A tres días de arrasar en las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.
Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.
Luego agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.
¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante? El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja? ¿Gana más enemigos que aliados? Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.
Un nuevo informe de Oxfam una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, que realizan labores humanitarias en 90 países, pone números a un fenómeno que atraviesa a toda la región: la concentración extrema de la riqueza no solo profundiza la desigualdad económica sino que también condiciona la calidad democrática. Mientras un puñado de milmillonarios acumula fortunas comparables al PBI de varios países, crece su capacidad para influir sobre gobiernos, leyes, medios de comunicación y decisiones públicas.
Por Roque Pérez para NLI
La discusión sobre la desigualdad suele presentarse como un problema exclusivamente económico. Sin embargo, el informe «Riqueza sin control, democracia en riesgo: por qué América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal», elaborado por Oxfam, sostiene que el verdadero desafío es mucho más profundo: la concentración de la riqueza está derivando en una concentración del poder político que amenaza el funcionamiento mismo de las democracias.
Los números son contundentes. América Latina y el Caribe cuentan actualmente con 109 milmillonarios que concentran una riqueza conjunta de 622.900 millones de dólares, una cifra comparable al Producto Bruto Interno combinado de Chile y Perú. En apenas un año, esas fortunas crecieron cerca de un 39%, unas dieciséis veces más rápido que la economía regional.
Las personas milmillonarias poseen hasta 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos o acceder directamente a espacios de decisión que el ciudadano promedio
Cuando el dinero compra influencia
El informe sostiene que el problema no es únicamente la existencia de grandes fortunas, sino la capacidad que esas fortunas tienen para convertirse en influencia política permanente.
Según Oxfam, las personas milmillonarias poseen hasta 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos o acceder directamente a espacios de decisión que el ciudadano promedio. Ese poder también se ejerce mediante el financiamiento de campañas, el lobby empresarial, la presión sobre organismos estatales y el control de medios de comunicación.
La consecuencia es un círculo difícil de romper: quienes acumulan riqueza pueden influir sobre las reglas económicas, obteniendo aún mayores beneficios y consolidando posiciones dominantes.
El informe cita investigaciones internacionales que atribuyen más de una cuarta parte del retroceso democrático registrado entre 1990 y 2019 al aumento del poder corporativo, capaz de moldear regulaciones, bloquear competidores e influir sobre la opinión pública.
Un mapa de los sectores que concentran el poder
Otro aspecto llamativo del trabajo es que la riqueza de los grandes patrimonios latinoamericanos no está distribuida de manera uniforme.
El 65% del patrimonio de los milmillonarios de la región se concentra en apenas tres sectores:
Finanzas y servicios de inversión (27,45%), medios y telecomunicaciones (20,63%) y energía y recursos naturales (17,45%). Detrás aparecen la agroindustria, la tecnología, los conglomerados industriales y otros rubros con menor participación.
Para Oxfam, esta composición no es casual. Se trata de mercados con altas barreras de entrada, fuerte concentración económica y enorme capacidad para influir sobre regulaciones, precios y políticas públicas.
En otras palabras, el poder económico y el poder político terminan alimentándose mutuamente.
Un debate que interpela a la Argentina
La publicación adquiere especial relevancia en un contexto regional donde distintos gobiernos impulsan reducciones impositivas para grandes patrimonios, flexibilización de controles financieros y procesos de desregulación económica.
Mientras el discurso oficial suele presentar estas medidas como incentivos para la inversión privada, el informe advierte que la disminución de la progresividad fiscal puede fortalecer aún más la concentración de riqueza y reducir la capacidad de los Estados para financiar educación, salud, infraestructura y políticas sociales.
La organización propone avanzar hacia un nuevo pacto fiscal, con impuestos más progresivos sobre grandes fortunas, combate efectivo a la evasión y mayor transparencia sobre la influencia corporativa en las decisiones públicas.
Mucho más que una discusión económica
El informe deja planteada una pregunta incómoda para toda la región: ¿puede existir una democracia plenamente representativa cuando una pequeña élite concentra recursos suficientes para condicionar el debate público, financiar campañas, controlar medios y participar directamente en la elaboración de las reglas del juego?
La respuesta de Oxfam es clara. La desigualdad extrema no solo produce pobreza o exclusión social: también erosiona la representación política, debilita las instituciones y transforma el poder económico en una herramienta capaz de moldear el funcionamiento mismo de la democracia.
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