A tres días de arrasar en las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.
Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.
Luego agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.
¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante? El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja? ¿Gana más enemigos que aliados? Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.
Escándalo en el Gobierno de Milei por la designación de Adriana Baravalle en Ciencia: su doctorado en Inteligencia Artificial quedó bajo la lupa por la universidad que lo otorgó.
Por Roque Pérez para NLI
La designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología abrió una polémica que excede largamente una discusión sobre currículums. La funcionaria llega para conducir una de las áreas estratégicas del Estado argentino con un doctorado en Inteligencia Artificial otorgado por la American Andragogy University, una institución radicada en Hawaii que, según distintas fuentes periodísticas, no cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.
El dato resulta particularmente llamativo porque Baravalle no fue presentada como una funcionaria administrativa más, sino como una especialista destinada a conducir la política científica y tecnológica de un país que posee universidades, investigadores, organismos científicos y una extensa tradición académica. La controversia, por lo tanto, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué criterios está utilizando el Gobierno de Javier Milei para seleccionar a quienes deben conducir la ciencia argentina?
Un doctorado que quedó bajo la lupa
El título de doctora en Inteligencia Artificial que figura asociado a Baravalle proviene de la American Andragogy University, una institución de enseñanza a distancia de Hawaii cuya situación académica generó cuestionamientos. La propia universidad se presenta como una institución con métodos de formación “no tradicionales” y advierte que sus diplomas pueden no resultar habilitantes para determinadas profesiones.
La controversia se profundiza por las características del programa. Según la información difundida sobre la institución, una tesis doctoral podría completarse en un período extraordinariamente breve, algo que naturalmente despierta interrogantes cuando se lo compara con los procesos habituales de formación doctoral en universidades reconocidas.
El problema no es que una persona estudie a distancia. Tampoco que una universidad tenga métodos pedagógicos diferentes. La cuestión central es otra: qué reconocimiento académico tiene efectivamente el título y qué valor posee una credencial de ese tipo para quien pasa a dirigir la política científica de la Argentina.
El caso ya generó repercusiones en otros países. Distintas publicaciones recordaron que en Perú hubo cuestionamientos vinculados con un ex funcionario que había incorporado a su currículum un doctorado otorgado por la misma institución.
La paradoja de un Gobierno que ajusta a la ciencia
La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la coloca en el contexto de la política científica del Gobierno.
Mientras el sistema nacional de ciencia y tecnología atraviesa recortes presupuestarios, pérdida de investigadores y reducción de programas, la administración libertaria acaba de colocar al frente del área a una funcionaria cuya principal credencial polémica es precisamente un doctorado cuya validez académica genera cuestionamientos.
No se trata de descalificar toda la trayectoria de Baravalle. Y allí está justamente una de las cuestiones que conviene separar para evitar simplificaciones.
La funcionaria sí posee antecedentes académicos y profesionales comprobables. Tiene formación de posgrado en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral, experiencia en áreas vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos, y una extensa actividad docente. La propia Universidad Austral registra su trayectoria académica y profesional.
También aparece documentada como doctoranda en Ingeniería de la Universidad Austral, además de contar con antecedentes de investigación y participación en actividades vinculadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Por eso, el escándalo no pasa sencillamente por afirmar que “no sabe nada” o que carece de formación. Eso sería una caricatura y no está respaldado por la información disponible.
La discusión es más precisa: ¿por qué una funcionaria con una trayectoria profesional real decidió incorporar a su perfil el título de doctora en Inteligencia Artificial de una institución cuya acreditación genera semejante controversia? ¿Qué evaluación hizo el Gobierno de esa credencial antes de designarla para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología?
Ciencia argentina: cuando el problema no es solamente el currículum
La escena tiene además una carga simbólica difícil de ignorar.
Argentina posee universidades públicas y privadas de enorme prestigio, investigadores reconocidos internacionalmente, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y una comunidad científica que durante décadas construyó capacidades en campos como biotecnología, medicina, física nuclear, informática, inteligencia artificial y tecnología satelital.
En ese contexto, la conducción política de la ciencia no es un cargo menor. Define prioridades de investigación, políticas de innovación, vínculos con universidades, financiamiento, transferencia tecnológica y buena parte de las condiciones en las que trabajan miles de científicos.
La designación de Baravalle, entonces, vuelve a poner en discusión una contradicción más profunda del modelo libertario: un Gobierno que cuestiona permanentemente las estructuras académicas y científicas existentes termina generando controversias alrededor de las credenciales de quienes coloca al frente del sistema.
El caso tampoco debería convertirse en una caza de brujas contra la funcionaria. Su trayectoria previa merece ser evaluada por sus resultados, sus antecedentes comprobables y sus decisiones al frente del organismo. Pero justamente por tratarse de un área estratégica, las credenciales académicas de quien la conduce deben poder ser examinadas públicamente.
La ciencia no funciona sobre la base de títulos decorativos ni de etiquetas. Funciona sobre publicaciones, investigación, evaluación de pares, instituciones, evidencia y conocimiento acumulado.
Y allí aparece la paradoja que deja este nuevo episodio del Gobierno de Milei: mientras se reclama “excelencia” para justificar el ajuste sobre universidades, investigadores y organismos científicos, la persona elegida para conducir la política nacional de ciencia llega al cargo envuelta en una polémica precisamente por una de sus credenciales académicas.
El problema, en definitiva, no es solamente Adriana Baravalle. Es qué lugar ocupa el conocimiento científico en el proyecto de país que propone el Gobierno y cuáles son los criterios con los que se decide quién tiene la responsabilidad de conducirlo.
