El Intendente Marcelo Orazi recibió el martes a la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro, Roxana Méndez, quien le confirmó que la Municipalidad recibirá $2.860.800 para el funcionamiento de los tres Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad.
Este aporte fue gestionado ante el gobierno nacional y beneficiará directamente a alrededor de 106 niñas y niños que asisten a los CDI de los barrios Matadero, El Sauce y 25 de Mayo.
“Corresponden a un subsidio inicial y subsidio mensual”, le manifestó Méndez al Intendente.
El trabajo articulado entre el Municipio y la SENAF ha permitido, además de este aporte, la futura construcción de un nuevo CDI a través del Programa de Ampliación y Refacción Edilicia y la refacción en la infraestructura de otros dos espacios.
Orazi, quien estuvo acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, expresó su satisfacción por los “resultados positivos fruto de las gestiones y del trabajo conjunto” y agradeció a Méndez y su equipo técnico por el acompañamiento.
De todos los datos e indicadores que vienen del frente económico, este es el que realmente le pega al plan. No es la industria en caída. No es la actividad partida. No es el consumo planchado. Es MSCI diciéndole a Toto Caputo que la Argentina todavía no está en condiciones de volver al radar de los fondos globales.
El golpe va directo al nervio del programa. El plan ya no depende solo del ajuste fiscal, de pisar el gasto o de administrar el dólar. Depende, sobre todo, del financiamiento externo. Caputo necesita volver a colocar deuda, renovar vencimientos, convencer a Wall Street de que esta vez la Argentina no es una excursión corta antes del próximo incendio.
Por eso la decisión de MSCI tiene otro peso. La firma mantuvo a la Argentina como mercado standalone, el escalón más bajo de su clasificación, y no la incluyó en ningún proceso de revisión para pasar a mercado de frontera o emergente. El mercado esperaba, al menos, entrar en una lista de seguimiento. Ni eso.
«MSCI concluyó que no hubo mejoras suficientes en materia de acceso al mercado respecto de 2024 y, además, confirmó que el país no ingresará al proceso formal de revisión, un requisito indispensable antes de cualquier reclasificación. Bajo este escenario, la ventana más probable para un ascenso recién aparece hacia 2028: el supuesto base es que durante 2027 se consoliden nuevas medidas de apertura, MSCI abra una consulta y Argentina sea incorporada a la lista de revisión», comentaron desde Puente.
El informe clave se llama MSCI 2026 Global Market Accessibility Review. Allí MSCI evaluó 79 mercados y miró cinco criterios: apertura a la propiedad extranjera, facilidad para el ingreso y salida de capitales, eficiencia operativa, disponibilidad de instrumentos de inversión y estabilidad del marco institucional. Además, desagregó esos criterios en 18 medidas concretas. En la planilla, la Argentina aparece con siete taches: restricciones al flujo de capitales, falta de liberalización cambiaria, problemas de compensación y liquidación, ausencia de stock lending, ausencia de short selling, baja disponibilidad de instrumentos de inversión y debilidad del marco institucional.
MSCI concluyó que no hubo mejoras suficientes en materia de acceso al mercado respecto de 2024 y, además, confirmó que el país no ingresará al proceso formal de revisión, un requisito indispensable antes de cualquier reclasificación. Bajo este escenario, la ventana más probable para un ascenso recién aparece hacia 2028.
La lectura es bastante menos amable que la traducción oficial. MSCI no está mirando solo el pasado argentino. Está mirando la institucionalidad actual. Las reglas de juego. La capacidad de entrar y salir. La estabilidad regulatoria. La información disponible. La calidad del mercado. La sensación, para un inversor grande, de que no entra a una autopista sino a un camino con peajes, desvíos y carteles escritos a mano.
Las observaciones fueron muy concretas. MSCI señaló que la repatriación de ganancias nuevas, aunque fue flexibilizada desde abril de 2025, sigue sujeta a requisitos documentales. Agregó que las ganancias anteriores todavía no pueden salir libremente. También apuntó que no existe un mercado de divisas offshore y que en la plaza local las operaciones cambiarias deben estar vinculadas con transacciones de valores.
