A tres días de arrasar en las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.
Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.
Luego agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.
¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante? El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja? ¿Gana más enemigos que aliados? Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.
Ayer en conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri anunció que romperá por decreto (683/2018) el consenso democrático sobre el accionar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y volverá a propiciarles tareas de seguridad interior. En un contexto económico delicado y una situación social compleja donde se avecinan “meses tormentosos”, así lo definió el jefe de…
Para muchos medios, hoy, no hay otra posibilidad en el horizonte de producción que analizar el «discursito» del presidente. Hablarán de la inexistencia de la autocrítica, la reducción de los ministerios, la falta de precisiones, a quien fue dirigido el mensaje, la inentendible «retención» a las exportaciones con un número fijo (3/4) frente a cada…
La decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de retirar a su embajador en Buenos Aires marca un hecho sin precedentes en cuatro décadas de democracia. La escalada llega después de una nueva serie de agravios públicos de Milei contra el presidente brasileño y vuelve a poner en discusión el costo político, económico y comercial de una diplomacia basada en la confrontación permanente.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La relación entre Argentina y Brasil acaba de ingresar en uno de sus momentos más delicados desde el retorno de la democracia. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y reducir la representación diplomática al nivel de encargado de negocios, una señal política de enorme gravedad que en la práctica implica congelar el vínculo institucional entre las dos principales economías de Sudamérica mientras persistan las agresiones de Milei. La medida fue comunicada oficialmente por el Palacio de Itamaraty luego de una nueva escalada verbal protagonizada por el mandatario argentino, quien durante el fin de semana volvió a descalificar públicamente a Lula con insultos personales y cuestionamientos políticos.
La decisión brasileña constituye mucho más que un gesto protocolar. Desde la reconstrucción democrática iniciada en los años ochenta, Argentina y Brasil construyeron una política de Estado basada en la cooperación estratégica, la integración económica y la consolidación del Mercosur como herramienta de desarrollo regional. Gobiernos de distintos signos políticos mantuvieron ese principio incluso en momentos de profundas diferencias ideológicas. Carlos Menem convivió con Fernando Henrique Cardoso; Néstor Kirchner y Cristina Fernández fortalecieron la alianza con Lula; Mauricio Macri preservó los canales institucionales con Michel Temer y posteriormente con Jair Bolsonaro. Nunca antes un conflicto estrictamente político había derivado en una degradación formal de la representación diplomática de semejante magnitud.
La explicación ofrecida por Brasil fue contundente. Desde Itamaraty señalaron que las reiteradas agresiones personales de Milei contra Lula, sumadas a los cuestionamientos dirigidos contra instituciones brasileñas, tornaron imposible mantener la normalidad diplomática. La decisión implica que el embajador Bitelli no regresará a Buenos Aires mientras persista el actual escenario político, dejando la representación brasileña en manos de un funcionario de menor rango, una figura utilizada habitualmente cuando las relaciones atraviesan una crisis seria pero sin llegar a la ruptura formal.
La respuesta del Gobierno argentino no modificó el tono del conflicto. La Cancillería calificó la decisión brasileña como «unilateral» y sostuvo que responde a motivaciones «ideológicas», aunque evitó hacer cualquier referencia a las expresiones utilizadas por Milei contra Lula. El comunicado oficial volvió a responsabilizar exclusivamente al gobierno brasileño por el deterioro del vínculo, una postura que profundiza la distancia entre ambas administraciones y reduce aún más las posibilidades de una recomposición inmediata.
Detrás del conflicto diplomático aparece un dato imposible de ignorar: Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, el principal destino de las exportaciones industriales nacionales y un actor determinante para sectores como la industria automotriz, la maquinaria agrícola, la energía, la producción metalúrgica y numerosos complejos manufactureros. Cada deterioro político termina generando incertidumbre entre empresas, inversores y exportadores que dependen de un flujo comercial construido durante décadas. Si bien la decisión brasileña no implica por ahora restricciones económicas, el mensaje político introduce un factor adicional de inestabilidad para un país que atraviesa una profunda recesión, dificultades para generar divisas y una creciente dependencia del financiamiento externo.
