A tres días de arrasar en las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.
Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.
Luego agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.
¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante? El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja? ¿Gana más enemigos que aliados? Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.
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Mientras millones de argentinos quedaron afuera del crédito, atrapados entre salarios pulverizados, alquileres impagables y tasas imposibles, el Banco Nación otorgó al menos 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) desde el inicio de la gestión de Milei. La cifra surge de información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública y vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre el poder político libertario y los recursos de la banca estatal.
Por Roque Pérez para NLI
La revelación expone una dimensión mucho más amplia que los casos individuales que habían comenzado a trascender durante los últimos meses. Hasta ahora, el debate público se concentraba en algunos nombres puntuales de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que habían accedido a préstamos multimillonarios. Sin embargo, los datos difundidos muestran que no se trató de episodios aislados sino de una política que alcanzó a más de un millar de personas incluidas dentro de las categorías de control especial definidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios. De ese total, 1.120 fueron para personas consideradas políticamente expuestas. Dicho de otro modo, aproximadamente uno de cada 23 préstamos terminó en manos de integrantes de la estructura política o de personas alcanzadas por ese régimen especial de control financiero.
Una modificación que despertó sospechas
La controversia adquirió una dimensión aún mayor cuando trascendió que durante la gestión libertaria se modificó la normativa de la línea hipotecaria «+ Hogares». Según la documentación citada en la investigación periodística, en septiembre de 2024 se incorporó explícitamente a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» dentro de los potenciales beneficiarios de la operatoria.
Ese cambio se produjo en medio de un contexto donde Milei sostenía un discurso centrado en el ajuste, la reducción del gasto público y la supuesta eliminación de privilegios de la denominada «casta». Sin embargo, la aparición sistemática de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo entre los beneficiarios de créditos de enorme magnitud comenzó a generar un fuerte ruido político.
La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.
Los nombres que complican al relato libertario
Los casos que se conocieron durante los últimos meses resultan difíciles de conciliar con la narrativa oficial contra los privilegios estatales. Entre ellos aparecen funcionarios de primera línea vinculados directamente al equipo económico.
Según la información difundida, el director del Banco Central Pedro Juan Inchauspe obtuvo un crédito por alrededor de $510 millones. También figura Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con un préstamo de $373 millones, mientras que el secretario de Finanzas Federico Furiase recibió otro por $367 millones. A ellos se sumó Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano, quien accedió a un crédito por $420 millones.
La lista alimentó una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿cómo hicieron funcionarios con salarios públicos para acceder a operaciones de semejante magnitud mientras gran parte de la población enfrenta enormes dificultades para calificar siquiera para un crédito hipotecario tradicional?
El oficialismo intentó relativizar la polémica argumentando que los préstamos cuestionados representaban una porción mínima del total otorgado por el Banco Nación. Sin embargo, la nueva información conocida modifica sustancialmente la escala del fenómeno. Ya no se trata de unos pocos nombres que aparecieron en redes sociales o bases de datos públicas: se trata de más de mil beneficiarios incluidos dentro de una categoría financiera especialmente monitoreada por el propio sistema bancario.
El choque entre discurso y realidad
La contradicción política aparece con claridad. Mientras Milei exige sacrificios permanentes a trabajadores, jubilados y sectores medios, la principal entidad financiera pública del país terminó financiando a una cantidad significativa de integrantes de la estructura política bajo condiciones que hoy resultan inaccesibles para buena parte de la sociedad.
La investigación judicial deberá determinar si existieron delitos o irregularidades administrativas. Pero aun si cada operación hubiese cumplido formalmente con todos los requisitos, el problema político permanece intacto: el relato de la lucha contra los privilegios empieza a mostrar grietas cuando quienes acceden a créditos millonarios aparecen vinculados a los mismos sectores que administran el Estado.
Y es justamente ahí donde el caso deja de ser una discusión bancaria para convertirse en una discusión de poder. Porque mientras el Gobierno repite que «no hay plata», los números revelan que sí hubo recursos disponibles para cientos de personas que forman parte del universo político que Milei prometió combatir cuando llegó a la Casa Rosada.
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