Los candidatos de Abad ganaron las internas radicales en Mar del Plata y Bahía Blanca

Los candidatos de Abad ganaron las internas radicales en Mar del Plata y Bahía Blanca

 

Luego de la unidad alcanzada a escala provincial, el radicalismo fue a internas en nueve municipios bonaerenses. En los dos más gravitantes, Mar del Plata y Bahía Blanca, este domingo se impusieron los candidatos promovidos por Maximiliano Abad.

Como contó LPO, tras un periodo de ruptura y judicialización que derivó en un comité de emergencia, la UCR bonaerense logró cerrar una lista de unidad para la nueva conducción, con el ex diputado Emiliano Balbín al frente.

Nieto del histórico dirigente radical, el nuevo presidente del radicalismo provincial integra la estructura de Adelante Buenos Aires, el espacio que conduce Abad que, así, recupera el control de la estructura partidaria en terreno bonaerense.

Sin embargo, en algunos municipios no se llegó a un acuerdo y hubo choques internos. El más concurrido fue el de Mar del Plata, donde casi 6 mil afiliados fueron a las urnas. Ahí, se impuso con el 70% el concejal Ricardo Liceaga Viñas, del sector de Abad, que ratifica así su liderazgo partidario en su distrito de base.

«Vamos a trabajar juntos, con la fuerza de los afiliados y vocación de poder, en la reconstrucción del partido y en una alternativa real para la provincia», dijo Abad este domingo al celebrar el triunfo.

En Mar del Plata, Adelante alcanzó un acuerdo con Evolución y el possismo, además de tener la lista de Liceaga Viñas el apoyo del bloque de concejales y consejeros de la UCR. Sin embargo, un grupo opositor al liderazgo de Abad y que tiene al frente a Fernando «Pipi» Herrera, le presentó disputa interna.

La candidatura de Herrera fue impugnada por no cumplir aspectos de la carta orgánica, por lo cual la lista opositora fue encabezada por Jimena Nespral. Esa lista cosechó poco más de 1.800 votos, muy por debajo de los más de 4 mil del abadismo.

En Bahía Blanca, la elección radical no tuvo la participación de Mar del Plata. Apenas el 10% del padrón fue a votar, sin llegar a los 1.000 afiliados. Ahí también ganó Adelante, que retoma el control del comité local, ahora con Fernando Roig al frente.

El radicalismo armó una lista de unidad y el nieto de Balbín presidirá el comité provincia

La lista ganadora obtuvo 555 votos, mientras que la boleta que encabezó Martín Bustos, apoyado por dirigentes como el ex diputado Juan Pedro Tunessi, cosechó 428 voluntades. El reparto de plenaristas es 11 a 9 y de convencionales, 3 a 2.

Roig llega a la conducción con el apoyo del abadismo que, en la Sexta sección tiene como referentes al ahora titular del Comité Provincia Emiliano Balbín, a la senadora Nerina Neumann y, en Bahía, al ex concejal y actual titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, Pablo Daguerre. También, tuvo fuerte apoyo de la JR y Franja Morada.

 

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    La fiscalía rechazó el pedido de medida cautelar presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad que pretendía suspender de manera inmediata el avance de la licitación de la Vía Navegable Troncal, el plan del gobierno nacional para privatizar el dragado y señalización de la Hidrovía.

    La organización, representada por Jonatan Baldiviezo, había solicitado que se ordene a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación frenar todo acto de avance, consolidación o ejecución de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°1/2025, justo antes de la apertura de las ofertas económicas prevista para este martes.

    El pedido estaba basado en el informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde se advertían presuntas irregularidades en el procedimiento licitatorio, entre ellas deficiencias ambientales, restricciones a oferentes, cuestionamientos sobre la audiencia pública y problemas en distintas cláusulas del pliego.

    Sin embargo, el fiscal explicó que el expediente actual «se ciñe» a investigar una posible deuda de la ex Administración General de Puertos con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados y un supuesto direccionamiento vinculado a una licitación anterior, correspondiente al año 2024.

      El fiscal explicó que el expediente actual «se ciñe» a investigar una posible deuda de la ex Administración General de Puertos con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados y un supuesto direccionamiento vinculado a una licitación anterior, correspondiente al año 2024 

    Por ese motivo, consideró que el informe de la PIA sobre la licitación 2025 «no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante» en relación a esta compulsa y remarcó que ese no es donde debe discutirse el planteo de la ONG.

