A tres días de arrasar en las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.
Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.
Luego agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.
¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante? El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja? ¿Gana más enemigos que aliados? Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.
Durante gran parte del siglo XX, los ferrocarriles argentinos fueron mucho más que un medio de transporte: fueron una herramienta de integración territorial, desarrollo industrial y movilidad social. En sus grandes talleres se formaron miles de trabajadores especializados y se construyó una capacidad tecnológica propia que permitió reparar, modernizar y hasta fabricar material ferroviario. La historia de esos espacios industriales también refleja el debate sobre el rol del Estado, la producción nacional y el destino de las empresas estratégicas del país.
Por Redacción de NLI
Hubo una época en la que los talleres ferroviarios argentinos eran verdaderas ciudades dentro de las ciudades. Lugares donde miles de trabajadores ingresaban cada día para reparar locomotoras, fabricar piezas, mantener vagones y transmitir conocimientos técnicos de generación en generación. No eran solamente instalaciones industriales: eran escuelas de oficios, centros de innovación y motores económicos de comunidades enteras.
Desde fines del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, el ferrocarril fue una de las principales herramientas de construcción del territorio argentino. Permitió conectar regiones alejadas, trasladar producción, acercar pueblos y consolidar un mercado interno. Pero detrás de cada tren circulando existía una enorme estructura humana y tecnológica que muchas veces quedó invisibilizada.
La historia ferroviaria argentina es también la historia de una disputa sobre el desarrollo nacional: si un país debe limitarse a importar tecnología o si puede construir capacidades propias para producir y mantener sus herramientas estratégicas.
Los talleres donde se construyó conocimiento argentino
Los grandes talleres ferroviarios, como los de Tafí Viejo en Tucumán, Remedios de Escalada en Buenos Aires o Pérez en Santa Fe, fueron durante décadas centros industriales de enorme importancia. Allí trabajaban torneros, soldadores, mecánicos, ingenieros y técnicos especializados que dominaban conocimientos complejos vinculados con la industria pesada.
Muchos de esos trabajadores aprendían el oficio dentro del propio sistema ferroviario. El conocimiento no estaba únicamente en los manuales técnicos, sino también en la experiencia acumulada de generaciones de ferroviarios que transmitían saberes sobre máquinas, materiales y procesos industriales.
Ese entramado permitió que Argentina desarrollara una cultura ferroviaria propia. El país no solamente operaba trenes construidos en el extranjero, sino que fue creando capacidades para adaptarlos a sus necesidades, repararlos y producir componentes nacionales.
En una economía donde la industria ocupaba un lugar central, los talleres ferroviarios representaban una pieza clave del modelo de desarrollo.
El ferrocarril como herramienta de integración nacional
Durante décadas, el tren fue mucho más que una alternativa de transporte. Para millones de argentinos significó la posibilidad de estudiar, trabajar, comerciar y comunicarse con otras regiones.
Las líneas ferroviarias conectaron ciudades grandes con pequeños pueblos del interior y permitieron que zonas productivas tuvieran acceso a mercados nacionales e internacionales. La expansión ferroviaria modificó la geografía económica del país y acompañó el crecimiento de numerosas comunidades.
Con la nacionalización de los ferrocarriles en 1948, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, el Estado argentino pasó a administrar una red considerada estratégica para el desarrollo nacional. La medida formó parte de una política más amplia que buscaba que áreas consideradas fundamentales para la economía quedaran bajo control estatal.
Más allá de las discusiones históricas sobre la gestión ferroviaria, aquel período consolidó la idea de que el transporte no era solamente un negocio, sino también una herramienta de planificación territorial.
El retroceso industrial y el cierre de capacidades
A partir de las últimas décadas del siglo XX, los ferrocarriles argentinos atravesaron un proceso de deterioro marcado por cambios económicos, falta de inversiones y transformaciones en el modelo productivo.
