LOS HERMANOS SORIA SE POSICIONAN

 

El Gobierno porteño adjudicó una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional capaz de hablar con los vecinos mediante voces sintéticas de alta fidelidad. El sistema estará destinado a los canales digitales de la Ciudad y podrá mantener conversaciones, procesar información de los trámites, analizar las interacciones y medir cuántos problemas resuelve sin intervención humana. La contratación abre una discusión que va mucho más allá de la tecnología: qué sucede cuando el Estado empieza a reemplazar la conversación entre personas por máquinas diseñadas para sonar como personas.

Por Roque Pérez para NLI

Hasta ahora, cuando un vecino tenía un problema con el Estado porteño, la relación podía ser incómoda, burocrática, lenta o frustrante, pero existía —al menos en principio— una dimensión humana detrás del mostrador, del teléfono o de la pantalla. Había alguien a quien explicarle una situación, alguien que podía escuchar una excepción, interpretar un problema que no encajaba exactamente en un formulario y, eventualmente, hacerse cargo de una respuesta. Esa relación está empezando a cambiar en la Ciudad de Buenos Aires: el Gobierno porteño acaba de adjudicar una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional y síntesis de voz de alta fidelidad que permitirá atender interacciones mediante agentes capaces de hablar con los ciudadanos utilizando voces artificiales cada vez más parecidas a las humanas.

La contratación fue adjudicada el pasado viernes 7 de agosto de 2026 mediante la Resolución 130/SECITD/26. El expediente corresponde a la Licitación Pública 2051-0661-LPU26 y tiene como destino la Dirección General Canales Digitales, dependiente de la Subsecretaría Ciudad Inteligente de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. El propio objeto de la licitación resulta revelador: “Plataforma de IA Conversacional y Síntesis de Voz de Alta Fidelidad Modalidad SaaS”. No se trata, entonces, de comprar simplemente un sistema que convierta textos en audios, sino de incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.

Incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.

Cuando el Estado empieza a hablar con voz de máquina

La tecnología contratada tiene una característica que modifica radicalmente la experiencia: la inteligencia artificial no se limitará a responder por escrito. La plataforma elegida es ElevenLabs, una herramienta especializada en generación y síntesis de voz, y la contratación contempla además servicios de contingencia y consultoría, soporte y mantenimiento evolutivo del denominado “ecosistema de voz”. El contrato fue adjudicado a Solar Insights S.A. por $3.020.928.204,80, de los cuales $950.366.524,80 corresponden a la suscripción de ElevenLabs, $1.198.050.000 a servicios de contingencia (una bolsa equivalente a 4,2 millones de minutos, cuyo uso dependerá de las necesidades y consumo del sistema) y $872.511.680 a consultoría, soporte y mantenimiento.

La cifra, por supuesto, merece ser observada, pero reducir la historia a cuánto dinero se gastó sería perder lo más importante. La verdadera transformación está en el vínculo que el Estado pretende establecer con quien necesita de sus servicios. La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta la herramienta, sino qué clase de administración pública empieza a construirse cuando una máquina puede recibir una queja, reconocer el lenguaje utilizado, contestar con una voz natural y continuar la conversación sin que necesariamente aparezca un trabajador estatal del otro lado.

La propia estructura de la contratación revela esa orientación. La Dirección General Canales Digitales tiene entre sus responsabilidades coordinar las interfaces entre plataformas digitales y canales conversacionales, además de establecer estándares de experiencia conversacional para los bots utilizados por el Gobierno porteño. La nueva plataforma se incorpora, por lo tanto, dentro de una estrategia más amplia de digitalización de la relación entre la administración y sus ciudadanos.

Y hay una palabra particularmente significativa en esta transformación: “conversacional”. Una pantalla que devuelve información es una cosa. Una voz que responde “entiendo su problema”, hace una pausa, formula una pregunta y continúa la conversación es otra completamente distinta. La segunda construye una apariencia de vínculo interpersonal. La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.

La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.

Ese detalle tiene consecuencias sociológicas que suelen quedar ocultas detrás de palabras como innovación, eficiencia o modernización. Durante décadas, la burocracia estatal fue criticada por su despersonalización: formularios, números de expediente, ventanillas, sellos y turnos convertían a las personas en números administrativos. La paradoja de la nueva revolución digital es que ahora puede ocurrir algo diferente: el Estado puede despersonalizar todavía más la atención mientras utiliza máquinas diseñadas para parecer personales.

La burocracia del futuro podría no tener una ventanilla fría ni un empleado que responde mecánicamente. Podría tener una voz amable, cálida y perfectamente modulada que haga exactamente lo mismo.

