A tres días de arrasar en las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.
Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.
Luego agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.
¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante? El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja? ¿Gana más enemigos que aliados? Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.
El 22 de agosto de 1966, la dictadura de Onganía cerró 11 ingenios de Tucumán y provocó una profunda crisis social, económica y demográfica que todavía perdura.
Por Alcides Blanco para NLI
Hay decisiones de gobierno que pueden medirse en decretos, estadísticas o balances económicos, pero existen otras cuya verdadera dimensión solamente aparece cuando se observa qué ocurre con las personas que quedan del otro lado de una medida administrativa. El 22 de agosto de 1966, la dictadura de Juan Carlos Onganía dispuso la intervención y el cierre de numerosos ingenios azucareros de Tucumán, una decisión presentada entonces como parte de un programa destinado a ordenar una actividad considerada ineficiente y a reducir una supuesta sobreproducción, pero que terminó provocando una transformación económica y social de enormes proporciones en una provincia cuya historia estaba íntimamente ligada a la caña de azúcar. La medida no significó simplemente que algunas fábricas dejaran de funcionar: en un territorio donde el ingenio constituía alrededor del cual se organizaban pueblos enteros, empleos directos e indirectos, comercios, escuelas, clubes y redes comunitarias, cerrar una fábrica significaba alterar la vida completa de una región. A seis décadas de aquella decisión, la memoria tucumana continúa asociando el 22 de agosto con uno de los grandes quiebres sociales de su historia contemporánea.
Una industria que era mucho más que azúcar
Para entender por qué el cierre de los ingenios tuvo semejante impacto hay que retroceder mucho más allá de 1966. La producción azucarera había adquirido una importancia decisiva en Tucumán desde el siglo XIX y se había convertido progresivamente en el eje de una estructura económica que articulaba a productores, trabajadores rurales, obreros industriales, transportistas, comerciantes y familias enteras vinculadas directa o indirectamente con la actividad. La caña no representaba únicamente una mercancía destinada a convertirse en azúcar: constituía un modo de organización territorial, porque alrededor de los ingenios se desarrollaban poblaciones y se consolidaban relaciones sociales que excedían largamente las paredes de las fábricas. La propia provincia reivindica una tradición azucarera de más de dos siglos y señala que ya existen registros históricos de plantaciones de caña en Tucumán desde el siglo XVII, mientras que durante el siglo XIX la actividad adquirió una escala industrial que terminó convirtiéndola en una de las principales bases económicas del norte argentino.
El problema era que hacia mediados del siglo XX la industria atravesaba dificultades reales, entre ellas una estructura productiva desigual, problemas de rentabilidad y una relación conflictiva entre productores, industriales y trabajadores. El diagnóstico de la dictadura, sin embargo, partió de una premisa que tendría consecuencias mucho más profundas de las que sugería su lenguaje técnico: para reorganizar el sector era necesario reducir drásticamente la cantidad de establecimientos. El gobierno de Onganía intervino entonces la actividad y ordenó el cierre de 11 ingenios tucumanos, una política que buscaba disminuir la producción y concentrar el negocio azucarero en las empresas consideradas viables. Lo que desde Buenos Aires podía aparecer como una operación de racionalización productiva adquirió en Tucumán una dimensión completamente distinta, porque detrás de cada establecimiento había comunidades cuya subsistencia dependía de que esas chimeneas continuaran funcionando.
La decisión tampoco puede separarse del carácter político del régimen que la tomó. Onganía había llegado al poder mediante el golpe de Estado de junio de 1966, que derrocó al presidente Arturo Illia y estableció una dictadura que había eliminado los mecanismos institucionales de representación política. En ese contexto, los trabajadores afectados por el cierre de los ingenios no contaban con los canales democráticos habituales para disputar una política pública que modificaba radicalmente sus condiciones de vida. La intervención estatal no surgía de un debate parlamentario ni de una negociación política abierta, sino de la lógica de un gobierno militar que concebía la reorganización económica como una cuestión que podía resolverse desde el poder central.
Cuando una fábrica que cierra se lleva un pueblo entero
La dimensión humana del proceso comenzó a hacerse visible rápidamente. Los ingenios intervenidos dejaron de funcionar o redujeron drásticamente sus actividades, mientras miles de trabajadores quedaron sin su fuente habitual de ingresos. Pero el impacto no terminó en los trabajadores fabriles: la crisis se extendió hacia los pequeños comerciantes, los trabajadores temporarios de la cosecha, los transportistas y todos aquellos que dependían del movimiento económico generado durante la zafra. Cuando una economía local tiene una actividad dominante, el cierre de una planta industrial produce un efecto multiplicador en sentido inverso: el desempleo de un trabajador se transforma en la caída de las ventas de un almacén, la reducción del transporte, el deterioro de los servicios y la pérdida de población.