La privatización de los servicios ferroviarios durante la década de 1990 produjo una reducción significativa de la red y tuvo un fuerte impacto sobre los talleres y las comunidades vinculadas al ferrocarril. Muchos espacios industriales cerraron o redujeron drásticamente su actividad, mientras miles de trabajadores especializados perdieron sus puestos.
El cierre de talleres no significó solamente la pérdida de empleos. También implicó la desaparición de conocimientos técnicos acumulados durante décadas.
Cuando una sociedad pierde una fábrica, un astillero o un taller ferroviario, no pierde solamente edificios y máquinas: pierde capacidades que luego son muy difíciles de reconstruir.
La recuperación del debate sobre la industria nacional
En los últimos años, el sistema ferroviario volvió a ocupar un lugar importante en la discusión pública. La necesidad de mejorar el transporte de cargas, reducir costos logísticos y recuperar conexiones regionales reabrió el debate sobre la importancia de contar con una industria ferroviaria propia.
Países que hoy son potencias industriales no abandonaron sus sistemas ferroviarios; por el contrario, los transformaron en sectores estratégicos vinculados con tecnología, producción e innovación.
Argentina posee una tradición técnica que demuestra que puede desarrollar capacidades complejas cuando existe una decisión política orientada a sostenerlas.
La experiencia de los talleres ferroviarios muestra que la industria nacional no es solamente una cuestión económica: también es una forma de construir autonomía.
Una historia que todavía espera su próximo capítulo
Los viejos talleres ferroviarios representan una parte importante de la memoria industrial argentina. Allí quedaron grabadas historias de trabajadores, familias enteras vinculadas al ferrocarril y comunidades que crecieron alrededor de la producción.
Pero también representan una pregunta hacia el futuro: qué lugar quiere ocupar Argentina en un mundo donde la tecnología y la capacidad industrial vuelven a ser factores decisivos.
La historia del ferrocarril argentino demuestra que un país puede construir conocimiento, formar trabajadores especializados y desarrollar industrias complejas cuando existe una estrategia de largo plazo. Los trenes no son solamente vías y locomotoras: son una expresión concreta de un modelo de desarrollo y de la capacidad de una sociedad para producir su propio futuro.
Las PASO desarrolladas en el mes Agosto dejaron un claro triunfo de la Diputada Nacional María Emilia Soria, candidata del Frente Para la Victoria (FPV) con el 40,75% de los votos, doblegando a quienes lucharon palmo a palmo por una segunda mayoría de electores. Lorena Matzen, candidata de Cambiemos fue la sorpresa obteniendo un 19,30%…
En tiempos de crisis económica el argentino sabe buscar opciones que colaboren con el cuidado de la economía intrafamiliar. Los vaivenes económicos a lo largo de la historia del país conformaron al sujeto argentino como un eximio buscador de variables que colaboren con el ineludible ajuste doméstico que lo lleve a llegar a fin de…
El descontento: he allí la fuerza histórica afectiva capaz de hacer que se bifurque el curso de la cosas. Frédéric Lordon Hasta ahora no he escuchado que un gobierno decrete un día para parar un poco y animarse a ponerse en el lugar de la gente; o inclusive, se haga un paro a sí mismo…
Milei presentó sus nuevas reformas estructurales como el punto final de “91 años de saqueo” y responsabilizó al Banco Central y a la política por todos los males económicos argentinos. Pero detrás de las cifras impactantes, las acusaciones contra dirigentes y las promesas de refundación aparecen datos discutibles, interpretaciones históricas parciales y debates constitucionales sobre el alcance del proyecto libertario.
Por Tomás Palazzo para NLI
La política del número gigante: cuando una cifra busca reemplazar un debate histórico
Milei volvió a construir uno de sus discursos centrales alrededor de una idea repetida desde el inicio de su gobierno: que la Argentina no atraviesa solamente una crisis económica, sino el resultado de décadas de un supuesto mecanismo de saqueo impulsado por la política a través del Estado. En cadena nacional, el Presidente presentó sus nuevas reformas estructurales y eligió como eje una cifra de enorme impacto: una inflación acumulada desde la creación del Banco Central de 12.819.532.788.614.400.000%, un número de 20 dígitos que utilizó como prueba de lo que definió como “la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”.
