LOS HERMANOS SORIA SE POSICIONAN

Mientras miles de hinchas noruegos recrean en las tribunas el movimiento sincronizado de los antiguos remeros escandinavos, el Mundial volvió a poner bajo los reflectores una de las imágenes más poderosas de la historia de Europa. Detrás de ese festejo viral no hay una coreografía improvisada, sino el recuerdo de una organización social y militar que permitió a los vikingos convertirse en una de las mayores potencias marítimas de la Edad Media.

Por Alcides Blanco para NLI

El fenómeno comenzó como una celebración futbolera, pero rápidamente despertó la curiosidad de millones de espectadores. Cada vez que Noruega consiguió una victoria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, miles de simpatizantes se sentaron en las tribunas para mover sus cuerpos al unísono simulando el avance de un enorme barco, mientras el grito de «Ro!» («¡Rema!») acompañaba el movimiento colectivo. La imagen recorrió el planeta y muchos la interpretaron simplemente como un homenaje a los vikingos. Sin embargo, detrás de ese gesto existe una historia mucho más profunda que ayuda a comprender cómo una sociedad relativamente pequeña logró dominar buena parte de los mares europeos durante casi tres siglos.

Mucho más que guerreros: los hombres que movían los barcos de Europa

La cultura popular suele presentar a los vikingos como guerreros brutales que desembarcaban para saquear monasterios y aldeas. Aunque esas incursiones existieron, la realidad histórica fue bastante más compleja. Los pueblos escandinavos también fueron comerciantes, exploradores, artesanos y colonizadores, capaces de establecer rutas marítimas desde el Ártico hasta el Mediterráneo y desde Rusia hasta América del Norte cinco siglos antes del viaje de Cristóbal Colón.

Nada de eso habría sido posible sin sus embarcaciones. Los célebres drakkars, técnicamente conocidos como langskip, combinaban la navegación a vela con una extraordinaria capacidad de remo que les permitía desplazarse incluso cuando no había viento, remontar ríos poco profundos y sorprender a sus enemigos desembarcando donde ningún otro barco podía hacerlo.

Contrariamente a una imagen muy difundida por el cine, los hombres que ocupaban los remos no eran esclavos encadenados, como ocurría en algunas galeras del Mediterráneo antiguo. La mayor parte de las tripulaciones estaba integrada por hombres libres, campesinos, pescadores o guerreros que respondían a un jefe local o a un rey y que, además de remar, combatían con espada, lanza o hacha cuando llegaban a tierra.

Aquella organización tenía incluso un carácter institucional. En buena parte de Escandinavia existía el leiðangr, un sistema mediante el cual las comunidades debían aportar barcos, armamento y hombres cuando las autoridades convocaban una expedición militar. Remar era, por lo tanto, parte del deber colectivo y no un castigo reservado para los sectores subordinados.

Eso no significa que la sociedad vikinga estuviera exenta de esclavitud. Los llamados thralls constituían una parte importante de la economía escandinava. Eran personas capturadas durante incursiones en Inglaterra, Irlanda, Escocia o los territorios eslavos y luego utilizadas como mano de obra doméstica o agrícola, o directamente vendidas en los mercados del norte de Europa. Muchos de ellos viajaban en los barcos como mercancía, pero la evidencia arqueológica e histórica indica que no conformaban habitualmente la fuerza principal de remo, ya que una maniobra naval exigía coordinación, entrenamiento y confianza mutua entre todos los integrantes de la tripulación.

El verdadero significado del remo sincronizado

Remar en un barco vikingo implicaba mucho más que realizar un esfuerzo físico. Cada hombre ocupaba un lugar determinado dentro de la embarcación, cuidaba sus armas, colaboraba con el mantenimiento del barco y compartía responsabilidades con el resto de la tripulación. La supervivencia dependía de que todos mantuvieran exactamente el mismo ritmo.

Una descoordinación podía hacer perder velocidad, dificultar una maniobra o incluso comprometer el éxito de un combate. Por esa razón, la sincronización del remo terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más fuertes de la cultura escandinava: el individuo sólo alcanzaba su máximo potencial cuando trabajaba junto al grupo.

