LOS HERMANOS SORIA SE POSICIONAN

 

La historia documentada de Pablo Agüero, un africano que acumuló poder sobre distintas organizaciones afro de Buenos Aires a fines del siglo XVIII y cuya figura fue vinculada por la historiadora Lea Geler con la posible existencia de un “Rey de Reyes” africano en la ciudad.

Por Alcides Blanco para NLI

En la Buenos Aires colonial hubo un hombre africano que llegó a ocupar una posición de poder tan singular que una investigación histórica reciente encontró elementos para compararlo con la figura de un “Rey de Reyes” africano. Su nombre fue Pablo Agüero, y su historia obliga a mirar de otra manera una ciudad que durante mucho tiempo fue narrada como si la población africana y afrodescendiente hubiera sido apenas una presencia secundaria. Agüero aparece en documentos de las últimas décadas del siglo XVIII como comerciante, empresario, curtidor, prestamista y propietario de personas esclavizadas, pero también como un hombre que mantenía vínculos con sectores de la elite y que había recibido autorización de las autoridades coloniales para intervenir sobre los bailes, reuniones y desplazamientos de africanos y afrodescendientes. La historiadora Lea Geler reconstruyó su trayectoria utilizando documentación del Archivo General de la Nación y plantea que detrás de ese personaje puede encontrarse una estructura de organización afro mucho más amplia de lo que tradicionalmente se reconoció.

Un hombre africano en el centro del poder colonial

Agüero vivió en una sociedad atravesada por la esclavitud y por una compleja clasificación racial, en la que los africanos y sus descendientes eran sometidos a distintas formas de vigilancia, pero también construían sus propias redes comunitarias, religiosas y económicas. En Buenos Aires existían cofradías y “naciones” africanas, organizaciones que reunían a personas provenientes de determinados pueblos o regiones, muchas veces alrededor de prácticas religiosas, ayuda mutua, ceremonias, entierros y celebraciones. Algunas tenían reconocimiento institucional y funcionaban vinculadas a iglesias y conventos, mientras que otras desarrollaban actividades con mayor autonomía. En sus estructuras internas aparecían figuras denominadas “reyes” o “reinas”, una tradición que no debe confundirse automáticamente con una monarquía territorial europea: se trataba de autoridades dentro de comunidades africanas y afrodescendientes que conservaban y adaptaban formas de organización propias en el contexto colonial americano.

En ese mundo aparece Pablo Agüero. Los documentos muestran que las autoridades coloniales reconocían su capacidad para intervenir sobre buena parte de la población africana y afrodescendiente de la ciudad. Una de sus funciones consistía en mantener bajo control los bailes y reuniones, y también participaba en la persecución y captura de personas esclavizadas que habían escapado. El dato resulta particularmente revelador porque muestra la enorme ambivalencia de su posición: Agüero era africano y tenía una profunda inserción en las redes de su comunidad, pero al mismo tiempo colaboraba con el aparato colonial de vigilancia. De hecho, recibió una comisión oficial y llegó a contar con auxiliares para desarrollar esas tareas, además de aportar dinero de su propio bolsillo para sostener parte de la estructura que utilizaba.

El misterioso “Rey de Reyes” de Buenos Aires

La parte más extraordinaria de la historia aparece cuando se observa qué clase de autoridad ejercía Agüero. Una denuncia presentada por integrantes de la cofradía de San Baltasar ante las autoridades coloniales señalaba que el “mayoral” de distintos congresos de bailes era Pablo Agüero y que otras “naciones” quedaban bajo su mando porque él había obtenido autorización gubernamental para permitir esas reuniones. Es decir, no se trataba simplemente de un dirigente de una agrupación particular: los documentos permiten observar que su influencia atravesaba diferentes comunidades africanas organizadas en la ciudad.

La investigación de Geler plantea que esta posición presenta similitudes con la institución de los “Reyes de los Congo” o “Reyes de Reyes” documentada en otras sociedades americanas. En distintos lugares de América, personas de origen africano podían asumir simbólicamente títulos de realeza dentro de las comunidades, organizar ceremonias, recaudar limosnas, resolver conflictos, intervenir en cuestiones comunitarias y, en determinados contextos, incluso reconocer o nombrar a otros reyes. En Buenos Aires existen documentos sobre reyes de distintas “naciones”, pero la evidencia disponible no permite afirmar de manera categórica que Agüero haya sido formalmente coronado como un “Rey de los Congo”. Lo que sostiene la investigación es algo más prudente y, precisamente por eso, más interesante: su poder y sus funciones se parecen considerablemente a las de un Rey de Reyes.

