A tres días de arrasar en las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.
Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.
Luego agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.
¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante? El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja? ¿Gana más enemigos que aliados? Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.
La Represa El Chocón, ubicada en la provincia de Neuquén, es una de las construcciones hidroeléctricas más importantes de Argentina. Desde su inauguración en 1973, ha sido una fuente clave de energía para el país. Sin embargo, su contrato de concesión está próximo a vencer y esto ha generado preocupación acerca de lo que sucederá…
A fines del siglo XIX, cuando el Estado argentino todavía no había consolidado plenamente su dominio sobre el sur, potencias extranjeras, aventureros y proyectos independentistas imaginaron una Patagonia separada de Buenos Aires. Aunque hoy parezca una fantasía, existieron planes concretos que pudieron haber cambiado para siempre el mapa de Sudamérica.
Por Redacción de NLI
Cuando se observa un mapa de la Argentina, resulta fácil pensar que el enorme territorio patagónico siempre formó parte del país tal como hoy lo conocemos. Sin embargo, esa imagen proyecta hacia el pasado una realidad que recién comenzó a consolidarse en las últimas décadas del siglo XIX. Hasta entonces, inmensas extensiones al sur del río Negro escapaban al control efectivo del Estado nacional. Eran tierras habitadas por diversos pueblos originarios, recorridas por comerciantes, exploradores y militares, y observadas con creciente interés por las grandes potencias marítimas de la época. En ese contexto surgieron proyectos tan extravagantes como inquietantes: crear un país independiente en la Patagonia, establecer protectorados extranjeros o incluso convertir parte del territorio austral en una colonia europea.
Un territorio inmenso donde la soberanía todavía estaba en disputa
Durante buena parte del siglo XIX, la Patagonia era más una aspiración cartográfica que una realidad política. La Constitución de 1853 proclamaba la integridad territorial de la Confederación Argentina, pero el control efectivo sobre el extremo sur era muy limitado. Las ciudades eran escasas, las comunicaciones con Buenos Aires resultaban extremadamente lentas y el Estado apenas podía sostener algunos destacamentos militares en la frontera.
Esa situación era observada con atención por el Imperio Británico, por Chile y por distintas potencias europeas que comenzaban a mirar el Atlántico Sur como una región estratégica para el comercio mundial. Décadas antes de la apertura del Canal de Panamá, los barcos que unían los océanos Atlántico y Pacífico debían rodear el continente por el estrecho de Magallanes o el cabo de Hornos, convirtiendo a la Patagonia en una pieza geopolítica de enorme valor.
La debilidad institucional argentina alimentó numerosas especulaciones. Viajeros europeos describían aquellas tierras como un espacio «vacío», ignorando deliberadamente la presencia de comunidades indígenas que habitaban la región desde hacía siglos. Esa idea del «territorio desocupado» sirvió de argumento para justificar proyectos de colonización impulsados desde el exterior.
El extravagante «Reino de la Araucanía y la Patagonia»
Quizás el episodio más llamativo ocurrió en 1860, cuando el abogado francés Orélie Antoine de Tounens desembarcó en Sudamérica convencido de que podía fundar un nuevo reino. Tras establecer vínculos con algunos caciques mapuches del lado chileno de la cordillera, se proclamó «Rey de la Araucanía y la Patagonia», redactó una constitución, diseñó una bandera, creó símbolos nacionales y envió cartas a gobiernos europeos buscando reconocimiento diplomático.
Su proyecto combinaba ambición personal, oportunismo político y una lectura muy particular del contexto sudamericano. De Tounens sostenía que las naciones recién independizadas carecían de capacidad para administrar aquellos territorios y que una monarquía respaldada por Francia podría garantizar estabilidad y desarrollo. Aunque la iniciativa nunca obtuvo apoyo oficial de Napoleón III ni de ninguna potencia europea, despertó preocupación tanto en Argentina como en Chile porque evidenciaba hasta qué punto el vacío de poder podía ser aprovechado por actores externos.
Las autoridades chilenas terminaron deteniéndolo y declarándolo insano, pero el episodio dejó una enseñanza que trascendió al personaje. La Patagonia aparecía, desde la mirada europea, como un espacio susceptible de reorganización política. No era simplemente una aventura individual: reflejaba una época en la que las potencias coloniales redefinían fronteras en África, Asia y Oceanía, mientras América del Sur tampoco escapaba a esas disputas.
La consolidación del Estado argentino y una discusión que llega hasta el presente
Durante las décadas siguientes, la dirigencia argentina aceleró el proceso de ocupación efectiva del sur. La denominada Conquista del Desierto, encabezada por Julio Argentino Roca entre 1878 y 1885, permitió extender el control estatal sobre enormes territorios, aunque lo hizo mediante una campaña militar que provocó el desplazamiento forzado, la muerte y el sometimiento de miles de integrantes de pueblos originarios. Durante mucho tiempo ese proceso fue presentado exclusivamente como una gesta civilizadora; hoy la historiografía incorpora también las profundas consecuencias humanas, culturales y territoriales que tuvo para las comunidades indígenas.
Al mismo tiempo, comenzaron a fundarse nuevas localidades, se expandieron las líneas telegráficas, se impulsó la llegada de inmigrantes y se establecieron administraciones permanentes que fortalecieron la presencia estatal. El conflicto limítrofe con Chile continuó durante años y recién encontró una solución relativamente estable mediante acuerdos diplomáticos y arbitrajes internacionales, lo que terminó de consolidar la frontera austral.
