LOS HERMANOS SORIA SE POSICIONAN

 

La reforma impulsada por el Gobierno nacional presenta al practicaje como un servicio costoso que debe abrirse a la competencia. Sin embargo, detrás de esa definición existe una profesión altamente especializada, indispensable para el funcionamiento de los puertos de todo el mundo y cuya desregulación genera preocupación entre especialistas en navegación. Cómo opera realmente el sistema, por qué ningún capitán puede reemplazar fácilmente a un práctico y qué riesgos plantea el Decreto 690/2026 para el principal complejo exportador argentino.

Por Tomás Palazzo para NLI

Durante los últimos días, millones de argentinos escucharon por primera vez hablar de los prácticos de puerto. El conflicto desatado tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, derivó en una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de buques en buena parte del sistema portuario nacional. Sin embargo, la cobertura mediática se concentró casi exclusivamente en el enfrentamiento entre el Gobierno y los profesionales del sector, dejando de lado una pregunta mucho más importante: ¿qué hace realmente un práctico y por qué prácticamente todos los países marítimos del mundo consideran indispensable su trabajo? La respuesta permite comprender que la discusión excede ampliamente una cuestión gremial o tarifaria y se introduce en un terreno mucho más sensible: la seguridad de la navegación, la protección ambiental y el funcionamiento del comercio exterior de un país cuya economía depende, en gran medida, de las exportaciones que salen por la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La lógica con la que el Gobierno abordó esta reforma no es nueva. Desde su llegada al poder, Milei y Sturzenegger vienen impulsando una profunda desregulación de múltiples actividades bajo una misma premisa: cuando existen pocos oferentes, la competencia es insuficiente y los precios son elevados, el Estado debe eliminar restricciones para permitir el ingreso de nuevos actores. Esa mirada puede resultar razonable cuando se trata de mercados comerciales tradicionales. Sin embargo, comienza a mostrar importantes limitaciones cuando se traslada mecánicamente a actividades cuya principal función no es competir por precio sino minimizar riesgos que pueden generar consecuencias económicas, humanas y ambientales de enorme magnitud. El practicaje pertenece precisamente a esa categoría.

Cuando navegar se hace difícil

Para comprender la dimensión del problema conviene imaginar el recorrido que realiza un buque cerealero que parte desde China o Europa con destino al complejo agroexportador del Gran Rosario. Luego de atravesar océanos durante varias semanas, la embarcación arriba al Río de la Plata y debe internarse en uno de los sistemas fluviales más complejos del planeta. A diferencia de lo que ocurre en alta mar, donde los grandes buques disponen de enormes márgenes para maniobrar, los canales navegables argentinos presentan profundidades limitadas, curvas pronunciadas, bancos de arena que cambian constantemente, fuertes corrientes, variaciones provocadas por crecientes o bajantes extraordinarias y un intenso tráfico de otras embarcaciones comerciales. Navegar por ese corredor exige un conocimiento extremadamente específico que ningún capitán extranjero puede adquirir durante un viaje ocasional.

Es justamente allí donde aparece la figura del práctico. Contrariamente a la imagen simplificada que suele difundirse, no se trata de un acompañante ni de un asesor administrativo. El práctico es un capitán de ultramar especialmente habilitado para conducir técnicamente la navegación dentro de una jurisdicción determinada, aportando un conocimiento local que no figura en ninguna carta náutica ni puede ser reemplazado por la tecnología satelital. Su trabajo comienza incluso antes de subir al barco. Debe analizar el estado del río, la profundidad disponible, el tránsito existente, las condiciones meteorológicas, el comportamiento de los remolcadores y la situación operativa del puerto de destino. Una vez a bordo, coordina cada maniobra junto al capitán, indicando velocidades, puntos de giro, utilización de remolcadores, cruces con otros buques y márgenes de seguridad para evitar encallamientos o colisiones.

En términos jurídicos, el capitán nunca deja de ser la máxima autoridad del barco. Sin embargo, en la práctica sigue las indicaciones del práctico porque sabe que ese profesional posee un conocimiento imposible de improvisar. La experiencia internacional demuestra que un capitán puede haber navegado durante treinta años por todos los océanos del mundo y, aun así, desconocer completamente las particularidades de un canal determinado. Los ríos cambian permanentemente. Una creciente puede modificar un banco de arena en cuestión de días; una bajante histórica puede alterar profundidades que durante años fueron seguras; una obra de dragado puede generar nuevas condiciones de navegación. Ese conocimiento dinámico sólo puede obtenerse mediante años de trabajo cotidiano en una misma zona.

