A tres días de arrasar en las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.
Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.
Luego agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.
¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante? El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja? ¿Gana más enemigos que aliados? Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.
En 1813 Manuel Belgrano destinó los 40.000 pesos de su premio militar a dotar cuatro escuelas públicas. La historia de ese legado y su vigencia dos siglos después.
Por Alcides Blanco para NLI
Cada 11 de septiembre, cuando la Argentina recuerda a los maestros y vuelve sobre la figura de Domingo Faustino Sarmiento, existe una tentación comprensible pero históricamente incompleta: pensar que la educación pública argentina comenzó con el gran proyecto escolar de la segunda mitad del siglo XIX. Sarmiento tuvo, sin dudas, un papel decisivo en la expansión de la enseñanza primaria, la formación profesional de los docentes y la construcción de instituciones educativas. Pero mucho antes de aquella etapa, cuando las Provincias Unidas todavía estaban atravesadas por la guerra de la Independencia y ni siquiera existía el Estado nacional argentino tal como lo conocemos, Manuel Belgrano ya había pensado la educación como una responsabilidad pública y como una herramienta indispensable para construir la nueva sociedad. En 1813, después de recibir una importante recompensa por sus victorias militares, tomó una decisión que todavía sorprende por su dimensión: resolvió destinar los 40.000 pesos del premio a la dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras.
No se trata de una tradición transmitida únicamente por los manuales escolares. El Archivo General de la Nación conserva el documento mediante el cual el Gobierno aprobó el destino de esos fondos, y la documentación oficial identifica expresamente las cuatro ciudades: Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. El 27 de abril de 1813 quedó formalizada la decisión. Belgrano había recibido aquel premio por sus servicios a la causa revolucionaria y decidió que el dinero no se incorporara a su patrimonio personal, sino que se transformara en un fondo destinado a la educación.
La diferencia no es menor. El documento original del reglamento redactado por Belgrano el 25 de mayo de 1813 comienza señalando que había resuelto dotar las cuatro escuelas con los cuarenta mil pesos que le había concedido la Asamblea. El artículo primero establece que el capital debía distribuirse en 10.000 pesos para cada escuela, de manera que sus réditos permitieran sostenerlas. El reglamento incluso fija el destino de esos recursos: una parte debía utilizarse para el sueldo del maestro y otra para los gastos necesarios de funcionamiento. No estamos, entonces, frente a una declaración abstracta sobre la importancia de educar: Belgrano estaba diseñando un mecanismo concreto para financiar escuelas públicas.
Un reglamento para formar ciudadanos
El valor histórico del documento aumenta cuando se lo lee completo. Belgrano no se limitó a entregar dinero y dejar que otros decidieran qué hacer con él. Escribió personalmente el reglamento que debía organizar las cuatro escuelas, estableciendo criterios para la elección de los maestros, sus obligaciones, la enseñanza, la disciplina y hasta determinados gastos cotidianos.
Uno de los aspectos más significativos aparece en el artículo 18. Allí Belgrano sostiene que el maestro debía procurar con su conducta inspirar en sus alumnos “amor al orden”, respeto, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la virtud y a las ciencias, inclinación al trabajo y desapego del interés particular. También debía fomentar un espíritu que llevara a los alumnos a preferir el bien público al privado.
La formulación resulta extraordinariamente significativa para 1813. La escuela que imaginaba Belgrano no debía limitarse a enseñar a leer y escribir: debía formar ciudadanos. Y el maestro tenía que ser, por su propia conducta, parte de esa formación. El reglamento establecía además que el acceso al cargo docente debía realizarse mediante oposición, una forma temprana de pensar la selección y profesionalización de quienes estaban al frente de la enseñanza.