La máquina que escucha, interpreta y mide al ciudadano

El salto tecnológico no está solamente en que la IA pueda hablar. También está en lo que ocurre alrededor de esa conversación. La documentación técnica de la contratación contempla una infraestructura capaz de trabajar con agentes conversacionales, integrar información y evaluar las interacciones. Entre los objetivos aparece la medición de la resolución autónoma de las conversaciones, es decir, cuánto puede resolver el sistema sin intervención de un operador humano.

Esto cambia el criterio con el que se evalúa la atención pública. Durante décadas, la calidad de un servicio podía medirse por la capacidad de una persona para resolver un problema, orientar a un vecino o comprender una situación particular. En el nuevo esquema aparece otra variable: qué porcentaje de ciudadanos puede ser atendido completamente por una máquina.

No es un detalle menor. Significa que la automatización deja de ser solamente una herramienta auxiliar y comienza a convertirse en un objetivo de gestión. Cuanto mayor sea la proporción de conversaciones que el sistema resuelva sin derivarlas a una persona, más eficiente será considerado el mecanismo.

La tecnología también permite trabajar con voz, transcripciones y análisis de las conversaciones, lo que introduce otra dimensión delicada: el ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente. La Agencia de Acceso a la Información Pública viene advirtiendo precisamente sobre la necesidad de incorporar transparencia y protección de datos personales durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Su guía para entidades públicas y privadas señala que la transparencia y la protección de datos son dimensiones centrales de una IA responsable.

El ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente

La propia AAIP creó en 2023 un programa específico sobre transparencia y protección de datos personales en el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer las capacidades estatales frente a los riesgos asociados a estos sistemas. El organismo remarcó que la privacidad y la protección de los datos deben ser consideradas desde la recopilación hasta la utilización, almacenamiento y supresión de la información.

Por eso, en este nuevo escenario aparece una pregunta inevitable: ¿qué sabe exactamente la máquina de la persona con la que está hablando? Y otra todavía más importante: ¿qué sabe esa persona acerca de la máquina con la que está hablando?

¿El vecino sabrá que del otro lado no hay una persona?

Aquí aparece uno de los puntos más sensibles de la contratación.

En la documentación pública que pudimos revisar no encontramos una cláusula expresa que establezca que el ciudadano deba ser informado, al comenzar la conversación, de que está interactuando con una inteligencia artificial. Tampoco la resolución de adjudicación establece una obligación semejante. Esto no permite afirmar que la Ciudad vaya necesariamente a ocultarlo: puede existir una instrucción posterior de implementación, una política de privacidad o una advertencia incorporada al sistema que no forme parte de la resolución publicada. Pero, al menos en los documentos analizados, no aparece de manera explícita esa obligación de identificación frente al ciudadano.

Y la cuestión no es trivial. Cuanto más natural resulte una voz artificial, más importante se vuelve saber quién está hablando.

Una voz humana transmite mucho más que palabras: genera confianza, autoridad, cercanía y, en determinadas circunstancias, empatía. Si un ciudadano escucha una voz perfectamente natural diciéndole que su reclamo fue recibido, puede interpretar que detrás existe una persona que comprendió su situación. Pero una voz humana no significa que exista una persona. La diferencia entre ambas cosas puede volverse prácticamente invisible.

La Argentina, de hecho, ya reconoce institucionalmente que el uso de inteligencia artificial exige reglas de transparencia. La AAIP sostiene que el Estado debe garantizar que los sistemas sean comprensibles y responsables, y sus recomendaciones para el uso de IA señalan que los proyectos públicos deben contemplar la transparencia, la protección de los datos y los riesgos de los procesos automatizados.

El problema, entonces, no es estar a favor o en contra de la inteligencia artificial. El problema es quién controla la relación entre la máquina y el ciudadano y cuánto sabe el ciudadano acerca de esa relación. Porque una cosa es que el Estado diga: “Esta es nuestra inteligencia artificial; puede ayudarte a resolver este trámite y, si no puede hacerlo, te comunicará con una persona”. Y otra muy diferente es construir una experiencia en la que el usuario tenga la impresión de estar conversando con un empleado cuando en realidad está hablando con un sistema automatizado. La primera situación puede ser una herramienta tecnológica. La segunda plantea un problema de transparencia y autonomía.

La eficiencia como nueva forma de deshumanización

Hay una cuestión todavía más profunda. La incorporación de IA suele justificarse mediante una palabra que parece indiscutible: eficiencia. Una máquina puede atender miles de consultas simultáneamente, no se enferma, no tiene horarios, puede responder de manera uniforme y no necesita multiplicar la cantidad de trabajadores a medida que crece la demanda.

