LOS HERMANOS SORIA SE POSICIONAN

A tres días de arrasar en  las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.

Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.

Luego  agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.

¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante?  El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja?  ¿Gana más enemigos que aliados?  Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el  clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.

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    A 45 años de cuando la hinchada de Chicago desafió a la Dictadura

     

    En plena dictadura militar, cuando cantar una consigna política podía terminar en cárcel, palazos o desapariciones, una tribuna del ascenso argentino decidió romper el miedo. El 24 de octubre de 1981, la hinchada de Nueva Chicago cantó la Marcha Peronista en un estadio de fútbol y desató una represión feroz. Cuatro décadas y media después, aquella escena sigue siendo uno de los episodios más potentes de resistencia popular nacidos desde una cancha.

    Por Alcides Blanco para NLI

    La Argentina de 1981 era un país atravesado por el terror estatal. Aunque la Junta Militar comenzaba a mostrar signos de desgaste, la maquinaria represiva seguía intacta. Había censura, persecución política y control sobre cualquier manifestación pública. En ese contexto, entonar la Marcha Peronista equivalía a desafiar directamente al poder militar.

    Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Mataderos.

    Aquella tarde, Nueva Chicago enfrentaba a Defensores de Belgrano en el viejo estadio República de Mataderos por el campeonato de Primera B. El equipo verdinegro marchaba rumbo al ascenso y el barrio respiraba clima de fiesta. Bombos, banderas y tribunas repletas convivían con una tensión permanente: la Policía controlaba cada movimiento porque el fútbol también era vigilado como espacio político.

    Entonces ocurrió lo impensado.

    Desde la popular comenzó a escucharse la melodía prohibida. Primero tímidamente. Después con fuerza. Miles de hinchas empezaron a cantar la Marcha Peronista en plena dictadura militar, en un país donde todavía funcionaban centros clandestinos de detención y donde el aparato represivo seguía activo sobre sindicatos, universidades y barrios populares.

    La tribuna obrera que enfrentó el miedo

    Nueva Chicago no era cualquier club. La identidad del barrio de Mataderos estaba profundamente ligada al movimiento obrero y al peronismo histórico. Desde mediados del siglo XX, el club había construido una mística popular asociada a los trabajadores de frigoríficos, mercados y fábricas de la zona oeste porteña.

    Por eso, lo ocurrido en 1981 no fue solamente un canto futbolero. Fue una demostración política nacida desde abajo, desde una tribuna popular que decidió desafiar el silencio impuesto por los militares.

    La reacción policial fue brutal e inmediata.

    Efectivos armados ingresaron a la tribuna con palos y comenzaron una represión feroz. Hubo corridas, golpes y decenas de detenidos. Según reconstrucciones posteriores, 49 hinchas terminaron arrestados y varios fueron obligados a correr esposados por las calles de Mataderos porque los patrulleros no alcanzaban para trasladarlos.

    La imagen de los “presos al trote” apareció en diarios de la época y se convirtió en una postal insólita del final de la dictadura: un régimen militar aterrorizado por una canción.

    Peor todavía: nueve hinchas fueron enviados a la cárcel de Devoto acusados de infringir disposiciones sobre reuniones deportivas. Uno de ellos permaneció preso durante más de un mes. Todo por cantar en una cancha.

    El “Arroz con leche” que humilló a la Policía

    La historia no terminó allí. Una semana después, Chicago jugó contra Atlanta y la tensión seguía intacta. La Policía esperaba una nueva provocación y preparó un operativo especial para reprimir otra vez el canto prohibido.

    Pero la hinchada tenía preparada una respuesta tan simple como genial.

    Desde la tribuna comenzó nuevamente la introducción musical de la Marcha Peronista. Los policías avanzaron desesperados, convencidos de que volverían a escuchar el cántico peronista. Sin embargo, cuando llegó el momento de la letra, miles de gargantas explotaron con otra canción:

    “Arroz con leche, me quiero casar…”

    La maniobra descolocó completamente al operativo policial. Mientras los efectivos quedaban expuestos al ridículo, la tribuna estallaba de risa y celebración. La hinchada había encontrado una forma perfecta de burlarse de la dictadura usando una canción infantil.

    La escena quedó inmortalizada como uno de los episodios más creativos de resistencia cultural durante los años oscuros del terrorismo de Estado.