Una de las evidencias más significativas es que Agüero aparece relacionado con la designación de otros dirigentes. La investigación señala que Pedro Duarte fue instituido por Agüero como rey de la nación Congo, mientras que posteriormente su propio sucesor habría sido designado por él y no mediante una elección interna de las naciones. La concentración de funciones resulta llamativa: Agüero podía intervenir sobre los bailes, administrar las limosnas recolectadas, supervisar a diferentes grupos y ejercer autoridad sobre personas que pertenecían a distintas organizaciones. Esa combinación de funciones es justamente la que lleva a la historiadora a considerar que su figura se aproxima a la de un rey de reyes africano.

Pero hay otro aspecto que impide convertirlo en un personaje romántico o idealizado. Agüero también participó del sistema esclavista. Los registros notariales analizados por Geler documentan compras y ventas de personas esclavizadas realizadas por él durante la década de 1780. La investigación identifica operaciones concretas y demuestra que su actividad económica incluía ese comercio. Por eso, su historia no puede presentarse como la de un líder africano que simplemente resistió al poder colonial: fue una figura profundamente contradictoria, capaz de construir autoridad y redes de solidaridad dentro de la población afro y, simultáneamente, de beneficiarse de las estructuras económicas y sociales de la esclavitud.

Una historia que cambia la imagen de la Buenos Aires colonial

Precisamente esa contradicción convierte a Pablo Agüero en un personaje histórico extraordinario. Su trayectoria permite observar que la población africana de Buenos Aires no estaba compuesta solamente por personas sometidas pasivamente a las decisiones de los propietarios y de las autoridades. Existían redes de organización, liderazgo, ayuda económica, prácticas religiosas, jerarquías internas y mecanismos de solidaridad que podían sobrevivir incluso dentro de una sociedad esclavista. Las llamadas “naciones” podían colaborar para ayudar a sus integrantes, acompañar a los enfermos, asistir a las familias, organizar funerales y sostener a personas necesitadas.

Al mismo tiempo, el caso de Agüero muestra hasta qué punto esas estructuras comunitarias estaban atravesadas por las relaciones de poder del mundo colonial. El hombre que podía representar a los africanos ante las autoridades también podía ser utilizado por esas mismas autoridades para controlar a otros africanos; el dirigente que habilitaba bailes y ceremonias podía ser denunciado por sus adversarios por la administración de las limosnas; el comerciante que había acumulado recursos y contactos podía participar del comercio de personas esclavizadas. No hay una figura sencilla detrás del nombre Pablo Agüero, sino un personaje situado exactamente en las tensiones de una sociedad donde las personas africanas buscaban preservar espacios propios mientras intentaban sobrevivir dentro de un sistema que las explotaba y vigilaba.

La historia tampoco termina con su desaparición. Según la investigación, después de la muerte de Agüero continuaron existiendo redes de solidaridad entre las diferentes organizaciones africanas y afrodescendientes de Buenos Aires. Agüero fue enterrado en el Convento de Santo Domingo, y los integrantes de la nación de los mondongos, bajo el liderazgo de Miguel Viera, le dedicaron una misa cantada. Para Geler, esas prácticas posteriores ayudan a dimensionar la importancia que había alcanzado aquel hombre dentro de las redes afroporteñas.

La verdadera curiosidad histórica, entonces, no es afirmar que Buenos Aires tuvo un “rey africano” exactamente igual a un monarca europeo, porque eso no está demostrado por las fuentes. Lo extraordinario es algo más complejo: en una ciudad colonial donde la población africana era sometida a esclavitud y discriminación, un hombre africano consiguió acumular suficiente autoridad, riqueza, contactos y reconocimiento como para convertirse en una figura con influencia sobre distintas organizaciones de esa comunidad. Pablo Agüero fue, como mínimo, uno de los personajes más poderosos y controvertidos de la sociedad afroporteña de fines del siglo XVIII, y la posibilidad de que su posición haya tenido características semejantes a las de un “Rey de Reyes” abre una ventana hacia una historia de Buenos Aires que durante mucho tiempo quedó prácticamente fuera del relato tradicional.

 

 

Un crédito de más de $52.600 millones para una empresa creada en 2024, sin ingresos declarados y con inconsistencias en sus antecedentes terminó convertido en un escándalo dentro del Banco Nación. El dato político es inevitable: la operación fue impulsada desde la Casa Central en Buenos Aires, durante la administración de Milei, y el gerente que se negó a firmarla denunció presiones y terminó con un traslado a 1.300 kilómetros de su casa. La Justicia frenó la medida. El potencial beneficiario, Mariano Jinkis, acaba de admitir ante la Justicia estadounidense el pago de sobornos en el escándalo FIFAgate.

