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Más de $ 2 millones para el funcionamiento de los CDI

El Intendente Marcelo Orazi recibió el martes a la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro, Roxana Méndez, quien le confirmó que la Municipalidad recibirá $2.860.800 para el funcionamiento de los tres Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad.

Este aporte fue gestionado ante el gobierno nacional y beneficiará directamente a alrededor de 106 niñas y niños que asisten a los CDI de los barrios Matadero, El Sauce y 25 de Mayo.

“Corresponden a un subsidio inicial y subsidio mensual”, le manifestó Méndez al Intendente.

El trabajo articulado entre el Municipio y la SENAF ha permitido, además de este aporte, la futura construcción de un nuevo CDI a través del Programa de Ampliación y Refacción Edilicia  y la refacción en la infraestructura de otros dos espacios.

Orazi, quien estuvo acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, expresó su satisfacción por los “resultados positivos fruto de las gestiones y del trabajo conjunto” y agradeció a Méndez y su equipo técnico por el acompañamiento.

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  • El mercado financiero brasileño comienza a ver a Lula como favorito tras el desgaste de la imagen de Flavio

     

    La crisis de imagen de Flavia Bolsonaro ya es motivo de análisis en el mercado financiero. Según una columna del periodista Lauro Jardim, publicada en O Globo, empresarios, banqueros y gestores de inversión de la avenida Faria Lima -el corazón del mercado financiero brasileño- empezaron a considerar a Lula como el principal favorito para las elecciones presidenciales de octubre.

    El artículo aclara que «el cambio de percepción no responde a un acercamiento ideológico del mercado al gobierno del Partido de los Trabajadores, sino a una evaluación pragmática sobre el escenario electoral». 

    De acuerdo con la publicación, el desgaste político de Flávio Bolsonaro y las dificultades que enfrenta para consolidarse como candidato competitivo llevaron a muchos actores del sector financiero a revisar sus pronósticos». 

    Brasil registra la tasa de desempleo mas baja en 14 años 

    La columna sostiene que, hasta hace pocas semanas, una parte importante del mercado apostaba por una disputa más equilibrada. Sin embargo, la difusión de audios vinculados al banquero y CEO del Banco Master, Daniel Vorcaro, habría deteriorado la confianza de inversores y empresarios en la viabilidad de su candidatura. 

    El cambio de percepción no responde a un acercamiento ideológico del mercado al gobierno del Partido de los Trabajadores, sino a una evaluación pragmática sobre el escenario electoral

    En ese contexto, las conversaciones reservadas entre referentes del mercado comenzaron a reflejar una nueva lectura: si la oposición no logra reorganizarse o presentar un candidato con mayor capacidad de ampliar su base electoral, Lula aparece hoy como el dirigente con mayores posibilidades de obtener la reelección. 

    La evaluación resulta significativa porque Faria Lima ha mantenido históricamente una relación compleja con el líder brasileño. Si bien existen diferencias con la política económica del gobierno, el mercado suele priorizar la previsibilidad política y la estabilidad institucional al momento de proyectar escenarios de inversión. 

    La nota de O Globo aclara que este cambio no implica un respaldo explícito a Lula, sino una modificación en las expectativas sobre el resultado electoral. En otras palabras, la percepción dominante entre numerosos operadores financieros es que, con la oposición debilitada, el presidente brasileño parte con ventaja rumbo a los comicios de 2026. 

    El movimiento refleja cómo la evolución de la campaña comienza a influir no solo en el debate político, sino también en las expectativas de los principales actores económicos del país, que ya ajustan sus proyecciones ante un escenario en el que Lula aparece, por ahora, como el candidato más fuerte para mantenerse en el poder.

     

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    El gobierno atrapado en su propio discurso: el caso Adorni y la transparencia selectiva

     

    Mientras el oficialismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de combatir los privilegios de la “casta”, la situación patrimonial de Manuel Adorni se convirtió en uno de los episodios más incómodos para la administración de Milei. La demora en la presentación de su declaración jurada, las explicaciones cambiantes y las prórrogas administrativas terminaron transformando un trámite formal en una crisis política de credibilidad.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    Durante meses, el Gobierno hizo de la transparencia una bandera discursiva. Funcionarios, voceros y dirigentes libertarios cuestionaron a gobiernos anteriores por presuntas irregularidades patrimoniales y reclamaron estándares más altos de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando el foco comenzó a apuntar hacia el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reacción oficial fue cualquier cosa menos contundente.