    Mucho más que fútbol

    Con el paso del tiempo, aquella jornada adquirió una dimensión histórica mucho mayor. Lo sucedido en Mataderos demostró que el fútbol argentino nunca estuvo aislado de la realidad política y social del país. Mientras muchos dirigentes miraban para otro lado frente al horror dictatorial, sectores populares encontraron en las tribunas un espacio de identidad y resistencia.

    La hinchada de Chicago hizo política cuando hacerlo podía costar la libertad. No hubo dirigentes pronunciando discursos ni estructuras partidarias organizando actos. Hubo trabajadores, vecinos e hinchas desafiando el miedo colectivo desde una popular.

    A 45 años de aquella tarde, el episodio sigue funcionando como una marca profunda en la memoria futbolera y política argentina. Porque en uno de los momentos más oscuros de la historia nacional, una tribuna demostró que incluso bajo represión, censura y amenazas, todavía había quienes estaban dispuestos a cantar.

     

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    Documentos desclasificados revelan que la Secretaría de Inteligencia del Estado impulsó de manera deliberada una campaña clandestina para instalar uno de los discursos más funcionales al encubrimiento del terrorismo de Estado. Lejos de una interpretación espontánea del pasado, la llamada “teoría de los dos demonios” aparece ahora como una operación política diseñada desde las entrañas del aparato de inteligencia.

    Por Alcides Blanco para NLI

    La historia argentina vuelve a sacudirse con una revelación que confirma lo que durante décadas denunciaron organismos de derechos humanos: la disputa por la memoria no fue —ni es— inocente. Los archivos desclasificados de la SIDE muestran que la instalación de la teoría de los dos demonios no surgió como una lectura académica o social del pasado, sino como una estrategia deliberada de propaganda.

    Según la documentación revelada, un funcionario identificado como “Subsecretario A”, perteneciente a la Dirección 8-Interior del organismo, ordenó directamente la elaboración de un material con fines políticos: un libro diseñado para difundir esa interpretación y legitimar un relato funcional al poder. La tarea no fue marginal ni improvisada: incluyó redacción, edición y distribución sistemática.

    Una teoría construida desde el poder

    La llamada “teoría de los dos demonios” sostiene que la violencia estatal desplegada durante la última dictadura cívico-militar es equiparable a la ejercida por organizaciones guerrilleras. Esa equiparación, sin embargo, fue históricamente rechazada por la Justicia y por los organismos de derechos humanos, que señalaron el carácter sistemático, planificado y estatal del terrorismo ejercido entre 1976 y 1983.

    Lo que ahora aportan los archivos es una pieza clave: esa narrativa no solo fue discutida en el terreno político o mediático, sino que fue activamente promovida desde el aparato de inteligencia del Estado. Es decir, no fue una lectura posterior, sino parte de una política concreta de construcción del sentido.

    El dato no es menor. Implica que el intento de relativizar el genocidio no fue una consecuencia espontánea del debate democrático, sino una maniobra diseñada para intervenir en la memoria colectiva y condicionar la interpretación histórica.

    Memoria en disputa, ayer y hoy

    La desclasificación de estos documentos se inscribe en un proceso más amplio de apertura de archivos que abarca el período 1973-1983 y que busca reconstruir el accionar del aparato estatal durante años clave. Sin embargo, también reabre un interrogante incómodo: qué se muestra y qué se oculta cuando el propio Estado decide qué parte de su pasado revelar.

    El contexto actual no es ajeno a esa disputa. En los últimos meses, el gobierno nacional volvió a impulsar discursos que retoman elementos de la teoría de los dos demonios bajo la idea de una “memoria completa”, en abierta tensión con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia construidas desde 2003.

    La coincidencia entre los documentos del pasado y los discursos del presente no pasa desapercibida. Lo que ayer fue una operación clandestina hoy reaparece en formatos institucionales, mediáticos y culturales.

    El sentido profundo de los archivos

    Los archivos no son solo papeles: son pruebas de cómo el poder intenta moldear la historia. Que la SIDE haya intervenido activamente en la difusión de una narrativa destinada a relativizar el terrorismo de Estado revela hasta qué punto la batalla por la memoria fue —y sigue siendo— una batalla política.

    En un país donde los juicios por crímenes de lesa humanidad establecieron responsabilidades concretas y donde la desaparición forzada fue reconocida como política sistemática, estos documentos aportan un elemento central: el intento deliberado de diluir esas responsabilidades no fue casual.

    La historia, entonces, no solo se escribe en tribunales o en libros: también se fabrica en oficinas de inteligencia. Y cuando esos archivos salen a la luz, lo que queda expuesto no es solo el pasado, sino las continuidades incómodas del presente.

     

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