Esta característica explica también por qué el acceso a la profesión está tan regulado en todo el mundo. Para convertirse en práctico no alcanza con obtener un título universitario ni con aprobar un examen teórico. El aspirante debe haber desarrollado previamente una extensa carrera como oficial y capitán de buques de gran porte, acreditar miles de horas efectivas de navegación, superar exigentes evaluaciones técnicas y realizar un prolongado período de entrenamiento específico sobre la jurisdicción donde pretende trabajar. Cada habilitación corresponde exclusivamente a una zona determinada. Un práctico autorizado para operar en Bahía Blanca no puede trasladarse automáticamente a Rosario. Del mismo modo, quien conoce cada recodo del Paraná no necesariamente está capacitado para ingresar a Ushuaia o al puerto de Buenos Aires. La profesión se construye sobre el conocimiento local acumulado durante años y no sobre una licencia genérica para navegar.

Este aspecto suele ser omitido cuando se habla de «abrir el mercado». La discusión no gira alrededor de una matrícula que el Estado entrega arbitrariamente a un grupo reducido de personas. Lo que limita naturalmente el número de prácticos es la enorme cantidad de años de formación necesarios para alcanzar el nivel de experiencia requerido. No existe una universidad que gradúe prácticos en cuatro o cinco años. La profesión constituye el último escalón de una carrera marítima extremadamente extensa, donde la experiencia vale tanto como el conocimiento académico.

Un poco de Historia

La propia historia de la navegación ayuda a comprender por qué esta función sobrevivió prácticamente intacta durante siglos. Desde la Antigua Grecia y el Imperio Romano existían navegantes especializados en conducir embarcaciones hacia puertos peligrosos o atravesar estrechos particularmente complejos. Con el desarrollo del comercio internacional, esa práctica fue institucionalizándose hasta transformarse en una profesión reconocida por todos los Estados marítimos modernos. Hoy, la Organización Marítima Internacional considera al practicaje uno de los componentes esenciales de la seguridad de la navegación, aunque deja la regulación concreta en manos de cada país. Lejos de desaparecer por efecto de la tecnología, el practicaje ganó importancia a medida que crecieron las dimensiones de los buques y aumentó el volumen del comercio mundial.

Qué sucede en el mundo

Por esa razón resulta llamativo que la discusión pública argentina haya sido presentada como si el practicaje constituyera una rareza corporativa propia del país. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Estados Unidos mantiene uno de los sistemas de practicaje más estrictamente regulados del planeta, administrado por cada Estado bajo supervisión de la Guardia Costera. Canadá organiza el servicio mediante corporaciones públicas regionales. Reino Unido delega la administración en autoridades portuarias especialmente habilitadas. Países Bajos, Alemania, Francia, España, Bélgica, Japón, Singapur, Corea del Sur, Australia, Brasil y Uruguay también exigen la presencia obligatoria de prácticos locales para la mayoría de los grandes buques que ingresan a sus puertos. Cambian los modelos administrativos, los mecanismos de contratación y las formas de fijar honorarios, pero prácticamente ningún país desarrollado considera que la navegación en zonas críticas pueda quedar librada exclusivamente a la lógica del mercado.

El desconocimiento de Sturzenegger

El Decreto 690/2026 modifica profundamente ese esquema en la Argentina. Bajo el argumento de reducir costos logísticos y fomentar la competencia, elimina diversas restricciones para el acceso a la actividad, habilita un registro abierto, modifica el sistema tarifario, permite nuevas modalidades de contratación y flexibiliza determinados supuestos en los que algunos capitanes podrían quedar exceptuados de contratar un práctico. Para el Gobierno, estas medidas terminarán con un sistema que considera cerrado y excesivamente costoso para el comercio exterior. Desde la perspectiva oficial, el practicaje constituye un servicio económico que debe funcionar bajo las mismas reglas de competencia que cualquier otro mercado.

