Malvinas, Mercado Libre y el laberinto financiero que incomoda a Milei
El entramado financiero alrededor del petróleo de las Islas vuelve a cruzarse con la empresa de Marcos Galperín: tres grupos de inversión vinculados con accionistas de Navitas Petroleum tenían al 30 de junio posiciones en Mercado Libre por unos US$41 millones. No significa que Galperín financie la explotación petrolera en Malvinas, pero sí plantea una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿hasta dónde piensa llevar Milei su anunciado esquema de sanciones contra quienes estén vinculados, directa o indirectamente, con esos proyectos?
Por Roque Pérez para NLI
Hay una vieja ilusión en la política económica: creer que el dinero tiene nacionalidad, lealtades y fronteras. El capital financiero, en cambio, suele tener una sola patria: la rentabilidad. Y cuando se empieza a seguir el recorrido de las inversiones internacionales aparecen esas conexiones que rara vez forman parte de los discursos presidenciales. La discusión por el petróleo de las Islas Malvinas acaba de ofrecer un ejemplo particularmente incómodo para el Gobierno de Javier Milei: los mismos grandes inversores que participan del entramado financiero de compañías vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion también poseen acciones de Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín que se transformó durante el actual Gobierno en uno de los símbolos empresariales del modelo libertario.
El dato surge de las presentaciones realizadas ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, correspondientes al segundo trimestre de 2026. Allí aparecen Migdal Insurance & Financial Holdings, Harel Insurance Investments & Financial Services y Meitav Investment House con posiciones en Mercado Libre que, tomadas en conjunto, rondaban los US$41 millones al 30 de junio de 2026. Migdal declaraba unas 12.000 acciones de la compañía, valuadas en aproximadamente US$20,37 millones; Harel mantenía una posición cercana a los US$10,88 millones y Meitav otra de alrededor de US$9,77 millones.
Hasta ahí podría parecer simplemente otra fotografía del gigantesco mercado financiero internacional. Pero el asunto cambia cuando se observa qué otros negocios forman parte de las carteras de esos mismos inversores. Migdal y Harel aparecen vinculadas como accionistas de Navitas Petroleum, la compañía que participa del desarrollo del proyecto Sea Lion frente a las Malvinas. A su vez, Meitav mantiene participación en Rockhopper Exploration, la empresa británica asociada con Navitas en ese emprendimiento. El proyecto tiene una distribución accionaria en la que Navitas controla el 65% y Rockhopper el 35%, y constituye una de las principales apuestas para la explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas.
No estamos, entonces, ante una cuestión menor de compraventa de acciones. Estamos ante la forma concreta en que funciona el capitalismo financiero global: un mismo inversor puede colocar millones de dólares en empresas que desarrollan actividades en sectores y territorios completamente diferentes. Y justamente por eso el caso resulta políticamente explosivo. Porque el Gobierno de Milei decidió endurecer su posición frente a las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas y anunció medidas destinadas a alcanzar no solamente a quienes intervienen directamente en esos proyectos, sino también a quienes mantienen determinados vínculos indirectos con ese entramado.
La soberanía también se juega cuando aparece el dinero
La cuestión de fondo es bastante más importante que una eventual controversia bursátil. Las Malvinas no son simplemente un activo financiero más. La Argentina sostiene históricamente el reclamo de soberanía sobre las Islas y denuncia como ilegítima la explotación de sus recursos naturales por parte de empresas autorizadas por las autoridades británicas de ocupación. En los últimos años, además, el petróleo convirtió al Atlántico Sur en un escenario donde la disputa diplomática se mezcla cada vez más con intereses económicos de enorme magnitud.
El proyecto Sea Lion es precisamente una de las expresiones más visibles de esa transformación. La posibilidad de desarrollar una explotación petrolera de escala comercial frente a las Islas coloca en el centro de la discusión no solamente la cuestión territorial sino también quién se queda con los recursos, quién financia las operaciones, quién obtiene beneficios y qué entramado empresarial internacional termina participando del negocio.
Por eso resulta relevante observar las carteras de los grandes inversores. Y por eso también el nombre de Mercado Libre vuelve a aparecer en una historia que, a primera vista, parecería completamente alejada de la plataforma fundada por Galperín. No porque Mercado Libre sea una empresa petrolera ni porque exista evidencia de que participe directamente de Sea Lion, sino porque los mismos grandes capitales que se encuentran del lado financiero del negocio petrolero también tienen una participación significativa en la principal compañía tecnológica argentina.
La diferencia puede parecer sutil, pero políticamente no lo es. El Gobierno de Milei fue quien decidió colocar la vara de la responsabilidad en las conexiones directas e indirectas. Ahora deberá explicar dónde coloca exactamente ese límite. Porque si la expresión “indirectamente” significa algo, tiene que existir un criterio capaz de establecer hasta dónde llega una responsabilidad y desde dónde comienza una simple diversificación de cartera. Y esa discusión se vuelve inevitable cuando la red financiera termina tocando a empresas que ocupan un lugar privilegiado en el imaginario económico del oficialismo.
