A tres días de arrasar en las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.
Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.
Luego agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.
¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante? El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja? ¿Gana más enemigos que aliados? Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.
Pasaron las elecciones, baja la excitación partidaria, las radios vuelven a sus programaciones habituales y facebook deja de bombardear a los usuarios locales desde los perfiles oficiales, párrafo aparte para la campaña sucia y desinformativa a la que estuvimos expuestos (los ciudadanos) desde perfiles pseudo comunicacionales que juegan a manipular desde una postura negativa y trillada…
ESCRIBE LORENA FAATH Hace unos días leí por ahí esta frase y pensé en la cercana elección provincial, un escenario más de la farsa democrática, donde nos hacen creer que elegimos algo, pero al final, como siempre, no elegimos nada. La carta más fuerte de uno de los bandos, la impugnación de candidatura del oponente…
El Gobierno de Milei admite que utiliza fondos destinados a las rutas para sostener el equilibrio fiscal, mientras más de un billón de pesos permanece sin ejecutar en obras viales.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente expuesto ante una contradicción central de su programa económico: mientras presenta el ajuste y el “déficit cero” como una cuestión casi moral, existen recursos públicos recaudados con un destino específico que no llegan a las obras para las que fueron creados. Una investigación de LA NACION reveló que el fondo vial recibió más de $1,5 billones durante los dos años y medio de gestión libertaria, pero apenas una cuarta parte fue aplicada a obras, mientras que más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras al cierre de mayo. Días después, el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que una parte de esos recursos es utilizada por el Ministerio de Economía para contribuir al “equilibrio fiscal”.
El dato adquiere una dimensión política todavía mayor cuando se lo cruza con el deterioro de las rutas nacionales, la paralización de obras y la creciente necesidad del Gobierno de construir acuerdos parlamentarios con gobernadores que no necesariamente comparten su programa. La denuncia publicada por Prensa Obrera sostiene precisamente que los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) no solo están siendo retenidos para fortalecer las cuentas fiscales, sino que la administración de esos fondos permitiría manejar discrecionalmente recursos hacia las provincias en momentos políticamente sensibles. La acusación es grave y debe ser diferenciada de los hechos comprobados: está documentada la subejecución y la utilización financiera de los recursos; la hipótesis de que determinados desembolsos hayan sido utilizados para comprar voluntades políticas requiere probar cada caso concreto.
Un impuesto que se cobra para las rutas y termina financiando otra cosa
El corazón del problema está en el Impuesto a los Combustibles y en el Sistema Vial Integrado, un mecanismo creado para garantizar que una parte de esos recursos tenga un destino determinado: la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. Según la investigación de LA NACION, entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SisVial $1.503.252 millones, pero solo fueron ejecutados $394.406 millones en obras. Es decir, quedaron sin aplicar más de un billón de pesos, de los cuales $1.038.779 millones estaban colocados en instrumentos financieros o inmovilizados en una cuenta corriente al cierre del período analizado.
No se trata, entonces, simplemente de que el Estado “no tenga plata” para arreglar las rutas. El problema es bastante más incómodo: hay recursos recaudados y asignados específicamente al sistema vial que no se están transformando en infraestructura vial. El propio Gobierno confirmó la existencia del mecanismo. Ravier sostuvo que una parte de lo recaudado se destina a Vialidad y que otra es dispuesta por Economía como parte del objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal. La declaración modifica sustancialmente la discusión, porque ya no estamos solamente ante una denuncia de la oposición o de organizaciones gremiales: existe un reconocimiento oficial de que esos recursos están siendo utilizados dentro de la estrategia fiscal del Ejecutivo.
La dimensión del desvío también permite comprender por qué el deterioro de las rutas dejó de ser una cuestión secundaria. De acuerdo con los datos difundidos por LA NACION, la subejecución del SisVial alcanzó el 73,8% durante el período analizado. En 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, apenas el 18,5%. El contraste entre la recaudación y la ejecución resulta particularmente fuerte porque se produce mientras miles de kilómetros de rutas nacionales requieren mantenimiento, rehabilitación y obras de seguridad.
