A tres días de arrasar en las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.
Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.
Luego agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.
¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante? El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja? ¿Gana más enemigos que aliados? Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.
Escándalo en el Gobierno de Milei por la designación de Adriana Baravalle en Ciencia: su doctorado en Inteligencia Artificial quedó bajo la lupa por la universidad que lo otorgó.
Por Roque Pérez para NLI
La designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología abrió una polémica que excede largamente una discusión sobre currículums. La funcionaria llega para conducir una de las áreas estratégicas del Estado argentino con un doctorado en Inteligencia Artificial otorgado por la American Andragogy University, una institución radicada en Hawaii que, según distintas fuentes periodísticas, no cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.
El dato resulta particularmente llamativo porque Baravalle no fue presentada como una funcionaria administrativa más, sino como una especialista destinada a conducir la política científica y tecnológica de un país que posee universidades, investigadores, organismos científicos y una extensa tradición académica. La controversia, por lo tanto, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué criterios está utilizando el Gobierno de Javier Milei para seleccionar a quienes deben conducir la ciencia argentina?
Un doctorado que quedó bajo la lupa
El título de doctora en Inteligencia Artificial que figura asociado a Baravalle proviene de la American Andragogy University, una institución de enseñanza a distancia de Hawaii cuya situación académica generó cuestionamientos. La propia universidad se presenta como una institución con métodos de formación “no tradicionales” y advierte que sus diplomas pueden no resultar habilitantes para determinadas profesiones.
La controversia se profundiza por las características del programa. Según la información difundida sobre la institución, una tesis doctoral podría completarse en un período extraordinariamente breve, algo que naturalmente despierta interrogantes cuando se lo compara con los procesos habituales de formación doctoral en universidades reconocidas.
El problema no es que una persona estudie a distancia. Tampoco que una universidad tenga métodos pedagógicos diferentes. La cuestión central es otra: qué reconocimiento académico tiene efectivamente el título y qué valor posee una credencial de ese tipo para quien pasa a dirigir la política científica de la Argentina.
El caso ya generó repercusiones en otros países. Distintas publicaciones recordaron que en Perú hubo cuestionamientos vinculados con un ex funcionario que había incorporado a su currículum un doctorado otorgado por la misma institución.
La paradoja de un Gobierno que ajusta a la ciencia
La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la coloca en el contexto de la política científica del Gobierno.
Mientras el sistema nacional de ciencia y tecnología atraviesa recortes presupuestarios, pérdida de investigadores y reducción de programas, la administración libertaria acaba de colocar al frente del área a una funcionaria cuya principal credencial polémica es precisamente un doctorado cuya validez académica genera cuestionamientos.
No se trata de descalificar toda la trayectoria de Baravalle. Y allí está justamente una de las cuestiones que conviene separar para evitar simplificaciones.
La funcionaria sí posee antecedentes académicos y profesionales comprobables. Tiene formación de posgrado en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral, experiencia en áreas vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos, y una extensa actividad docente. La propia Universidad Austral registra su trayectoria académica y profesional.
También aparece documentada como doctoranda en Ingeniería de la Universidad Austral, además de contar con antecedentes de investigación y participación en actividades vinculadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Por eso, el escándalo no pasa sencillamente por afirmar que “no sabe nada” o que carece de formación. Eso sería una caricatura y no está respaldado por la información disponible.
La discusión es más precisa: ¿por qué una funcionaria con una trayectoria profesional real decidió incorporar a su perfil el título de doctora en Inteligencia Artificial de una institución cuya acreditación genera semejante controversia? ¿Qué evaluación hizo el Gobierno de esa credencial antes de designarla para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología?
Ciencia argentina: cuando el problema no es solamente el currículum
La escena tiene además una carga simbólica difícil de ignorar.
