El Intendente Marcelo Orazi recibió el martes a la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro, Roxana Méndez, quien le confirmó que la Municipalidad recibirá $2.860.800 para el funcionamiento de los tres Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad.
Este aporte fue gestionado ante el gobierno nacional y beneficiará directamente a alrededor de 106 niñas y niños que asisten a los CDI de los barrios Matadero, El Sauce y 25 de Mayo.
“Corresponden a un subsidio inicial y subsidio mensual”, le manifestó Méndez al Intendente.
El trabajo articulado entre el Municipio y la SENAF ha permitido, además de este aporte, la futura construcción de un nuevo CDI a través del Programa de Ampliación y Refacción Edilicia y la refacción en la infraestructura de otros dos espacios.
Orazi, quien estuvo acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, expresó su satisfacción por los “resultados positivos fruto de las gestiones y del trabajo conjunto” y agradeció a Méndez y su equipo técnico por el acompañamiento.
El Intendente Marcelo Orazi participó el miércoles de la presentación del proyecto de conectividad por fibra óptica a cargo de autoridades de la Agencia Río Negro Innova. La directora ejecutiva de RN Innova, Soledad Gonnet, presentó el proyecto y Maria Elena Guaresti, de la UPCEFE, mostró los estudios de impacto ambiental y social. El proyecto…
Una nueva reforma penal que presenta Maximiliano Pullaro para acrecentar atribuciones en la lucha contra el delito puso en estado de alarma a organizaciones de abogados y a magistrados santafesinos. Para los críticos las enmiendas propuestas son graves porque prescinden de la figura del juez, le da facultades ampliadas a la policía para interrogatorios sin comunicación a un fiscal ni a defensor, avanzan sobre garantías en casos de allanamientos o intervención en comunicaciones privadas,
Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.
La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.
El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.
Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.
Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. «Espantoso», «cruel», «inconstitucional», «regresión premoderna», son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
«Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?», le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. «Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía», añadió otro juez a este medio.
Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. «Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político», le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.
José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. «Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona», dijo a LPO.
Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales», según la fundamentación del proyecto.
Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.
El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.
En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.
Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.
En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: «Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo».
En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. «Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones», dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.
Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. «No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad», indica la fundamentación de la reforma.
Presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, se reunió este sábado el Comité de Crisis por COVID-19 en Río Negro, compuesto por autoridades de los tres Poderes del Estado. Luego del análisis de la actual situación epidemiológica de la provincia, el Comité determinó como medidas la suspensión temporaria de todos los actos protocolares en territorio provincial,…
Karina Milei y Diego Santilli recibieron este miércoles al gobernador Gustavo Sáenz y discutieron sobre el escenario electoral en 2027. Fuentes al tanto de la conversación dijeron a LPO que «hablaron del ’27» y que la charla fue sobre «la no participación de (María Emilia) Orozco en la provincia».
Orozco es la senadora libertaria por Salta que amenaza con arrebatarle el control de la provincia a Sáenz, después de haber sido diputada del bloque de LLA durante dos años. Ya la semana pasada, Lule Menem increpó a la legisladora durante la exposición sobre Keynes que hizo Javier Milei en el Palacio Libertad.
LPO informó que el subsecretario de la Presidencia se acercó a Orozco y mantuvo un tenso intercambio. El incómodo momento duró apenas minutos pero el funcionario aprovechó para marcarle a la salteña que sus críticas a Sáenz complican los intereses del gobierno.
La senadora oficialista se impuso de forma contundente contra las listas de Sáenz el año pasado, prevaleciendo con comodidad sobre Flavia Royon, que ingresó por la minoría a la Cámara Alta. Por eso, Orozco emerge como una amenaza para el gobernador y compromete su apuesta a la reelección.
El compromiso de la Casa Rosada con Sáenz exigiría como contrapartida el respaldo de Royón en el Senado y los tres diputados de Innovación Federal a la reforma política que promueve el oficialismo. Desde el entorno de la ex secretaria de Energía dijeron a LPO que «todavía no se sabe si la charla altera la postura de Royón» sobre ese aspecto.
Hasta la semana pasada, la senadora aceptaba discutir la obligatoriedad de las primarias pero no su eliminación. Ese punto de vista es compartido por un grupo determinante de legisladores y compromete la intención del gobierno: «a lo sumo, los votos le pueden llegar a alcanzar para suspender las PASO otra vez», deslizó uno de ellos.
María Emilia Orozco.
Como reveló en exclusiva LPO, el gobierno apuesta a trabar acuerdos con los gobernadores aliados para no complicarles la elección local con candidatos competitivos a cambio de que sus legisladores apoyen en el Congreso la eliminación de las PASO. Ese sería el pacto de la Casa Rosada con Maximiliano Pullaro en Santa Fe, donde explora un candidato de baja intensidad, y con Martín Llaryora en Córdoba, donde planea dividir a sus votantes diseminando la oferta con un libertario puro por un lado y el radicalismo y el juecismo, separados, por otro.
Al santafecino le plantarían como retador al libertario Nicolás Mayoraz, un abogado que no despierta demasiado entusiasmo en el electorado de su provincia. En las elecciones de convencionales constituyentes de la provincia en 2025, quedó tercero, un punto por debajo del peronismo y 20 detrás de la lista de Pullaro.
Los votos para eliminar las PASO no están, para hacerlas optativas tampoco, capaz que podemos volver a suspenderlas.
El plan de Karina y Lule para Córdoba es algo distinto. Para que LLA no comprometa la revalidación de Llaryora, los libertarios apelarían al purismo de Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, librando a una pelea abierta a los seguidores de Luis Juez y la UCR bajo la suposición que la división del electorado terminará beneficiando al actual gobernador.
El inconveniente para los gobernadores es que el apoyo para la eliminación de las primarias lo tienen que realizar este año en el Congreso pero las listas para las elecciones se cierran recién en 2027. En política, se paga al contado.
Acaso por esa desconfianza, los aliados ya forzaron a Bullrich a discutir por afuera de la reforma política el proyecto de Ficha Limpia, la revancha del rechazo que sufrieron en 2025, cuando buscaban evitar la candidatura de Cristina Kirchner. «Queremos tener iniciativas nosotros, si no, se llevan todo ellos», se quejó un senador que colabora con el oficialismo y agregó: «los votos para eliminar las PASO no están, para hacerlas optativas tampoco, capaz que podemos volver a suspenderlas».
Con representación de asambleas de distintas localidades rionegrinas se llevó a cabo el 5° Plenario de las Asambleas del Curru Leufu en Las Grutas, allí definieron “exigir al gobierno provincial y nacional la restitución de la ley 3308 y el inmediato freno de los proyectos petroleros en el Golfo San Matías las explotaciones mineras de…
El último sábado se llevó adelante una nueva edición de la caminata recreativa familiar con la participación de unas 30 personas, lo cual pudo concretarse a partir del nuevo cupo permitido en actividades deportivas al aire libre. Los participantes disfrutaron de elongación guiada antes de comenzar, un recorrido explicativo de las características naturales de la…
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