La crisis también representa un golpe para el Mercosur. Mientras el bloque intenta redefinir su papel frente a un escenario internacional cada vez más competitivo, la confrontación entre Buenos Aires y Brasilia debilita la capacidad de negociación regional y erosiona uno de los pilares históricos del proceso de integración sudamericano. No se trata únicamente de una diferencia entre presidentes, sino de un conflicto que afecta el funcionamiento de instituciones, mecanismos de coordinación y agendas comunes desarrolladas durante décadas.
Desde la llegada de Milei al poder, la política exterior argentina abandonó la tradicional búsqueda de consensos regionales para privilegiar los alineamientos ideológicos. Los enfrentamientos con gobiernos latinoamericanos, las tensiones con organismos multilaterales y la identificación casi exclusiva con determinados liderazgos internacionales fueron modificando el perfil diplomático argentino. La relación con Brasil constituye probablemente el ejemplo más evidente de esa transformación: un vínculo históricamente considerado estratégico quedó subordinado a la confrontación política y a declaraciones públicas que, finalmente, terminaron produciendo consecuencias institucionales concretas.
Contenido simbólico
La decisión de Lula adquiere además un fuerte contenido simbólico. Brasil eligió responder mediante los mecanismos tradicionales de la diplomacia, evitando una ruptura total pero dejando en claro que considera inaceptables los ataques reiterados del presidente argentino. En términos internacionales, retirar a un embajador constituye una de las sanciones políticas más severas antes de la ruptura de relaciones, y suele reservarse para situaciones excepcionales.
Mientras tanto, Argentina enfrenta un escenario complejo. La crisis se produce en momentos en que el Gobierno necesita recuperar inversiones, fortalecer el comercio exterior y mejorar su inserción internacional. Sin embargo, la política exterior vuelve a convertirse en un frente de conflicto que suma incertidumbre a una economía ya golpeada por la caída del consumo, el deterioro industrial y la fragilidad financiera. El episodio deja una pregunta abierta sobre los costos que puede tener para el país una estrategia diplomática basada más en la confrontación personal que en la defensa pragmática de los intereses nacionales.
En 1927, San Juan reconoció el voto femenino y permitió que las mujeres fueran elegidas, dos décadas antes de la ley nacional de 1947.
Por Alcides Blanco para NLI
Mucho antes de que la Argentina aprobara el voto femenino a nivel nacional, mucho antes de que Eva Perón convirtiera esa conquista en una de las grandes banderas políticas del primer peronismo y mucho antes de que las mujeres pudieran participar plenamente en las elecciones nacionales, hubo una provincia que decidió adelantarse varias décadas a su tiempo. San Juan reconoció en 1927 el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas, y lo hizo mediante una reforma constitucional provincial que convirtió a ese territorio cuyano en un laboratorio político extraordinario para una sociedad en la que la ciudadanía seguía siendo concebida fundamentalmente en términos masculinos. La experiencia tuvo una importancia histórica enorme porque permitió que las sanjuaninas no solamente concurrieran a las urnas, sino que también ocuparan cargos electivos, algo que en el resto del país todavía parecía una posibilidad remota. La historia de aquel experimento democrático, sin embargo, también muestra hasta qué punto los avances en materia de derechos pueden depender de las disputas políticas de cada época: lo que parecía una conquista irreversible terminó siendo parcialmente desmantelado pocos años después por una intervención federal.
Una provincia que decidió romper el molde
La Argentina de la década de 1920 estaba lejos de ser una democracia plenamente inclusiva. La Ley Sáenz Peña de 1912 había establecido el voto secreto y obligatorio para los ciudadanos varones argentinos, pero las mujeres permanecían excluidas de las elecciones nacionales. La exclusión no era presentada necesariamente como una prohibición explícita basada en una teoría única sobre la inferioridad femenina; estaba incorporada a un sistema político construido alrededor de la figura del ciudadano varón, mientras las mujeres quedaban asociadas principalmente al ámbito doméstico y familiar. En ese contexto, las organizaciones feministas, socialistas y sufragistas venían reclamando desde hacía décadas la ampliación de los derechos políticos, pero sus demandas todavía chocaban con una estructura institucional profundamente conservadora.