Fue entonces cuando comenzó una transformación demográfica que marcaría durante décadas a Tucumán. Familias que habían vivido durante generaciones vinculadas a la industria azucarera tuvieron que buscar alternativas en otras provincias, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras muchos trabajadores rurales se desplazaron hacia las grandes ciudades en busca de empleo. La migración no fue únicamente un movimiento estadístico: significó la ruptura de comunidades, la separación de familias y la pérdida de una trama social construida alrededor del trabajo. Pueblos que habían tenido una actividad económica relativamente intensa comenzaron a experimentar un proceso de deterioro que modificó su paisaje urbano y su vida cotidiana.
La paradoja es particularmente fuerte cuando se observa la distancia entre los objetivos oficiales y las consecuencias sociales. La política pretendía corregir desequilibrios económicos mediante una reducción de la capacidad productiva, pero el costo de esa reorganización recayó de manera especialmente intensa sobre quienes dependían de la industria para vivir. El cierre de los ingenios no fue simplemente una modificación de la estructura productiva nacional: fue también una redistribución territorial de las oportunidades, porque mientras algunas empresas y regiones podían beneficiarse de la concentración de la actividad, otras quedaron sometidas a un largo proceso de decadencia.
La respuesta social no tardó en aparecer. Los trabajadores azucareros organizaron protestas y resistencias frente a los cierres, y el conflicto se incorporó a una tradición de movilización obrera que tendría un papel fundamental en la historia política tucumana de las décadas siguientes. La resistencia no puede entenderse solamente como una reacción sindical frente a una medida económica, porque para los trabajadores estaba en juego algo más profundo: el derecho a continuar viviendo en los lugares donde habían construido sus familias y sus comunidades. El reclamo por el ingenio era, simultáneamente, un reclamo por el trabajo, el territorio y la posibilidad de permanecer.
El precio de una política pensada desde arriba
La historia del cierre de los ingenios tucumanos obliga a discutir una cuestión que continúa siendo central en cualquier debate sobre desarrollo económico: qué ocurre cuando la eficiencia de una actividad se mide exclusivamente desde sus números y no desde el entramado social que la sostiene. Es indudable que la industria azucarera atravesaba problemas y que necesitaba transformaciones, pero una política de reconversión puede producir consecuencias muy diferentes según la forma en que se implemente, la existencia de alternativas laborales y la participación de quienes serán afectados. En Tucumán, la ausencia de una transición capaz de absorber semejante shock convirtió una reorganización productiva en una crisis social de largo alcance.
También resulta significativo que la medida haya sido adoptada por una dictadura. La falta de representación política no fue un detalle secundario, porque permitió que una decisión de semejante magnitud se ejecutara sin el proceso de discusión pública que habría obligado a confrontar sus costos sociales. El caso tucumano muestra así una de las características más problemáticas de los gobiernos autoritarios que intentan imponer transformaciones estructurales desde arriba: pueden tomar decisiones con una velocidad que un sistema democrático difícilmente permitiría, pero esa misma velocidad puede impedir que se escuchen las voces de quienes soportarán las consecuencias.
Con el paso de los años, algunos de aquellos ingenios desaparecieron físicamente o quedaron reducidos a estructuras abandonadas, mientras que otros fueron reconvertidos y la actividad azucarera sobrevivió en establecimientos que continuaron produciendo. Pero la provincia nunca volvió a ser exactamente la misma. La huella de 1966 quedó grabada en los pueblos que perdieron población, en las familias que emigraron y en una memoria colectiva que todavía identifica aquella fecha como el comienzo de una transformación traumática. En ese sentido, el 22 de agosto no pertenece solamente a la historia de la industria azucarera: pertenece a la historia de cómo las decisiones económicas pueden modificar la geografía humana de un país.
Sesenta años después, cuando se habla de productividad, competitividad, reconversión o reducción de costos, la experiencia tucumana ofrece una lección que conserva plena vigencia: detrás de cada fábrica existe una comunidad y detrás de cada puesto de trabajo hay una cadena de relaciones que no aparece en ninguna planilla contable. El cierre de los ingenios de 1966 demuestra que una economía puede ser reorganizada desde un despacho, pero sus consecuencias se viven en las casas, en las escuelas, en los comercios y en las calles. Por eso aquella decisión de Onganía permanece como una de las grandes heridas sociales de Tucumán: porque no solamente cerró fábricas, sino que modificó el destino de miles de personas y obligó a una provincia entera a reconstruirse después de que el poder político decidiera que una parte de su economía ya no era necesaria. La historia del azúcar tucumano, en definitiva, permite comprender que el desarrollo no consiste solamente en determinar cuánto produce una región, sino también en preguntarse qué sucede con quienes viven de esa producción cuando alguien decide, desde lejos, que ha llegado la hora de apagar las máquinas.