Sin embargo, la historia demuestra que la soberanía nunca depende únicamente de un mapa. Requiere población, infraestructura, instituciones, inversión pública y una presencia constante del Estado. Esa enseñanza conserva plena vigencia en el siglo XXI. La Patagonia sigue siendo una de las regiones estratégicas más importantes del planeta por sus recursos hídricos, energéticos y minerales, por su cercanía con la Antártida y por el valor geopolítico del Atlántico Sur. En un contexto internacional donde las grandes potencias vuelven a disputar recursos críticos y corredores estratégicos, recordar aquellos proyectos que imaginaron una Patagonia separada de la Argentina deja de ser una simple curiosidad histórica para transformarse en una reflexión sobre el modo en que se construye y se sostiene la soberanía nacional.
La Patagonia nunca estuvo realmente destinada a convertirse en otro país, pero sí atravesó un período en el que esa posibilidad fue imaginada, discutida e incluso alentada por intereses externos. Conocer esa historia permite comprender que las fronteras no son hechos naturales e inmutables, sino el resultado de procesos políticos, conflictos, decisiones diplomáticas y proyectos de nación que se disputan a lo largo del tiempo. Es una lección que sigue interpelando a la Argentina cada vez que el debate sobre el desarrollo, la integración territorial o el control de sus recursos estratégicos vuelve al centro de la escena pública.
La decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026 mantiene bloqueado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país. El Gobierno defiende la desregulación como una apertura a la competencia, mientras el sector denuncia un intento de desmantelar una actividad estratégica y anticipa una batalla judicial.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La política de desregulación impulsada por el gobierno de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con impacto directo sobre uno de los sectores más sensibles de la economía argentina. Desde el fin de semana, los prácticos de buques mantienen una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones de ultramar en los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario, corazón de las exportaciones nacionales.
La protesta surgió inmediatamente después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó de manera integral el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas. Para el Ejecutivo, la normativa elimina privilegios corporativos, reduce costos logísticos y favorece la competencia. Para los profesionales del sector, en cambio, representa una desregulación que compromete la seguridad de la navegación y destruye un esquema construido sobre criterios técnicos antes que comerciales.
Una actividad clave para que funcione el comercio exterior
El práctico es el profesional que asesora al capitán de un buque durante las maniobras de ingreso, navegación y salida de puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte del sistema fluvial argentino debido a la complejidad de la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en otros corredores estratégicos.
Sin ese servicio resulta prácticamente imposible que numerosos buques puedan operar con normalidad. Por esa razón, la decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios comenzó a paralizar progresivamente la operatoria portuaria, con riesgo de afectar exportaciones de granos, aceites, harinas, combustibles y otras cargas de enorme importancia para el ingreso de divisas.
El conflicto adquiere además una dimensión macroeconómica. Argentina depende en gran medida del complejo agroexportador para generar dólares, por lo que cualquier interrupción prolongada en la logística portuaria puede traducirse en demoras comerciales, mayores costos y dificultades para cumplir contratos internacionales.
Qué cambia el decreto de Milei
El Decreto 690/2026 elimina buena parte del esquema regulatorio vigente desde comienzos de los años noventa.
Entre sus principales modificaciones aparecen la apertura del registro de prácticos sin cupos, la libre contratación de profesionales independientes, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia acreditada naveguen sin contratar prácticos argentinos, la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la liberalización del transporte utilizado para el embarque y desembarque de los profesionales.
El Gobierno sostiene que el régimen anterior generaba barreras artificiales de ingreso, favorecía posiciones dominantes y encarecía innecesariamente los costos logísticos del comercio exterior.
Sin embargo, desde el sector cuestionan que la actividad sea tratada como un mercado cualquiera. Argumentan que el practicaje constituye un servicio altamente especializado, vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la prevención de accidentes en una de las principales rutas comerciales del país.
Una pulseada que excede el conflicto gremial
Aunque el Gobierno presenta la medida como una disputa con sectores corporativos, el conflicto tiene un alcance mucho mayor.
La desregulación del practicaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración libertaria para modificar numerosos mercados considerados «cerrados» o «sobre regulados». La lógica oficial consiste en eliminar restricciones, abrir la competencia y reducir la intervención estatal.
Los críticos de esa estrategia sostienen que el mismo criterio se está aplicando sobre actividades cuya regulación no responde únicamente a razones económicas sino también a cuestiones de seguridad pública, infraestructura estratégica y soberanía sobre vías navegables.
En ese contexto, la discusión deja de ser exclusivamente laboral para transformarse en un debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en la administración de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.
El Gobierno prepara reemplazos y el conflicto podría escalar
Previendo una prolongación del conflicto, el decreto incorporó mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.
Entre ellos figura la posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan intervenir de manera excepcional para prestar servicios de practicaje, además de habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona en situaciones de emergencia.
No obstante, distintas informaciones periodísticas indican que los intentos oficiales para encontrar reemplazos inmediatos encontraron resistencia y que los propios capitanes consultados señalaron que no cuentan con las habilitaciones específicas para asumir esa función.
Mientras tanto, los prácticos adelantaron que además del lock-out impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto, por considerar que vulnera aspectos centrales de la actividad y modifica de manera unilateral un sistema construido durante décadas.
La pulseada recién comienza. Pero mientras el Gobierno apuesta a sostener una de las desregulaciones más profundas del sector marítimo, cada jornada con los puertos parcialmente paralizados incrementa la incertidumbre sobre el comercio exterior argentino y vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre las reformas económicas y el funcionamiento efectivo de actividades estratégicas para el país.
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