A tres días de arrasar en las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.
Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.
Luego agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.
¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante? El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja? ¿Gana más enemigos que aliados? Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.
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El Gobierno oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA y lanzó la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que todavía permanecían bajo control estatal. La decisión convierte a la empresa de agua potable y saneamiento en la primera gran compañía pública prácticamente desmantelada durante la gestión de Milei, en una medida que vuelve a poner en discusión el acceso al agua como derecho social y no como mercancía.
La resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que el Ejecutivo buscará transferir el control operativo de la empresa a capitales privados mediante un esquema dividido en dos etapas. Primero ingresará un “operador estratégico” que manejará la compañía y luego se avanzará con una colocación de acciones en Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defendió la medida con el argumento habitual del ajuste libertario: el Estado “deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas” y apuesta por la inversión privada. El discurso oficial promete más obras, mayor eficiencia y expansión del servicio, aunque la historia reciente de las privatizaciones argentinas muestra un recorrido muy distinto: aumentos tarifarios, deterioro del control público y concentración empresaria.
El regreso del modelo de los ‘90
La decisión reabre inevitablemente el recuerdo de la privatización de Obras Sanitarias y la concesión otorgada en los años noventa a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. Aquella experiencia terminó en medio de denuncias por incumplimientos, subas tarifarias y deterioro del servicio, hasta que en 2006 el Estado recuperó la compañía y creó AySA.
Ahora, bajo el paraguas de la Ley Bases, el Gobierno vuelve a poner en venta un servicio esencial que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. El contrato aprobado semanas atrás prevé una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otra década adicional.
Detrás del argumento de “modernización” aparece además una necesidad financiera urgente. Diversos análisis económicos coinciden en que el Ejecutivo busca acelerar privatizaciones para conseguir dólares frescos en medio de las tensiones por deuda externa, vencimientos con el FMI y dificultades para sostener el esquema económico actual.
Tarifas, negocios y control social
El caso AySA tiene una dimensión especialmente sensible porque no se trata de una empresa cualquiera. Se trata del acceso al agua potable y al saneamiento para más de 15 millones de personas en el AMBA. En ese contexto, distintas organizaciones sociales y sindicales vienen alertando que la lógica privada tiende a priorizar rentabilidad sobre universalización del servicio, particularmente en zonas populares donde las inversiones suelen ser menos atractivas para los concesionarios.
La privatización además llega después de una larga serie de aumentos tarifarios impulsados por el propio Gobierno. Durante el último año, las boletas de agua registraron fuertes incrementos mientras se redujeron subsidios y se flexibilizó el marco regulatorio para facilitar el ingreso de capital privado.
El cronograma oficial establece que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre pliegos y condiciones estarán habilitadas hasta el 12 de agosto.
Con AySA, Milei no sólo profundiza su programa de privatizaciones. También coloca en el centro del negocio privado uno de los servicios más estratégicos y sensibles de cualquier sociedad: el control del agua.