La lista sigue. Para abrir cuentas, los documentos deben presentarse en español. La información bursátil detallada tampoco se divulga. No existe estatus de nominación. Las facilidades de sobregiro siguen prohibidas. La competencia entre brokers es limitada. En castellano básico: para Wall Street, Argentina todavía no ofrece un mercado.
«Messi sí, MSCI no». La frase que eligio la calificadora para el capítulo argentino resume la distancia entre la expectativa local y la devolución de afuera.
Ese palazo llega justo cuando Caputo intenta cerrar el blindaje financiero hasta 2027. La cuenta de 1816 es dura: entre lo que queda de 2026 y todo 2027, la Argentina debe afrontar unos USD 30.700 millones de deuda en moneda extranjera con privados, el FMI y el Club de París. Para cubrir ese calendario, el Gobierno tiene identificados unos USD 13.100 millones. Falta el resto: USD 17.600 millones.
Los US$ 13.100 millones salen de tres canillas. Primero, los dólares que juntó el Tesoro con las licitaciones quincenales de Bonares: USD 3.082 millones depositados en el BCRA. Segundo, las garantías del Banco Mundial y del BID, que permitirían conseguir financiamiento privado a seis años por unos USD 4.000 millones. Tercero, la renovación de los repos del BCRA por USD 6.000 millones, con vencimientos entre octubre de 2026 y abril de 2027.
La parte que falta es la más sensible. Según 1816, esos USD 17.600 millones podrían cubrirse con una combinación de nuevos Bonares, emisión internacional, rollover con el FMI o uso de reservas. Pero ninguna opción es gratis. Quedan apenas USD 366 millones por colocar del Bonar 2028, sobre un cupo de USD 2.000 millones. Los Globales largos rinden menos de 9%, lo que abre una ventana para deuda offshore. Pero esa ventana depende de que el mercado crea que la Argentina cambió de régimen, no solo de discurso.
El punto del FMI tampoco es menor. Los pagos netos al Fondo ascienden a USD 7.900 millones. Para rollearlos haría falta un nuevo programa, ya sea un EFF o un Stand By. La alternativa de usar reservas también tiene letra chica. La consultora calcula que las reservas netas a valor de mercado podrían subir a la zona de USD 10.000 millones si se renuevan los repos. Además, el Tesoro podría comprarle dólares al BCRA porque tiene depósitos en pesos en el Central por el equivalente a USD 8.800 millones.
El recuerdo incómodo es 2019. Después de las PASO, el gobierno de Mauricio Macri no pudo enfrentar los vencimientos de Letes y Lecap. Terminó reperfilando deuda y reponiendo el cepo antes de la elección general. La comparación no es automática, pero en la City aparece por una razón: el problema no es solo pagar. Es tener dólares para pagar, defender el tipo de cambio y atravesar el calendario sin que se dispare la demanda de cobertura.
La rueda financiera ya venía mostrando tensión antes de que saliera el comunicado de MSCI. Los ADRs argentinos cerraron con bajas generalizadas en Nueva York. Edenor cayó 4,4%, Galicia 3,9%, YPF 3,5%, BBVA 3,5%, Transportadora de Gas del Sur 3,4% y Central Puerto 3%. El S&P Merval perdió 2,7% medido en dólares y quedó cerca de los 2.089 puntos.
Los bonos también frenaron la recuperación. Los títulos soberanos en dólares bajaron entre 0,2% y 0,5%, con retrocesos en el Bonar 2041, el Global 2041 y el Global 2046. El Global 2030 logró sostener una leve mejora. La corrección se dio en una rueda mala para emergentes: el ETF EMB retrocedió 0,1%. En ese marco, el riesgo país de JP Morgan subió 2,9%, su mayor avance diario en casi un mes y medio, y cerró en 433 puntos básicos.
Ahí se entiende el verdadero mensaje de MSCI. No es un problema de marketing financiero. No alcanza con decir que Argentina volvió al mundo. El mundo financiero pide infraestructura legal, información, liquidez, idioma, salida de capitales y estabilidad institucional. Pide que el tablero no cambie cada vez que al Gobierno le falta una ficha.
