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Más de $ 2 millones para el funcionamiento de los CDI

El Intendente Marcelo Orazi recibió el martes a la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro, Roxana Méndez, quien le confirmó que la Municipalidad recibirá $2.860.800 para el funcionamiento de los tres Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad.

Este aporte fue gestionado ante el gobierno nacional y beneficiará directamente a alrededor de 106 niñas y niños que asisten a los CDI de los barrios Matadero, El Sauce y 25 de Mayo.

“Corresponden a un subsidio inicial y subsidio mensual”, le manifestó Méndez al Intendente.

El trabajo articulado entre el Municipio y la SENAF ha permitido, además de este aporte, la futura construcción de un nuevo CDI a través del Programa de Ampliación y Refacción Edilicia  y la refacción en la infraestructura de otros dos espacios.

Orazi, quien estuvo acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, expresó su satisfacción por los “resultados positivos fruto de las gestiones y del trabajo conjunto” y agradeció a Méndez y su equipo técnico por el acompañamiento.

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     Mauricio Macri desembarcó este viernes en Santa Fe con la gira nacional «El Próximo Paso» que busca reposicionar al PRO, reflotar Juntos por el Cambio y discutir el armado político de cara a 2027.

    El ex presidente fue recibido por el santafesino Maximiliano Pullaro con quien recorrió obras públicas financiadas por la provincia y más tarde se sumó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

    Macri ratificó el respaldo del PRO al rumbo, pero dejó frases envenenadas a los hermanos Milei: «la sociedad puede perdonar errores, pero el quiebre moral no lo perdona nunca», una frase brutal en medio de la crisis que desató Adorni que sigue socavando al gobierno nacional.

     Macri ratificó el respaldo del PRO al rumbo, pero dejó frases envenenadas a los hermanos Milei: «la sociedad puede perdonar errores, pero el quiebre moral no lo perdona nunca» 

    «Estamos apoyando a este gobierno con una generosidad que nunca se vio», dijo Macri con frialdad y recordó que apoya el ordenamiento económico y la necesidad del equilibrio fiscal, aunque advirtió que por sí solo no alcanza para garantizar el crecimiento.

    «El ordenamiento económico no puede estar en el aire», dijo. A partir de allí, el ex presidente desplegó una defensa cerrada del sistema institucional y a la Justicia como uno de los pilares centrales para generar confianza e inversiones.

    «Más importantes que el presidente, que los gobernadores o que el Congreso son los jueces que garantizan que se cumpla la Constitución Nacional», señaló. En ese momento, aprovechó para criticar la escandalosa sesión en el Senado para designar jueces.

     «Más importantes que el presidente, que los gobernadores o que el Congreso son los jueces que garantizan que se cumpla la Constitución Nacional» 

    «Vimos cosas que no deberían suceder. Anuncios sobre la Justicia que después se corrigen y se vuelven atrás. Eso daña. Si se daña la Justicia se daña la confianza», afirmó. Macri insistió en que los magistrados deben ser designados respetando los mecanismos institucionales y pidió «no manosear nuestro sistema judicial».

    Para que no queden dudas y que el mensaje llegue a quien debía llegar, el ex presidente recordó que la confianza es el insumo básico para atraer inversiones y generar empleo de calidad. «Estamos todos intentando que a la gente le mejore su calidad de vida y eso viene de tener un proyecto propio de crecimiento», agregó.

    El ex presidente también dejó un mensaje sobre los límites del liderazgo político. Sin mencionar a Milei, apeló a una comparación futbolera con Juan Román Riquelme para advertir que ningún dirigente puede ubicarse por encima de las instituciones:

    «Hace algunos años llegó al club alguien que confundió el amor de la gente con creerse más importante que Boca», dijo en referencia al presidente xeneize. «Nadie tiene que creer que es más importante que las instituciones», remató.

    La defensa de la obra pública fue otro de los puntos de contacto con Pullaro. La recorrida por proyectos financiados por la provincia funcionó como una forma de contrastar con la decisión del gobierno nacional de paralizar gran parte de las inversiones en infraestructura. 

     

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    La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.

    La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.

    La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.

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    El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.

    Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.

    La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

    La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.

    Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.

    El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.

    Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.

    La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.

    Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.

    En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.

    La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica. 

    La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

    Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores. 

    «En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector. 

     

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