A tres días de arrasar en las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.
Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.
Luego agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.
¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante? El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja? ¿Gana más enemigos que aliados? Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.
La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei
Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.
La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.
Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación
La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.
No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.
Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia
Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.
La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.
El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.
El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar
La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.
Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.
Una política energética cada vez más concentrada
La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.
En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.
Un recurso estratégico cuyo destino vuelve a debatirse
La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.
Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.
Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones de Gral. Roca que revocó la medida cautelar que le permitía a la familia de Joaquín cultivar y elaborar el aceite de cannabis, la abuela de Joa transmitió a través de las redes un video donde contaba que la decisión de la familia era seguir cultivando más…
El Gobierno de Milei anunció inspecciones en escuelas durante el paro docente para controlar el cumplimiento del servicio educativo. La Provincia de Buenos Aires rechazó la medida y advirtió sobre una invasión de competencias federales.
Por Redacción de NLI
El conflicto docente sumó un nuevo capítulo y dejó expuesta una disputa más profunda sobre el rol del Estado nacional y el federalismo educativo argentino. En el marco del paro nacional convocado por los gremios docentes, el Gobierno de Javier Milei anunció que desplegará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de un supuesto piso mínimo de funcionamiento del servicio educativo. La decisión generó una fuerte reacción de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió que la administración nacional pretende avanzar sobre facultades que corresponden a las jurisdicciones provinciales.
La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se ampara en la declaración de la educación como servicio esencial establecida por la Ley 27.802, una de las normas impulsadas por el oficialismo dentro de su agenda de reforma laboral. Según explicó el Gobierno, los controles buscarán constatar que durante la huelga se garantice el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, y advirtió que ante eventuales incumplimientos podrían aplicarse sanciones a las organizaciones sindicales.
Pero detrás de la discusión sobre el porcentaje de clases garantizadas aparece una cuestión institucional de fondo: quién tiene autoridad sobre las escuelas argentinas. Desde la reforma constitucional de 1994, la educación es una competencia compartida, pero la administración directa de los establecimientos educativos corresponde principalmente a las provincias. En ese marco, el gobierno bonaerense cuestionó que funcionarios nacionales ingresen a escuelas provinciales para realizar controles sin coordinación con las autoridades educativas locales, interpretando la decisión como una avanzada sobre atribuciones propias.
El conflicto educativo detrás del operativo nacional
El paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) no surge únicamente por una discusión salarial. El reclamo gremial incluye la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura, conectividad, becas y programas escolares.
La eliminación de transferencias nacionales hacia las provincias fue uno de los puntos centrales del deterioro de la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la administración libertaria redujo programas educativos financiados desde Nación y dejó en manos de las provincias mayores responsabilidades presupuestarias, en un contexto donde muchas jurisdicciones denuncian dificultades para sostener salarios y servicios básicos.
La respuesta oficial, en lugar de abrir una instancia de negociación, fue trasladar la discusión al terreno del control y la sanción. El Ministerio de Capital Humano anunció operativos de inspección y planteó que, si se detectan incumplimientos, se activarían mecanismos sancionatorios contra los gremios. Para el Gobierno, la prioridad es garantizar el derecho a la educación; para los sindicatos, la estrategia oficial busca limitar el derecho constitucional a la protesta frente a una pérdida salarial y un ajuste sobre el sistema educativo.
Buenos Aires rechaza la presencia de inspectores nacionales
La Provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor matrícula educativa del país, fue una de las primeras jurisdicciones en rechazar el mecanismo. Desde el gobierno de Axel Kicillof señalaron que la Nación no puede disponer unilateralmente controles dentro de escuelas que dependen de la administración provincial, ya que la gestión cotidiana del sistema educativo está bajo responsabilidad de cada distrito.
La disputa tiene una dimensión política evidente. Desde el inicio de su gestión, Milei construyó una narrativa donde el Estado nacional debe reducir su intervención y limitarse a funciones consideradas esenciales. Sin embargo, en el caso educativo, el Ejecutivo nacional decidió adoptar una postura activa de supervisión sobre estructuras administradas por las provincias, generando una contradicción entre el discurso de descentralización y una práctica de mayor intervención.
