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LA TENTACIÓN DE….

En la semana se hizo viral una imagen donde los usuarios de la empresa de colectivos koko debieron bajar a empujar una unidad que se había quedado en el camino. El viaje inconcluso terminó con clientes empujando un colectivo, y llegando a sus destinos a dedo.

Ante el decadente servicio, los precios altos y como contraposición de esta reacción bondadosa, pero sumamente pasiva de los usuarios, nos encontramos con un joven estudiante de derecho que por «redes» propone la idea reaccionaria de juntar a todos los estudiantes del valle para bloquear la salida de los vehículos hasta que la empresa, al menos, baje la tarifa, argumentando como pibes y pibas de la zona deben dejar de estudiar abandonando su realización personal porque no tienen guita para subirse a un bondi.

Vale recalcar que la empresa aumenta sus boletos semestralmente con la aprobación el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, este 2019 ya incrementó sus tarifas en un 20%. Precios caros y pésimas prestaciones son los reclamos constantes contra la empresa en defensa al consumidor en todas las localidades de la región.

¿Qué tan lejos estamos, como sociedad, de enfrentar y luchar con valentía contra las injusticias sociales que perpetran diariamente las empresas privadas contra sus usuarios?

Quien viaja en la empresa monopólica del transporte público del Alto Valle sabe de qué hablo. No hace falta mencionar ni una de sus falencias, sería hacerles perder el tiempo porque las conocen, las viven a diario.

Durante muchos años los afroamericanos debían ceder sus lugares a los blancos en el transporte público norteamericano, hasta que un día una humilde costurera negra encendió la mecha y desató el boicot al transporte público en los Estados Unidos, un boicot que duró más de un año.

A mediados del ‘50 seguían vigentes las leyes Jim Crow, herederas directas de la esclavitud del siglo XIX, redactadas para que los afroamericanos tomaran conciencia de su presunta inferioridad y se mantuvieran en situación de marginación social. De acuerdo con ellas, los negros no podían compartir con los blancos los espacios públicos.

Un 1ro de diciembre del ‘55 subieron muchos blancos al colectivo, por lo que el conductor exigió a cuatro pasajeros negros que cedieran su asiento. Sin embargo Rosa Parks se negó. El conductor había tratado de disuadirla, ella estaba obligada a acatar la ley, firme en su decisión Rosa pasó la noche en el calabozo, acusada de perturbar el orden público. Ese gesto valiente la convertiría en símbolo de la lucha por los derechos civiles. Tiempo después, el Tribunal Supremo de EEUU declaraba inconstitucional la ley de segregación racial en el transporte público.

El «koko» como los colectivos norteamericanos en los ’50 también tienen una delgada línea que divide. En este caso los que sufren son los que a la vez solventan las ganancias de la empresa sentándose inmutables detrás de la línea, por delante de ellos quienes se regocijan en la poluta comodidad política empresarial. Esto no deja de ser una precisa analogía de la Argentina cotidiana: El trabajador, el estudiante, el jubilado sufre y pierde; y los empresarios y políticos gozan de privilegios.

Mientras sigamos sentados en la miseria de quien calla, implosiona por dentro y escupe la basura por redes, este tipo de injusticias seguirán a la orden del día. Ante esto se debe alzar la voz, buscar la unidad en el enojo y consolidar la empatía por el prójimo. Luchar.

Las redes sociales pueden servir de punta pie inicial, pueden generar la comunicación de manera inmediata, sembrar redes, pero eso es solo el primer paso, el que da inicio a una batalla que luego debe continuar en la calle.

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Intervención Portada: Emiliano Piccinini
Imagen: https://solidaridad.net/wp-content/uploads/2005/11/RosaParks.jpg
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  • Escándalo en Defensa: Presti volvió a contratar a una empresa que Petri bajó por sospechas de corrupción

     

     Carlos Presti tomó una decisión que generó ruido dentro del ministerio de Defensa. Volvió a contratar a la empresa State Grid para que sea proveedora de la Armada luego que fuera desafectada por el anterior ministro, Luis Petri. 

    La empresa se define como una firma que ofrece «la fabricación de productos esenciales como leche, yerba mate y aceites con procesos de alta calidad para el mercado mayorista». 

    A su vez, según su propia definición, se encarga también de «la distribución de alimentos a lo largo de todo el país, garantizando entregas confiables a escuelas, Fuerzas Armadas, municipios y más».

    El problema, según un importante funcionario de Defensa, es que Petri la había sacado del ministerio esgrimiendo el resultado de una auditoría que encargó y arrojó que la firma entregaba un 25 por ciento menos de los alimentos que se habían comprado. 