Belgrano también contemplaba a los sectores más pobres. El proyecto incluía recursos para materiales escolares y establecía previsiones para que los niños que no pudieran afrontarlos no quedaran excluidos. Esa concepción encaja con otras expresiones del propio Belgrano sobre la importancia de la educación para el desarrollo de los pueblos. En una de las formulaciones que el Estado argentino ha recuperado de su pensamiento sostuvo: “Un pueblo culto nunca puede ser esclavizado”.
Hay allí una concepción política de la educación que merece ser recuperada: la libertad conquistada por las armas necesitaba ser sostenida por ciudadanos capaces de ejercerla.
Las cuatro escuelas y una deuda que atravesó dos siglos
El destino posterior de aquellas cuatro escuelas fue mucho más complejo que lo que suele contar la efeméride.
La documentación del Instituto Nacional Belgraniano señala que las escuelas funcionaron de manera discontinua debido a las guerras de Independencia y a los enfrentamientos internos posteriores. También registra problemas con el envío del dinero y con las rentas destinadas a sostenerlas. Es decir, el proyecto educativo de Belgrano quedó atrapado en las mismas dificultades políticas y financieras que atravesaron a las Provincias Unidas durante aquellos años.
La primera en abrir fue la de Santiago del Estero. Según el Instituto Nacional Belgraniano, comenzó a funcionar en 1822, por iniciativa del gobernador Felipe Ibarra, y se estima que permaneció abierta hasta 1826. Belgrano ya había muerto cuando aquella escuela comenzó sus actividades, pero la apertura representaba el cumplimiento, aunque fuera parcial y tardío, de la voluntad expresada nueve años antes.
En Jujuy, la situación fue diferente. El Instituto Belgraniano registra la inauguración de la escuela en 1825, con funcionamiento hasta aproximadamente 1828. La historia posterior de aquel legado terminó dando lugar, casi dos siglos más tarde, a la Escuela N.º 452 “Legado Belgraniano”, inaugurada en San Salvador de Jujuy en 2004, después de una obra que había comenzado en 1999. La institución existe actualmente y continúa llevando ese nombre, aunque su edificio es, naturalmente, contemporáneo y no el establecimiento de 1813.
El caso de Tarija es todavía más extraordinario porque la ciudad pasó a formar parte de Bolivia después de la independencia. La escuela prevista por Belgrano no se concretó en el siglo XIX. Según los Anales del Instituto Nacional Belgraniano, el Poder Ejecutivo argentino creó formalmente la escuela mediante un decreto de abril de 1967 y Argentina financió el proyecto, la construcción y el equipamiento. El establecimiento fue entregado al Gobierno boliviano el 27 de agosto de 1974, bajo el nombre de Escuela Argentina Manuel Belgrano, es decir, 161 años después de la donación original.
Tucumán tuvo la historia más prolongada y problemática. El propio Estado argentino reconoció décadas después que allí quedaba una deuda pendiente. En 2022, el Ministerio de Educación de la Nación anunció la construcción de una nueva Escuela de la Patria Manuel Belgrano y habló explícitamente de la necesidad de “saldar definitivamente” esa deuda histórica. En mayo de 2023 comenzaron obras de ampliación y refacción del establecimiento, destinadas a los niveles inicial y primario, con nuevas aulas y espacios deportivos para una comunidad educativa de alrededor de 1.300 estudiantes.
Y la historia no terminó allí. La Escuela de la Patria Manuel Belgrano continúa funcionando en Tucumán: en julio de 2025 el Ministerio de Educación provincial informó que el establecimiento funcionaba normalmente y en 2026 alumnos de esa escuela participaron en los actos oficiales por el aniversario de la Independencia.
El recorrido de las cuatro escuelas permite comprender algo que suele perderse cuando se reduce la historia a una fecha y una estatua: el proyecto de Belgrano fue inmediato en su concepción, pero extraordinariamente lento en su concreción. Santiago del Estero y Jujuy tuvieron experiencias escolares tempranas pero discontinuas; Tarija necesitó 161 años para materializarse en la forma que conocemos; y Tucumán atravesó una larga historia institucional que todavía obligó al Estado argentino a realizar obras en el siglo XXI.