El déficit cero como prioridad por encima de la infraestructura
La cuestión de fondo es qué entiende el Gobierno por “ordenar las cuentas públicas”. El discurso oficial presenta cada peso no gastado como una victoria frente al supuesto despilfarro estatal. Pero no todo gasto público es equivalente. Una cosa es eliminar un gasto superfluo y otra muy distinta es dejar de mantener una infraestructura estratégica que utilizan diariamente trabajadores, transportistas, productores, comerciantes, turistas, ambulancias y comunidades enteras.
Las rutas no son un lujo ni una concesión ideológica del Estado. Son parte de la infraestructura básica que permite que la producción circule. Un camión que tarda más, rompe neumáticos o suspensiones, consume más combustible o enfrenta una ruta deteriorada termina incorporando esos costos al precio final de los productos. Una ruta sin mantenimiento tampoco es solamente un problema de comodidad: puede convertirse en un factor de riesgo vial. El propio sindicato de trabajadores viales advirtió que el ajuste sobre Vialidad implica frenar obras, reducir inversión y trasladar el costo del deterioro hacia quienes circulan por las rutas.
Por eso resulta difícil sostener que el ajuste en infraestructura es neutral. La reducción de la inversión pública puede mejorar una planilla fiscal en el corto plazo, pero también deteriora activos públicos, aumenta costos logísticos y obliga a afrontar reparaciones más caras en el futuro. Es la vieja discusión sobre el mantenimiento de una casa: ahorrar en el techo puede mejorar las cuentas del mes, pero cuando finalmente entra el agua la reparación cuesta mucho más.
Y existe una segunda dimensión: el trabajo. La obra pública moviliza directamente a trabajadores de la construcción, pero también genera actividad en empresas proveedoras, transporte, producción de materiales y servicios. La paralización de rutas no solamente deja pozos y obras inconclusas; también destruye cadenas económicas en localidades del interior que dependen de esos proyectos.
Cuando el ajuste se convierte en una herramienta política
La denuncia política más delicada aparece cuando se analiza qué ocurre con los fondos que no se distribuyen regularmente. Los desembolsos para obras viales se concentraron en determinados períodos vinculados con sesiones legislativas en las que el oficialismo necesitaba votos y que algunas provincias recibieron recursos en momentos políticamente sensibles. Esa interpretación debe ser presentada como una acusación, no como un hecho judicialmente probado. Pero incluso dejando de lado esa hipótesis, existe un problema institucional evidente cuando un Gobierno concentra recursos que tienen un destino específico y luego administra discrecionalmente cuándo y cómo los libera.
El Gobierno de Milei necesita permanentemente negociar con gobernadores para conseguir respaldo legislativo. La experiencia de los últimos meses mostró que la relación entre la Casa Rosada y las provincias está atravesada por reclamos de fondos, obras, coparticipación y transferencias. En ese contexto, cualquier recurso nacional cuya distribución pueda acelerarse, demorarse o condicionarse adquiere inevitablemente una dimensión política.
Y aquí aparece una paradoja particularmente fuerte para un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con la llamada “casta”. La discrecionalidad estatal no desaparece cuando se reduce el gasto: puede cambiar de forma. Si el Estado deja de financiar masivamente obras pero conserva recursos determinados para administrarlos según sus necesidades fiscales y políticas, el problema no desaparece. Simplemente cambia el mecanismo de distribución del poder.
La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a si el Gobierno “gasta mucho” o “gasta poco”. La pregunta verdaderamente importante es qué hace con los recursos que recauda, qué destino legal tienen y quién decide cuándo se utilizan. Porque un Estado puede tener equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, estar descapitalizando su infraestructura, deteriorando sus rutas y acumulando problemas que tarde o temprano deberán ser pagados por la sociedad.
El caso del SisVial desnuda esa tensión con una claridad difícil de ocultar. Mientras el Gobierno exhibe el déficit cero como la prueba de su éxito económico, más de un billón de pesos recaudados para infraestructura vial permanecían fuera del asfalto. Y mientras las rutas esperan mantenimiento, el dinero puede permanecer colocado en instrumentos financieros o ser utilizado dentro de la estrategia general de administración fiscal.