Ese mismo concepto parece haber inspirado el festejo que hoy identifica a los hinchas noruegos. En lugar de exaltar la violencia asociada al imaginario vikingo, el «remo» pone el acento en la cooperación, la disciplina y el esfuerzo compartido, valores que también explican el sorprendente crecimiento deportivo de una selección que, liderada por Erling Haaland, logró convertirse en una de las revelaciones del Mundial.

Del drakkar a las tribunas: un símbolo que sobrevivió mil años

Quizás allí radique el verdadero éxito de esta celebración. En una época en la que buena parte de los rituales futboleros nacen para las redes sociales y desaparecen pocos meses después, el «remo vikingo» consiguió conectar una competencia global con una tradición que hunde sus raíces hace más de un milenio.

Los miles de noruegos que hoy simulan impulsar un barco desde las tribunas no representan a esclavos obligados a remar, sino a aquellas tripulaciones de hombres libres que hicieron posible una de las mayores expansiones marítimas de la Edad Media. El Mundial 2026 terminó transformando ese viejo símbolo de navegación en una metáfora deportiva: ningún barco llega lejos si cada remero avanza por su cuenta, del mismo modo que ningún equipo puede aspirar a la gloria sin una idea colectiva que marque el ritmo de todos.

La adjudicación definitiva de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus cerró formalmente una licitación que, lejos de convertirse en el ejemplo de transparencia prometido por el Gobierno, acumuló cuestionamientos desde su misma concepción. Denuncias judiciales por presunto direccionamiento, observaciones técnicas, vínculos empresariales y la entrega por 25 años del principal corredor exportador del país conforman un escenario que vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿quién controla uno de los activos estratégicos más importantes de la Argentina y en beneficio de quién?

Por Roque Pérez para NLI

La firma del contrato mediante el cual el Gobierno de Javier Milei entregó la administración de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por Jan De Nul y Servimagnus no representa el final de una licitación, sino el comienzo de una nueva controversia política, económica y judicial. La Hidrovía no es una obra pública más: constituye la arteria por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente la producción agroindustrial que sale hacia los mercados internacionales. Quien administra ese corredor no solamente realiza tareas de dragado y balizamiento, sino que interviene sobre uno de los circuitos económicos más sensibles del país. Por esa razón, la decisión del Ejecutivo de volver a concesionar su explotación durante 25 años, con posibilidad de prórroga, excede ampliamente una discusión técnica y se inscribe dentro del proceso de retiro del Estado de áreas consideradas estratégicas, una de las principales banderas del programa libertario.

Sin embargo, lejos de consolidarse como una licitación modelo, el proceso quedó atravesado por sospechas prácticamente desde el primer día. En NLI se siguió cada una de las etapas de la convocatoria y se advirtió tempranamente que varios de los requisitos incorporados al pliego parecían restringir la competencia en lugar de ampliarla. Aquellas observaciones, que en su momento fueron descartadas por el Gobierno como críticas interesadas, hoy vuelven a cobrar fuerza luego de que la adjudicación terminara beneficiando precisamente a la empresa que numerosos especialistas señalaban desde el inicio como la principal favorecida por las condiciones impuestas en el concurso.

Una licitación cuestionada desde el diseño de los pliegos

El principal cuestionamiento nunca estuvo dirigido únicamente al resultado, sino al modo en que fue construido el proceso licitatorio. Diversos especialistas en infraestructura portuaria, ex funcionarios del área y empresas interesadas advirtieron que varios de los requisitos técnicos incorporados al pliego reducían drásticamente la posibilidad de una competencia real. Entre ellos sobresalía la exigencia de disponer de equipamiento capaz de operar inmediatamente con 44 pies de profundidad, una condición que, según denunciaron distintos actores del sector, solamente podía acreditar quien ya contaba con una estructura instalada sobre la propia Hidrovía. De esa manera, una licitación internacional que en teoría debía convocar a las principales dragadoras del mundo terminaba favoreciendo objetivamente a quienes ya tenían presencia histórica en el corredor fluvial.

Las consecuencias de ese diseño no tardaron en aparecer. Empresas internacionales que inicialmente habían manifestado interés fueron quedando fuera del proceso a medida que avanzaban las distintas etapas de evaluación. Algunas fueron descartadas por cuestiones formales, mientras que otras quedaron relegadas durante la valoración técnica. Finalmente, la adjudicación terminó recayendo sobre el consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, confirmando el desenlace que muchos de los cuestionamientos anticipaban desde hacía meses. Para el Gobierno, ello demuestra que ganó la mejor oferta disponible; para quienes impugnaron la licitación, en cambio, constituye la confirmación de que las reglas del concurso fueron diseñadas para conducir precisamente a ese resultado.