Belgrano murió pobre, pero dejó una idea de riqueza pública
El gesto adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa qué ocurrió con el propio Belgrano.
No convirtió aquella recompensa militar en una fortuna personal. Y tampoco terminó su vida disfrutando de una posición económica acorde con el reconocimiento que había recibido. Murió el 20 de junio de 1820 en una situación de extrema precariedad económica, después de años de servicio, enfermedades, dificultades financieras y salarios que el Estado le adeudaba.
El contraste es poderoso, aunque debe ser contado sin convertirlo en una leyenda sentimental. No sería correcto afirmar que Belgrano quedó pobre exclusivamente porque donó los 40.000 pesos: su situación económica tuvo múltiples causas. Pero sí es un hecho que cuando tuvo la posibilidad de disponer de una importante recompensa personal decidió transformarla en un fondo destinado a escuelas.
En su respuesta al reconocimiento de la Asamblea aparece con claridad el principio que guiaba aquella decisión. Belgrano sostuvo que “ni la virtud ni los talentos tienen precio” y que resultaba despreciable para un hombre de bien convertir el servicio público en una búsqueda de riqueza. Por eso decidió destinar los 40.000 pesos a las cuatro escuelas.
No hace falta idealizarlo para reconocer la magnitud de esa elección.
Belgrano tuvo la oportunidad de convertir una recompensa por sus victorias en patrimonio propio y decidió convertirla en patrimonio educativo.
Antes de Sarmiento ya existía una idea de educación pública
Reconocer esto no significa quitarle importancia a Sarmiento. Todo lo contrario: permite ubicarlo correctamente.
Cuando Sarmiento impulsó décadas después la expansión de la enseñanza primaria, la formación de maestros y la creación de escuelas normales, trabajó sobre un problema mucho más amplio y con instrumentos estatales que Belgrano no tenía a su disposición. La posterior Ley 1420 de 1884 tampoco fue obra de Belgrano ni de Sarmiento en forma individual. La educación pública argentina fue el resultado de un proceso prolongado en el que participaron gobiernos, provincias, legisladores, maestros, educadores y comunidades.
Pero Belgrano fue uno de sus antecedentes fundamentales.
En 1813 ya había pensado en escuelas públicas de primeras letras; había previsto recursos para sostenerlas; había reglamentado su funcionamiento; había establecido criterios para seleccionar a los maestros; había definido obligaciones pedagógicas y morales para ellos y había pensado en la provisión de materiales para los alumnos.
Todo eso ocurrió antes de la independencia definitiva, antes de la Constitución de 1853 y más de setenta años antes de la Ley 1420.
Por eso el documento conservado por el Archivo General de la Nación merece ser leído no como una curiosidad de museo, sino como una pieza de la historia política argentina. El manuscrito de 1813 muestra a un dirigente revolucionario pensando que una patria nueva no podía sostenerse solamente con ejércitos, armas y declaraciones políticas. Necesitaba escuelas.
Y esa idea sobrevivió a las guerras, a la anarquía, a los incumplimientos administrativos y a los cambios territoriales.
Dos siglos después, algunas de aquellas escuelas siguen existiendo y otras fueron reconstruidas o refundadas bajo el nombre de Belgrano. La de Tarija quedó como una expresión concreta de un compromiso argentino que finalmente se materializó en Bolivia; la de Jujuy convirtió en edificio escolar contemporáneo una deuda histórica que había atravesado 191 años; la de Tucumán continúa funcionando y conserva el nombre de Escuela de la Patria; y Santiago del Estero fue la primera en poner en marcha, en 1822, una experiencia que duraría algunos años.
No todas las escuelas que Belgrano imaginó sobrevivieron. No todas se construyeron cuando él quiso. No todo el dinero llegó a cumplir el destino previsto. Pero la idea sobrevivió.