El caso Galperín y la doble vara que todavía no se explica
Marcos Galperín no es un empresario cualquiera para la administración libertaria. Su figura quedó estrechamente asociada al proyecto económico de Milei, tanto por su respaldo público al Gobierno como por el lugar que Mercado Libre ocupa dentro del modelo de empresa privada, desregulación y protagonismo del capital tecnológico que el oficialismo reivindica.
Por eso este caso tiene una dimensión política que excede ampliamente los balances empresariales. El problema no consiste en acusar a Galperín de algo que las pruebas disponibles no demuestran. El problema consiste en observar qué sucede cuando las redes financieras de los negocios de Malvinas alcanzan, aunque sea por la vía de las carteras de inversión, a una de las empresas más cercanas al universo político y económico del Gobierno.
Y ahí aparece la pregunta que Milei tendrá que responder si quiere que su política sobre Malvinas tenga algo más que valor declarativo: ¿la defensa de la soberanía y de los recursos naturales argentinos se aplicará siguiendo una regla general o dependerá de quién aparezca al final de la cadena?
Porque sería sencillo si el entramado estuviera compuesto por una petrolera claramente identificable y una compañía directamente operadora del yacimiento. Pero el capitalismo financiero del siglo XXI funciona de otra manera. Los fondos compran participaciones, las aseguradoras invierten reservas, los bancos administran carteras y los grandes grupos financieros distribuyen capitales entre cientos de empresas. La misma plata puede terminar financiando negocios que, desde una perspectiva política, parecen ubicados en universos completamente diferentes.
Ese es precisamente el desafío que enfrenta el Gobierno. Si va a perseguir las conexiones indirectas con el negocio petrolero de Malvinas, deberá explicar cómo funcionará esa persecución cuando el entramado financiero llegue hasta empresas que considera estratégicas o políticamente cercanas. Y si decide establecer un límite para evitar una interpretación desmesurada de esas conexiones, tendrá que aplicar ese mismo criterio de manera general y transparente.
La cuestión adquiere todavía más peso porque durante el Gobierno de Milei hubo una reivindicación permanente de la necesidad de atraer inversiones, liberar capitales y reducir las restricciones sobre las empresas. Ahora, frente a la explotación petrolera en Malvinas, aparece el reverso inevitable de esa política: los capitales que se pretende atraer también circulan por negocios que pueden entrar en contradicción con intereses estratégicos argentinos.
Cuando el mercado financiero se encuentra con Malvinas
Hay una ironía difícil de ignorar. El Gobierno libertario suele presentar al mercado como un mecanismo casi natural de asignación de recursos, pero cuando ese mercado desemboca en un negocio petrolero desarrollado en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina, la política vuelve a entrar por la ventana. Ya no alcanza con decir que cada fondo compra acciones por su propia cuenta. El Estado tiene que decidir qué considera incompatible con la defensa de sus intereses nacionales.
Y ahí aparece una discusión que excede a Mercado Libre y a Galperín. ¿Qué hacemos con el capital internacional cuando participa de negocios que afectan recursos estratégicos argentinos? ¿Dónde se fija la línea entre inversión legítima y participación en un emprendimiento que el Estado argentino considera ilegal? ¿Qué ocurre cuando el mismo inversor participa de una empresa cuestionada y, simultáneamente, de una compañía considerada estratégica para la economía nacional?
Son preguntas que no se resuelven con consignas de mercado ni con discursos sobre soberanía. Requieren una política de Estado. Y Malvinas merece precisamente eso: que la Argentina defienda sus recursos con la misma firmeza con la que sostiene su reclamo territorial.
Por eso el dato sobre las inversiones en Mercado Libre importa. No porque permita afirmar que Galperín está perforando petróleo en Malvinas, sino porque muestra hasta qué punto las redes financieras pueden atravesar las fronteras que la política intenta establecer. Y también porque coloca al Gobierno frente a una situación incómoda: si las sanciones alcanzan a las conexiones indirectas, habrá que explicar cómo se aplicarán cuando esas conexiones involucren a los empresarios y compañías que el propio oficialismo convirtió en protagonistas de su proyecto económico.
Malvinas no puede ser una bandera utilizada solamente en los discursos presidenciales ni una cuestión que reaparezca cada tanto para cumplir con el calendario diplomático. Es territorio, es soberanía y también son recursos naturales. Si existe petróleo bajo las aguas que la Argentina considera parte de su territorio, la discusión no puede limitarse a quién extrae el crudo: también debe mirar quién invierte, quién financia, quién participa y quién termina beneficiándose del negocio.
Y en esa trama aparece Mercado Libre. No como una petrolera de Malvinas, sino como el espejo inesperado de una política oficial que ahora debe demostrar si sus reglas son realmente generales. Porque cuando el recorrido del dinero termina tocando al empresario favorito del modelo libertario, la pregunta deja de ser quién está del otro lado de la disputa y pasa a ser otra mucho más incómoda: si Milei está dispuesto a aplicar su propia vara cuando el entramado financiero toca a los amigos del poder.
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