Como sucede siempre con las «cifras de Milei», el número presentado como una prueba definitiva de “91 años de saqueo” no fue acompañado por una metodología detallada, una fuente estadística oficial o un documento técnico que permita reconstruir cómo se llegó exactamente a esa cifra de 20 dígitos. Si bien es posible calcular una inflación acumulada durante largos períodos mediante índices históricos, la magnitud exhibida por Milei requiere explicaciones sobre qué series fueron utilizadas, cómo se empalmaron los distintos períodos, qué criterios se aplicaron ante los cambios de medición y cómo se ponderaron etapas con monedas diferentes. Sin ese respaldo documental verificable, el número funciona principalmente como una herramienta retórica de alto impacto más que como un dato económico presentado con el rigor necesario para un debate público de semejante trascendencia.
La magnitud del fantasioso número solo está dada para generar un efecto político inmediato: transmite una sensación de desastre absoluto y permite instalar una idea sencilla de comprender para una sociedad golpeada por décadas de inflación. Sin embargo, transformar casi un siglo de historia económica argentina en una única explicación basada exclusivamente en la emisión monetaria implica dejar afuera una enorme cantidad de factores que también formaron parte de las crisis nacionales.
La inflación argentina fue atravesada por múltiples procesos: endeudamientos externos, crisis internacionales, cambios abruptos de modelo económico, golpes de Estado, pérdida de reservas, fuga de capitales, problemas estructurales de producción, restricciones externas y disputas distributivas. Reducir todo ese recorrido histórico a una sola causa permite construir un relato político potente, pero simplifica una realidad económica mucho más compleja.
La idea de que la inflación es siempre y exclusivamente un fenómeno monetario pertenece a una corriente económica determinada, el monetarismo, pero no representa una verdad indiscutida dentro de la economía. Existen distintas escuelas que analizan el fenómeno inflacionario incorporando también factores productivos, cambiarios, sociales y externos.
El discurso presidencial, sin embargo, se apoyó en una premisa diferente: la necesidad de identificar un responsable claro. En esa construcción, el Banco Central dejó de aparecer como una herramienta de política económica y pasó a ser presentado como el origen del deterioro argentino.
El Banco Central como enemigo: la reforma que busca separar la moneda de la política
Uno de los anuncios más importantes de Milei fue una nueva reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir cualquier mecanismo de financiamiento al Estado. Según el Presidente, la emisión monetaria para cubrir déficit constituye una “falsificación de dinero” y llegó incluso a afirmar que quienes participaron de esos procesos podrían formar parte de una asociación ilícita integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades del organismo monetario.
La afirmación abre un debate jurídico de enorme profundidad. La emisión monetaria no es considerada falsificación de moneda en el ordenamiento legal argentino: es una facultad estatal ejercida por una institución pública creada por ley. Se puede discutir si una política económica fue correcta, si generó inflación o si produjo consecuencias negativas, pero equiparar una decisión de política monetaria tomada dentro del marco institucional con un delito penal implica solo un desconocimiento o provocación de esas a las que nos tiene acostumbrado el presidente.
La Constitución Nacional establece que el Congreso tiene atribuciones en materia monetaria y financiera, mientras que el Banco Central funciona como una entidad con autonomía dentro del sistema institucional argentino. El debate sobre esa autonomía existe en distintos países: cuánto debe protegerse a una autoridad monetaria de las presiones políticas y cuánto control democrático debe mantenerse sobre una institución clave.
