A tres días de arrasar en las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.
Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.
Luego agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.
¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante? El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja? ¿Gana más enemigos que aliados? Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.
Milei autorizó el amarre de un petrolero británico en Ushuaia, una decisión que genera polémica y cuestionamientos por su impacto sobre la soberanía y la causa Malvinas.
Por Bruno A. Monteverde para NLI
El Gobierno de Javier Milei acaba de quedar atrapado en una de esas contradicciones que ya no pueden explicarse como simples errores administrativos. Mientras la Argentina sostiene constitucionalmente que la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur constituye un objetivo permanente e irrenunciable, la administración nacional que interviene el puerto de Ushuaia autorizó allí el amarre y la operación de un buque petrolero de bandera británica, el VS Promise, en la capital de la provincia que incluye bajo su jurisdicción a los territorios australes usurpados por el Reino Unido.
La decisión provocó el inmediato repudio del Gobierno de Tierra del Fuego, que calificó la situación como “inadmisible” y exigió explicaciones públicas sobre los criterios políticos, estratégicos y administrativos que permitieron la operación. El reclamo adquiere una dimensión todavía mayor porque el Puerto de Ushuaia se encuentra actualmente bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, es decir, bajo una administración que depende directamente del Estado nacional. La misma Nación que decidió desplazar a la Provincia del manejo de una infraestructura estratégica del extremo austral es, por lo tanto, la que ahora debe explicar por qué habilitó el ingreso de una embarcación vinculada a la bandera de la potencia que ocupa las islas cuya soberanía reclama la Argentina.
Un puerto intervenido en nombre de la soberanía
Hay una contradicción política difícil de disimular. La intervención nacional del puerto fue presentada como una medida destinada a garantizar el funcionamiento de una terminal considerada estratégica para los intereses argentinos, ubicada en un punto fundamental del Atlántico Sur y vinculada directamente con la proyección hacia la Antártida. Sin embargo, meses después, esa administración nacional autorizó que un petrolero británico amarrara en Ushuaia, precisamente en un escenario geopolítico donde la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur no es una cuestión simbólica sino un conflicto territorial reconocido internacionalmente.
La situación resulta todavía más llamativa porque la Provincia recordó la existencia de normas locales que restringen la permanencia, amarre, abastecimiento y operaciones logísticas de embarcaciones de bandera británica vinculadas con actividades relacionadas con los recursos naturales de Malvinas. Tierra del Fuego reclamó entonces que el Gobierno nacional explique bajo qué criterios se permitió la operación y cuestionó que una decisión de semejante sensibilidad estratégica haya sido tomada sin coordinación con las autoridades provinciales.
El problema no es, entonces, solamente que un barco haya llegado a un puerto argentino. El problema es qué representa ese barco, dónde fue autorizado a operar y quién tomó la decisión. Ushuaia no es un puerto cualquiera: es la ciudad más austral del país, capital de la provincia que constitucionalmente comprende a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y constituye además una pieza fundamental de la presencia argentina en el Atlántico Sur y de su proyección antártica.
Malvinas no es una consigna para los actos oficiales
La Constitución Nacional no deja margen para interpretaciones caprichosas sobre la cuestión. La Disposición Transitoria Primera establece que la Nación Argentina ratifica su “legítima e imprescriptible soberanía” sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable.
Por eso resulta insuficiente que el Gobierno de Milei ratifique formalmente el reclamo argentino durante un acto del 2 de abril si, en la administración concreta del territorio, de los puertos, de los recursos naturales y de la infraestructura estratégica del Atlántico Sur, aparecen decisiones que parecen subordinar esa cuestión a una lógica puramente comercial. En abril de este mismo año, Milei volvió a reivindicar públicamente la soberanía argentina sobre las islas y habló de fortalecer las capacidades de defensa nacionales. Pero cuatro meses después, la noticia que llega desde Ushuaia es que un petrolero británico pudo operar en el puerto bajo administración nacional.
