A primera vista, la comparación parece difícil de explicar: algunos bonos emitidos por el Banco Central de Argentina ofrecen rendimientos inferiores a los de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados el activo de referencia para la deuda en dólares a nivel global. Sin embargo, detrás de esta aparente anomalía existen factores propios del mercado argentino que distorsionan la tradicional relación entre riesgo y retorno.
El caso más evidente aparece al observar la curva de los Bopreales, los títulos creados por el BCRA para atender obligaciones vinculadas con deuda comercial de importadores y dividendos pendientes de giro.
Mientras determinados instrumentos de corto plazo ofrecen rendimientos cercanos al 3,5%, los Treasuries estadounidenses pueden mostrar tasas superiores al 4%, pese a que el riesgo crediticio de Estados Unidos es sustancialmente menor.
Para Daniel Chodos, jefe de Investigación y socio en Dhalmore Capital, la explicación se encuentra principalmente en la demanda local. «Las restricciones cambiarias que todavía enfrentan las empresas hacen que los activos denominados en dólares mantengan una demanda local constante y, en cierta medida, cautiva, lo que tiende a comprimir sus rendimientos», señaló.
Riesgos políticos
A esto se suma la preferencia del mercado por instrumentos con vencimientos próximos. Los inversores parecen valorar especialmente aquellos títulos que vencen antes de las elecciones o de un eventual cambio de gobierno, debido a que son percibidos como menos expuestos a la incertidumbre política y económica.
La diferencia entre los rendimientos es significativa. El Bopreal 2027 rinde actualmente alrededor de 3,5%, frente al 7,8% del Bopreal 2028. Una dinámica similar aparece en los bonos soberanos: el AO27 ofrece cerca de 4,4%, mientras que el AO28 alcanza aproximadamente el 9%.
Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital, coincide en que la comparación directa con los bonos estadounidenses puede resultar engañosa. «Para alguien que ve los rendimientos de Bopreales y bonos del Tesoro de USA sin tener en cuenta el contexto puede llamar mucho la atención», sostuvo. Y agregó: «Argentina siempre tiene particularidades que sorprenden».
Más allá de lo financiero
El ejecutivo detalló que el Bopreal tiene además una característica que lo diferencia de un Treasury: no funciona exclusivamente como un instrumento financiero. Su diseño incorpora determinados usos regulatorios que generan demanda adicional.
«Tiene determinados usos y condiciones que no tiene un Treasury como, por ejemplo, el hecho de que el Bopreal puede utilizarse para cancelar impuestos y obligaciones aduaneras. Esto genera desde el inicio una demanda transaccional / regulatoria, no exclusivamente financiera», sostuvo Ambrosetti.
La estructura del mercado cambiario argentino agrega otra distorsión. Según el experto, los cepos que todavía afectan a determinadas empresas generan un universo de compradores y vendedores diferente al de un mercado financiero tradicional. En ese contexto, la demanda de dólares no responde únicamente a criterios de rentabilidad.
El conflicto por el practicaje, que terminó con la derogación del decreto impulsado por Federico Sturzenegger, abrió una feroz disputa entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval por el control de la formación y titulación de los prácticos.
La derogación del decreto 690/26, que pretendía modificar sustancialmente el régimen del practicaje, tuvo un efecto político inesperado para el Gobierno dado que el retiro masivo de los aproximadamente 530 prácticos que se negaron a continuar prestando servicios bajo las nuevas condiciones.
El episodio dejó varios heridos, pero hay dos nombres que aparecen especialmente comprometidos. Uno es Federico Sturzenegger que, como adelantó LPO está pasando su peor momento dentro del gobierno. El otro es la conducción de la Prefectura Naval.
Pero hubo un punto del decreto que generó especial preocupación entre los profesionales: el artículo 6, que contemplaba que, ante una eventual negativa de los prácticos a prestar servicios, la Armada y la Prefectura pudieran asumir esas tareas. El problema apareció cuando se intentó llevar esa disposición a la práctica.
«¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido. El decreto, por lo tanto, planteaba una solución sobre el papel que en la práctica resultaba extremadamente difícil de ejecutar», detalla una fuente que sigue de cerca la situación.
La Armada Argentina es la institución que históricamente participa en la formación y titulación del personal superior de la Marina Mercante y de los prácticos, mientras que Prefectura cumple funciones vinculadas con la habilitación y control de la actividad.
¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido
El fallido decreto impulsado por Sturzenegger trasladaba a Prefectura competencias vinculadas con la formación y titulación de los prácticos que hasta entonces estaban en manos de la Armada. Eso potenció la interna.
Según fuentes conocedoras del conflicto, desde la Dirección de Educación de Prefectura se reclamó a la Armada el traspaso del sistema de titulación, aprovechando que el decreto establecía un período de seis meses para concretarlo. Con la suspensión y posterior derogación de la norma, la Armada respondió que, al quedar suspendidos sus efectos, también quedaba suspendido el traspaso de competencias.
En ese contexto, Prefectura estaría intentando mantener abierta la posibilidad de quedarse con la formación y titulación de los prácticos y evalúan convocar a referentes del practicaje a reuniones para discutir el futuro del sistema.
La propuesta busca que los prácticos defiendan sus intereses económicos y técnicos mientras Prefectura obtiene respaldo para avanzar sobre una competencia históricamente vinculada con la Armada. Para buena parte de los prácticos consultados, sin embargo, no existe ninguna razón técnica para modificar un sistema que funciona desde hace décadas.
Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.
El ejemplo que utilizan los prácticos como contraste es que es el guardacostas Mantilla, uno de los buques más grandes de Prefectura, tiene alrededor de 60 metros de eslora, mientras que un práctico puede estar habilitado para operar embarcaciones de 300 o 400 metros.
Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.
En ese marco, la intención de Prefectura de avanzar sobre la titulación de los prácticos podría convertir el conflicto en una disputa abierta con la Armada que viene tensa por la idea de Sturzenegger de fusionar ambas instituciones por tener tareas similares hace décadas, como adelantó en exclusivo LPO.
Esto aumenta la tensión contra Carlos Presti porque en las fuerzas consideran que deberá definir si respalda a la Armada en una discusión que, hasta ahora, parecía estrictamente administrativa porque detrás del practicaje hay debates de competencias, estructuras, presupuesto y poder interno dentro de la estructura del estado.
La derogación del decreto 690/26 evitó una crisis inmediata en los puertos, pero dejó expuesta esta interna. Un militar en actividad la definió como «una disputa innecesaria que activa una vieja rencilla que hay entre dos instituciones a la que el Estado no les llega desde hace años a definir las competencias que son exclusivas de una y de otra y tienen un montón de puntos de roce y que son naturales».
Por último, planteó que «la Armada tiene un interés estratégico en conservar la formación y la titulación del personal de la María Mercante, incluidos los prácticos, porque todos ellos conforman parte del Sistema Nacional de Defensa. En caso de conflicto, todos los marinos mercantes pasan a ser oficiales de la Reserva Naval, o son oficiales de la Reserva Naval, son movilizados eventualmente de ser necesario para la defensa nacional».
«Son dos fuerzas distintas que hacen en muchos casos la misma tarea. Esto era innecesario. Esta es la gran locura de Sturzenegger. Quieren sacar algo que la Armada tiene hace más de 100 años y ese cambio no genera ningún ahorro para el Estado. La Prefectura no tiene el expertise ni la formación que tienen tanto los marinos de guerra como los marinos mercantes. De hecho, un oficial de prefectura se forma en dos años y un marino de guerra o mercante en cuatro, es el doble», finalizó.
Una fuerte tensión se desató entre dos municipios vecinos de la provincia. El intendente radical de Tandil, Miguel Lunghi, acusó a su par de Azul, el camporista Nelson Sombra por el «traslado compulsivo e irregular» de personas en grado de extrema vulnerabilidad social y económica.