Argentina posee universidades públicas y privadas de enorme prestigio, investigadores reconocidos internacionalmente, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y una comunidad científica que durante décadas construyó capacidades en campos como biotecnología, medicina, física nuclear, informática, inteligencia artificial y tecnología satelital.
En ese contexto, la conducción política de la ciencia no es un cargo menor. Define prioridades de investigación, políticas de innovación, vínculos con universidades, financiamiento, transferencia tecnológica y buena parte de las condiciones en las que trabajan miles de científicos.
La designación de Baravalle, entonces, vuelve a poner en discusión una contradicción más profunda del modelo libertario: un Gobierno que cuestiona permanentemente las estructuras académicas y científicas existentes termina generando controversias alrededor de las credenciales de quienes coloca al frente del sistema.
El caso tampoco debería convertirse en una caza de brujas contra la funcionaria. Su trayectoria previa merece ser evaluada por sus resultados, sus antecedentes comprobables y sus decisiones al frente del organismo. Pero justamente por tratarse de un área estratégica, las credenciales académicas de quien la conduce deben poder ser examinadas públicamente.
La ciencia no funciona sobre la base de títulos decorativos ni de etiquetas. Funciona sobre publicaciones, investigación, evaluación de pares, instituciones, evidencia y conocimiento acumulado.
Y allí aparece la paradoja que deja este nuevo episodio del Gobierno de Milei: mientras se reclama “excelencia” para justificar el ajuste sobre universidades, investigadores y organismos científicos, la persona elegida para conducir la política nacional de ciencia llega al cargo envuelta en una polémica precisamente por una de sus credenciales académicas.
El problema, en definitiva, no es solamente Adriana Baravalle. Es qué lugar ocupa el conocimiento científico en el proyecto de país que propone el Gobierno y cuáles son los criterios con los que se decide quién tiene la responsabilidad de conducirlo.
Porque una nación que pretende disputar el futuro tecnológico no puede darse el lujo de convertir la discusión sobre quién dirige su ciencia en una discusión sobre si un doctorado merece o no ser considerado un verdadero doctorado.
La pregunta queda abierta. Y ahora deberá responderla el Gobierno.
La fecha que quedó grabada en la historia responde a un calendario que Rusia ya no utiliza. La insurrección bolchevique comenzó el 25 de octubre de 1917 según el calendario juliano, pero esa misma jornada correspondía al 7 de noviembre en el calendario gregoriano. La diferencia de 13 días explica por qué la Revolución de Octubre ocurrió, para buena parte del mundo, en noviembre.
Por Alcides Blanco para NLI
La historia suele quedar atrapada en los nombres con los que fue bautizada. La Revolución de Octubre es uno de los ejemplos más famosos. Durante generaciones, millones de personas aprendieron que el 25 de octubre de 1917 los bolcheviques encabezados por Vladimir Lenin tomaron el poder en Rusia y pusieron en marcha uno de los procesos políticos más trascendentales del siglo XX. Sin embargo, si alguien viajara hasta aquella misma fecha utilizando el calendario que actualmente rige en la mayor parte del mundo, descubriría algo aparentemente desconcertante: el 25 de octubre ruso era el 7 de noviembre para el resto de Europa.
No se trata de un error histórico ni de una modificación posterior de los acontecimientos. La explicación está en una cuestión aparentemente menor, pero fundamental para comprender cómo se registraban las fechas en la Rusia de comienzos del siglo XX: el Imperio ruso todavía utilizaba el calendario juliano, mientras que la mayoría de los países europeos ya se regían por el calendario gregoriano, establecido en 1582 por iniciativa del papa Gregorio XIII. Entre ambos calendarios existía entonces una diferencia de 13 días.
Por eso, cuando los bolcheviques avanzaron sobre los principales puntos estratégicos de Petrogrado durante la noche del 24 al 25 de octubre de 1917 según el calendario juliano, en los países que utilizaban el calendario gregoriano ya era la noche del 6 al 7 de noviembre. La revolución que Rusia llamó “de Octubre” ocurrió, entonces, en noviembre según el calendario que hoy utilizamos.