El episodio también vuelve a poner sobre la mesa una tensión histórica del federalismo argentino: mientras la Nación conserva capacidad de establecer políticas generales y distribuir recursos, son las provincias las que sostienen la infraestructura educativa, pagan buena parte de los salarios docentes y administran las escuelas. La disputa por las inspecciones no es solamente administrativa; es una discusión sobre el equilibrio de poder entre el Gobierno central y los territorios.
Una pelea que excede al paro docente
El conflicto educativo se inscribe dentro de una serie de enfrentamientos entre el Gobierno nacional y sectores estatales que cuestionan el impacto del ajuste. La Casa Rosada intenta presentar cada protesta como una resistencia corporativa frente a sus reformas, mientras que los gremios sostienen que se trata de una reacción frente a la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de políticas públicas.
En este escenario, el paro docente se convirtió en un nuevo punto de choque entre dos modelos de país. Por un lado, un oficialismo que plantea que el Estado debe intervenir menos y aplicar reglas de mercado y disciplina fiscal. Por otro, sectores sindicales y gobiernos provinciales que reclaman que la educación sea considerada una inversión estratégica y no solamente un servicio sujeto a restricciones presupuestarias.
La decisión de enviar inspectores nacionales a escuelas provinciales agrega un nuevo capítulo a esa disputa. Más allá del resultado concreto del operativo, el conflicto deja una pregunta abierta sobre los límites del poder nacional en un sistema educativo federal y sobre cómo se resolverán las diferencias cuando las políticas de ajuste choquen con las estructuras históricas del Estado argentino.
En un acto de desesperación y determinación, Conan ha decidido unirse al paro de la CGT, una de las organizaciones sindicales más importantes de Argentina. El perro ha sido visto en las manifestaciones, portando pancartas que exigen el reconocimiento de su dueño. Esta acción ha generado sorpresa y simpatía entre los manifestantes y ha llamado…
El Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich, dispuso a través de la Resolución 956/2018, el “Reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”. Como antecedente de este reglamento, se nos viene a la mente el precedente…
Mientras muchos países en desarrollo quedaron relegados a importar tecnología, Argentina construyó durante décadas una capacidad nuclear propia que la ubicó entre las naciones con mayor conocimiento en la materia. Desde el primer reactor de investigación de América Latina hasta la exportación de tecnología a otros países, la trayectoria de la Comisión Nacional de Energía Atómica muestra cómo una política de Estado sostenida puede transformar conocimiento científico en soberanía.
Por Redacción de NLI
La energía nuclear suele asociarse en el imaginario mundial con las grandes potencias militares o con países que poseen enormes recursos económicos. Sin embargo, existe una historia menos conocida: la de un grupo reducido de naciones que logró desarrollar capacidades nucleares con fines pacíficos, y entre ellas Argentina ocupa un lugar destacado.
La historia comenzó oficialmente en 1950, cuando el país creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), uno de los organismos científicos más antiguos de la Argentina. En una época donde el dominio de la tecnología nuclear estaba concentrado en Estados Unidos, la Unión Soviética y unas pocas naciones europeas, Argentina decidió apostar por la formación de científicos, la investigación propia y el desarrollo de infraestructura tecnológica.
Esa decisión permitió que, con el paso de las décadas, el país construyera reactores de investigación, centrales nucleares, empresas tecnológicas y una cadena de especialistas capaces de intervenir en proyectos de enorme complejidad.
La experiencia argentina demuestra que la ciencia no avanza únicamente por tener recursos abundantes, sino también por la existencia de políticas públicas que sostengan objetivos estratégicos durante generaciones.
El primer reactor nuclear de América Latina
Uno de los primeros grandes hitos ocurrió en 1958, cuando Argentina puso en funcionamiento el RA-1 Enrico Fermi, el primer reactor nuclear de investigación de América Latina.