Todo eso puede ser cierto. Pero la eficiencia no es el único valor que debería organizar una administración pública.

Un Estado no existe solamente para procesar trámites. Existe para relacionarse con personas que, muchas veces, llegan a él precisamente porque tienen un problema. El ciudadano que reclama porque perdió un turno, porque no puede acceder a un beneficio, porque necesita resolver una infracción, porque tiene dificultades con un trámite o porque no comprende una decisión administrativa no siempre necesita únicamente una respuesta correcta. A veces necesita que alguien pueda comprender que su situación es excepcional.

La máquina trabaja extraordinariamente bien con aquello que puede ser convertido en datos. El problema comienza cuando la vida real no entra en el formulario.

La promesa de la IA es que esos límites podrán reducirse. Y probablemente sea así. Pero mientras más decisiones y respuestas se automaticen, mayor será la necesidad de preservar mecanismos de atención humana para los casos que no encajen en las categorías previstas por el algoritmo.

El riesgo no es que una computadora sea fría. El riesgo es más profundo: que el Estado termine considerando que una conversación está resuelta cuando el sistema logró cerrar el ticket, aunque la persona siga teniendo el problema.

La Ciudad acaba de dar un paso importante en esa dirección. La resolución del 7 de agosto formalizó la adjudicación de una herramienta que puede convertirse en una nueva puerta de entrada a la administración porteña. La licitación recibió cuatro ofertas y finalmente fue adjudicada a Solar Insights S.A., presidida por Matías Bedacarratz; las otras tres fueron desestimadas por no cumplir con las condiciones del pliego.

No estamos, entonces, ante una fantasía futurista. La transformación ya tiene expediente, licitación, empresa adjudicataria, presupuesto y una tecnología concreta. Lo que todavía está abierto es la discusión democrática sobre qué límites deberá tener esa transformación. Porque una ciudad inteligente no debería ser solamente aquella que responde más rápido. También debería ser aquella que sabe cuándo una persona necesita hablar con otra persona.

Y quizás esa sea la pregunta más importante que deja esta contratación: si el Estado puede construir una máquina capaz de sonar como nosotros, ¿quién se asegurará de que detrás de esa voz siga existiendo un Estado capaz de escucharnos como seres humanos?

 

 

Febrero tiene 28 días por una combinación de decisiones tomadas hace más de dos mil años, supersticiones romanas, reformas políticas y la necesidad de corregir el calendario.

Por Redacción de NLI

Hay algo tan cotidiano en nuestras vidas que prácticamente nadie se detiene a preguntárselo: ¿por qué febrero tiene 28 días mientras los demás meses tienen 30 o 31? La respuesta parece estar a simple vista en cualquier calendario, pero cuando se intenta reconstruir cómo llegamos hasta esa distribución aparecen reyes romanos, supersticiones acerca de los números pares, reformas impulsadas por Julio César, errores acumulados durante siglos y hasta una modificación relacionada con el nombre del emperador Augusto. La particularidad de febrero, por lo tanto, no responde a una necesidad natural según la cual ese mes debería ser más corto que los demás, sino a una combinación bastante más humana de religión, política, astronomía y decisiones tomadas en la Antigüedad.

Lo primero que conviene aclarar es que nuestro calendario no nació tal como lo conocemos. El calendario gregoriano, que actualmente utilizan la mayoría de los países, es el resultado de una larguísima evolución en la que diferentes sociedades intentaron encontrar una manera de dividir el tiempo de acuerdo con los movimientos del Sol y de la Luna. Los romanos heredaron y modificaron sistemas anteriores, y posteriormente Julio César introdujo una reforma que dio origen al calendario juliano, sobre el cual se construyó siglos después el calendario gregoriano. Por eso, cuando miramos febrero y nos preguntamos por qué tiene 28 días, en realidad estamos observando una pequeña supervivencia de decisiones tomadas hace más de dos milenios.

Cuando los romanos ni siquiera tenían enero y febrero

Una de las primeras sorpresas aparece cuando retrocedemos hasta los orígenes del calendario romano. Según la tradición antigua, el primer calendario romano habría tenido diez meses, comenzando en marzo y terminando en diciembre, con un total de alrededor de 304 días. El invierno quedaba en buena medida fuera de la estructura regular del calendario, algo que puede parecernos absurdo actualmente pero que tenía cierta lógica en una sociedad cuya organización económica estaba profundamente vinculada con los ciclos agrícolas y con las estaciones de actividad en el campo. De hecho, los nombres que todavía utilizamos para septiembre, octubre, noviembre y diciembre conservan la huella de aquel sistema: septem, octo, novem y decem significan siete, ocho, nueve y diez en latín, porque originalmente ocupaban esas posiciones dentro del año.