Dos calendarios para una misma revolución
Para entender el asunto hay que retroceder algunos siglos. El calendario juliano había sido introducido por Julio César en el año 46 antes de Cristo y durante muchísimo tiempo fue utilizado como referencia en Europa. El problema era que su cálculo del año solar contenía una pequeña diferencia que, acumulada durante siglos, provocaba un desplazamiento progresivo de las fechas respecto de las estaciones.
En 1582 se introdujo el calendario gregoriano para corregir ese desfasaje. Los países católicos comenzaron a adoptarlo rápidamente, aunque otros Estados europeos lo hicieron mucho después. Rusia, vinculada además a la tradición de la Iglesia ortodoxa, mantuvo durante siglos el calendario juliano.
Así, mientras Francia, España, Italia y otros países europeos ya utilizaban el calendario gregoriano, Rusia continuaba registrando oficialmente sus acontecimientos con el sistema anterior. La diferencia, que durante buena parte de la historia había sido de 10 u 11 días, llegó a 13 días en los siglos XX y XXI.
Eso significa que un acontecimiento fechado oficialmente en Rusia como 25 de octubre de 1917 debe convertirse en 7 de noviembre de 1917 al trasladarlo al calendario gregoriano.
La confusión se vuelve todavía mayor porque los propios protagonistas de la revolución utilizaron las fechas del calendario vigente en Rusia. Para ellos, aquella jornada era efectivamente octubre. El nombre Revolución de Octubre no fue una equivocación: era la denominación correcta dentro del sistema de fechas que utilizaba el Estado ruso.
La revolución que cambió el siglo XX
Pero detrás de esos 13 días existe una historia mucho más profunda. La revolución no surgió de la nada ni comenzó y terminó en una única jornada. 1917 fue el resultado de una crisis acumulada durante años, agravada por la Primera Guerra Mundial, la pobreza, el hambre, las enormes desigualdades sociales y el agotamiento de un régimen autocrático que tenía en el zar Nicolás II su máxima autoridad.
Rusia había ingresado en la Primera Guerra Mundial en 1914 y el conflicto tuvo consecuencias devastadoras. Millones de soldados murieron, resultaron heridos o fueron tomados prisioneros. La economía se deterioró, las ciudades comenzaron a sufrir problemas de abastecimiento y la población campesina soportó enormes sacrificios.
En febrero de 1917 —también aquí hay que hacer la conversión de calendario— una oleada de huelgas, protestas y movilizaciones terminó provocando la caída del zar Nicolás II, que abdicó el 15 de marzo según el calendario gregoriano, correspondiente al 2 de marzo del calendario juliano.
La monarquía había caído, pero la crisis estaba lejos de resolverse.
Se formó un Gobierno Provisional, mientras paralelamente se fortalecían los soviets, consejos integrados por trabajadores y soldados. Se produjo así una situación de poder dual: por un lado, las instituciones del Gobierno Provisional; por otro, una estructura política nacida de la movilización popular.
El problema fundamental era que el nuevo gobierno decidió continuar la guerra. Para una población exhausta, esa decisión resultó cada vez más difícil de aceptar.
En ese escenario crecieron los bolcheviques, encabezados por Lenin, que sintetizaron buena parte de sus consignas en demandas que podían ser comprendidas fácilmente por una sociedad atravesada por la crisis: paz, pan y tierra.
Del 25 de octubre al 7 de noviembre
Durante el otoño ruso de 1917, la situación política se volvió explosiva. Los bolcheviques lograron aumentar su influencia en los soviets de Petrogrado y Moscú y comenzaron a preparar una insurrección destinada a desplazar al Gobierno Provisional.
La noche del 24 al 25 de octubre del calendario juliano, fuerzas revolucionarias ocuparon puntos estratégicos de Petrogrado: puentes, estaciones, centrales de comunicaciones y edificios fundamentales para controlar la ciudad.