    En la Armada dicen que Presti cobra el doble que un almirante gracias a un decreto a medida

    «Petri hizo una auditoría y descubrió esta irregularidad y por eso le quitó del servicio», explicó la fuente consultada, que siguió de cerca el proceso durante la gestión anterior. Esta empresa estuvo involucrada también en un escándalo por el gasto de 200 millones de dólares en postres para el Ejército.

    State Grid tenía a su cargo la entrega de alimentos para la Armada, pero el ex ministro Petri encargó una auditoría y el trabajo habría indicado que se entregaba alrededor de un 25% menos de la mercadería comprada. 

    Un dato importante es que State Grid Argentina S.A. está vinculada a State Grid Corporation of China, que es la empresa de transmisión eléctrica más grande del mundo, en medio del acercamiento con Estados Unidos.  

    Luis Petri.

    Como sea, el nuevo ministro Presti está bajo presión por varios temas sensibles en las Fuerzas Armadas. Uno es el reciente decreto de Javier Milei que le permite ejercer el cargo sin dejar el rango de Teniente General, una decisión que lo beneficia directamente. 

    En ese marco, como reveló en exclusivo LPO, la Armada sostiene que cobra el doble que un almirante gracias a ese «decreto a medida», algo que irrita al extremo a sus compañeros de armas.

    El Gobierno disuelve IOSFA pero sigue con una deuda de 200 mil millones de pesos 

    Un malestar que se agrava porque hay temas que no terminan de resolverse como la dramática situación de la obra social que acaba de ser disuelta pero arrastra una deuda de 200 mil millones de pesos y no se sabe como y cuando se pagarán las deudas con hospitales y clínicas de todo el país que ya cortaron servicios a los militares.

    Además, los bajos salario -en algunos casos por debajo de la línea de la pobreza- siguen siendo un problema grave, dado que los militares quedaron desfasados en relación a las fuerzas de seguridad porque para ahorrar, Milei abandonó el plan de jerarquización salarian que empezó a implementar el anterior gobierno.

     

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  • «Es un blanqueo permanente para los más ricos»

     

    El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cuestionó el Régimen de Inocencia Fiscal recientemente reglamentado por el Gobierno nacional y sostuvo que se trata de un blanqueo permanente orientado a evasores de alto patrimonio, presentado bajo un relato que intenta interpelar a la clase media sin ofrecerle beneficios concretos.

    «Lo que el Gobierno llama ‘inocencia fiscal’ en los hechos habilita un blanqueo permanente dirigido principalmente a personas con mucha capacidad económica que evadieron impuestos», afirmó Girard en declaraciones radiales.

    Según explicó, el discurso oficial asocia la medida con valores como la libertad individual y el incentivo a la iniciativa privada, pero el diseño concreto del régimen deja en claro a quiénes beneficia. «No está pensado para la clase media trabajadora ni para quienes producen y viven de su esfuerzo. El relato apunta a seducir a sectores medios y a ciertos perfiles profesionales, pero el impacto real favorece a grandes patrimonios, incluso a actividades de origen dudoso», señaló.

    Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la confusión deliberada que el gobierno de Javier Milei instala en torno al delito de evasión fiscal. «Se intenta hacer creer que la evasión dejó de ser un delito penal, y eso es falso. No se modificó la ley penal. Lo único que cambia es que el fisco decide no controlar hasta determinados montos (elevados), pero el delito sigue existiendo», advirtió.

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    En ese sentido, Girard remarcó que el régimen construye una falsa sensación de seguridad jurídica que puede volverse en contra de quienes adhieran. «Un gobierno puede cambiar el criterio de control, o puede hacerlo una gestión posterior. Las deudas solo se extinguen con la prescripción. El riesgo sigue estando», subrayó.

    El titular de ARBA vinculó el impulso del régimen con la fragilidad macroeconómica y la escasez de divisas. «Se monta un relato de macroeconomía ordenada cuando en realidad faltan dólares. Sobre esa ficción se construye otra: que ahora no hay delito y que se pueden sacar los dólares del colchón sin consecuencias», sostuvo.

    «Necesitan esos dólares de manera urgente. Esto no es una señal de fortaleza, es una muestra de debilidad. Están intentando convencer a la gente de que entregue sus ahorros para sostener un esquema financiero que no resuelve los problemas estructurales de la economía», agregó.

    Por último, Girard enmarcó la discusión en un debate de fondo sobre el sistema tributario argentino. «La clase media y los sectores populares soportan una carga tributaria elevada porque durante décadas se gravó el consumo y se debilitó el cobro de impuestos a quienes más capacidad contributiva tienen, sumado a la evasión y la fuga de los sectores más ricos», explicó.

    «El debate que viene es casi fundacional: cómo hacemos crecer la economía, cómo revertimos el ajuste, cómo financiamos al Estado. Este régimen no va en ese sentido: consolida la injusticia fiscal y erosiona la legitimidad del Estado», concluyó.

     

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