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Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme este jueves el cálculo de $685.000 millones para la ejecución del decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la causa Vialidad.
El proceso incluye más de 100 inmuebles sujetos a embargo y subasta. Aunque todavía no se precisaron con exactitud cuáles serían esas propiedades, se calcula que alrededor de 20 pertenecerían a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el Hotel Los Sauces.
Sin embargo, dirigentes del kirchnerismo cuestionaron el fallo de la Corte Suprema. «Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento por el tema de la DDJJ y, por otro, la misma Justicia la decomisa», dijo una legisladora cercana a Cristina.
En ese sentido, desde el entorno de la ex presidenta explicaron a LPO que «el decomiso debe probar que la cosa es producto del delito pero acá no hay prueba y además fue sobreseída por el tema bienes». En el kirchnerismo hablan de una «venganza» de la Corte a la que buscaron hacerle juicio político durante el gobierno de Alberto Fernández.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que tanto Cristina como su hijo, el diputado Máximo Kirchner, intentaron sin éxito que la Corte Suprema no rechazara el recurso presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, basándose en el artículo 280 del Código Procesal, la misma jugada a la que apelaron los supremos cuando dejaron firme su condena a prisión.
Allegados a la ex presidenta dijeron a LPO que «en la primera causa donde se analizó el patrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se investigaron las declaraciones juradas del matrimonio entre 1994 y 2003 pero el juez federal Julián Ercolini sobreseyó al entonces presidente y a su esposa y el fiscal Eduardo Taiano no apeló la sentencia».
«La segunda oportunidad estuvo a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, la denuncia la realizó el presidente de la Asociación Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, a raíz de investigaciones periodísticas que señalaban irregularidades en las declaraciones juradas de los Kirchner entre 2005 y 2007 pero, en 2008, el magistrado desestimó la denuncia por inexistencia de delito», agregaron.
Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti.
Luego de eso, el fiscal Manuel Garrido apeló la resolución de Canicoba Corral por considerarlo un acto «infundado y prematuro» y porque halló «inconsistencias e incongruencias» en las presentaciones. «La Cámara declaró mal concedido el recurso de apelación, la causa dejó de mostrar avances y casi cuatro años más tarde, después de la muerte del ex presidente Kirchner, Canicoba Corral sobreseyó a Cristina, que ya había iniciado su segundo mandato», recordaron.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, presidido por Rodrigo Giménez Uriburu, había estipulado el decomiso por perjuicio al Estado en $84.835 millones pero habilitó la posibilidad de que el monto fuese ajustado cuando la sentencia quedara firme.
Para calcular la suma de dinero, intervinieron peritos de la Corte, las defensas y el Ministerio Público. La cifra final es resultado de la actualización por el IPC del Indec, entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. Los abogados de Cristina trataron de desactivar esta resolución y rechazaron esa metodología pero no pudieron torcer la voluntad de la Corte.
El decomiso incluye más de 100 inmuebles sujetos a embargo y subasta. Se calcula que alrededor de 20 pertenecerían a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el Hotel Los Sauces.
El fallo fue suscripto por los tres magistrados pero Rosatti y Rosenkrantz hicieron suyos los argumentos del voto de Lorenzetti. «El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)», dice en los considerandos del pronunciamiento, y agrega: «se desestima la presentación directa».
El rafaelino incluyó en su voto una cita a una resolución tomada por él mismo, Rosatti y los ex jueces Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, en un fallo anterior. «Cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida», argumentó.
Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento por el tema de las DDJJ y, por otro, la misma Justicia la decomisa.
Un camarista deslizó ante LPO que ahora se abre un período indeterminado para la concreción del decomiso de bienes, que supone el pasaje hacia «la ejecución integral» contra Cristina. La imposibilidad de fijar un plazo con precisión también se debe, según la fuente, a la intervención de la UIF en tanto la investigación buscó determinar la existencia de lavado.
Acaso por decoro, dirigentes del kirchnerismo no precisaban al cierre de esta nota cuáles eran los bienes que la Justicia le decomisaba a Cristina.
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