    El problema dejó de ser únicamente la declaración jurada. Lo que comenzó como una demora administrativa terminó convirtiéndose en una prueba política. Cada día sin presentación alimentó nuevas preguntas. ¿Por qué un funcionario que prometía transparencia absoluta no mostraba rápidamente su patrimonio? ¿Por qué el Gobierno parecía más preocupado por administrar los tiempos que por despejar las dudas?

    La prórroga que agravó las sospechas

    La situación se volvió todavía más delicada cuando la Oficina Anticorrupción resolvió extender los plazos para la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios nacionales hasta el 31 de julio. Formalmente, la medida fue justificada por cuestiones técnicas vinculadas a vencimientos fiscales. Sin embargo, la decisión coincidió con el momento de mayor presión política sobre Adorni y fue interpretada por amplios sectores como un alivio a medida para el funcionario.

    Lejos de cerrar la discusión, la prórroga la amplificó. La oposición comenzó a cuestionar si el organismo encargado de controlar a los funcionarios estaba actuando con independencia o si se había convertido en un instrumento para ganar tiempo político.

    La paradoja fue evidente. El mismo gobierno que prometía terminar con los privilegios aparecía beneficiado por una resolución que reducía la presión sobre uno de sus principales dirigentes.

    Un funcionario bajo la lupa

    En las últimas semanas trascendió que Adorni continuaba trabajando con asesores y contadores para completar la documentación patrimonial y fijó como horizonte el 15 de junio para realizar una presentación pública de su situación económica.

    La explicación oficial sostiene que se trata de un proceso complejo y que toda la información será presentada en tiempo y forma. Pero políticamente el daño ya está hecho. Cuando un gobierno construye su legitimidad sobre la idea de que es distinto a los demás, los estándares que se le aplican son más altos.

    Ese es el verdadero problema para la Casa Rosada. La discusión dejó de girar alrededor de balances, inmuebles o formularios. Lo que está en juego es la coherencia entre el discurso y la práctica.

    El costo de predicar una cosa y hacer otra

    La administración de Milei suele responder a los cuestionamientos apelando a la confrontación. Sin embargo, el caso Adorni no es un conflicto externo ni una disputa con gobernadores, sindicalistas o dirigentes opositores. Es una controversia nacida dentro del propio oficialismo.

    Por eso genera tanta incomodidad. Resulta difícil acusar de “operación” a quienes simplemente preguntan por qué un funcionario central del Gobierno aún no exhibió plenamente la información patrimonial que se espera de cualquier alto cargo del Estado.

    Incluso dirigentes aliados comenzaron a marcar distancia. Algunos referentes libertarios y oficialistas reclamaron que la situación se resolviera cuanto antes para evitar que la polémica siguiera creciendo.

    La preocupación es lógica: cuanto más se extiende el tema, más se instala la percepción de que existe algo que ocultar, aun cuando eso no esté probado.

    El espejo de la casta

    El episodio encierra una ironía política difícil de ignorar. Durante años, Milei y sus dirigentes construyeron su narrativa denunciando privilegios, opacidad y falta de controles sobre la dirigencia tradicional. Ahora es uno de sus funcionarios más importantes quien debe explicar por qué la transparencia prometida tarda tanto en llegar.

    El Gobierno todavía tiene margen para cerrar la controversia. Pero cada demora adicional profundiza una contradicción central: la de una administración que llegó prometiendo ser distinta y que, frente a un cuestionamiento sensible, parece recurrir a las mismas maniobras dilatorias que durante años criticó.

    Porque al final del día, la discusión no pasa por una declaración jurada. Pasa por la credibilidad. Y en política, cuando la confianza empieza a erosionarse, ningún formulario alcanza para recuperarla.

     

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