A tres días de arrasar en las urnas, María Emilia Soria aprovechó una gran oportunidad para posicionar su nombre a nivel nacional, fue la única diputada del FpV que votó a favor del desafuero de De Vido. La Legisladora rionegrina pidió la palabra en el recinto pese a que su jefe de bloque Héctor Recalde ordenó que nadie bajara a debatir. A raíz de esto se encuentra en los grandes portales informativos del país. Por supuesto, La Tapa, no va a ser menos.
Así fue como expresó su posición con respecto al pedido de desafueros del ex Ministro Kirchnerista: “No quería dejar de enunciar la maniobra que tiene por finalidad extraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene, sin embargo debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros a diferencia de la anterior por lo que voy a votar afirmativo al desafuero de De Vido”.
Luego agradeció a sus compañeros de bancada que entendieron porque ella debía estar hoy en su banca. Y concluyó, “Yo nací en una casa Peronista y aprendí dos cosas. A no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.
¿Cómo reacciona el PJ, un partido político de “cuartel”, ante una insubordinación semejante? El movimiento político táctico estratégico del “Clan” Soria a ¿quién los acerca y de quien los aleja? ¿Gana más enemigos que aliados? Resulta oportuno rememorar la frase de Vitto Corleone en el clásico cinematográfico El Padrino, “Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”.
El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.
La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.
Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.
De la protesta social al control de conductas
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.
Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.
No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.
Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.
Bases de datos, vigilancia y centralización
Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.
En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.
El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.
La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.
El orden como narrativa de gobierno
Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.
La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.
Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.
La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.
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La emblemática marca nacional de galletitas dejó de fabricar en su planta principal y pasó a tercerizar su producción en medio de la caída del consumo, el aumento de costos y la falta de financiamiento. Otro golpe a la industria argentina que desnuda el impacto real del ajuste.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La postal se repite con una insistencia alarmante: fábricas que se achican, líneas de producción que se apagan y marcas históricas que dejan de fabricar. Esta vez, el golpe lo da Tía Maruca, una de las firmas más reconocidas del rubro alimenticio, que decidió dejar de producir en su planta principal de San Juan y migrar a un esquema de tercerización para intentar sobrevivir.
Detrás de la decisión, lejos de cualquier relato épico empresarial, aparece un combo conocido: caída del consumo interno, aumento sostenido de costos y dificultades para acceder al crédito. Una radiografía que coincide, punto por punto, con el deterioro económico que atraviesa el país bajo el modelo de Milei.
La planta de Albardón, que llegó a emplear a cerca de 300 trabajadores, ya no producirá las clásicas galletitas que supieron ganar mercado frente a gigantes del sector. En su lugar, funcionará elaborando productos para terceros, mientras la marca intentará sostenerse mediante producción externalizada.
No es un cierre total en términos formales, pero sí un retroceso industrial evidente: la pérdida de producción propia implica menor valor agregado, menor integración productiva y mayor dependencia de terceros.
La industria en retirada
El caso de Tía Maruca no es aislado ni repentino. La empresa arrastraba problemas desde hace años, incluyendo un concurso preventivo en 2019 y el cierre de otra planta en Chascomús en 2025 con despidos incluidos.
Sin embargo, el contexto actual aceleró el desenlace. La caída del consumo masivo —producto del ajuste, la pérdida del poder adquisitivo y la recesión— impactó de lleno en alimentos básicos, incluso en segmentos populares como las galletitas.
A eso se suma el incremento de insumos clave como harina y azúcar, que comprimió márgenes hasta volverlos inviables, y un sistema financiero que no ofrece crédito accesible para sostener o modernizar la producción.
El resultado es previsible: empresas que, ante la imposibilidad de sostener la producción, optan por achicarse, tercerizar o directamente cerrar.
El “costo invisible” del ajuste
El discurso oficial insiste en mostrar orden fiscal y equilibrio macroeconómico. Pero detrás de esos números, la economía real muestra otra cara: desindustrialización progresiva y pérdida de capacidad productiva nacional.
Cuando una empresa deja de producir, aunque siga existiendo como marca, el daño es profundo. Se pierden encadenamientos productivos, se debilitan economías regionales y se precariza el empleo, incluso cuando no hay despidos inmediatos.
En San Juan, la planta seguirá operativa, pero ya no como motor de una marca nacional, sino como proveedor para terceros. Es decir: menos industria propia y más lógica de subsistencia.
El caso de Tía Maruca se suma así a una lista cada vez más extensa de empresas que retroceden en su escala productiva. Y plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas “reconversiones” más hacen falta para reconocer que el problema no es empresarial, sino estructural?
La respuesta, por ahora, se cocina en silencio, mientras otra línea de producción se apaga.
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