Milei volvió a atacar a Lula y profundiza la crisis con Brasil. La política exterior argentina, cada vez más subordinada a la batalla ideológica de la ultraderecha.
Por Roque Pérez para NLI
El Presidente volvió a atacar a Lula y esta vez decidió amplificar las acusaciones de un congresista estadounidense aliado de Donald Trump. Mientras Brasil reclama terminar con las agresiones y ya rebajó el nivel de su representación diplomática en Buenos Aires, la política exterior argentina parece cada vez más subordinada a las disputas ideológicas de la ultraderecha internacional.
Milei volvió a elegir la confrontación como instrumento de política exterior. Lejos de intentar bajar la tensión con Brasil, el Presidente decidió replicar en sus redes sociales las críticas del congresista estadounidense Carlos Giménez, un dirigente republicano de origen cubano y cercano a Donald Trump, quien atacó públicamente al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y lo calificó de “delincuente”. Milei hizo propio el mensaje y volvió a colocar al principal socio regional de la Argentina en el centro de su batalla política.
El episodio podría parecer, a primera vista, una nueva disputa discursiva en redes sociales. Pero ocurre después de una sucesión de ataques que ya produjo consecuencias concretas para la relación bilateral. Brasil retiró a su embajador de Buenos Aires y redujo su representación diplomática al nivel de encargado de negocios, una decisión extraordinaria entre dos países que, más allá de las diferencias ideológicas entre sus gobiernos, mantienen una relación económica, comercial, social y estratégica que excede largamente a sus presidentes de turno.
La pregunta que debería hacerse la Argentina, entonces, no es qué tan fuerte fue el insulto de Milei contra Lula, sino qué beneficio obtiene el país de esta política exterior basada en agravios personales y alineamientos ideológicos. Porque mientras el Presidente parece encontrar en cada conflicto internacional una nueva oportunidad para reforzar su identidad política ante sus seguidores, los costos de esas decisiones recaen sobre el conjunto del país.
Una diplomacia diseñada para la batalla ideológica
Desde que llegó al poder, Milei modificó de manera sustancial la tradición diplomática argentina. La política exterior dejó de estar planteada fundamentalmente alrededor de los intereses permanentes del Estado para quedar cada vez más vinculada a una particular concepción ideológica del mundo.
En ese esquema, Estados Unidos, Donald Trump, Israel y las derechas radicalizadas de distintos países aparecen como aliados naturales, mientras que los gobiernos que Milei identifica con la izquierda o el progresismo son tratados como adversarios políticos. Brasil, por su peso regional y por la presencia de Lula en la conducción del país, ocupa un lugar central en esa disputa.
El problema es que una cosa es que el Presidente tenga diferencias políticas con Lula y otra muy distinta es transformar esas diferencias en una política de Estado. La Argentina no tiene por qué compartir las posiciones del gobierno brasileño para entender que Brasil es su principal socio regional, una de las mayores economías del mundo y un actor indispensable para cualquier estrategia de integración sudamericana.
Sin embargo, Milei parece haber decidido que la relación con Brasil debe estar condicionada por la pelea entre la derecha y la izquierda. Incluso su respaldo político a dirigentes brasileños enfrentados con Lula forma parte de ese esquema. La diplomacia tradicional entiende que un Presidente representa a todos los argentinos incluso cuando habla con gobiernos que no le gustan. La lógica de Milei parece funcionar al revés: cada escenario internacional es convertido en una extensión de su propia interna política.
Y allí aparece una de las principales contradicciones de su discurso. El Gobierno suele presentar su política exterior como una defensa de la libertad, del comercio y de los intereses argentinos. Pero una política exterior verdaderamente pragmática debería preguntarse primero qué necesita la Argentina y no quién comparte la misma ideología que el Presidente.
El dato que Milei omite cuando habla de Lula
En sus ataques, Milei suele presentar a Lula como un dirigente que fue condenado y posteriormente liberado. La formulación, sin embargo, omite un dato jurídico fundamental: las condenas contra Lula fueron anuladas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
En marzo de 2021, el ministro Edson Fachin determinó que la Justicia Federal de Curitiba no tenía competencia para juzgar los casos contra Lula porque los hechos investigados no tenían relación directa con los desvíos de Petrobras. El Plenario del Supremo Tribunal Federal confirmó posteriormente esa decisión por 8 votos contra 3.
Pero hubo además otro elemento decisivo. El Supremo Tribunal Federal reconoció la parcialidad del entonces juez Sérgio Moro en el proceso del triplex de Guarujá y anuló las decisiones adoptadas por él en esa causa.
