A tres días de arrasar en las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.
Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.
Luego agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.
¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante? El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja? ¿Gana más enemigos que aliados? Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.
La primera frase que aparece es: ¡esto es el colmo! No necesitamos vivir en Estocolmo para padecer el síndrome de esta ciudad. Sindrome que fue llamado así luego de un robo en un banco. Para que este síndrome sea considerado como tal, la víctima debe identificarse con el agresor, y lo concreta de una forma…
Estoy convencida que puedo llevar adelante un municipio Contaremos con un sistema integral de seguridad Voy a organizar internamente al municipio para que pueda prestar servicios eficientes Difunde esta nota
La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei
Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.
La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.
Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación
La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.
No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.
Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia
Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.
La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.
El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.
El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar
La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.
Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.
Una política energética cada vez más concentrada
La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.
En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.
Un recurso estratégico cuyo destino vuelve a debatirse
La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.
Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.
En menos de dos semanas, un movimiento cívico histórico, con dosis de reggaetón, creatividad al tope, mucho de indignación y pacifismo activo acabó con la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Un movimiento revolucionario sin precedentes en la isla. Revolución pura, sin quitarle una sola letra, solo agregándole ritmo afrocaribeño. Ver esta publicación…
El Gobierno de Javier Milei disolvió el Coro Nacional de Niños mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. La histórica institución cultural tenía casi 60 años de trayectoria.
Por Alina C. Galifante para NLI
El Gobierno nacional oficializó la disolución del Coro Nacional de Niños, uno de los organismos artísticos más prestigiosos del país, creado en 1967. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, elimina una institución emblemática de la cultura argentina bajo el argumento de «reorganizar recursos», en una nueva decisión que profundiza el desmantelamiento de las políticas culturales del Estado.
El Gobierno eliminó una institución histórica de la cultura argentina
En un nuevo capítulo del ajuste sobre el sector cultural, el gobierno de Javier Milei dispuso la disolución del Coro Nacional de Niños, organismo que durante casi seis décadas representó a la Argentina en escenarios nacionales e internacionales y formó a generaciones de niños y niñas en el canto coral. La decisión quedó plasmada en el Decreto 687/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que modifica el decreto original de 1967 mediante el cual había sido creado el organismo.
El decreto elimina formalmente al Coro Nacional de Niños como organismo estable del Estado y deja vigente únicamente al Coro Polifónico Nacional. En su reemplazo, el Ejecutivo instruye a la Secretaría de Cultura a crear un Programa de Formación Artística destinado a niños y adolescentes, aunque la norma no establece presupuesto, estructura, cronograma ni precisiones sobre su funcionamiento.
La decisión representa un nuevo avance del proceso de reducción de organismos culturales impulsado por la administración libertaria. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el área de Cultura sufrió recortes presupuestarios, despidos, cierre de programas y una profunda reestructuración institucional que distintos sectores artísticos denuncian como un proceso de desmantelamiento del patrimonio cultural argentino.
El argumento oficial: reemplazar un coro por un programa
En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que los objetivos que justificaron la creación del Coro Nacional de Niños «pueden alcanzarse mediante acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de alcance más amplio». Bajo esa premisa, afirma que resulta conveniente «reorientar los recursos» actualmente destinados al elenco estable hacia nuevas estrategias que permitan un supuesto mayor alcance federal y una utilización «más eficiente» de los recursos públicos.
La administración nacional asegura además que la medida no implica abandonar la formación artística infantil, sino modificar la herramienta institucional utilizada para llevarla adelante. Sin embargo, el decreto no establece garantías sobre la continuidad laboral de quienes integraban el organismo ni explica cómo se preservará el nivel artístico alcanzado durante casi seis décadas de funcionamiento.
El Coro Nacional de Niños no era simplemente un programa educativo. Se trataba de un elenco estable del Estado que desarrolló una intensa actividad artística, interpretó repertorio sinfónico-coral y a cappella, participó en producciones junto a las principales orquestas del país y constituyó una verdadera escuela de formación musical para cientos de chicos que luego continuaron carreras profesionales.
Un organismo que ya venía siendo vaciado
La publicación del decreto llega después de meses de incertidumbre sobre el futuro del coro. Desde principios de año, sus actividades habían sido suspendidas y las audiciones para incorporar nuevos integrantes permanecían paralizadas. Diversos referentes del ámbito musical venían denunciando un progresivo vaciamiento administrativo que impedía el normal funcionamiento del organismo y reducía año tras año la cantidad de coreutas disponibles.
Incluso, durante abril de este año, legisladores nacionales presentaron un pedido de informes reclamando explicaciones al Poder Ejecutivo por la suspensión de actividades, la falta de convocatorias y el deterioro institucional del organismo, advirtiendo que el Coro Nacional de Niños constituía una de las instituciones musicales más prestigiosas del país y un patrimonio cultural construido durante casi sesenta años.
La decisión del Gobierno termina por confirmar los temores expresados entonces por músicos, docentes y trabajadores de la cultura: el organismo no volverá a funcionar como tal y será reemplazado por un programa cuya implementación todavía carece de precisiones concretas.
Otro símbolo cultural que desaparece
La eliminación del Coro Nacional de Niños trasciende la reorganización administrativa que plantea el decreto. Supone la desaparición de una institución creada en 1967 que sobrevivió a gobiernos de distinto signo político, crisis económicas y cambios institucionales, consolidándose como uno de los principales espacios públicos de formación coral infantil de América Latina.
Mientras el Ejecutivo sostiene que busca modernizar el Estado y optimizar recursos, desde el ámbito cultural crecen las advertencias sobre la pérdida de organismos que no solo desarrollaban actividades artísticas sino que también preservaban patrimonio, formaban profesionales y garantizaban el acceso gratuito a la cultura.
Con esta medida, el Gobierno suma un nuevo capítulo a una política que numerosos referentes del sector describen como un proceso sistemático de reducción de la presencia estatal en la vida cultural argentina, dejando abierto el interrogante sobre qué otros organismos históricos podrían correr la misma suerte en los próximos meses.
El proyecto de ley establece los mecanismos para la regulación de la actividad, fomenta el desarrollo de la cadena productiva y, especialmente, promueve el desempeño de las cooperativas del sector y de las PyMEs. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas presentó hoy el proyecto de ley “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria…
