Llaryora y Pullaro hicieron en Cosquín una contra cumbre a Milei

Llaryora y Pullaro hicieron en Cosquín una contra cumbre a Milei

 

Maximiliano Pullaro viajó al Festival de Cosquín y fue recibido por Martín Llaryora, un gesto que muestra que el proyecto Provincias Unidas y la estrategia coordinada no están archivadas del todo, aunque sí en un proceso de reconfiguración a la espera que decante el triunfo de Javier Milei.

Antes del festival, ambos tuvieron un mano a mano. En la reunión, afinaron el lápiz respecto de qué harán con el debate por la reforma laboral que comenzará en el Senado, pero tendrá una parada compleja para el Gobierno en Diputados.

Hay convencimiento de que Milei tendrá en ambas cámaras los votos para la aprobación en general, por lo que la disputa será en la letra chica. Por ahora, Llaryora se inclina por dar libertad de acción a sus diputados.

Juan Schiaretti, a través de Carlos Gutiérrez, había advertido que era Llaryora quien debía definir la estrategia general. El gobernador devolvió el golpe con la libertad de acción. Pullaro tomó nota.

 A los gobernadores los recibió el intendente peronista Raúl Cardinali, quien dijo que Cosquín «no es territorio amigable para quienes van en contra de la cultura», en un disparo directo a Milei 

Luego, ambos partieron desde la ciudad de Córdoba hasta la capital nacional del folklore, abarrotada por la potencia de la grilla prevista para el escenario Atahualpa Yupanqui.

A los gobernadores los recibió el intendente peronista Raúl Cardinali, quien dijo que Cosquín «no es territorio amigable para quienes van en contra de la cultura», en un disparo directo a Milei, quien días atrás fue furor en Jesús María.

A diferencia de aquel festival, donde el Banco Nación fue uno de sus sponsors, en éste el Gobierno nacional no puso un peso y la TV Pública no transmitirá el espectáculo. «Cosquín no es neutral», agregó Carinali.

También el intendente de Leones, el kirchnerista Fabián Francioni, se plantó ante la posibilidad de una visita de Milei a la Fiesta Nacional del Trigo. Francioni gobierna la ciudad del sudeste cordobés desde hace años y arrasa en las elecciones locales pese a su vínculo abierto con Cristina Fernández.

«El Pipi» dijo que él «no participaría» de la Fiesta del Trigo si asiste Milei: «No me interesa estar con un personaje de estas características», aclaró el peronista.

En este marco, Pullaro y Llaryora caminaron entre la gente que concurre a Cosquín y posaron para selfies. El cordobés recordó que cuando los festivales populares fueron puestos en tela de juicio por Milei, «fue un momento muy difícil».

El paso de Milei por Jesús María encendió todas las alarmas en el peronismo

«Los festivales son parte de nuestra tradición, de nuestra idiosincrasia, potencian el turismo y generan trabajo», agregó.

En el Gobierno cordobés intentan restarle potencia a la foto de los dos gobernadores: «Se trata de la visita de un gobernador amigo». Sin embargo, la gira conjunta a Cosquín fue mucho más que eso: como se recordará, cuando Milei fue a Jesús María pidió expresamente no ser recibido por Llaryora.

Los dos gobernadores siguen sin ser convocados por Diego Santilli a una reunión formal en la Rosada para discutir la letra chica de la reforma laboral y el impacto que tendrá en la coparticipación. 

 

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    Majul y la pauta cordobesa: los millones que cobra del gobierno de Llaryora

     

    Otra vez el «periodista» queda expuesto tras una montaña de billetes.

    Por Roque Pérez para NLI

    Mientras se presenta como periodista “crítico” del poder, Luis Majul volvió a quedar en el centro de la polémica por el cobro de cuantiosas sumas de dinero provenientes, en esta ocasión, de la pauta oficial del gobierno de Córdoba. Una investigación periodística reveló los montos millonarios que recibió su productora durante años y expuso una relación incómoda entre medios, negocios y poder político.

    La trama quedó al descubierto a partir de una investigación de Data 24, que reconstruyó el flujo de fondos públicos que terminaron en manos de La Cornisa Producciones S.A., la empresa ligada a Luis Majul, a través de contratos de pauta oficial con la provincia de Córdoba. Los datos surgen de registros oficiales y muestran que el vínculo económico con el Estado provincial se sostuvo tanto durante la gestión de Juan Schiaretti como en la actual administración de Martín Llaryora.

    Según la investigación, entre 2020 y 2023 la productora de Majul facturó decenas de millones de pesos bajo el concepto de “publicidad y difusión de actos de gobierno”. Al actualizar esas cifras por inflación, el volumen real del dinero recibido resulta todavía más impactante: más de 60 millones de pesos en los primeros años, cerca de 59 millones en 2022 y más de 100 millones de pesos ajustados en 2023, un año atravesado por la campaña electoral.

    Pauta, relato y silencios convenientes

    Uno de los datos que más llama la atención es que, tras no percibir fondos durante 2024, en 2025 la pauta volvió a fluir: el gobierno de Llaryora habría destinado 12 millones de pesos adicionales a la empresa de Majul. La secuencia refuerza la sospecha de que la pauta oficial funciona como herramienta de disciplinamiento, premio o negociación política, incluso con periodistas que en pantalla construyen un discurso de confrontación permanente.

    La contradicción es evidente: Majul es una de las caras mediáticas más identificadas con el antiperonismo, con editoriales durísimas contra gobiernos nacionales populares, pero no tuvo reparos en cobrar durante años del peronismo cordobés. La grieta, una vez más, parece diluirse cuando se trata de negocios.

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    La investigación también pone el foco en una decisión política concreta del oficialismo cordobés: la pauta oficial no se ajusta, incluso en contextos de recortes, crisis económica y deterioro social. Mientras se habla de austeridad, el presupuesto destinado a propaganda estatal se mantiene firme y beneficia a grandes actores mediáticos, muchos de ellos con llegada nacional.

    Este esquema no sólo distorsiona el sistema informativo, sino que erosiona la credibilidad del periodismo y refuerza la idea de que parte del discurso mediático está condicionado por intereses económicos antes que por convicciones editoriales reales.

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    El caso Majul vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: ¿qué independencia puede tener un periodista que cobra millones del Estado al que dice cuestionar? La investigación no sólo aporta cifras, sino que desnuda una práctica estructural donde la pauta oficial opera como moneda de cambio y donde la supuesta neutralidad periodística queda seriamente en entredicho.

    En tiempos donde Milei agita el ajuste brutal y la demonización del Estado, estos vínculos entre gobiernos provinciales y comunicadores “opositores” muestran que el problema no es el Estado en sí, sino quién se queda con sus recursos y para qué.

     

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