La oposición ahora le pide al gobierno que elimine el fondo para despidos, para votar la reforma laboral

La oposición ahora le pide al gobierno que elimine el fondo para despidos, para votar la reforma laboral

 

Mientras el gobierno se concentra en quebrar la resistencia de opositores y aliados contra el artículo de las licencias en la reforma laboral, crece en la Cámara de Diputados el rechazo contra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el régimen de indemnizaciones que le recorta U$s 3000 millones a la Anses.

En efecto, un legislador del interbloque Unidos, que reúne a los de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, los radicales de Martín Lousteau y Facundo Manes, más Miguel Pichetto y Nicolás Massot, confesó que «los votos están finitos para la votación en particular».

La fragilidad de ese fondo, que es un pergeño de Luis «Toto» Caputo para fondear entidades financieras registradas en la CNV, radica en la oposición de los gobernadores con cajas previsionales no transferidas. Por caso, la cordobesa Alejandra Vigo, pareja del diputado Juan Schiaretti, votó contra ese artículo la semana pasada en el Senado y se especula que el exgobernador y el resto de los legisladores cordobeses se plantarán de la misma forma este jueves.

En los hechos, esas financieras funcionarían como minis AFJP controladas por el Estado, lo que reduciría en un 3 por ciento la contribución de las empresas al SIPA, el sistema de jubilaciones. Esos recursos pasarían del pago de pensiones al financiamiento de los despidos.

El Gobierno logró aprobar una reforma laboral que debilita el modelo sindical peronista

Por eso, la jefa del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, trabaja en un proyecto alternativo con el rionegrino Sergio Capozzi, lo que indica que no acompañarán al oficialismo en la votación en particular.

Esa bancada reúne 18 legisladores y sumaría en la misma dirección los votos de los lilitos Ferraro y Frade y los de Pichetto y Massot.

El FAL está en discusión, porque es el régimen que está en la actividad de la construcción pero es difícil de aplicar a otras actividades.

Los misioneros y los salteños de Innovación Federal tampoco estaban convencidos de apoyar el FAL hasta este martes. «Está en discusión, porque es el régimen que está en la actividad de la construcción pero es difícil de aplicar a otras actividades», comentó un miembro de esa bancada a LPO.

Con el rechazo irreductible del peronismo y la izquierda, que juntan 98 votos, más la veintena del interbloque Unidos y los legisladores que responden a Gustavo Sáenz y Carlos Rovira, la oposición se acerca peligrosamente a las 129 manos necesarias para voltear el FAL.

 

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    «Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.

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    Delcy pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».

    Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos

    A su vez, indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

    Cárcel del Helicoide, en Caracas.

    Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última fue propuesta el martes pasado por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.

    El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».

    A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».

    Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.

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    En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.

    En agosto de 2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó.

     

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