Con el tiempo, la necesidad de contar también el período invernal llevó a incorporar enero y febrero, tradicionalmente asociados a una reforma atribuida al rey Numa Pompilio. Allí comienza a aparecer la explicación de por qué febrero terminó convirtiéndose en el mes extraño que conocemos actualmente. El calendario romano no estaba diseñado simplemente para que todos los meses tuvieran una cantidad idéntica de días; existían consideraciones religiosas y simbólicas que influían en la manera de distribuirlos, y los números pares no gozaban de la misma consideración que los impares dentro de determinadas concepciones romanas.

La consecuencia fue bastante curiosa: al intentar organizar un año lunar de aproximadamente 355 días, se buscó que la mayoría de los meses tuvieran una cantidad impar de jornadas, considerada más favorable, mientras que febrero quedó como la excepción, con 28 días, porque era un mes asociado a rituales de purificación y expiación y ocupaba una posición particular dentro del calendario romano.

Febrero no fue elegido por la astronomía

Esto permite desmontar una idea bastante extendida: febrero no tiene 28 días porque la naturaleza haya determinado que ese mes deba ser más corto. La duración de los meses es una construcción humana y, aunque debe guardar alguna relación con los ciclos astronómicos para que el calendario no se despegue completamente de las estaciones, la división concreta en doce meses de 28, 29, 30 y 31 días es histórica y cultural.

El problema es que un año solar no dura exactamente 365 días. La Tierra necesita aproximadamente 365 días y un cuarto para completar su órbita alrededor del Sol, de modo que cualquier calendario que quiera mantenerse sincronizado con las estaciones necesita realizar correcciones periódicas. Si simplemente se utilizaran 365 días todos los años sin agregar ninguna corrección, con el paso de los siglos las fechas comenzarían a desplazarse respecto de los equinoccios y solsticios. La solución que terminó imponiéndose fue incorporar periódicamente un día adicional. Ese es el origen del 29 de febrero de los años bisiestos, aunque la historia de cómo se llegó a esa solución es bastante más complicada.

Julio César tuvo que arreglar un calendario que estaba desfasado

Para el siglo I antes de Cristo, el calendario romano se había convertido en un problema serio. Las reglas de intercalación eran complejas y dependían en parte de decisiones de autoridades religiosas, lo que había generado una acumulación de desajustes. El calendario ya no coincidía correctamente con las estaciones y existía una diferencia creciente entre las fechas oficiales y el ciclo solar.

Fue entonces cuando Julio César impulsó una reforma monumental. Con asesoramiento astronómico, especialmente del matemático y astrónomo alejandrino Sosígenes, se diseñó un calendario solar mucho más estable, conocido posteriormente como calendario juliano. La reforma estableció un año de 365 días y añadió un día extra cada cuatro años para aproximarse a la duración real del año solar.

Pero para poner en funcionamiento el nuevo sistema fue necesario realizar una corrección extraordinaria. El año de la reforma llegó a tener una duración excepcional de 445 días, debido a la incorporación de períodos adicionales destinados a recuperar el desfase acumulado. Los historiadores lo conocen como el annus confusionis, el “año de la confusión”, y aunque hoy pueda parecer una extravagancia, fue una manera de volver a colocar el calendario en una posición compatible con las estaciones.

La distribución de los meses quedó entonces mucho más cerca de la estructura que conocemos actualmente, con febrero conservando sus 28 días en los años comunes y 29 en los bisiestos. La rareza había sobrevivido a la gran reforma porque, de algún modo, resultaba práctico utilizar ese mes más corto como espacio para introducir la corrección adicional.

Y después apareció otro emperador

La historia todavía tiene una vuelta más, aunque en este punto conviene separar lo que está sólidamente documentado de una explicación popular que circula desde hace siglos. Existe una conocida tradición según la cual el mes de agosto habría recibido un día adicional para no quedar por debajo de julio, que había sido rebautizado en honor a Julio César y tenía 31 días. Según ese relato, Augusto habría querido evitar que su propio mes pareciera inferior al de César y habría tomado un día de febrero para llevar agosto a 31.

La explicación es atractiva porque encaja perfectamente con la imagen de la política romana, pero los especialistas advierten que no existe evidencia sólida de que esa haya sido realmente la razón de la distribución moderna de los días. La estructura de los meses ya había sufrido modificaciones anteriores y la historia del calendario es bastante más compleja que una supuesta competencia personal entre dos emperadores.