Porque una nación que pretende disputar el futuro tecnológico no puede darse el lujo de convertir la discusión sobre quién dirige su ciencia en una discusión sobre si un doctorado merece o no ser considerado un verdadero doctorado.
La pregunta queda abierta. Y ahora deberá responderla el Gobierno.
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La decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de retirar a su embajador en Buenos Aires marca un hecho sin precedentes en cuatro décadas de democracia. La escalada llega después de una nueva serie de agravios públicos de Milei contra el presidente brasileño y vuelve a poner en discusión el costo político, económico y comercial de una diplomacia basada en la confrontación permanente.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La relación entre Argentina y Brasil acaba de ingresar en uno de sus momentos más delicados desde el retorno de la democracia. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y reducir la representación diplomática al nivel de encargado de negocios, una señal política de enorme gravedad que en la práctica implica congelar el vínculo institucional entre las dos principales economías de Sudamérica mientras persistan las agresiones de Milei. La medida fue comunicada oficialmente por el Palacio de Itamaraty luego de una nueva escalada verbal protagonizada por el mandatario argentino, quien durante el fin de semana volvió a descalificar públicamente a Lula con insultos personales y cuestionamientos políticos.
La decisión brasileña constituye mucho más que un gesto protocolar. Desde la reconstrucción democrática iniciada en los años ochenta, Argentina y Brasil construyeron una política de Estado basada en la cooperación estratégica, la integración económica y la consolidación del Mercosur como herramienta de desarrollo regional. Gobiernos de distintos signos políticos mantuvieron ese principio incluso en momentos de profundas diferencias ideológicas. Carlos Menem convivió con Fernando Henrique Cardoso; Néstor Kirchner y Cristina Fernández fortalecieron la alianza con Lula; Mauricio Macri preservó los canales institucionales con Michel Temer y posteriormente con Jair Bolsonaro. Nunca antes un conflicto estrictamente político había derivado en una degradación formal de la representación diplomática de semejante magnitud.
La explicación ofrecida por Brasil fue contundente. Desde Itamaraty señalaron que las reiteradas agresiones personales de Milei contra Lula, sumadas a los cuestionamientos dirigidos contra instituciones brasileñas, tornaron imposible mantener la normalidad diplomática. La decisión implica que el embajador Bitelli no regresará a Buenos Aires mientras persista el actual escenario político, dejando la representación brasileña en manos de un funcionario de menor rango, una figura utilizada habitualmente cuando las relaciones atraviesan una crisis seria pero sin llegar a la ruptura formal.
La respuesta del Gobierno argentino no modificó el tono del conflicto. La Cancillería calificó la decisión brasileña como «unilateral» y sostuvo que responde a motivaciones «ideológicas», aunque evitó hacer cualquier referencia a las expresiones utilizadas por Milei contra Lula. El comunicado oficial volvió a responsabilizar exclusivamente al gobierno brasileño por el deterioro del vínculo, una postura que profundiza la distancia entre ambas administraciones y reduce aún más las posibilidades de una recomposición inmediata.
Detrás del conflicto diplomático aparece un dato imposible de ignorar: Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, el principal destino de las exportaciones industriales nacionales y un actor determinante para sectores como la industria automotriz, la maquinaria agrícola, la energía, la producción metalúrgica y numerosos complejos manufactureros. Cada deterioro político termina generando incertidumbre entre empresas, inversores y exportadores que dependen de un flujo comercial construido durante décadas. Si bien la decisión brasileña no implica por ahora restricciones económicas, el mensaje político introduce un factor adicional de inestabilidad para un país que atraviesa una profunda recesión, dificultades para generar divisas y una creciente dependencia del financiamiento externo.
La crisis también representa un golpe para el Mercosur. Mientras el bloque intenta redefinir su papel frente a un escenario internacional cada vez más competitivo, la confrontación entre Buenos Aires y Brasilia debilita la capacidad de negociación regional y erosiona uno de los pilares históricos del proceso de integración sudamericano. No se trata únicamente de una diferencia entre presidentes, sino de un conflicto que afecta el funcionamiento de instituciones, mecanismos de coordinación y agendas comunes desarrolladas durante décadas.
Desde la llegada de Milei al poder, la política exterior argentina abandonó la tradicional búsqueda de consensos regionales para privilegiar los alineamientos ideológicos. Los enfrentamientos con gobiernos latinoamericanos, las tensiones con organismos multilaterales y la identificación casi exclusiva con determinados liderazgos internacionales fueron modificando el perfil diplomático argentino. La relación con Brasil constituye probablemente el ejemplo más evidente de esa transformación: un vínculo históricamente considerado estratégico quedó subordinado a la confrontación política y a declaraciones públicas que, finalmente, terminaron produciendo consecuencias institucionales concretas.
Contenido simbólico
La decisión de Lula adquiere además un fuerte contenido simbólico. Brasil eligió responder mediante los mecanismos tradicionales de la diplomacia, evitando una ruptura total pero dejando en claro que considera inaceptables los ataques reiterados del presidente argentino. En términos internacionales, retirar a un embajador constituye una de las sanciones políticas más severas antes de la ruptura de relaciones, y suele reservarse para situaciones excepcionales.
Mientras tanto, Argentina enfrenta un escenario complejo. La crisis se produce en momentos en que el Gobierno necesita recuperar inversiones, fortalecer el comercio exterior y mejorar su inserción internacional. Sin embargo, la política exterior vuelve a convertirse en un frente de conflicto que suma incertidumbre a una economía ya golpeada por la caída del consumo, el deterioro industrial y la fragilidad financiera. El episodio deja una pregunta abierta sobre los costos que puede tener para el país una estrategia diplomática basada más en la confrontación personal que en la defensa pragmática de los intereses nacionales.