La reforma propuesta por Milei busca aumentar las barreras para remover al presidente y al directorio del Banco Central, exigiendo mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso. Para el oficialismo, esto evitaría que los gobiernos presionen para financiar sus déficits mediante emisión. Para sus críticos, podría crear una institución con un nivel de blindaje difícil de compatibilizar con el principio democrático de control sobre los organismos públicos.
Convertibilidad, reservas y Cristina Kirchner: una historia económica reconstruida desde la mirada libertaria
Durante su exposición, Milei también apuntó contra la salida de la convertibilidad y sostuvo que abandonar la paridad entre peso y dólar significó que miles de millones de dólares “pasaran a manos de los políticos”. Según su interpretación, los recursos respaldatorios de aquella etapa pertenecían a los argentinos y fueron utilizados por la dirigencia.
Pero la historia de la convertibilidad es bastante más compleja. El régimen instaurado en 1991 consiguió durante varios años estabilizar la inflación, pero también generó problemas de competitividad, dependencia del endeudamiento externo y una economía condicionada por la necesidad permanente de conseguir dólares. La crisis de 2001 no fue consecuencia de una sola decisión política, sino el resultado de múltiples desequilibrios acumulados durante años.
Algo similar ocurre con la utilización de reservas del Banco Central durante el gobierno de Cristina Kirchner para el pago de deuda mediante el denominado Fondo del Bicentenario. Milei definió esa operación como un “robo”, aunque fue una decisión adoptada mediante mecanismos institucionales y debatida públicamente en el Congreso, la Justicia y el ámbito económico.
La utilización de términos como “saqueo”, “estafa” o “robo” permite construir una narrativa de ruptura moral con el pasado, pero también corre el riesgo de reemplazar el análisis histórico por una disputa política basada en acusaciones absolutas.
El “grillete fiscal” y el debate sobre los límites constitucionales del ajuste permanente
Otro de los anuncios más polémicos fue la creación de una regla fiscal permanente que impediría sostener presupuestos deficitarios y establecería un mecanismo automático de ajuste denominado por el Gobierno como “grillete fiscal”. Según «explicó» Milei, si las cuentas públicas permanecieran desequilibradas durante un período determinado, el Congreso tendría un plazo para corregir la situación. De no hacerlo, se activaría un “shutdown” que implicaría la paralización de actividades consideradas no esenciales, congelamiento de nuevas contrataciones y suspensión de determinados gastos.
El Presidente aseguró que quedarían exceptuadas áreas como jubilaciones, pensiones, salud, seguridad, defensa y servicios esenciales. Sin embargo, la propuesta abre una discusión institucional sobre el rol del Congreso y la división de poderes. La Constitución Nacional establece que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de aprobar el presupuesto y definir las prioridades del gasto público. Una norma que establezca mecanismos automáticos de limitación sobre futuras decisiones parlamentarias podría generar un debate sobre hasta dónde puede una mayoría política actual condicionar las facultades de gobiernos y congresos futuros.
El problema no es solamente económico. También es institucional: una democracia no solamente define cuánto gasta el Estado, sino quién tiene la autoridad para decidir cómo se utilizan los recursos públicos.
Más libertad financiera y menos controles: la apuesta de Milei para transformar la economía
El paquete anunciado por el Presidente también incluye reformas del mercado de capitales y del sistema de seguros. El argumento oficial sostiene que Argentina tiene un sistema financiero reducido porque durante décadas los ciudadanos perdieron confianza y retiraron sus ahorros del circuito formal. Milei plantea que una mayor liberalización permitirá que el ahorro privado se transforme en inversión productiva, créditos, maquinaria y empleo. Desde esa perspectiva, el problema central sería la excesiva regulación estatal que impide que el capital fluya hacia quienes quieren producir.
Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los mercados financieros requieren reglas claras y organismos de control fuertes. La historia económica mundial cuenta con numerosos ejemplos donde procesos de desregulación sin supervisión suficiente terminaron generando crisis que luego fueron absorbidas por los Estados y por la sociedad.