Sin embargo, allí aparece el núcleo de la controversia. Quienes cuestionan la reforma sostienen que el análisis de Sturzenegger parte de una premisa equivocada: considerar al practicaje exclusivamente como un costo logístico. En realidad, afirman, se trata de un sistema de gestión del riesgo. El honorario que percibe un práctico representa una fracción mínima del valor transportado por un buque cerealero o petrolero. En cambio, el costo potencial de un accidente puede ascender a cientos de millones de dólares si un barco bloquea un canal estratégico, produce un derrame de hidrocarburos o interrumpe durante semanas el funcionamiento de la principal vía exportadora del país. La ecuación económica, sostienen los especialistas, no debería medirse únicamente por el precio del servicio sino por el enorme volumen de pérdidas que contribuye a evitar.

La discusión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa el peso que la Hidrovía tiene sobre la economía argentina. Por ese corredor sale la inmensa mayoría de las exportaciones agroindustriales, principal fuente de ingreso de divisas para el país. Cada demora en la operatoria portuaria repercute sobre contratos internacionales, cronogramas logísticos, costos de flete y disponibilidad de dólares. En otras palabras, el funcionamiento del practicaje no sólo interesa a quienes trabajan en los puertos; constituye una pieza esencial de un sistema del que depende buena parte de la estabilidad económica nacional.

Quizás el aspecto más preocupante del debate sea que la discusión pública terminó reducida a una confrontación entre el Gobierno y un supuesto «privilegio corporativo», sin que prácticamente nadie explicara cuál es la función concreta que cumplen estos profesionales. Cuando una actividad permanece invisible durante décadas suele ser porque funciona correctamente. Recién adquiere notoriedad cuando deja de hacerlo. Eso ocurrió con los prácticos. Millones de argentinos descubrieron su existencia únicamente cuando los puertos comenzaron a paralizarse. Pero la verdadera importancia de esta profesión no reside en la medida de fuerza sino en el hecho de que, durante décadas, permitió que miles de buques ingresaran y salieran de los puertos argentinos sin que la mayoría de la sociedad siquiera advirtiera su presencia.

La reforma impulsada por Federico Sturzenegger plantea, en definitiva, una discusión que excede largamente el practicaje. Lo que está en juego es si todas las actividades pueden analizarse exclusivamente desde la óptica de la competencia y la reducción de costos o si existen funciones estratégicas donde la prioridad debe seguir siendo la seguridad, la experiencia profesional y la protección de intereses nacionales permanentes. La respuesta no sólo definirá el futuro de una profesión centenaria. También permitirá saber hasta dónde puede llegar una política de desregulación cuando se aplica sobre uno de los engranajes más delicados del comercio exterior argentino.

 

 

A fines del siglo XIX, cuando el Estado argentino todavía no había consolidado plenamente su dominio sobre el sur, potencias extranjeras, aventureros y proyectos independentistas imaginaron una Patagonia separada de Buenos Aires. Aunque hoy parezca una fantasía, existieron planes concretos que pudieron haber cambiado para siempre el mapa de Sudamérica.

Por Redacción de NLI

Cuando se observa un mapa de la Argentina, resulta fácil pensar que el enorme territorio patagónico siempre formó parte del país tal como hoy lo conocemos. Sin embargo, esa imagen proyecta hacia el pasado una realidad que recién comenzó a consolidarse en las últimas décadas del siglo XIX. Hasta entonces, inmensas extensiones al sur del río Negro escapaban al control efectivo del Estado nacional. Eran tierras habitadas por diversos pueblos originarios, recorridas por comerciantes, exploradores y militares, y observadas con creciente interés por las grandes potencias marítimas de la época. En ese contexto surgieron proyectos tan extravagantes como inquietantes: crear un país independiente en la Patagonia, establecer protectorados extranjeros o incluso convertir parte del territorio austral en una colonia europea.

Un territorio inmenso donde la soberanía todavía estaba en disputa

Durante buena parte del siglo XIX, la Patagonia era más una aspiración cartográfica que una realidad política. La Constitución de 1853 proclamaba la integridad territorial de la Confederación Argentina, pero el control efectivo sobre el extremo sur era muy limitado. Las ciudades eran escasas, las comunicaciones con Buenos Aires resultaban extremadamente lentas y el Estado apenas podía sostener algunos destacamentos militares en la frontera.

Esa situación era observada con atención por el Imperio Británico, por Chile y por distintas potencias europeas que comenzaban a mirar el Atlántico Sur como una región estratégica para el comercio mundial. Décadas antes de la apertura del Canal de Panamá, los barcos que unían los océanos Atlántico y Pacífico debían rodear el continente por el estrecho de Magallanes o el cabo de Hornos, convirtiendo a la Patagonia en una pieza geopolítica de enorme valor.

