A días de las elecciones legislativas, resurgen las críticas al acuerdo firmado por el kirchnerismo que permitió a China operar una estación espacial sin control argentino durante 50 años.
A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el peronismo volvió a poner el foco en la política exterior del gobierno. Desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Sergio Massa, los principales referentes criticaron el vínculo entre Javier Milei y Donald Trump, calificándolo de “sumisión” y “extorsión”. Sin embargo, el debate reabrió una vieja contradicción: el silencio frente a la base espacial china que funciona en Neuquén desde 2014, bajo un acuerdo firmado por la propia expresidenta.
La Estación de Espacio Lejano, ubicada en Bajada del Agrio, fue concedida por 50 años durante el mandato de Cristina Kirchner, con el aval del entonces presidente chino Xi Jinping. El convenio otorgó 200 hectáreas del territorio neuquino a la potencia asiática, libres de impuestos y de todo control nacional. Este hecho, que pasó inadvertido durante años, hoy regresa al debate público como símbolo de la doble vara política frente a las potencias extranjeras.
La opacidad que rodea a la estación contrasta con la transparencia exigida a las relaciones con Estados Unidos. Según un informe de Reuters, la base china en Las Lajas es una verdadera “caja negra” sin supervisión del Estado argentino. Desde su inauguración en 2017, ningún funcionario nacional volvió a ingresar al predio, ocupado únicamente por los 30 técnicos chinos que viven y trabajan allí, según informó el sitio ElArchivo.
Además, la agencia que opera la instalación, la CLTC (Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites), depende directamente del Ejército Popular de Liberación, lo que confirma su vínculo militar. En cambio, otras estaciones en territorio argentino, como la de la Agencia Espacial Europea, son de carácter civil. En ese sentido, los especialistas destacan que el kirchnerismo cedió soberanía a una agencia militar extranjera sin mecanismos de control efectivos.
El propio embajador estadounidense, Marc Stanley, expresó su preocupación en más de una ocasión: “Sorprende que Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué”. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se firmó un protocolo adicional para restringir cualquier uso militar de la base, evidenciando los vacíos legales del acuerdo original.
El contraste político es evidente. Mientras el kirchnerismo acusa a Milei de “entreguismo” por su relación con Washington, fue durante su propia gestión que Beijing obtuvo un enclave estratégico en la Patagonia. Como recordó el presidente, Cristina Kirchner “entregó la Orden del General San Martín a Nicolás Maduro y firmó acuerdos con regímenes autoritarios”. La incongruencia entre discursos y hechos se vuelve insoslayable.
En plena campaña, la estrategia kirchnerista parece apuntar a erosionar la imagen de Milei mediante acusaciones externas, dejando de lado un antecedente que involucra cesión territorial, falta de transparencia y dependencia geopolítica. A una década del acuerdo con China, la base de Neuquén sigue siendo un recordatorio incómodo de cómo la indignación política puede ser, también, selectiva.
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