Por Roque Pérez para NLI

Hay una contradicción que atraviesa buena parte de la gestión de Milei: el Gobierno habla permanentemente de eficiencia, austeridad, mérito y cuidado de los recursos públicos, pero cuando se mira el funcionamiento concreto de algunas estructuras estatales aparecen episodios que obligan a formular preguntas mucho más incómodas. El caso que acaba de salir a la luz en el Banco Nación es uno de ellos y tiene una cifra imposible de ignorar: más de $52.600 millones que estuvieron en proceso de evaluación para financiar un emprendimiento inmobiliario en Mar del Plata.

No se trata de una operación menor ni de una pyme buscando capital de trabajo. Se trataba de un proyecto inmobiliario compuesto por dos torres de 23 y 16 pisos, con 238 unidades funcionales, promovido por Jardines de Chauvín SA, una sociedad constituida en junio de 2024. Según la investigación de Hugo Alconada Mon, la propia auditoría interna del Banco Nación detectó que la empresa no tenía experiencia comprobable en construcción, no presentaba ingresos durante el ejercicio analizado y tenía un balance negativo. Más todavía: en la documentación presentada aparecían como antecedentes obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, pese a que la sociedad había sido constituida recién en 2024.

El Estado que quería prestar $52.600 millones

El dato que debería encender todas las luces amarillas es que el crédito no comenzó en Mar del Plata porque el empresario hubiera llegado con una carpeta a golpear las puertas del banco. Según una auditoría interna citada por LA NACION, fue un área de la Casa Central del Banco Nación, en Buenos Aires, la que contactó al estudio de arquitectos vinculado con el emprendimiento para conseguir el contacto de Jardines de Chauvín. El banco ofrece otra versión sobre el origen de la relación, pero la propia auditoría dejó registrado que el proceso se inició desde Buenos Aires.

Es decir, la discusión no es solamente por quién pidió el préstamo. Lo verdaderamente relevante es quién dentro de la estructura estatal tomó la decisión de avanzar, quién evaluó el proyecto y por qué una operación de semejante magnitud llegó hasta las instancias superiores del banco cuando existían elementos que ya generaban dudas.

Durante 2025, funcionarios de la entidad consideraron que el proyecto tenía una “factibilidad financiera favorable” y una capacidad de repago consistente. Inicialmente se hablaba de unos $35.600 millones, pero una tasación externa ubicó el valor del emprendimiento en US$35,6 millones, equivalente entonces a unos $52.638 millones.

Y aquí aparece una de las partes más llamativas del expediente: mientras el proceso avanzaba desde Buenos Aires, el gerente de la Gerencia Zonal Atlántica, Pablo Pourrere, empezó a plantear objeciones. Cuestionó los antecedentes de la empresa, observó su situación económica y pidió una evaluación externa.

También apareció otro dato sensible. El principal accionista de Jardines de Chauvín era Mariano Jinkis, dueño del 90% de la sociedad. Jinkis y su padre, Hugo, habían quedado involucrados en el escándalo internacional FIFAgate y el 26 de agosto de este año admitieron ante la Justicia estadounidense haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano entre 2010 y 2015. El acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense contempla un pago de US$50 millones.

Ante ese antecedente, la Subgerencia General de Integridad del propio Nación había recomendado aplicar un “criterio reforzado de debida diligencia” antes de avanzar con la operación.

Pero el problema es que esa advertencia no llegó inmediatamente al gerente que debía analizar el crédito. El informe fue elaborado el 19 de febrero y, según la investigación, recién llegó a Pourrere el 26 de marzo.

El gerente dijo que no y después llegó el traslado

La secuencia es la que convierte un expediente crediticio en un problema político.

El 3 de marzo, desde el área de Productos Hipotecarios de Buenos Aires enviaron a Pourrere un modelo de resolución para avanzar con el crédito. La instrucción pedía continuar con la propuesta formal para el cliente, incluyendo incluso la apertura de cuentas y otros productos bancarios.

Pourrere se negó a firmar.

Pocos días después comenzó otro capítulo: el gerente fue notificado de su traslado a una sucursal de menor categoría en Reconquista, Santa Fe, a unos 1.300 kilómetros de Mar del Plata. La resolución del Directorio estaba fechada el 20 de febrero, antes de la negativa formal, un argumento que el Banco utiliza para rechazar cualquier relación entre ambas cuestiones. Pero Pourrere denunció presiones y sostuvo que el traslado constituía una represalia por haberse negado a impulsar la operación.