Es un buen ejemplo de cómo las explicaciones históricas pueden simplificarse hasta convertirse en una anécdota popular que sobrevive porque resulta fácil de recordar, aunque la evidencia disponible sea más complicada.

El día que inventamos porque el año no alcanza

El 29 de febrero constituye, en cierto sentido, una de las soluciones más ingeniosas que desarrolló la humanidad para resolver una contradicción entre el tiempo astronómico y el tiempo que necesitamos para organizar nuestras vidas. El año no dura exactamente 365 días, pero tampoco podemos trabajar con calendarios que tengan una fracción de día, porque necesitamos que las fechas puedan ser contadas mediante jornadas completas.

La solución consiste en acumular esa fracción hasta reunir aproximadamente un día entero y agregarlo periódicamente al calendario. En el sistema moderno, los años divisibles por cuatro suelen ser bisiestos, aunque existe una excepción importante: los años que terminan en dos ceros no lo son, salvo que sean divisibles por 400. Esa regla forma parte de la reforma gregoriana introducida en 1582 para corregir una pequeña desviación que todavía persistía en el calendario juliano.

La diferencia puede parecer mínima, pero demuestra algo fundamental: incluso una fracción relativamente pequeña de tiempo puede convertirse en un problema gigantesco cuando se acumula durante siglos.

¿Y por qué no hacemos todos los meses iguales?

Desde una perspectiva moderna, la pregunta parece inevitable: si estamos diseñando un calendario, ¿por qué no hacer doce meses exactamente iguales y olvidarnos del problema?

La dificultad está en que doce meses de igual duración no encajan perfectamente ni con el año solar ni con las tradiciones históricas que fueron formando nuestro calendario. Además, los meses dejaron de ser simples divisiones matemáticas para convertirse en unidades culturales profundamente arraigadas: tienen nombres, fiestas, aniversarios, períodos escolares, estaciones, ciclos laborales y tradiciones que se remontan a generaciones.

Cambiar la estructura del calendario significa cambiar una de las formas más profundas mediante las cuales una sociedad organiza el tiempo.

Hubo numerosos proyectos para reformar el calendario a lo largo de la historia, especialmente durante los siglos XIX y XX, pero ninguno consiguió reemplazar de manera generalizada el sistema de doce meses heredado de la tradición romana y reformado posteriormente por el calendario juliano y el gregoriano.

Una rareza romana que todavía organiza nuestra vida

Lo fascinante de febrero es que su particularidad no desapareció con Roma. El Imperio cayó, las lenguas cambiaron, los sistemas políticos se transformaron, Europa atravesó siglos de guerras y revoluciones, aparecieron los Estados nacionales y la humanidad desarrolló relojes atómicos capaces de medir el tiempo con una precisión inimaginable para los antiguos romanos.

Sin embargo, seguimos esperando que febrero tenga 28 días.

Cada cuatro años, salvo las excepciones establecidas por la regla de los años seculares, agregamos uno más. La estructura básica del calendario que utilizamos para organizar nuestras vidas conserva así una herencia que atraviesa más de dos milenios de historia.

Y quizás esa sea la parte más interesante de toda esta historia: cuando miramos un calendario colgado en una pared, estamos observando mucho más que una herramienta para saber qué día es. Estamos viendo una acumulación de decisiones tomadas por sociedades antiguas que intentaron ordenar el tiempo, corregir sus errores y hacer coincidir sus instituciones con los movimientos del cielo.

Febrero quedó atrapado en esa historia como el mes diferente, el que recibió menos días, el que se convirtió en el lugar donde podía agregarse una jornada adicional y el que, por una combinación de tradiciones religiosas, decisiones políticas y necesidades astronómicas, terminó teniendo una duración que ningún otro mes posee.

Por eso, la próxima vez que alguien pregunte por qué febrero tiene solamente 28 días, la respuesta no debería ser simplemente que “porque el calendario es así”. Febrero tiene 28 días porque durante miles de años la humanidad estuvo intentando resolver un problema que parece sencillo, pero que en realidad consiste en hacer coincidir tres cosas que nunca encajan perfectamente: el movimiento de la Tierra, las matemáticas y nuestra necesidad de dividir el tiempo en unidades comprensibles.

Y en esa larga historia, los romanos dejaron una pequeña rareza que todavía aparece cada vez que llega febrero: un mes que parece incompleto, pero que en realidad es uno de los testimonios más persistentes de cómo las sociedades aprendieron a domesticar el tiempo.