    Además, el fiscal cuestionó la fuerte repercusión mediática que tuvo el informe de la PIA. «Tampoco resulta comprensible la inusitada difusión y trascendencia que los medios periodísticos otorgaron al mencionado informe», sostuvo en el dictamen refiriendo a una nota publicada por La Nación el 15 de mayo. Según indicó, el documento todavía no había sido incorporado al sistema informático cuando comenzó a circular públicamente.

    El Ministerio Público también concluyó que no estaban acreditados los requisitos legales necesarios para frenar el proceso licitatorio mediante una cautelar contra el Estado. En ese sentido, afirmó que no se logró demostrar ni la «verosimilitud del derecho invocado» ni la existencia de una «manifiesta arbitrariedad» por parte de la administración pública.

    Tampoco consideró probado un «peligro concreto, actual e inminente» que justificara suspender la licitación antes de una sentencia definitiva.

    En el dictamen (ver abajo) también se recordó que la misma organización ya había impulsado una acción similar en los tribunales federales de Santa Fe, donde también fueron rechazadas medidas cautelares para intentar detener el proceso de privatización de la Hidrovía.

     

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    Los hechos por los que Salmain está en la mira del Consejo son dos. Uno es la causa penal por haber autorizado a los tenedores de un fideicomiso Attilla a comprar diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de un pago del diez por ciento de la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que se considera un soborno que los fiscales del caso estimaron en 200 mil dólares. La pena en expectativa para el principal delito que le atribuyen es de prisión efectiva y va de cuatro a doce años.

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    El argumento de Salmain es que el reglamento del concurso vigente pide reseñar los antecedentes del concursante en los últimos diez años. Y a Salmain la Corte lo echó por coimero hace veinticuatro.

    Antes de la sesión de este miércoles, Salmain intentó un recurso a través de un abogado para que Juez no pudiera votar por mérito para ser recusado y que el expediente disciplinario se declarara nulo. No tuvo eco en ningún consejero.

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    «El otro día lo teníamos acá a Salmain. No puedo creer que una persona esté más preocupada por la continuidad del salario y su cargo que defender su honor», dijo el senador cordobés. «Lo escuché con oído entrenado como abogado, hace 40 años que ejerzo la profesión, fue una defensa espantosa. Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado y la defensa del señor Salmain nos quería hacer creer que se confabuló toda la Justicia Federal de Rosario para ponerlo en este lugar procesal. Necesitamos jueces con honor. Y el honor no se defiende con artilugios, picardías o chicanas. Que vaya al jury para que podamos evaluar su conducta». Lo señalaba porque la defensa de Salmain intentó en reiteradas ocasiones, sin lograrlo, recusar a los jueces que actuaron en sus causas y también apartar a los fiscales.

    El diputado nacional Rodolfo Tailhade impulsó el dictamen que manda los antecedentes de Salmain al plenario del Consejo para decidir el jury. No estuvo de acuerdo en que se lo reproche por haber obviado que lo dejaron cesante por pedir una coima, porque efectivamente el reglamento de concurso no exige dar cuenta de antecedentes que excedan los diez años a la fecha de esa compulsa. Y sostuvo que el juez hizo una defensa técnica acorde cuando compareció, que deben analizarse en el jury. Pero alertó que Salmain tiene procesamiento confirmado por corrupción y sigue en su cargo.

    «Es un juez con prisión preventiva que está tomando audiencias, es una situación inverosímil», observó Tailhade.

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    El consejero César Grau dijo que si estuviera vigente el reglamento de concursos que postulan ahora desde la Corte Suprema el artilugio atribuido a Salmain no habría prosperado y nunca habría llegado a juez. ¿Por qué? Porque se establece la conformación de un legajo digital único, unificado, público, transparente y permanente», afirmó Grau. «El sistema actual se basa en la buena fe, es una declaración jurada. Entonces, si miente el postulante, ¿qué pasa?» La respuesta que sugería es que un aspirante con un gravísimo antecedente irregular, como pasó con Salmain, puede llegar a juez. «La casta en algún momento tiene que perder», dijo.

    Salmain está actualmente procesado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. El plenario del Consejo sesionará sin fecha definida pero en breve para considerar si lo lleva a juicio político, lo que podría definirse con trece de los veinte votos. En caso de suspensión los jueces a cargo del caso en Rosario tendrán que decidir si tornan efectiva la prisión preventiva que le dictaron y que su inmunidad como magistrado dejó en suspenso.

     

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