Aquí es donde el caso adquiere una dimensión que excede al Banco Nación: ¿qué mensaje recibe un funcionario público cuando formula objeciones frente a una operación millonaria y poco después se encuentra con un traslado que lo aleja 1.300 kilómetros de su familia?

El Banco sostiene que ambos procesos fueron independientes. La Justicia, por ahora, no cerró esa discusión, pero sí consideró que había elementos suficientes para suspender el traslado. El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, señaló que la medida, “prima facie”, no parecía estar debidamente fundada en razones objetivas y técnicas y tomó en consideración las inconsistencias detectadas en la operación, las presuntas presiones y las observaciones de la propia auditoría interna.

El discurso libertario frente a la caja del Estado

Y acá aparece el problema político para Milei.

El Banco Nación no es una entidad privada. Es una institución estatal que administra recursos públicos. Por eso, aunque todavía no exista ninguna prueba que permita afirmar que el Presidente haya intervenido personalmente en esta operación, sí resulta absolutamente legítimo preguntarle al Gobierno qué controles políticos y administrativos existen sobre lo que ocurre dentro de una institución estratégica que forma parte del aparato estatal nacional.

Más todavía cuando el relato oficial de La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política alrededor de una supuesta superioridad de la gestión privada sobre el Estado, de la eliminación de la “casta”, de la eficiencia y de la reducción del gasto público.

El episodio del Nación expone una paradoja difícil de esconder: el mismo Estado que el mileísmo presenta como ineficiente cuando tiene que garantizar derechos sociales aparece, en este expediente, intentando canalizar decenas de miles de millones de pesos hacia un emprendimiento privado.

Y no hacia cualquier empresa. Hacia una sociedad creada apenas dos años antes, sin ingresos declarados en el ejercicio analizado, con antecedentes documentales que despertaron objeciones y cuyo principal accionista acaba de admitir ante la Justicia norteamericana el pago de sobornos vinculados al fútbol internacional.

El crédito finalmente fue rechazado. Y ese dato es importante. No hay que decir que los $52.600 millones fueron entregados porque no lo fueron. Pero tampoco alcanza con decir que “no pasó nada” porque el dinero nunca salió.

Pasó que la Casa Central impulsó la operación. Pasó que hubo funcionarios que evaluaron favorablemente el proyecto. Pasó que aparecieron inconsistencias. Pasó que un informe de integridad recomendó extremar los controles. Pasó que documentación clave llegó con semanas de demora. Pasó que desde Buenos Aires se pidió avanzar con la propuesta formal. Pasó que un gerente se negó a firmar. Pasó que ese gerente recibió una orden de traslado a 1.300 kilómetros de distancia. Pasó que denunció presiones. Pasó que el propio Banco abrió una auditoría. Y pasó que esa auditoría encontró “deficiencias”, “inconsistencias”, debilidades documentales y ausencia de evidencia sobre experiencia comprobable en construcción.

Finalmente, el 18 de mayo, el propio Banco Nación terminó rechazando el financiamiento por cuestiones vinculadas con el riesgo reputacional y de integridad.

Por eso, el interrogante político no debería reducirse a si “Milei ordenó el crédito”, porque eso no está probado. La pregunta es mucho más seria: ¿cómo funciona el Banco Nación bajo la administración de Milei para que una operación de más de $52.600 millones pueda avanzar hasta semejante instancia pese a las objeciones internas que ya estaban planteadas?

Porque si el Gobierno pretende convencer a los argentinos de que el Estado debe retirarse de todo aquello que pueda hacer el sector privado, entonces tendrá que explicar también por qué la estructura estatal que administra el dinero de todos llegó a evaluar con semejante entusiasmo un crédito multimillonario para un emprendimiento privado rodeado de advertencias.

Y si la respuesta oficial es que los controles funcionaron porque finalmente el crédito fue rechazado, queda otra pregunta todavía más incómoda: ¿por qué fue necesario que un gerente se plantara, que aparecieran denuncias de presiones, que interviniera la Justicia y que una auditoría interna detectara inconsistencias para que esos controles terminaran funcionando?

En el Banco Nación de Milei, por ahora, los $52.600 millones no salieron. Pero el expediente dejó algo mucho más difícil de esconder: una radiografía de cómo se toman algunas decisiones dentro del Estado que el Gobierno dice querer hacer desaparecer.