesos y recuperación de espacios públicos, sin modificar el destino del predio.
En ese sentido, el magistrado admitió una controversia válida en la interpretación de distintas ordenanzas municipales, pero delega esa discusión a la instancia judicial definitiva y considera que la situación no puede detener preventivamente una obra pública que es una facultad del Ejecutivo muncipal.
Por lo tanto, la resolución no pone fin al conflicto. Monteverde cuestionó con dureza el fallo y anticipó que apelará la decisión: «En una medida insólita por lo arbitraria, sin argumentos ni fundamentos, el nuevo juez de la causa del parque acuático dejó sin efecto la cautelar que frenaba la obra», sostuvo el concejal en su cuenta de X.
El dirigente de Ciudad Futura señaló además que el propio magistrado reconoce en la resolución que «el tema es complejo y debe analizarse», pero aun así resolvió levantar la suspensión de la obra. «Vamos a apelar la resolución. Alguno de los poderes de la democracia tiene que escuchar a la gente», afirmó.
El que le salió a contestar fue el secretario de Gobierno de Javkin, Sebastián Chale: «Si la Justicia falla a favor es un avance de la democracia. Si falla en contra es arbitraria y no tiene fundamentos. Creen tener una superioridad moral para determinar lo justo y lo legítimo. Creen en la Justicia a lo Chávez o Maduro, para darles la razón porque ellos son la «real representación del Pueblo». Totalitarismo «de izquierda»», comentó el dirigente alfonsinista.
Si la Justicia falla a favor es un avance de la democracia. Si falla en contra es arbitraria y no tiene fundamentos. Creen tener una superioridad moral para determinar lo justo y lo legítimo. Creen en la Justicia a lo Chavez o Maduro, para darles la razón porque ellos son la… https://t.co/GmNyqO4fZC