San Juan tomó otro camino. Durante la gobernación de Federico Cantoni, la provincia impulsó una reforma constitucional que amplió de manera significativa la participación política de las mujeres. El texto aprobado en 1927 estableció derechos electorales femeninos y permitió que las sanjuaninas participaran activamente de la vida política provincial. La medida formaba parte de un programa más amplio de transformación impulsado por el cantonismo, una fuerza política provincial que había construido su identidad alrededor de un discurso de modernización y de confrontación con las estructuras tradicionales del poder. La incorporación de las mujeres al electorado no fue, por lo tanto, una concesión aislada, sino parte de una disputa más amplia sobre quiénes debían ser considerados sujetos políticos dentro de la provincia.
La importancia de aquella reforma se comprende mejor cuando se observa la enorme distancia que existía con el escenario nacional. Mientras San Juan avanzaba hacia una ciudadanía política más amplia, en el Congreso de la Nación seguían fracasando distintas iniciativas destinadas a reconocer el sufragio femenino. La mujer argentina podía trabajar, estudiar, participar de organizaciones sociales, sostener actividades sindicales y desarrollar una intensa vida intelectual, pero no podía decidir mediante el voto quiénes ocuparían los principales cargos políticos del país. La ciudadanía estaba incompleta, y San Juan se convirtió en una excepción que demostraba que aquella exclusión no era inevitable.
Cuando las mujeres llegaron a las urnas
El verdadero alcance de la reforma quedó demostrado en las elecciones provinciales posteriores. Las mujeres sanjuaninas no fueron incorporadas al sistema como una figura decorativa, sino que participaron efectivamente del proceso electoral y algunas llegaron a ocupar cargos públicos. Entre ellas se destacó Emar Acosta, abogada, docente y militante vinculada al Partido Demócrata Nacional, que en 1934 fue elegida diputada provincial y se convirtió en la primera mujer legisladora de América Latina. Su llegada a la Legislatura fue un acontecimiento extraordinario para la época porque demostraba que el sufragio femenino no tenía como único efecto incorporar nuevas votantes: también podía abrir las puertas de las instituciones representativas a mujeres que hasta entonces habían sido excluidas de ellas.
La figura de Acosta resulta particularmente significativa porque permite escapar de una interpretación demasiado sencilla de la historia del voto femenino. No se trataba simplemente de que las mujeres recibieran el derecho de votar y comenzaran automáticamente a ocupar espacios de poder. La política continuaba siendo un territorio atravesado por disputas partidarias, diferencias sociales y conflictos ideológicos, y las mujeres que ingresaban a ella debían desarrollar estrategias propias para hacerse escuchar. Acosta, además de su actividad legislativa, impulsó iniciativas vinculadas con derechos civiles y cuestiones sociales, demostrando que la incorporación de las mujeres a la política podía modificar también la agenda de las instituciones.
Aquella experiencia sanjuanina tuvo un valor simbólico que trascendió las fronteras provinciales. El país podía observar que las mujeres no solamente estaban capacitadas para votar, sino que podían participar de campañas, intervenir en debates y ejercer responsabilidades públicas. El argumento de que el sufragio femenino produciría una ruptura del orden social comenzaba a perder fuerza frente a una evidencia concreta: las mujeres podían formar parte de la democracia sin que la sociedad se desintegrara por ello.
Pero la historia no siguió una línea ascendente. En 1930, el golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen modificó profundamente el escenario político argentino y en San Juan también se produjeron cambios decisivos. El régimen surgido de la interrupción institucional debilitó al cantonismo y posteriormente la provincia fue intervenida. Con la intervención y la modificación del orden político provincial, aquella experiencia de participación femenina perdió parte de su continuidad y las conquistas alcanzadas quedaron sometidas a las nuevas condiciones políticas.