La cuestión de fondo es precisamente esa distancia entre lo que se declara y lo que se hace. Defender Malvinas no consiste únicamente en pronunciar la palabra “soberanía” en un discurso presidencial, colocarla en un comunicado oficial o recordarla cada 2 de abril. Una política soberana implica también definir qué empresas, qué embarcaciones y qué intereses económicos participan en el desarrollo de los recursos estratégicos del Atlántico Sur, y hacerlo de acuerdo con una visión nacional de largo plazo.
El propio Estado argentino ha reconocido históricamente el carácter estratégico de esa región por sus recursos pesqueros e hidrocarburíferos, su posición geográfica, las rutas comerciales y su condición de plataforma natural hacia la Antártida. En consecuencia, convertir al Atlántico Sur en un simple espacio de negocios donde prevalece la conveniencia inmediata sobre la dimensión geopolítica significa, como mínimo, vaciar de contenido práctico la defensa de la soberanía.
El modelo Milei y una soberanía subordinada al negocio
La polémica del VS Promise vuelve a instalar una pregunta que el Gobierno debería responder sin consignas ni evasivas: ¿qué significa soberanía para Javier Milei? Porque si soberanía significa solamente reivindicar formalmente las islas mientras se flexibilizan las condiciones para que intereses vinculados al Reino Unido participen de actividades económicas en el extremo austral argentino, entonces estamos ante una concepción profundamente limitada de la defensa nacional.
Y allí aparece el problema político más profundo. La administración libertaria ha construido buena parte de su política exterior alrededor de una relación privilegiada con Estados Unidos y de una marcada cercanía ideológica con determinados sectores del mundo anglosajón. Esa orientación puede ser presentada como una elección diplomática, pero se vuelve problemática cuando comienza a chocar con intereses territoriales que la Argentina sostiene como política de Estado y no como patrimonio de un gobierno particular.
La propia legislación argentina creó mecanismos institucionales destinados a sostener una política de Estado sobre Malvinas y a generar consensos políticos y sociales para avanzar en el ejercicio pleno de la soberanía. El reclamo argentino, además, no depende de una interpretación partidaria: está incorporado a la Constitución y forma parte de una posición histórica sostenida por gobiernos democráticos de distinto signo político.
Por eso el episodio de Ushuaia merece algo más que una pelea circunstancial entre Nación y Provincia. Expone una concepción de país. De un lado está la idea de que el territorio, los puertos, los recursos naturales y el Atlántico Sur forman parte de una estrategia nacional que debe preservarse durante décadas. Del otro aparece una lógica en la que todo puede transformarse en una operación comercial mientras cumpla determinadas condiciones administrativas.
Y Malvinas no puede ser reducida a una cuestión administrativa. Tampoco puede convertirse en una variable secundaria frente a los negocios. Mucho menos puede sostenerse una política exterior que reivindique la soberanía argentina en los discursos mientras, en la práctica, habilita situaciones que generan el interrogante inevitable sobre cuánto pesa realmente esa soberanía a la hora de tomar decisiones.
El Gobierno de Tierra del Fuego pidió explicaciones y reclamó el fin de la intervención nacional sobre el puerto. También advirtió que la soberanía se ejerce “en todos los ámbitos posibles”, una definición que resume el núcleo de la controversia. Porque la soberanía no se defiende solamente frente a los organismos internacionales: se defiende en los puertos, en el mar, en los recursos naturales, en las decisiones económicas y en cada metro del territorio nacional.
El amarre del petrolero británico en Ushuaia deja así una imagen política difícil de ignorar: mientras una parte del territorio argentino permanece bajo ocupación británica y la Constitución ordena sostener como objetivo irrenunciable la recuperación de la soberanía, en la ciudad que mira hacia ese territorio una administración dependiente de la Casa Rosada permite operar a una embarcación vinculada al Reino Unido. Puede haber una explicación administrativa para la autorización, pero todavía falta la explicación política. Y esa explicación es la que Milei le debe al país, porque Malvinas no es una bandera que se levanta en los discursos: es una causa nacional que se defiende también cuando están en juego los intereses económicos del presente.
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