Y quizás allí esté el verdadero legado.
Manuel Belgrano no solamente dejó una bandera. Dejó una concepción de patria en la que el conocimiento debía ser un bien público y la educación una herramienta para que la libertad pudiera ser ejercida por el conjunto de la sociedad.
En 1813, en medio de una guerra y cuando la Argentina todavía estaba naciendo, recibió dinero por haber ganado batallas.
Eligió convertirlo en escuelas.
Ese gesto, más de dos siglos después, sigue siendo una de las mejores definiciones de lo que significa pensar la patria como algo que pertenece a las generaciones que vienen.
TRABAJADORXS SIN TRABAJO, COOPERATIVA SIN PRODUCCIÓN, INTERVENCIÓN ¿PARA QUÉ? Los trabajadorxs de la icónica Cooperativa La Reginense, nuevamente como hace menos de un año atrás, se encuentran reclamando nada más y nada menos lo que les pertenece: Sus sueldos, sus aportes, el pago de la obra social; y la reactivación de la empresa para poder…
El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?
Por Ignacia Fratelint para NLI
La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.
La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.
La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad
Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.
Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.
El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.
La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.
Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.
Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.
El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?
Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.
La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?
La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.
Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.
Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.
La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.
Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.
El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros
Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?
La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.
Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.
Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.
En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.
Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.
El espejismo de medir el éxito solamente en dólares
El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.
La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.
El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.
Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.
La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.
Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.
Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.
La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI
El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.
Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.
Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.
El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.
La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.
Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.
La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.
El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.
Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.
El medioambiente es uno de los ejes editoriales de nuestro medio. En Villa Regina contamos con un basural a cielo abierto y en altura (con lo que esto implica), que de manera formal o informal suele estar incendiado, si a esto le sumamos que vivimos en un valle la problemática es cada vez más compleja….
Un crédito de más de $52.600 millones para una empresa creada en 2024, sin ingresos declarados y con inconsistencias en sus antecedentes terminó convertido en un escándalo dentro del Banco Nación. El dato político es inevitable: la operación fue impulsada desde la Casa Central en Buenos Aires, durante la administración de Milei, y el gerente que se negó a firmarla denunció presiones y terminó con un traslado a 1.300 kilómetros de su casa. La Justicia frenó la medida. El potencial beneficiario, Mariano Jinkis, acaba de admitir ante la Justicia estadounidense el pago de sobornos en el escándalo FIFAgate.
Por Roque Pérez para NLI
Hay una contradicción que atraviesa buena parte de la gestión de Milei: el Gobierno habla permanentemente de eficiencia, austeridad, mérito y cuidado de los recursos públicos, pero cuando se mira el funcionamiento concreto de algunas estructuras estatales aparecen episodios que obligan a formular preguntas mucho más incómodas. El caso que acaba de salir a la luz en el Banco Nación es uno de ellos y tiene una cifra imposible de ignorar: más de $52.600 millones que estuvieron en proceso de evaluación para financiar un emprendimiento inmobiliario en Mar del Plata.
No se trata de una operación menor ni de una pyme buscando capital de trabajo. Se trataba de un proyecto inmobiliario compuesto por dos torres de 23 y 16 pisos, con 238 unidades funcionales, promovido por Jardines de Chauvín SA, una sociedad constituida en junio de 2024. Según la investigación de Hugo Alconada Mon, la propia auditoría interna del Banco Nación detectó que la empresa no tenía experiencia comprobable en construcción, no presentaba ingresos durante el ejercicio analizado y tenía un balance negativo. Más todavía: en la documentación presentada aparecían como antecedentes obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, pese a que la sociedad había sido constituida recién en 2024.