El derecho que tardó veinte años en llegar a todo el país
La paradoja histórica es notable: San Juan había permitido votar a las mujeres veinte años antes de que el Congreso Nacional sancionara la Ley 13.010, promulgada en septiembre de 1947, que reconoció los derechos políticos de las mujeres argentinas en todo el territorio nacional. Durante ese período, las sanjuaninas habían demostrado que una ampliación de la ciudadanía era perfectamente posible, pero el país en su conjunto siguió atravesando gobiernos civiles, golpes militares, proscripciones y fuertes disputas sobre la naturaleza misma de la democracia.
Cuando el peronismo convirtió el sufragio femenino en una política nacional, la experiencia sanjuanina quedó parcialmente desplazada de la memoria pública. La figura de Eva Perón adquirió un protagonismo central en la campaña por la aprobación de la ley y, con justicia histórica, se convirtió en uno de los símbolos fundamentales de aquella conquista. Sin embargo, la historia del voto femenino argentino no comenzó en 1947, y tampoco puede explicarse exclusivamente a partir de una figura o de un gobierno. Antes hubo décadas de lucha sufragista, iniciativas parlamentarias, organizaciones feministas y experiencias provinciales que demostraron que la ampliación de derechos podía convertirse en realidad.
San Juan ocupa en esa historia un lugar particularmente importante porque permitió comprobar algo que después se volvería evidente a escala nacional: una democracia no se limita a establecer mecanismos para elegir autoridades, sino que debe definir quiénes tienen derecho a formar parte de la comunidad política. Durante mucho tiempo, la mitad de la población argentina quedó fuera de esa definición. La reforma sanjuanina de 1927 abrió una grieta en ese modelo y mostró que la frontera de la ciudadanía podía ser desplazada.
El caso también deja una enseñanza política que excede ampliamente la cuestión del voto femenino. Los derechos no siempre avanzan de manera lineal. Pueden ser conquistados, ampliados, restringidos e incluso parcialmente anulados dependiendo de las relaciones de poder existentes en cada momento. La experiencia sanjuanina demuestra que una reforma institucional puede adelantarse décadas a la legislación nacional y, al mismo tiempo, quedar vulnerable frente a una interrupción democrática. Por eso, recordar a las primeras mujeres que votaron y fueron elegidas en San Juan no consiste únicamente en celebrar una conquista del pasado, sino en comprender que las ampliaciones de ciudadanía necesitan instituciones capaces de protegerlas.
En 1927, las sanjuaninas ingresaron a las urnas cuando todavía faltaban veinte años para que ese derecho fuera reconocido en todo el país. Algunas de ellas también ingresaron a las legislaturas y demostraron que la política podía dejar de ser un territorio exclusivamente masculino. No esperaron a que la Argentina estuviera preparada para ellas: obligaron a la Argentina a demostrar que podía ser más democrática de lo que hasta entonces había sido. Esa es, quizá, la verdadera dimensión de aquella experiencia: San Juan no fue simplemente una excepción curiosa dentro de la historia electoral argentina, sino uno de los primeros lugares donde quedó demostrado que cuando una sociedad amplía la definición de ciudadanía, no pierde democracia; la gana.
Conquistada la Patagonia por la República Argentina, la tierra austral se convirtió inmediatamente en una especie de colonia interna benefactora del centralismo porteño. Siempre postergada y despojada. El discurso anti-centralista, a lo largo de la historia, pululó y viajó a través de los vientos patagónicos de una provincia a otra gravitando sobre la tierra como…
El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?
Por Ignacia Fratelint para NLI
La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.
La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.
La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad
Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.
Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.
El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.
La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.
Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.
Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.
El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?
Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.
La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?
La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.
Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.
Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.
La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.
Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.
El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros
Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?
La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.
Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.
Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.
En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.
Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.
El espejismo de medir el éxito solamente en dólares
El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.
La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.
El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.
Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.
La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.
Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.
Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.
La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI
El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.
Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.
Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.
El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.
La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.
Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.
La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.
El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.
Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.