El debate estará en encontrar el equilibrio entre eliminar trabas burocráticas y mantener herramientas que eviten abusos, fraudes y riesgos sistémicos.
La construcción de una nueva verdad política: entre la economía y la batalla cultural
El discurso presidencial no fue solamente una presentación de reformas económicas. Fue también una construcción política. Milei buscó instalar una interpretación histórica donde la Argentina habría sido víctima durante casi un siglo de una clase dirigente que utilizó la inflación, el déficit y el Banco Central como mecanismos de apropiación.
En esa lógica, las reformas anunciadas aparecen como una ruptura definitiva con el pasado y como el inicio de una nueva etapa nacional. La discusión, entonces, no pasa únicamente por si una medida económica puede funcionar o no, sino por el modo en que se construye el consenso para aplicarla.
La época de la posverdad no implica simplemente la existencia de datos falsos. También refiere a un escenario donde los hechos son seleccionados, jerarquizados y narrados desde identidades políticas fuertes, donde una explicación sencilla puede imponerse sobre una realidad mucho más compleja.
Milei presentó su proyecto como el final de “91 años de decadencia”. Sus defensores sostienen que se trata de una transformación necesaria para recuperar estabilidad y crecimiento. Sus críticos advierten que detrás de esa promesa existe una concentración de poder económico e institucional que puede modificar profundamente la relación entre Estado, mercado y democracia.
El desafío argentino no será solamente discutir cuánto emite el Banco Central, cuánto gasta el Estado o cómo se organiza el mercado financiero. También será debatir qué límites tiene una reforma estructural, qué lugar ocupa la política en una democracia y si una sociedad puede construir su futuro sobre una única interpretación del pasado.
El 10 de octubre de 1927 comenzaba a funcionar en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones, una iniciativa que colocó a la Argentina entre los pocos países del mundo capaces de desarrollar una industria aeronáutica propia. Durante décadas produjo aviones, motores, automóviles y tecnología nacional, formando generaciones de técnicos e ingenieros. Su historia es también la historia de un proyecto de país que apostaba a que el conocimiento, la industria y el Estado podían convertirse en herramientas de soberanía.
Por Redacción de NLI
En la Argentina del siglo XXI, acostumbrada a escuchar que casi cualquier desarrollo tecnológico debe venir desde afuera, puede resultar extraño imaginar que hubo un tiempo en que el país diseñaba y fabricaba sus propios aviones. Sin embargo, durante buena parte del siglo XX, Córdoba fue uno de los centros industriales más importantes de América Latina y la Fábrica Militar de Aviones (FMA) fue el corazón de un proyecto que buscaba algo más que producir máquinas: buscaba construir capacidades nacionales.
La creación de la FMA en 1927 no fue un hecho aislado. Formó parte de una etapa en la que distintos sectores del Estado argentino entendían que la independencia política también necesitaba una base económica y tecnológica propia. En un mundo donde las potencias industriales utilizaban el desarrollo científico como una herramienta estratégica, contar con una industria aeronáutica significaba reducir la dependencia externa y formar trabajadores especializados.
La elección de Córdoba tampoco fue casual. La provincia ya contaba con una tradición industrial y una ubicación estratégica dentro del territorio nacional. Alrededor de la fábrica comenzó a crecer un entramado de escuelas técnicas, proveedores, talleres y profesionales que convirtieron a la ciudad en un polo de conocimiento e innovación.
Durante sus primeras décadas, la producción estuvo vinculada principalmente a las necesidades de la defensa nacional. Pero con el tiempo la fábrica amplió sus objetivos y se transformó en un símbolo de una idea más ambiciosa: que la Argentina podía desarrollar tecnología propia y competir en áreas reservadas tradicionalmente a los países centrales.
De los aviones a la industria pesada
La etapa de mayor expansión llegó durante mediados del siglo XX, cuando la fábrica pasó a formar parte de un proyecto industrial más amplio impulsado por el Estado. Durante esos años, la FMA dejó de ser solamente una planta aeronáutica para convertirse en un complejo capaz de desarrollar múltiples ramas productivas.