La debilidad institucional argentina alimentó numerosas especulaciones. Viajeros europeos describían aquellas tierras como un espacio «vacío», ignorando deliberadamente la presencia de comunidades indígenas que habitaban la región desde hacía siglos. Esa idea del «territorio desocupado» sirvió de argumento para justificar proyectos de colonización impulsados desde el exterior.

El extravagante «Reino de la Araucanía y la Patagonia»

Quizás el episodio más llamativo ocurrió en 1860, cuando el abogado francés Orélie Antoine de Tounens desembarcó en Sudamérica convencido de que podía fundar un nuevo reino. Tras establecer vínculos con algunos caciques mapuches del lado chileno de la cordillera, se proclamó «Rey de la Araucanía y la Patagonia», redactó una constitución, diseñó una bandera, creó símbolos nacionales y envió cartas a gobiernos europeos buscando reconocimiento diplomático.

Su proyecto combinaba ambición personal, oportunismo político y una lectura muy particular del contexto sudamericano. De Tounens sostenía que las naciones recién independizadas carecían de capacidad para administrar aquellos territorios y que una monarquía respaldada por Francia podría garantizar estabilidad y desarrollo. Aunque la iniciativa nunca obtuvo apoyo oficial de Napoleón III ni de ninguna potencia europea, despertó preocupación tanto en Argentina como en Chile porque evidenciaba hasta qué punto el vacío de poder podía ser aprovechado por actores externos.

Las autoridades chilenas terminaron deteniéndolo y declarándolo insano, pero el episodio dejó una enseñanza que trascendió al personaje. La Patagonia aparecía, desde la mirada europea, como un espacio susceptible de reorganización política. No era simplemente una aventura individual: reflejaba una época en la que las potencias coloniales redefinían fronteras en África, Asia y Oceanía, mientras América del Sur tampoco escapaba a esas disputas.

La consolidación del Estado argentino y una discusión que llega hasta el presente

Durante las décadas siguientes, la dirigencia argentina aceleró el proceso de ocupación efectiva del sur. La denominada Conquista del Desierto, encabezada por Julio Argentino Roca entre 1878 y 1885, permitió extender el control estatal sobre enormes territorios, aunque lo hizo mediante una campaña militar que provocó el desplazamiento forzado, la muerte y el sometimiento de miles de integrantes de pueblos originarios. Durante mucho tiempo ese proceso fue presentado exclusivamente como una gesta civilizadora; hoy la historiografía incorpora también las profundas consecuencias humanas, culturales y territoriales que tuvo para las comunidades indígenas.

Al mismo tiempo, comenzaron a fundarse nuevas localidades, se expandieron las líneas telegráficas, se impulsó la llegada de inmigrantes y se establecieron administraciones permanentes que fortalecieron la presencia estatal. El conflicto limítrofe con Chile continuó durante años y recién encontró una solución relativamente estable mediante acuerdos diplomáticos y arbitrajes internacionales, lo que terminó de consolidar la frontera austral.

Sin embargo, la historia demuestra que la soberanía nunca depende únicamente de un mapa. Requiere población, infraestructura, instituciones, inversión pública y una presencia constante del Estado. Esa enseñanza conserva plena vigencia en el siglo XXI. La Patagonia sigue siendo una de las regiones estratégicas más importantes del planeta por sus recursos hídricos, energéticos y minerales, por su cercanía con la Antártida y por el valor geopolítico del Atlántico Sur. En un contexto internacional donde las grandes potencias vuelven a disputar recursos críticos y corredores estratégicos, recordar aquellos proyectos que imaginaron una Patagonia separada de la Argentina deja de ser una simple curiosidad histórica para transformarse en una reflexión sobre el modo en que se construye y se sostiene la soberanía nacional.

La Patagonia nunca estuvo realmente destinada a convertirse en otro país, pero sí atravesó un período en el que esa posibilidad fue imaginada, discutida e incluso alentada por intereses externos. Conocer esa historia permite comprender que las fronteras no son hechos naturales e inmutables, sino el resultado de procesos políticos, conflictos, decisiones diplomáticas y proyectos de nación que se disputan a lo largo del tiempo. Es una lección que sigue interpelando a la Argentina cada vez que el debate sobre el desarrollo, la integración territorial o el control de sus recursos estratégicos vuelve al centro de la escena pública.