Las acciones de los bancos se derrumban y exponen el fracaso del modelo financiero de Milei

Las acciones de los bancos se derrumban y exponen el fracaso del modelo financiero de Milei

El desplome de las acciones bancarias se convirtió en una de las señales más preocupantes sobre el funcionamiento del modelo económico de Javier Milei. Las principales entidades financieras argentinas cotizan con valuaciones que, en varios casos, se encuentran por debajo de los mínimos registrados durante las crisis de 2019 y 2025. El dato resulta especialmente significativo porque expone que el ajuste económico y la política financiera de Luis Caputo no están garantizando buenos resultados ni siquiera para uno de los sectores que aparecía entre los principales beneficiarios del programa libertario.

Un relevamiento de las valuaciones bursátiles de seis bancos argentinos muestra que el promedio ponderado de su relación entre precio y valor libros cayó a 0,82 veces, por debajo de las 0,85 veces registradas en los mínimos preelectorales de 2025 y de las 1,11 veces observadas después de las PASO de 2019. El indicador refleja cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada peso de patrimonio de una entidad. Que cotice por debajo de uno significa que la Bolsa le asigna un valor inferior al de su patrimonio contable.

Los casos más llamativos son los del Banco Hipotecario, que cotiza a apenas 0,44 veces su patrimonio, y Banco Patagonia, con 0,54 veces. Galicia, una de las principales entidades privadas del país, presenta una relación de 0,85 veces, mientras que Supervielle se ubica en 0,71 y BBVA Argentina en 0,83. Aunque no todos los bancos están por debajo de sus mínimos históricos, el deterioro generalizado muestra que los inversores están aplicando un fuerte descuento sobre el negocio financiero argentino.

La última semana de octubre profundizó el castigo. Según un informe de Fortress Capital, las acciones de Supervielle perdieron 15,1% y las de Galicia retrocedieron 14,3%, mientras que el Merval cayó 10,3% medido en dólares. La consultora advirtió que los bancos argentinos cotizan con un descuento cercano al 40% respecto de sus pares regionales, una diferencia que refleja tanto el deterioro de las expectativas como la prima de riesgo que los inversores exigen para mantener posiciones en el país.

La economía de Milei atraviesa una de las cuatro peores caídas de los últimos 30 años a niveles del Tequila, 2001 y pandemia

La pregunta es por qué los bancos, que inicialmente aparecían como ganadores del esquema económico de Milei, terminaron entre las empresas más castigadas de la Bolsa. La explicación combina el deterioro de la actividad económica, el aumento de la morosidad, las dificultades para expandir el crédito y la incertidumbre sobre la sostenibilidad del programa financiero.

Durante la primera etapa del gobierno libertario, las entidades financieras encontraron oportunidades de rentabilidad en los instrumentos de deuda pública y en un escenario de tasas de interés elevadas. Sin embargo, la contracara de ese esquema fue una economía real que no logró recuperar una dinámica sostenida de crecimiento. La caída del consumo, la debilidad de los ingresos y las dificultades de las empresas para sostener sus ventas comenzaron a trasladarse a los balances bancarios.

Las acciones de los bancos se derrumban y exponen el fracaso del modelo financiero de Milei

Toto Caputo y Santiago Bausili

El problema más visible es la morosidad. El endeudamiento de las familias creció fuertemente, mientras que cada vez más hogares encuentran dificultades para cumplir con sus obligaciones. Los últimos indicadores muestran que alrededor de 5,9 millones de deudores registran atrasos en sus pagos, sobre un universo de 20,1 millones de personas endeudadas. La expansión del financiamiento al consumo, que inicialmente podía interpretarse como una señal de recuperación del crédito, terminó mostrando los límites de una economía donde los ingresos no acompañaron el crecimiento de las obligaciones financieras.

La situación resulta particularmente delicada porque el deterioro de la calidad crediticia obliga a las entidades a constituir mayores previsiones por incobrabilidad, lo que presiona sobre sus resultados. Al mismo tiempo, una economía estancada reduce las oportunidades de colocar nuevos préstamos entre empresas y familias con capacidad de repago. Así, los bancos enfrentan una combinación incómoda: mayores riesgos sobre la cartera existente y menores perspectivas de expansión rentable del negocio.

Los datos de actividad tampoco ayudan. El último registro del estimador mensual de actividad económica mostró una caída interanual de 1,7% en agosto, mientras que el consumo privado acumuló una contracción de 1,7% durante el primer semestre. El deterioro no se limita a los sectores tradicionalmente perjudicados por la apertura importadora o el ajuste fiscal. También alcanza al sistema financiero, cuya rentabilidad depende, en última instancia, de la capacidad de las empresas para producir y de las familias para generar ingresos.

En ese contexto, el derrumbe bursátil revela una contradicción central del programa económico. El Gobierno sostiene que la estabilidad monetaria y el orden fiscal constituyen las condiciones necesarias para impulsar la inversión y el crédito. Sin embargo, los precios de las acciones bancarias sugieren que los inversores todavía no encuentran fundamentos suficientes para apostar por una recuperación sostenida de las ganancias del sector. La estabilidad nominal, por sí sola, no alcanza para garantizar un negocio financiero saludable cuando la economía real permanece debilitada.

Los precios de las acciones bancarias sugieren que los inversores todavía no encuentran fundamentos suficientes para apostar por una recuperación sostenida de las ganancias del sector

La señal es todavía más significativa porque el castigo no se explica exclusivamente por los problemas domésticos de corto plazo. Fortress considera que las valuaciones actuales pueden representar una oportunidad táctica de inversión y espera una mejora de los resultados bancarios durante el próximo trimestre, acompañada por una eventual recuperación de la morosidad y del crédito en dólares. Pero, al mismo tiempo, recomienda mantener una exposición limitada a los activos argentinos ante la incertidumbre política que comenzará a intensificarse de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Ese contraste resume el problema que enfrenta Caputo. Los bancos pueden estar baratos respecto de su patrimonio y de sus competidores regionales, pero eso no significa que los inversores estén dispuestos a comprarlos. Para que las cotizaciones se recuperen de manera sostenida, el mercado necesita algo más que tasas atractivas o estabilidad cambiaria: necesita perspectivas de crecimiento económico, recuperación de ingresos y una mejora verificable de la capacidad de pago de los deudores.

El derrumbe también pone en cuestión la idea de que el modelo libertario favorece necesariamente al capital financiero a expensas del resto de la economía. Aunque determinados negocios financieros pueden obtener ganancias extraordinarias en períodos específicos, el sistema bancario en su conjunto no puede permanecer indefinidamente aislado del deterioro productivo y social. Cuando las empresas venden menos, los salarios pierden capacidad de compra y las familias se endeudan para sostener gastos corrientes, los problemas terminan llegando a las entidades que financiaron ese consumo.

La paradoja es que, después de casi tres años de gobierno, Milei enfrenta un escenario en el que las acciones bancarias vuelven a negociarse con valuaciones propias de períodos de crisis. El sector financiero, que debía convertirse en uno de los motores de la recuperación, terminó reflejando en sus cotizaciones los límites del propio programa económico. Y si ni siquiera los bancos logran convencer a los inversores de que el modelo ofrece perspectivas sostenibles de rentabilidad, la promesa oficial de una economía encaminada hacia un nuevo ciclo de crecimiento queda seriamente cuestionada.

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  • El Gobierno reformó por decreto la Ley de Migraciones

     

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    El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 


    La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

    Salud y educación

    Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

    En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

    Cambios en residencia y ciudadanía

    La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

    El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

    Ingreso, permanencia y expulsiones

    También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

    Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

    El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

    Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

    En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

    Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.