El Estado que quería prestar $52.600 millones
El dato que debería encender todas las luces amarillas es que el crédito no comenzó en Mar del Plata porque el empresario hubiera llegado con una carpeta a golpear las puertas del banco. Según una auditoría interna citada por LA NACION, fue un área de la Casa Central del Banco Nación, en Buenos Aires, la que contactó al estudio de arquitectos vinculado con el emprendimiento para conseguir el contacto de Jardines de Chauvín. El banco ofrece otra versión sobre el origen de la relación, pero la propia auditoría dejó registrado que el proceso se inició desde Buenos Aires.
Es decir, la discusión no es solamente por quién pidió el préstamo. Lo verdaderamente relevante es quién dentro de la estructura estatal tomó la decisión de avanzar, quién evaluó el proyecto y por qué una operación de semejante magnitud llegó hasta las instancias superiores del banco cuando existían elementos que ya generaban dudas.
Durante 2025, funcionarios de la entidad consideraron que el proyecto tenía una “factibilidad financiera favorable” y una capacidad de repago consistente. Inicialmente se hablaba de unos $35.600 millones, pero una tasación externa ubicó el valor del emprendimiento en US$35,6 millones, equivalente entonces a unos $52.638 millones.
Y aquí aparece una de las partes más llamativas del expediente: mientras el proceso avanzaba desde Buenos Aires, el gerente de la Gerencia Zonal Atlántica, Pablo Pourrere, empezó a plantear objeciones. Cuestionó los antecedentes de la empresa, observó su situación económica y pidió una evaluación externa.
También apareció otro dato sensible. El principal accionista de Jardines de Chauvín era Mariano Jinkis, dueño del 90% de la sociedad. Jinkis y su padre, Hugo, habían quedado involucrados en el escándalo internacional FIFAgate y el 26 de agosto de este año admitieron ante la Justicia estadounidense haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano entre 2010 y 2015. El acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense contempla un pago de US$50 millones.
Ante ese antecedente, la Subgerencia General de Integridad del propio Nación había recomendado aplicar un “criterio reforzado de debida diligencia” antes de avanzar con la operación.
Pero el problema es que esa advertencia no llegó inmediatamente al gerente que debía analizar el crédito. El informe fue elaborado el 19 de febrero y, según la investigación, recién llegó a Pourrere el 26 de marzo.
El gerente dijo que no y después llegó el traslado
La secuencia es la que convierte un expediente crediticio en un problema político.
El 3 de marzo, desde el área de Productos Hipotecarios de Buenos Aires enviaron a Pourrere un modelo de resolución para avanzar con el crédito. La instrucción pedía continuar con la propuesta formal para el cliente, incluyendo incluso la apertura de cuentas y otros productos bancarios.
Pourrere se negó a firmar.
Pocos días después comenzó otro capítulo: el gerente fue notificado de su traslado a una sucursal de menor categoría en Reconquista, Santa Fe, a unos 1.300 kilómetros de Mar del Plata. La resolución del Directorio estaba fechada el 20 de febrero, antes de la negativa formal, un argumento que el Banco utiliza para rechazar cualquier relación entre ambas cuestiones. Pero Pourrere denunció presiones y sostuvo que el traslado constituía una represalia por haberse negado a impulsar la operación.
Aquí es donde el caso adquiere una dimensión que excede al Banco Nación: ¿qué mensaje recibe un funcionario público cuando formula objeciones frente a una operación millonaria y poco después se encuentra con un traslado que lo aleja 1.300 kilómetros de su familia?
El Banco sostiene que ambos procesos fueron independientes. La Justicia, por ahora, no cerró esa discusión, pero sí consideró que había elementos suficientes para suspender el traslado. El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, señaló que la medida, “prima facie”, no parecía estar debidamente fundada en razones objetivas y técnicas y tomó en consideración las inconsistencias detectadas en la operación, las presuntas presiones y las observaciones de la propia auditoría interna.
El discurso libertario frente a la caja del Estado
Y acá aparece el problema político para Milei.