Allí nacieron proyectos que marcaron la historia industrial argentina, como el avión Pulqui II, uno de los desarrollos aeronáuticos más avanzados de su época, diseñado con participación de ingenieros argentinos y especialistas internacionales. También surgieron experiencias vinculadas a la fabricación de automóviles, motores y maquinaria.
Uno de los capítulos más recordados fue el nacimiento del IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) en 1952, que permitió avanzar en la producción de vehículos nacionales. De sus líneas salió el Rastrojero, un utilitario pensado para el trabajo rural que se convirtió en un símbolo de la industria argentina y de la posibilidad de producir bienes adaptados a las necesidades locales.
Detrás de esos proyectos había una concepción económica determinada: la Argentina no debía limitarse a exportar materias primas e importar productos elaborados. El objetivo era construir una estructura industrial propia, capaz de generar empleo calificado y agregar valor dentro del territorio nacional.
El largo retroceso de una capacidad estratégica
La historia posterior de la Fábrica Militar de Aviones estuvo atravesada por los cambios políticos y económicos del país. Cada etapa modificó la orientación del complejo. Los golpes de Estado, las crisis económicas, los cambios en las políticas industriales y las transformaciones del modelo productivo fueron debilitando una estructura que durante décadas había acumulado conocimiento.
Con la llegada de las políticas de apertura económica de fines del siglo XX, muchas industrias nacionales perdieron protección frente a la competencia internacional. La reducción del papel del Estado como impulsor del desarrollo tecnológico afectó especialmente a sectores donde los tiempos de maduración son largos y las inversiones requieren planificación sostenida.
La fábrica pasó por distintos procesos de transformación hasta convertirse en FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), actualmente bajo control estatal. Sin embargo, su historia sigue siendo utilizada como ejemplo de una discusión que atraviesa a la Argentina: qué lugar debe ocupar el Estado en áreas estratégicas donde la iniciativa privada muchas veces no tiene incentivos para invertir.
Ciencia, industria y soberanía en el presente
El debate sobre la Fábrica Militar de Aviones vuelve a cobrar actualidad cada vez que Argentina discute su modelo de desarrollo. En los últimos años, las políticas de reducción del gasto público impulsadas por el gobierno de Javier Milei reabrieron una discusión histórica sobre el rol del Estado en la producción, la investigación y la defensa de capacidades nacionales.
Desde la mirada libertaria, muchas de estas estructuras son presentadas como gastos innecesarios que deberían quedar sujetos a la lógica del mercado. Sus defensores, en cambio, sostienen que existen áreas donde un país no puede depender exclusivamente de proveedores externos porque perder capacidades tecnológicas implica perder soberanía.
La discusión no es solamente económica. Un ingeniero formado en una empresa estatal, un técnico especializado o un desarrollo tecnológico propio representan conocimientos acumulados durante décadas. Cuando una estructura industrial desaparece, no solamente se pierde una fábrica: se pierde una comunidad de saberes difícilmente recuperable.
La experiencia internacional muestra que incluso los países que defienden economías de mercado sostienen fuertes políticas estatales en sectores estratégicos como aeronáutica, energía, semiconductores o defensa. La diferencia no suele estar en si existe o no intervención estatal, sino en qué objetivos persigue y cómo se administra.
La historia de la Fábrica Militar de Aviones es, en definitiva, la historia de una pregunta que Argentina todavía no resolvió: si quiere ser un país que solamente compra tecnología producida por otros o uno capaz de crearla. Aquella fábrica cordobesa que comenzó a funcionar en 1927 demostró que existían trabajadores, científicos e ingenieros capaces de construir proyectos de enorme complejidad. Su legado no está solamente en los aviones que produjo, sino en la idea de que el desarrollo nacional también se construye fabricando conocimiento.