Esto no significa que una discusión política deba convertirse en una defensa automática de Lula ni que las acusaciones de corrupción puedan ser borradas de la historia. Significa algo mucho más sencillo: un Presidente argentino no debería presentar como verdad absoluta una caracterización jurídica que omite las decisiones posteriores de la máxima instancia judicial brasileña.
Y mucho menos utilizar esa caracterización para justificar una escalada diplomática con el gobierno de un país vecino.
El asunto adquiere todavía mayor gravedad porque el ataque ya no se limita a las declaraciones personales de Milei. Ahora el Presidente reproduce las acusaciones de un congresista estadounidense y las incorpora a su propia comunicación política. Es decir, la diplomacia argentina aparece cada vez más atravesada por una lógica de alineamiento internacional donde los adversarios políticos de Trump se convierten automáticamente en adversarios de Milei.
La pregunta inevitable es dónde queda la defensa del interés argentino.
Brasil no es un enemigo de Milei: es un vecino de la Argentina
La crisis actual debería ser observada desde una perspectiva mucho más amplia. Argentina y Brasil no son simplemente dos gobiernos que mantienen relaciones diplomáticas. Existe entre ambos países una estructura económica y social construida durante décadas, con millones de personas vinculadas por comercio, inversiones, turismo, industria, energía y cadenas productivas.
El Mercosur, además, constituye uno de los principales instrumentos de inserción internacional de la Argentina. Romper puentes con Brasil por una disputa personal entre dos presidentes no es una muestra de firmeza: puede convertirse en una forma extremadamente costosa de aislamiento.
Brasil ya dio una señal concreta. El retiro de su embajador y la reducción de la representación diplomática fueron justificadas por el Gobierno de Lula como una respuesta a los “reiterados insultos y agresiones” de Milei. La Cancillería brasileña reclamó que Argentina detenga las agresiones para poder recomponer el vínculo.
La respuesta argentina debería ser sencilla: defender sus posiciones, negociar lo que corresponda y preservar los canales diplomáticos. Pero el Gobierno parece atrapado en una dinámica diferente, en la cual retroceder frente a un adversario ideológico es interpretado como una derrota política.
Ese mecanismo puede funcionar en una campaña electoral o en las redes sociales. En relaciones internacionales, puede ser desastroso.
Porque los Estados no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes: tienen intereses. Y una política exterior madura busca preservar esos intereses incluso cuando los gobiernos que están del otro lado de la mesa piensan completamente distinto.
Milei parece haber elegido otro camino.
El costo de convertir a la Argentina en una pieza de la interna de Trump
Hay una dimensión todavía más profunda en esta crisis. El nuevo ataque a Lula, producido mediante la reproducción de las palabras de un congresista estadounidense cercano a Trump, muestra hasta qué punto la política exterior argentina puede estar funcionando como una extensión de la batalla política de la derecha norteamericana.
La Argentina no debería necesitar que un congresista de Estados Unidos le indique quién es amigo y quién enemigo en América Latina. Mucho menos que la agenda internacional del país quede determinada por las disputas electorales o geopolíticas de Washington.
El alineamiento automático tiene un problema elemental: Estados Unidos cambia de intereses según sus propias necesidades y sus propios gobiernos. La Argentina, en cambio, tiene que convivir con sus vecinos todos los días. Brasil seguirá estando al lado de nuestro país cuando cambie el gobierno de Milei, cuando termine el gobierno de Lula y cuando Donald Trump deje la Casa Blanca.
Por eso una diplomacia inteligente debería construir puentes, diversificar vínculos y defender la soberanía nacional. No transformar a la Argentina en un actor secundario dentro de una pelea ideológica ajena.
La política exterior de Milei corre, en cambio, el riesgo de convertir al país en algo mucho más pequeño: un país que grita fuerte pero negocia desde una posición cada vez más débil.
Y la crisis con Brasil es la demostración más concreta.
Mientras el Presidente obtiene repercusión en las redes sociales por cada nuevo insulto, la Argentina pierde capacidad de diálogo con uno de sus socios fundamentales. Mientras Milei fortalece su imagen ante el núcleo duro que celebra sus enfrentamientos, el país paga el costo de una diplomacia que confunde firmeza con agresión, soberanía con alineamiento y liderazgo con provocación.
La política exterior no debería existir para alimentar el algoritmo presidencial. Debería existir para defender los intereses de la Argentina.
Y si para sostener una pelea ideológica con Lula el Gobierno está dispuesto a deteriorar la relación con Brasil, entonces el problema ya no es solamente el estilo de Milei.
El problema es que la Argentina puede estar empezando a pagar el precio de una política exterior diseñada para satisfacer al Presidente antes que para servir al país.
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