Concretamente, el tandilense denunció que 11 personas de un mismo grupo familiar fueron transportadas en un vehículo municipal de Azul «y abandonadas en una estación de trenes en desuso» de Tandil «con el evidente propósito de transferir de manera fáctica y desarticulada la asistencia integral de los mismos a este municipio».
En una dura carta, Lunghi intimó a Sombra a reparar la situación denunciada en el plazo de 48 horas, con el regreso a Azul de la familia en cuestión y resarciendo económicamente al municipio de Tandil por los gastos destinados a atender a estas personas.
«Ante la emergencia social provocada por la imprudencia de su administración, la Municipalidad de Tandil debió desplegar de forma inmediata sus recursos humanos, logísticos y financieros para resguardar la integridad psicofísica de las once personas», acusó Lunghi a Sombra
«Dicha conducta, desplegada por funcionarios dependientes de su Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, no solo vulnera los principios elementales de la solidaridad y el federalismo municipal, sino que configura una flagrante violación al marco normativo vigente», agregó el intendente radical en la nota a Sombra.
Antes, desde la gestión municipal de Azul, el secretario de Desarrollo, Omar Seoane dijo que la familia en cuestión se presentó en el Municipio y solicitó voluntariamente ser trasladada a Tandil.
«Obramos de buena fe. Lo que hicimos fue aportarle el transporte a una familia que se quería radicar en otra localidad», dijo Seoane.
Lunghi habló de incumplimiento de la ley provincial de Protección de los Derechos del Niño y de infracciones administrativas en las que puso de relieve la ausencia de comunicación institucional y protocolo social entre ambas gestiones locales.
«Ante la emergencia social provocada por la imprudencia de su administración, la Municipalidad de Tandil debió desplegar de forma inmediata sus recursos humanos, logísticos y financieros para resguardar la integridad psicofísica de las once personas», acusó Lunghi, que pasó factura de la «erogación presupuestaria extraordinaria» que le demandó a su comuna la atención de esa familia.
Obramos de buena fe. Lo que hicimos fue aportarle el transporte a una familia que se quería radicar en otra localidad
Por todo eso, además del resarcimiento financiero, intimó al intendente de Azul a remitir un «informe técnico detallado» donde se justifiquen los fundamentos jurídicos y sociales que motivaron el traslado.
También, Lunghi reclamó identificar a los funcionarios que ordenaron y ejecutaron el operativo y «arbitrar los medios urgentes para coordinar el retorno seguro y la asunción definitiva de la asistencia de la familia en su jurisdicción de origen».
En caso de «silencio, negativa o respuesta evasiva», Lunghi amenazó con iniciar acciones civiles por cobro de gastos, promover las denuncias pertinentes ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia «y evaluar la radicación de denuncias penales».
Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LPO, Puyou sostuvo que uno de los trasladados le informó que «fueron dejados en la estación». Se trata de una familia que reside en el predio «Los Piletones», un asentamiento de Azul cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Previo a eso, el concejal radical Agustín Puyou denunció a Omar Seoane, de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, agravado por la presencia de menores y adultos en situación de vulnerabilidad».
Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LPO, Puyou sostuvo que uno de los trasladados le informó que «fueron dejados en la estación». Se trata de una familia que reside en el predio «Los Piletones», un asentamiento de Azul cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Días atrás esa familia atravesó una situación de violencia. El concejal radical dijo haberse comunicado con el secretario de Gobierno local, Xavier Cabrera Cisneros, solicitando custodia policial para que la familia pueda reingresar en su hogar, que abandonó tras el conflicto intrafamiliar.
Al día siguiente, el padre de la familia le contó al concejal que estaba en Tandil, que no habían hablado con el municipio tandilense y que «los dejaron tirados como perros».
Ante esa denuncia, Seoane rechazó las acusaciones abandono de persona y sostuvo sobre la presentación del edil radical: «Me parece una mala maniobra política», sostuvo.
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