En paralelo comenzaron a multiplicarse las denuncias judiciales. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una acción penal en la que solicitó investigar la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. La denuncia sostiene que el pliego habría sido confeccionado con cláusulas dirigidas a favorecer a un oferente determinado y advierte que el eventual perjuicio económico para el Estado podría alcanzar miles de millones de dólares a lo largo de la concesión. También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió actuaciones para analizar distintos aspectos del procedimiento, aunque ninguna de esas presentaciones impidió que el Ejecutivo avanzara con la adjudicación definitiva.

Un negocio multimillonario que vuelve a quedar en manos privadas

La importancia de esta concesión resulta difícil de exagerar. La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el principal corredor logístico de la Argentina y uno de los más relevantes de América del Sur. A través de sus puertos se canalizan las exportaciones de soja, maíz, trigo, aceites y derivados industriales que generan buena parte de los dólares que ingresan al país. El dragado permanente, el balizamiento y el mantenimiento de esa infraestructura representan un negocio que mueve cientos de millones de dólares por año y cuya proyección para un contrato de veinticinco años supera ampliamente los 15.000 millones de dólares.

Pero el debate no gira únicamente alrededor del monto económico de la concesión. También involucra la decisión política de volver a delegar en operadores privados funciones que durante los últimos años habían recuperado una mayor presencia estatal. Uno de los aspectos más discutidos del nuevo esquema es el regreso del cobro privado del peaje que pagan las embarcaciones para utilizar la vía navegable. Los críticos sostienen que ello implica resignar capacidad de control sobre una fuente de ingresos estratégica y limita las posibilidades del Estado de fiscalizar tanto la recaudación como la efectiva ejecución de las obras comprometidas por el concesionario.

Las observaciones también alcanzan al proceso de elaboración de los pliegos y a la conducción política del área. Distintas versiones señalaron que funcionarios y técnicos que habían planteado reparos respecto de determinadas condiciones del concurso fueron desplazados o perdieron influencia durante el desarrollo de la licitación. Si bien el Gobierno niega cualquier irregularidad y afirma que todo el procedimiento respetó las normas nacionales e internacionales, la acumulación de cuestionamientos terminó alimentando un clima de desconfianza que hoy continúa proyectándose sobre la nueva concesión.

Mucho más que una obra pública

La controversia alrededor de la Hidrovía también tiene una dimensión política. La adjudicación se inscribe en la estrategia de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei desde la aprobación de la Ley Bases y constituye uno de los ejemplos más importantes de transferencia al sector privado de un servicio considerado estratégico para la economía nacional. No se trata simplemente de decidir quién draga un río: se trata de determinar quién administra el corredor por donde circula la mayor parte de las exportaciones argentinas, quién controla el flujo logístico del comercio exterior y bajo qué mecanismos el Estado conserva —o resigna— capacidad de supervisión sobre un negocio multimillonario.

En ese contexto, también comenzaron a observarse con atención los vínculos empresariales de algunas de las firmas involucradas en la adjudicación. Diversas investigaciones periodísticas señalaron relaciones entre Servimagnus y grupos empresarios mencionados por su cercanía con sectores del oficialismo, particularmente con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Aunque hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que acredite conductas ilícitas derivadas de esos vínculos, las revelaciones contribuyeron a reforzar las sospechas sobre un proceso que ya venía siendo observado por especialistas y organismos de control.

La historia reciente de la Hidrovía demuestra que cada discusión sobre su administración termina reflejando un debate mucho más profundo acerca del modelo de desarrollo del país. Mientras el Gobierno sostiene que la participación privada garantiza eficiencia, inversiones y reducción del gasto público, sus críticos advierten que la concesión consolida un esquema donde el Estado pierde herramientas para controlar uno de los principales circuitos de generación de divisas de la Argentina. La adjudicación firmada esta semana no clausura esa discusión; por el contrario, la reabre en un escenario donde continúan vigentes las denuncias judiciales, las investigaciones administrativas y las preguntas sobre la transparencia de una licitación que, para muchos, terminó exactamente como se había anticipado desde el comienzo.