El Banco Nación no es una entidad privada. Es una institución estatal que administra recursos públicos. Por eso, aunque todavía no exista ninguna prueba que permita afirmar que el Presidente haya intervenido personalmente en esta operación, sí resulta absolutamente legítimo preguntarle al Gobierno qué controles políticos y administrativos existen sobre lo que ocurre dentro de una institución estratégica que forma parte del aparato estatal nacional.
Más todavía cuando el relato oficial de La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política alrededor de una supuesta superioridad de la gestión privada sobre el Estado, de la eliminación de la “casta”, de la eficiencia y de la reducción del gasto público.
El episodio del Nación expone una paradoja difícil de esconder: el mismo Estado que el mileísmo presenta como ineficiente cuando tiene que garantizar derechos sociales aparece, en este expediente, intentando canalizar decenas de miles de millones de pesos hacia un emprendimiento privado.
Y no hacia cualquier empresa. Hacia una sociedad creada apenas dos años antes, sin ingresos declarados en el ejercicio analizado, con antecedentes documentales que despertaron objeciones y cuyo principal accionista acaba de admitir ante la Justicia norteamericana el pago de sobornos vinculados al fútbol internacional.
El crédito finalmente fue rechazado. Y ese dato es importante. No hay que decir que los $52.600 millones fueron entregados porque no lo fueron. Pero tampoco alcanza con decir que “no pasó nada” porque el dinero nunca salió.
Pasó que la Casa Central impulsó la operación. Pasó que hubo funcionarios que evaluaron favorablemente el proyecto. Pasó que aparecieron inconsistencias. Pasó que un informe de integridad recomendó extremar los controles. Pasó que documentación clave llegó con semanas de demora. Pasó que desde Buenos Aires se pidió avanzar con la propuesta formal. Pasó que un gerente se negó a firmar. Pasó que ese gerente recibió una orden de traslado a 1.300 kilómetros de distancia. Pasó que denunció presiones. Pasó que el propio Banco abrió una auditoría. Y pasó que esa auditoría encontró “deficiencias”, “inconsistencias”, debilidades documentales y ausencia de evidencia sobre experiencia comprobable en construcción.
Finalmente, el 18 de mayo, el propio Banco Nación terminó rechazando el financiamiento por cuestiones vinculadas con el riesgo reputacional y de integridad.
Por eso, el interrogante político no debería reducirse a si “Milei ordenó el crédito”, porque eso no está probado. La pregunta es mucho más seria: ¿cómo funciona el Banco Nación bajo la administración de Milei para que una operación de más de $52.600 millones pueda avanzar hasta semejante instancia pese a las objeciones internas que ya estaban planteadas?
Porque si el Gobierno pretende convencer a los argentinos de que el Estado debe retirarse de todo aquello que pueda hacer el sector privado, entonces tendrá que explicar también por qué la estructura estatal que administra el dinero de todos llegó a evaluar con semejante entusiasmo un crédito multimillonario para un emprendimiento privado rodeado de advertencias.
Y si la respuesta oficial es que los controles funcionaron porque finalmente el crédito fue rechazado, queda otra pregunta todavía más incómoda: ¿por qué fue necesario que un gerente se plantara, que aparecieran denuncias de presiones, que interviniera la Justicia y que una auditoría interna detectara inconsistencias para que esos controles terminaran funcionando?
En el Banco Nación de Milei, por ahora, los $52.600 millones no salieron. Pero el expediente dejó algo mucho más difícil de esconder: una radiografía de cómo se toman algunas decisiones dentro del Estado que el Gobierno dice querer hacer desaparecer.
Imaginá que podés acceder a archivos confidenciales del gobierno estadounidense, en los que se ve como soldados de ese país matan a periodistas, disparándoles desde un helicóptero o cómo las embajadas trabajan haciendo lobby para empresas o políticos locales afines ¿Qué harías? ¿correrías el riesgo de publicarlo? Assange lo hizo. Este 11 de abril, Scotland…