El objetivo era aislar al Gobierno Provisional y tomar los centros neurálgicos del poder.
El episodio más simbólico fue la toma del Palacio de Invierno, sede del Gobierno Provisional. En las horas siguientes, los ministros fueron detenidos y el poder quedó en manos del Consejo de Comisarios del Pueblo, encabezado por Lenin.
Pero aquí aparece nuevamente la cuestión del calendario.
Para los rusos de aquel momento, el asalto decisivo estaba ocurriendo el 25 de octubre de 1917. Para los países que utilizaban el calendario gregoriano, era el 7 de noviembre.
Cuando la revolución pasó a ser estudiada internacionalmente, muchos historiadores comenzaron a utilizar las fechas gregorianas para facilitar la comparación con los acontecimientos del resto del mundo. Sin embargo, el nombre original permaneció: Revolución de Octubre.
La paradoja quedó instalada para siempre.
Lenin, Trotsky y una revolución que no terminó aquella noche
Otro error frecuente consiste en imaginar la Revolución de Octubre como un golpe instantáneo que produjo inmediatamente un Estado soviético consolidado. En realidad, la toma del poder fue el comienzo de un proceso mucho más largo.
Los bolcheviques debieron enfrentar a sus adversarios políticos, reorganizar el Estado, hacer frente a la resistencia armada y, finalmente, atravesar una guerra civil que se extendió desde 1918 hasta aproximadamente 1922.
Entre las figuras centrales del proceso estuvieron Lenin y León Trotsky, quien tuvo un papel decisivo en la organización militar de la revolución y en la creación del Ejército Rojo. También participaron miles de dirigentes, militantes, obreros, soldados y campesinos cuyas historias quedaron muchas veces subordinadas a los nombres de los grandes líderes.
La revolución tampoco fue un fenómeno exclusivamente urbano. La cuestión de la tierra, el poder de los terratenientes y la situación de los campesinos fueron elementos fundamentales para entender la crisis del viejo régimen.
En 1918, el nuevo gobierno decidió adoptar oficialmente el calendario gregoriano. Rusia pasó directamente del 31 de enero al 14 de febrero de ese año, eliminando así los 13 días de diferencia que existían con el calendario occidental.
Desde entonces, Rusia comenzó a utilizar el mismo calendario civil que gran parte del mundo.
Pero la revolución ya había quedado bautizada.
¿Entonces fue en octubre o en noviembre?
La respuesta correcta es: en ambos, dependiendo del calendario utilizado.
El acontecimiento comenzó el 24-25 de octubre de 1917 según el calendario juliano vigente en Rusia. Esa misma fecha correspondía al 6-7 de noviembre de 1917 según el calendario gregoriano.
Por eso, cuando hoy se conmemora la Revolución de Octubre el 7 de noviembre, no se está cambiando la historia. Se está utilizando el calendario que Rusia adoptó posteriormente.
La paradoja tiene incluso una dimensión simbólica. La revolución que pretendía romper con el viejo orden terminó siendo recordada con una fecha perteneciente a un sistema de calendario que el nuevo poder abandonaría pocos meses después.
La historia, como suele ocurrir, también está hecha de pequeños detalles.
Trece días separan octubre de noviembre. Pero esos trece días también sirven para recordar algo más importante: las fechas históricas no existen aisladas del mundo que las produjo. Detrás de una jornada revolucionaria hubo una guerra, millones de personas movilizadas, una monarquía en crisis, hambre, desigualdad, luchas políticas y una sociedad que había llegado al límite.
La Revolución de Octubre fue, entonces, una revolución de noviembre para nuestro calendario. Pero siguió siendo de octubre para quienes la hicieron.
Y así quedó grabada en la memoria histórica: una revolución que ocurrió en noviembre, pero que la historia decidió llamar Octubre.
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