El logro fue extraordinario para la época. Mientras muchos países de la región dependían completamente de tecnología extranjera, científicos argentinos habían desarrollado la capacidad para operar una instalación nuclear propia.
El reactor no tenía como objetivo la producción de energía eléctrica, sino la investigación científica, la formación de especialistas y el desarrollo de aplicaciones vinculadas con la medicina, la industria y la agricultura.
Aquel proyecto marcó el nacimiento de una comunidad científica nuclear argentina que con el tiempo alcanzaría reconocimiento internacional.
De la investigación a la generación de energía
Décadas más tarde, Argentina avanzó hacia la construcción de centrales nucleares destinadas a producir electricidad.
La inauguración de Atucha I en 1974 convirtió al país en el primero de América Latina en contar con una central nuclear de potencia. Posteriormente llegó Embalse, en Córdoba, y más adelante Atucha II, completando un sistema que permitió incorporar generación eléctrica de origen nuclear a la matriz energética nacional.
Más allá de las diferencias políticas y económicas de cada etapa histórica, el desarrollo nuclear argentino tuvo una característica particular: la búsqueda de capacidades propias.
No se trató solamente de comprar una central y operarla, sino de formar técnicos, crear proveedores nacionales y desarrollar conocimientos que permitieran intervenir en distintos aspectos de la tecnología.
INVAP y la capacidad argentina de exportar conocimiento
Uno de los ejemplos más destacados del desarrollo tecnológico argentino es INVAP, empresa estatal de la provincia de Río Negro que se convirtió en una referencia internacional en áreas como tecnología nuclear, radares y satélites.
La empresa participó en proyectos de reactores de investigación que fueron exportados a países como Australia, demostrando que Argentina no solo podía consumir tecnología avanzada, sino también producirla y venderla al exterior.
Ese punto resulta central para entender la importancia estratégica de la ciencia. La inversión en conocimiento no genera únicamente publicaciones académicas: también puede convertirse en industria, empleo calificado y capacidad exportadora.
Cada reactor, cada satélite o cada desarrollo tecnológico argentino tiene detrás una cadena invisible de universidades, investigadores, técnicos y trabajadores formados durante años.
La ciencia como cuestión de soberanía
El desarrollo nuclear argentino también estuvo atravesado por debates políticos. A lo largo de las últimas décadas hubo momentos de expansión y períodos de reducción de inversiones, pero la capacidad acumulada permitió que el país conservara un lugar relevante.
Especialistas suelen señalar que áreas de alta complejidad tecnológica no pueden desarrollarse con una lógica de corto plazo. Formar científicos e ingenieros, construir laboratorios y sostener equipos de investigación requiere décadas de esfuerzo, mientras que desmantelar esas capacidades puede ocurrir en pocos años.
Por eso, la discusión sobre ciencia y tecnología no se limita a una cuestión presupuestaria. También involucra el modelo de país que se pretende construir.
Un país que desarrolla tecnología propia tiene mayores herramientas para decidir sobre su futuro. Uno que depende exclusivamente de proveedores externos queda condicionado por decisiones tomadas fuera de sus fronteras.
Un legado que vuelve a estar en discusión
En un mundo donde la energía, la tecnología y los recursos estratégicos ocupan un lugar cada vez más importante, la experiencia nuclear argentina adquiere una nueva relevancia.
La transición energética, la necesidad de reducir emisiones contaminantes y la creciente demanda de electricidad vuelven a poner a la energía nuclear en el centro del debate internacional.
Para Argentina, el desafío consiste en aprovechar una capacidad construida durante más de siete décadas y adaptarla a los nuevos desafíos tecnológicos.
La historia nuclear argentina es una prueba de que un país latinoamericano puede desarrollar conocimiento de frontera cuando existe una decisión política sostenida, instituciones fuertes y una comunidad científica capaz de transformar ideas en tecnología.
En tiempos donde muchas veces se discute la ciencia únicamente como un gasto, la trayectoria de la CNEA muestra otra realidad: detrás de cada investigador formado y cada laboratorio funcionando existe una herramienta concreta de desarrollo, independencia y soberanía nacional.