El interrogante político que queda planteado es, entonces, mucho más profundo que una disputa presupuestaria: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno para mostrar una determinada cifra fiscal, incluso cuando para conseguirla posterga obras que tienen un destino específico y una función económica y social concreta? El “déficit cero” puede ser presentado como una bandera de austeridad, pero si el precio de esa bandera es una ruta destruida, una obra paralizada, un trabajador despedido o una infraestructura que pierde valor, habrá que preguntarse qué tipo de equilibrio se está construyendo y, sobre todo, quién termina pagando su costo.
El Gobierno de Javier Milei prepara una nueva reforma impulsada por Federico Sturzenegger que modificaría de manera profunda el mercado farmacéutico. Especialistas advierten que la iniciativa puede favorecer la automedicación, encarecer tratamientos y debilitar el rol sanitario de las farmacias.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Una reforma que cambia las reglas del sistema farmacéutico
El Gobierno nacional avanza en un nuevo paquete de desregulaciones encabezado por el ministro Federico Sturzenegger, que esta vez apunta directamente al mercado de los medicamentos. Entre los cambios que se analizan figura la modificación o derogación de normas históricas que regulan la comercialización farmacéutica, habilitando una mayor liberalización del sector.
Según trascendió, la iniciativa permitiría ampliar la venta digital de medicamentos, flexibilizar las condiciones para la entrega a domicilio e incluso extender la comercialización de productos de venta libre fuera de las farmacias, una medida que genera fuerte preocupación entre profesionales de la salud.
Lejos de tratarse de una discusión meramente comercial, distintos especialistas sostienen que el proyecto implica un cambio profundo en la forma en que los argentinos acceden a los tratamientos médicos.
Advierten sobre más automedicación y medicamentos más caros
El médico clínico Oscar Atienza alertó que la desregulación podría tener efectos contrarios a los que promete el Gobierno. En lugar de favorecer la competencia y reducir los precios, señaló que la flexibilización puede incentivar la automedicación, dificultar el seguimiento profesional de los pacientes y terminar incrementando el costo efectivo de los tratamientos.
El especialista recordó que las farmacias cumplen una función sanitaria que excede la mera venta de productos. Allí se controla la correcta dispensación de medicamentos, se detectan incompatibilidades entre tratamientos y se orienta al paciente respecto de dosis y riesgos, una tarea que podría perderse si los remedios pasan a comercializarse como cualquier otro bien de consumo.
Además, diversos sectores del sistema de salud sostienen que la concentración del mercado en grandes plataformas comerciales podría terminar debilitando a las farmacias de barrio, reduciendo la competencia real y dejando a millones de personas con menos asesoramiento profesional.
Otra apuesta al mercado en un área sensible
La reforma forma parte del nuevo paquete de desregulaciones que Sturzenegger impulsa tras la expiración de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. El ministro busca avanzar ahora mediante proyectos legislativos que eliminen o modifiquen decenas de leyes vinculadas a distintas actividades económicas.
En el caso de los medicamentos, la discusión adquiere una dimensión particularmente sensible porque involucra el acceso a tratamientos esenciales, la seguridad sanitaria y el derecho a la salud.
Mientras el Gobierno sostiene que una mayor apertura favorecerá la competencia y eliminará regulaciones consideradas «obsoletas», desde distintos sectores médicos y farmacéuticos advierten que la experiencia internacional muestra que la liberalización del mercado farmacéutico no garantiza una reducción de precios y puede aumentar los riesgos asociados al consumo sin control profesional.
La discusión recién comienza, pero ya anticipa un nuevo frente de conflicto para una administración que viene impulsando una profunda transformación del Estado bajo la premisa de que el mercado debe ocupar un lugar cada vez más amplio, incluso en áreas tan sensibles como la salud.
Finalizados los comicios reginenses del año pasado #latapa publicó ésta editorial: «Existe una ruptura entre la política y los reginenses», que tiene opiniones que parecen escritas hoy mismo. Hace un ratito, o ayer, o mañana. O incluso 10 años atrás. Si eliminamos los datos estadísticos del sufragio se convierte en una editorial del día de la fecha….
La idealización monetaria del dólar traduce nuestra dependencia socio-económica. Necesitamos de un gran Otro Tirano que, al igual que lo religioso, nos mate y nos «salve». ¿Carrera de galgos o de caballos? No, carrera entre el dólar y el peso… Es obvio como viene esa competición… Ya no solo le sacó un cuerpo el dólar…
